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Se han subido los siguientes documentos (clicar para abrirlos) en el apartado “Cuestiones y políticas sociales” de “Documentos propios”:

Los cuidados como eje para la transformación de las políticas sociales (19 páginas).

Arquitectura local de políticas de bienestar y desarrollo territorial (22 páginas).

Perspectivas y prioridades en atención integrada (22 páginas).

Y en el apartado  “Intervención y servicios sociales” de “Documentos propios”:

La ley vasca de servicios sociales: fracaso colectivo (1 página)

Gestión de cambios estratégicos en los servicios sociales de proximidad (6 diapositivas).

La definición y colaboración de las profesiones de la intervención social (13 páginas).

Se han publicado, además, 19 nuevas entradas de blog y se han subido dos nuevos vídeos. En este momento el número acumulado de descargas de documentos es de 470.472.

¿Deformación de las profesiones y disciplinas de la intervención social?

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La intervención social y sus tres grandes profesiones y disciplinas de referencia se hayan en un momento crítico en el cual están sometidas a fuerzas contradictorias que, a la vez, las sostienen y las desgastan. Así, Luisa Aránzazu Hernández Echegaray habla de “desprofesionalización” para referirse a la situación actual del trabajo social en España, haciendo referencia al proceso de erosión del conocimiento, que tiene como consecuencia la pérdida de autonomía y autoridad profesional. Según Pedro Celiméndiz, “esta burocratización de la que hablamos y el abandono de los aspectos terapéuticos han conseguido que algunas de nuestras funciones técnicas se conviertan en meras caricaturas. La prescripción se reduce a cumplimentar los trámites necesarios para que el ciudadano acceda al recurso que ha elegido, entre aquellos a los que tiene derecho, en una confusa aplicación del principio de autodeterminación y sin poder valorar ni considerar los efectos iatrogénicos de dicha elección”.

Mercé Ginesta y otras encuentran que “la práctica profesional se va volviendo a) reactiva, asistencialista y paliativa, ya que no se dirige a las causas de los problemas ni se hace un abordaje preventivo, sino sólo a una parte de las consecuencias; b) miope y parcial, ya que se pierde de vista la globalidad de las situaciones que afectan a las personas atendidas; c) rígida y estereotipada, ya que se sustituye la metodología de intervención social y educativa por baremos, protocolos y circuitos de atención”. Según Laura Varela “el interés por la búsqueda de soluciones rápidas a los problemas está generando un estilo de educador social ‘apagafuegos’ cuyas actuaciones de carácter reactivo, relegan las tareas pedagógicas propias de la profesión a un segundo plano. La función educativa –desdibujada por las múltiples áreas que ocupan el quehacer profesional– ha de contar con una delimitación más precisa y con un reconocimiento más explícito”. Según López Cabanas y otras, “los modelos de atención son cada vez más paliativos y asistencialistas en vez de preventivos y de promoción, primando la atención individual (en sintonía con nuestro modelo de sociedad individualista) frente a la grupal o comunitaria, lo que ha venido a agravarse por la recesión económica. En ocasiones estos modelos también se utilizan para prevenir y desincentivar posibles movilizaciones sociales”.

Por último, cabe aportar los resultados de una reciente investigación sobre la comprensión de la situación problema en la práctica del trabajo social en los servicios sociales de atención primaria de Mallorca, que “señala que la comprensión de la situación problema se muestra superficial, con una baja práctica de criterios de intervención que evalúen significados, fortalezas, soluciones intentadas y sistemas implicados, no confía suficientemente en la aplicación de técnicas de análisis fundamentales y no considera en profundidad la puesta en juego de los conocimientos del propio profesional”. Según el Consejo General de la Psicología de España, “en la coyuntura actual, persistir en la forma de hacer las cosas y en las características de funcionamiento aboca a recorridos de corto alcance que deslegitiman totalmente el sistema de intervención social”.

(Tomado de un artículo recién publicado que puede descargarse completo aquí.)

