Cinco claves para una oferta de valor desde los servicios sociales

cinco claves

Las personas con responsabilidades técnicas y directivas en nuestros servicios sociales son cada vez más conscientes, seguramente, de la creciente competencia (por el aprecio de la ciudadanía en la respuesta a determinadas necesidades) que han de mantener con otros sectores de actividad cómo, por ejemplo, el sanitario, el del trabajo doméstico, el de la seguridad o el educativo. A la vez, parece ir creciendo la conciencia de qué la base para el éxito en dicha dinámica competitiva residirá, fundamentalmente, en qué los apoyos (cuidados, productos, aplicaciones, intervenciones, prestaciones, experiencias) qué ofrezcan los servicios sociales aporten un mayor valor a las personas y sean percibidos cómo más valiosos por parte de la población. Para ello, posiblemente, dichos apoyos habrán de ser cada vez más:

  1. Elegibles. Es decir, identificables, diferenciables y reconocibles para las personas. Seguramente, la oferta de los servicios sociales ha de huir cada vez más del lenguaje técnico o administrativo para ser presentada de forma más comprensible para las personas a las que se dirige. Porque, cada vez más, deberemos ser las personas las que decidamos, con mayor libertad, los cuidados personales que deseamos recibir, las actividades comunitarias en las que deseamos participar o las aplicaciones para la interacción que deseamos instalar.
  2. Personalizables. El acompañamiento social para reconfiguración de unas relaciones familiares, la ayuda personal para la realización de las actividades de la vida diaria o la prescripción de un producto de apoyo qué facilite el desenvolvimiento cotidiano se habrán de realizar, cada vez más, sobre la base de una valoración o diagnóstico individual y compartido qué permita el ajuste flexible a las características y deseos de cada una de las personas. Resulta cada vez más intolerable la homogeneidad, la imposición tecnocrática, la ausencia de asunción y cuidado de la diversidad y la falta de respeto por las preferencias individuales existentes en no pocos de nuestros servicios sociales.
  3. Integrables. La creciente complejidad de las demandas y procesos sociales obliga a diseñar apoyos capaces de integrarse intra e intersectorialmente con otros muchos y diversos, de modo que se facilité la proximidad y continuidad en la intervención. Así, por ejemplo, hemos de ser capaces de diseñar los cuidados personales (presenciales o virtuales) de tal modo que, excepcionalmente, puedan ofrecerse dentro de un paquete integrado intrasectorialmente con alojamiento (en un servicio social de carácter residencial) o intersectorialmente con la oferta de alojamiento que se haga desde el sector de la vivienda (como modelo más habitual).
  4. Evaluables. La evaluación, incorporada de forma cada vez más esbelta y automática en los procesos de intervención, aumentará nuestra capacidad de determinar y mostrar la evidencia de los efectos que tienen los apoyos en la interacción de las personas, es decir, en su autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones familiares y comunitarias, sin olvidar el impacto o efecto indirecto en otras áreas de la vida de la persona, como puede ser su situación de salud, laboral, económica o habitacional.
  5. Prescindibles. Sí bien la cronicidad de determinadas situaciones aconsejará el mantenimiento a largo plazo de determinados productos, cuidados, actuaciones o, en general, apoyos, dentro de los servicios sociales, la norma general deberá ser que dichos apoyos se retiren en la medida en qué el desarrollo de la autonomía y autodeterminación o de los soportes relacionales primarios de las personas en su vida cotidiana lo permita.

Desde cada lugar concreto de nuestros servicios sociales podemos preguntarnos en qué medida los estamos pensando y produciendo como apoyos elegibles, personalizables, integrables, evaluables y prescindibles (o elegidos, personalizados, integrados, evaluados y, finalmente, retirados) y, si o es así, en qué medida constituyen una oferta atractiva para las personas de nuestras comunidades y una herramienta eficiente para contribuir significativamente a la sostenibilidad de la vida en nuestros territorios.

(Este esquema de cinco claves está entre los preparatorios del curso “Gestión de cambios estratégicos en los servicios sociales de proximidad” que realizaremos en Castellón los días 5, 6, 12 y 13 de noviembre de 2018.)

