Fiscalidad redistributiva y eficiencia social

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Luis Sanzo, analizando el sistema del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas en España, pone de manifiesto sus fuertes límites a la progresividad: en primer lugar, y de esto se habla muy poco, por la muy inferior carga fiscal en los ingresos secundarios de familias con dos ingresos, que beneficia a los hogares más pudientes y que reduce sustancialmente la recaudación; en segundo lugar, por la ausencia de progresividad en el tratamiento de algunos ingresos (como los ingresos por trabajo autónomo o los de capital); y, en tercer lugar, por una menor presión fiscal efectiva en determinadas comunidades autónomas, debida en buena medida a las diferencias de precios entre éstas. También, podría decirse, por ejemplo, por no poder aplicar a las personas físicas sistemas de cálculo que sí son posibles para las empresas.

Sin embargo, Luis advierte de que no es fácil una reforma social del IRPF para que, en lugar de beneficiar a las personas más favorecidas, aporte a las más desfavorecidas. Ello es debido a las poderosas inercias e intereses que sostienen el actual sistema. Además, señala, la lógica recaudatoria (actualmente dominante) y la lógica redistributiva (que quisiéramos fortalecer) son diferentes y requieren de procedimientos, plazos, ritmos, ciclos de funcionamiento, formas de relación con la ciudadanía, sistemas de control (también del fraude), cualificaciones del personal y culturas organizacionales bastante diferentes. Por ello aconseja ser prudentes y avanzar mediante diseños cuidadosos y experimentación previa en lo que tiene que ver con la integración entre impuestos y prestaciones.

Paula Hermida, por su parte, señala que, en una sociedad en la que aumenta la desigualdad y en la que el empleo garantiza cada vez menos salir de la pobreza, resulta crecientemente disfuncional la ausencia de integración entre la lógica de los dos sistemas que regulan las transferencias monetarias entre la ciudadanía y el Estado (impuestos y prestaciones), con tres tipos de problemas: de consistencia (o coherencia en el trato que recibe la persona por parte de ambos sistemas), de equidad (por la regresividad fiscal muchas veces no compensada por la progresividad de las prestaciones) y de eficiencia (por las denominadas “trampas” o incentivos para perpetuar situaciones que permiten cobrar prestaciones).

Por ello, dice Paula, gobiernos de muy diferente signo en distintos países han ido introduciendo medidas de IIP (integración de impuestos y prestaciones), que pueden incorporar la existencia de un mínimo de subsistencia que es siempre respetado o completado por el Estado o, sin llegar a tal universalidad, establecer créditos fiscales o impuestos negativos para determinados colectivos (como, por ejemplo, la infancia o personas trabajadoras pobres). Se entiende que, además de responder a los tres tipos de problemas antes mencionados, estas medidas pueden simplificar la gestión y evitar la estigmatización que se produce, en algunas ocasiones, en los sistemas menos integrados.

(Notas a partir del encuentro organizado el 27 de enero de 2018 por la Fundación Ramón Rubial. Las presentaciones utilizadas se pueden obtener solicitándolas a la Fundación.)

Proyectos comunitarios del siglo XXI

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Es larga y fecunda, en todo el mundo, la historia de las iniciativas de desarrollo comunitario y parece fuera de duda que su reconocimiento y potenciación del valor y del poder de la proximidad relacional y territorial reverdecen permanentemente en los diferentes momentos históricos, entornos geográficos, situaciones sociales y contextos políticos. Por eso podemos decir que, hoy y aquí, la intervención comunitaria, reforzando sus señas de identidad de siempre, va presentando unos perfiles específicos, en buena medida gracias a los propios cambios sociales que muchos proyectos comunitarios han sido capaces de desencadenar y acompañar.

La primera tendencia que destaca es la del reconocimiento cada vez más compartido de la legitimidad de las políticas públicas en el territorio. Hoy en día cualquier actuación en lo relacionado con la salud en una comunidad tiende a realizarse desde el liderazgo del centro de salud y de las correspondientes instancias con responsabilidades en la política sanitaria. De igual modo las intervenciones educativas se encuadrarán desde el correspondiente sistema público, la intervención social va viéndose como responsabilidad del sistema público de servicios sociales, la construcción de vivienda o modificación de la trama urbana tienen sus propios marcos políticos, las actuaciones generadoras de empleo y actividad económica los suyos y las actuaciones de respuesta a las necesidades de subsistencia se mueven en un terreno de juego dibujado por la política de garantía de ingresos. Las entidades solidarias o las empresas privadas, que, en otros contextos y momentos, lideraron no pocos proyectos comunitarios, tienden a asumir la primacía pública, entre otras cosas porque esa ha sido, históricamente, la reivindicación de la mayoría de los proyectos de desarrollo comunitario.

