Transiciones estratégicas de nuestra acción social

action-sociale(1)

Profesionales de los servicios sociales de titularidad, responsabilidad o financiación pública; personal miembro, remunerado o voluntario del denominado tercer sector social, más o menos financiado públicamente; profesionales del trabajo social, la educación social, la psicología de la intervención social o la integración social (o formación profesional de la misma o parecida familia), que pueden trabajar en ámbitos diferentes al de los servicios sociales (como justicia, salud, empleo, educación, ocio o juventud); personas con responsabilidades o actividades políticas o académicas más o menos directamente relacionadas con las anteriormente mencionadas; otras personas involucradas o interesadas en la que llamamos acción social: ¿Cómo orientar nuestras actuaciones en medio de esta complejidad pandémica? Quizá intentando comprender de dónde venimos y consensuar hacia dónde vamos. Cinco posibles pistas:

1. Del colectivo delimitado a la diversidad inclusiva

Nuestra acción social viene de (y continúa en) una larga tradición de identificar (y a veces incluso certificar) una determinada condición o situación de ciertas personas que las legitima para recibir las correspondientes atenciones o prestaciones. Es un hacerse cargo que se justifica en clave de asistencia especializada y acción positiva pero que, lo sabemos, produce frecuentemente efectos no deseados de estigmatización, segregación y daño. Por ello se plantea ya hace décadas ir hacia modelos y formatos de acción social universalistas y personalizados, accesibles para todas las diversidades humanas desde la igualdad de derechos de todas las personas.

2. Del código moral único a la comprensión e impulso del pluralismo moral

De forma más explícita o implícita, nuestra acción social, en muchas ocasiones, se ha ubicado en referencia a un pretendido código moral único, como un instrumento para moralizar con valores impuestos a determinadas personas o grupos, como un medio para la incorporación de dichas personas y grupos a una institucionalidad y moralidad establecidas, como una forma de control y disciplina social. Sin embargo, nuestras sociedades secularizadas y moralmente pluralistas reclaman una acción social promotora de la autonomía y autodeterminación de las personas, respetuosa de la diversidad de modelos de vida buena e impulsora (modestamente) de la emancipación y liberación de las personas frente a cualquier forma de alienación o  dominación.

3. De la institución total a la comunidad y el territorio

Frecuentemente hemos entendido y seguimos practicando ese hacernos cargo desde la acción social como una atención integral que da respuesta (en especie o dinero) a todas o casi todas las necesidades de personas en condiciones o situaciones complejas, muchas veces institucionalizándolas y desvinculándolas de sus entornos físicos y relacionales originarios, anteriores, deseados o deseables (o terminando de hacerlo). Por el contrario, las tendencias de consenso y referencia en la comunidad de conocimiento y pensamiento sobre acción social apuntan a un enfoque comunitario y de proximidad, es decir, a un abordaje preventivo y poblacional, a un foco en las relaciones significativas como fines y medios, a una intervención en y con la comunidad y a una contribución (modesta) a la cohesión territorial.

4. Del saber hacer basado en la experiencia al conocimiento experto basado en la evidencia

La acción social ha sido vista y practicada tradicionalmente como una actividad de bajo valor (económico) añadido, legitimada por sus buenas intenciones más que por su calidad técnica o percibida. La desvalorización por parte de la sociedad se ha proyectado sobre las personas destinatarias de la acción social y sobre la propia acción social, su personal, sus actividades y sus estructuras y hemos caído frecuentemente en el asistencialismo y la burocratización. Sin embargo, en la sociedad del conocimiento, la acción social está llamada, al igual que el resto de ramas de actividad social y económica o ámbitos sectoriales de la política pública, a la participación en ecosistemas profesionalizados de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, de modo que, cada vez más, nuestra acción social sea una práctica experta y especializada basada en evidencias rigurosas.

