La incidencia política desde el tercer sector de acción social

Incidencia

Las organizaciones y redes del tercer sector de acción social, en términos generales, asumen que una de sus tareas inexcusables es la de lograr tener influencia en las políticas públicas. Para ello, posiblemente, el primer paso es analizar sus condicionantes y expectativas externas e internas y tomar conciencia de que, frecuentemente, ellas mismas son parte integrante del sistema establecido, singularmente en el ámbito de los servicios sociales y, frecuentemente, en otros como los del empleo o la vivienda. Por ello, transformar las políticas públicas empieza por transformarse a sí mismas (por ejemplo, despatriarcalizar las políticas públicas empieza por despatriarcalizarse a sí mismas).

Por otra parte, para lograr incidencia política, el tercer sector de acción social debe avanzar en su configuración como intelectual colectivo, compatible con la emergencia de intelectuales orgánicas, personas que puedan encarnar, en determinados momentos, el pensamiento, el conocimiento y la voz colectivas. Se trata de ir a la interlocución política con los poderes públicos (y otros agentes) más y mejor pertrechadas de análisis y propuestas comprehensivas sobre las políticas sectoriales y la atención integrada y no únicamente del “qué hay de lo mío”.

Seguramente, en ese terreno, hoy y aquí, es fundamental tener claro lo que supone la aplicación de un enfoque de derechos en la universalización de los servicios sociales y de otras ramas de la política social y ejercer  la resistencia crítica ante los intentos de restaurar ultimas redes asistencialistas que, con la bandera de conveniencia de una pretendida atención integral, precarizan estructuralmente las vidas de muchas personas y, también, dicho sea de paso, el propio tercer sector de acción social. Sabiendo que el reparto de papeles entre el sector público, el tercer sector y otros agentes será diferente en cada sector de actividad (servicios sociales, garantía de subsistencia, vivienda, empleo u otros).

Por otra parte, ese enfoque de derechos universales y el impulso de unos servicios sociales personalizados y comunitarios obliga a no pocas organizaciones del tercer sector de acción social a iniciar, más pronto que tarde, una travesía que, mediante la gestión del conocimiento y las alianzas estratégicas, les lleve a abandonar su nicho tradicional de atención segregada a un determinado colectivo poblacional para irse abriendo al conjunto de la ciudadanía diversa en el territorio (desde el hacinado al despoblado) en clave, cada vez más, de prevención y promoción.

Cada organización y cada red del tercer sector de acción social deberá definir y conquistar su posicionamiento específico, con la proporción deseada, en cada fase de su desarrollo, de ingredientes como: ser red de relaciones solidarias, dinamización comunitaria, intervención profesional, construcción de conocimiento, innovación social, construcción del diálogo civil (a la altura del diálogo social), colaboración con el sector público, sensibilización, cabildeo, fortalecimiento del propio tercer sector de acción social, denuncia, construcción de alianzas con o en movimientos sociales, movilización y así sucesivamente.

Posiblemente, la prueba del algodón de las estrategias de incidencia política del tercer sector de acción social sea la verificación en su seno de procesos de participación y empoderamiento de personas en situación, por ejemplo, de dependencia funcional, aislamiento relacional, exclusión comunitaria o fragilidad vital. Ser menos organizaciones que compiten por subvenciones para sostener empleos (en buena parte dedicados a solicitar y justificar subvenciones) y más instrumentos de autoorganización comunitaria y transformación social.

(Reflexiones compartidas en Cáritas de Castilla y León.)

Cuatro encuadres para el desafío de los cuidados

cuatro encuadres

El reto de los cuidados en nuestra sociedad puede describirse como el de un incremento de la demanda agregada de cuidados, es decir, como un aumento del número de personas que piden (o para las que se piden) cuidados: como un crecimiento del número de horas de cuidado demandado, en función de las limitaciones para el autocuidado que las criaturas, las personas mayores u otras personas presentamos. Desde ese encuadre, se suelen plantear disyuntivas más prácticas (por ejemplo, entre servicio doméstico y servicios sociales) o más políticas (entre aseguramiento público o régimen de mercado, por ejemplo).