Los cuidados como eje para la transformación de las políticas sociales

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Para que la intervención social –denominando así la actividad operativa que se realiza en los servicios sociales– pueda cumplir su función de protección y promoción de la interacción, será necesario que, además –en su caso– de los cuidados profesionales, la persona usuaria o destinataria se beneficie de otras prestaciones, apoyos o actividades más complejas y basadas en conocimiento más sofisticado como la evaluación de los efectos de la intervención o actividades dirigidas a desencadenar cambios en los comportamientos de las personas o en las dinámicas familiares. Así, la prestación de servicios sociales puede conllevar cuidados profesionales, pero, necesariamente, los contendrá como parte de un proceso más complejo basado en un conocimiento o cualificación más sofisticada (y científica) de suerte que los cuidados profesionales se brinden de modo que tengan los mayores y mejores efectos que sea posible en la interacción de la persona.

Obviamente una persona puede comprar cuidados profesionales –sin más– en el mercado, del mismo modo que puede automedicarse con determinados fármacos o adquirir un libro de contabilidad para aprender dicha materia, si no se ve la necesidad y el valor del diagnóstico, prescripción e intervención profesionales sobre la base del conocimiento (compatibles –por cierto– con el ejercicio de la autonomía moral y consiguiente capacidad de decisión, elección o consentimiento informado por parte de las personas usuarias). Lo que se quiere decir aquí, en todo caso, es que la decisión sobre los cuidados profesionales que debe recibir una persona pertenece –como la decisión sobre si debe operarse de apendicitis o aprender la tabla del siete– al ámbito de su autonomía moral y capacidad de decisión (o la de quien le represente legítimamente), pero que dicha decisión –como las otras evocadas– puede y –bajo ciertas premisas y en determinados contextos– debe ser objeto de prescripción facultativa sobre la base de un diagnóstico profesional basado en el conocimiento que permita establecer los mejores ajustes entre cuidado profesional, autocuidado y cuidado primario y, en definitiva, alcanzar la mejor interacción y bienestar.

Por otra parte, si miramos la evolución de otros sectores de actividad cabe suponer que es grande el recorrido que podrían tener los servicios sociales en la incorporación de productos de apoyo (ayudas técnicas) y nuevas aplicaciones, plataformas y, en general, tecnologías, lo cual, en principio, podría aportar novedades en términos de empoderamiento individual y diversificación de formas y formatos de relación entre las personas (Carretero, 2015). Sólo, sin embargo, en el marco de un sector de actividad y de un sistema público robusto, tanto desde el punto de vista ético como técnico, cabe esperar que ese imprescindible desarrollo tecnológico se oriente a la sostenibilidad relacional y la humanización de la vida y no a “asegurar y monitorizar el aislamiento, a través de la producción de una socialidad mínima y latente” (Sánchez Criado, 2012: 408). Lo cual, seguramente, sólo será posible desde un fuerte liderazgo político e innovación pública, como ha sucedido o está sucediendo en muy diversos sectores de actividad (Mazzucatto, 2016).

Como ha señalado Adelina Comas, una necesidad o contingencia que, como es el caso de necesitar cuidados, puede acarrear costes “catastróficos” (Comas y otras, 2012: 258) no puede ser considerada y tratada como un riesgo individualmente asumible. Posiblemente, hoy y aquí, las limitaciones y disfunciones de la respuesta de los servicios sociales a este reto, aparte de generar y agravar sufrimientos humanos, están repercutiendo en crecientes costes y perversiones en el sistema sanitario y a un uso crecientemente irracional de los patrimonios económicos e inmobiliarios de millones de personas, en ese modelo de bienestar en crisis sistémica. De ahí la necesidad de “un nuevo relato para los servicios sociales” (Santos, 2012) y de ahí la centralidad de los cuidados y de su abordaje desde unos renovados servicios sociales (preventivos, personalizados y comunitarios), integrados intersectorialmente con la sanidad, las políticas de vivienda y otras, en la transformación de las políticas sociales hacia un nuevo modelo social para la sostenibilidad de la vida.

(Fragmentos finales de un artículo de reciente publicación, que puede descargarse completo aquí.)

Intervención comunitaria, consultoría de acompañamiento y compromiso político

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En el ámbito de los servicios sociales, como en cualquier otro sector de actividad profesionalizado y complejo, emergen personas y organizaciones dedicadas a la consultoría, entendida, en general, como apoyo temporal para el funcionamiento y estructuración de intervenciones, organizaciones o políticas; labor con un posicionamiento peculiar en las dinámicas y redes de práctica y conocimiento, diferenciado de (y complementario con) el de los agentes responsables de dichas intervenciones, organizaciones o políticas y el de los centros académicos, de estudios o de investigación.