La segunda tendencia característica de los proyectos comunitarios del siglo XXI es que se apoyen en las estructuras sectoriales e intersectoriales de los servicios públicos y en los ecosistemas de agentes sectoriales e intersectoriales que generan las políticas públicas. La construcción de la comunidad y el empoderamiento participativo de todos sus miembros en sus diversidades se construye con el efecto redistributivo de las pensiones que llegan cada mes a las oficinas bancarias del barrio, con la labor asistencial de la pediatra que enseña a usar un inhalador, con el progreso en autonomía y vínculos de un grupo intergeneracional que tiende a encontrarse en una plaza gracias a la labor de los servicios sociales o con el aumento de la capacidad reivindicativa de una cooperativa de covivienda acompañada desde la sociedad de rehabilitación de la zona. Las dinámicas de trabajo en red de los diferentes agentes son, tendencialmente, soportadas y reguladas por la arquitectura institucional sectorial e intersectorial, lo que aumentará su eficacia y eficiencia. Arquitectura estable que se va haciendo más similar y compatible a diferentes escalas, desde la aldea a la Unión Europea. Arquitectura que los proyectos comunitarios ayudan a perfeccionar.

El tercer y último rasgo que cabe identificar en los proyectos comunitarios en la actualidad en nuestro entorno es el de su inserción y contribución en los movimientos de innovación tecnológica y social, que, con su incremento de la conectividad, ´facilita la activación de recursos próximos, a la vez que ofrece mayores posibilidades relacionales con personas lejanas. Una innovación tecnológica y social que hace avanzar la estructuración e interoperabilidad de los diferentes sistemas de información. Una innovación tecnológica y social que brinda oportunidades a nuevos agentes comunitarios, también para cuestionar el estado de cosas y para contribuir a construir una comunidad-sujeto que pueda organizarse para transformar aquellas políticas públicas, dinámicas económicas y procesos sociales que amenacen con ahogar la vida comunitaria.

(Imágenes de una actividad comunitaria en el barrio de San Francisco, Bilbao.)

Servicios sociales: siempre personalizados, siempre comunitarios

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En nuestra sociedad, los servicios sociales, definidos como cuidados y apoyos para mejorar y complementar la autonomía de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones familiares y comunitarias, constituyen uno de los sectores de actividad cuya necesidad se está incrementando de manera más intensa en la población, debido fundamentalmente al gran aumento de la esperanza de vida (también entre las personas con limitaciones funcionales) y a importantes cambios en las relaciones conyugales, familiares, convivenciales y comunitarias.

Este aumento de las necesidades, unido a transformaciones en los estilos de vida y expectativas de la ciudadanía, así como al reconocimiento legal del derecho universal, subjetivo y exigible a los servicios sociales, va configurando un nuevo perfil de demanda por parte de las personas ante los servicios profesionales, las organizaciones proveedoras y las Administraciones responsables. Un nuevo perfil, en buena medida, coincidente con las propuestas que surgen de los avances y consensos de las redes de conocimiento ético, científico, tecnológico y práctico sobre la materia, que apuntan hacia unos servicios sociales cada vez más, simultáneamente, personalizados y comunitarios.

La preferencia por formatos domiciliarios, de medio abierto y digitales supone que la intervención social deberá suceder, cada vez más, en la comunidad y el territorio y, cada vez menos, en los centros ambulatorios, diurnos o residenciales de servicios sociales. La identificación más precisa del objeto de la intervención social y el aumento de la capacidad de diagnóstico y evaluación profesional deberá darse la mano con la oferta de cuidados y apoyos tecnológicos y profesionales cada vez más capaces de potenciar la autonomía funcional y autodeterminación y las relaciones primarias de todas las personas en su diversidad sexual, generacional, funcional y cultural. Esta atención centrada en la persona vendrá facilitada, especialmente, por los avances tecnológicos de los macrodatos, el Internet de las cosas, las plataformas colaborativas o la inteligencia artificial distribuida.

Por otra parte, estos servicios sociales universales, personalizados, digitalizados y comunitarios, por su flexibilidad, no sólo serán más sinérgicos con las capacidades y activos individuales, familiares y comunitarios, sino más fácilmente interoperables e integrables horizontal e intersectorialmente con los procesos de satisfacción de necesidades de las personas en otros sectores de actividad profesional y garantía de derechos, como los relacionados con la seguridad, la salud, el transporte, la educación, la financiación, la recreación, el alojamiento o la alimentación. La digitalización, en este caso, favorecerá la integración de la intervención operativa en los itinerarios de las personas, la gestión multiagente de los servicios y programas y la gobernanza participativa de las políticas de bienestar y desarrollo territorial a diferentes escalas.

Es, sin duda, un reto ilusionante el representado por la oportunidad y la necesidad de reinventar y remezclar nuestros servicios sociales para poder ofrecer a todas las personas, en las diferentes etapas y situaciones de su ciclo de vida, una acción preventiva y unos servicios de atención altamente personalizados y altamente comunitarios. Siempre personalizados y siempre comunitarios.

(Reflexiones a partir de procesos de consultoría en curso con la cooperativa Agintzari y los servicios sociales del Ayuntamiento de Ermua y de la elaboración de artículos para la Papeles del Psicólogo y la Revista Española del Tercer Sector.)