Un segundo marco, sin desconocer el aumento cuantitativo de la demanda de cuidados, pone el énfasis, desde una perspectiva cualitativa, en el incremento de su complejidad. Desde esta perspectiva, se subrayará que los cuidados serían una materia en la que, además o por encima del juego de la oferta y la demanda, debe haber un análisis técnico y profesional y una política pública que permitan identificar y atender las necesidades. En este plano se movería, por ejemplo, buena parte del discurso, las prácticas y el debate “sociosanitarios”.

En un tercer encuadre, sin desconocer la creciente cantidad y complejidad (singularmente, intersectorial) de los cuidados demandados o necesarios, se mira a los cuidados, en primera instancia, como bienes relacionales, es decir, como parte de las relaciones primarias de reciprocidad en las que participamos todas las personas. Más y antes que cuidados profesionales sustitutivos o sucedáneos, se reclamarían apoyos para el ejercicio pertinente del autocuidado y los cuidados primarios. Aquí encajaría, por ejemplo, la agenda de transformación innovadora de los servicios sociales en clave preventiva, personalizada, digital y comunitaria.

Desde una cuarta mirada, por último, se vería nuestra actual crisis de cuidados como una expresión de un problema sistémico de insostenibilidad relacional de la vida. La pregunta sería cuánta destrucción o carencia de relaciones primarias (familiares y comunitarias) podemos soportar sin arriesgarnos gravemente a mutaciones sociales y humanas incontrolables. Desde esta mirada, se plantearía el reto de una nueva integración vertical y horizontal de los servicios de bienestar y las políticas públicas, en un proceso de construcción de un nuevo modelo social para el buen vivir corporal y digital, territorial y globalizado.

(Entrada elaborada para Marije Goikoetxea, resumiendo, precisando y conectando una intervención en el congreso de Zahartzaroa. De estas y parecidas cosas hablaremos el 23 de mayo, en Valladolid, con Cáritas de Castilla y León y el 25 de mayo, en Murcia, con los colegios profesionales de psicología y educación social.)

Diez claves para la integración intersectorial en servicios de bienestar

Arpillera

Si intentamos sintetizar las propuestas de referencia de organismos internacionales como la OCDE, la OMS, la UE o la CEPAL en relación con la manera en la que las diferentes políticas públicas y sectores de actividad (como salud, servicios sociales, educación, vivienda u otros) responden conjuntamente a las necesidades de la población, cabe identificar las siguientes diez claves:

  1. Es crítica una distinción clara y posicionada en la mente de toda la ciudadanía acerca del tipo de necesidades a las que se da respuesta desde cada sector de actividad, de modo que las personas sepan a qué subsistema dirigirse en los diferentes momentos y situaciones de su ciclo vital.
  2. Se asume que, con la actual complejidad social, no puede existir un subsistema residual o última red que se hace cargo de personas globalmente excluidas del resto de ámbitos de respuesta a necesidades y que la suposición de que tal subsistema residual existe es crecientemente disfuncional.
  3. Se debe avanzar hacia una arquitectura más clara y amigable en lo tocante a los accesos a cada uno de los sectores o subsistemas y en lo referido a las interfaces o puntos en los que los itinerarios de las personas les llevan de un sector a otro.
  4. Los diferentes subsistemas han de mejorar su capacidad de identificación proactiva de las situaciones y casos de fragilidad o vulnerabilidad mediante sistemas preventivos de diagnóstico, valoración, evaluación y cribado en función de criterios de segmentación o estratificación.
  5. Resulta fundamental el cuidado profesional en la continuidad de la intervención y los itinerarios intersectoriales, especialmente en momentos delicados de transición entre ámbitos, facilitados mediante la interoperabilidad digital entre los sistemas de atención e información sectoriales.
  6. Es fundamental la protocolización de itinerarios tipo (o el establecimiento de estrategias compartidas) para determinados segmentos o perfiles poblacionales de cierta complejidad, flexibles para adaptarse personalizadamente a las características y preferencias individuales en los itinerarios intersectoriales.
  7. Procede la instalación, cuando sean necesarios, de procesos intersectoriales de gestión de caso, asumiendo el liderazgo del caso el sector cuya necesidad de referencia sea predominante en cada momento.
  8. Se ha de prever, en su caso, la generación de servicios integrados (con prestaciones y profesionales propios de diferentes ámbitos sectoriales), de modo que, excepcionalmente, pueda darse, desde un subsistema, una atención integral.
  9. Es preceptivo, en cualquier modo, trabajar la integración intersectorial en el nivel macro (con expresión presupuestaria y sinergias con las políticas económicas), en el nivel meso (con gestión resolutiva en el marco de una arquitectura ordenada) y en el nivel micro (de modo que la persona no note las “costuras” y se facilite su empoderamiento en su comunidad y territorio elegidos).
  10. La integración intersectorial u horizontal, en todo caso, es complementaria de la integración vertical en el seno de cada uno de los subsistemas, pues si la continuidad, proximidad, personalización y eficiencia de la atención no se logra al interior de cada sector, difícilmente se alcanzará en el conjunto del sistema.

