Hacia un nuevo Plan Vasco de Inclusión Social

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En este momento, la elaboración del nuevo Plan Vasco de Inclusión Social emerge posiblemente como el principal proceso de planificación de país, en un contexto en el que los evidentes y positivos signos de recuperación económica ponen de manifiesto que resultan del todo punto insuficientes para prevenir, paliar o revertir unos cada vez más globalizados, diversos y complejos procesos de dualización, polarización, fragmentación y exclusión social que, por otra parte, afectan de forma cada vez más alarmante a determinados segmentos poblacionales y zonas territoriales del país, irradiando su efecto al conjunto de la sociedad.

El nuevo Plan Vasco de Inclusión Social no puede ser diseñado como un compendio de unas supuestas intervenciones específicas y especializadas dirigidas a los grandes o no tan grandes “colectivos” que tradicionalmente han sido identificados en el marco de la vieja asistencia social realizada por las administraciones públicas o las entidades del tercer sector. Por el contrario, ha de ser la hoja de ruta que nos indique, bajo el liderazgo del Lehendakari, la manera en que cada uno de los sectores económicos, políticas públicas, organizaciones sociales o entornos comunitarios se construye de forma cada vez más universal e inclusiva, sin dejar a nadie atrás y antes de que se deterioren más nuestras reservas de cohesión social.

En lo tocante a las políticas sociales (sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos), el modelo de referencia es el de la atención integrada intersectorial, propugnada en este momento por organismos internacionales como la OCDE, la OMS o la UE. Este modelo nos exige la construcción de procesos de gobernanza integrada de las políticas de bienestar a una escala territorial (frecuentemente supramunicipal) que permita ofrecer a toda la ciudadanía itinerarios suficientemente personalizados de inclusión social (incluyendo en ocasiones la gestión intersectorial de casos) y que pueda darse de la mano con las políticas de promoción económica y especialización inteligente o de desarrollo territorial y planeación urbana en cada uno de esos territorios, siendo cada día más necesaria en nuestro país una instancia independiente de evaluación de políticas públicas.

Esta gobernanza política y gestión integrada de las políticas de inclusión social debe combinarse con un impulso decidido de las redes y comunidades de conocimiento y de práctica que permitan, en un proceso desde abajo hacia arriba, la innovación tecnológica y social y la escalabilidad de nuevos formatos al servicio de los procesos e itinerarios de inclusión social, partiendo de experiencias piloto en las que participen diversos agentes de distintos sectores de actividad.

Resultando fundamentales las estrategias de cualificación profesional y activación laboral, parece claro que en el contexto de cambio tecnológico y social acelerado en el que nos encontramos, la universalización y simplificación de las políticas de garantía de ingresos para la subsistencia, la reorientación de las políticas de vivienda hacia el objetivo de la inclusión residencial de toda la población y el impulso decidido a los servicios sociales para la prevención y abordaje del aislamiento social y la construcción de comunidades inclusivas reclaman una mayor centralidad estratégica dentro del nuevo Plan Vasco de Inclusión Social.

(Notas personales tras reflexionar sobre lo escuchado y compartido en el world café de ayer, organizado por el Gobierno Vasco, con la colaboración de SiiS y EDE.)

Economía plateada, bienestar clientelar y sostenibilidad intergeneracional

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En una reciente intervención pública, Peter Wintlev-Jensen, director de Programas en la Comisión Europea afirmó que la denominada “economía plateada” (silver economy), la que responde a la demanda de las personas mayores de 50 años, sustentará más de un tercio de los puestos de trabajo en 2025 en Europa. Valga esta previsión como botón de muestra de las tendencias y expectativas mercantiles que genera el incremento del número y poder adquisitivo de personas mayores y la diversificación y cambios en sus perfiles personales y patrones de consumo.

Dicha economía plateada crece, ciertamente, al calor de la demanda solvente de un buen número de personas mayores en los mercados y también de su influencia como clientela numerosa y activada de los sistemas públicos de protección social. Ello influye, sin duda, por ejemplo, en el hecho de que en España la tasa de pobreza infantil y juvenil duplique y triplique, respectivamente, la de las personas mayores (según un estudio reciente) o que, en palabras de una de las personas más expertas en cuidados paliativos en España, el 70% del gasto sanitario se produzca en nuestros seis últimos meses de vida.

