Sociedad del conocimiento, políticas sectoriales e intervenciones basadas en evidencias

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Posiblemente, en la llamada sociedad del conocimiento se refuerza la importancia estratégica de la incardinación en los ámbitos sectoriales de la economía, la política pública y la gestión del conocimiento (nacionales e internacionales) no sólo de las empresas privadas, sino también de las organizaciones públicas y las entidades de iniciativa social. La creciente importancia del conocimiento y la tecnología en la creación de valor obligaría a la Administración pública, trascendiendo su función social de redistribución de recursos económicos para la compra de bienes y servicios en el mercado, a coproducir más y mejor conocimiento para poder ser, en cada uno de los ámbitos sectoriales (por ejemplo, en los servicios sociales) tan determinante como le exija, entre otras, la legislación, su programa político y la expectativa del electorado (que, entre otras cosas, también es consumidor de servicios públicos o portador de derechos sociales). Por su parte, posiblemente, las entidades solidarias encuentran crecientes dificultades para operar simultáneamente en varios sectores de actividad, por la creciente especialización que exige mantenerse en cada uno de ellos.

Así, frente a un imaginario de una institucionalidad pública y una iniciativa solidaria más bien transversales y con agentes generalistas y un mundo mercantil más estructurado por sectores de actividad y con agentes más especializados (con más conocimiento sectorial), emergería con más fuerza el reto, para los agentes públicos y solidarios, de actuar estratégicamente en esos ecosistemas sectoriales (y después intersectoriales) de producción y aprendizaje antes descritos, en los que deben ejercer colaboración y tracción entre sí múltiples agentes, deseablemente en el marco de estrategias públicas, sectoriales e intersectoriales, de investigación, tecnología e innovación, favorecedoras de dinámicas sinérgicas de desarrollo territorial y creación de empleo en las que, por ejemplo, los servicios sociales se configuren como tractores de otros y generadores de valiosos retornos económicos, laborales, ambientales y relacionales (Powell y otras, 2017).

Como manifestación, por ejemplo, de los cambios y retos en estas dinámicas de relación entre agentes, cabe referirse a la aplicación de las ciencias del comportamiento, con la creación de unidades o equipos gubernamentales sobre enfoques comportamentales (behavioural insights), a políticas públicas cada vez más basadas en evidencias. Así, podría pensarse, por ejemplo, que los conocimientos de las ciencias del comportamiento forman parte de la caja de herramientas del personal operativo que hace intervención social o, en todo caso, de las personas con responsabilidades de gestión, por ejemplo, de los recursos humanos. Sin embargo, cada vez más, se presentan como útiles para el diseño de las políticas (OECD, 2017). A la vez, esta conexión más directa entre unas determinadas comunidades científicas y las personas que toman las decisiones políticas tiende a impulsar la realización de ensayos controlados aleatorizados (Randomized Controlled Trials), tratándose de “imitar los ensayos aleatorios que se utilizan en medicina para evaluar la efectividad de los nuevos medicamentos” (Banerjee y Duflo, 2011: 25). Aunque, posiblemente “el movimiento de la política basada en evidencias ha abrazado el potencial social de una mayor aplicación de la ciencia, pero se ha arriesgado a hacerlo con una comprensión insuficiente de la naturaleza del proceso de política y las preocupaciones normativas inherentes a la toma de decisiones políticas” (Parkhurst, 2017: 32).

(Fragmento adaptado de un artículo de próxima publicación en Cuadernos de Trabajo Social, como eco de reflexiones compartidas en el Consorcio de Acción Social de la Garrotxa.)

Prescripción profesional de cuidados y sistemas públicos de servicios sociales

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Obviamente una persona puede comprar cuidados profesionales –sin más– en el mercado, del mismo modo que puede automedicarse con determinados fármacos o adquirir un libro de contabilidad para aprender dicha materia, si no se ve la necesidad y el valor del diagnóstico, prescripción e intervención profesionales sobre la base del conocimiento (compatibles –por cierto– con el ejercicio de la autonomía moral y consiguiente capacidad de decisión, elección o consentimiento informado por parte de las personas usuarias). Lo que se quiere decir aquí, en todo caso, es que la decisión sobre los cuidados profesionales que debe recibir una persona pertenece –como la decisión sobre si debe operarse de apendicitis o aprender la tabla del siete– al ámbito de su autonomía moral y capacidad de decisión (o la de quien le represente legítimamente), pero que dicha decisión –como las otras evocadas– puede y –bajo ciertas premisas y en determinados contextos– debe ser objeto de prescripción facultativa sobre la base de un diagnóstico profesional basado en el conocimiento que permita establecer los mejores ajustes entre cuidado profesional, autocuidado y cuidado primario y, en definitiva, alcanzar la mejor interacción y bienestar.

