Garantizar la subsistencia en tiempos de emergencias

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Si algo parece caracterizar este tiempo de emergencias que estamos viviendo es la rapidez y aparente imprevisibilidad con la que van cayendo las fichas de dominó, una detrás de otra. De momentos en los que la atención sanitaria está en el centro del huracán pasamos a otros en los que la información se concentra en los cuidados proporcionados por los servicios sociales o, de pronto, empezamos a preocuparnos más por la subsistencia material de la población, es decir, su alimentación, vestido, suministros del hogar u otros.

En estos momentos, posiblemente, vemos más clara la importancia de contar con un modelo universal, integrado, flexible y mixto de garantía de subsistencia. Universal, porque cualquier persona puede ver deteriorarse, de forma imprevisible e inasumible, sus condiciones de subsistencia material. Integrado, porque es fundamental que los diferentes sistemas o mecanismos se articulen y complementen de manera que cubran todas las contingencias, sin lagunas ni duplicidades. Flexible, para poder activar, modular y modificar las respuestas con rapidez en circunstancias tan cambiantes. Mixto, porque no cabe desdeñar la contribución de ninguno de los agentes de interés.

Un modelo de garantía de subsistencia llama, en primer lugar, a la responsabilidad fundamental de las proveedoras (con independencia de su titularidad), mayor cuanto más poderosas son. Las grandes empresas o redes que manejan las cadenas alimentarias, la industria textil, el sector energético u otros similares tienen una responsabilidad con las personas destinatarias finales de sus productos y servicios, mayor en la medida en la que el acceso a ellos está determinado por aspectos estructurales que no están al alcance dela mayoría de los individuos. No estamos hablando, necesariamente, de la nacionalización de estas empresas ni de la gratuidad de aquello que nos proporcionan sino de que las proveedoras han de presentar y ejecutar, bajo regulación y control públicos, una propuesta creíble, eficaz, eficiente y sostenible que demuestre que, por encima de la rentabilidad económica para sus accionistas, ponen el acceso de toda la población a determinados bienes y servicios de primera necesidad, cuidando, especialmente, los primeros y últimos eslabones de las cadenas, como es el caso, por ejemplo, de las productoras y comercios de proximidad.

Los poderes y administraciones públicas son, sin duda, fundamentales en la garantía de subsistencia. En nuestro país el buque insignia al respecto lo constituye la Seguridad Social, especialmente con sus pensiones contributivas. Por ello, la propuesta de un Ingreso Mínimo Vital, como una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social, de cierre (complementado con las rentas mínimas o garantizadas autonómicas), tiene mucho interés, en una línea de universalización e integración de la política de garantía de ingresos, en perspectiva europea. Los cambios sociales y tecnológicos (especialmente con la progresiva desaparición del dinero en metálico) apuntarían en la línea de una creciente interoperabilidad, básicamente, entre la Seguridad Social (incluyendo Empleo), las Haciendas y el sistema bancario y monetario. Ello nos llevaría a un escenario de simplificación de la asignación y el control de los recursos económicos (fundamentalmente en función de su carencia relativa), superando la actual situación en la que crecen la fragmentación, los costes de transacción y los riesgos morales (fundamentalmente de insuficiencia, inadecuación, inequidad, estigmatización y discriminación). Especialmente en la parte de la garantía de subsistencia que corresponde al sistema público de servicios sociales, que debería ir siendo relevado de esa función (para dedicarse sólo al cuidado, apoyo e intervención social).

Por último, las redes familiares y comunitarias, las unidades de convivencia y los vecindarios, las iniciativas solidarias y colaborativas tienen también un papel importante ante este impresionante desafío. Su capital de reciprocidad, capilaridad, confianza, compromiso y proximidad ha de ser potenciado por todas las instancias, en clave de innovación social. No tanto para hacer lo mismo que los otros agentes como para generar dinámicas en las que las personas que tienen alguna necesidad de subsistencia sin cubrir y otras personas cercanas pueden empoderarse e implicarse conjuntamente: en la respuesta, comunitaria y local, solidaria y colaborativa (con bancos de tiempo, monedas sociales, mercados de trueque u otras iniciativas), a dichas necesidades y en la denuncia reivindicativa de las estructuras y actuaciones injustas que impiden su satisfacción adecuada y sostenible.

