Repensar la comunidad, repensar la comunitaria

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Hablar de comunidad es, en gran media, hablar de proximidad: de proximidad relacional y, frecuentemente, también, de proximidad física. Los seres humanos somos sociales, altamente interdependientes; y, cuando hablamos de comunidad en lugar de hablar de sociedad, cuando hablamos de relaciones comunitarias y no únicamente de relaciones sociales, parece que nos referimos a relaciones de mayor cercanía, de una “escala humana”. Cercanía que, de inicio, pudo verse necesariamente como territorial o geográfica pero que, cada vez más, asociamos principalmente a relaciones primarias, a relaciones que se sostienen sin tener que ser mediadas por organizaciones (formales).

El adjetivo “comunitaria” o “comunitario” acompaña a muchos sustantivos (como acción, desarrollo, intervención o servicio, por citar cuatro ejemplos) para señalar que dicha intervención, desarrollo, servicio o acción se aproxima a las personas destinatarias, sucede en su entorno cercano y, podríamos decir, busca o desencadena sinergias con esas relaciones primarias familiares, de amistad, de convivencia, vecinales o similares. Relaciones que, en principio, se rigen por la gratuidad y la reciprocidad y que pueden ser facilitadas o socavadas por otros tipos de relaciones o transacciones entre las personas (como las solidarias del tercer sector, las políticas de la esfera pública o las de intercambio del mercado).

Debemos advertir algunos procesos de cambio social que están transformando profundamente las realidades comunitarias. Por una parte, las enormes transformaciones, reconfiguraciones y fragmentaciones de las familias y unidades de convivencia, que venían siendo la capa más constante y consistente de las comunidades. Por otra parte, la globalización económica y deslocalización de actividades laborales, que afecta enormemente a la ordenación territorial, la trama urbana y la estructura habitacional, en un contexto de riesgo creciente de colapso ambiental. En tercer lugar, las innovaciones tecnológicas que modifican intensamente nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo, facilitando la comunicación con personas físicamente lejanas o el desplazamiento de personas y objetos.

Este contexto nos aboca a una insoslayable reinvención de las relaciones comunitarias como transacciones fundamentales (antes que otras como las económicas o las políticas) para la “gestión” de las diversidades de género, generacionales, funcionales o culturales. Antes que los intercambios en los mercados o el ejercicio de derechos, la vida diaria o vida cotidiana se configura como esfera crítica para nuestra definición e identificación como seres humanos en relaciones de interdependencia con otros seres humanos (y con las tecnologías y con el medio físico). Asuntos emergentes como la brecha entre la fecundidad deseada y alcanzada, la crisis de los cuidados, la soledad no deseada, la convivencia intercultural conflictiva o diferentes tipos de maltratos o violencias en el seno de relaciones primarias así parecen atestiguarlo.

Las intervenciones públicas y, en particular, las políticas sociales pueden contribuir a la construcción (o destrucción) de relaciones comunitarias positivas, según cómo consigan el equilibrio, integración y sinergia entre atención a los individuos (portadores de los derechos) e intervención (especialmente preventiva) en sus entornos y, especialmente, en la medida en que, más que abordar la complejidad mediante servicios especializados, integrales y segregados, sean capaces de una atención comunitaria integrada intersectorial. Y esto sólo será posible mediante una ambiciosa operación de innovación tecnológica y social liderada por los poderes públicos y coproducida en clave colaborativa con un amplio y plural abanico de agentes trabajando en red.

Cabe la posibilidad, incluso, de que, políticamente, hayamos de identificar un subsistema social como el encargado de referencia para la protección y promoción de las relaciones comunitarias, papel que podrían asumir los servicios sociales, por su trayectoria de dedicación a las cuestiones de autonomía funcional para la vida diaria o a las que tienen que ver con las relaciones primarias de carácter parental. En todo caso, si la envergadura del reto de la construcción comunitaria animase a encomendar el liderazgo al respecto a los sistemas públicos de servicios sociales, ello habría de realizarse, sin duda, en el marco de un nuevo modelo de atención integrada (social, sanitaria y habitacional, especialmente), de gobernanza participativa y multinivel del bienestar y de sostenibilidad laboral, económica y ambiental de la vida en el territorio, basada en el conocimiento.

