Fortalecer la función social de nuestras Haciendas

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No cabe duda de que las Administraciones tributarias (en nuestro caso, principalmente, las Haciendas Forales) tienen una destacada función social en la medida en que son instrumentos de políticas fiscales progresivas que tienen como efecto una redistribución más equitativa de los recursos económicos a partir del reparto primario que deviene del funcionamiento de los hogares y los mercados. Cuanto más eficaces y eficientes sean en su labor de recaudación de impuestos y cuanto más equitativo sea el diseño de éstos, mayor y mejor será la dimensión e impacto social de la labor de las herramientas burocráticas de las que nos dotamos en materia de tributos.

Sin embargo, tendencias internacionales de referencia apuntan cada vez más a una ampliación o profundización de la función social de las agencias tributarias, en la medida en que, en aras de la simplificación administrativa, se tiende a que algunas que fueron concebidas como prestaciones económicas del Estado de bienestar (como determinadas prestaciones de garantía de ingresos u otras de apoyo a las familias) pasen a integrarse –a modo de créditos fiscales o impuestos negativos– en la gestión ordinaria de las Haciendas. Lógicamente, ello supone que todas las personas destinatarias de dichas prestaciones estén adecuadamente bajo el correspondiente radar de las Haciendas y que se entienda que habrá personas a las que les sale a devolver más de lo aportado.

En nuestro entorno cercano se detectan situaciones que animarían a dar pasos en este sentido. Por ejemplo, cabe referirse a la duplicidad existente entre diversas prestaciones económicas existentes por tener descendencia y distintas desgravaciones fiscales por la misma razón. O que personas jubiladas que perciben prestaciones de garantía de ingresos como complemento a sus pensiones las estén tramitando en los servicios de empleo, sin que su expectativa sea reincorporarse al entorno laboral.

La potencia organizativa e informática y el reconocimiento y legitimidad social de nuestras administraciones tributarias las coloca, seguramente, en una posición inmejorable para avanzar en esta línea de fortalecimiento de su función social que, a la vez, reforzaría su capacidad de recaudación, al extender y perfeccionar su relación con más amplias capas de población. Todo ello, en definitiva, debiera redundar en una mayor legitimación y universalización de las políticas fiscales y las políticas sociales.

(Ver aquí este artículo, publicado en begirada.org.)

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