Políticas sociales al borde del colapso: el diseño (también) importa

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La encrucijada estratégica de nuestras políticas sociales viene determinada en buena medida por el creciente y cada vez más insostenible desajuste o desacoplamiento sistémico entre ellas y la sociedad que han contribuido a forjar.

En nuestro entorno, la historia en las últimas décadas de políticas sociales de servicios universales (como la sanitaria o la educativa) o de prestaciones económicas (altamente) contributivas (como la de pensiones) es una historia de éxito y es una historia sin la que no se pueden explicar cambios sociales tan relevantes como los que tienen que ver con la longevidad, la incorporación de muchas mujeres al mercado de trabajo, el avance del enfoque de derechos o la digitalización y facilitación de numerosas actividades. Cambios, que, sin embargo, representan un desafío de enorme complejidad para esas mismas políticas sociales, desafío al que, seguramente, no se puede responder, sólo o fundamentalmente, con más de las mismas políticas sociales.

En esa encrucijada estratégica, cabe proponer una visión que apueste por:

  • Intentar construir los servicios sociales como otra gran rama de servicios públicos (de cuidados, apoyos, tecnologías e intervenciones) universales, con la interacción (autonomía funcional e integración relacional, cotidianas) como bien a promover y proteger.
  • Desgajar de los servicios sociales el fragmento residual de garantía de ingresos para la subsistencia material que siguen conteniendo y trabajar para integrar éste en un pilar universal (muy digitalizado) de seguridad económica (junto con las pensiones contributivas, las deducciones fiscales y otros componentes).
  • Estructurar las políticas referidas a colectivos poblacionales (por señas de identidad de género, generacional, funcional o cultural) o a la relación entre colectivos poblacionales (intergeneracional, intercultural u otras) como políticas transversales que, en la proximidad territorial, se integren como acción comunitaria, entendida como instrumento para la convivencia en diversidad, la coproducción solidaria y la gobernanza participativa.
  • Generar más y mejores sinergias entre el sistema de políticas profesionalizadas e institucionalizadas y el mundo de la vida de los cuidados y relaciones de ayuda mutua y voluntaria entre personas en la vida diaria y cotidiana en los vecindarios y el espacio público, de modo que el ejercicio de la autoridad pública y la intervención técnica no socave sino que fortalezca los apoyos que las personas nos proporcionamos en claves de gratuidad y reciprocidad y en las economías del procomún colaborativo.
  • Ensamblar las políticas sectoriales y transversales en un modelo integrado, ligero, flexible y homogéneo (similar en los diferentes niveles) de gobernanza multinivel intersectorial e interseccional de las políticas sociales, de modo que las instituciones públicas y el conjunto de agentes puedan ofrecer respuestas más ágiles y pertinentes.

Esta visión y apuesta de diseño y desarrollo de políticas sociales basados en el conocimiento y la innovación se realizan desde la observación (más evidente en la pandemia) de situaciones y riesgos de saturación y colapso de diferentes subsistemas de la vida social, que desaconsejan (en lo técnico, en lo económico y en lo político) meras estrategias de crecimiento inercial y acumulativo y parecen inspirar otras de emprendimiento, experimentación, deliberación, evaluación y transparencia que posibiliten mejores procesos de escalamiento y desescalamiento de las políticas sociales.

(Reflexiones compartidas en 2020 en trabajos de asesoramiento y consultoría con el Ayuntamiento de Getxo, el Gobierno de Cantabria, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno de La Rioja, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Madrid, la Diputación de Barcelona y el Gobierno Vasco/Consejo Económico y Social Vasco.)

Soledad, políticas públicas y servicios sociales

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En nuestras sociedades complejas cobra mucha fuerza la dinámica de diferenciación funcional y especialización de estructuras organizativas, traccionada y vertebrada por el conocimiento científico, técnico y tecnológico. Las grandes necesidades (o áreas de necesidad) humanas son la referencia de los grandes bienes que protegen y promueven las políticas sectoriales y sus sistemas públicos (correspondientes a ramas de actividad). Así, por ejemplo, la salud, la movilidad, el alojamiento, la seguridad, el alimento, el territorio, la participación o el conocimiento.

