Garantizar la calidad

calidad

A la hora de lograr unos servicios sociales (o cualquier otro tipo de servicios o productos) de calidad cabe identificar un abanico de instrumentos, herramientas o estrategias que, en principio, podríamos presentar en una gradación de menor a mayor complejidad, con el ánimo de que los agentes que se desenvuelven en los niveles operativos, de gestión o de gobierno de las organizaciones puedan elegir unas u otras en diferentes combinaciones y progresiones.

La primera manera de buscar la calidad es mediante el ciclo canónico de planificación, ejecución y evaluación que, deseablemente, ha de realizar cualquier profesional o agente en cualquier ámbito de actividad, en el nivel operativo, organizativo y estratégico. Frente al riesgo de que nuestra actuación se convierta en mecánica repetitiva, la inteligencia humana nos incita a que sea, de manera más o menos compleja, planificada y evaluada, es decir, a que haya una decisión consciente acerca de los objetivos, estructuras, actividades y recursos y una valoración (basada en la descripción y el análisis) de los efectos obtenidos en relación, por ejemplo, con los objetivos establecidos, los recursos consumidos y las necesidades identificadas.

En un segundo nivel de complejidad cabe situar los métodos o estrategias de normalización y control. Así, podemos normalizar y controlar (desde la perspectiva ética y técnica) estructuras (por ejemplo, el ancho de banda en un servicio de teleasistencia), procesos (por ejemplo, los pasos a dar en una primera entrevista con una persona usuaria), resultados (por ejemplo, nuevas relaciones primarias establecidas por la persona destinataria) o recursos y capacidades (por ejemplo, cualificación profesional requerida para un determinado puesto). Lo podemos hacer, además, en marcos o formatos establecidos con carácter más general o con otros más propios de un determinado ámbito de actividad.

Una tercera vía para mejorar la calidad de productos, apoyos, servicios o intervenciones es la del empoderamiento de las personas usuarias o destinatarias, sea desde el plano ético, desde la gestión o desde la política. Medidas como el consentimiento informado ante tratamientos o intervenciones o los presupuestos individuales, que buscan potenciar la posibilidad de elección de proveedoras por parte de la personas usuaria pueden encajar en este apartado. También podríamos referirnos en este nivel a procesos de empoderamiento de otros agentes, como el personal de atención directa, por ejemplo.

En el cuarto nivel nos referiríamos a la construcción de conocimiento como fórmula para la búsqueda de la calidad de un producto, servicio o actuación. Concretamente, en el caso de los servicios sociales, cabe estimar que, en muchos casos, no disponemos de los valores, teorías, tecnologías o destrezas que necesitamos y que hemos de realizar e impulsar, en un ecosistema complejo de agentes, los procesos de investigación, desarrollo e innovación que nos permitan contar con el conocimiento ético, científico, técnico y práctico que necesitamos para ofrecer calidad.

Por último, hay que señalar que las tecnologías digitales, los macrodatos o la inteligencia artificial nos permiten integrar los procesos operativos, de gestión y de gobierno, de modo que se perfeccione y acelere la mejora continua de la calidad de lo que hacemos. Pensemos, por ejemplo, en una intervención social, apoyada en una aplicación digital, para la activación y fortalecimiento de distintos apoyos familiares, comunitarios, voluntarios o profesionales para diferentes perfiles de personas que, a la vez que funciona, gestiona la información que se genera y se reajusta constantemente para una mejor atención, para una prestación de servicios sociales de mayor calidad.

(Ideas compartidas en las actividades de deliberación sobre la estrategia 2030 de los servicios sociales de Cantabria, el documento de bases para una nueva ley de servicios sociales en Asturias y el borrador del nuevo plan estratégico de servicios sociales de Navarra.)

Otra historia del bienestar

expósitos

Como sabemos (ver entrada anterior) Lucio vino al mundo ayudado por las mujeres de su familia, Flortxu lo hizo con la partera comunitaria de Zalla, Fernando nació en una clínica privada y Marta en la sanidad pública, en estos dos últimos casos con asistencia médica y otras sanitarias. Reconstruyamos ahora otra saga familiar de personas que nacieron, más o menos, a la vez que estas cuatro que conocimos ayer y no muy lejos de ellas.