5. Del juego de suma negativa entre pública y privada a la sinergia entre pública y solidaria

Históricamente, la actividad que ahora llamamos acción social ha sido interpretada desde la dicotomía entre pública y privada y, frecuentemente, cuando ambas esferas se han relacionado, lo han hecho para instrumentalizarse, colonizarse y debilitarse mutuamente. Cabe, sin embargo, diferenciar nítidamente la economía solidaria de la mercantil y reconocer el protagonismo y la anticipación del tercer sector en el campo de la acción social, de suerte que se puede promover la sinergia entre las verdaderas organizaciones voluntarias de base comunitaria y los poderes públicos de proximidad en claves de coproducción participativa, gestión colaborativa y gobernanza deliberativa. Estos tiempos pandémicos en los que vemos más de cerca el riesgo de catástrofes y derivas de diferente índole deben ser un acicate para estas formas de profundización de la democracia.

Desempeño profesional, potestad pública y gestión administrativa en servicios de bienestar

Clínica

Un ejemplo arquetípico de conjugación del desempeño profesional experto, el ejercicio de la potestad pública y la participación en la gestión administrativa en nuestro entorno sería el que se da en el personal médico de la atención primaria de salud, en el momento en el que, en función de un diagnóstico clínico y la subsiguiente prescripción facultativa, se proporciona acceso a una baja laboral y la correspondiente prestación económica mientras dura esa baja, lo que representa una potestad o autoridad que las y los profesionales que ejercen privadamente no poseen y conlleva la realización de algún trámite administrativo que, en parte, suele efectuar la misma médica o médico. Se entiende, además, que, en principio y en general, del cumplimiento de la prescripción médica de reposo y tratamiento, se derivará la curación y el final de la incapacidad transitoria y la prestación económica.

Diríamos que la integración de estas tres funciones o procesos y su ejecución por parte de la o el mismo facultativo tiene sentido en la medida en que sea central el desempeño profesional propio y en que la ejecución de las otras dos funciones presente sinergias con la principal y, desde luego, no la desvirtúe o entorpezca. En este momento, por ejemplo, se señala por parte de no pocas médicas y médicos de atención primaria que la tramitación administrativa de bajas por covid, a veces incluso sin contacto clínico relevante con las y los pacientes, está llegando, en algunos momentos, a ocupar una mayor parte de su tiempo que la labor propiamente médica.

En el caso de los servicios sociales de atención primaria, posiblemente, estos fenómenos de burocratización del trabajo de personal especialista son endémicos y estructurales. Es decir, hay un número apreciable de profesionales (responsables) de la intervención social que nunca ha experimentado lo que podría considerarse una carga razonable de trabajo administrativo e incluso nos encontramos con quienes han llegado a asumir que su quehacer es una especie de labor administrativa delimitada sectorialmente. Dicho de otro modo, según esta visión, notablemente distorsionada, las y los profesionales propios de la intervención social serían, al menos en algunos casos, una especie de personal administrativo conocedor de algunos trámites o determinadas prestaciones. Más que apoyarse en su conocimiento disciplinar lo harían en normas jurídicas.

Con todo, posiblemente sea todavía más problemática la erosión del desempeño profesional que proviene de la potestad pública en los casos en los que, de determinadas valoraciones o juicios que realizan profesionales de la intervención social, se deriva el acceso de personas a recursos económicos para la subsistencia material. Da la impresión de que la tensión, innegable, que viven médicas y médicos de nuestro sistema público de salud a la hora de dar una baja o un alta (que conlleva que la persona pueda o no estar sin trabajar y recibir o no un dinero para vivir) está relativamente más equilibrada que la de la mayoría de nuestro personal formado para la intervención social de cuyos actos se puede derivar concesión o denegación de recursos necesarios para la supervivencia de las personas.

