Tres trayectos paradójicos para las profesiones de la intervención social

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Se plantea la reflexión sobre la contribución de las tres disciplinas y profesiones de la intervención social de superior rango académico en nuestro país (trabajo social, educación social y psicología de la intervención social) a la justicia social en clave de compromiso político. Y ésta podría ser una propuesta de tres paradójicas y contraintuitivas estrategias:

  1. Fortalecer la configuración, identidad y posicionamiento de las disciplinas y profesiones de la intervención social como áreas de conocimiento disciplinar y profesional ancladas en el saber científico y técnico, permitiendo que estos saberes ganen terreno frente a (y pongan en cuestión) prácticas y valores preexistentes y posicionamientos ideológicos y políticos anteriormente instalados en la comunidad de la intervención social o en muchos de sus miembros.
  2. Romper la vinculación directa y automática que existe, muchas veces, en nuestras prácticas y en nuestras mentes, entre intervención social y colectivos (considerados) vulnerables, construyendo miradas y capacidades cada vez más universales e inclusivas y más capaces de identificar y abordar unas necesidades y capacidades específicas de cualquier ser humano.
  3. Aceptar y asumir, en mayor medida, que la intervención social es (y no puede dejar de ser) parte del sistema establecido (del sistema de políticas públicas, del sistema institucional académico y de otros) e incardinarnos en las estructuras sectoriales del sistema de bienestar (y, específicamente, del sistema público de servicios sociales) sabiendo que, al hacerlo, asumimos la contradicción de formar parte de estructuras injustas y, en parte, contribuimos a mantenerlas.

Para un área de conocimiento, para una comunidad profesional, si quiere obtener un impacto real, si quiere ejercer su compromiso político con la justicia social (que, necesariamente, es un compromiso con las víctimas pasadas, actuales y futuras de las injusticias sociales), no hay atajos y, por el contrario, lo que sí hay son este tipo de caminos extraños o trayectos paradójicos.

No por ser menos científicos vamos a ser más políticos. No por ser menos universales vamos a beneficiar más a las víctimas de la injusticia estructural. No necesariamente por tener más maniobrabilidad como profesionales o como profesiones vamos a ser más eficaces en la transformación sostenible.

Como agentes de la intervención social sabemos muy bien que los procesos de transformación no son lineales y simples y que, frecuentemente, exigen retrocesos y rodeos, comportan decisiones cuya lógica no es fácil de advertir a primera vista. Claro que aspiramos a unas disciplinas y unas profesiones de calado político, comprometidas con la justicia social y eficaces en la defensa y garantía de los derechos humanos, especialmente de aquellas personas que los ven más conculcados. Pero quizá lo que toca hoy es, más bien, fortalecer el músculo y la identidad de carácter científico, universal y estructural, para después (y también mientras tanto y siempre) potenciar nuestra capacidad e impacto de carácter político, ético y transformador.

(Adaptación de un fragmento de la intervención de hoy en el congreso de educación social. Más adelante se colgará el texto completo.)

Necesidades individuales, bienes públicos, políticas sectoriales y proyectos comunitarios

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Para que podamos decir cabalmente que un bien que da satisfacción a una necesidad humana (siempre individual) es un bien público (es decir, que hoy y aquí lo estamos produciendo, promoviendo, protegiendo y distribuyendo como tal), nuestras autoridades han de estar, razonablemente, en condiciones de garantizarlo como un derecho universal, para toda la ciudadanía. Eso significa que todas y cada una de las personas que formamos parte de una determinada comunidad podamos, razonablemente, exigir disfrutar de ese bien. Normalmente son las políticas llamadas sectoriales las que se ocupan de esos bienes: la salud, la justicia, el territorio y así sucesivamente.

Obviamente, sabemos que nuestra sociedad está muy lejos de la perfección en cuanto al ejercicio universal de esos derechos prestacionales pero también hemos aprendido que su articulación normativa no es un acto baladí. Del mismo modo que no es baladí la regulación jurídica de nuestras obligaciones como miembros de la comunidad en sus diversas manifestaciones, por ejemplo, en el seno de estructuras familiares, vecinales, mercantiles, laborales, asociativas o de otra índole.