¿Cuál sería la necesidad satisfecha o el bien protegible opuesto a ese sentimiento insatisfactorio de soledad en una situación de aislamiento social y en un contexto de desvinculación relacional? Cabe proponer que pudiera ser la interacción, definida como la interdependencia (más intensa o más ligera, más directa o más indirecta) entre personas que mantienen entre sí relaciones primarias (o semejantes), entendidas como vinculaciones interpersonales gratuitas de afecto y reciprocidad en las que se da un cierto compromiso de cuidado de la otra persona en equidad, de responsabilidad compartida por la sostenibilidad de su vida.

Este bien de la interacción debe ser visto como un fin en sí mismo, como un universal antropológico en el terreno de los valores. Un bien no menos ni más valioso, en principio, que los otros bienes que hemos citado, como la salud o la seguridad (el hecho de que unos bienes sean también medio para otros no les resta valor como fines). Un bien, por otra parte, tan disfrutable individualmente como esencialmente colectivo, comunitario, social, desde el momento que sólo podemos desarrollarnos como seres humanos mediante relaciones con otros seres humanos.

Los servicios sociales, y particularmente los sistemas públicos de servicios sociales, podrían ir encargándose de la prevención y abordaje del malestar de la soledad, del aislamiento social, de la exclusión relacional y de la protección y promoción de la interacción de todas las personas (universal). Sí, pero, seguramente, para ello, debieran ir dejando en manos de otros subsistemas y agentes la parte residual que todavía retienen del encargo de la subsistencia material o la garantía de ingresos. Y debieran integrarse horizontalmente (no subsidiariamente) con los sistemas y políticas de salud y de vivienda y urbanismo. Y debieran, en todo caso, desarrollar y perfeccionar actuaciones eficaces para cumplir tal encargo.

(Notas a partir de un artículo, de próxima publicación, elaborado para el Ayuntamiento de Barcelona, dentro del trabajo de su Consejo Asesor Científico contra la Soledad, al que corresponde la ilustración.)

Hacer “lo que haga falta” contra la pobreza: garantía de ingresos en tiempos de pandemia

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Las políticas públicas de garantía de ingresos tienen como finalidad reemplazar, hasta cierto punto, las rentas que, por diferentes razones, dejan de recibir determinadas personas. Eso es lo que logran instrumentos como las pensiones de jubilación o viudedad, las deducciones y exenciones fiscales, las prestaciones y subsidios de desempleo o las rentas garantizadas y mínimas, entre otros. Los poderes públicos, en nuestro país, han decidido proveer en especie, por ejemplo, los servicios sanitarios; sin embargo, para que las personas (en determinadas circunstancias) podamos alimentarnos, vestirnos o recibir suministros en el hogar, por poner tres ejemplos, nos entregan dinero para que compremos dichos bienes en los mercados.

Estas políticas de garantía de ingresos pueden ser consideradas como políticas contra la pobreza o, en general, sociales, pero no cabe duda de que tienen también una importante dimensión económica, entre otras razones porque esos ingresos que recibimos de las administraciones públicas acostumbramos a utilizarlos para comprar productos y servicios que necesitan y generan actividad económica, empleo y riqueza. Para comprender la importancia económica de las políticas públicas de garantía de ingresos, baste recordar que en España es superior el número de personas que perciben un sueldo o transferencia pública que el de las asalariadas en el sector privado.

En la pandemia que estamos viviendo, las autoridades económicas, por ejemplo, de la Unión Europea están tomando importantes decisiones para mantener e impulsar la actividad económica. En este momento goza de un consenso generalizado la idea de que, al ser imprescindible parar temporalmente parte de dicha actividad (y, consiguientemente, de los flujos habituales de dinero entre algunos agentes económicos), los poderes públicos deben realizar esfuerzos extraordinarios para sostener, complementar y estimular en lo posible esas actividades y flujos.

En ese contexto, tiene particular interés la manera en la que ciertas modificaciones de condiciones y reglas de juego están permitiendo endeudarse más a los Estados. Es decir, los poderes públicos se permiten a sí mismos, en mucha mayor medida, (crear y) entregar (dar o prestar) un dinero que representa un valor que (supuestamente) se creará en el futuro (o no). Ciertamente son diferentes las sensaciones que teníamos cuando las cifras de la prima de riesgo abrían todos los noticiarios y ahora que acabamos de colocar deuda pública a tipos negativos. Ciertas condiciones y reglas han cambiado para que haya una enorme diferencia entre lo que le costaba a España endeudarse entonces y lo que le cuesta ahora.