(A partir de trabajos realizados con la cooperativa Servicios Sociales Integrados y de conversaciones, entre otras, con Guiomar Vargas, Elena Masanas, Marta Ballester y Claudia Manyá y de cara al encuentro de bancos del tiempo organizado por el Ayuntamiento de Barakaldo (3 y 4 de mayo), el encuentro sobre el programa Mi Casa organizado por Plena Inclusión y Dincat (8 y 9 de mayo en Barcelona), la jornada sobre acción comunitaria organizada por ECAS (21 de mayo, en Barcelona), la subsiguiente reflexión con la Fundació Els Tres Turons (22 de mayo) y el encuentro con entidades del tercer sector organizado por la Dirección de Inclusión de los servicios sociales forales de Bizkaia el 23 de mayo.)

Tres procesos históricos que hacen insostenible a corto plazo nuestro modelo de servicios sociales

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Nuestros servicios sociales (públicos o financiados con fondos públicos, pues apenas hay servicios privados que se consideren a sí mismos como servicios sociales) están posicionados, básicamente, como encargados de referencia para una atención relativamente integral (o, en su defecto, para la entrega de dinero en el caso) de situaciones complejas de exclusión social o de riesgo de exclusión social. Pero hay tres importantes procesos de cambio social en curso que convierten en inviable, a corto plazo, este posicionamiento.

El primero es la ruptura digital del contrato sociolaboral de la sociedad industrial que garantizaba (o, al menos, prometía), a través del empleo remunerado y de la seguridad social contributiva, cierta satisfacción de necesidades de la clase trabajadora. Pensemos que la agenda en política social del gobierno de Zapatero, hace poco más de diez años, se pudo centrar, al menos por un tiempo, en los servicios sociales de prevención y atención a la dependencia funcional o en el cuidado infantil (con el cheque bebé), mientras que ahora se habla más prioritariamente de cuestiones que en aquellos momentos se creyeron relativamente encarriladas como las pensiones o ingresos mínimos o la vivienda. Síntoma, posiblemente, de que la precariedad laboral, residencial o económica es cada vez menos abordable como un fenómeno coyuntural y excepcional del que puede hacerse cargo una pretendida “última red” de protección social general.

En segundo lugar, nos hallamos en una crisis sistémica de la familia heteropatriarcal y extensa imbricada en comunidades homogéneas como red relacional primaria proveedora de cuidados y acompañamiento, lo que se expresa en la fuerte emergencia de problemas sociales como la crisis de los cuidados (especialmente en las etapas iniciales y finales de la vida), el aislamiento relacional y la soldad no deseada, el maltrato y las violencias de género e intergeneracionales o las tensiones en la convivencia intercultural en el territorio (territorio, por otra parte, amenazado ambientalmente). Estos problemas, que eran abordados por los servicios sociales como situaciones propias de colectivos vulnerables o minorías excluidas adquieren ya una magnitud que puede llegar a afectar a nuestra propia configuración, identidad y dignidad como seres humanos interdependientes.

Por último, en tercer lugar, nos encontramos en una sociedad del conocimiento científico y la especialización tecnológica, en la que, cada vez más, las personas, organizaciones o instituciones son exitosas o se tornan obsoletas en función de su capacidad de innovación, entendida como destrucción creativa. En ese contexto, funciones como la asignación de dinero para la subsistencia y el control de las personas que lo reciben son vistas cada vez menos como correspondientes a profesionales y servicios de intervención social. A la vez, la ciudadanía aprende a distinguir para qué necesidades admite o desea una prescripción facultativa y una autoridad pública y para cuáles prefiere, más bien, ejercer su autonomía moral y capacidad de elección. Hoy por hoy, para muchas necesidades a las que pretenden dar respuesta los servicios sociales, gran parte de la población prefiere dinero en función de criterios fácilmente objetivables para pagar, por ejemplo, por servicio doméstico, alojamiento o determinados productos en lugar de servicios sociales bajo prescripción y seguimiento de profesionales de la intervención social.

