Los servicios sociales en el pilar europeo de derechos sociales

Pillar 3

Dentro de la construcción del pilar europeo de derechos sociales, la prioridad más apremiante es el reforzamiento y configuración como política sectorial universal de los que en España denominamos servicios sociales (“social care”, “personal social services”) entendidos como servicios profesionales, basados en el diagnóstico social, que brindan cuidados y otros apoyos para promover y proteger la interacción de las personas (entendiendo interacción como desenvolvimiento autónomo de las personas en relaciones familiares y, en general, comunitarias). Se trata de superar la caduca visión de los servicios sociales como servicios residuales sin objeto específico para colectivos excluidos.

Por tanto, los servicios sociales no se deben ocupar directamente de la garantía de ingresos, la vivienda, el empleo, la salud o la educación, pues cada una de estas áreas tiene su propia política sectorial, que también ha de ser universal y no excluir a nadie. Los servicios sociales que debemos construir constituyen un derecho fundamental (entre otros) para el bienestar social y la calidad de vida de cualquier persona: el derecho de todas las personas a recibir los cuidados y otros apoyos (incluyendo tecnología de apoyo) para conservar y aumentar su autonomía funcional y autodeterminación para la vida diaria y su integración relacional en familias y comunidades diversas y sostenibles.

Es necesario diferenciar, definir y desarrollar los servicios sociales; garantizar el derecho universal a unos servicios sociales de calidad, basados en el conocimiento y la tecnología, de proximidad, de enfoque comunitario, que brinden cuidados y otros apoyos e intervenciones para el empoderamiento personal y el desarrollo familiar y comunitario, para la sostenibilidad de la vida en la diversidad sexual, generacional, funcional y cultural.

Es fundamental entender que, antes de conseguir una integración intersectorial (por ejemplo, entre servicios sociales y sanidad), es necesaria una integración (dentro) de los servicios sociales (donde entran servicios de cuidado para la primera infancia, algunos cuidados de larga duración, intervenciones familiares, ciertos apoyos por discapacidad, promoción comunitaria y otras). Es importante comprender la unidad, coherencia y universalidad de los servicios sociales. Si bien se vieron históricamente como servicios segregados para colectivos, debemos concebirlos como intervenciones y apoyos comunitarios para relaciones intergeneracionales e inclusivas.

Para fortalecer y configurar estos servicios sociales universales, es fundamental apoyar la gestión del conocimiento y las buenas prácticas; mediante comunidades de aprendizaje y consensos de conocimiento; con innovación tecnológica y social; con estándares mínimos y orientaciones profesionales. Los servicios sociales deben apoyar a todas las personas a vivir con la máxima autonomía en las relaciones comunitarias con diversidad en todos los sentidos.

(Entrada elaborada con las aportaciones a la “Consulta pública sobre el pilar europeo de derechos sociales” que finaliza el próximo 31 de diciembre de 2016.)

Políticas sociales: ¿dinero o servicios?

Education

Entre las diferentes políticas públicas, convencionalmente, identificamos algunas como políticas sociales en la medida en que consideramos que tienen un especial impacto en el bienestar de las personas y que está especialmente legitimada una intervención estratégica del Estado para garantizar, en última instancia y en alguna medida, el derecho de la ciudadanía a la satisfacción de las correspondientes necesidades. El carácter altamente convencional, discutible y modificable de esta forma de clasificar las políticas públicas es evidente: ¿por qué consideramos que la política sanitaria o la de vivienda son políticas sociales y por qué no lo son las relacionadas con la seguridad o la alimentación?

En realidad, si nos fijamos, no consideramos como sociales aquellas políticas públicas sectoriales más tradicionales en las que el Estado protege y promueve el ejercicio de los derechos humanos de primera generación (como el derecho a la libre circulación o a la participación política). Tampoco solemos considerar sociales las políticas concernientes a sectores de actividad en los que son especialmente fuertes las dinámicas y agentes de la economía de mercado (como la energía o el turismo). Así, tendemos a incluir en el club de las políticas sociales sectoriales aquellas otras en cuya cadena de valor para la prescripción, producción y dispensación de bienes y servicios han ido ganando peso estratégico las estructuras profesionalizadas del sector público y que principalmente serían: sanidad, educación, servicios sociales, empleo y vivienda.

Ahora bien, como quiera que bienes y servicios como los relacionados con la alimentación o la energía (por citar sectores altamente mercantilizados) son de primera necesidad, hablamos de una última (o primera) rama o pilar de la política social, que sería la de la garantía de ingresos para la subsistencia, con pensiones y otras prestaciones económicas, que nos permiten adquirir dichos bienes y servicios. Si bien la decisión sobre en qué medida se garantiza como derecho incondicional la satisfacción de determinada necesidad es altamente política, el diseño que nos lleva a hacerlo a través de servicios públicos o a través de prestaciones económicas (más o menos afectadas a un fin) tiene un carácter más técnico y es objeto de debate científico a partir de la evidencia comparada.