La interacción como objeto de la intervención social y de los servicios sociales

Interacción

Cuando se propone la interacción como objeto de los servicios sociales, no se está haciendo referencia, exactamente, a ninguna conceptualización preexistente de ese término, sino que se está proponiendo, en cierta medida, una nueva acepción o una versión precisa de la palabra “interacción”, para plantearla como denominación breve de la situación o necesidad de la que, según se dice, se ocupan o debieran ocuparse (en la que desencadenan cambios, a la que afectan, en la que obtienen efectos) la intervención social y los servicios sociales. Solemos decir que la interacción tiene dos facetas o dimensiones inseparables: la de la autonomía funcional y la de la integración relacional. Veamos.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), de la OMS, aprobada en 2001, se refiere a estados de salud (o relacionados con la salud) de las personas y para ello se fija en las diferentes estructuras corporales, que son las partes anatómicas del cuerpo humano, y funciones corporales (que incluyen las que denomina funciones psicológicas, que podemos denominar también mentales o cognitivas), que permitirán realizar unas determinadas actividades mediante las cuales las personas tendrán una participación social (teniendo en cuenta, lógicamente, los factores contextuales). Así, por ejemplo, las funciones visuales estarán relacionadas con el ojo y estructuras conexas y permitirán, por ejemplo, la actividad de mirar y la participación de la persona, por ejemplo, en un baile. Dentro de este marco conceptual se entiende que las capacidades de las personas (definidas por la CIF como aptitudes de un individuo para realizar una tarea o acción) dependen, en buena medida, del estado de sus estructuras y funciones corporales, pero también de los procesos de aprendizaje social.

La autonomía funcional es, por tanto, la capacidad relativa de funcionar sin depender, sabiendo que siempre existe algún grado de dependencia o interdependencia. Nótese que, si bien el concepto de autonomía, originariamente, remitía más bien a la capacidad de darse normas (autonomía moral), su uso se ha ido extendiendo también a otras capacidades más operativas, es decir, a la capacidad de ejecutar las decisiones (se llega a hablar incluso de la autonomía de un coche, para referirnos a su capacidad de funcionar sin repostar). La autonomía funcional se refiere a las capacidades del cuerpo (que en el lenguaje de la CIF incluyen, por ejemplo, las cognitivas, y emocionales, para el autogobierno), pero no a otras dimensiones de la autonomía como, por ejemplo, la autonomía económica.

Lógicamente, la autonomía funcional de las personas es relevante en varios ámbitos de su vida. Por ejemplo, en el ámbito laboral es relevante la capacidad funcional que se configura como cualificación profesional. Así, podríamos referirnos al repertorio de capacidades o competencias que posee una ebanista, un flautista o una taxista. Pues bien, la parcela o dimensión de la autonomía funcional que, según proponemos, nos interesa como objeto de la intervención social y los servicios sociales es la que tiene que ver con las denominadas Actividades de la Vida Diaria (sobre las que no cabe extenderse aquí). Entendiendo que, a la hora de decir si una persona es capaz de realizar las AVD (incluyendo, obviamente, el autocuidado), aparte de la capacidad para su pura ejecución física, se toma en cuenta la capacidad cognitiva de tomar adecuadamente las iniciativas y decisiones (a corto, medio o largo plazo) correspondientes o el ejercicio de la vigilancia o supervisión del propio cuerpo y del entorno que permite tomar dichas iniciativas o decisiones. La autodeterminación se ve, así, como una parte o dimensión de la autonomía funcional.

Posiblemente, disciplinas como la medicina o la pedagogía nos ayudan, a través de las estructuras corporales y las capacidades funcionales, a mirar las cosas del lado de la autonomía funcional y disciplinas como la psicología comunitaria o la microsociología nos colocan, más bien, del lado de la integración relacional, con conceptos como apoyos naturales o apoyo social. Así, volviendo al ejemplo del ámbito laboral, para que nuestra ebanista, nuestro flautista o nuestra taxista lo sean, no basta con que tengan las capacidades funcionales correspondientes, sino que su entorno laboral debe incorporarlos en empleos, es decir, se debe dar un ajuste entre capacidad profesional e integración laboral. Pues bien, en el objeto que proponemos para la intervención social y los servicios sociales, la otra cara de la moneda de la autonomía funcional para las actividades de la vida diaria es la integración (la convivencia, la inclusión, la relación) familiar y, en general, comunitaria (dicho de otra manera, la socialización primaria). Se asume, por tanto, que hay un marco de vida cotidiana en el que se busca un ajuste entre esas dos caras de la moneda y que para un adecuado estado de interacción, lo relevante es el ajuste. Así, por ejemplo, todas las criaturas recién nacidas disponen de una limitada autonomía funcional para las actividades de la vida diaria, pero pueden estar en un perfecto estado de interacción si disponen de una adecuada red familiar y comunitaria. Del mismo modo, podremos decir que una persona sin familia ni amistades que llega a vivir a un nuevo lugar, si es capaz de desenvolverse cotidianamente, no tiene especiales necesidades de apoyo en lo tocante a su interacción.

