Exigencia, intensidad, cronificación y reducción de daños en servicios sociales

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En la comunidad de conocimiento sobre servicios sociales aparecen recurrentemente dudas y debates en torno a algunos conceptos (como exigencia, intensidad, cronificación o reducción de daños) que han de abordarse, en todo caso, a partir de la identificación de los resultados valiosos que se espera que desencadene la intervención social en sus destinatarias y destinatarios.

Desde esa perspectiva, cabe entender la exigencia (baja o alta) como el establecimiento (legítimo e imprescindible), por parte de un servicio, de resultados previamente alcanzados por la persona (por ejemplo, en términos de motivación para el cambio, no uso de la violencia u otros hábitos, capacidades o conexiones), en función de los cuales el servicio se compromete (razonablemente) de cara a la consecución de nuevos objetivos, dentro de procesos o itinerarios razonablemente diseñados (no lineales) y suficientemente flexibles (no rígidos).

Ahora bien, el hecho de que, en un determinado momento, un servicio (y una profesional) pueda (y deba) establecer una determinada exigencia previa para la realización de una intervención y prestación de un servicio no quiere decir que el sistema no disponga de otros servicios o alternativas de atención cuando la persona no alcanza (en ese momento) el umbral exigido. Se habla, por ello, de “baja exigencia” o “bajo umbral”, que puede asociarse, aunque no necesariamente tenga que ser así, a una relativa modestia o limitación de los resultados esperados. Entendiendo, lógicamente, que, en el campo de los servicios sociales (como en el sanitario), el mayor éxito posible, en ocasiones, es la cronificación de una situación y que habrá personas que necesitarán apoyos de larga duración y cuya situación de interacción no se aspira tanto a mejorar como a que empeore o se deteriore lo menos posible (reducción de daños).

Por otra parte, del mismo modo que no cabe asociar necesariamente baja exigencia con modestia de los resultados esperados (de los objetivos) en términos de cambios en la situación de la persona (pues partiendo de una baja exigencia se pueden obtener cambios importantes), tampoco se ha de asociar baja exigencia o reducción de daños con baja intensidad de la intervención social. Puede haber intervenciones de baja exigencia y alta intensidad y también, lógicamente, intervenciones de alta exigencia y baja intensidad, y todas ellas, lógicamente, pueden ser más breves o de más larga duración.

Esta comprensión de la exigencia en términos de resultados previamente alcanzados, necesarios en un momento del proceso, y la concepción del proceso de intervención social como un itinerario individual, personalizado y flexible, con diversas alternativas y ritmos posibles (y también tiempos de permanencia en la misma situación o de regreso a situaciones anteriores) al que la persona tiene derecho, contrasta con la interpretación de la exigencia en términos de contraprestación o condicionalidad, en modelos de atención en los que se entiende que la persona ha de hacer merecimientos para recibir determinada atención (no tiene derecho a ella, por tanto) y la intervención social (como otras) se entiende y practica (y se desvaloriza) en términos de control obligatorio al que se somete la persona bajo la amenaza punitiva de retirarle determinadas prestaciones.

Por el contrario, programas y propuestas como Vivienda Primero (Housing First) o enfoques de “activación inclusiva” en clave de “doble derecho” a la garantía de ingresos y a servicios de apoyo para la inclusión laboral y en otras dimensiones están contribuyendo a cuestionar esas visiones de la exigencia en términos de condicionalidad o contraprestación.

Hay que entender, en cualquier caso, que es la persona (el individuo) la destinataria de los servicios sociales de la que estamos hablando. Es la situación de interacción del individuo (su autonomía funcional e integración relacional) la que nos dará la medida de la intervención social y sobre cuya intensidad, exigencia o duración estamos haciendo consideraciones. A partir de ahí nos encontraremos con tres tipos de intervenciones:

  • Intervenciones necesariamente individuales.
  • Intervenciones que pueden hacerse de forma individual o colectiva en función de consideraciones organizativas o económicas, pero que no se resienten por ello en términos de proceso y resultados.
  • Intervenciones necesariamente colectivas.

Por lo mismo, evidentemente, no puede recibir la misma consideración aquella intervención colectiva en la que la colectividad es de carácter comunitario (es decir, es una colectividad que existe o se puede mantener mediante relaciones primarias entre las personas) que aquella colectividad generada por el propio servicio a los efectos de realizar la intervención.