María Bilbao nació a finales del siglo XIX en un “refugio para mujeres marginadas” regentado por la orden de Nuestra Señora de la Caridad y del Buen Pastor en Bilbao. Su madre practicaba la prostitución en el barrio de San Francisco, en esa ciudad. Fue asistida por una monja enfermera bien formada y notablemente experimentada para esa tarea. Después de nacer, esta misma institución religiosa se hizo cargo de sus cuidados, aunque no por muchos años, por diferentes razones. En los años treinta del pasado siglo, María dio a luz a Juan, Juan Bilbao. Lo hizo (previa comprobación de su condición de vizcaína, soltera y carente de recursos) en la Casa de Maternidad, establecimiento municipal, abandonándolo en la aledaña Casa de Expósitos, regentada por la Diputación, que se encargaba de los hijos considerados “ilegítimos” (según el reparto de competencias establecido por la normativa española sobre la Beneficencia). Desde 1924, por cierto, se habían diferenciado, por su especialidad, el médico ginecólogo que atendía a las parturientas, en la Maternidad, y el médico puericultor, que atendía a los “expósitos”. Juan trabajó duro desde muy joven y se casó en los años cincuenta del siglo XX con Elena Ajuria. En los años sesenta del pasado siglo nació Ana Bilbao Ajuria, su única hija, en la Residencia Sanitaria Enrique Sotomayor (denominación que tenía entonces el actual Hospital Universitario de Cruces, dado que, en aquel momento, el término “hospital” se asociaba a la Beneficencia, para personas “indigentes”). Elena y Ana recibieron esa atención médica y, en general, sanitaria gracias a las cotizaciones a la Seguridad Social, pública, de Juan y de la empresa para la que trabajaba. En los años noventa del pasado siglo Ana Bilbao Ajuria tuvo a su primer hijo, Iker, en el Hospital de Cruces, hospital público, universal y gratuito, del Servicio Vasco de Salud, dotado de los recursos humanos y tecnológicos más avanzados.

Son muchas las reflexiones que cabe hacer si comparamos estas dos historias familiares pero la que ahora nos interesa tiene que ver con la relación entre la actual sanidad pública y los actuales sistemas públicos de servicios sociales en España. Por ejemplo, en la actual Osakidetza podemos acceder, de forma universal y gratuita, al Centro de Salud de Santutxu, de atención primaria (cuyo edificio es el de la Casa de Expósitos de la que hemos hablado) o al hospital universitario público en el que se ha convertido la “residencia sanitaria” de la Seguridad Social (en aquel momento con forma de prestación contributiva, no universal) a la que nos hemos referido. Cabe entender que los avances de las ciencias y tecnologías de la salud, junto a otros factores, han contribuido a acotar el ámbito de los servicios sanitarios y a impulsar su universalización, por la percepción generalizada de su valor añadido para la calidad de vida de las personas, entre otras razones.

En nuestros servicios sociales públicos, al igual que en nuestros sistemas de salud, también encontramos trazas de aquella Beneficencia pública que asistió en el parto a María Bilbao (por cierto, con una atención sanitaria más cualificada profesionalmente y de mayor base científica que la que recibió Flortxu de su partera comunitaria en la misma época). Más aún, los servicios sociales pueden ser vistos como el resto que queda cuando, de la Beneficencia, salen (por desarrollo técnico y universalización política) los servicios sanitarios, los educativos u otros. Ciertamente, nuestros actuales sistemas públicos de servicios sociales no sólo heredan estructuras de la Beneficencia (transformada en su momento en Asistencia Social) sino también servicios sociales de la Seguridad Social. Sin embargo, en buena medida, siguen realizando una labor de comprobación administrativa de situaciones de exclusión que dan acceso a prestaciones que no podemos considerar universales y que no son consideradas como valiosas por y para el conjunto de la población (como hizo la Casa de Maternidad con María Bilbao).

Seguramente, y aquí se acaba esta reflexión, la acotación del ámbito (objeto y perímetro) de los servicios sociales (y de otros) y el avance del conocimiento en las ciencias y tecnologías de la intervención social son dos factores que se potencian mutuamente y, a la vez, son condición necesaria, aunque no suficiente, para la universalización de los servicios sociales. A la vez, esta acotación y universalización de los servicios sociales nos obliga a idear, experimentar y desarrollar nuevas formas, basadas en la evidencia científica y el enfoque de derechos, para la atención comunitaria e integrada de las situaciones de complejidad y para la sinergia entre los distintos tipos de agentes (comunidad, Estado, tercer sector y mercado).