Con las contribuciones de estas y otras áreas de conocimiento es posible identificar la interacción humana como un bien para cualquier persona, un bien que es diferente de (y sinérgico con) la salud, el conocimiento, la subsistencia, el alojamiento o el empleo,  por ejemplo, objetos de otros sectores de actividad. Un bien del que disfrutamos en la medida en que disponemos de esas dos caras de la moneda de las que hemos hablado: de la autonomía funcional en la convivencia comunitaria, que al ser autonomía es interdependencia; y de la integración relacional en las redes primarias, que, al ser integración, es activa por todas las partes participantes.

(Adaptado de un libro colectivo de próxima publicación.)

Caminos difíciles para nuestros servicios sociales

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Nuestros servicios sociales, tanto en la red de gestión pública directa que se extiende por el territorio como en el mundo de la iniciativa social y la economía solidaria que ha ido surgiendo desde diferentes experiencias compartidas de vulnerabilidad, viven momentos de tensión, saturación y preocupación, como tantos otros agentes o sectores de nuestra sociedad. Viejas y nuevas fragilidades y riesgos sociales, económicos y políticos golpean las puertas nuestras organizaciones cada vez con más fuerza.

Para una parte de nuestro sector, la zona de confort cognitivo y estratégico es la de pensar que se trata de un problema de recursos económicos y que, si los logramos (o, cuando los logremos), nuestros servicios sociales, públicos o concertados, seguirán la senda de universalización, fortalecimiento y reconocimiento que en su día pudieron transitar otros ámbitos de actividad como, por ejemplo, el educativo o el sanitario. Como la famosa rana que se va adormeciendo en el agua cuya temperatura va subiendo, no pocos líderes de próxima jubilación tienen importantes incentivos para, contra toda evidencia, seguir alentando esta visión.

Sin embargo, en el horizonte económico, laboral, demográfico, social y político hay suficientes síntomas para para afirmar que es altamente improbable que los recursos para la eclosión que no hemos logrado en los últimos diez años los vayamos a lograr en los próximos. Cuando, además, tampoco podemos demostrar que los incrementos de recursos que se han dado en determinados momentos y lugares hayan tenido un impacto significativo en términos de eficiencia organizacional, calidad personalizada, universalización de la atención o aprecio por parte de la ciudadanía.

Los malestares sociales que, a nuestro alrededor, están llevando a sectores de la población o agentes políticos a reclamar un aumento de las pensiones, una verdadera política social de vivienda, una profunda reforma de la administración de justicia, una renta básica de ciudadanía, un salto cualitativo de la inversión infancia o una respuesta eficaz a la violencia de género, por poner algunos ejemplos, no están llevando, en ningún caso prácticamente, a una reivindicación de los servicios sociales. Y, lamentablemente, los agentes implicados en los servicios sociales no estamos siendo capaces de tejer ninguna alianza significativa ni dentro ni fuera de nuestro sector.

El discurso de la mejora técnica y tecnológica en los procesos de diagnóstico, intervención y evaluación en los servicios sociales; el discurso del fortalecimiento y accesibilidad de la red pública de servicios sociales de proximidad; el discurso del aporte de las organizaciones solidarias al dinamismo, alcance e innovación del sistema público de servicios sociales; el discurso de la atención integrada comunitaria intersectorial; y otros discursos acertados y necesarios sólo pueden tener alguna probabilidad de éxito y repercusión práctica si se confrontan, se pulen y se integran entre sí. No es nada fácil y cada vez queda menos tiempo. Pero lo seguiremos intentando.