El que trabajemos en pos de la garantía legal de un derecho subjetivo, operativizado en forma de prestación que permite disfrutar de un determinado bien, no significa que no comprendamos, a la luz de los hallazgos de las ciencias sociales, que todos esos bienes que vamos construyendo como públicos, tienen un carácter relacional, es decir, que la posibilidad individual de disfrutar del bien garantizado por el Estado se ve afectada (potenciada o dificultada) por la propia comunidad de la que forma parte el individuo. El ejemplo que tenemos más a mano es, lógicamente, el de nuestra salud en estos años pandémicos: aunque sintamos que nuestras instituciones públicas están garantizando razonablemente nuestro derecho a la salud, nos sabemos vulnerables ante el vecino del sexto derecha que se ha colado en el ultimo momento en el ascensor y que no para de toser mientras, en un tiempo que se antoja eterno, subimos hasta nuestra casa.

La aplicación del enfoque comunitario (o intencionalidad comunitaria, marges.coop dixit) en las políticas públicas de servicios sociales, de movilidad, de participación ciudadana, de cultura, de vivienda u otras significa invertir recursos y realizar procesos que vayan generando estructuras de (o para la) relación interpersonal que, a su vez, contribuyan a que las personas puedan dar respuesta a sus necesidades. No se trata (sino todo lo contrario) de que las políticas públicas renuncien a garantizar derechos y endosen a las redes (familiares y) comunitarias la responsabilidad de proveer o proteger bienes de primera necesidad (como el medio ambiente, la educación, los cuidados o la alimentación). No, se trata de que los poderes públicos, considerando la actual fragilidad de las comunidades, apuesten por el fortalecimiento de viejas y nuevas  maneras de autoorganización solidaria y ciudadana y de relación familiar y convivencial.

Nuestros proyectos comunitarios (y sus redes, mesas, reuniones y talleres) están, seguramente, ante el reto de mostrar y demostrar (ante los agentes y, sobre todo, ante la población) de qué manera y en qué medida acaban teniendo un impacto en el ejercicio de los derechos y la satisfacción de determinadas necesidades de un espectro cada vez más amplio y diverso de personas. Deben, seguramente, innovar en aspiraciones, lenguajes, formatos y tecnologías, si quieren conectar de manera pertinente y fértil con una parte significativa de esta sociedad ilusionante, dinámica, riesgosa, fragmentada y convulsa en la que vivimos y buscamos la felicidad.

(Arriba, uno de los encuentros de la pasada semana con personas de los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.)

Innovación tecnológica, transformación social y buen vivir

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En nuestras sociedades la innovación tecnológica tiende a presentarse como la principal herramienta para el bienestar. Aparenta ser un instrumento, como mínimo, éticamente neutro y, por lo tanto, susceptible siempre de ser utilizado para el bien. En el discurso dominante la innovación tecnológica es deseable, per se, siempre y en todo lugar. Es un proceso que, en general, ha hecho, hace y va a hacer la vida mejor, más aún, el principal proceso que nos ha hecho progresar, según parece. Nuestras autoridades, antes que fotografiarse junto al altar de una catedral, prefieren hacerlo al lado de algún aparato de última generación. Hoy en día, frecuentemente, más que hablar de reforma social, de desarrollo social o de transformación social, se hablaría de innovación social, ampliándose el radio de acción de una innovación, inicialmente, tecnológica.

Sin embargo este discurso puede ser cuestionado, cuando constatamos el inmenso poder que tiene la innovación tecnológica para transformar la sociedad y al propio ser humano. Para transformar y, no pocas veces, para deformar y para destruir la sociedad y el ser humano. La tecnología es un subsistema social con capacidad de agencia que con frecuencia resulta disfuncional y que, en lugar de servir al conjunto del sistema social, muchas veces, se sirve de él, colonizándolo e instrumentalizándolo, llevándolo al deterioro y al colapso.

No todo saber o conocimiento humano es o se convierte en tecnología. Es más, posiblemente, los principales saberes que tenemos las personas no pueden formatearse como tecnología: saberes éticos, científicos, espirituales, emocionales o prácticos que atesoramos, construimos y compartimos los seres humanos, legados que recibimos y transmitimos, que reinterpretamos y reelaboramos colectivamente, deliberativamente, comunitariamente. Y que no son, generan o desembocan en innovaciones tecnológicas.