Pues bien, es moralmente imperativo que esa lógica de flexibilidad y fluidez que se está aplicando para los grandes movimientos económicos y financieros (en los que están inmersos los Estados y las grandes empresas, demasiado grandes para caer) se traslade a las políticas de garantía de ingresos que afectan a las economías domésticas y lo es especialmente cuando las personas afectadas están en situación de mayor vulnerabilidad. Por otra parte, en la medida en que la pandemia y las decisiones adoptadas para hacerle frente están ampliando y diversificando las situaciones de afectación de los ingresos, se incrementa el interés económico (no sólo social) que tiene ese aumento de la incondicionalidad y rapidez en el acceso a ese dinero para la subsistencia material de las personas.

Hoy y aquí, existen condiciones económicas, organizativas, técnicas y tecnológicas para una integración e interoperabilidad de las políticas fiscales, tributarias, monetarias y financieras y las de seguridad social y garantía de ingresos para lograr que todas las personas que, por una u otra razón, vean afectada temporal o permanentemente su disposición de rentas para la subsistencia, reciban con prontitud, adecuación, justicia y trazabilidad ese dinero público para subsistir y ese estímulo para mantener su actividad vital. Si, hoy y aquí, muchas personas en angustiosas situaciones que amenazan su supervivencia siguen atrapadas (junto a muchas trabajadoras públicas o del tercer sector) en costosos trámites burocráticos y humillantes vivencias cotidianas para conseguir esa subsistencia material, es que algo estamos haciendo muy mal.

Y, seguramente, el conocimiento necesario para hacerlo mejor está más en las haciendas y en los bancos que en los servicios sociales o en las oficinas de empleo. Hagamos, por tanto, cuanto antes, lo que haga falta.

(En la ilustración, Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, y la frase en la que expresó que haría lo que hiciera falta para frenar y revertir el crecimiento de las primas de riesgo que puso contra las cuerdas a algunos países europeos y a la propia Unión.)

Revisar y reforzar el contrato social intergeneracional, hoy más necesario que ayer

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La idea de contrato social es una metáfora que intenta reflejar acuerdos entre segmentos sociales con intereses diversos que construyen equilibrios que hacen posible la convivencia, el funcionamiento y el progreso en la sociedad. Si bien ha sido frecuente referirse a los arreglos entre las personas trabajadoras por cuenta ajena y las propietarias de los medios de producción, nuestras sociedades se caracterizan por una fragmentación y polarización que genera, también, otras líneas divisorias entre otros relevantes grupos de interés.

El aumento de la esperanza de vida incrementa la diversidad generacional, es decir, el número de generaciones que conviven en un determinado momento histórico y, tendencialmente, las diferencias y desigualdades entre esas distintas generaciones. Por otra parte, el envejecimiento poblacional supone que el colectivo de las personas mayores represente un porcentaje mayor de la población, es decir, otorga a quienes estamos envejeciendo un peso relativo superior en la sociedad y, específicamente, en sociedades democráticas, en los electorados.

Si bien el contrato social de la sociedad industrial se centraba en las condiciones del empleo y en su remuneración, diferentes cambios y desarrollos sociales han conducido a una situación de diversificación de los ámbitos y los contenidos a considerar en los contratos sociales entre los diversos segmentos sociales. En ese contexto, más y más asuntos se van incluyendo en la agenda de las políticas públicas y constituyendo contenidos importantes de los contratos sociales. Seguramente, en nuestro entorno, en este momento, uno de los retos principales de las políticas públicas es, precisamente, el de contribuir a sostener, reinventar y complementar la norma social de reciprocidad diferida en el cuidado familiar, según la cual descendientes se implican en el cuidado de quienes les cuidaron.

Si bien la actual pandemia está afectando más a las generaciones mayores, por la mayor vulnerabilidad de su salud, las medidas para hacerle frente, posiblemente, están impactando y van a impactar más negativamente en las generaciones jóvenes, en parte, al menos, por el sesgo generacional que tienen algunas de nuestras políticas públicas (como la de garantía de ingresos, la sanitaria o la de vivienda, por ejemplo), que, hoy y aquí, tienden a beneficiar más a las personas mayores.

Se acentúa, por tanto, la necesidad de una conversación pública sobre el pacto intergeneracional.

 

(La fotografía, de octubre de 2019, se inscribe dentro del trabajo de Aubixa por el pacto intergeneracional.)