Si estos tres procesos de cambio tienen la envergadura y el sentido indicados, los servicios sociales no están llamados a un crecimiento de sus actuales estructuras o a pequeñas reformas sino a una verdadera transformación y reinvención, a partir de apuestas estratégicas. Transformación y reinvención que algunos agentes, seguramente, están realizando, impulsando o intentando y  cuya suerte está, posiblemente, en nuestras manos, en las de aquellas personas que entendemos que nuestros servicios sociales son una herramienta llena de futuro.

(Sobre estas cuestiones hablaremos el miércoles 10 de abril de 2019 en Castellón, con el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana, y el jueves, 11, en el Monestir de les Avellanes, en Lleida, con el Consell Comarcal de la Noguera.)

Cuatro propuestas para un pacto social en Euskadi

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A continuación se plantean cuatro iniciativas que podrían incluirse en un pacto social vasco que tuviera voluntad de lograr un consenso de diversos agentes y un impacto estratégico significativo a medio plazo en relación con importantes retos sociales que Euskadi tiene por delante:

  1. Creación de la Agencia Vasca para la Evaluación, Innovación e Integración de Políticas Sociales, dotada inicialmente con un presupuesto anual de 25 millones de euros, para incidir eficazmente en los cambios de modelo que necesitan nuestras políticas sociales (singularmente las sectoriales de servicios sociales, vivienda y salud y las transversales de infancia y familias) para lograr un salto cualitativo en la capacidad de afrontar la crisis de los cuidados, de la natalidad, de la complejidad asociada al envejecimiento y de la sostenibilidad relacional de la vida familiar y comunitaria, sobre la base de una ordenación e impulso de la gobernanza intersectorial y multinivel de las políticas públicas de carácter social, económico y territorial en Euskadi.
  1. Experimentación en uno de los territorios históricos de un proyecto piloto de interoperabilidad, integración y transformación del gasto fiscal y las prestaciones económicas de objeto social, para explorar las posibilidades de hacer más eficiente y equitativa la garantía de ingresos para la subsistencia que ofrecen a la ciudadanía los diferentes poderes y administraciones públicas operantes en el País Vasco y para valorar el impacto en la suficiencia, progresividad, equidad, eficiencia y sostenibilidad en nuestra recaudación tributaria de reformas de impuestos como los de patrimonio, sucesiones y transacciones financieras (con un presupuesto de 500.000 euros anuales para el diseño, gestión y evaluación de este proyecto piloto).
  1. Lanzamiento de una agenda prioritaria para el desarrollo, fortalecimiento y universalización del Sistema Vasco de Servicios Sociales, con dotación presupuestaria inicial de 75 millones de euros anuales, para que el Gobierno Vasco pueda ejercer realmente un liderazgo tractor del sistema, basado en el conocimiento, y hacerlo girar hacia una intervención social cualificada, preventiva, cuidadora, personalizada, integrada (vertical y horizontalmente), digitalizada, comunitaria, intergeneracional, accesible, participativa, asequible, solidaria e inclusiva, basada en las evidencias científicas, los avances tecnológicos y los derechos humanos.
  1. Incorporación a la estrategia vasca de ciencia, tecnología e innovación, como principal eje vertebrador, de la construcción de una sociedad cuidadora, solidaria y sostenible, de modo que se logre la sinergia entre política pública, demanda interna, sostenibilidad económica, empleos de calidad, flujos migratorios, desarrollo territorial y posicionamiento global en la economía vasca, apostando por tecnologías emergentes coherentes con nuestro modelo comunitario y social, con una dotación anual inicial de 95 millones de euros.

