Atención integrada, intervención integral e inclusión social

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Hemos constatado con claridad que la especialización de cada ámbito sectorial en su trabajo (policial, educativo, sanitario u otros) nos ha ido llevando a la aplicación de los principios de prevención y proximidad. Cuanto mejor conocemos nuestro objeto de trabajo (la seguridad, el aprendizaje o la salud, por mantener los mismos ejemplos), más capaces somos de adelantarnos a los problemas y conflictos, más trabajamos desde el diseño anticipatorio de estructuras inclusivas y más eficientes somos en la respuesta a las necesidades de las personas y la gestión de los riesgos (…).

El enriquecimiento y facilitación de los itinerarios (frecuentemente intersectoriales) de las personas se apoya en la continuidad de la intervención y en la atención integrada que debemos y podemos lograr desde las diversas estructuras propias de los diferentes sectores de actividad (educación, sanidad, cultura, servicios sociales, vivienda, garantía de ingresos, urbanismo, justicia, empleo, ocio u otros). El cuidado en la continuidad de la intervención es especialmente importante en momentos delicados de transición entre ámbitos: cuando recibimos el alta sanitaria y hemos de ser atendidos por los servicios sociales, cuando salimos del sistema educativo y nos incorporamos a un empleo, y así sucesivamente.

El estudio de los casos realizado y nuestro conocimiento de diversas iniciativas de trabajo en red, dinámicas colaborativas, coordinación intersectorial y, en definitiva, atención integrada nos lleva a reconocer los esfuerzos y logros de innumerables profesionales y, en general, agentes que, saliendo de su zona de confort sectorial, han construido y siguen construyendo prácticas y estructuras que facilitan la vida de las personas y sus itinerarios de inclusión (…).

Entendemos que la integración, en todo caso, ha de ser, en primer lugar, una mejora intrasectorial, en el interior de cada ámbito, al menos de dos maneras:

  • Mediante el enriquecimiento de algunos servicios (que podríamos llamar servicios integrados) que, perteneciendo a un ámbito sectorial, incorporan apoyos, actividades o prestaciones propios de otro. Es el caso de servicios de vivienda que ofrecen acompañamiento social o de servicios educativos que contienen orientación laboral, por poner dos ejemplos.
  • Mediante la creación de organizaciones integradas, en cuyo seno conversan instituciones (Ayuntamientos y Diputación, por ejemplo) o niveles distintos. Es el caso, por ejemplo, de las organizaciones sanitarias integradas, en las que se encuentran la atención primaria y la hospitalaria.

En todo caso, más allá de la integración intrasectorial, es fundamental construir escenarios de atención integrada intersectorial, pues sólo desde un cierto grado de conocimiento y conexión entre profesionales y sistemas de los diversos sectores es posible detectar y gestionar las señales de alerta (a poder ser, temprana) en las trayectorias vitales de las personas y actuar proactivamente para ofrecerles itinerarios reales de inclusión social o, en su caso, actuar eficazmente contra los procesos que conducen desde la vulnerabilidad a la exclusión social.

(Fragmento de un documento colectivo que puede descargarse aquí.)

Tres riesgos de sobredosis y posibles antídotos para el tercer sector de acción social

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En la reflexión estratégica sobre nuestro tercer sector de acción social podríamos identificar tres elementos que, constituyendo características tradicionales, importantes y positivas de las organizaciones solidarias de intervención social, pueden llegar, en una dosis excesiva, a arruinar su proyecto de futuro al servicio de la participación, la inclusión y la justicia social. Los presentaremos a continuación, intentando sugerir, en cada uno de los tres casos, un antídoto que pudiera resultar pertinente.

Nos referimos, en primer lugar, a la orientación a los colectivos vulnerables. No cabe duda de que una buena parte de las entidades de iniciativa y acción social surgen como mecanismo de apoyo mutuo y defensa de los derechos de grupos de personas afectadas por una u otra situación de discriminación o exclusión social y que han sido y siguen siendo enormemente útiles para la mejora de la calidad de vida de dichas personas. Sin embargo, la complejidad del cambio social en las últimas décadas ha ido tornando crecientemente obsoleta y contraproducente la segmentación tradicionalmente utilizada en los procesos de intervención social en nuestro entorno.

Ante esta situación, la apuesta alternativa sería la de la universalidad y personalización por la que llevan décadas intentando transitar las principales políticas sociales, en aplicación del enfoque de derechos. Se trata de superar la segregación de las personas en función de viejas etiquetas clasificatorias e ir canalizando el saber y tecnología de nuestras organizaciones hacia el pilotaje y escalabilidad de formatos de atención cada vez más capaces de gestionar la diversidad sexual, generacional, funcional y cultural.