Simultáneamente, aumentan las situaciones y sentimientos de soledad no deseada en nuestra sociedad, especialmente entre las personas mayores. Tal como refleja la Encuesta Continua de Hogares de 2016, los de las personas mayores de 65 años representan el 41,7% de los hogares unipersonales y según un estudio reciente, en España, el 53% de las personas que viven solas en contra de sus deseos son mayores de 65 años (mayoritariamente mujeres) y es en este colectivo (las personas que viven solas sin desearlo) en el que más se producen los sentimientos de soledad y el aislamiento social, con sus consecuencias de vulnerabilidad en varios sentidos.

No cabe objeción a que las empresas y las políticas de promoción económica se orienten mejor y sean más amigables en relación con las necesidades y demandas de las personas mayores. Tampoco a que éstas se organicen para defender sus derechos, duramente conquistados, en materia de políticas sociales. Sin embargo, tanto el fomento de la economía plateada como la protección social de las personas mayores deben pensarse y repensarse de forma compatible y sinérgica con estrategias de construcción de comunidades inclusivas y relaciones significativas (familiares y no familiares, convivenciales y no convivenciales) y dentro de un proyecto común en clave de equidad intergeneracional y sostenibilidad social.

(Sobre economía plateada hemos hablado recientemente en un encuentro convocado por la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre su proyecto de innovación en servicios sociales y otros ámbitos en Pasaia. Sobre equidad intergeneracional, sistema de bienestar y servicios sociales, en un encuentro en Pamplona organizado por la Fundación Ezkerraberri. Sobre la soledad y la interacción, con Luis Barriga, Natividad de la Red y otras personas en Valladolid con su Ayuntamiento.)

La colonización digital de los servicios sociales por parte de la sanidad

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Recientemente se ha anunciado la noticia de que se ha logrado que, en la práctica totalidad de los servicios sociales de carácter residencial para personas mayores del País Vasco previstos (unos 300), se tenga acceso a la historia clínica sanitaria de las personas que viven en ellos y al sistema de receta electrónica para fármacos u otros productos. Y se han destacado, con razón, los diversos beneficios que este logro acarrea en términos, por ejemplo, de calidad de atención, ahorro de costes o seguridad para las 20.000 personas usuarias de estos servicios.

Lo chocante, sin embargo, es que esos servicios sociales residenciales que están ya conectados digitalmente a la red sanitaria pública no lo están en el seno del sistema público de servicios sociales del que forman parte. Y que sus personas usuarias, cuya historia clínica sanitaria digital está disponible para profesionales de los servicios sociales, no tienen una historia digital del sistema público de servicios sociales en la que se reflejen las correspondientes prescripciones, intervenciones y evolución.

Nos encontraríamos, por tanto, si se permite la expresión, deliberadamente provocadora, en una suerte de colonización digital de una parte del sector de los servicios sociales por parte del sector sanitario, en un contexto de ausencia de desarrollo reglamentario y consiguiente implementación del Sistema Vasco de Información de Servicios Sociales digitalizado y con volcado permanente de datos (también individuales) que prevé el artículo 79 de nuestra Ley de Servicios Sociales de 2008 y de imposibilidad de realizar la interoperabilidad e interconexión informática a la que se refiere el artículo 4 del Decreto 353/2013, de Ficha Social del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del instrumento de diagnóstico social del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

No se trata, aquí, de hacer una crítica al sistema sanitario, sino de plantear una autocrítica de quienes somos corresponsables de un retraso en la transformación digital de nuestros servicios sociales, retraso que acaba por justificar, quizá como mal menor o medida provisional, que el sistema sanitario coloque sus terminales informáticas en algunos servicios sociales, probablemente por cansancio de esperar a que nuestro proceso de normalización de los sistemas de diagnóstico, intervención y seguimiento y de construcción de una gestión integrada e informatizada de nuestros datos haga posible la deseable interoperabilidad y el consiguiente acceso desde cada sistema a la información del otro.

