Caminos difíciles para nuestros servicios sociales

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Nuestros servicios sociales, tanto en la red de gestión pública directa que se extiende por el territorio como en el mundo de la iniciativa social y la economía solidaria que ha ido surgiendo desde diferentes experiencias compartidas de vulnerabilidad, viven momentos de tensión, saturación y preocupación, como tantos otros agentes o sectores de nuestra sociedad. Viejas y nuevas fragilidades y riesgos sociales, económicos y políticos golpean las puertas nuestras organizaciones cada vez con más fuerza.

Para una parte de nuestro sector, la zona de confort cognitivo y estratégico es la de pensar que se trata de un problema de recursos económicos y que, si los logramos (o, cuando los logremos), nuestros servicios sociales, públicos o concertados, seguirán la senda de universalización, fortalecimiento y reconocimiento que en su día pudieron transitar otros ámbitos de actividad como, por ejemplo, el educativo o el sanitario. Como la famosa rana que se va adormeciendo en el agua cuya temperatura va subiendo, no pocos líderes de próxima jubilación tienen importantes incentivos para, contra toda evidencia, seguir alentando esta visión.

Sin embargo, en el horizonte económico, laboral, demográfico, social y político hay suficientes síntomas para para afirmar que es altamente improbable que los recursos para la eclosión que no hemos logrado en los últimos diez años los vayamos a lograr en los próximos. Cuando, además, tampoco podemos demostrar que los incrementos de recursos que se han dado en determinados momentos y lugares hayan tenido un impacto significativo en términos de eficiencia organizacional, calidad personalizada, universalización de la atención o aprecio por parte de la ciudadanía.

Los malestares sociales que, a nuestro alrededor, están llevando a sectores de la población o agentes políticos a reclamar un aumento de las pensiones, una verdadera política social de vivienda, una profunda reforma de la administración de justicia, una renta básica de ciudadanía, un salto cualitativo de la inversión infancia o una respuesta eficaz a la violencia de género, por poner algunos ejemplos, no están llevando, en ningún caso prácticamente, a una reivindicación de los servicios sociales. Y, lamentablemente, los agentes implicados en los servicios sociales no estamos siendo capaces de tejer ninguna alianza significativa ni dentro ni fuera de nuestro sector.

El discurso de la mejora técnica y tecnológica en los procesos de diagnóstico, intervención y evaluación en los servicios sociales; el discurso del fortalecimiento y accesibilidad de la red pública de servicios sociales de proximidad; el discurso del aporte de las organizaciones solidarias al dinamismo, alcance e innovación del sistema público de servicios sociales; el discurso de la atención integrada comunitaria intersectorial; y otros discursos acertados y necesarios sólo pueden tener alguna probabilidad de éxito y repercusión práctica si se confrontan, se pulen y se integran entre sí. No es nada fácil y cada vez queda menos tiempo. Pero lo seguiremos intentando.

(A partir de la jornada por el aniversario de la ley vasca de servicios sociales del pasado lunes y de la sesión de ayer en dincat.)

La ley vasca de servicios sociales: un fracaso colectivo

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La aprobación de nuestra Ley de servicios sociales, el 5 de diciembre de 2008, está inseparablemente unida a un nombre propio, el de Fernando Consuegra, viceconsejero de asuntos sociales con el consejero Javier Madrazo y el lehendakari Juan José Ibarretxe, sin cuyo tesón, inteligencia política y capacidad para construir consensos, esta ley nunca hubiera llegado a puerto. Precisamente por eso, sin embargo, es una gran obra colectiva cuyo contenido ilusionó a un buen número de personas en nuestra comunidad.

El objetivo principal de esta ley, sin lugar a dudas, era la universalización del sistema público de servicios sociales en el País Vasco. La norma se aprobó con la finalidad de que, pasados ocho años, el conjunto de la ciudadanía vasca percibiera en sus servicios sociales similar grado de seguridad en la protección pública al que ya aprecia en los servicios sanitarios, en los educativos y en las pensiones y otras prestaciones de garantía de ingresos para la subsistencia. Es evidente que dicho objetivo está muy lejos de haberse alcanzado y, por ello, tenemos que reconocer nuestro fracaso colectivo.

Diez años después de la aprobación de la ley, seguimos sin contar con el sistema de información sobre servicios sociales que la misma ley preveía tener en funcionamiento en 2010 y una rápida visita a la web del Gobierno Vasco da cuenta del deficiente estado de la información disponible sobre la materia. Precisamente por eso no tenemos los datos completos y actualizados en los que apoyarnos si se quisiera discutir la afirmación realizada en el párrafo anterior. Sin embargo, hay pocas dudas acerca de que las expectativas de la población vasca sobre la respuesta de sus administraciones públicas en lo tocante a las necesidades de cuidados y otros apoyos para su vida autónoma en familia y comunidad no han variado significativamente en estos diez años y no alcanzan, ni de lejos, a las que esa misma población tiene cuando piensa en sus problemas de salud, en la escolarización de sus criaturas o en su pensión de jubilación, por mucho que estas tres áreas puedan ser objeto de preocupaciones y reivindicaciones diversas.