De otro lado, en los casos en los que la dinámica de prestación de un servicio genera colectividad o agrupa a personas, no hay, de entrada, por qué suponer que todas las personas usuarias de un servicio coincidirán en cuanto, por ejemplo, la exigencia o la intensidad de la atención que reciben. Puede haber servicios que, como tales, estén caracterizados por un determinado nivel de exigencia o intensidad, pero puede haber otros en los que diferentes usuarias reciban atención con diferentes grados de exigencia o intensidad, lo cual parece más coherente con la personalización y flexibilidad que se busca y, sin embargo, contradice la previsión de nuestro marco normativo en el País Vasco de clasificar los servicios en función de su intensidad y de colocarlos, por ello, en diferentes niveles asistenciales (y manos institucionales).

En función de sus capacidades técnicas y profesionales instaladas en el sistema y los servicios y en función de los recursos y activos presentes en las personas y comunidades, los servicios sociales han de ir jugando sus bazas. Históricamente hemos jugado más la baza de la intensidad (horas) de prestación profesional de menor valor añadido (llegando frecuentemente a atención directa de personal menos cualificado de 24 horas al día siete días a la semana en internamiento asilar) sacrificando la personalización cualificada, la digitalización virtual y la proximidad comunitaria. Pero esto está cambiando en algunos lugares y puede cambiar en muchos más.

(Tomado y adaptado de un artículo de próxima publicación en Zerbitzuan.)

El diagnóstico o evaluación individual en el Sistema Vasco de Servicios Sociales

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En el trabajo social o en las otras áreas de conocimiento involucradas en la intervención social, la operación de diagnosticar, valorar o evaluar las necesidades o situaciones a las que se quiere dar respuesta puede (y debe) hacerse antes de decidir (planificar, prescribir, proponer) poner en marcha la intervención y, lógicamente, también después, tantas veces como sea oportuno. Como en cualquier otro ámbito sectorial, el diagnóstico, valoración y evaluación pertinentes y útiles serán los que se circunscriban adecuadamente al perímetro sectorial de necesidades, apoyos, situaciones o contingencias correspondientes a la actividad sectorial característica o propia. No tiene sentido pretender diagnosticar, valorar o evaluar necesidades o situaciones de la persona para cuyo abordaje no tenemos el encargo y el instrumental correspondientes.

En el País Vasco, en lo tocante al instrumento de diagnóstico general, como preguntas o consideraciones que cabría hacerse a la hora de evaluar su idoneidad y que podrían ser, eventualmente, de ayuda en su futuro proceso de mejora o, en general, tenidas en cuenta en las labores de diagnóstico, valoración o evaluación de las necesidades y situaciones de las personas en los servicios sociales (y específicamente en la atención primaria), se podría plantear en qué medida es conveniente o apropiado:

  • Diferenciar, en la información que se registra, la que se refiere a necesidades o situaciones a abordar por parte de los servicios sociales de la que se refiere a necesidades o situaciones correspondientes a otros ámbitos sectoriales.
  • Reducir, quizá, la cantidad de información sobre cuestiones que corresponden a otros ámbitos sectoriales (y más bien apostar, para los casos en que sea necesario, por la interoperabilidad entre sistemas de información de diferentes ámbitos sectoriales).
  • Identificar, en la información que se recaba y registra (con el fin de poder llegar al diagnóstico), sus fuentes (la persona usuaria, la profesional que diagnostica, otras profesionales o sistemas u otras).
  • Explicitar (en el propio instrumento general o con otros) el procedimiento mediante el cual se llega a un determinado diagnóstico y diferenciar entre la información que se recaba para llegar a él y el diagnóstico o diagnósticos propiamente dichos.