En el mundo en el que vivimos, perder el tren de la digitalización, de la gestión basada en datos, de la incorporación inteligente a las redes informatizadas es condenarse a la vía muerta de la ineficiencia, de la irrelevancia y, finalmente, del ostracismo o la desaparición como sector, sistema, organizaciones o profesionales. Estamos hablando, posiblemente, de uno de los desafíos más importantes y urgentes que tienen ante sí nuestros servicios sociales.

El objeto de los servicios sociales

Valladolid

¿Cómo conceptualizamos la interacción cuando la proponemos como el objeto de los servicios sociales?

Para responder a esta pregunta, podemos seguir la pista de personas de carne y hueso en sus itinerarios. Pensemos en una que tiene un accidente y resulta gravemente herida. No cabe duda de que en ese momento su situación debe ser abordada cuanto antes por parte de los servicios sanitarios. Imaginemos que es tratada en un hospital, donde, además de las prestaciones típicamente sanitarias (como intervención quirúrgica, terapia farmacológica o cuidados de enfermería), disfrutará de otras que no lo son (como la alimentación, el alojamiento o el servicio doméstico). Además, empezará a cobrar una prestación económica para su subsistencia. Una vez dada de alta hospitalaria, esta persona seguirá recibiendo apoyos sanitarios (como, por ejemplo, actividades ambulatorias o domiciliarias de rehabilitación).

Pensemos en el caso de que esta persona presente, en ese momento, limitaciones funcionales, es decir, un menoscabo de su autonomía funcional. Ello puede afectarle, por ejemplo, en el ámbito laboral (quizá no pueda seguir realizando el mismo trabajo que antes), en el del alojamiento (quizá no pueda acceder como antes a su vivienda) o en el ámbito de su vida diaria y relaciones primarias (quizá se vea afectada la relación de convivencia que tenía con otras personas). Parece claro, por tanto, que la reparación de determinadas estructuras orgánicas y la recuperación de cierta autonomía funcional compete al sector sanitario, pero, a partir de un determinado punto, la persona se desenvuelve en diferentes entornos (laboral, residencial y relacional, según los tres ejemplos), de suerte que la integración o inclusión (laboral, residencial y relacional) puede verse como la otra cara de la autonomía funcional en cada uno de ellos (y equilibrarse e interactuar dinámicamente con ella).

Siguiendo con los tres ámbitos mencionados, los servicios de empleo serían los encargados de apoyar a la persona en su proceso de reincorporación al mercado laboral, eventualmente pasando por el sistema educativo para adquirir nuevas competencias profesionales; mientras que los servicios de vivienda debieran ayudarle a adaptar su domicilio o, en su caso, a acceder a uno nuevo. Los servicios sociales, según la propuesta que estamos presentando, le apoyarían en la potenciación de su autonomía funcional para la vida diaria (actual y futura) en acoplamiento (a, con o) en el entorno relacional familiar y comunitario.

Lógicamente, a esa parcela de necesidades y situaciones cuyo perímetro estamos dibujando se llega por otros itinerarios. Como el de la niña con buen estado de salud seguida por su pediatra y cuya tutora en la escuela tiene indicios de que no cuenta con un cuidado y ambiente familiar positivo. O el de la pareja que comienza a convivir y a organizar su vida en común. O el del hombre jubilado que acaba de enviudar y comienza a vivir solo. O el del joven haciendo vida en la calle del barrio en el que se detectan conflictos de convivencia entre personas de comunidades culturales diferentes. O el de la criatura de ocho meses que necesita más cuidados que los que sus familiares pueden proporcionarle. Y así sucesivamente.