Una de las explicaciones para esto es quizás que, en el caso del sistema sanitario, existe en todas las partes implicadas una cierta conciencia acerca de la centralidad del diagnóstico y el abordaje de la situación de salud y del carácter derivado o colateral del acceso a la prestación económica (que, en todo caso, no es entregada por el sistema sanitario). Sin embargo, en el caso de los servicios sociales, la entrega dineraria o material (que frecuentemente es realizada por el propio sistema) es entendida muchas veces por diferentes partes (personas destinatarias, responsables políticas e incluso profesionales de la intervención social) como la oferta principal o central que el sistema pone a disposición de algunas personas, convirtiéndose, paradójicamente, la intervención social propiamente dicha en una aportación secundaria e incluso considerada como prescindible. Sin estar claro muchas veces, por otra parte, cuál sería la finalidad definitoria de esa intervención social, es decir, cuál sería ese pretendido resultado de la intervención que tendría como efecto secundario que cesara la necesidad o demanda de dinero (o similares) por parte de la persona atendida.

Conozcamos, cuidemos y construyamos la #Primaria

primary 2

La denominación de “primaria” para una parte de la atención que prestan o de la intervención que realizan determinados servicios públicos se utiliza, sobre todo, en los ámbitos de la salud, la educación y los servicios sociales. Si bien ese adjetivo tiene en cada caso connotaciones algo diferentes, en los tres mencionados lo asociamos a conceptos como proximidadaccesibilidad y personalización. Así, la atención primaria de salud, la educación primaria y los servicios sociales de atención primaria podrían entenderse como la principal interfaz de contacto y primera instancia de servicio de sus respectivas ramas del sistema de bienestar para el conjunto de la población y para cada una de las personas (con un planteamiento abarcador, de comprensividad).

En los modelos de bienestar de mayor consenso en las correspondientes comunidades de conocimiento estas ramas de la protección social (y otras) se postulan como universales, de suerte que podría decirse que en la primaria (sea sanitaria, educativa o de servicios sociales) nos encontraríamos (o por la primaria pasaríamos) más o menos todas las personas (en función de nuestras correspondientes necesidades), teniendo la primaria importantes dimensiones de prevención y promoción. A partir de ahí parece lógico que, sin detrimento de dicha universalidad, los itinerarios que podamos seguir en cada una de las ramas nos puedan ir llevando desde la primaria hacia servicios (sanitarios, educativos o sociales) más especializados y, por lo tanto, dirigidos a segmentos poblacionales más reducidos.

Por todo lo anterior es lógico y beneficioso que la primaria (sanitaria, educativa o de servicios sociales) tenga una referencia territorial (territorialidad) relativamente reducida y que tengamos más a mano, por ejemplo, los centros de salud, las escuelas o los servicios sociales de base, de carácter primario, que los hospitales, las universidades o servicios sociales considerados especializados. En todo caso, fenómenos como la prestación de servicios a domicilio o en la calle o su digitalización están alterando la relación entre la prestación de servicios (sanitarios, educativos o sociales) y el territorio. Sea como fuere, tanto mediante la cercanía física como a través del acceso digital, la clave es que la estructuración de los servicios posibilite la continuidad y longitudinalidad de los procesos de relación (atención sanitaria, acción educativa o intervención social) entre profesionales y población, entre los servicios y la comunidad.

Desde las funciones de regulación y planificación, a la hora de ubicar dentro o fuera de la primaria unas u otras actividades, contenidos, estructuras o tecnologías no hay nada que, por esencia, deba o no pertenecer a la primaria. El dinamismo, la flexibilidad y la plasticidad, por tanto, caracterizan la historia de la primaria, así como la necesidad de que esté bien integrada vertical o intrasectorialmente con las otras partes dentro de cada rama de servicios (sanitarios, educativos o sociales). Por otro lado, la masa crítica de servicios primarios y la consiguiente proximidad física e incardinación territorial de sus estructuras y profesionales son, sin duda, elementos facilitadores de la integración horizontal o intersectorial entre las diferentes ramas de la acción pro bienestar y, en definitiva, de una atención tan integrada como sea necesaria para todas y cada una de las personas en cada momento de nuestro ciclo vital. La integración vertical y horizontal es coherente con planteamientos y prácticas de colaboración participativa.

Diríamos que esta estructura integrada de atención, la primaria, esa red de bienestar social de proximidad (universal, resiliente, accesible, colaborativa, protectora, preventiva y promotora) puede ser vista como una de las características fundamentales de nuestro modelo social en el siglo XXI. Constructora de comunidad en tiempos de individualización, vertebradora del territorio en tiempos de digitalización y generadora de equidad en tiempos de mercantilización.