Consultoras y consultores sociales con imbricación comunitaria parecerían compartir algunos rasgos o aspiraciones, posiblemente, en su manera de vivir el acompañamiento a equipos y de comprometerse con misiones sociales. Nos gustaría, ciertamente, creer que las horas de roce y rozamiento militante y paciente en y con las vulnerabilidades comunitarias han forjado un estilo de apoyo a (o en) las organizaciones respetuoso con sus ritmos y proyectos, a la vez que capaz de captar la vibración que sugeriría el surgimiento de una oportunidad para el cambio, el giro o el impulso significativo. Nos agradaría, también, sentir que acertamos (alguna vez al menos) con la medida del necesario distanciamiento frente a nuestras interlocutoras y el éticamente insoslayable compromiso con sus causas: deseamos vernos y ser vistas (también cuando hacemos de consultoras) como agentes políticas, que añaden valor en procesos colectivos de transformación social inclusiva.

¿Qué mochila de saberes y herramientas útiles conservará consigo la ingeniera de telecomunicaciones, el agricultor ecológico o la cirujana cardiovascular que den el salto a la consultoría? Seguro que no es pequeña. Las personas dedicadas a la intervención social que nos reinventamos, con la marca que sea, como consultoras, cuando miramos nuestra mochila, podemos, seguramente, identificar una mezcla de viejos y queridos saberes propios de nuestro ámbito sectorial con herramientas comunes y compartidas con otras profesionales de la consultoría de ramas de actividad distintas o transversales entre éstas. Hoy y aquí, algunas personas y organizaciones, desde nuestro compromiso con los servicios sociales, nos sentimos parte de un fraternal archipiélago que late en claves de procomún colaborativo, economía solidaria o innovación comunitaria.

Sea como fuere, nuestra actividad de consultoría social, como todas seguramente, requiere momentos de replegarnos, cuidarnos, contrastarnos, nutrirnos, formarnos, identificarnos. A la vez, sólo cobra sentido como subsistema de un sistema mucho más amplio, que nos reta, nos renueva y nos orienta. Y, en última instancia, lejos de ser un cobijo seguro, es más bien una forma de modesta búsqueda, desde la común fragilidad, en estos tiempos apasionantes y vertiginosos que nos ha tocado en suerte vivir.

(En agradecimiento a Marta Ballester, Clàudia Manyá, Elena Masanas y Guiomar Vargas, por su invitación a una primera conversación compartida, en la que se inspira esta entrada. La fotografía corresponde a una actividad comunitaria en el barrio de San Francisco, en Bilbao.)

Zahartzea, ugalkortasuna, menpekotasuna eta familia Euskal Herrian

Eusko Ikaskuntza

2017an, Euskal Herriko biztanleriaren zahartze-mailak beste maximo historiko bat izan zuen: 64 urtetik gorako 130 pertsona, 16 urtetik beherako 100 pertsonako. Europako batezbestekoa (108) handiagoa da. Prozesu hori hurrengo hamarkadan areagotu egingo da, baby boom fenomenoko belaunaldia 65 urteko adinera iristean. Mendekotasun funtzionala (beste pertsona batzuk zaintzea edo haiei antzeko laguntzak ematea) duten pertsona gehienak adinekoak dira: EAEn, mendekotasun funtzionaleko egoeran dauden 10 pertsonatik zazpik 65 urte edo gehiago dituzte.

Bestalde, ugalkortasun-tasa (15 eta 49 urte bitarteko 1.000 emakumeko jaiotako pertsonak) lau puntu txikitu zen Espainian 2009tik 2016ra bitartean (42,6tik 38,5era), eta Euskal Herrian eta Europar Batasunean, berriz, ia ez zen aldatu (azken datuen arabera, 40,2 izan zen Euskadin eta 44,5 Europan). Euskadin, 2016an, espainiar nazionalitateko emakumeen ugalkortasuna 36,54 izan zen, eta atzerriko nazionalitateko emakumeena, berriz, 79,39. EAEko ugalkortasunari buruzko datuak positibo samarrak dira, urte hauetako krisi ekonomikoaren testuinguruan. Eta hori, adituen ustez, beste lurralde batzuetakoa baino gizarte-babeseko sistema hobea izatearen ondorioa da.