Soledad, comunidad y servicios sociales tras la pandemia

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La pandemia global que estamos viviendo y las decisiones políticas que se están tomando para hacerle frente representan una especie de gran experimento natural, una suerte de prueba de estrés para todos los mecanismos y dispositivos de nuestras sociedades. El confinamiento domiciliario, además de poner a prueba la calidad, adecuación y versatilidad de nuestras viviendas, representa, sin duda, una exigencia para la esfera de nuestras relaciones familiares y convivenciales en los domicilios y vecindarios. Espacios, conexiones, comunidades y territorios de la vida diaria o cotidiana, que, en el imaginario todavía vigente de la sociedad industrial, abandonábamos durante toda la jornada para ir a los lugares en los que encontrábamos los medios de producción, se convierten ahora, para muchas personas, en escenarios y soportes cotidianos, revelando fortalezas y debilidades, así como amenazas y oportunidades que identificamos en ellos. Este contexto, quizá, arroja una nueva luz sobre un asunto que venía ganando cierta mayor presencia en la agenda de preocupaciones sociales y de intervenciones políticas en los años anteriores: la soledad.

Todavía es pronto para saber los estragos que las situaciones objetivas o subjetivas de soledad estarán causando en muchas personas en esta pandemia. Tampoco podemos saber en qué medida y en qué casos dichas situaciones se estarán acentuando y agravando o, por el contrario, la alarma estará contribuyendo a activar mecanismos primarios o secundarios que estén contribuyendo a contener, prevenir o revertir situaciones de soledad. En todo caso, lo que sí parece claro es que no contamos con un sistema público especializado que esté observando y abordando sistemáticamente las situaciones de soledad. ¿Podrían ser los servicios sociales dicho sistema?

Muy posiblemente, en estos momentos, se va a abrir ante los servicios sociales en nuestro entorno una disyuntiva en la que, posiblemente, se juegan el ser o no ser. En un contexto de importante daño reputacional (fundamentalmente por el porcentaje de personas que están muriendo en los servicios sociales residenciales), van a ser sometidos, posiblemente, a una doble amenaza: la de arrebatarles determinados servicios personales bajo el supuesto de que otros sistemas los prestarán mejor y la de recibir el aluvión de demanda (básicamente de dinero o medios similares) para necesidades de subsistencia no cubiertas por los grandes sistemas que tienen dicho cometido (como Seguridad Social, Empleo o Haciendas).

En ese contexto, no cabe descartar sin más la opción de, sin dejar de luchar esforzadamente (como estamos haciendo) por la sostenibilidad de la vida (en lo que nos corresponda, por la razón que sea) en esos ámbitos fronterizos con la Sanidad (por ejemplo, en la atención residencial a personas en situación de dependencia funcional) o la Seguridad Social (por ejemplo, en la subsistencia material de personas en situación de exclusión social), apostar fuertemente por nuestra histórica y ahora revalorizada función de proveer y promover cuidados, acompañamiento, relaciones y participación en la vida cotidiana de esos domicilios, vecindarios, comunidades y territorios que, en esta pandemia, están representando el principal bastión desde el que se está combatiendo al virus.

(Párrafos extractados de la entrada del mismo título publicada originalmente en catalán en el blog Llei d’Engel, aquí, y cuya versión completa en castellano puede descargarse aquí.)

Responding to COVID-19 in Spain: returning from care homes to live with families as an alternative? (2020/03/26)

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The COVID-19 emergency is characterized by its novel and vertiginous nature. It is an unprecedented situation in which everything is changing incredibly fast. By the time we identify solutions it seems to be too late to implement them.

In Spain, for example, the decree approved by the central government on the 14th of March that declared the state of emergency contained a list of services that must remain open. It included hairdressing salons but, surprisingly, there was no reference at all to social services.

However, six days later, the nursing homes were in the front pages of all the newspapers due to the large numbers of people who became infected and died, prompting the Government to declare social services as “essential services”. Residential and nursing homes rapidly became the focus of attention, with a number of intervention strategies. For example, in the press on March 24 it is reported that the army entered more than 300 care homes in order to disinfect them.