Profesionales y ciudadanía: cuidemos y construyamos, cada día, la primaria.

¿Podremos acudir a los servicios sociales si llegamos a necesitar cuidados de larga duración?

Futuro

Intencionadamente, la pregunta que da título a esta entrada se imagina formulada por personas que, en este momento, no sienten la necesidad de recibir cuidados con continuidad por parte de otras, que tienen algún grado de preocupación por las respuestas o soluciones que tendrán a su disposición en nuestro entorno en el caso de llegar a la percepción de dicha necesidad y que dudan si los servicios sociales podrían ser el lugar social de referencia al que dirigirse en esa eventualidad.

Quizá lo primero que haya que decir a esas personas es que, si esa situación de percepción de necesidad de cuidados continuados les sobreviene a corto plazo, lo más probable es que no puedan llegar a recibir apoyos significativos por parte de los servicios sociales. Sólo una minoría de esas personas llegaría a contar con los servicios sociales como respuesta significativa a su necesidad de cuidados y seguramente de forma que sería valorada como tardía, limitada, insatisfactoria y costosa por la mayoría de ellas.

Si se extrañan, habrá que explicarles que nuestros servicios sociales públicos (y en este ámbito la oferta mercantil tampoco está muy desplegada) están configurados para proporcionar cuidados (y otros muy diversos apoyos, prestaciones o intervenciones), en el mejor de los casos, si y sólo si a la persona no le queda otro remedio. Es decir, no están pensados como primera alternativa u opción de referencia sino como último recurso. Han de entender, por tanto, que nuestros servicios sociales no se han desarrollado como una respuesta normal a la necesidad de cuidados de larga duración sino como un mecanismo para que las personas que necesiten dichos cuidados (y otras) no lleguen a situaciones de grave exclusión social.

A partir de ahí cabe preguntarse si los servicios sociales podrían desarrollarse en los próximos años para llegar a ser ese ámbito de referencia más o menos general para la necesidad de cuidados de larga duración en nuestro país. Ante esta pregunta, cabría responder que no es imposible pero que parece poco probable. Si analizamos y comparamos las curvas de crecimiento de los servicios sociales de responsabilidad pública y de aumento de las necesidades de cuidados de larga duración, la impresión es que, a duras penas, nuestros sistemas públicos de servicios sociales consiguen mantenerse en esa función residual que hemos mencionado, sin avances consolidados ni señales creíbles en otro sentido.

Es muy defendible que una parte de quienes trabajamos en los servicios sociales intentemos transformarlos en un dispositivo más o menos universal de respuesta pública, entre otras, a la necesidad de cuidados de larga duración pero, desde la honestidad intelectual, debemos expresar con claridad a las personas que no los conocen y que, antes o después, pueden tocar a nuestra puerta con esa demanda que estamos muy lejos de serlo y que no estamos caminando, precisamente, hacia ese, seguramente deseable, horizonte.

Nueva documentación subida a fantova punto net en 2021

2021a

A lo largo del año 2021, en los diversos apartados de esta web, se han subido los siguientes documentos (clicar para abrirlos):

Consideraciones sobre la proposición de ley de medidas de gestión de la pandemia de la covid-19

Impulsando ecosistemas de conocimiento para las políticas de inclusión social

Políticas de cuidado: comunidades que cuidan

Qué Administración necesitamos para implementar las políticas que atiendan a los nuevos riesgos sociales

El reto de los servicios sociales ante el pacto intergeneracional (presentación)

El reto de los servicios sociales ante el pacto intergeneracional

Glosario en intervención social

Construir fraternidad: los cuidados y la agenda comunitaria del bienestar

Los centros sociales de personas mayores

Los centros sociales de personas mayores (publicado)

Hariak. Estrategia de Gipuzkoa ante las soledades. Documento de bases

Además, se han incorporado 63 entradas de blog y 18 videos y se ha llegado a un acumulado de 734.000 descargas de documentos.