Las medidas propuestas se basan en análisis estratégicos que llevan a la conclusión de que es necesario aumentar de forma importante la inteligencia pública y común y su capacidad de poner a prueba dispositivos, sistemas, tecnologías o ingenierías sociales que, desde lógicas de sostenibilidad relacional y territorial, ayuden a construir alternativas escalables para un desarrollo social innovador.

¿Cómo construir un modelo de servicios sociales?

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Tanto en trabajos de elaboración de normas jurídicas o de planificación estratégica como en formación, investigación u otros procesos en materia de servicios sociales, aparece frecuentemente la pregunta sobre “el modelo“ de referencia. Ello sucede, posiblemente, por qué percibimos estar en un momento clave de la evolución de este ámbito de actividad, un momento en el que está en juego su configuración global.

A la hora de definir un modelo de servicios sociales, posiblemente, la primera decisión a tomar es la del objeto, es decir, las necesidades y demandas de las personas a las que deberán responder los servicios sociales o los efectos que habrán de desencadenar. El objeto, finalidad o misión será la que permitirá diferenciar el ámbito de los servicios sociales de otros ámbitos de actividad y permitirá, por tanto, dibujar el perímetro de los servicios sociales e identificar las fronteras de este ámbito con otros, especialmente, con aquellos más cercanos como los de la sanidad, la educación, la vivienda, el empleo, la justicia, el urbanismo, el ocio o la garantía de ingresos para la subsistencia.

A continuación, toca preguntarse qué actividades profesionales y correspondientes disciplinas de conocimiento van a ofrecer las herramientas, instrumentos, metodologías o tecnologías que permitirán ofrecer respuesta a las necesidades identificadas, a partir del correspondiente diagnóstico o evaluación y mediante una legítima prescripción o propuesta de plan de atención. Estaríamos definiendo o construyendo el modelo de intervención.

El siguiente paso, posiblemente, será optar por un determinado reparto y articulación de papeles del sector público, el tercer sector y el sector privado en la prestación, gestión y gobierno de los servicios sociales: la articulación institucional. En este momento, aparece la figura del sistema público de servicios sociales como expresión del rol del sector público y se establecen las fórmulas de sostenimiento de los servicios a través de impuestos, precios, autogestión u otras.

El estado del arte en materia de intervención profesional basada en el conocimiento (modelo de intervención, modelo de atención o modelo técnico) y las expectativas en relación con los efectos del sistema público de servicios sociales nos llevarán al modelo organizativo que, en lo tocante a su relación con el territorio, se podrá estructurar por niveles más descentralizados (primarios, comunitarios o próximos) o más centralizados (secundarios, especializados o abarcadores), pero que, en todo caso, deberá dar respuesta a las necesidades de integración vertical que devienen de los itinerarios previsibles de las personas en relación con el sistema y las correspondientes variables de segmentación de la población.

A su vez, se deberá ofrecer un modelo de integración horizontal o intersectorial con los otros ámbitos de actividad identificados y, específicamente, con sus sistemas públicos. Éste modelo de integración horizontal deberá dar respuesta a los diferentes grados de complejidad que presentarán las diversas personas usuarias o destinatarias en distintos momentos de su ciclo vital.

El modelo técnico y el modelo organizativo deberán permitir un diseño de servicios, entendidos como paquetes reconocibles para las personas de actividades profesionales basadas en el conocimiento (catálogo o cartera). También permitirán identificar un modelo de gestión y un modelo de gobernanza y sus estructuras correspondientes, así como las relaciones que se establecerán entre los diferentes agentes para las distintas funciones previstas.

Todos los aspectos recogidos hasta el momento responderán a una serie de valores o principios que podrán ser explicitados y que podrían ser considerados como el alma del modelo de servicios sociales que estemos planteando. Por otra parte, podría considerarse el sistema o sistemas de información y conocimiento como la inteligencia de los servicios sociales.

(Notas para un curso a realizar esta semana con el Gobierno de Cantabria, para la escuela de primavera en los días siguientes con el Gobierno de las Islas Baleares y para una jornada el sábado con las entidades que trabajan con adicciones en Andalucía.)