Posiblemente la novedad principal de la época que nos ha tocado vivir es que, por primera vez en su historia, los seres humanos tienen la capacidad tecnológica para destruir toda la vida humana sobre la tierra. Y el riesgo de asimetría de poder y de dominación por parte de quienes se apropian de esas capacidades es enorme. La combinación de la innovación tecnológica con la desregulación capitalista es, posiblemente, la mayor amenaza que hoy enfrenta la humanidad.

Según Albert Camus, “en política son los medios los que deben justificar el fin”. O, en palabras de Mahatma Gandhi, “el fin está en los medios como el árbol en la semilla”. Frente a la interesada y suicida racionalidad instrumental, alienante y consumista, que nos conduce a hacer inexorablemente todo aquello que es posible hacer, caiga quien caiga, hemos de proponer, practicar y defender el buen vivir construido democráticamente desde un universalismo inclusivo y mediante la gobernanza participativa y la gestión colaborativa del trabajo, el conocimiento y la innovación.

(Notas para la próxima celebración del décimo aniversario de Home Care Lab, división de innovación del Grupo Servicios Sociales Integrados.)

Organizaciones de solidaridad y comunidades de cuidados en la transformación política de los Estados de bienestar

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Es frecuente que, al tratar sobre diferentes desafíos que enfrentan nuestras sociedades, se haga referencia a la necesidad, como propone Adela Cortina, de reconfigurar el contrato social, de reiniciar la alianza humana, de construir un nuevo pacto ciudadano. Tratemos de la precariedad laboral o la segregación residencial, discutamos sobre las relaciones de género o entre las generaciones, hablemos de la natalidad o la longevidad, nos refiramos a la soledad emocional o a la dependencia funcional, debatamos sobre la diversidad o la desigualdad, nos preocupemos de la productividad o de la sostenibilidad, llegamos a la conclusión de que las reglas que estructuraron la interdependencia entre las personas que constituyeron las sociedades, básicamente, mediante el empleo industrial, la familia patriarcal y la Seguridad Social requieren una profunda revisión e importantes cambios.

En nuestro mundo, efectivamente, esa interdependencia entre las personas, esas relaciones sociales se constituyen en gran medida en forma de transacciones de mercado: vivimos en sociedades altamente mercantilizadas. Como mostró con agudeza Karl Polanyi, incluso la tierra, el trabajo y el dinero se tratan como mercancías. Es cierto que la producción y distribución de ciertos bienes públicos en los Estados de bienestar es una forma de evitar que la satisfacción de determinadas necesidades de las personas dependa de su solvencia en los mercados, pero, como nos muestra Naomi Klein, el sistema capitalista, en muchas ocasiones, consigue poner incluso esa producción de bienes públicos al servicio de dinámicas de crecimiento insostenibles, con sus correspondientes crisis, catástrofes y shocks, que también son, a su vez, utilizados en favor de los intereses de las élites extractivas dominantes y las clases acomodadas satisfechas.

La economía social y solidaria del llamado tercer sector es una de las muestras de que otra forma de satisfacer necesidades es posible. De ahí la importancia creciente de las organizaciones solidarias, entre las que, como señala Gregorio Rodríguez Cabrero, van madurando significativamente en nuestro entorno las dedicadas a la acción social. Estas entidades están llamadas a desencadenar sinergias entre su función intelectual colectiva y propositiva, la de coproducir servicios con el sector público y la de dar soporte y estímulo a los procesos de desarrollo comunitario. Necesitamos que realidades como la parentalidad positiva, la convivencia en diversidad, la ayuda mutua vecinal, la acción voluntaria, el servicio público a pie de calle, la innovación social, la economía circular de proximidad, la participación ciudadana, el activismo militante y la movilización antagonista se potencien, protejan y prolonguen mutuamente, construyendo agencia política.