Dena den, esan bezala, biztanleriak zahartzen jarraitzen du, eta haur guztiek arreta behar badute ere (eta haien kopurua txikitzen ari da), biztanleriaren zahartzeak ondorio hau izango du: zainketak behar dituzten pertsonen kopurua handiagoa izango da zainketa horiek emateko ahalmen funtzionala duten pertsonen kopurua baino. Bestalde, proportzio hori ez da Euskal Herriko lehen mailako zainketen eskasia eragiten duen elementu bakarra; izan ere, demografiaren egituran eta dinamikan ez ezik, senar-emazteen arteko, familiako eta komunitateko harremanen egituran eta dinamikan ere aldaketak ari dira gertatzen.

Horrenbestez, esate baterako, lan-adinean dauden (16-64 urte) emakumeek % 69,9ko parte-hartzea izan zuten lan-merkatuan, 2017an. Datu horiek argi eta garbi adierazten dute emakumeek ordaindutako enpleguari uko egiteko eta zainketetan jarduteko gizarte-araua pixkanaka atzean geratzen ari dela. Hala ere, Euskadin, EUSTATen 2015eko datuen arabera, etxetik kanpo lan egiten zuten emakumeek 4,9 ordu eman zituzten 15 urtetik beherako seme-alabak zaintzen, eta gizonek, berriz, 3,1 ordu. Funtzionalki mendekoak diren pertsonen zainketa aztertuz gero, desberdintasunak bere horretan jarraitu zuen: gizonek 1,5 eman zuten egunero, eta emakumeek, 2,3 ordu. Argi dago gizonek ez dutela euren gain hartu emakumeek utzitako zainketa-lanaren zatia.

Bestalde, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko familien eta familia-etxeen inkestaren arabera, familien % 25ek soilik dituzte haurrak edo nerabeak, eta, horrez gain, beste % 25 pertsona bakarreko familiak dira. Hala, Euskal Herrian, biztanleriaren % 12,7 bakardadean bizi da; ehuneko hori % 22,2koa da 64 urtetik gorakoen artean. SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroaren azterketek jakitera ematen dute familia-politiketan familia-ikuspegia zeharka erabiltzea ez dela eraginkorra, eta, horrez gain, familia-arrazoiengatiko zerga-kenkariak lau aldiz handiagoak direla zuzeneko familia-prestazioak baino; gainera, diru-sarrera gehiago izateagatik errenta-aitorpena egin behar dutenek soilik lortzen dute kenkarien onura. Familiak babesteko politiken ahuleziaren adibide bat baino ez da.

(Eusko Ikaskuntzak bultzatutako liburu berderako ekarpenaren zatia.)

“No deseo ser tratado por el sistema público de servicios sociales como parte de un colectivo”

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El sistema público de servicios sociales puede llegar a ser, como ya lo son el sanitario, el educativo o el de pensiones, para una mayoría de la gente, hoy y aquí, una fuente de seguridad y satisfacción a lo largo de nuestro ciclo vital. Puede desarrollarse y transformarse en un mecanismo eficaz, para toda la población, en la prevención y abordaje de necesidades que pudiéramos sentir en función de cambios en nuestra autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria o nuestras relaciones familiares y comunitarias.

Uno de los obstáculos para lograr ese desarrollo es la concepción operante en buena parte de las dinámicas y estructuras que funcionan en nuestros servicios sociales según la cual éstos son servicios para determinados colectivos o, todavía peor, servicios integrales para ellos. Dicho de otra forma: hasta que nuestra autonomía funcional o integración comunitaria no se deterioren lo suficiente como para poder ingresar en una de esas categorías, poco podemos esperar de los servicios sociales; y cuando se nos considere miembros de uno de esos segmentos poblacionales vulnerables, lo más probable es que seamos, para siempre, sin vuelta atrás, miembros de ese grupo (y, para los servicios sociales, sólo de él).

Nuestras organizaciones del tercer sector de acción social tienen una gran parte de responsabilidad en este problema que lastra el desarrollo del sistema público de servicios sociales. Sin duda, es muy positivo que las personas nos agrupemos solidariamente en función de circunstancias que nos afecten o desafíos que sintamos compartir. Sin embargo, el modelo de intervención y organización de unos servicios sociales universales y centrados en la persona, incluso cuando concierten prestaciones con la iniciativa social, no puede basarse en la segmentación que se deriva de esa autoorganización de la ciudadanía.