La intervención social sería, entonces, la actividad que tiene como finalidad prevenir, corregir o paliar desajustes en lo relativo a la interacción de las personas, con sus dos caras o dimensiones: autonomía funcional e integración relacional. Una autonomía funcional para la vida diaria que comprendería desde el autocuidado o cuidado en la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria hasta la utilización de las funciones cognitivas y emocionales para la toma de decisiones sobre la propia vida y su futuro (autodeterminación, autoorganización o autogobierno), pasando por habilidades sociales para las relaciones cotidianas. Y una integración relacional que se referiría tanto a los vínculos familiares como a otras redes comunitarias presenciales o virtuales, actuales o posibles (todas ellas relaciones primarias), fuente primordial de apoyo social.

(Fragmento adaptado de un artículo de próxima publicación en Zerbitzuan para las intervenciones en el Foro de Servicios Sociales previsto para el 20 de septiembre de 2017 en el Museo Herreriano de Valladolid.)

Agencia pública y privada en las políticas sociales

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Parece claro que la evolución de las grandes políticas sociales sectoriales (como sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos) en nuestras sociedades hace que, en cada una de esas ramas o ramos de actividad, los poderes y administraciones públicas y la población o ciudadanía estén acompañadas, cada vez más, de muchos otros agentes de diversos tipos, como, al menos, las redes comunitarias, las organizaciones de iniciativa social y las empresas proveedoras de bienes y servicios.

Los debates éticos, ideológicos y políticos frecuentemente se simplifican y se polarizan como si nos encontráramos en un juego de suma cero entre las responsabilidades, funciones y actividades públicas y aquellas que se asumen por parte de la iniciativa empresarial privada y mercantil. Por otra parte, dichos debates éticos, ideológicos y políticos, en ocasiones, se abordan de espaldas a la base de evidencia y conocimiento existente al respecto, por ejemplo, gracias al estudio de políticas comparadas; evidencia y conocimiento que no debe reemplazar a los debates éticos, ideológicos y políticos, pero sí informarlos, ilustrarlos o iluminarlos.

En el contexto actual resulta especialmente necesario atender al impacto que nuevas tecnologías de la información y la comunicación (y otras) están teniendo y pueden tener en el incremento de oportunidades y amenazas y en la aceleración de procesos en lo relacionado con la algoritmización de sistemas, la explosión de la conectividad, la destrucción de intermediarias, la reconfiguración de cadenas de valor o la viralización y manipulación de la información y, a su vez, con la mercantilización de transacciones, el procomún colaborativo, el empoderamiento de clientes, la deconstrucción de sujetos colectivos, y así sucesivamente.

En ese escenario complejo, el poder político y las Administraciones públicas, al cuidado del interés general, no van a ser medidas tanto por la “cuota de mercado” que tengan en uno u otro sector de actividad (¿cuánto alumnado estudia en la enseñanza pública?, ¿qué porcentaje de los productos culturales serán públicos?) o por cuántos eslabones de las cadenas de valor asumen (¿la atención hospitalaria?, ¿lavar las sábanas del hospital?, ¿fabricar el detergente con el que se lavan?, ¿cultivar el algodón con el que se fabrica el detergente?) como por la capacidad de ser jugadoras determinantes en los diferentes sectores económicos (con distintas estrategias) para garantizar los derechos sociales y los derechos humanos en general.

Para ello los agentes públicos, seguramente, deberán potenciar inteligentemente la autonomía operativa y las ventajas comparativas de otros tipos de agentes para lograr, en definitiva, maximizar las oportunidades reales para el más pleno ejercicio de los derechos (individuales, por definición) de todas las personas, es decir, nuestra libertad efectiva para llevar adelante los proyectos de vida que tengamos razones para valorar, anidadas (necesaria y deseablemente) en comunidades y sociedades fraternas, productivas y sostenibles.

(Con la inspiración, sucesiva, para cada uno de los párrafos, de Eloisa del Pino, Adela Cortina, Jeremy Rifkin, Carles Ramió y Amartya Sen. Como aproximación inicial tentativa para el debate sobre la Prestación Económica de Asistencia Personal, los cheques servicio, los presupuestos individuales o fórmulas similares en los servicios sociales.)

¿Por qué no acaba de eclosionar el sector de los servicios sociales?