El segundo riesgo de sobredosis se da en la gestión de servicios y programas estandarizados de financiación pública. Por descontado que la atención profesional garantizada o impulsada por las políticas públicas de servicios sociales u otras es y va a seguir siendo una parte relevante de la actividad del tercer sector de acción social. Sin embargo, tanto en el conjunto del sector como en no pocas organizaciones, el excesivo tamaño de la parcela dedicada a dicha actividad amenaza el necesario equilibrio de funciones que debe caracterizar a la iniciativa social.

Frente a ese riesgo se trata de imbricarnos más en la comunidad, de pegarnos más al territorio, de volver en mayor medida a las calles y los caminos o acceder a los nuevos entornos virtuales donde se construyen las relaciones comunitarias, la participación ciudadana, la solidaridad voluntaria, el compromiso cívico y los movimientos alternativos. Junto a formatos que ofrecen a la ciudadanía la opción de ser usuaria de servicios de calidad, hemos de apostar por procesos de recuperación de identidad e innovación social que nos permitan abrir en mayor medida otras puertas para la participación y el empoderamiento de cada vez más personas.

En tercer y último lugar quisiéramos alertar sobre el riesgo de sobredosis de transversalidad. No olvidamos que se trata de una de las ventajas comparativas de la iniciativa social frente a una administración pública frecuentemente encorsetada y rígida que, en ocasiones, fragmenta artificialmente las necesidades de las personas. No podemos olvidar, sin embargo, que las mejoras en la calidad de vida que hemos podido experimentar en las últimas décadas han venido, en buena medida, de la mano de innovaciones tecnológicas experimentadas al interior de sectores especializados de actividad económica (como el sanitario, el de las telecomunicaciones o el del transporte, por poner tres ejemplos).

Frente a ese riesgo, sin perder el posicionamiento y la dinámica de transversalidad e integración de la atención, apostamos por una mayor incardinación de las organizaciones y personas del tercer sector de acción social en las comunidades de conocimiento sectoriales (especialmente en el sector de los servicios sociales, pero también en el de la vivienda, el sanitario u otros), aumentando su especialización y protagonismo en los procesos de investigación, desarrollo e innovación que añaden valor a las actividades operativas características de dichos ámbitos sectoriales, que son las que, en última instancia permiten obtener los resultados deseados por las personas.

(Reflexiones en una jornada de planificación estratégica del tercer sector de acción social realizada en Madrid el 22 de febrero de 2017.)

Una agenda de innovación en política social

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La primera propuesta tiene que ver con la construcción de la red de conocimiento sobre políticas sociales. Una red liderada desde los poderes públicos (Mazzucato, 2016) y, específicamente, por la política educativa (en conversación con la de empleo y la de promoción económica), entendida como la política pública social responsable de los procesos de investigación, desarrollo e innovación. Un ecosistema en el que deben hibridarse diversos tipos de conocimiento (ético, científico, tecnológico, innovador, práctico y estético) y en el que deben ejercer tracción entre sí los agentes portadores de cada uno de ellos. Una red en la que deben participar las comunidades sectoriales o especializadas en las diversas políticas sociales (donde la ciencia política dialogue con las ciencias de referencia de las diversas políticas específicas, como la medicina o la arquitectura), en procesos favorecedores de dinámicas sinérgicas de desarrollo territorial y creación de empleo (Innerarity, 2011: 244), en las que los servicios correspondientes a las diversas políticas sociales se configuren como tractores de otros y generadores de valiosos retornos económicos, ambientales y sociales, llenando de contenido el concepto de inversión social.

La segunda apuesta supone rediseñar el “perímetro” (Garner y Leutherau-Morel, 2014: 10) y desarrollar el contenido operativo (preventivo, tecnológico y comunitario) del sector de los servicios sociales que, si quiere avanzar en su proyecto de universalización, debe abandonar su nicho residual de pretendida (y cada vez más imposible) respuesta a cualquier necesidad (económica, habitacional, laboral u otras) de supuestos colectivos minoritarios excluidos por el resto de subsistemas sociales y apostar por un objeto propio, que hemos identificado como la interacción (Fantova, 2016). Ello vendría posibilitado porque, en un contexto de crisis de los cuidados y de preocupación por la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la equidad de género (SPC, 2014: 6), nos encontramos ante “una de las áreas más dinámicas en el desarrollo del Estado de bienestar” (León, 2014: 11), pero resultan precisas nuevas formas de diferenciación e integración con el resto de ramas sectoriales y, especialmente con las otras dos (sanidad y vivienda) que triangulan y soportan en buena medida la vida diaria y relaciones comunitarias (Herrera et alii, 2016) de las personas en su diversidad sexual, generacional, funcional y cultural.