(Sobre estas y otras cuestiones hablaremos el miércoles, 16 de mayo, en una jornada en el Ayuntamiento de Madrid; el jueves, 17, en el congreso de Zahartzaroa, y el viernes, 18, en un curso del Colegio de Trabajo Social en Vitoria-Gasteiz. La imagen pertenece al grupo Dones i Barri, de Badalona, en el que se tejen arpilleras para contar historias.)

Garantizar la subsistencia en la sociedad digital

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Cuando los países como el nuestro se preguntan cómo garantizar el ejercicio de los derechos humanos tras la Segunda Guerra Mundial, los sistemas públicos de protección social se convierten en una de las respuestas fundamentales. Durante décadas, nuestra economía se industrializa, apoyándose en el pleno empleo masculino, suficientemente remunerado como para construir una sociedad de consumo; y se asume, en general, que, en las familias patriarcales y las comunidades homogéneas, las mujeres ofrecerán gratuitamente una gran cantidad de cuidados y apoyos, de suerte que la política social se estructura como el aseguramiento, en buena medida contributivo, frente a contingencias (como enfermedad, desempleo, jubilación o viudedad) que puedan acontecer a esos varones sustentadores o a sus familiares dependientes.

Sin embargo, la sociedad que estamos construyendo en estos momentos poco tiene que ver con la que acabamos de describir. La fuerza de trabajo humana aplicada a procesos industriales localizados se ha visto sustituida por el conocimiento intangible utilizado en la capa digital globalizada como principal factor productivo con valor de mercado. A la vez, la individualización y diversificación de trayectorias y expectativas vitales, en un contexto de justificado cuestionamiento de la división sexual del trabajo, está disminuyendo la capacidad agregada de soporte de las relaciones primarias. Todo ello hace que sea crecientemente disfuncional el sistema de protección social que se construyó en el siglo pasado y, por ello, las comunidades de conocimiento y pensamiento sobre política social se aplican a diseñar propuestas innovadoras o líneas de avance, intentando conservar los mejores logros alcanzados y, a la vez, realizar las transformaciones necesarias.

En ese contexto, si nuestros poderes públicos están siendo capaces de ofrecer una garantía razonable de promoción y protección universal de un bien tan complejo y costoso como es la salud, parece tener sentido que intenten avanzar en un sentido parecido con un bien más sencillo y asequible como es la subsistencia material (en relación con bienes tan mercantilizados como la alimentación o la energía necesarias para la vida). Las oportunidades que la inminente desaparición del dinero en metálico y digitalización de todos los flujos financieros ofrecen para ordenar la maraña de impuestos, cotizaciones, deducciones o prestaciones en un sistema integrado, esbelto, universal e inteligente que garantice a todas las personas un mínimo de medios económicos para la subsistencia son innegables. La sociedad vasca, pionera con su Renta de Garantía de Ingresos, tiene un importante camino andado y dispone, además, de las Haciendas Forales como instrumento precioso para avanzar en esta integración de la política fiscal y de garantía de ingresos, siendo la interoperabilidad con la Seguridad Social fundamental en esta operación.

