Intervención social: ¿hacerse cargo u ofrecer apoyos?

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Quienes trabajamos en los servicios sociales, la intervención social o la acción social, desde la Administración pública o la iniciativa solidaria, podemos asemejarnos en ocasiones al mítico Señor Lobo de la película Pulp Fiction, el personaje interpretado por Harvey Keitel que “solucionaba problemas”. Por la formación que hemos recibido, por el marco legal en el que nos movemos, por la cultura de las organizaciones en las que trabajamos o por otras razones, tendemos, muchas veces, por defecto, a intentar hacernos cargo de manera integral, global o total de los problemas de las personas a las que atendemos.

No cabe duda de que puede haber situaciones de emergencia, complejidad o gravedad que justifiquen una asistencia de esa intensidad y alcance por nuestra parte, pero, en términos generales, cabe decir que dicha forma de actuación corresponde a un modelo de atención, a un modelo de bienestar y a un modelo de sociedad ya superados y que ese tipo de abordaje o enfoque de la intervención social no es pertinente, en la mayoría de los casos, ni siquiera entendido como una etapa inicial o punto de partida.

Los progresos de las ciencias humanas y sociales y de las disciplinas, metodologías y tecnologías de la acción social, en un marco ético regido por los derechos humanos, nos ubican, como agentes de intervención social, ante sujetos individuales, titulares de derechos inalienables, que debemos considerar, en principio, capaces de autodeterminarse, elegir y llevar a cabo sus decisiones y, entre ellas, las de formar parte, o no, de unidades de convivencia y, en general, de redes de relaciones primarias familiares, de amistad o reconocimiento en comunidades y territorios.

Por otra parte, gracias al desarrollo del conocimiento y las políticas públicas, todas las personas tienen, en algún grado, la posibilidad de acceder a recursos y apoyos que, lógicamente, se articulan en itinerarios que, en buena medida, transcurren por ámbitos de actividad o ramas especializadas de la política social u otras: la sanidad, la justicia, el transporte, la educación, la recreación, el urbanismo, la garantía de ingresos para la subsistencia material, el empleo, la seguridad física y así sucesivamente. Las limitaciones o retrocesos en el acceso a estos bienes en un determinado momento y lugar no justifican a los servicios sociales para aceptar o asumir el envenenado encargo de proveerlos (no siendo, obviamente, capaces de hacerlo cabalmente) como parte de una pretendida beneficencia resucitada o sucedáneo de ciudadanía.

En ese contexto, la intervención social y los servicios sociales tienen ante sí el desafío de configurarse, básicamente, como un ámbito o una rama más, capaz de identificar y comunicar las necesidades y capacidades de las que se ocupa y los apoyos específicos que ofrece a las personas. Apoyos relacionales y evaluables que aspiran a ser reconocidos, demandados y valorados por la población por sí mismos, no necesariamente como parte de un pack integrado y, desde luego, no como obligación normada o imposición chantajista a cambio de determinados comportamientos o del acceso a otras prestaciones demandadas por las personas. Apoyos cada vez más preventivos, menos disruptivos, más digitalizados, menos burocráticos, más personalizados, menos directivos, más cualificados, menos costosos y más comunitarios.

(A partir de conversaciones en el Ayuntamiento de Platja d’Aro, la Federación Allem, el SIPOSO, el Grupo SSI e Itaka Fundazioa y de cara a encuentros en el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales de Gobierno de España, la Red Española de Política Social, la Fundació Maresme, Dincat y el CES vasco.)

Si no sabemos a qué nos dedicamos es difícil gestionarlo y transformarlo

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Cuando se nos pregunta a las personas que trabajamos en los servicios sociales a qué nos dedicamos, solemos responder cosas tan inverosímiles como que nos ocupamos de la exclusión y la inclusión social, que ofrecemos una atención integral para todas las necesidades de las personas, que nos hacemos cargo de las que quedan desprotegidas por el resto de sistemas de bienestar o seguridad social o que facilitamos el acceso a los diversos derechos sociales, coordinando el resto de políticas públicas.

Se trata de misiones imposibles que, evidentemente, no cumplimos pero cuya formulación, a modo de jaculatoria o mantra de consumo interno, nos sirve muchas veces para seguir esquivando el reto de acotar de forma realista cuál es nuestra aportación de valor añadido a la ciudadanía y, consiguientemente, cuáles son los eslabones de la cadena básica de valor que nos permite obtener los efectos esperables por parte de la población o, dicho de otra manera, responder al encargo político y social que recibimos y asumimos.