Residential and nursing homes are just one of many long-term care options, and they should really be considered together with domiciliary, ambulatory and day care, as well as telecare and other forms of community-based support. There are many reasons why some people move into residential forms of care, while others remain in their own homes. These may be to do with severity and complexity of needs, preferences and the household situation. However, once someone has moved into a residential home, this does not necessarily mean that they can never go back into their own home, at least temporarily, provided that there is adequate care and support available.

The current situation in Spain suggests that it is particularly difficult to manage a health emergency that requires isolation within a communal living setting, specially when high proportion of people in the setting have high care needs.

In this context, one of the measures that could be considered and promoted is that people who are in residential homes and are in a position to do so, move temporarily back to their own homes, the homes of their relatives or of others who may have capacity to host them. Obviously this requires that there is availability of adequate home-based care and support, and a suitable environment, so that the care and support needs are met and unpaid carers are not over-burdened. It also requires trying to ensure that neither the persons leaving the residential setting nor those who host them are infected.

This measure could potentially reduce some of pressure on residential care homes, by making it easier for them to have more space to protect from infection those who remain, and less pressure on staff. Some families in Spain are doing this now, and it is likely that there are many families who wish that they had had the chance to do it too.

Suggested citation: Fantova F (2020) Report: Responding to COVID-19 in Spain: Returning from care homes to live with families as an alternative? Article in LTCcovid.org, International Long-Term Care Policy Network, CPEC-LSE. Available at https://ltccovid.org/2020/03/26/responding-to-covid-19-in-spain-returning-from-care-homes-to-live-with-families-as-an-alternative/

Por una alianza estratégica entre los sectores de la vivienda y los servicios sociales para una industria comunitaria de los cuidados

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Parece evidente que cualquier agente o conjunto de agentes que desee tener un sitio en el escenario que se abre a partir de la emergencia general que estamos viviendo tendrá que plantearse, comunicar y concertar cuál puede ser su contribución específica, eficiente y sinérgica en los procesos de reconstrucción o reestructuración económica, social y, en general, institucional que se van a desencadenar a diferentes escalas. Y, posiblemente, los puntos de apoyo o referencia para dichas estrategias de posicionamiento y aportación en la reconstrucción no sean otros que aquellos que los que hayan sido percibidos como críticos, por su fortaleza o por su debilidad, en la inédita experiencia colectiva en la que estamos inmersas.

Seguramente, la experiencia del confinamiento está haciendo que nos hagamos más conscientes de dos elementos importantes para la sostenibilidad de nuestra vida (y de nuestra salud): la adecuación de nuestra vivienda habitual y las relaciones primarias que mantenemos en nuestras unidades de convivencia y vecindarios. Dos elementos, además, cuya relación entre sí nos resulta más evidente en estos momentos: baste citar, como botón de muestra, el partido funcional y relacional que muchas personas le están sacando a sus balcones en las actuales circunstancias.

Las políticas públicas de vivienda y de servicios sociales son hermanas pequeñas de otras políticas públicas mucho más desarrolladas en nuestro entorno, como las de pensiones, seguridad-defensa, sanidad, infraestructuras-transporte o educación. Quizás, por ello, en estos momentos, puedan encontrarse y ayudarse en una agenda compartida de transformación y fortalecimiento de la trama habitacional y relacional de nuestras comunidades y territorios, ahora que, quizá, hemos descubierto que necesitamos mucha mayor diversidad y flexibilidad en la gama de opciones que tenemos para cuidarnos, apoyarnos, acompañarnos, convivir, organizarnos y protegernos en esa vida diaria de nuestros domicilios y barrios, de los que no queremos (u, otras veces, no podemos) salir.

Esta alianza estratégica de las políticas y los sectores de la vivienda y los servicios sociales no es nada fácil. Son dos ámbitos que están bastante de espaldas entre sí: el primero, seguramente, mirando demasiado hacia el mercado inmobiliario y el segundo, posiblemente, sepultado por los trámites burocráticos que genera la demanda inducida por la emergencia estructural. Sin embargo, ciertamente, hay buenas razones para proponer esta alianza estratégica que configure uno de los ejes vertebradores de proceso de reconstrucción, y, entre ellas, no es la menor la gran capacidad de generación de empleo de menor cualificación que tienen los sectores de la vivienda y de los servicios sociales y el fuerte componente tecnológico e industrial que, mediante un inteligente proceso de impulso público de la investigación, desarrollo e innovación, deberán contener los domicilios y barrios inteligentes y amigables con la autonomía de las personas y sus relaciones comunitarias.