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A pesar de megatendencias presentes y crecientes ya por varias décadas (como el incremento de las limitaciones funcionales, especialmente en la población más mayor, y la disminución y otros cambios en las capacidades familiares disponibles para brindar cuidados y otros apoyos a sus miembros), no se ha producido en España la eclosión de los servicios sociales que los lleve, como sector, a la envergadura que tienen ámbitos similares en países europeos de referencia o que los equipare, en cobertura e intensidad de protección como sistema público, a la sanidad, la educación o las pensiones, en el marco de nuestro propio sistema de bienestar. Como atestiguan también datos reflejados en los documentos y páginas referenciadas abajo, tampoco se han superado las desigualdades interterritoriales en materia de servicios sociales o se han cumplido las expectativas y estimaciones en materia de actividad económica, desarrollo empresarial y creación de empleo que se plantearon, por ejemplo, hace diez años.

Si bien, para explicar esa eclosión que no llega, suele hacerse referencia a la última crisis económica y a los ajustes o recortes coyunturales con los que se le ha respondido desde la política pública sectorial, cabe apuntar (hipotéticamente) a otros factores, a estudiar y calibrar, como los siguientes:

  • Resiliencia (mayor o diferente de la esperada) de los cuidados y apoyos familiares, especialmente por parte de mujeres (relativamente) mayores.
  • Ventajas comparativas de otros sectores fronterizos con el de los servicios sociales, como, por poner dos ejemplos, el de la educación (en la atención a la primera infancia) o el servicio doméstico (en el ámbito domiciliario).
  • Pujanza de la economía sumergida y la explotación laboral, especialmente de mujeres inmigrantes, en algunas de las actividades que, afloradas y cualificadas, podrían ser parte de los servicios sociales.
  • Señales débiles y contradictorias desde las políticas públicas (en forma, por ejemplo, de normativa o presupuestos) hacia los agentes implicados e interesados en el sector (como ciudadanía, directivas, proveedoras u otras).
  • Impermeabilidad (relativa) del sector y sus disciplinas de referencia a dinámicas de desarrollo científico e innovación tecnológica.

En función de cuál sea el análisis que hagamos y cuál el peso e interrelación de los diferentes factores, podrán proponerse unas u otras estrategias que permitan catalizar el proceso de la, desde nuestro punto de vista, necesaria y deseada eclosión de los servicios sociales en este contexto. Con el lema “Producto, producto, producto”, sin despreciar en absoluto otros puntos de apoyo para la palanca transformadora, se ha querido señalar la importancia de construir (activando nuestras redes de conocimiento, experimentación, pilotaje e innovación) una mejor oferta de servicios sociales, en clave preventiva, personalizada, tecnológica, comunitaria e integrada.

AEDGSS (2016): Índice DEC. Índice de desarrollo de los servicios sociales. Málaga (ver páginas 3-5).

AEDGSS (2017): Informe del Observatorio Estatal de la Dependencia. Málaga (ver página 1).

CC. OO. (2014): El impacto de la crisis en la destrucción de empleo en el sector de los servicios sociales. Madrid (ver página 21).

FERNÁNDEZ MÉNDEZ, Diana (2016): Envejecimiento y protección social de la dependencia en España: efectos sobre el empleo. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela (ver páginas 163-164).

JIMÉNEZ LARA, Antonio y RODRÍGUEZ CASTEDO, Ángel (2012): La economía social y la atención a la dependencia. Madrid, Fundación Alternativas (ver páginas 18-22).

JIMÉNEZ-MARTÍN, Sergi y otras (2016): Observatorio de dependencia. Madrid, FEDEA (ver páginas 5-6).

SEPE (2017): Informe del mercado de trabajo estatal. Madrid (ver páginas 121-122).

(Sobre éstas y otras cuestiones relacionadas debatimos la semana pasada en encuentros de la Fundación Ramón Rubial, de la Asociación Catalana de Municipios y de la Diputación Foral de Gipuzkoa y B+i y lo haremos en los próximos días en el Colegio Oficial de Trabajo Social de Bizkaia y en Servicios Sociales Integrados.)