En algunos casos, cabe sospechar que esa ambigüedad o indefinición acerca de nuestro cometido y contenido nos resulta útil para seguir llenando ese cajón de sastre que somos, no fuera a resultar que nos quedáramos sin trabajo. Después, ya nos preocuparemos de quejarnos de ser una última red a la que el resto de subsistemas sociales, económicos o políticos lanzan aquellos asuntos y casos de los que no quieren, pueden o saben ocuparse. Evidentemente, las personas que trabajamos en los servicios sociales no somos las únicas responsables de este estado de cosas pero parece difícil suponer que no tengamos mucho que ver en él.

Las iniciativas para introducir procesos de gestión, mejoras administrativas, estrategias de innovación, dinámicas de cambio, proyectos de transformación, tecnologías digitales o mecanismos de gobernanza en los servicios sociales se encuentran con la enorme dificultad de que, frecuentemente, no pueden hacer pie en una definición clara y consensuada de los procesos operativos que tienen lugar en este ámbito de actividad y de los recursos necesarios para obtener los resultados deseados y la satisfacción de las necesidades correspondientes.

Es evidente que las personas que trabajamos en los servicios sociales en ningún caso podríamos desembarazarnos de golpe de encomiendas inadecuadas, impurezas burocráticas y dinámicas ineficientes que hemos ido acumulando por diferentes razones. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es poner el foco con más claridad en nuestra aportación específica de valor y aplicarnos a su realización, visibilización, mejora, renovación y ampliación. Seguramente es una condición necesaria para que nos aprovechen mucho más, y aprovechen mucho más a la ciudadanía, las iniciativas de gestión, gobernanza, transformación, digitalización o innovación en las que participamos.

(Sobre esto hablaremos esta semana en los servicios sociales y con la dinamización comunitaria del Ayuntamiento de Platja d’Aro.)

Legislar sobre servicios sociales

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Quien tenga, hoy y aquí, la responsabilidad de legislar sobre servicios sociales ha de comprender que se encuentra, seguramente, ante la tercera política social en envergadura presupuestaria en nuestras comunidades autónomas, después de la sanitaria y la educativa, con la responsabilidad añadida de que no cuenta, como en esos dos casos, con una epecífica legislación básica de ámbito estatal en la que apoyarse.

En segundo lugar, si asume la responsabilidad de normar los servicios sociales como derecho universal subjetivo y exigible, se encuentra, ineludiblemente, ante el reto de identificar el objeto y el perímetro de este derecho social universal, diferenciándolos del objeto y perímetro que tienen otros derechos sociales universales o, en todo caso, otros ámbitos de política pública claramente establecidos, como pueden ser el sanitario, el educativo, el de la garantía de ingresos para la subsistencia material, el de las políticas activas de empleo o el de la vivienda y el urbanismo. No se niega que los sistemas públicos de servicios sociales puedan, al menos por un tiempo o de forma subsidiaria o complementaria, seguir conteniendo prestaciones o servicios propios de esos otros ámbitos, pero parece claro que éstos no pueden formar parte definitoria o constitutiva del perímetro u objeto que es considerado propio de los servicios sociales y garantizado como derecho universal por su legislación.

Cabe decir, en tercer lugar, que no es fácil legislar sobre un ámbito de política pública en transición (o reconversión), como es el de los servicios sociales. En transición porque, por definición, ya no pueden seguir siendo la asistencia social o última red general que eran (puesto que se han declarado como pilar universal del sistema de bienestar), pero, a la vez, porque hemos de reconocer que no hay un conocimiento y consenso suficientes para saber a dónde lleva esa reconversión ni en qué medida está en marcha. Aquí, entonces, aparece el concepto de maniobrabilidad, es decir, de hacer leyes sencillas que den margen de maniobra a los gobiernos y a los ecosistemas de agentes para avanzar, sobre la base del conocimiento y el consenso, hacia ese nuevo modelo inédito de servicios sociales.