Xavier Godàs analiza y subraya el papel de las relaciones primarias y, en general, comunitarias en los procesos de empoderamiento colectivo imprescindibles para la satisfacción de las necesidades de las personas, de la gente. Relaciones y empoderamiento que parecen urgentes en materia de cuidados. Cristina Carrasco identifica los cuidados como bienes relacionales, de modo que, sabiendo que en nuestra sociedad es urgente el ejercicio de la responsabilidad pública universal sobre los cuidados, parece que, si éstos quieren tener rostro humano, los poderes públicos, con la colaboración de las organizaciones solidarias, han de experimentar y escalar formatos y procesos que favorezcan y nutran la construcción de comunidades de cuidados. La generación, reproducción y fortalecimiento de esas tramas comunitarias de cuidados mutuos serán uno de los factores clave del éxito de la transformación social que buscamos.

(Arriba, Karl Polanyi, fotografiado en 1938 junto a Kari Polanyi-Levitt.)

Inclusión social y servicios sociales en un mundo que (al parecer, por algunas partes) se desmorona

Laparra

El encargo de ocuparse de las personas en riesgo o situación de exclusión social, en la historia de nuestro sistema de bienestar, ha sido hecho, en buena medida, a los servicios sociales. Éstos en España se formatean jurídicamente tras el final de la dictadura franquista, en el marco de un sistema industrial y patriarcal en el que el contrato social se apoya, fundamentalmente, en el pleno empleo masculino, una organización familiar y comunitaria de los cuidados con sesgo de género y la protección social contributiva. Los servicios sociales (denominados como asistencia social en la Constitución Española) se configuran como el dispositivo que completa el sistema mediante la asistencia básica y el seguimiento profesionalizado de algunas minorías excluidas (o en riesgo de exclusión) de perfiles preestablecidos.

En ese modelo de servicios sociales, todavía vigente en gran medida, no hay ningún bien o actividad que caracterice definitoriamente a esta rama. Al contrario, este ámbito es reconocido más bien por su capacidad de proporcionar diversos agregados de diferentes respuestas (como dinero, cuidados, alojamiento, alimento, acompañamiento, activación u otros) que pueden funcionar para personas que encajan en los mencionados perfiles, con la finalidad, se supone, de que se alejen esa zona de exclusión y se incorporen a la normalidad del cuerpo social.

La historia de las generaciones que protagonizaron el despliegue de ese modelo (de contrato) social en España es, en buena medida, una historia de éxito si ciframos éste en la existencia de mayorías que vieron razonablemente satisfechas sus expectativas de bienestar o calidad de vida. A la vez, en el caso español, como en el del conjunto de los países que implementan un modelo similar, en ese relativo éxito se fragua un cambio social preñado de nuevos riesgos (ecológicos, demográficos, financieros, relacionales u otros) que van tornando cada vez más insostenible el propio modelo. Insostenibilidad que, al parecer, adopta en el siglo XXI la forma de una sucesión impredecible de catástrofes a diferentes escalas con diversas manifestaciones, notablemente interconectadas en una dinámica crecientemente compleja y paradójica (huida hacia delante) en la que cada solución parece acarrear un problema mayor.

En estas turbulencias el posicionamiento tradicional de los servicios sociales se torna mortal de necesidad, puesto que el número creciente de las personas que acuden a ellos en busca de alguna de las prestaciones o apoyos incluidos en su oferta (desde alimentos a cuidados, desde dinero a alojamiento) ya no conforman aquellos contingentes limitados y perfilados previstos en su momento, sino que presentan una creciente multiplicidad mucho más compleja de situaciones y expectativas. Cantidad, intensidad, complejidad y diversidad que tensa los servicios sociales, inmersos en un intento cada día más baldío y frustrante de diseñar, desarrollar, combinar y escalar las especializaciones requeridas por la realidad y la integración que necesita cualquier sistema funcional.

(Notas tras la sesión del pasado viernes en la Biblioteca del Fondo en Santa Coloma de Gramenet y de cara al encuentro de mañana, martes 5 de abril, con el Colegio de Trabajo Social en Lleida. La ilustración, de Miguel Laparra, tomada de la página 167 del último informe FOESSA y comentada por Pedro Fuentes en la reciente Escuela de Primavera de Cáritas Española, refleja la diversidad existente en el espacio social de la exclusión. Las personas (los hogares) en situación de inclusión se asemejan entre sí, al contrario de lo que sucede en la zona de exclusión, en la que aumenta la dispersión. Se sugiere acceder al estudio para una explicación precisa del gráfico.)