(A partir de la jornada por el aniversario de la ley vasca de servicios sociales del pasado lunes y de la sesión de ayer en dincat.)

La ley vasca de servicios sociales: un fracaso colectivo

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La aprobación de nuestra Ley de servicios sociales, el 5 de diciembre de 2008, está inseparablemente unida a un nombre propio, el de Fernando Consuegra, viceconsejero de asuntos sociales con el consejero Javier Madrazo y el lehendakari Juan José Ibarretxe, sin cuyo tesón, inteligencia política y capacidad para construir consensos, esta ley nunca hubiera llegado a puerto. Precisamente por eso, sin embargo, es una gran obra colectiva cuyo contenido ilusionó a un buen número de personas en nuestra comunidad.

El objetivo principal de esta ley, sin lugar a dudas, era la universalización del sistema público de servicios sociales en el País Vasco. La norma se aprobó con la finalidad de que, pasados ocho años, el conjunto de la ciudadanía vasca percibiera en sus servicios sociales similar grado de seguridad en la protección pública al que ya aprecia en los servicios sanitarios, en los educativos y en las pensiones y otras prestaciones de garantía de ingresos para la subsistencia. Es evidente que dicho objetivo está muy lejos de haberse alcanzado y, por ello, tenemos que reconocer nuestro fracaso colectivo.

Diez años después de la aprobación de la ley, seguimos sin contar con el sistema de información sobre servicios sociales que la misma ley preveía tener en funcionamiento en 2010 y una rápida visita a la web del Gobierno Vasco da cuenta del deficiente estado de la información disponible sobre la materia. Precisamente por eso no tenemos los datos completos y actualizados en los que apoyarnos si se quisiera discutir la afirmación realizada en el párrafo anterior. Sin embargo, hay pocas dudas acerca de que las expectativas de la población vasca sobre la respuesta de sus administraciones públicas en lo tocante a las necesidades de cuidados y otros apoyos para su vida autónoma en familia y comunidad no han variado significativamente en estos diez años y no alcanzan, ni de lejos, a las que esa misma población tiene cuando piensa en sus problemas de salud, en la escolarización de sus criaturas o en su pensión de jubilación, por mucho que estas tres áreas puedan ser objeto de preocupaciones y reivindicaciones diversas.

Apenas se ha desarrollado la arquitectura normativa que la ley preveía, en general, tener lista para 2009 o para 2010. Si bien, con seis años de retraso, se ha aprobado un decreto que establece una cartera de prestaciones y servicios, seguimos sin contar con una regulación de la participación económica de las personas usuarias en la financiación de los servicios, sin un decreto sobre la concertación con la iniciativa social o privada, sin un símbolo distintivo que identifique a todos los centros del sistema, sin una regulación jurídica de la dotación mínima de recursos y sin una definición normativa de la mayoría de los servicios previstos en la cartera. La Alta Inspección de Servicios Sociales, que sí fue regulada, está inactiva y la dinámica de gobernanza del sistema y de integración intersectorial con otros sistemas prevista en la ley está prácticamente inédita.

Curiosamente, el texto jurídico que más ha afectado a sistema público de servicios sociales en estos años no se inscribe en el desarrollo de la Ley de servicios sociales sino que es la modificación de la Ley de garantía de ingresos de 2011, que saca de los servicios sociales la gestión de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda. Lamentablemente, carecemos de evidencia relevante acerca del impacto que la liberación del equivalente a varios cientos de puestos de trabajo a jornada completa en los servicios sociales, por labores que han pasado a Lanbide, haya tenido en el impulso del modelo de servicios sociales de atención continuada, de proximidad, planificados y evaluados, de base tecnológica y centrados en la persona que pretende impulsar nuestra legislación, tanto en 2008 como en 2011.