(La imagen es del huerto urbano del barrio de San Francisco en Bilbao. A la derecha el edificio donde están los servicios sociales de atención primaria y, a la izquierda, viviendas públicas)

Bienes de primera necesidad a cargo de los servicios sociales y de otros ámbitos de actividad

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El ámbito sectorial de los servicios sociales podría diferenciarse de otros (como el del transporte, el de los servicios sanitarios o el de la alimentación) por la parcela o parte de las necesidades de las personas a la que busca dar respuesta. Las áreas de conocimiento o disciplinas de referencia sobre las necesidades de las personas que se abordan en dicho ámbito (o, en todo caso, mediante la actividad denominada intervención social) podrían ser el trabajo social, la educación (y pedagogía) social y la psicología de la intervención social, con contribuciones de otras.

Cabe definir necesidad como la dependencia de las personas respecto de determinado aporte procedente del entorno. Las necesidades son identificadas por la comunidad de conocimiento o la comunidad política (aparte de que sean sentidas y expresadas por las personas). Más que como carencias, pueden verse como potencialidades y, para ellas, hemos de identificar un recurso, producto, actividad o servicio disfrutable individualmente que permita su satisfacción. Una denominación general y un tanto abstracta (tomada del lenguaje jurídico) para identificar la respuesta a una necesidad sería la de bien. Así, diremos que a toda gran necesidad (a todo gran ámbito, área o conjunto de necesidades) le corresponde un gran bien.

¿Cuál es la parcela de las necesidades humanas de la que se ocuparían los servicios sociales? ¿Cuál es ese bien que deberían proteger y promover los servicios sociales? Proponemos llamarlo interacción, definida como la autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria en el seno de relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. En esta definición se presentan la capacidad funcional cotidiana y la inclusión relacional primaria como dos caras de la misma moneda, como dos dimensiones de ese bien que se propone llamar interacción (aunque este concepto de interacción no goce de consenso en la comunidad de conocimiento de los servicios sociales).

Diremos que una persona tiene satisfecha su necesidad de interacción o que disfruta del bien de la interacción en tanto en cuanto exista un ajuste sostenible en su funcionamiento cotidiano de interdependencia relacional, es decir, un acoplamiento entre su capacidad y proyección de desenvolvimiento autónomo en la vida diaria y los apoyos disponibles y previsibles en su convivencia familiar y comunitaria de carácter primario. Consideramos que se trata de un bien de primera necesidad, como lo son otros bienes que corresponden a otros importantes ámbitos sectoriales de la actividad económica y las políticas públicas: bienes como la salud, la alimentación, la cultura, las competencias (profesionales), el empleo, el alojamiento, el territorio (o espacio público), el (medio) ambiente o la participación (ciudadana).

Lógicamente, la intervención social tiene impacto (efecto indirecto) en otras necesidades o bienes. Del mismo modo que el funcionamiento de políticas o servicios policiales, urbanísticos, sanitarios u otros, que desencadenan sus propios resultados esperados, impactan en la interacción de las personas. Y, lógicamente, se han de prever itinerarios personales posibilitados por diferentes grados y modos de integración intersectorial entre unos u otros ámbitos. Dado que, si bien es racional y eficiente la especialización de las ramas o ámbitos por grandes necesidades o bienes, es fundamental, también, articular las conexiones y relaciones intersectoriales.

En estos momentos de emergencia global, posiblemente, se van a abrir profundos debates acerca de los modos de dar respuesta a las necesidades de las personas y del papel del Estado protector, del mercado monetizado o de la comunidad autoorganizada. Pero, seguramente, dichos debates se plantearán después (y a partir) de la identificación y priorización de las necesidades de las personas y de la selección (en un contexto de importantes restricciones) de las actividades y las profesiones que aporten más valor en la protección y promoción de los bienes que se consideren más relevantes y sinérgicos.

(Contenidos trabajados con la cooperativa de iniciativa solidaria Servicios Sociales Integrados, en procesos de construcción de marcos conceptuales.)

