Universalidad y condicionalidad en los bienes, prestaciones y servicios públicos

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Una gran parte de los debates sociales sobre la acción política y de las preocupaciones de quienes se dedican al diseño de las políticas públicas tiene que ver con la selección de los bienes, prestaciones y servicios que serán proporcionados por las administraciones públicas y el grado de universalidad e incondicionalidad con que se pondrán a disposición de la ciudadanía.

La variedad de situaciones es enorme. Desde un bien público como un parque al que todas las personas podemos acceder de forma gratuita cuando queramos hasta servicios (por ejemplo, sociales) públicos que podríamos recibir tras la comprobación de que cumplimos determinados requisitos, después de pasar un tiempo en una lista de espera y pagando incluso un precio más alto que lo que nos costaría un servicio similar en el mercado privado. Desde pensiones contributivas entendidas como rentas vitalicias de sustitución hasta ingresos mínimos no contributivos que podemos perder si no cumplimos determinados compromisos establecidos en un documento que hemos firmado. Y así sucesivamente. (Dejamos aparte ahora la cuestión de la prescripción facultativa, es decir, cuando alguien con autoridad científica o profesional para hacerlo dice si un bien, prestación o servicio es adecuado para una determinada persona.)

El panorama, además, es más complejo porque, en ocasiones, las Administraciones nos brindan un determinado bien o servicio y, en otros casos, nos dan un dinero (mayor o menor y más o menos afectado) con el que podemos comprar unos u otros bienes o servicios. (En todo caso, desde una perspectiva ética, lo decisivo es que las personas puedan satisfacer su necesidad o ejercer su derecho, mientras que la cuestión de si el Estado (directa o indirectamente) te da el bien o servicio o te da dinero para comprarlo es secundaria, es más bien de tipo técnico.)

En realidad, también aparecen consideraciones técnicas y éticas a la hora de proponer incluir o no un determinado bien, prestación o servicio (y de hacerlo de forma más o menos universal e incondicional) dentro del perímetro público o más bien pensar que es mejor que esté en la esfera mercantil (a veces llamada privada), relacional (o familiar y comunitaria) o solidaria (como determinadas ayudas de organizaciones del tercer sector, bienes comunes o actividades cooperativas).

Así, desde un punto de vista ético, vamos alcanzando la conciencia de que hay algunos bienes, prestaciones o servicios de primera necesidad que el Estado debiera garantizar incondicionalmente como derechos universales. Por otra parte, desde un punto de vista técnico, las ciencias sociales muestran que determinadas condicionalidades (requisitos, obligaciones, compromisos, contraprestaciones, copagos u otras) que, eventualmente, si se aplicaran sin sesgos o arbitrariedad, pudieran ser moralmente defendibles (o políticamente rentables), generan, sin embargo, efectos no deseados (por ejemplo, en el comportamiento, la imagen, la dignidad, las capacidades o los recursos de las personas usuarias, destinatarias o beneficiarias) o, en otros casos, efectos deseados a un coste excesivo.

De hecho, un asunto que está recibiendo mucha atención en el ámbito de las políticas públicas en los últimos años (con reconocimiento, incluso, del premio Nobel de economía) es el de la eficacia de los acicates, estímulos, incentivos y argumentos (comparada con la de las limitaciones, prohibiciones, amenazas y sanciones, por ejemplo). Ojalá nuestra ética pública y nuestro saber técnico se den la mano para constituir y desarrollar un conjunto suficiente de bienes, prestaciones y servicios públicos que todas las personas podamos disfrutar como derechos, de manera universal e incondicional, potenciando, a la vez, los necesarios dinamismos personales y sociales de comunidad, solidaridad y productividad.

(Reflexiones al hilo de trabajos realizados la semana pasada con el Gobierno Vasco, el Gobierno de la Rioja y el Ayuntamiento de Madrid. La imagen corresponde al título y la ilustración en la portada del libro de Richard Thaler y Cass Sunstein sobre los acicates. “Acicates” es una traducción tomada, como otras aportaciones, del número 25 de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas.)