(Segunda parte de la narración utilizada en Vic (Osona) el 20 de marzo de 2019. La imagen corresponde al jardín de la Casa de Expósitos de Bilbao de la que se habla en la entrada.)

Una historia del bienestar

bebé

Mi abuelo, Lucio Azcoaga, nació en Sestao a finales del siglo XIX. Nació en su casa. Mi bisabuela, a la que nunca conocí, fue ayudada por su familia en el momento de dar a luz. La atención al parto, en ese caso, fue un bien relacional. Los conocimientos, capacidades o actitudes que se manifestaron en el momento del feliz alumbramiento de Lucio y que contribuyeron a que naciera bien se habían coproducido, en buena medida, mediante relaciones familiares extensas. Las personas que andaban por allí habían visto muchos partos de seres humanos y otros animales. Una sororidad de cuidados formada por mujeres emparentadas con mi bisabuela (su madre, sus hermanas, su tías, sus primas) se confabularon en torno a ella y hermanaron sus saberes, afectos y habilidades antes, durante y después de ese momento especial.

Flortxu Azcoaga, mi madre, nació en Zalla en los años treinta del siglo pasado. Mi abuela fue atendida en el parto por Carolina Renobales, partera del pueblo. Cuando Carolina cumplió cien años, casi ya en este siglo, recibió el homenaje, reconocimiento y cariño de cientos de personas que, en Zalla, habían sido recibidas por ella en su llegada a este mundo. Carolina, sin duda, era toda una institución en Zalla: un bien común. De forma voluntaria y gratuita acudía a las casas cuando una mujer de la localidad se ponía de parto. Obviamente era frecuente que recibiera expresiones de agradecimiento en forma de productos de la huerta o huevos de las gallinas de la casa. La propia comunidad, al conferirle y reconocerle su papel la fue convirtiendo en la gran comadrona experta que fue.

Yo me llamo Fernando Fantova Azcoaga. Nací en Bilbao en los años sesenta del pasado siglo. Vine a esta tierra en una clínica privada: en la clínica del doctor Aranguren, médico titulado que, personalmente, me estaba esperando y ayudando a nacer. Mi familia no tuvo que costear directamente el precio por esa atención sanitaria porque el Banco Hispano Americano, en el que mi padre trabajaba, tenía previsto hacerse cargo, como hizo, de tal pago. Si mi padre hubiera trabajado como autónomo en una tienda de ultramarinos habría adquirido con su propio dinero ese bien privado que, en este caso, fue la atención a mi nacimiento. De cualquier modo, fue el empleo remunerado (en dinero o en especie) el que posibilitó a mis progenitoras acceder al mercado de servicios sanitarios para obtener la asistencia necesaria para el nacimiento de su primogénito.

Marta, mi segunda hija, nació, como Sara, la primera, en el Hospital de Cruces, hospital público perteneciente a Osakidetza, Servicio Vasco de Salud. Una médica, especialista en ginecología vía MIR (médica interna residente) y una enfermera matrona, entre otro personal sanitario, ayudaron a Ana, mi pareja, a dar a luz. La niña “hizo” (según esa expresión tan del gusto del estamento médico) un neumotórax y fue ingresada nada más nacer en la zona de cuidados intensivos de neonatología, con tecnología avanzada y protocolos de atención profesional basados en la evidencia, de donde salió en pocos días en perfecto estado. Este valioso conjunto de procesos de atención fue disfrutado por nuestra familia como un bien público, gratuito, al que teníamos derecho ciudadano universal.

Antes o después, me gustaría tener nietos y nietas, pero la verdad es que no soy capaz de anticipar en qué régimen institucional y con la ayuda de qué tipo de saberes podrán venir al mundo. No sé el papel que, en sus cuidados, tendrán el Estado, la comunidad, el tercer sector o el mercado; ni cuánto se beneficiarán del saber experto, de la sabiduría moral, de la tecnología o del conocimiento científico. Continuará.

(Narración, basada en hechos reales, utilizada ayer en Vic (Osona) en una sesión de trabajo con personal sanitario y de los servicios sociales.)