Apenas se ha desarrollado la arquitectura normativa que la ley preveía, en general, tener lista para 2009 o para 2010. Si bien, con seis años de retraso, se ha aprobado un decreto que establece una cartera de prestaciones y servicios, seguimos sin contar con una regulación de la participación económica de las personas usuarias en la financiación de los servicios, sin un decreto sobre la concertación con la iniciativa social o privada, sin un símbolo distintivo que identifique a todos los centros del sistema, sin una regulación jurídica de la dotación mínima de recursos y sin una definición normativa de la mayoría de los servicios previstos en la cartera. La Alta Inspección de Servicios Sociales, que sí fue regulada, está inactiva y la dinámica de gobernanza del sistema y de integración intersectorial con otros sistemas prevista en la ley está prácticamente inédita.

Curiosamente, el texto jurídico que más ha afectado a sistema público de servicios sociales en estos años no se inscribe en el desarrollo de la Ley de servicios sociales sino que es la modificación de la Ley de garantía de ingresos de 2011, que saca de los servicios sociales la gestión de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda. Lamentablemente, carecemos de evidencia relevante acerca del impacto que la liberación del equivalente a varios cientos de puestos de trabajo a jornada completa en los servicios sociales, por labores que han pasado a Lanbide, haya tenido en el impulso del modelo de servicios sociales de atención continuada, de proximidad, planificados y evaluados, de base tecnológica y centrados en la persona que pretende impulsar nuestra legislación, tanto en 2008 como en 2011.

Seguramente las razones de este fracaso colectivo son una mezcla de la debilidad de la demanda social, las limitaciones del liderazgo político, la insuficiente apuesta presupuestaria, la fragilidad de la comunidad profesional y de conocimiento, la desorientación estratégica de muchos agentes, las ineficiencias de la estructura institucional y otras razones. Seguro que, también, la propia ley de 2008 tiene defectos en su diseño que, en su momento, no supimos ver. Sea como fuere, este décimo aniversario debe servir como un revulsivo para que los agentes implicados en los servicios sociales vascos reorientemos y redoblemos nuestros esfuerzos para lograr un giro y un impulso estratégico que conduzca más pronto que tarde a esos servicios sociales universales, personalizados, basados en el conocimiento, integrados y comunitarios que tan acertadamente dibuja nuestra ley.

(Artículo publicado en El Correo y El Diario Vasco el 5 de diciembre de 2018. En PDF aquí. Sobre la Ley vasca de servicios sociales debatiremos hoy, 10 de diciembre, en la jornada organizada por la Diputación Foral de Bizkaia.)

Gure gizarte zerbitzuen etorkizuna

Valores sociales y cultura emprendedora vasca: fortalezas ante u

Komunitate zientifikoaren adostasunek eta herritarren lehentasunek (inkestak adieraziak) argi eta garbi erakusten dute zainketen krisiari erantzuteko funtsezko tresna bat gizarte-zerbitzuak direla, eta, bereziki, etxean, komunitatean edo ingurune digitalean ematen diren gizarte-zerbitzuak, betiere familia-sorkuntza bultzatzeko prestazio ekonomikoen edo beste ongizate-tresna batzuen (hala nola erretiro- eta ezintasun-pentsioen) garrantzia ahaztu gabe. Izan ere, gizarte-zerbitzu horiek ematen dute prebentzio- eta pertsonalizazio-mailarik handienarekin jarduteko aukera, eta indartzen dute pertsonek euren eguneroko bizitzan eta familiako zein komunitateko harremanetan modu autonomoan moldatzeko duten ahalmena; hain zuzen, harreman horiek pertsonen laguntza iturririk gustukoenak dira, eta ezagutzaren komunitatearen ustez egokienak.

Gizarte Zerbitzuetako Zuzendari eta Gerenteen Elkartearen datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoa da gizarte zerbitzuetan pertsona bakoitzeko gehien gastatzen duena. Hala ere, etxez etxeko gizarte-zerbitzuen estaldura (% 1,4 adinekoen kasuan) Espainiako batezbestekoaren (berez, nahikoa txikia) erdia baino txikiagoa da; haurren eta nerabeen harrera %44,5ekoa (harrera guztien gainean) da, eta Espainiako batezbestekoa % 60,9koa. Horrek agerian uzten du Euskadiko gizarte-zerbitzuen eredua oraindik ere bizitegi-zentro, eguneko zentro edo zentro anbulatorioetan oinarrituta dagoela, ez duela berrikuntzarik egiten, eta ez duela behar bezala indartzen pertsonak komunitatean zaintzeko eta haiei eguneroko bizitzan laguntzeko bidea.

Alabaina, eraldaketa estrategiko hori egin ahal izango da datozen urteetan gizarte-zerbitzuetan inbertsio publikoek izango duten gorakadari esker. Hau da, orain arteko desoreka konpentsatu egingo da; izan ere, EAEko gizarte zerbitzuetan, 1.000 milioi euroko gastu publikoa egiten da urtero, gutxi gorabehera. Kontuan izan behar da osasun arloan 3.700 milioi eurokoa dela, hezkuntzan 2.700 milioi eurokoa eta pentsioetan 8.800 milioi eurokoa, ongizatearen estatuaren lau ardatz nagusiak aipatzearren. Pertsona guztiek ez dute zainketa profesionalen beharrik izango euren bizitza osoan, baina beste batzuek bai. Zainketa horiek izugarrizko kostuak izan ditzakete, eta ezin dira pertsonen familien edo ekonomiaren mende utzi. Hain zuzen, gizarte-babeseko sistema publikoaren adar nagusietako baten xede izan behar dute; hots, gizarte zerbitzuen xede.

(Eusko Ikaskuntzak bultzatutako liburu berderako ekarpenaren zatia. Aquí la versión en castellano. Eusko Ikaskuntzaren kongresuaren irudia.)