Por otra parte, si miramos la evolución de otros sectores de actividad cabe suponer que es grande el recorrido que podrían tener los servicios sociales en la incorporación de productos de apoyo (ayudas técnicas) y nuevas aplicaciones, plataformas y, en general, tecnologías, lo cual, en principio, podría aportar novedades en términos de empoderamiento individual y diversificación de formas y formatos de relación entre las personas (Carretero, 2015). Sólo, sin embargo, en el marco de un sector de actividad y de un sistema público robusto, tanto desde el punto de vista ético como técnico, cabe esperar que ese imprescindible desarrollo tecnológico se oriente a la sostenibilidad relacional y la humanización de la vida y no a “asegurar y monitorizar el aislamiento, a través de la producción de una socialidad mínima y latente” (Sánchez Criado, 2012: 408).

El reto es considerable, pues se trata de salir del actual círculo vicioso entre agravamiento de la situación de las personas, fragmentación de la atención, burocratización de las organizaciones e insatisfacción del personal e impulsar el círculo virtuoso entre comunidad de conocimiento, integración de la atención, empoderamiento de las personas y sostenibilidad social. Ello requiere tanto de una más orientada investigación básica y aplicada, desde diversas áreas de conocimiento, que permita mejorar el instrumental de evaluación de los fenómenos y cambios de los que se ocuparían los servicios sociales como de experiencias piloto (prototipos) que vayan construyendo formatos e itinerarios de atención y calibrando su utilidad, viabilidad, legitimidad, transferibilidad, escalabilidad y sostenibilidad. Lo cual, seguramente, sólo será posible desde un fuerte liderazgo político e innovación pública, como ha sucedido o está sucediendo en muy diversos sectores de actividad (Mazzucatto, 2016).

(Fragmentos finales de un artículo de próxima publicación en Documentación Social, base para el trabajo de una jornada el 22 de junio de 2018 en La Garrotxa.)

Gizarte-zerbitzuak, etorkizunera begira

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Gizarte-zerbitzuek pertsona guztiei bizitza osoan zehar euren eguneroko autonomia eta harreman primarioak hobetzeko eta osatzeko behar dituzten zainketak eta laguntzak eskaintzen dizkien jarduera ekonomikoen sektorea osatzen dute. Horri esker, pertsonak autonomoak dira eguneroko bizitzako erabaki eta jardueretan, eta familiako eta komunitateko harremanetan. Oro har, aipatutako arloa funtsezkoa da pertsona guztien ongizatearentzat, eta, beraz, gizarte-zerbitzuen politika publikoa ongizatearen estatuko gizarte-politikatzat jotzen da.

Hala eta guztiz ere, azpimarratu behar da, gure gizartean, gizarte-zerbitzuen sektore ekonomikoak edo, horren barruan, gizarte-zerbitzuen sistema publikoak ez dutela lortu ongizatearentzat funtsezkoak diren beste batzuek (esate baterako, osasun zerbitzuen sektore ekonomikoa edo osasun-sistema publikoa) duten garapen maila. Esate baterako, garapen-maila txikiagoa dutenez, lurralde eta administrazio bakoitzak modu batean izendatzen ditu gizarte-zerbitzuak edo haien atalak, eta, askotan, ez daude elkartuta, antolamenduaren aldetik, zatikatuta baizik, eta, aldi berean, beste jarduera batzuekin nahasita.

Gaur egungo gizartean, ordea, zainketen krisia, zalantzarik gabe, gizarte-zerbitzuen garapena areagotu egin behar dela azaleratzen duen gizarte-fenomeno handia da. Zenbait faktorek eragin dute zainketen krisia. Hona hemen adibide bat: ezgaitasunak dituzten pertsonen bizi-itxaropena luzatu izanaren ondorioz, belaunaldi- eta funtzionaltasun-aniztasuna handitu egin da, eta, aldi berean, egitura eta balio patriarkal jakin batzuk zalantzan jartzeko eta gainditze erlatibo eta disfuntzionalerako prozesuak sortu dira. Egitura eta balio patriarkal horiek honako uste honetan daude oinarrituta: emakumeek merkatuaren esparruan, gizarte zibil antolatuan edo Estatuan parte hartzeari uko egin eta lehen mailako harremanetan, batik bat zainketa-harremanetan, jardungo zutelako ustean. Erlatiboa da, oraindik ere emakumeak arduratzen direlako gehienbat lehen mailako zainketez, eta disfuntzionalagoa, oso urrun jarraitzen dugulako lehen mailako zainketen eta zainketa profesionalen arteko oreka egokitik.