Transformación estratégica de los sistemas de servicios sociales

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Los sistemas de servicios sociales, como cualquier sistema, tienen un funcionamiento ordinario e inercial, que, utilizando los recursos disponibles, desencadena una serie de efectos en sus personas destinatarias y entornos. Mediante dicho funcionamiento regular, los sistemas pueden mejorar su funcionamiento o pueden deteriorarse, llegando a colapsarse, fragmentarse o destruirse. Los subsistemas políticos o de gobierno de los sistemas de servicios sociales (no solos) tienen como principal función la reflexión, evaluación, planificación y actuación estratégica para la transformación cualitativa y estructural de los sistemas, de modo que se conjuren esos riesgos y los sistemas puedan configurarse de modo cada vez más idóneo, eficaz, eficiente y pertinente.

Sea como fuere, en los procesos de gobernanza, gestión y actuación estratégica no siempre resulta fácil identificar las relaciones causa-efecto. No siempre resulta fácil escoger unas u otras entre herramientas como las de la regulación normativa, la de la inversión en cobertura o abaratamiento de los servicios existentes, la de la apuesta por la innovación, la de la gestión de recursos humanos, la de la gobernanza multinivel y participativa u otras. Y no siempre resulta evidente en qué subsistema o entorno tendrá consecuencias, en cada momento, la elección y utilización de una u otra de esas herramientas: qué impacto tendrán, por ejemplo, en el posicionamiento ante la ciudadanía, en la satisfacción de las personas usuarias, en la implicación del personal, en el gancho electoral, en el ahorro de costes, en la consecución de recursos, en la mejora de la calidad de la atención y así sucesivamente.

En estos momentos los subsistemas políticos de los sistemas de servicios sociales, posiblemente, deben identificar que la respuesta a los retos que tienen delante los sistemas de servicios sociales depende más bien de los subsistemas de conocimiento y concretamente de las disciplinas científicas (o de base o vocación científica) directamente relacionadas con las profesiones más presentes en los servicios sociales. Disciplinas que, lamentablemente, están muy de espaldas unas a otras, en las que hay un notable divorcio entre la academia y las organizaciones en las que sucede la intervención social y que presentan una dinámica pobre de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en las prácticas de intervención social. El subsistema de gobierno debe, seguramente, utilizar regulaciones, recursos e interlocución para dinamizar el subsistema de conocimiento y, específicamente, la colaboración entre agentes portadores de los diferentes tipos de conocimiento: ético, científico, tecnológico y práctico. Es como el subsistema político que decidió mandar una persona a la Luna, que no tenía el conocimiento y la tecnología disponible para hacerlo y tuvo que impulsar su creación.

En realidad sabemos que, posiblemente, serán los subsistemas profesionales los que empujarán y orientarán a los subsistemas políticos. Para ello han de apoyarse en una buena organización y gestión, en procesos de integración vertical y horizontal digitalizada de los sistemas de servicios sociales y en procesos de diferenciación, visibilización y potenciación de las actividades de mayor valor añadido propio y específico de los servicios sociales, que contribuyan (junto con una buena gestión de la información, las relaciones y el posicionamiento) a que más segmentos (también generacionales) de la ciudadanía aprecien los servicios sociales por su contribución a la promoción y protección de la interacción de todas las personas, es decir, de su autonomía funcional y autodeterminación para la vida diaria en relaciones familiares y comunitarias. Dicho de otra forma: en su intervención y gestión cotidianas, las personas con responsabilidades técnicas y de gestión en las administraciones públicas y el tercer sector de los servicios sociales deben hacer creíble ante el subsistema político que construir los nuevos servicios sociales para la sostenibilidad autónoma y relacional de la vida en el territorio es una misión tan factible, importante y exigente, precisamente, como fue la de mandar una persona a la Luna.

(A partir de trabajos de la semana pasada con el Gobierno de Navarra, Podemos, el Gobierno de Cantabria, el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra, Servicios Sociales Integrados, Dincat, el Seminario de Intervención y Políticas Sociales, la Universidad del País Vasco, el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao y el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de España y de cara a encuentros con el Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de Asturias, el Consell Comarcal de Osona, Colaborabora, Korapilatzen y la Red Española de Política Social en esta semana.)

