La naturalización de la intervención social realmente existente

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Posiblemente, la intervención social realmente existente en nuestros servicios sociales públicos o en nuestro tercer sector de acción social, fruto de una historia y circunstancias determinadas, es una intervención social de carácter notablemente residual con escaso grado de especialización. Residual, en la medida en que acepta hacerse cargo, por defecto, de necesidades de determinadas personas que, en puridad, correspondería asumir a otros subsistemas sociales (como la adquisición de algunas capacidades, el alojamiento, cierta solvencia financiera o la ocupación del tiempo libre, por ejemplo). Y, lógicamente, poco especializada, tanto en cuanto asume que, en esa labor subsidiaria o secundaria y, supuestamente, “integral“, no podrá realizar cada uno de sus componentes con el nivel de calidad técnica u organizativa propio del subsistema especializado encargado, en general, de cada uno de ellos.

Pues bien, en algunos debates recurrentes entre profesionales de la intervención social quizá, a veces, nos juega una mala pasada una cierta naturalización de esta situación: el considerarla normal, el pensar que siempre ha sido y será así. Así puede estar sucediendo, por ejemplo, en conversaciones sobre la mayor o menor dedicación de las y los profesionales de la intervención social a labores de tramitación administrativa o en discusiones sobre si corresponde a profesionales de la intervención social (o, en general, a los servicios sociales) tener de sus manos la posibilidad de proveer unas u otras prestaciones o servicios.

Y es que el porcentaje de carga administrativa incorporada en los procesos de trabajo del personal técnico o el contenido de la cartera de prestaciones y servicios del sistema u organización en el que trabaja dicho personal técnico son decisiones que no corresponden, en principio, a ese personal técnico. Diríamos que la persona de perfil técnico, cuando acepta incorporarse a un puesto de trabajo, recibe esos elementos como predeterminados: no se trata de aspectos de su modelo de atención o intervención sino de cuestiones definidas en el modelo organizativo o en el diseño de la política que rige el funcionamiento del sistema al que la persona profesional técnica se ha vinculado.

Cabe entender que, cuando profesionales, por ejemplo, del trabajo social, de la educación social o de la psicología de la intervención social se incorporan a sus empleos, es porque han considerado que hay condiciones organizativas (por ejemplo, en términos de apoyo administrativo suficiente) y de diseño de la oferta del sistema a la población (por ejemplo, en términos de coherencia entre partes o posicionamiento ante la ciudadanía) para un ejercicio cabal de su profesión. Si el diseño de la política o de la organización deforma la práctica profesional hasta hacerla irreconocible o imposible, no estamos ante un problema de modelo de atención, de contenido técnico propio de la intervención o de cualificación profesional.

Si, políticamente, se encarga a los servicios sociales el racionamiento de un conjunto de prestaciones fragmentadas e inconexas y, organizativamente, las actividades de entrega, recepción y registro de información son consideradas como parte nuclear de la aportación de valor del personal técnico, la intervención social está, seguramente, herida de muerte antes de poder iniciarse. Si las y los profesionales de la intervención social consideramos natural e inmutable este estado de cosas, difícilmente vamos a identificar y mover las palancas adecuadas para cambiarlo. Quizá debamos reconocer que el problema está mucho más en los diseños de las estructuras políticas y organizativas que hemos aceptado como “terreno de juego” que en la manera en la que, con mayor o menor destreza, las y los profesionales específicos de la intervención social pretendemos realizar, cotidianamente, nuestra labor técnica.