En todo caso, y en cuarto lugar, lo que sí parece necesario que garanticen las leyes de servicios sociales es un conjunto de apoyos que claramente pertenecen a este ámbito (con su correspondiente prescripción facultativa por parte de profesionales de la intervención social), un modelo de integración vertical (es decir, de superación de la fragmentación y disfunciones entre niveles institucionales), un planteamiento de la integración horizontal (es decir, de suficiente simetría entre los diferentes pilares del sistema de bienestar, en el territorio y la comunidad), un sistema de gobernanza compleja (es decir, de sinergia entre los diversos agentes que tienen algo que decir en este ámbito), una solución de financiación (que acabe con el efecto disuasorio que el actual copago representa para el ejercicio del derecho que se declara) y, especialmente, una articulación de la gestión del conocimiento, la tecnología y la innovación, piedra angular imprescindible para el éxito de la operación de construcción de este nuevo pilar del sistema de bienestar.

Por último, quien legisla sobre servicios sociales hoy y aquí debe lograr que la representación institucional de los diferentes colectivos poblacionales, profesionales, empresariales o de otra índole interesados en los servicios sociales sea suficientemente flexible y comprenda que, sólo si todos ellos se replantean algunas de sus conquistas o pretensiones, es posible construir los nuevos servicios sociales que necesitamos.

(Sobre estas cuestiones hablaremos hoy en un encuentro del Consejo Económico y Social de Murcia.)

Innovando en los servicios sociales

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Caminamos a hombros de gigantes, de personas que, como Magüi Blanco, encarnan en su trayectoria vital la construcción de nuestro sistema público de servicios sociales desde todos los ángulos imaginables: desde la creación de conocimiento disciplinar y transdisciplinar en la academia hasta las experiencias participativas, comunitarias y emancipatorias; desde el gobierno estratégico de las políticas sociales hasta la innovación en la gestión integrada de la acción pro bienestar en el territorio. Es vital que las nuevas hornadas de profesionales de la intervención social reciban el legado, tan decantado como fresco, de quienes, en el marco de la creación de las instituciones democráticas y de la eclosión de la sociedad civil, vivieron la experiencia creativa de tomar muchas decisiones que, en buena medida, impulsaron y dieron forma a los servicios sociales que ahora conocemos.

Aprendemos desde la práctica. Somos educadoras sociales, trabajadores sociales, psicólogas, técnicos en integración social, auxiliares y muchas otras profesionales cuyo saber es, fundamentalmente, un saber hacer, un saber experto, un saber técnico que, si bien debe hundir sus raíces cada vez más en la evidencia empírica y la investigación científica, se verifica, necesariamente, en el momento relacional de la intervención social. Nos lo muestra, por ejemplo, la cooperativa Gaztaroa, de la federación Sartu, en el trabajo en el marco de los servicios sociales de atención primaria de Bilbao con personas adultas en situación de desprotección que viven en la comunidad. Sobre la base de innovaciones en la normativa de servicios sociales del País Vasco y de nuevas herramientas de diagnóstico y valoración social, están transformando los servicios sociales e incrementando su capacidad preventiva y de actuación en las situaciones de fragilidad.

Recibimos con alborozo a personas emprendedoras que vienen de otros ámbitos y traen aire fresco. Es el caso de Iñigo Kortabitarte, una persona que trabajaba en el despliegue digital de la prensa escrita y que se sensibiliza sobre la situación de las personas que necesitan cuidados y las que los proporcionan y que se extraña de lo tortuosos y costosos que resultan frecuentemente los itinerarios de estas personas. Partiendo de metodologías de codiseño y cocreación multidisciplinar y en clave de emprendimiento social, es capaz de levantar un programa piloto, Okencasa, en el que están involucrados, entre otros, los tres niveles institucionales del País Vasco y que cuenta con el acompañamiento evaluador de la London School of Economics: una plataforma digital de apoyos personalizados a las personas que cuidan.

No dejamos pasar el tren del desarrollo tecnológico y asociaciones como APTES, capaz de hermanar en su interior a representantes de las tecnologías duras (tangibles) y blandas (intangibles), están ayudando a los servicios sociales a migrar de unas prácticas básicamente reactivas e individualizadas a enfoques proactivos, poblacionales y ecológicos. Enfoques en los que, necesariamente, los servicios sociales han de construir confianza, universalidad y equidad en la integración intersectorial con las políticas urbanísticas, con las de salud y con otras muchas, en procesos de diseño social de barrios y localidades amigables, cuidadoras y participativas, con nuevos ecosistemas de agentes mucho más orientados a la colaboración y a la coproducción de valor para la ciudadanía.

