¿Desigualdad económica o diversidad e interseccionalidad? ¿Derechos individuales o desarrollo comunitario? ¿Políticas sectoriales clásicas o nuevas transversalidades? ¿Redistribución o predistribución? ¿Crecimiento de las estructuras existentes o innovación para la transformación? ¿Electorados tradicionales o nuevos segmentos?

En el desarrollo de las políticas públicas y, en particular, de las políticas sociales, en países como el nuestro, han hecho especial fortuna algunas, como la sanitaria y la de pensiones, en las que los poderes y, en especial, las administraciones públicas se hacen cargo de la provisión universal de determinados recursos o servicios. Tienden a ser, como en el caso de las mencionadas, políticas redistributivas, es decir, que, más bien, actúan con posterioridad a que la suerte que cada persona haya tenido en las relaciones familiares o en las dinámicas del mercado (entre otras) la haya colocado en una determinada posición en cuanto a su acceso primario (valga la expresión) a dichos recursos y servicios. En dicho impacto redistributivo, por cierto, cada una de esas políticas, en cada contexto, tiene unos determinados sesgos (por ejemplo, beneficiando más a los varones mayores autóctonos con mejor trayectoria laboral) y no necesariamente resulta equitativa.

En ese contexto, las dificultades que otras políticas sectoriales (como, por ejemplo, las de servicios sociales o vivienda) encuentran para equipararse en envergadura a las antes citadas no parecen coyunturales sino que, más bien, da la impresión de que puede haber problemas estructurales, por ejemplo, de capacidad de agencia del Estado o de base de apoyo electoral, para la construcción de esos nuevos pilares del sistema de bienestar a imagen y semejanza de los anteriores.

Además, emergen asuntos y agentes que reclaman, más bien, abordajes transversales y no tanto, o no principalmente, la construcción de nuevos pilares sectoriales universales. Se trata, claramente, de toda una serie de propuestas políticas que se formulan en clave de igualdad y diversidad, sea de género, generacional, funcional o cultural. Desde estas preocupaciones, sujetos diversos (sin cuestionar el necesario fortalecimiento y desarrollo de los derechos sociales universales reconocidos y, en parte, garantizados por las políticas sectoriales más o menos maduras) reclaman procesos de personalización, flexibilización, adaptación, amigabilidad, relacionalidad, integración, innovación y transformación del Estado de bienestar realmente existente.

En definitiva, el propio éxito del Estado de bienestar tradicional ha desencadenado una mayor complejidad de las demandas hacia él. No puede dejar de reparar y compensar pero, a la vez, debe generar mejores condiciones para la sostenibilidad relacional, ambiental y económica de la vida en los territorios. Debe preparar y predistribuir más , construyendo capacidades individuales y colectivas, porque, si no, la equiparación o redistribución cuando las dinámicas familiares y mercantiles ya han operado, se vuelve demasiado difícil. Difícil, como decíamos, por la limitada capacidad de agencia de los poderes públicos (como la de cualquier agente) y por las dificultades de concitar apoyo social y electoral a nuevas medidas redistributivas en un contexto en el que, previamente, las personas han tenido que competir en un mercado laboral y residencial salvaje e injusto que potencia la individualización (como lo hacen algunas políticas públicas) y socava las relaciones comunitarias y las identidades compartidas.

Estas disyuntivas son estructurales, están en la entraña de las decisiones estratégicas en materia de política social. No tienen que ver sólo con el cuánto sino, sobre todo, con el cómo y, en el fondo, con el porqué. Por eso las hemos de trabajar en la elaboración de los presupuestos, en el diseño de las estructuras organizativas, en la generación del conocimiento y en la construcción del discurso.

(Reflexiones en el marco de conversaciones con responsables de políticas sociales en la Diputación de Barcelona)