A mediados del siglo XX había en España más de 100.000 mineros y en la actualidad hay menos de 2.000. Este dato parece suficientemente expresivo de la pérdida de relevancia de este ámbito de actividad económica. Cambios en su contexto y entorno fueron dinamitando (valga la fácil metáfora) las condiciones de posibilidad (o quizá la necesidad) de esta rama de la producción y de sus profesiones, desde las más operativas (como la de picador) hasta las más técnicas, como la ingeniería de minas. En los procesos de crecimiento y decrecimiento del sector, fue cambiando, por cierto, el reparto de papeles entre agentes y la forma de comprensión y gestión (como bienes comunes, privados o públicos) de los materiales extraíbles por la minería. De hecho, resulta significativa la creación de la empresa pública Hunosa, en 1967, que surge de la nacionalización y fusión de más de veinte empresas preexistentes, precisamente para intentar contribuir a manejar la conflictividad laboral esperada (y ocurrida, ciertamente) en el proceso de desmantelamiento de unos trabajos con fuertes señas de identidad y vinculación al territorio.

Cabe preguntarse si el sector de los servicios sociales en nuestro país pueda ser en los próximos años otro que (dale con las metáforas) entre “en barrena”, como en su día hizo el de la minería. ¿Por qué? Pues porque nuestros servicios sociales tienen como especialidad unos que podríamos llamar “paquetes integrados”, que, básicamente, son dos:

• El pack que une ayudas económicas para la subsistencia material con acompañamiento y control social (dirigido a personas y familias con cierta combinación de pobreza económica y otros riesgos, especialmente si afectan a niñas, niños y adolescentes).
• El paquete que une cuidados personales con alojamiento colectivo (dirigido a personas con cierta combinación de limitaciones funcionales, de apoyo familiar y económicas).

Pues bien, parece que, del mismo modo que ciertas alteraciones en la disponibilidad de recursos minerales, en las tecnologías relacionadas, en el contexto comercial u otros fueron achicando el espacio a la actividad minera tradicional, cabe detectar cambios que pueden ir disminuyendo la viabilidad de estos paquetes característicos de nuestros servicios sociales y de los procesos existentes para su producción y distribución:

• La oferta del primero de los lotes es desbordada brutalmente por la demanda de dinero para la subsistencia material que llega a los servicios sociales debida al desbordamiento, a su vez, de los mecanismos de garantía de rentas de la Seguridad Social (en un contexto estructural fuertemente exclusógeno), demanda económica que, por otra parte, no va asociada en la mayor parte de los casos a una necesidad (o, al menos, a una necesidad sentida) de acompañamiento social.
• La oferta del segundo de los packs es rechazada por la inmensa mayoría de las personas que necesitan o van a necesitar cuidados, personas cuyo número crece en el actual contexto demográfico, del mismo modo que aumenta su expectativa de que los poderes públicos garanticen el ejercicio de su derecho a recibir cuidados (en su entorno comunitario), al menos tanto como garantizan su derecho a la atención sanitaria.

Como cualquier otra industria, los servicios sociales, en ese contexto, pueden tener cierto margen para reinventarse, para rentabilizar y reutilizar sus activos (profesionales, relacionales, técnicos, políticos, materiales y de todo tipo) y para transformar su oferta. Para esto, resulta imprescindible un salto cualitativo en gestión anticipatoria de la información y el conocimiento. Para ello, también, deberán optar mucho más claramente por su propio reparto de papeles entre agentes (personas, familias, comunidad, poderes públicos, profesionales, organizaciones solidarias, agentes del conocimiento, proveedoras mercantiles y otros). Pero nada les asegura que el futuro que les espera no sea el de un conflictivo proceso de destrucción como el vivido en las últimas décadas por parte de la minería en nuestro país.

(La fotografía, de Laia Farré, corresponde a una reciente manifestación de personal de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona y está tomada de social.cat.)

El mecanismo mediante el cual, hoy y aquí, podemos llegar a disfrutar de algún tipo de servicio social es, básicamente, un mecanismo de racionamiento (a veces más de iure y a veces más de facto) sobre la base de la comprobación administrativa de determinados requisitos establecidos normativamente. Una comprobación, casi siempre, entre otras cosas, acerca de la disponibilidad de recursos económicos por parte de la persona que necesita (o aspira a) recibir el servicio (y, usualmente, de otras personas vinculadas a ella).

En la comunidad ciudadana, profesional y política interesada en los servicios sociales parece existir un consenso sobre la deseabilidad de un proceso de universalización efectiva de los servicios sociales, lo cual, fundamentalmente, quiere decir que tener más o menos dinero no afecte a la posibilidad de recibir servicios sociales públicos. De igual modo, la personalización de los servicios sociales (la atención centrada en la persona) es una idea fuerza comúnmente admitida, de manera que se propone que los servicios sociales deben ajustarse lo más posible a las necesidades, deseos, capacidades y situaciones de cada una de las personas que los reciben.