En general, en materia de diagnóstico, valoración y evaluación de las necesidades o situaciones sobre las que intervienen los servicios sociales, nos encontraríamos en el País Vasco con una agenda de mejora en lo relativo a:

  • La aplicación prudente de los instrumentos aprobados (especialmente en el caso de los más nuevos), en función del contexto (capacidades disponibles propias y de otros agentes o sectores afectados), especialmente en los casos en los que, en función del diagnóstico o valoración obtenida, se decide no atender a una persona (al menos, por ejemplo, hasta tener constancia de que es atendida adecuadamente desde el otro nivel asistencial o sector de actividad que se considera pertinente por parte de quien realiza el diagnóstico o valoración).
  • La utilización y perfeccionamiento de instrumentos cada vez más y mejor focalizados sobre el objeto de los servicios sociales, que ayuden a una mejor comprensión y abordaje de las necesidades y situaciones, especialmente desde la atención primaria.
  • La diferenciación (y adecuada interrelación) entre el diagnóstico (o los diagnósticos) a efectos de intervención y la baremación a efectos de reconocimiento de un derecho o asignación de la responsabilidad de atención a una determinada estructura administrativa.
  • La dinamización de la comunidad o comunidades de conocimiento (con especial protagonismo de los estamentos académicos e investigadores) en los procesos de fundamentación; elaboración; evaluación de usabilidad, eficiencia, fiabilidad y validez; y mejora de los instrumentos, previendo sistemas diferentes de su plasmación en una norma jurídica para posibilitar e impulsar su utilización.

(Tomado y adaptado de un artículo de próxima publicación en Zerbitzuan. Sobre estas y otras cuestiones relacionadas se hablará en las conferencias y otras actividades organizadas los días 16 y 17 de noviembre por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia. En la ilustración, Mary Richmond.)

A la (mucha y muy) buena gente del sistema de salud

SIAP Lleida

Impresiona la energía que se genera, se comparte y se multiplica en muchas iniciativas y espacios el sector sanitario. Desde el sector de los servicios sociales, frecuentemente, sentimos envidia de la masa crítica de compromiso, conocimiento y transformación que demostráis desplegar tantas profesionales de la salud. En otros momentos, sin embargo, nos sentimos impotentes y tremendamente invisibles, como alguien que va en una chalupa (los servicios sociales) y quiere hacerse oír por parte de la tripulación de un transatlántico (la sanidad).

Los sistemas nacionales (públicos) de salud son un maravilloso milagro que se explica quizá por la feliz confluencia de tres procesos históricos: (1) la maduración por siglos del conocimiento y reconocimiento de las ciencias, tecnologías y profesiones de la salud, (2) las expectativas sociales que se dirigen hacia los Estados como organizadores de aspectos importantes de la vida social tras el terror de la Segunda Guerra Mundial u otras situaciones críticas y (3) varias décadas de crecimiento económico que facilitan la financiación fiscal necesaria para construir estos sistemas. Los rendimientos de este experimento histórico (el de nuestros sistemas públicos de salud) son fabulosos tanto en términos de aporte a la calidad de vida de la población como de construcción de ciudadanía.

El problema es que el éxito de estos sistemas sanitarios (y de otros artefactos del sistema de protección social, como los sistemas públicos de pensiones), unido a otros factores, transforma profundamente nuestras sociedades y, paradójicamente, va generando crecientes desajustes sistémicos entre esa nueva sociedad y un sistema sanitario (y el conjunto del sistema de bienestar) con inercias que le dificultan adaptarse proactivamente a dichos cambios sociales. Uno de los vectores fundamentales de ese cambio social que no estamos siendo capaces de afrontar cabalmente es el que resumimos con la expresión “crisis de los cuidados”.

Además, la respuesta a esta situación de crisis sistémica de nuestro modelo social no es inyectarle más recursos económicos públicos al sistema de bienestar (incluyendo el sistema de salud) en su configuración actual. Cuantos más le inyectemos sin transformarlo, será peor. Obviamente son necesarios los recursos económicos públicos para que las diferentes políticas sociales sectoriales (sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos) no dejen de funcionar y no se deterioren y como lubricante de los cambios estratégicos; pero, usando una frase muy manida, no hay viento favorable para quien no sabe hacia dónde va.

Aquí es donde viene nuestra propuesta. Del mismo modo que, como sociedad, os encomendamos al sector sanitario la preocupación por la salud de todas las personas y, ciertamente, protegéis y promovéis ese bien de forma eficaz y creíble (además de que nos implicáis al resto bajo el lema “salud en todas las políticas”), os pedimos ayuda para construir un sistema de servicios sociales que se preocupe (de forma eficaz y creíble) de la prevención y abordaje, para todas las personas, en lo tocante a las necesidades que tienen que ver con el autocuidado y la autodeterminación en la vida diaria de las personas en el seno de relaciones (de cuidado y apoyo) familiares y comunitarias (en una palabra: interacción).