La tercera línea de actuación nace de la alarma por la persistencia de la pobreza económica en nuestras sociedades (Renes, 2013), por mutaciones preocupantes con las que se extiende (como las relacionadas con la precariedad laboral o la fragilidad relacional) o por su insoportable transmisión intergeneracional (Zalakain, 2013: 309). La erradicación de la pobreza y, específicamente, la garantía universal del derecho a unos ingresos suficientes para la subsistencia pasa, seguramente, por la integración (Noguera, 2010: 2-6) entre las diferentes políticas y sistemas de garantía de ingresos y de éstos con las políticas fiscales (llamadas a transformarse en el nuevo contrato, entre otros, por ejemplo, intergeneracional), de forma que, con el apoyo de las tecnologías avanzadas de la información y la comunicación, se pueda avanzar en coherencia y eficiencia en todo lo relacionado con el conjunto de flujos monetarios que se producen entre las Administraciones públicas y el conjunto de la población; tecnologías que, a la vez, permiten incrementar la dignidad y eficacia en la gestión de toda una serie de derechos, incentivos y obligaciones económicas de la población; derechos, incentivos y obligaciones (incluyendo copagos o sanciones) frecuentemente establecidos desde otras políticas sectoriales (como cuando la médica nos da la baja generando un derecho económico).

La cuarta idea compartida se asienta en el movimiento de la innovación social (Moulaert et alii, 2013, 1-6), que, pese a sus ambigüedades y contradicciones, puede ser adoptado como marco y método para el diseño, pilotaje y construcción de nuevas formas de sinergia (en la decisión, diseño, realización y evaluación en las políticas sociales) entre: la participación de las personas, familias y comunidades; las empresas con capacidad de gestión y de obtener retornos; la iniciativa social (que incluye desde pequeñas experiencias de base hasta grandes cooperativas, desde movimientos reivindicativos hasta el tercer sector de acción social); y la capacidad de fomento, provisión y regulación del Estado social “relacional” (Ramió, 2015: 204). En ese contexto se pide al tercer sector: capacidad de abrir agendas (Jaraíz, 2015: 120) para la relación entre las iniciativas innovadoras (brotes) y las más resilientes (juncos), que han evitado convertirse en zombis; recuperación de valores y funciones (Fresno, 2014: 112) que han quedado arrinconadas por una dedicación excesiva en muchas organizaciones a la prestación de servicios estandarizados con dinero público; y, fundamentalmente, una repolitización en función de la cual su capacidad de producción  y gestión de bienes comunes (Subirats y Rendueles, 2016: 63) se convierta en el mejor antídoto para los riesgos de privatización del sector público.

Por último, se trata de apoyarse en los saberes antiguos y en la innovación tecnológica para transformar las políticas sociales realmente existentes (con sus actividades operativas, estructuras de gestión y dinámicas de gobernanza) y sus redes de agentes (Navarro, 2014: 221-225) en sistemas inclusivos de conocimiento, en los que dialoguen creativamente la evidencia científica y la sensibilidad política y que, lejos de funcionar como estabilizadores de modelos sociales en crisis (Streeck, 2015) sirvan como arcas de Noé, para agruparnos en nuestra diversidad y protegernos en nuestra igualdad y para navegar hacia nuevas maneras de vida en común, buena y sostenible.

(Final de la ponencia presentada en el congreso de la Red Española de Política Social, que puede descargarse aquí.)

Elefantes, leonas y mariposas en las políticas sociales e intervenciones comunitarias

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Desde diversas posiciones y por distintas razones se vuelve la mirada hacia las relaciones y dinámicas comunitarias. Parece que entendemos que aquellas sociedades en las que se va destruyendo el capital social y las redes primarias son sociedades crecientemente insostenibles. Quizá comprendemos que los ingredientes de don (Mauss) y reciprocidad confiadas que comportan esencialmente los vínculos familiares y, en general, comunitarios son indispensables para una vida que merezca ser llamada humana. Nos interesamos, de nuevo, por los (bienes) comunes (Subirats y Rendueles).