Pues, bien, no cabe duda de que las decisiones políticas en relación con la envergadura de la inversión pública en materia de servicios sociales vienen resultando determinantes para la práctica inexistencia de avances (cuando no para claros retrocesos) en los procesos de personalización y universalización de nuestros servicios sociales. Sin embargo, posiblemente, la falta de consenso en la comunidad de práctica y conocimiento acerca del modelo deseable de servicios sociales constituye otro de los grandes obstáculos para dichos avances.

Y cuando hablamos de modelo, posiblemente, la disyuntiva fundamental que se dibuja en un horizonte (deseable aunque difícil) de superación del actual marasmo en el que nos encontramos es la que se puede plantear entre un sistema público de servicios sociales que pivote sobre la acción proactiva y prescripción facultativa de profesionales con autoridad presentes en el territorio y uno que bascule más bien sobre la libre elección de las personas para configurar el paquete de cuidados, apoyos e intervenciones de las que son objeto.

Nos gusta pensar que es posible conjugar prescripción y autodeterminación pero, posiblemente, como en el chiste de “a setas o a Rolex”, las apuestas presupuestarias, organizativas, técnicas y, en definitiva, estratégicas que conlleva cada uno de esos dos modelos obligan a un debate profundo basado en la experimentación política para poder optar por un camino o por otro. Hay buenos argumentos para cada una de las dos opciones pero, si somos capaces de avanzar, más pronto que tarde, seguramente, vamos a tener que decidirnos, en buena medida, por una de las dos lógicas vertebradoras del sistema público de servicios sociales.

Puede decirse que nuestro Servicio de Ayuda a Domicilio es conceptualmente subsidiario de la atención residencial, en la medida en que su objetivo es “favorecer la permanencia en el domicilio”. Es decir, nos dice que sirve para evitar o retrasar la institucionalización, pero, en realidad, no nos dice los resultados que espera desencadenar en las personas o el valor que les aporta. Es decir, el SAD, en términos generales, no ha sido conceptualizado como servicio social, como forma de intervención social.

Esta situación de partida se ha visto agravada por una confluencia de los siguientes procesos:

• Encarecimiento del SAD público sin apenas diversificación ni diferenciación frente a un servicio doméstico notablemente precarizado.
• Racionamiento y reorientación del SAD a personas con cada vez mayor limitación funcional y desprotección relacional, de estratos económicos más bajos.
• Burocratización y taylorización del SAD, con reducción de las presencias y su flexibilidad.

Todo ello en el contexto de un Sistema Vasco de Servicios Sociales ralentizado y desorientado, en el que faltan muchos de los apoyos que se requieren para los itinerarios de las personas: porque hay servicios necesarios no identificados, porque hay servicios de la cartera no creados, porque hay importantes listas de espera en los servicios y porque la integración intersectorial con sanidad y vivienda está prácticamente inédita.

Esto nos lleva a un SAD crecientemente ineficaz, ineficiente e insatisfactorio para las trabajadoras y directivas: SAD-commodity (gama baja), SAD de guerra o guerrilla, SAD reactivo-paliativo. Ciertamente un SAD esforzado y meritorio (especialmente en la pandemia) y apreciado por sus usuarias y usuarios. Pero, en todo caso, un SAD minoritario (inescalable), un SAD café para todos (rígido), un SAD videoclub (crecientemente obsoleto).

De hecho, las tendencias que se atisban como necesarias parecen cuestionar la radical distinción actual entre domicilios particulares y servicios residenciales y apuntarían a una gama mucho más compleja en la que se requeriría una mucho mayor diversificación de soluciones habitacionales, con una mucho mayor permeabilidad entre los espacios privados y los espacios comunitarios. Por otra parte, se observa una tendencia a tecnologías de apoyo con menor necesidad de base domiciliaria y más móviles, siendo evidente que, a corto plazo, los robots podrían reemplazar en una buena parte aquello que ahora hacen nuestras auxiliares domiciliarias.

Esta visión del SAD es, sin duda, impresionista y generalizada y no hace justicia a algunas realidades excepcionales. Pretende, no obstante, llamar la atención sobre algunas situaciones y tendencias que hacen conveniente una reacción, evaluación, reflexión e intervención de los poderes públicos. Del mismo modo que el videoclub formaba parte de un ecosistema que se ha visto transformado de manera importante, las tensiones que afectan a nuestro SAD parecen reclamar y anunciar cambios de notable envergadura, ante los que no podemos mirar para otro lado.

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