Dicho gráficamente, el sueño sería que en una gobernanza y gestión integrada del bienestar, por poner algunos ejemplos: cuando se redujera el analfabetismo o se mejorara la competencia lectora en la población, se felicitara al sistema educativo; cuando disminuyera el sinhogarismo o aumentara el número de personas con discapacidad que viven en viviendas ordinarias de la comunidad, se felicitara al servicio de vivienda; cuando disminuyera el tabaquismo o mejorara la salud mental, se felicitara al sistema sanitario; cuando se redujera el desempleo o la pobreza, se felicitara a las responsables de la promoción económica, las políticas laborales o la garantía de ingresos; y cuando disminuyera el aislamiento social o mejorara la conciliación de la vida familiar con otras, se felicitara a los servicios sociales.

Esta propuesta de “división del trabajo” no desconoce el reto de la intersectorialidad, especialmente necesaria ante el incremento de la complejidad social. La sostenibilidad de nuestras vidas ecodependientes e interdependientes requiere un anclaje territorial y una gobernanza de las políticas públicas que nos posibilite itinerarios cotidianos en espacios de escala humana. Ello exige una integración estratégica, junto a otras, entre la política sanitaria, la de servicios sociales y la de vivienda y ordenación del territorio (sea más urbano o más rural), las tres universales, desde luego. Las claves son la primarización de los servicios, el abordaje domiciliario, el enfoque comunitario, la personalización y digitalización de la atención y la incentivación de dinámicas colaborativas.

Pero, ciertamente, una de las claves de todo este asunto es advertir lo que supone el giro desde una asistencia social (residual y transversal) que se ocupaba de todas las necesidades (también las relacionadas con la salud) de las personas en situación de complejidad o exclusión social hacia unos servicios sociales (universales y sectoriales) que se ocuparían de unas determinadas necesidades (como cuidados personales y vínculos comunitarios) de todas las personas. Una de las visiones que impulsa ese giro es la que, del mismo modo que ayudar a las personas a conservar o recuperar un buen estado de salud requiere conocimiento, tecnología y profesionalidad (disponibles en el sistema sanitario), ayudar a las personas a conservar o recuperar, por ejemplo, un adecuado estado de complementariedad entre autocuidado y cuidados primarios requiere conocimiento, tecnología y profesionalidad (que vamos construyendo, con retrasos y retrocesos, en el sistema de servicios sociales). Ahora, en muchos casos, las limitaciones estructurales o técnicas de los servicios sociales privan a las personas de apoyos que les podrían resultar beneficiosos y, además, de rebote, generan una demanda excesiva o inadecuada de servicios sanitarios y, en ocasiones, desencadenan respuestas ineficientes o iatrogénicas por parte de los propios servicios sanitarios.

Necesitamos vuestra ayuda, empezando porque más y más de vosotras os asoméis por las barandillas y ventanas del transatlántico, para vernos, conocernos y reconocernos. Necesitamos que nos nombréis como sistema: el sistema público de servicios sociales (que también tiene su atención primaria, no sólo existe la vuestra). Nuestras profesionales y estructuras no son sólo “activos comunitarios” para la salud. Antes y más que eso son parte de un sistema con el que debéis relacionaros, cada vez más, de igual a igual. Un sistema, por cierto, que tiene en su interior profesionales de la salud, del mismo modo que el vuestro incorpora profesionales de la intervención social. Ayudadnos, por favor, no dando por supuesto que nos ocuparemos de necesidades de las personas (como el alojamiento o la subsistencia material) que tienen (o debieran tener) otros sistemas públicos para ser atendidas.

Si no nos ayudáis a construir este perímetro sectorial universal (con un bien protegible que interese a todo el mundo) es más probable que sigamos siendo (y sigamos siendo vistos como) esos servicios sociales residuales, asistencialistas y burocratizados que se ocupan del control social de aquellas personas que son excluidas por el resto de sistemas sociales. Por el contrario, si nos ayudáis en ese ilusionante proyecto (para el que tanto aprendemos de vuestro recorrido histórico) podemos llegar a ser una pieza clave para el giro estratégico y cambio sistémico que ha de realizar el sistema de bienestar y que coadyuvará, también, a la transformación que necesita el sistema sanitario.