Inclusión social, participación ciudadana y gobierno abierto

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Las intervenciones y políticas públicas para la inclusión social son necesariamente complejas e integran, entre otros, aspectos laborales, residenciales, económicos, urbanísticos o sanitarios. Dentro de la atención integrada intersectorial para la inclusión social, los sistemas públicos de servicios sociales y, en su seno, las organizaciones solidarias del tercer sector de acción social tienen un importante papel en el acompañamiento social y la intervención comunitaria favorecedoras de la integración relacional de todas las personas, es decir, del cuidado de las relaciones significativas de apoyo social, que todas las personas necesitamos y proporcionamos.

Estas entidades y sus redes llevan años en nuestro país reflexionando y actuando para que los procesos de inclusión social de más y más personas alcancen también a su participación en las decisiones políticas que les afectan, es decir, para impulsar y sostener estructuras y procesos más inclusivos de participación comunitaria y ciudadana.

Este intento no resulta fácil, pues las dinámicas institucionales políticas no resultan, en general, accesibles, acogedoras o amigables, no ya para personas en situación de exclusión social, sino para segmentos mucho más amplios de la población. Por otra parte, en muchos casos, el propio tercer sector de acción social, que hunde sus raíces en prácticas relacionales, comunitarias, participativas y ciudadanas, ha perdido en cierta medida dichas lógicas para adoptar otras más burocráticas o empresariales.

En las instituciones públicas y comunidades de conocimiento correspondientes, los dispositivos y discursos de la participación se enmarcan ahora dentro del paradigma del gobierno abierto, ligadas a propuestas de transparencia informativa, innovación pública o trabajo colaborativo. Junto a los tradicionales consejos, foros, diálogos, mesas, procesos, consultas, planes o presupuestos participativos, encontramos, cada vez más, los laboratorios ciudadanos y otras iniciativas de innovación social (con mayor o menor base tecnológica).

Algunas posibles pistas para nuestro trabajo en este terreno podrían ser las siguientes:

  • Combinar y conectar iniciativas que van de arriba hacia abajo con otras que emergen de abajo hacia arriba.
  • Trabajar a escalas territoriales menores y mayores y en referencia a conjuntos mayores y menores de políticas públicas.
  • Garantizar que la perspectiva de género y la gestión de la diversidad estén muy presentes, dada la fuerte tradición machista y discriminatoria de las esferas políticas.
  • Buscar conjugar la adecuada conjunción entre el conocimiento científico y experto y el conocimiento experiencial y ciudadano, bajo control y dirección democráticas, construyendo inteligencia colectiva en procesos de aprendizaje significativo.

(Notas para una sesión hoy con Emaús Galicia.)

¿De verdad es tan “natural” vivir en una residencia?

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Continúa la pandemia y, mes tras mes, siguen corriendo ríos de tinta y horas de radio y televisión sobre las residencias, especialmente sobre aquellas en las que están ingresadas personas de avanzada edad. Análisis, denuncias, recomendaciones o reivindicaciones se suceden por doquier.

Y muchas propuestas para mejorar las residencias. Y muy pocas sobre alternativas a las residencias. ¿Por qué?

Quizá sucede que las personas que escribimos y hablamos sobre el tema, sea en informes técnicos, artículos diversos o declaraciones a los medios, todas ellas, seguramente, habitamos en viviendas con personas con las que hemos elegido vivir. Compramos comida o comemos en diferentes lugares y tenemos diversas organizaciones proveedoras de actividades de ocio u otras.

Es decir, no vivimos en establecimientos colectivos junto a otras personas usuarias del mismo servicio. La organización que dio o da respuesta a nuestra necesidad de alojamiento no es la misma que la que nos proporciona alimento, diversión o cuidados.

Sin embargo, cuando hablamos y escribimos, da la impresión de que consideramos la cosa más natural del mundo que determinadas personas (otras personas), en función de ciertas características (como la edad, la autonomía u otras), sean usuarias de un lote de alojamiento, cuidados, alimentación, ocio y otras prestaciones, todas en las mismas instalaciones y por parte de la misma proveedora.

¿Hemos dedicado cinco minutos a imaginar nuestra vida en esas condiciones? ¿Nos hemos preguntado en qué circunstancias, por cuánto tiempo y bajo qué supuestos aceptaríamos ser ingresadas en un centro que se hiciera cargo de dar satisfacción a todas esas necesidades? ¿Tenemos presente el porcentaje de personas usuarias de residencias que han elegido serlo?