Y la gran suerte es que todas estas personas y organizaciones estarán el viernes 14 de junio en Vitoria-Gasteiz en una mañana de conversación abierta y encuentro creativo (con la etiqueta #ServiciosSocialesEHU) organizada por el Posgrado en Gestión e Innovación en Servicios Sociales que codirigen Ainhoa Berasaluze y Arkaitz Fullaondo (más información aquí).

La soledad como problema social: algunas distinciones y referencias

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Para hacer frente a un reto es fundamental conceptualizarlo y contextualizarlo adecuadamente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la soledad como problema social (no como elección individual o de otros modos)?

Siguiendo las tendencias de referencia de la literatura científica al respecto, estamos hablando, en primera instancia, de un sentimiento, de una vivencia subjetiva angustiosa de algunas personas: de una situación no deseada percibida con insatisfacción. Mas, para perfilar mejor el problema al que nos referimos, haremos referencia también al correlato objetivo de dicha vivencia subjetiva, que suele denominarse aislamiento social o relacional: a la limitación, escasez o ausencia de relaciones primarias o naturales que sean significativas y satisfactorias para las personas. En anillos de más a menos valor (en principio) podrían ser:

  1. Vínculos familiares o similares fuertes (por compromiso moral de ayuda mutua) con convivencia en el mismo domicilio.
  2. Vínculos familiares, de amistad o similares fuertes (por disponibilidad efectiva para el apoyo recíproco) con notable proximidad, intensidad o frecuencia.
  3. Relaciones secundarias (mediadas por organizaciones formalizadas públicas, privadas o solidarias, es decir, por ejemplo, el caso de compañeras de trabajo o militancia, clientes o destinatarias) con proximidad, intensidad o frecuencia considerables y cierto grado de primarización (confianza, afecto, reciprocidad).
  4. Relaciones de buena vecindad, amistad, familiares o similares de compromiso, proximidad, intensidad, frecuencia o disponibilidad medias.
  5. Relaciones débiles de reconocimiento, personas conocidas, personas con las que te saludas.

La soledad puede ser considerada como problema social por su envergadura cuantitativa y carácter estructural: no se trata de casos aislados ni de situaciones coyunturales. Y estamos hablando, por cierto, de la soledad como ausencia, escasez o limitación, objetiva y subjetivamente considerada, de un bien que, según la evidencia aportada por las ciencias sociales, no sólo tiene un importante valor en sí mismo para la calidad de vida y el bienestar de las personas, sino que afecta indirectamente a otros valiosos bienes, como la salud, la seguridad o la subsistencia material (a la vez que se ve afectado por ellos). En ocasiones la preocupación política o la alarma social es más desencadenada por estos efectos indirectos que por la soledad en sí misma.

Por lo que sabemos, el segmento o colectivo de las personas mayores es uno de los especialmente afectados por la soledad. La explicación más natural sería que van falleciendo la pareja, familiares, amigas y otros miembros de la red primaria de la persona. También pueden influir otros factores de salud, actividad u otros. En cualquier caso, lo más adecuado parece ubicar el problema de la soledad de las personas mayores en el marco más general (intergeneracional) del problema de la soledad en nuestra sociedad.

El abordaje de la soledad como problema social (y político) puede ser:

  • Más directo (cuando el objetivo de la intervención es la preservación o construcción de relaciones) o más indirecto.
  • Más macrosocial (muchas destinatarias) o más microsocial (pocos casos).
  • Más bien preventivo, correctivo o paliativo.
  • Más sectorial (encomendado, por ejemplo, a los servicios sociales) o más transversal (de todos los ámbitos por igual: salud, vivienda, empleo y otros).
  • Más presencial o más digital (mediado por tecnologías).
  • Más profesionalizado o más colaborativo (por ejemplo con voluntariado).

Algunos textos de referencia podrían ser:

Trapped in a bubble An investigation into triggers for loneliness (Kantar).

La soledad de las personas mayores (Sacramento Pinazo y Mónica Bellegarde).

National measurement of loneliness 2018 (ONS).

El reto de la soledad en la vejez (Javier Yanguas y otras).

A connected society (Gobierno Británico).