Malentendidos sobre la dependencia

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No cabe duda de que la dependencia funcional, entendida como situación personal de importante necesidad de ayuda externa para la realización de determinadas actividades, es un fenómeno muy relevante tanto en la existencia individual como para la vida social. Esta situación es compartida por todos los seres humanos en los primeros años de vida, a algunos los acompaña para siempre y el resto puede verse inmerso en ella en unos u otros momentos o períodos de su trayectoria vital. Sin embargo, el abordaje de las situaciones de dependencia desde las políticas públicas y las dinámicas sociales en nuestro país se ve distorsionado, posiblemente, por una serie de malentendidos que podemos observar analizando la legislación, las estrategias y el discurso al respecto.

Así, en primer lugar, cabe señalar que, frecuentemente, se presenta la dependencia como una situación estática en la que se está o no se está (que, se diría, existe cuando se reconoce administrativamente). Sin embargo, sabemos que la dependencia funcional es un fenómeno dinámico y cambiante, complejo y diverso. La dependencia admite muchas intensidades o gravedades y puede aparecer súbitamente o progresar lentamente. Por otra parte, son muy diferentes las situaciones de dependencia en función de los órganos o funciones involucradas y de las interrelaciones entre las funciones y actividades afectadas. Por ello, la respuesta que demos a una situación de dependencia debe ser necesariamente flexible y fácilmente adaptable y modificable (obviamente, sin requerir necesariamente trámites administrativos).

En segundo lugar, pareciera que la dependencia es algo que tiene el individuo, que le sucede al individuo; un fenómeno que podemos valorar evaluando a la persona aislada de su entorno. Sin embargo, los marcos de referencia y la evidencia acumulada acerca de estas situaciones humanas las identifican como eminentemente interactivas: la dependencia (la misma palabra lo dice) es una relación entre una persona y unos entornos (físicos, relacionales o de otra índole) y tan necesario es actuar con las personas como con sus entornos, que son enormemente relevantes para el desencadenamiento y evolución de las situaciones de dependencia funcional de las personas.

En tercer lugar, se diría que el pensamiento predominante sobre la dependencia en nuestro país se orienta mucho más a la actuación cuando la dependencia se ha presentado que a su evitación o prevención. Dicho de manera más descarnada, tenemos más bien dispositivos para cuando la situación se  ha agravado y complicado mucho. Ante esto debemos insistir en que la dependencia funcional es prevenible y que es mucho y muy valioso y rentable lo que se puede o se podría hacer en términos de prevención primaria (para que no llegue a presentarse el riesgo de dependencia), secundaria (para que el riesgo o vulnerabilidad no lleve a la situación de dependencia) o terciaria (cuando aparecen los primeros signos de fragilidad o limitación).

En cuarto lugar diremos que la dependencia se visualiza mayoritariamente como un fenómeno irreversible. Sin embargo, el pensamiento correcto es el contrario. Las situaciones de dependencia funcional son, en mayor o menor medida, abordables, transformables, compensables o reversibles mediante la provisión de diferentes tipos de cuidados, productos, apoyos o intervenciones. Y es la no actuación o la actuación insuficiente o equivocada la que, frecuentemente, contribuye de manera determinante a la consolidación y agravamiento de la dependencia de muchas personas y al desempoderamiento y desorientación de éstas.

Y el último error o sesgo que cabe identificar es el de considerar a la dependencia como un asunto que concierne a una rama, sector o sistema de actividad, como puede ser el de la garantía de ingresos para la subsistencia o el de los servicios sociales o, peor aún, entender que la dependencia es o debe ser cosa de un sistema o ámbito (vertical o sectorial) específico de “atención a la dependencia”. Por el contrario, es bastante evidente que la dependencia es y debe ser vista y tratada como un asunto transversal que interesa a los servicios sociales, a los sanitarios, a las políticas de vivienda, al ámbito del empleo, a la garantía de ingresos para la subsistencia y así sucesivamente. La prevención y atención de las situaciones de dependencia necesita apoyarse en todos los pilares sectoriales y llama a la integración intersectorial entre todos ellos, en aras de un abordaje centrado en las personas.

Evidentemente el reto de la dependencia en nuestro país requiere compromiso político y presupuestario para el desarrollo y la mejora de una batería de estrategias e intervenciones y reclama también compromiso comunitario y solidario para la construcción de una comunidad sostenible, entre otras cosas. Pero todo ese esfuerzo tiene los pies de barro si no lo apoyamos en una comprensión adecuada del fenómeno, basada en el conocimiento, que supere estos lugares comunes, mantras, sesgos y malentendidos tan frecuentes.