Entender “lo de las residencias”

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La Orden SND/322/2020, de 3 de abril, del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, considera a las “personas residentes en centros de servicios sociales de carácter residencial (centros residenciales de personas mayores, personas con discapacidad u otros centros de servicios sociales de análoga naturaleza)” como “uno de los colectivos más vulnerables y que más severamente está siendo castigado en esta crisis sanitaria”.

Diferentes aportaciones han señalado estos días factores relevantes para comprender cómo y por qué parece producirse en estos centros (o entre las atendidas por ellos) un significativamente mayor porcentaje de personas infectadas por el virus y de fallecidas con él (en comparación, se asume, con personas de perfil similar en salud no usuarias de residencias). Así, se habla, frecuentemente, de sus infraestructuras y recursos; de las proporciones (o ratios) entre asistentes y residentes; del modelo de atención y organización; de la disponibilidad de personal con la cualificación necesaria; de la regulación, dirección, control e inspección por parte de las autoridades; de la posibilidad de que las usuarias se trasladen temporalmente a un domicilio particular; del carácter público, privado o solidario de la titularidad de los servicios; o de las formas de coordinación o integración entre estos centros y otros servicios sociales o los del sistema de salud. Sin duda, todas estas cuestiones son relevantes y tenemos y tendremos que identificarlas, analizarlas y valorarlas con el mayor rigor posible.

En todo caso, si revisamos diferentes encuestas realizadas en nuestro entorno por décadas, reiteradamente, el porcentaje de personas que, por ejemplo, pensando en un horizonte de envejecimiento (y posible limitación funcional y de sus relaciones primarias), expresaba la preferencia por continuar su vida en el domicilio particular superaba, normalmente, el 80% y no sería extraño que, después de los acontecimientos de estas semanas, este porcentaje aumentara. Sea como fuere, en nuestro entorno, es, seguramente, muy reducido el número de personas que están en una residencia por preferencia y voluntad propias.

Sin embargo, las condiciones que podrían permitir el cumplimiento de ese deseo tan extendido de vivir, envejecer y, finalmente, morir “en casa” exigen y van a exigir cada vez más, posiblemente, modificaciones importantes en nuestros hábitos de vida, desarrollos tecnológicos, nuevos servicios sociales y de otros tipos, innovaciones urbanísticas y habitacionales, cambios en nuestras relaciones familiares y comunitarias y, en definitiva, una transformación importante de nuestro modelo de vida y modelo de sociedad. Parece que para entender “lo de las residencias” hay que entender algunas cosas más.

La emergencia que estamos viviendo, seguramente, pone de manifiesto la necesidad de optar, políticamente, estratégicamente. No parece posible una mayor inversión simultánea en todos los dispositivos o mecanismos existentes que sentimos tensionados en esta situación (como los sistemas públicos de salud, la investigación científica, la provisión de tecnología sanitaria y fármacos, los servicios sociales, las políticas de conciliación entre la vida familiar y laboral, el empleo de calidad, los mecanismos de gobernanza de la sociedad, las prestaciones de garantía de ingresos, las viviendas adecuadas, las tecnologías digitales, el voluntariado o las redes comunitarias), sin olvidar, lógicamente, otros que ahora tenemos al ralentí (la educación, la cultura, el comercio, la industria, el transporte y más). Normalmente, al parecer, solemos ver como más importante o estratégico el ámbito o el sector al que pertenecemos o que representamos.

No cabe duda de que se han de mejorar las residencias, los sistemas públicos de servicios sociales y los sistemas de bienestar en general. Pero cabe decir que, en cierta medida, las limitaciones en los recursos disponibles, en la capacidad de reacción, en la resiliencia compartida, en la flexibilidad adaptativa, en la diversidad creativa, en la vitalidad sostenible o en la conectividad con el entorno que han experimentado muchas residencias, posiblemente, no son más que un caso extremo y extremadamente notorio de esas mismas limitaciones en nuestro modelo social en general, en nuestra forma de vida.

Quizá las residencias eran un lugar al que no queríamos mirar porque veíamos en él nuestro reflejo.

(Una propuesta de mejora, impulsada por Mayte Sancho y Teresa Martínez, a la que es posible adherirse, puede consultarse aquí. En la fotografía, militares desinfectando una residencia.)