La frase que encabeza este artículo quiere expresar la aspiración a contar con un sistema público de servicios sociales capaz de brindar a todas las personas los cuidados, productos, apoyos e intervenciones capaces de complementar y optimizar nuestra autonomía funcional y relaciones primarias cotidianas en la diversidad sexual, funcional, generacional y cultural presente en la comunidad. Es tarea de los poderes y administraciones públicas y de la organización solidaria de la sociedad civil transformar y reorientar los servicios sociales para que, cada vez menos, nos encuadren en colectivos y, cada vez más, nos apoyen, de forma preventiva y personalizada, para vivir en la diversidad comunitaria.

(Sobre estas y otras cuestiones hablaremos esta semana en la cooperativa SSI, en el Ayuntamiento de Platja d’Aro, en la Fundació Tutelar de las Comarques Gironines y con Argia Fundazioa.)

Ordenando la acción intersectorial para el bienestar

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La complejidad de las necesidades y situaciones a las que han de dar respuesta las políticas públicas y los diversos agentes interesados o implicados en ellas parece llamar, lógicamente, a algún tipo de colaboración entre diferentes agentes, de integración entre distintos procesos, de actuación conjunta de estructuras o de coordinación entre partes. Partiendo del predominio de las políticas (sociales o no) y estructuras especializadas sectoriales y situándonos en un hipotético territorio de ámbito local (sin ulterior especificación), se propone un esquema de clasificación de iniciativas o propuestas, en las que, se propone:

  1. Utilizar el término coordinación cuando predomina la dinámica propia o autónoma de los agentes o las partes pertenecientes a diferentes sectores de actividad.
  2. Utilizar el término dirección cuando es una autoridad jerárquica (política) la encargada de la conjunción o coherencia de la actividad de las partes o agentes.
  3. Utilizar el término integración en la medida en que determinados procesos (series de actividades, cadenas de valor) intersectoriales cobran fuerza y estabilidad.

Por otra parte, podría diferenciarse cuando el marco de referencia de esa acción más o menos conjunta es:

  1. Ninguno en particular.
  2. Una política sectorial (es decir, referida a un sector de actividad).
  3. Una política transversal (entendida como una política parcial que atraviesa a las políticas sectoriales con alguna autoridad funcional sobre aspectos de ellas).
  4. Una política integral (entendida como una política general que incluye a las políticas sectoriales, con suficiente autoridad jerárquica sobre ellas).

Por último, habría que señalar que las diferentes dinámicas, procesos, funcionamientos o estructuras intersectoriales a las que nos hemos referido pueden combinarse:

  • Con una mayor o menor integración vertical o intrasectorial de los agentes implicados.
  • Con una mayor o menor dinámica colaborativa entre diferentes tipos y un número mayor o menor de agentes.

Aplicando este esquema a nuestra realidad actual, se trataría de razonar y trabajar en las siguientes cinco líneas de pensamiento y actuación.

  1. La universalización y redefinición de los contenidos de las grandes ramas de la política social, en el proceso de transformación de la asistencia social residual en los nuevos servicios sociales sectoriales.
  2. La integración vertical o intrasectorial en las políticas sociales y en otras políticas públicas en busca de la flexibilidad para trabajar a la escala territorial adecuada en el contexto de la crisis de la sostenibilidad relacional de la vida y de la globalización digital.
  3. La construcción de una arquitectura jerarquizada y homogénea a diferentes escalas para la gobernanza integral del bienestar y el desarrollo territorial, superando la actual improvisación, profusión y confusión de iniciativas intersectoriales.
  4. La integración intersectorial de la atención, en mayor medida en las interfaces calientes que son atravesadas por mayor número y mayor complejidad de itinerarios de las personas.
  5. El impulso público del trabajo en red en los ecosistemas sectoriales e intersectoriales de práctica y conocimiento, favoreciendo la innovación tecnológica y social.

(Fragmentos de la ponencia preparada para el congreso de la Red Española de Política Social, del 4 y 5 de octubre de 2018, que puede descargarse completa aquí. Sobre estas cuestiones hablaremos también el 2 de octubre en una conferencia organizada por el Ayuntamiento de Manresa y, en esta misma semana, en un encuentro de Sant Joan de Deu.)