Sin embargo, los procesos de mercantilización y globalización de las transacciones económicas, estimulados por diversos avances tecnológicos y decisiones políticas, ponen en jaque determinados lazos comunitarios tradicionales, en la medida en que nos ubican, fundamentalmente, en tanto que individuos con capacidad para producir bienes privados o con capacidad de compra para adquirirlos o derecho para disfrutarlos.

Desde las políticas públicas, en ocasiones, se afirma ir al rescate de las comunidades, mediante microintervenciones de ingeniería social a cargo de profesionales de los servicios públicos de proximidad. Últimamente, estas intervenciones tienden a presentarse bajo la bandera de la innovación social (Moulaert). Sin embargo, esta microcirugía reparadora de conexiones primarias poco puede hacer si no es ayudada por intervenciones y políticas más estructurales o, incluso, más clásicas dentro del sistema de bienestar.

Con Bea Cantillon, hablaríamos de combinar la acción de los elefantes del clásico Estado de bienestar (con políticas redistributivas como las de garantía de ingresos), las leonas de la inversión social (con el enfoque de preparar más que reparar y de corregir inequidades de género y generacionales) y las mariposas de la innovación social (atentas a generar nuevas sinergias entre agentes).

Los objetivos de sostenibilidad de la vida (Pérez Orozco) y desarrollo a escala humana son insoslayables y pasan, indefectiblemente, por hacer posibles los cuidados primarios y el apoyo mutuo que nos construyen como personas. El desarrollo económico y político han contribuido a liberar a las familias y comunidades de ciertos males relacionales (Donati) pero, a la vez, han desencadenado procesos de destrucción y mutaciones indeseables en nuestros activos comunitarios. Nos toca, sin ingenuidades, defender e impulsar nuestro Estado de bienestar, a la vez que lo fecundamos y reinventamos, entre otras, con la clave comunitaria.

(Reflexión a partir de la conversación organizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa que puede verse aquí.)

Construir la comunidad: un compromiso estratégico

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Cuando hablamos de comunidad nos estamos refiriendo a relaciones primarias. Éstas pueden ser familiares o, también, de convivencia, vecindad o amistad. Puede tratarse de vínculos que han surgido desde el consumo, el trabajo o la militancia: como cuando la tendera nos fía, el compañero de trabajo nos cuida en una enfermedad o nos alargamos tomando unos vinos después de una reunión de la asociación a la que pertenecemos. También pueden ser nexos que han adquirido intensidad a partir de las interacciones en las redes sociales de Internet. Se trata, en todo caso, de relaciones que se rigen por la lógica del don y en las que se va construyendo un cierto compromiso de reciprocidad a largo plazo.

Las relaciones primarias, los bienes relacionales, los vínculos familiares y comunitarios son un recurso fundamental para nuestra vida, no menos importantes que los proporcionados por los derechos de ciudadanía, los intercambios de mercado o las pertenencias asociativas y compromisos solidarios. Los cuidados y apoyos que recibimos en la esfera comunitaria no tienen equivalencia funcional en las otras esferas de la vida social y, por tanto, la coproducción y sostenibilidad de los bienes relacionales se convierten en una tarea insoslayable, aunque no podemos olvidar que cualquier intento de incidir en la esfera comunitaria desde fuera de ella está sometido a restricciones y corre el riesgo de generar bucles paradójicos de los que, a veces, resulta difícil salir.

En nuestro entorno, posiblemente, nos encontramos en un momento de la historia en el que la construcción de la comunidad adquiere un carácter especialmente estratégico, en la medida en que todavía contamos con unas notables reservas de capital comunitario, pero percibimos con claridad las diversas amenazas a las que está sometido y las indeseables mutaciones sociales que sufrimos cuando se debilita la comunidad.

Seguramente, algunos elementos de esta agenda estratégica de construcción comunitaria puedan ser: una innovación tecnológica y un procomún digital al servicio del capital relacional; la reinvención del tercer sector como productor, gestor y politizador de bienes comunes; la construcción del sistema público de servicios sociales para la promoción y protección de la interacción todas las personas; y la evaluación y diseño de unas políticas públicas y un desarrollo territorial amigables con las relaciones familiares y comunitarias.

(Sobre estas cuestiones debatiremos el martes, 7 de febrero, en la fundación Orona, en Hernani, en una jornada sobre innovación comunitaria organizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Universidad de Deusto. Más información en el teléfono 943112334. Inscripción, escribiendo a diputatunagusia@gipuzkoa.eus. La foto pertenece a la concentración contra una agresión machista realizada el 3 de febrero de 2017 en el barrio de San Francisco, Bilbao).