(Foto del reciente Seminario de Innovación en Atención Primaria de Salud realizado en Lleida).

En la muerte de Víctor Urrutia

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Una comprensión mínimamente cabal del devenir de nuestra vida individual nos hace conscientes de hasta qué punto nuestras supuestas trayectorias y logros son posibles gracias a las trayectorias y logros de personas que nos abrieron caminos, a cuyos hombros nos encaramamos o con las que compartimos proyectos. Por eso hoy se debe hablar aquí de Víctor Urrutia Abaigar.

Porque Víctor Urrutia representa el ejemplo de la temprana incorporación laboral como miembro de la clase obrera de un joven que ha de buscarse la vida y que, sin embargo, es capaz de seguir cultivando, en tiempos mucho más difíciles que los actuales, su acción militante y su vocación intelectual, que nunca se interrumpieron.

Porque Víctor Urrutia, con Loli Asua, su compañera, representa una manera laica, gozosa y libre de vivir la pareja, la familia y la comunidad con una inspiración cristiana de puertas y ventanas abiertas, resistente a cualquier dogmatismo, rigorismo y autoritarismo.

Porque Víctor Urrutia representa un compromiso profesional y político tan atento a la igual dignidad y libertad de todas las personas como a la racionalidad y el rigor en la elección de fines y medios y en la organización colectiva.

Mas, principalmente, porque, por debajo y por encima de todo, Víctor Urrutia, de la mano de Loli Asua, representa la alegría y la naturalidad de una hospitalidad, acogida, acompañamiento y amistad regaladas y compartidas con desprendimiento, generosidad y lealtad.

Representa el placer del encuentro, el gusto de la conversación, el aliento de la comunión y el sentido profundo e indestructible de esta aventura humana de vida plena y común.

(Fotografía de El Correo.)

Coordenadas sobre los cuidados

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En la expresión “crisis de los cuidados”, estamos hablando, específicamente, de aquellos cuidados que, para la mayoría de las personas del mundo, son realizados por ellas para sí mismas, es decir, que toman la forma de autocuidado. Hay muchas personas que (por su corta edad, a causa de enfermedades, de accidentes o por otras razones) presentan limitaciones funcionales para el autocuidado que hacen que necesiten recibir cuidados. A todas las personas nos sucede esto en diferentes etapas o momentos de nuestra vida.

En la mayoría de culturas y sistemas de organización social del mundo se entiende que quienes en primer lugar estamos llamadas a ofrecer esos cuidados somos las personas que tenemos un vínculo primario con la persona que necesita cuidado, entendiendo por vínculo primario aquella relación de carácter familiar o, en general, comunitario que se construye en los procesos de socialización primaria. Dado que el cuidado primario (o familiar y comunitario) es el primero, fundamental y mayoritario, no parece adecuado denominarlo por lo que no es.

Al interior de las familias y comunidades hemos de denunciar y superar la enorme inequidad de género que se produce en la mayoría de lugares en la organización de los cuidados primarios. Por otro lado, los ecosistemas familiares y comunitarios no son, normalmente, autosuficientes para asumir todo el trabajo de cuidado que requieren sus miembros y se necesitan otros cuidados y apoyos que, lógicamente, han ido profesionalizándose y que deben ser brindados en la esfera del Estado de bienestar (como derecho social) y que también son ofrecidos en el mercado o por parte de la iniciativa social.

En los sistemas públicos de bienestar (y en la correspondiente organización de los sectores de actividad económica) suele haber una rama (en España, los servicios sociales; en otros lugares social care, bienestar familiar, action sociale, sistema de cuidados u otros), diferente de la sanitaria, que es la competente (con sus diferentes profesionales, también sanitarias) para evaluar la capacidad de autocuidado de las personas y la disponibilidad de cuidados y apoyos primarios con la que cuentan éstas, de cara a prescribirles y proponerles a las personas (o a quienes legítimamente las representen) los cuidados profesionales u otros apoyos que puedan estar indicados para ellas.