La decisión es política. Podemos aferrarnos a insostenibles dinámicas de producción y consumo. Podemos pensar que seremos cuidadas por mujeres discriminadas o protegidas en comunidades cerradas con policía comunitaria. Podemos votar a partidos que propongan reducir el perímetro y la intensidad de la protección social hasta que salgan determinadas las cuentas, mientras quedemos dentro, con nuestros seres queridos. O podemos apostar por una sociedad sostenible. Si lo hacemos, parece difícil que uno de sus ingredientes no sea que todas las personas tengamos garantizados unos medios para la subsistencia, del mismo modo que podamos ejercer el derecho a la atención sanitaria, la educación, los servicios sociales o la vivienda. En el camino que nos lleva del contrato social por el que pelearon nuestras abuelas y padres al que posibilitará el buen vivir de nuestras hijas y nietos, la Renta de Garantía de Ingresos y sus posibilidades de universalización, simplificación e integración con otros flujos financieros en un pilar de seguridad económica representan un activo e instrumento a cuidar, mejorar, transformar y potenciar.

(Este artículo se ha escrito para Begirada.)

Beveridge y el bienestar: ¿Hay un sexto gran mal? ¿Hay un sexto gran bien?

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En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se publica en Inglaterra el Informe Beveridge, sin duda uno de los textos mayores en la historia de los Estados de bienestar, en el que se identifican los grandes males (giant evils) contra los que ha de luchar el sistema de protección social: la pobreza o necesidad (want), la enfermedad (disease), el analfabetismo o ignorancia (ignorance), la miseria o insalubridad en el alojamiento (squalor) y la inactividad u ociosidad (idleness). No parece forzado emparejar estos grandes males con los grandes bienes que protegerían y promoverían las siguientes grandes políticas sociales sectoriales: de garantía de ingresos (subsistencia), sanitaria (salud), educativa (conocimiento), de vivienda (alojamiento) y laboral (empleo).

En 1976, Alfred Kahn y Sheila Kamerman hablan de los servicios sociales como un “sexto sistema” a agregar a los anteriores. Según su visión, este sexto sistema, estos servicios sociales “procuran facilitar o mejorar la vida diaria, capacitar a individuos, familias y otros grupos primarios para desarrollarse, competir, funcionar o contribuir”. Y dirán que, en la medida en que los sistemas de bienestar han ido progresando, los servicios sociales “parecen haberse dedicado más a las tareas de desarrollo y socialización, lo que los americanos, frecuentemente, llaman ‘prevención’”. Y concluirán que “son creaciones sociales que encajan en nuestra era y no (…) sustitutos ‘menos malos’ y provisionales”.

En España se ha hecho referencia a los servicios sociales como “cuarto pilar del sistema de bienestar”, tal como se recoge, por ejemplo, en el preámbulo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Una campaña de la Generalitat Valenciana y ayuntamientos (ver imagen) los identifica como la “cuarta pata” universal del Estado de bienestar, junto a las de la educación, la sanidad y las pensiones.

Cabe definir los servicios sociales como cuidados y apoyos para mejorar y complementar la autonomía de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones familiares y comunitarias. Si se acepta esta definición, quizá el gran mal al que se enfrentan sea la dependencia funcional en una vida diaria de aislamiento relacional (es una pena no tener a mano a William Beveridge para que lo diga en una sola palabra). Y para denominar al gran bien correspondiente, el término menos malo que hemos encontrado es “interacción”.

Sea como fuere, y pese a loables esfuerzos como el de la Generalitat Valenciana y a las visionarias palabras de Kahn y Kamerman, nuestros servicios sociales deben seguir todavía esforzándose por verse y ser vistos como una de las grandes ramas universales del árbol del bienestar (en metáfora de Demetrio Casado). Ojalá encuentren su William Beveridge (posiblemente, colectivo) que sepa darles el impulso conceptual, técnico y político que necesitan.

(Sobre estas cuestiones conversamos ayer en Agintzari y Servicios Sociales Integrados y lo haremos hoy con el Consell Comarcal de la Noguera y la asociación Alba (de Tárrega), en Lleida.)