¿Tiene sentido seguir hablando del barrio?

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No es fácil acotar el concepto de barrio pero, al menos, cabe identificar algunos elementos que podrían aparecer en dicha definición, tales como: un territorio o espacio delimitado o delimitable; unas relaciones (fuertes y débiles) con cierto carácter primario, gratuito, de reconocimiento o afecto; una identidad y memoria, un capital simbólico relativamente compartido; unos movimientos asociativos, una capacidad de agencia colectiva; y una economía e institucionalidad de proximidad.

Puede decirse que, cuando nos referimos a los barrios, desde el análisis de las ciencias sociales y la voluntad transformadora de las políticas públicas, quizá haya una gama de miradas que podríamos situar entre dos extremos arquetípicos: la de quienes ven, fundamentalmente, relaciones sociales (dejando el espacio físico en un segundo plano, como un fondo, un subproducto o una construcción social) y la de quienes ven, principalmente, un espacio físico (una trama urbana, un territorio, una geografía) que determina en buena medida el comportamiento o la acción humana.

Sea como fuere, la pregunta sobre si tiene sentido seguir hablando del barrio surge probablemente por la pujanza e influencia de procesos que suceden a una escala mayor, que afectan a nuestra vida condicionando, superando o diluyendo preexistentes dinámicas barriales. Nos referimos a una economía crecientemente digitalizada, globalizada y deslocalizada, o a un patrón de consumo cultural que hace que estemos viendo la misma serie de televisión en todo el mundo, o a las migraciones que llevan a que nos comuniquemos con nuestra familia a través de Internet, o a fenómenos de segregación territorial de urbanizaciones exclusivas frente a zonas de alta vulnerabilidad social.

Sin embargo, la época que estamos viviendo también puede ser vista como un tiempo de oportunidad para los barrios, al menos, por cuatro razones. Primera, la pandemia que nos está recordando que somos cuerpos vulnerables e interdependientes que necesitan cuidados y contactos físicos de proximidad. Segunda, nuevas formas de presencia cotidiana en las comunidades (por ejemplo, por el aumento del número de personas pensionistas o que trabajan en los domicilios). Tercera, la necesidad imperiosa de relocalizar procesos productivos y comerciales por razones medioambientales y estratégicas. Y cuarta, los desarrollos técnicos en la acción pro bienestar (sanidad, educación, servicios sociales y otros) hacia enfoques de atención integrada comunitaria.

No podemos dar por supuesto que nuestros barrios serán necesariamente activos y solidarios, desde un comunitarismo ingenuo o banal. Tampoco debemos aceptar identidades y dinámicas excluyentes que construyen barrio reproduciendo e intensificando las desigualdades y discriminaciones y fomentando la percepción de determinadas (otras) personas como enemigas de las que desconfiar. Sin embargo, hoy y aquí, parece difícil imaginar una construcción de sujetos y procesos de transformación y justicia social que no pase, de una u otra manera, por los barrios. Por el compromiso compartido de hacer posible en ellos la calidad de vida y la convivencia en diversidad. En consecuencia, afirmamos que tiene todo el sentido seguir hablando del barrio y seguir haciendo barrio.

(Ideas compartidas en la jornada organizada en Bilbao el 18 de junio de 2021 bajo el mismo título por Civersity y Kultura Abierta, a la que corresponde la fotografía. Algunas de esas ideas fueron inspiradas por la lectura del último número de la revista Encrucijadas.)

Bakardadeak eta hariak

Hariak

“Bakardadeei aurre egiteko politika edo estrategia baten barnean tokia duten jarduera tipologiak zehazterakoan (esku-hartzeak, programak, zerbitzuak), ezin ditugu aintzat hartu, soilik, berariaz eta zuzenean bakardadea lantzen dutenak. Hala ere, “gorago” joaten bagara, bakardadeei zeharka eta inplizituki eragiten dieten jarduerak adierazteko, ezin dugu oso gora igo eta edozein jarduera sartu estrategian. Oreka hori lortu nahian, 12 jarduera tipologia zehaztu ditugu. Inplizituenak edo zeharkakoenak direnetatik hasi, eta esplizituenak edo zuzenenak direnetan amaituko dugu. Hau da zerrenda:

1. Pertsonak bizi diren, ibiltzen diren eta erabiltzen duten espazio fisikoa egituratzeko edo eraldatzeko jarduerak (etxebizitza eta hirigintza).