Crisis de cuidados y sostenibilidad relacional

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Del mismo modo que la sostenibilidad ambiental depende de que las actividades humanas promuevan (en lugar de destruir) la biodiversidad (entendida como la variedad de seres vivos en sus interacciones naturales), la sostenibilidad relacional se basa en que los seres humanos cuidemos (y no socavemos) la necesaria diversidad humana (sexual, generacional, funcional y cultural) y las relaciones primarias existentes entre las diversas personas.

Cabe denominar sostenibilidad relacional a la capacidad que alcanzamos las personas y las comunidades de vivir y sobrevivir gracias a nuestras relaciones primarias, es decir, las gratuitas y recíprocas que mantenemos en nuestras redes y entornos familiares, amistosos, convivenciales, vecinales o digitales. Relaciones primarias entre personas necesariamente diversas que se complementan y construyen mutuamente. Sabiendo, obviamente, que ninguna vida individual o social es sostenible si no existen, también, otros tipos de transacciones interpersonales, como las que se realizan en las esferas del Estado, el mercado o el tercer sector.

Sin embargo, uno de los fenómenos que más caracteriza la época histórica que estamos viviendo es la crisis de cuidados, provocada, entre otros factores, por un notable incremento de la diversidad generacional y funcional que se deriva del aumento de la esperanza de vida con discapacidades, que coincide con procesos de relativo y disfuncional cuestionamiento y superación de ciertas estructuras y valores patriarcales, basados en el supuesto de que las mujeres renunciaran en buena medida a su participación en la esfera del mercado, la sociedad civil organizada o el Estado para dedicarse, fundamentalmente, a relaciones primarias, especialmente de cuidado. Relativo porque siguen siendo mujeres, con diferencia, quienes más cuidado primario asumen y disfuncional porque seguimos lejos de encontrar un ajuste satisfactorio entre cuidado primario y profesional.

La crisis de cuidados, desde luego, obliga al reconocimiento, garantía y fortalecimiento de un nuevo derecho social, el derecho a los servicios sociales, al mismo nivel que los otros derechos sociales (como sanidad, educación, empleo, vivienda e ingresos para la subsistencia). Sin embargo, el cuestionamiento que nos provoca y las obligaciones que la crisis de cuidados nos genera van más allá, porque la vida humana necesita cierta sostenibilidad relacional, es decir, cierta capacidad de cuidarnos y apoyarnos gratuita y recíprocamente en relaciones primarias. Dicho de otro modo, los cuidados y apoyos profesionales que aportan los servicios sociales, por desarrollados que estén, pueden complementar los cuidados primarios, pero no parece que puedan, cabalmente, sustituirlos.

Sin embargo, posiblemente, nuestros servicios sociales y nuestro sistema de protección social están contribuyendo inadvertidamente a destruir importantes reservas de capital relacional. Lo hacen, por ejemplo, al contribuir a fragmentar una sociedad, la vasca, en la que la pobreza de las personas menores de 15 años es cinco veces mayor que la de las mayores de 65. O cuando una cobertura de servicios sociales domiciliarios (1,4% para mayores) que es menos de la mitad que la (ya baja) media española hace más probable que seamos extraídas de la diversidad comunitaria para ser alojadas en colectivos generacional y funcionalmente homogéneos.

(Sobre estas cuestiones estamos trabajando en un documento para Eusko Ikaskuntza y sobre ellas se hablará el lunes, 8 de enero, a partir de las 17:00 horas en una conferencia en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria-Gasteiz titulada “Servicios sociales: inversión de futuro”. En la imagen un tuit reciente de Joaquim Bosch.)

Nuevos documentos (PDF), vídeos y entradas de fantova . net en el último cuatrimestre

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Se han subido los siguientes documentos (clicar para abrirlos) en el apartado “Cuestiones y políticas sociales” de “Documentos propios”:

La intervención social en los servicios sociales y en la garantía de ingresos. Análisis y propuestas desde la experiencia del País Vasco (13 páginas).

En el apartado “Organización y gestión”:

Guía breve para la elaboración de planes estratégicos locales de servicios sociales (8 páginas).

En el apartado “Intervención y servicios sociales” de “Documentos propios”:

Los sistemas públicos de servicios sociales: coproducción para la sostenibilidad e integración para la inclusión (12 diapositivas).

Servicios sociales e inclusión social: análisis y perspectivas en el País Vasco (23 páginas).

En el apartado “Intervención y servicios sociales” en “Otros documentos”:

Situación actual y futuro del Sistema Vasco de Servicios Sociales (Sara Buesa) (9 páginas).

La perspectiva ética. Una intervención social correcta y buena, conforme a la dignidad de las personas (Marije Goikoetxea) (7 páginas).

Se ha subido, además, un nuevo vídeo y se han publicado 30 nuevas entradas de blog. En este momento el número acumulado de descargas de documentos es de 337.708.