Zorionez, berrikuntza teknologikoak (makrodatuekin, gauzen Internetekin, lankidetza-plataformekin, adimen artifizial banatuarekin eta abarrekin lotuak) eta berrikuntza sozialak (Euskadiko hirugarren sektoreko sare solidarioaren indarrean oinarrituak) gure gizarte-zerbitzuen garapena bizkortu dezakete. Garapen horretan, bide batez, askotariko irakaspenak lor ditzakegu hurbileko esperientzietatik. Nafarroan, esate baterako, zenbait prestazio ekonomiko gizarte-zerbitzuetan izapidetzeari utzi eta kenkari itzulgarritzat edo zerga negatibotzat hartzen dituzte, zerga-politikaren esparruan. Era berean, mugaz beste aldean, Ipar Euskal Herrian, lehen haurtzaroaren zainketa komunitarioak jorratzeko edo ezkutuko ekonomian zeuden zainketa-zerbitzuak azaleratzeko (eta erabiltzaileak ahaldunduz) bideak kontuan hartzeko modukoak dira.

(Eusko Ikaskuntzak bultzatutako liburu berderako ekarpenaren zatia.)

¿El País Vasco, perdiendo el tren de los servicios sociales?

Eusko Ikaskuntza

La Comunidad Autónoma del País Vasco ha alcanzado en 2017, según datos del INE, un nuevo máximo histórico de envejecimiento de su población, con 145 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, lo que supone dos puntos porcentuales más con respecto al año anterior y es superior a la media española (118,4) o al dato de Navarra (116,5). Este proceso se acelerará en la próxima década, cuando van llegando a la edad de 65 años las cohortes del llamado baby boom. La dependencia funcional (respecto a los cuidados de otras personas o apoyos equivalentes) se concentra en las personas mayores: de cada diez personas en situación de dependencia funcional, siete tienen 65 años o más.

Por otro lado, según datos, también, del INE, mientras la tasa de fecundidad (personas nacidas por cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años) baja cuatro puntos del 2009 al 2016 en el conjunto de España (de 42,60 a 38,53), en la Comunidad Autónoma del País Vasco prácticamente se mantiene (pasa de 40,77 a 40,22). En el País Vasco, en 2016, la fecundidad de las mujeres de nacionalidad española es de 36,54 y la de las mujeres de nacionalidad extranjera es de 79,39.

Además, la participación de las mujeres en edad laboral en el mercado de trabajo se ha situado, en 2015, en el 52,2%, dos décimas por encima de la registrada en 2014, lo que sitúa esta tasa en la senda de evolución positiva iniciada décadas atrás, cuando la actividad laboral de las mujeres era minoritaria (38,5% en 1991). Datos reveladores de la manera en que se ve relegada al pasado la expectativa o norma social de que las mujeres renunciaran al empleo remunerado y se dedicaran a los cuidados. Sin embargo, según datos del EUSTAT de 2015, las mujeres que trabajaban fuera de casa destinaban 4,9 horas diarias al cuidado de los hijos e hijas menores de 15 años, mientras que los hombres empleaban 3,1 horas diarias. Estas diferencias se mantenían en el caso del cuidado de otras personas funcionalmente dependientes, actividad a la que los hombres le dedicaban 1,5 horas diarias y las mujeres 2,3 horas. Parece claro que, con el movimiento de las mujeres de ceder parte de su trabajo de cuidados, no se ha producido un proceso equivalente de los hombres de asumirlo. Por otra parte, según la encuesta de hogares y familias del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, además de no haber más de un 25% de hogares con niñas, niños o adolescentes, hay un 25% de hogares en los que sólo vive una persona.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, sin embargo, a pesar de ser, según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la que más gasta por persona en servicios sociales, tiene una cobertura de servicios sociales domiciliarios (1,4% para mayores) que es menos de la mitad que la (ya baja) media española o un 44,5% de acogimientos familiares de niñas, niños y adolescentes (sobre el total de acogimientos) frente al 60,9% de la media española. Ello puede ser revelador de un modelo de servicios sociales todavía muy apoyado en centros de carácter residencial, diurno o ambulatorio que no está innovando y girando con suficiente fuerza en la línea de cuidar y apoyar a las personas en su vida cotidiana en la comunidad.