2. Pertsonen balioak, sinesmenak, jarrerak, ideiak eta jokabideak aldatzen dituzten komunikazio, sentsibilizazio edo mobilizazio jarduerak.

3. Aisialdiko ekintzak eskaintzeko jarduerak.

4. Borondatezko ekintza eta asoziazionismoa sustatzeko jarduerak.

5. Komunitateko elkarbizitza eta lankidetza dinamikak sortzera bideraturiko jarduerak.

6. Bizilagunen komunitateak dinamizatzeko jarduerak (atarietan, finketan, eta abarretan).

7. Pertsonen bizi proiektua, trantsizioak eta etorkizuna planifikatzeko laguntza jarduerak.

8. Eten digitala prebenitu eta konpontzeko eta teknologien erabilera sustatu eta errazteko jarduerak, komunikaziorako, harremanetarako eta sare sozialetarako.

9. Hainbat pertsona etxebizitza berean bizitzeko edo bizileku irtenbide bat izateko sustapen, bideratze eta laguntza jarduerak.

10. Egoitza zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonak desinstituzionalizatzeko sustapen jarduerak eta zentro horietako pertsonengan oinarrituriko arreta aplikatzeko sustapen jarduerak.

11. Bakardade egoera nork berak prebenitzeko edo aurre egiteko gaitasunak eta harremanak garatzeko jarduerak.

12. Pertsonen bakardade egoerak orekatzen, arintzen edo leuntzen dituzten laguntza jarduerak.”

(Zerrenda hau topatzeko: “Hariak: Bakardadeei aurre egiteko Gipuzkoako estrategia. Oinarrizko dokumentua” 39-41 orrialdeetan. Argazkian, estrategia eratzeko Adinberri Fundazioak bultzatzen ari den prozesu partehartzailearen bilera bat.)

Exclusión social en España: así la estamos haciendo y así nos va quedando

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La exclusión social es un proceso complejo en el cual algunas personas se van viendo privadas de la oportunidad (mejor dicho, del ejercicio del derecho) de disfrutar de algunos bienes de primera necesidad para su supervivencia, desarrollo y bienestar: bienes como el alimento, la atención sanitaria, las relaciones, el alojamiento, el medio ambiente, la seguridad, el espacio público, la educación o la participación. En diferentes lugares y épocas históricas la exclusión social ha funcionado en distintas medidas y de diversas maneras. En España en estos momentos, en números redondos, podemos decir que un 25% de la población se encuentra en una situación de exclusión social (según el indicador denominado AROPE). En las personas menores de 16 años esa tasa es el doble que entre las personas mayores de 65 (más o menos 30 y 15, respectivamente).

En una sociedad tan mercantilizada y monetizada como la nuestra (es decir, en la que el dinero es el medio para acceder a muchos de los bienes mencionados) es interesante fijarse en los ingresos de las personas para conocer las características y dinámicas de la exclusión social. En España la renta media de los hogares está alrededor de los 30.000 euros al año en números redondos. Pues bien, el 10% más rico triplica esa renta media, mientras que el 10% más pobre viene a recibir un 20% de esa cantidad y el siguiente 10% (decil), un tercio, más o menos. Podríamos cifrar en un 5% las situaciones de severidad y gravedad y, por los estudios hechos en este siglo, sabemos que en este período se enquista la exclusión social y la desigualdad aumenta, sobre todo porque las personas pobres se hacen más pobres.