A la hora de prescribir y proponer esos cuidados y apoyos profesionales, es objetivo fundamental el de potenciar en lo posible la capacidad de autocuidado de la persona y la capacidad de cuidado primario de su red familiar y comunitaria, es decir, buscar sinergias entre autocuidado, cuidados primarios y cuidados profesionales y otros apoyos. Los servicios sociales (o equivalentes) están llamados a mejorar su conocimiento y tecnología de diagnóstico e intervención para ser cada vez más capaces de actuar de forma preventiva y proteger y potenciar los activos personales, familiares y comunitarios para el cuidado. En muchos casos, la complejidad de los casos hace necesaria una atención integrada (integrated care) intersectorial, especialmente entre servicios sociales, sanidad y vivienda. Contamos con valiosos marcos de referencia de la OMS, la OCDE o la UE para esta integración intersectorial (complementaria de la que ha de darse al interior de cada ámbito sectorial).

(Compartido de cara al Seminario de Innovación en Atención Primaria de Salud cuyas sesiones presenciales tendrán lugar en Lleida los días 10 y 11 de noviembre de 2017.)

Una teoría del cambio para nuestros servicios sociales

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Cuando los diferentes agentes interesados en desencadenar transformaciones estratégicas en un determinado ámbito de la vida social expresan sus propuestas o toman decisiones, de forma más o menos elaborada, consciente, compartida o explícita, dan pistas acerca de su “teoría del cambio” (Carol Weiss), es decir, de la manera en que construyen cognitivamente las relaciones causa-efecto entre los factores o aspectos que está en su mano modificar o alterar mediante sus actuaciones y las posibles o previsibles cadenas de efectos de dichas actuaciones, en un marco dado de supuestos y restricciones.

En el sector de los servicios sociales en España, hace diez años, posiblemente, muchos agentes entendimos que la garantía legal del derecho subjetivo (exigible y justiciable), asociada a catálogos y carteras de prestaciones y servicios de responsabilidad pública y a un incremento sostenido de la inversión social en estas actividades y estructuras conduciría (en una década, más o menos) a nuestros servicios sociales a un grado de universalización efectiva y a un tipo de posicionamiento ante la ciudadanía similar al que tenían en ese momento la sanidad, la educación o las pensiones (y por eso hablábamos del cuarto pilar).

Posiblemente no son pocos los agentes que, en este minuto, mantienen básicamente intacta esa teoría del cambio, entendiendo que ha sido la pinza entre el agravamiento de las necesidades y las limitaciones presupuestarias derivadas de la crisis económica vivida en la última década (o, en todo caso, establecidas políticamente) la que ha impedido o retrasado la prevista eclosión de nuestros servicios sociales.

Una visión alternativa a esta, sin embargo, sostendría que inyectar recursos y garantizar prestaciones sin imprimir un giro estratégico a los servicios sociales realmente existentes podría más bien, en una suerte de más de lo mismo, estar acentuando (o hacerlo en el futuro) las ineficiencias y disfunciones del sistema y, paradójicamente, alejarlo de las deseadas metas de impacto, universalidad y reconocimiento.

Desde este punto de vista, el factor clave de éxito podría tener que ver, más bien, con la capacidad de las nuevas regulaciones jurídicas y las nuevas líneas de inversión social para desarrollar (e ir incrementando la escala de) una nueva generación y un nuevo ecosistema de productos, cuidados, aplicaciones, apoyos y plataformas (fundamentalmente virtuales, domiciliarias y de medio abierto), basadas en el conocimiento, al servicio del desenvolvimiento autónomo y autodeterminado de todas las personas en su vida diaria y cotidiana, en el seno de relaciones familiares y comunitarias diversas y deseadas.

En esta teoría de cambio alternativa, el elemento más posibilitador del cambio deseado sería más bien la innovación en unos procesos operativos de intervención social de creciente valor añadido, unida, seguramente, al ensayo y despliegue de modelos de gestión capaces de crear más valor público articulando a diversos agentes y de procesos de gobernanza integrada intersectorial de ámbito territorial adecuado que hagan posibles los itinerarios vitales de todas las personas.

(Sobre estas cuestiones hablaremos en Santander, los días 6 y 7 de noviembre, con profesionales de la atención primaria de servicios sociales; en Toledo, el 9 de noviembre, en las jornadas organizadas por el Gobierno y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla la Mancha; y los días 14 y 15 de noviembre, en Oviedo, con directivas de la Consejería responsable en materia de servicios sociales. Como complemento, puede descargarse aquí una guía breve para la elaboración de planes estratégicos locales de servicios sociales.)