Las disciplinas y profesiones de la intervención social, asumiendo su responsabilidad en los servicios sociales

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Una de las conclusiones de un análisis sobre nuestros servicios sociales, que próximamente se publicará en la revista Zerbitzuan, es que, en este ámbito sectorial, se han producido y se producen, significativamente, algunas situaciones como las siguientes:

  • Presencia notable de contenidos fácticos de la regulación jurídica y organización administrativa de los servicios sociales en los currículums académicos ofrecidos para la formación de profesionales de la intervención social, como si constituyeran o aportaran (y, por tanto, en lugar de) conocimiento disciplinar, técnico y científico.
  • Desconocimiento, por parte de diversos agentes relacionados, incluido en ocasiones el propio personal técnico, del perímetro a exigir y respetar para el ámbito propio de la capacidad de diagnóstico, prescripción e intervención profesional de la intervención social, no delimitándolo (por exceso y por defecto) y no diferenciándolo adecuadamente de otros ámbitos técnicos o facultativos o de los administrativos o políticos.
  • Utilización de procedimientos de construcción jurídica, gobernanza política, diálogo institucional o gestión administrativa para producir y legitimar contenidos e instrumentos que pertenecen a la esfera de las ciencias y las tecnologías de la intervención social y que debieran ser elaborados y validados en las redes y comunidades de conocimiento de las disciplinas de la intervención social.

Se trataría de fenómenos que podríamos considerar indicadores expresivos de inmadurez de nuestro sector de actividad y áreas de conocimiento y que nos restan capacidad de respuesta y maniobra ante las crecientes necesidades, demandas, expectativas y competencia a las que están sometidos los servicios sociales y la intervención social en el actual contexto de cambio tecnológico, social, institucional y político.

La conclusión obtenida, obviamente sometida a debate, es que nuestra principal responsabilidad como profesionales de la intervención social y los servicios sociales, hoy y aquí, es la que tenemos en relación con la construcción, validación, transferencia, aplicación y mejora de conocimientos rigurosos y tecnologías seguras dentro de nuestras disciplinas (como trabajo social, educación y pedagogía social y psicología de la intervención social), que ofrezcan a la ciudadanía (a todas las personas), en el seno de los servicios sociales (y en otros ámbitos), la posibilidad evaluable y evidente de lograr resultados valiosos.

Y quizá que, sin dejar, obviamente, de participar e influir en conversaciones como la intersectorial, la laboral, la reivindicativa o la administrativa, sería prioritario producir, nutrir, dinamizar, relacionar y alinear las conversaciones propias de nuestras comunidades de conocimiento y, especialmente, las que hay que construir entre las universidades y centros de investigación y las organizaciones y profesionales de la intervención social y los servicios sociales universales, relacionales y comunitarios que estamos impulsando.

Sobre estas cuestiones hablaremos el jueves, 7 de septiembre, en Barcelona en la asamblea de la Comisión de Bienestar Social de la Asociación Catalana de Municipios. Más información aquí.

Nuevos documentos (PDF), vídeos y entradas de fantova . net en el último cuatrimestre

bibliotheque

Se han subido los siguientes documentos (clicar para abrirlos) en el apartado “Cuestiones y políticas sociales” de “Documentos propios”:

Píldora formativa sobre la Renta de Garantía de Ingresos (8 diapositivas).

Cuidados primarios, servicios sociales y política sanitaria (3 páginas).

En el apartado “Intervención y servicios sociales” de “Documentos propios”:

El apoyo al cuidado familiar en la normativa de servicios sociales (13 páginas).

Servicios sociales: ¿cuestión de dinero? (6 diapositivas).

Mirada estratégica a los servicios sociales en su 40 aniversario en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (3 páginas).

¿Cuáles son los retos de los servicios sociales al comienzo del siglo XXI? (12 diapositivas).

Juncos, zombis y brotes en el tercer sector de acción social (6 páginas).

En el apartado “Intervención y políticas sociales” en “Otros documentos”:

Perfeccionamiento de los servicios sociales en España (499 páginas).

Se han subido, además, dos nuevos vídeos y se han publicado 16 nuevas entradas de blog. En este momento el número acumulado de descargas de documentos es de 298.902.