Tres pistas para los servicios sociales en el territorio

pistas

Cabe identificar tres pistas estratégicas para las personas con responsabilidades técnicas y políticas en el día a día de los servicios sociales en este momento de su historia en nuestro entorno. Pistas en el sentido de señales que nos pueden indicar el camino a seguir. Tres pistas entendidas, también, como las tres pistas de un circo, como tres dinámicas simultáneas que hemos de mantener en un “más difícil todavía“. Serían, también, tres pistas de audio con diferentes sonidos que, convenientemente mezcladas, podrían conjugarse en una melodía conjunta y atractiva.

La primera pista es la del abordaje integrado de casos complejos. Por su origen histórico, por la diversidad de prestaciones que se les encomienda y por otras razones, llegan a los servicios sociales personas con demandas complejas, con situaciones graves de limitación o exclusión en diferentes ámbitos, como el económico, el laboral o el habitacional, que, en principio, debieran tener respuesta por parte de otros sistemas. En muchas ocasiones, por razones éticas, jurídicas, políticas, técnicas o de otra índole, debemos hacernos cargo de estas situaciones, adquiriendo un notable protagonismo. A la hora de hacerlo, sin embargo, podemos intentar:

  • Visualizar, valorizar, potenciar y visibilizar la parte de la actuación en la que aportamos nuestro valor añadido específico. Aunque estemos entregando recursos para la subsistencia material o de carácter habitacional, por ejemplo, podemos pensar y estructurar nuestra intervención de modo que el eje, centro o núcleo sea, en la medida de lo posible, el apoyo a la autonomía funcional y autodeterminación de las personas en sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario y que se mezclen o confundan lo menos posible esta parte que nos corresponde y las otras partes.
  • Establecer, en el territorio, relaciones con otros sectores o sistemas (salud, vivienda, empleo, educación u otros), de modo que vayamos logrando redefinir los respectivos papeles en el abordaje de los casos complejos y pasando de una subsidiariedad de los servicios sociales como última red a una complementariedad entre sectores coherente con el objeto de cada uno de ellos.
  • Articular un discurso coherente que explique lo que hacemos. Si una profesional de los servicios sociales ha de acompañar físicamente a una persona a su centro de salud, en lugar de relatar que estamos haciendo el trabajo que tendría que hacer el servicio sanitario, cabe entender que estamos ofreciendo complementación y activación en la autonomía de la persona para actividades de la vida diaria. Y que también le acompañaríamos, quizá, si fuera a la ferretería a comprar un martillo.

La segunda pista es la de los servicios sociales universales, es la de aquellas intervenciones, cuidados, programas y apoyos en las que, efectivamente, entregamos el valor añadido que nos corresponde como agentes de intervención social. Se trataría de diseñarlos y ofrecerlos para que sean percibidos, cada vez más, como útiles para cualquier tipo de persona, para que nos posicionen, cada vez más, ante segmentos sociales que tradicionalmente han pensado que los servicios sociales no son para ellos. En esta segunda pista parece fundamental potenciar la parte más preventiva, poblacional, transformadora y proactiva de nuestras actuaciones e integrar verticalmente el sistema público de servicios sociales para contar, cada vez más, con masa crítica de esa atención primaria resolutiva que, más que derivar al nivel llamado especializado, ofrece planes, cuidados, productos y apoyos asequibles y competitivos para la vida sostenible en el territorio y en la proximidad y diversidad comunitaria. Para esto resultaría fundamental fortalecer el conocimiento mutuo y la alianza estratégica entre las estructuras y profesionales de la administración pública territorializada y las organizaciones del tercer sector de acción social presentes en las comunidades. A la vez, parece crítico incrementar la capacidad de diagnóstico, estratificación y prescripción basadas en el conocimiento y la evidencia, así como la gestión proactiva de la demanda, aplicando incentivos propuestos, por ejemplo, por la economía del comportamiento.