Seguramente las razones de este fracaso colectivo son una mezcla de la debilidad de la demanda social, las limitaciones del liderazgo político, la insuficiente apuesta presupuestaria, la fragilidad de la comunidad profesional y de conocimiento, la desorientación estratégica de muchos agentes, las ineficiencias de la estructura institucional y otras razones. Seguro que, también, la propia ley de 2008 tiene defectos en su diseño que, en su momento, no supimos ver. Sea como fuere, este décimo aniversario debe servir como un revulsivo para que los agentes implicados en los servicios sociales vascos reorientemos y redoblemos nuestros esfuerzos para lograr un giro y un impulso estratégico que conduzca más pronto que tarde a esos servicios sociales universales, personalizados, basados en el conocimiento, integrados y comunitarios que tan acertadamente dibuja nuestra ley.

(Artículo publicado en El Correo y El Diario Vasco el 5 de diciembre de 2018. En PDF aquí. Sobre la Ley vasca de servicios sociales debatiremos hoy, 10 de diciembre, en la jornada organizada por la Diputación Foral de Bizkaia.)

Gure gizarte zerbitzuen etorkizuna

Valores sociales y cultura emprendedora vasca: fortalezas ante u

Komunitate zientifikoaren adostasunek eta herritarren lehentasunek (inkestak adieraziak) argi eta garbi erakusten dute zainketen krisiari erantzuteko funtsezko tresna bat gizarte-zerbitzuak direla, eta, bereziki, etxean, komunitatean edo ingurune digitalean ematen diren gizarte-zerbitzuak, betiere familia-sorkuntza bultzatzeko prestazio ekonomikoen edo beste ongizate-tresna batzuen (hala nola erretiro- eta ezintasun-pentsioen) garrantzia ahaztu gabe. Izan ere, gizarte-zerbitzu horiek ematen dute prebentzio- eta pertsonalizazio-mailarik handienarekin jarduteko aukera, eta indartzen dute pertsonek euren eguneroko bizitzan eta familiako zein komunitateko harremanetan modu autonomoan moldatzeko duten ahalmena; hain zuzen, harreman horiek pertsonen laguntza iturririk gustukoenak dira, eta ezagutzaren komunitatearen ustez egokienak.

Gizarte Zerbitzuetako Zuzendari eta Gerenteen Elkartearen datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoa da gizarte zerbitzuetan pertsona bakoitzeko gehien gastatzen duena. Hala ere, etxez etxeko gizarte-zerbitzuen estaldura (% 1,4 adinekoen kasuan) Espainiako batezbestekoaren (berez, nahikoa txikia) erdia baino txikiagoa da; haurren eta nerabeen harrera %44,5ekoa (harrera guztien gainean) da, eta Espainiako batezbestekoa % 60,9koa. Horrek agerian uzten du Euskadiko gizarte-zerbitzuen eredua oraindik ere bizitegi-zentro, eguneko zentro edo zentro anbulatorioetan oinarrituta dagoela, ez duela berrikuntzarik egiten, eta ez duela behar bezala indartzen pertsonak komunitatean zaintzeko eta haiei eguneroko bizitzan laguntzeko bidea.

Alabaina, eraldaketa estrategiko hori egin ahal izango da datozen urteetan gizarte-zerbitzuetan inbertsio publikoek izango duten gorakadari esker. Hau da, orain arteko desoreka konpentsatu egingo da; izan ere, EAEko gizarte zerbitzuetan, 1.000 milioi euroko gastu publikoa egiten da urtero, gutxi gorabehera. Kontuan izan behar da osasun arloan 3.700 milioi eurokoa dela, hezkuntzan 2.700 milioi eurokoa eta pentsioetan 8.800 milioi eurokoa, ongizatearen estatuaren lau ardatz nagusiak aipatzearren. Pertsona guztiek ez dute zainketa profesionalen beharrik izango euren bizitza osoan, baina beste batzuek bai. Zainketa horiek izugarrizko kostuak izan ditzakete, eta ezin dira pertsonen familien edo ekonomiaren mende utzi. Hain zuzen, gizarte-babeseko sistema publikoaren adar nagusietako baten xede izan behar dute; hots, gizarte zerbitzuen xede.

(Eusko Ikaskuntzak bultzatutako liburu berderako ekarpenaren zatia. Aquí la versión en castellano. Eusko Ikaskuntzaren kongresuaren irudia.)