Requisitos, prescripciones, compromisos y contraprestaciones

Atención

Los bienes que protegen y promueven las diferentes ramas de la acción pro bienestar necesitan en buena medida, para ser alcanzados y disfrutados, de la participación activa de las propias personas destinatarias de las diferentes políticas sociales correspondientes. Salud, aprendizaje, interacción, empleo, alojamiento y subsistencia –bienes de los que se ocupan, respectivamente, la sanidad, la educación, los servicios sociales, las políticas laborales, las de vivienda y las de garantía de ingresos– no pueden lograrse o conservarse sin el compromiso responsable de las personas interesadas.

Esta es la razón por la que las intervenciones profesionales correspondientes a los diferentes ámbitos mencionados deben personalizarse tanto como sea posible, mediante el correspondiente diagnóstico o evaluación en cada situación y la correspondiente prescripción o planificación individualizada, sobre la base del conocimiento disponible. De ahí arranca una relación de ayuda que debe buscar siempre desencadenar la mayor capacidad y responsabilidad individual y colectiva para la consecución y mejora de los mencionados bienes.

En ninguna de las ramas de la acción pro bienestar y de la política social, sin embargo, es ilimitada la capacidad prescriptiva de las personas profesionales, sino que existen marcos normativos que establecen requisitos objetivos para acceder a unos u otros apoyos. Si la referencia principal de la intervención profesional será el conocimiento científico, la de los requisitos administrativos será más bien la de los valores compartidos legitimados democráticamente por sujetos políticos con preferencias razonables en relación con modelos de sociedad.

En este contexto surge el debate acerca de posibles contraprestaciones en función de las cuales pudiera condicionarse el acceso de las personas a determinadas prestaciones, servicios o derechos. Sin entrar ahora en la discusión acerca de las contraprestaciones económicas (como los copagos), sí cabe decir que, en términos generales, parece aconsejable ir superando programas basados en la imposición de contraprestaciones en términos de conductas a mantener o actividades a realizar por parte de las personas, por el riesgo de estigmatización y fragmentación social que comportan y por sus costes de gestión y de oportunidad, que tienden a no ser compensados por los beneficios o resultados alcanzados.


  1. Bien es cierto que está habiendo una oleada (por lo menos en la Comunidad Valenciana) de ordenanzas municipales que regulan las prestaciones económicas municipales de Emergencia Social, que “obliga” a la persona perceptora a llevar a cabo “trabajos a la comunidad” a cambio de la percepción de una ayuda periódica.

    A mi juicio esta práctica generalizada tampoco me parecería correcta, aunque el discurso para la defensa de estas ordenanzas sea el de “dignificar las ayudas municipales que reciben las personas a través de los servicios sociales; se trata de devolver a la sociedad las ayudas que reciben”.

    Ahora bien, los trabajadores y trabajadoras sociales nos encontramos en ocasiones ( y en determinados núcleos de atención, en muchas ocasiones), con familias o personas individuales con problemáticas muy graves, que nos lleva a diseñar programas de intervención social orientados hacia la inclusión social de esas personas. Considero que ligar la percepción de una ayuda de emergencia social municipal a la consecución de unos objetivos para intentar salir de esa situación de precariedad, no me parce tan descabellado. Pienso que en estas situaciones, la p.e. de emergencia social (que no de Renta Básica) forma parte de la intervención social y su concesión debe medirse no sólo por criterios puramente económicos y de renta familiar, sino más bien por el avance en la consecución de los objetivos propios de la intervención social. Desde luego, pienso, que si las prestaciones de emergencia han de regirse únicamente por criterios objetivos, comparando tablas sobre requisitos estrictamente económicos, entiendo que deben llevarse a cabo desde otro departamento municipal que trate temas económicos.

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