La tercera pista es la de la innovación tecnológica y social. Se trataría de tomar conciencia de que nuestra oferta, además de ser dramáticamente insuficiente, se está quedando, en muchos casos, obsoleta y alejada de las expectativas, preferencias y deseos de la mayoría de la población. Las personas con responsabilidades profesionales y políticas en el ámbito de los servicios sociales somos, sí o sí, protagonistas en la redes de conocimiento ético, práctico, técnico y científico y nuestros servicios sociales han de ser fuente de información y conocimiento y banco de pruebas para la innovación, tanto en el aspecto metodológico o tecnológico, que permita desarrollar nuevos programas y aumentar la escala de buenas prácticas, como en el terreno social, posibilitando nuevas sinergias entre diferentes dinámicas y agentes que, en el territorio, contribuyen a la sostenibilidad autónoma y empoderamiento de nuestras vidas en el seno de relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. Los servicios sociales no pueden dejar pasar la oportunidad que, para nuestras intervenciones preventivas, cuidados relacionales, apoyos empoderadores y dinámicas participativas, representan la conectividad de las redes sociales, la robotización, los macrodatos, el internet de las cosas, las plataformas colaborativas y la inteligencia artificial distribuida.

( Contenidos coproducidos en los servicios sociales de Vilafranca del Penedés y de la comarca del Alt Penedés.)

Reencuentro en Vilafranca (relato breve sobre destrucción creativa)

penedes

Pablo, María, Eduardo y Gloria están cenando, un día de 2019, en la casa en la que se criaron a mediados del pasado siglo y están recordando una cena similar, compartida en 1979, después del fallecimiento, con pocos días de diferencia, de Elvira y Joan, madre y padre de Gloria, Eduardo, María y Pablo. También de José, que estuvo en 1979 y no está en 2019. Conversan sobre los cambios en su vida y en sus entornos en estos últimos cuarenta años.

En 1979 Pablo llegó a la cena vistiendo su sotana recién planchada por una empleada doméstica del convento en el que vivía. Pertenecía a una congregación religiosa masculina con miles de miembros en activo en todo el mundo, dedicada a la educación y atención de la infancia. Pablo abandonó la congregación y dejó de ser sacerdote en la década de los ochenta y, en la actualidad, los miembros en activo de esa congregación son poco más de doscientos, ninguno se dedica a la educación y atención de la infancia y varios responsables de la institución están denunciados ante los tribunales por casos de pederastia.

María aprovechó el encuentro de 1979 para comunicar al resto el día de su boda con Alberto, su novio de toda la vida, y su decisión de dejar su empleo para ser ama de casa, así como de ser madre, cuanto antes, de familia numerosa. María, tras dar a luz a dos hijos, se divorció de Alberto y, posteriormente, lo hizo también de José Manuel, su segundo marido, con quien tuvo una hija. En la actualidad, María tiene una relación de pareja con Mercedes, compañera de trabajo.

Eduardo era en 1979 un prometedor ejecutivo de la multinacional Kodak, líder mundial del sector de la fotografía, y acababa de recibir la propuesta de un importante ascenso para liderar una estrategia de expansión de la empresa en América Latina. Cuarenta años después sabemos que Kodak fue una empresa que se destruyó al ser incapaz de transformarse en el contexto del proceso de desarrollo de las tecnologías digitales y la contracción del mercado de la película fotográfica y la fotografía analógica.

Gloria se había metido en política en aquellos años de la transición y gracias a Carlos Bustelo, ministro de Industria en 1979, había obtenido un puesto directivo en Telefónica, empresa pública que acababa de instalar el teléfono 10 millones en España. Hoy esa empresa es una multinacional privada y María es una ejecutiva dentro del área de transmisión digital de contenidos audiovisuales. Carlos, Bustelo, con quien María sigue teniendo contacto, ha participado recientemente en actos del partido Vox.

En 1979, José, el hermano pequeño, no quería estudiar y se iba a hacer la mili. Moriría por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) pocos años después, tras una historia de adicción a la heroína, ingresos en servicios sanitarios y sociales y vida en la calle. En 2019 la mili no existe; el sistema sanitario español consiguió invertir radicalmente la tendencia, reduciendo, por ejemplo, un 68% las muertes por SIDA entre 1995 y 1998; y profesionales de los servicios sociales que, en su momento, atendieron a José continúan en el sistema, trabajando por su mejora, integración y universalización en este mundo cambiante.

(La fotografía, tomada de El País, corresponde a una bodega modernista de la comarca del Penedés y el relato tomó forma en una conversación con responsables de servicios sociales de la zona, preparando el encuentro de hoy, que comenzaremos con su lectura.)