En la medida en que hablamos y escribimos acerca de cómo mejorar las residencias, seguramente, naturalizamos dichos dispositivos, los legitimamos como una solución normal, aceptable, deseable y sostenible. Incluso como la alternativa “natural” para algunos perfiles de personas. ¿Y las otras alternativas?

Quizá, cuando pensamos en cómo mejorar las residencias, dejamos de pensar en lo excepcional que tendría que ser la situación para que estuviera indicado y aceptásemos que el mismo proveedor, en las mismas infraestructuras, nos proporcionase cuidados, alojamiento, alimentación, recreación y más cosas, como parte de un grupo menor o mayor de personas usuarias.

Y mientras seguimos naturalizando las residencias (para otras personas, no para nosotras) acaso dejamos de pensar en políticas de vivienda y urbanismo, en tecnologías, en políticas de servicios sociales, en formas de vida comunitaria, en políticas de garantía de ingresos y en otras políticas y actuaciones y en sus márgenes de mejora para facilitar que las personas (más personas) vivamos (nos cuidemos o seamos cuidadas, nos alojemos, nos alimentemos y nos divirtamos) como queramos, donde queramos y con quien queramos.

Es decir, para ampliar nuestra libertad efectiva de elección (la de todas) para cada una de esas cuestiones en las diferentes situaciones y momentos de nuestra vida.

(La ilustración es de la Asociación Canadiense para la Vida Comunitaria, ahora Inclusion Canada.)

Soledad no deseada y exclusión social

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Las conceptualizaciones de consenso en la comunidad de conocimiento y la evidencia empírica disponible nos hacen ver la exclusión social como un proceso que, si bien es protagonizado por cada persona con sus decisiones en su biografía individual, tiene una innegable y determinante dimensión estructural. El proceso vital mediante el que podemos llegar a una situación de exclusión social está jalonado de obstáculos económicos, relacionales, laborales, residenciales, administrativos o de otra índole que nos hemos ido encontrando (que estaban y nos han ido poniendo) en el camino.

Ese proceso puede ser activado o catalizado por una afectación de la salud, por una situación de desempleo, por la vivienda en la que habitamos o por otros factores. La fragilidad relacional y el aislamiento social (entendidas como situaciones de menor o mayor limitación de las relaciones o vínculos afectivos con personas próximas comprometidas en alguna medida en el cuidado de nuestra vida en claves de gratuidad y reciprocidad) son, sin duda, ingredientes clave en las dinámicas de exclusión e inclusión social.

Sin embargo, a pesar de que las ciencias sociales nos hablan de este carácter estructural y complejo de la exclusión social, nuestras políticas públicas se empeñan en encapsularla en una parte residual de unos servicios sociales ya de por sí residuales. Es como si intentáramos pelear contra el coronavirus sólo o fundamentalmente desde las unidades de cuidados intensivos (unidades de cuidados intensivos, en este caso, fundamentalmente en manos del tercer sector). Posiblemente actuamos así porque muchas personas que somos conscientes de la facilidad con la que nos podemos contagiar de la covid, creemos (con mayor o menor base) que es difícil que lleguemos a una situación de exclusión social.

La pandemia, en todo caso, ha dejado todavía mas clara la imposibilidad de prevenir y combatir las actuales formas y dinámicas de exclusión social desde los clásicos servicios sociales concebidos como última red general o integral. Es más, estos dispositivos se revelan como crecientemente ineficientes e incluso yatrogénicos, al contribuir frecuentemente a la estigmatización y segregación de las personas que los utilizan. En tiempos de pandemias y colapsos, cada política pública ha de demostrar, con mayor exigencia, si es parte del problema o parte de la solución.

En este contexto, la actual eclosión de planes y estrategias en relación con la soledad no deseada corre el riesgo de incrementar la confusión y el postureo en el campo de las políticas públicas. Sin embargo, al conectar con una necesidad sentida por muy diferentes segmentos de la población, podría constituir una oportunidad para impulsar y legitimar una acción más universal, relacional, comunitaria y preventiva de los servicios sociales y una mejor integración intersectorial de las políticas públicas. Posiblemente ese sea el reto.

(Contenido de una exposición realizada por invitación de Cáritas Gipuzkoa, el Teléfono de la Esperanza, Emaús, la Universidad del País Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa.)