Si seguimos de abajo hacia arriba, las personas del siguiente 20%, el que queda sobre el 20% más pobre mencionado, no llegan a recibir dos tercios de la renta media. Por el lado de arriba, sólo un tercio de la población, aproximadamente, estaría por encima de la renta media. Se percibe por tanto la hace tiempo descrita “sociedad de los tres tercios”, en la que las franjas que no están en exclusión social pero que están cerca se sienten (con razón) inseguras, saben que no están tan lejos de esa situación, se saben poco protegidas frente al riesgo de caer en una situación de exclusión social. Por cierto, el que personas en situación de exclusión social presenten un perfil de severidad, gravedad o complejidad no quiere decir que no estén atendidas o controladas de algún modo por varios servicios públicos y profesionales diversos.

¿Y qué es lo que protege al tercio de arriba de entrar en un proceso de exclusión social? Obviamente sus ingresos pero lo que se está observando en nuestra economía (en buena medida, directa o indirectamente, por la digitalización) es que las rentas de capital crecen más que las rentas del trabajo. Es el denominado “efecto Mateo”: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará (España, por su sistema de protección social tan contributivo, ya era desde décadas atrás muy de efecto Mateo). En esta economía se incrementa la probabilidad de que quien disfruta de bienes (vivienda, papeles, empleo, ahorros, relaciones, pensión, conocimiento, Internet u otros) obtenga todavía más y, sin embargo, quien carece de ellos, lo tenga todavía más difícil. Por eso se dice que en nuestra sociedad se ha averiado el “ascensor social”.

Además es una sociedad más compleja, en la que se incrementan los mecanismos de inclusión y exclusión, las oportunidades y las amenazas. Esa es una de las razones por las que las personas que trabajan con personas en situación de exclusión social hablan de la diversificación (e incluso sofisticación) de sus perfiles y la mayor aparición de factores de exclusión relacionados con la situación administrativa, con la vivienda, con los cuidados, con las competencias y recursos digitales, con la soledad u otros (además de los más tradicionales como el dinero, el empleo o la familia). Sigue siendo claro, en todo caso, el sesgo de género y de origen.

En este tipo de sociedad que estamos construyendo, la fragmentación o desvinculación social (incluyendo la segregación territorial) dificulta formas anteriores de generación de comunidad o solidaridad y más bien se facilitan comportamientos del tipo “sálvese quien pueda”, por rechazo hacia las personas excluidas de las que otras nos sentimos distantes o precisamente por el miedo que se nos mete a que podamos acabar como ellas. Si decimos, por ejemplo, que el precio del alquiler de la vivienda está siendo uno de los factores exclusógenos principales en esta sociedad, habrá que recordar que el 90% de los 2,5 millones de viviendas en alquiler está en manos de particulares, que deciden qué renta cobrar. O que son pequeños empleadores (micropymes) o los propios hogares (en el trabajo doméstico) las principales fuentes de precariedad laboral, ya que más de la mitad de los aproximadamente 3 millones de personas que no llegan a mileuristas trabajan en empresas de menos de diez personas, que representan menos de un tercio de la capacidad instalada, y, del aproximadamente medio millón de personas que hacen trabajo doméstico, sólo una décima parte tiene condiciones laborales similares a las del resto de trabajos. Todo ello, por cierto, tiene mucho que ver con el tipo de tejido productivo español, de relativamente bajo valor económico añadido.

Es decir, no son sólo las decisiones y actuaciones del 1% o del 10% más rico (al consumir, al relacionarse, al pagar impuestos, al ahorrar, al trabajar, al votar) las que construyen una sociedad tan estructuralmente excluyente, sino que es imprescindible la colaboración de personas situadas en las siguientes franjas (más acomodadas o más inseguras). Sin duda han de ser poderosos los mecanismos (económicos, comunicativos, legales, laborales, policiales u otros) para conseguir que tantas personas conspiren (o conspiremos) contra los que teóricamente serían sus (o nuestros) intereses (como el de lograr una menor desigualdad). Más y más personas participamos en la construcción colectiva de un país (y de un mundo) excluyente.