Sin embargo, esa transformación estratégica es posible en el marco del imprescindible incremento de la inversión pública en servicios sociales en los próximos años, corrigiendo la descompensación que supone que nuestro gasto público en servicios sociales sea de 1.000 millones de euros anuales, aproximadamente, frente a los 3.700 de sanidad, los 2.700 de educación y los 8.800 de pensiones (por referirnos en números redondos a los cuatro grandes pilares del Estado de bienestar).

Fragmento adaptado de una aportación para el “Libro verde del (de los) Territorio(s) de Vasconia” de Eusko Ikaskuntza. La aportación completa (4 páginas) puede descargarse aquí. El libro verde completo (en el que la parte de servicios sociales comienza en la página 110, con una pequeña errata en la cita de la ley navarra) se puede descargar aquí. Sobre servicios sociales hablaremos esta semana en reuniones estratégicas del Gobierno de Navarra y en jornadas en Madrid, en el centro comunitario de servicios sociales de Colonias Históricas (Chamartín), el día 14, y en el Consejo de Colegios de Psicología (el 16).

Trabajo social, educación social y psicología de la intervención social: ¿de morros, de espaldas o de la mano?

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En nuestro entorno son tres las profesiones con rango universitario que tienen claramente más presencia en los servicios sociales y las que en mayor medida ponen a lo que hacen el nombre de intervención social: el trabajo social, la educación social (con la pedagogía social) y la psicología de la intervención social (entendida como una de las especializaciones aplicadas de la psicología). Se proponen aquí como las tres disciplinas llamadas en mayor medida a construir y constituir el cuerpo de conocimientos científicos y técnicos de la intervención social.

Ciertamente, interacción es un término que se utiliza en el mundo del trabajo social, cuando se afirma, por ejemplo, que “el objeto de intervención del trabajo social es la interacción entre el sujeto en situación de necesidad y/o en situación-problema y su entorno social” (María José Aguilar). Mary Richmond, pionera del trabajo social, decía que “el diagnóstico social, entonces, puede ser descrito como el intento de hacer una definición, lo más exacta posible, de la situación y personalidad de un ser humano con alguna necesidad social; de su situación y personalidad, esto es, en relación con otros seres humanos de los que de alguna manera depende, o los que de alguna manera dependen de él, y en relación también con las instituciones sociales de su comunidad”.

Se ha dicho, por otro lado, que “la Psicología de la Intervención Social es un conjunto de saberes y prácticas fundamentadas en la ciencia del comportamiento humano que se aplican a las interacciones entre personas, grupos, organizaciones, comunidades, poblaciones específicas o la sociedad en general, con la finalidad de conseguir su empoderamiento, la mejora de su calidad de vida, una sociedad inclusiva, la reducción de las desigualdades y el cambio social. Todo esto mediante estrategias proactivas y preventivas que dinamizan y favorecen la participación de personas y comunidades y tienen en cuenta la diversidad humana” (López-Cabanas y otras).

Por último, cabe recordar que, en la bibliografía sobre pedagogía y educación social se hace referencia a la dimensión “relacional, convivencial, comunitaria” de la “vida cotidiana” como “escenario” de la intervención (Caride) y a la “acción sistemática que moviliza los recursos del entorno para favorecer el desarrollo de la sociabilidad del sujeto, promoviendo su autonomía y participación crítica en la sociedad” (Melendro), recordando que las personas son “seres de necesidades, que deben satisfacerse en la interacción con otros” (Caride) en un “marco sociocultural determinado” (Melendro).

Sea como fuere, si bien cabe constatar la presencia y predominancia de estas tres áreas de conocimiento en la intervención social y en los servicios sociales realmente existentes y establecer conexiones entre ellas y la definición de la interacción (entre autonomía funcional cotidiana y relaciones familiares y comunitarias) como objeto de la intervención social y de los servicios sociales, seguramente está en gran medida por hacer la conversación en y, especialmente, entre estas tres disciplinas y profesiones (y otras) para la construcción de un conocimiento compartido, una actividad profesional colaborativa y un sector económico y de política pública atractivo y de futuro.

(Adaptado de un fragmento del artículo “Construyendo la intervención social”, descargable pinchando en su título. Sobre estas cuestiones hablaremos esta semana en actividades organizadas por Servicios Sociales Integrados, la Diputación Foral de Bizkaia y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales con la Universidad de Zaragoza.)