La pretensión de estas líneas, de todos modos, no es tanto la de hacer un llamamiento moral al compromiso personal de austeridad, decrecimiento, organización, desclasamiento, entrega o compartición. Más bien es la de profundizar en el conocimiento de las lógicas estructurales de nuestra sociedad de cara a enfocar mejor nuestros análisis de situación y nuestra acción colectiva para transformar de raíz esa sociedad excluyente. Saber de qué manera y con qué consecuencias somos agentes de exclusión social nos puede ayudar a ser más y mejores agentes de inclusión social.

(Esta entrada está basada en los estudios de la Fundación FOESSA, a la que pertenece la ilustración.)

Servicios sociales e inclusión social: ¿tiempos oscuros?

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Las gentes de los servicios sociales en este país (en un sentido amplio: empleadas y empleados públicos, personas del tercer sector, responsables políticas, profesorado universitario, ciudadanía implicada y otras) podemos reconocer, con orgullo, nuestra contribución a la inclusión social. Una contribución que tiene que ver, en buena medida, con el acompañamiento y ayuda a personas en (o cerca de) situaciones graves y complejas de exclusión social, ese tipo de situaciones en las que suele aparecer el ingrediente de las limitaciones (mayores o menores, temporales o permanentes) en la capacidad autónoma y los apoyos familiares y relacionales para la resolución de problemas (lógicamente, junto a otros como el empleo, la vivienda o los ingresos). En esos procesos nos hemos encontrado muchas veces, venturosamente, con compañeras y compañeros de los servicios sanitarios, educativos, laborales u otros.

Sin embargo, en la paradójica oscuridad y notable dureza (para muchas personas) de los tiempos que vivimos, se diría que las que en otro momento fueron soluciones se convierten en problemas:

  • Nuestra polivalencia y capacidad de combinar diferentes recursos hace que muchas personas vengan a los servicios sociales esperando prestaciones y apoyos que ahora nos sentimos o nos sabemos incapaces de proporcionarles, incluso aunque se aumente el personal y la financiación (o precisamente por eso, en la medida en que los incrementos de recursos pueden generar más expectativas y más demanda, sin necesariamente aumentar tanto la capacidad de respuesta).
  • Las reglas de funcionamiento y normas jurídicas previstas para aportar garantías y eficiencia en la atención a las personas parecen adentrarnos cada vez más en laberintos burocráticos más densos y opacos.
  • La informatización y digitalización llamada a simplificar las tareas administrativas y hacer transparente la información parecen convertirse en una nueva barrera generadora de exclusión y amenazadora fuente de control.
  • La proximidad a las personas destinatarias, seña de identidad fundamental en nuestra intervención social, genera fricciones y malestares crecientes en ambas partes (incluso maltrato y violencia), en un contexto en el que vulnerabilidades, precariedades, recursos y capacidades se reparten de forma más amenazante y aleatoria en los dos lados de “la mesa”.
  • El trabajo en red, la coordinación e integración entre diferentes agentes, tantas veces reclamada y alabada, parece hacer cada vez más intrincados e impracticables los itinerarios para las personas trabajadoras y usuarias. La multiplicación de agentes y aproximaciones, de responsabilidades y conocimientos, se nos hace inmanejable y fragmentadora.

Parece que nos encontramos en una de esas situaciones oscuras y difíciles en las que, con facilidad, podemos pasar de ser parte de la solución a ser parte del problema, en la que nuestros intentos parecen volverse en contra de nuestras intenciones. Sin embargo, los tiempos oscuros y difíciles no tienen por qué ser necesariamente tiempos de desesperanza. Las situaciones paradójicas en las que nos cuesta entender y nombrar lo que sucede pueden ser anticipo y preludio de nuevas claridades y perspectivas. No sería la primera vez que nos crecemos frente a los problemas y dificultades y nos conjuramos para encontrar caminos de salida y avance. Volvamos a hacerlo.

(Notas tras la jornada de ayer sobre inclusión social organizada por el Gobierno Vasco.)