El carácter altamente mercantilizado y monetizado de nuestras sociedades puede inducir a muchas personas y a muchos agentes políticos a preferir el pájaro en mano de las prestaciones económicas (recordemos, por ejemplo, el cheque bebé). Sin embargo, la complejidad social aconseja un diseño más sofisticado de las políticas públicas, en el que, sin desconocer la eficiencia operativa y el valor incentivador de las entregas dinerarias, éstas se den en el marco de (o junto a) intervenciones profesionales de alto valor añadido y dinámicas relacionales constructoras de comunidad.

Contra la dependencia

Reanudado el Servicio de Ayuda a Domicilio a los vecinos en La Unión

¿Os imagináis que en lugar de hablar del sistema educativo habláramos de “sistema de analfabetismo”? ¿O que en el Gobierno hubiera un “Departamento de Chabolismo”? ¿O que la Tesorería Nacional de la Seguridad Social se llamara “Tesorería Nacional de la Pobreza Económica”? Pues algo parecido es lo que hacemos o nos pasa cuando, en lugar de hablar de los servicios sociales, hablamos de “la dependencia”.

La dependencia funcional existe, no cabe duda. Es la situación (dinámica y modificable) en la que nos encontramos cuando, por limitaciones en algunas de nuestras capacidades, necesitamos cierta ayuda externa para realizar determinadas actividades. Como es obvio, la prevención y el abordaje de las situaciones de limitación funcional requiere, entre otros, el concurso de las diferentes políticas sociales: sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos.

Los servicios sociales tienen como misión brindar apoyos y cuidados para promover la autonomía de todas las personas en su vida diaria, en el seno de relaciones familiares y comunitarias. Por ello son, por definición, fundamentales en la prevención de la dependencia funcional (y también de otros tipos de dependencia). Igualmente han de ser claves en la promoción del autocuidado y del cuidado primario (familiar y comunitario) de las personas en situación de dependencia funcional y en el apoyo a las personas que cuidan a estas personas y a otras (por ejemplo, a todas las criaturas). Los servicios sociales son, también, los competentes para la prescripción, en su caso, de algunos productos de apoyo y de cuidados profesionales (entre otros apoyos) para las personas en situación de dependencia en su vida comunitaria.

A la vez que comprendemos la diversidad funcional y la interdependencia de todas las personas como inherentes al hecho humano, luchamos contra la (no deseada y no deseable) dependencia funcional, como lo hacemos contra el desempleo o la enfermedad. Flaco favor hacemos a los servicios sociales si los invisibilizamos (al no nombrarlos), si reducimos su alcance (olvidando que son para todas las personas en diversas situaciones) y si los nombramos por algo que sucede (la dependencia) cuando no logran uno de sus objetivos.

¿Y si va de servicios sociales más que de pensiones?

Engel

¿Y si la eficacia futura de la protección social para las personas mayores pudiera depender más de las decisiones que tomemos ahora sobre los servicios sociales que de las que tomemos sobre las pensiones? Ésta es la conjetura para la cual queremos ofrecer algunos datos, fundamentos, argumentos y propuestas a continuación, en un contexto en el que, tanto en nuestras arenas políticas como en nuestras comunidades de conocimiento, parece evidente que las conversaciones sobre los servicios sociales están lejos de aproximarse a las que se mantienen sobre las pensiones (tanto en el sentido de tener una dimensión parecida a como en el sentido de relacionarse con).

(Así comienza el artículo sobre el papel de los servicios sociales y de las pensiones en la protección social de las personas mayores escrito para el blog lleiengel.cat. Se puede continuar leyendo el artículo en catalán aquí y se puede descargar el PDF (9 páginas) del artículo en castellano aquí. Gracias a las personas responsables del blog lleiengel.cat por la acogida, la traducción, la edición y la prescripción.)

El caso Kodak y los servicios sociales

Kodak

Kodak es una empresa que, tras 130 años de historia y habiendo llegado a disponer en los años 90 del pasado siglo de más de un 70% de cuota de mercado mundial en el campo de la fotografía, cae en picado en este siglo, hasta llegar a la quiebra. Diversos análisis del caso coinciden en apuntar a que la empresa fue incapaz de cambiar o girar en aspectos instrumentales, organizativos o estratégicos para adelantarse o adaptarse a cambios tecnológicos y sociales (o generarlos) y mantenerse (o ser más) competitiva, apoyándose en activos valiosos en el marco de una comprensión profunda y abarcadora de su misión.

Quizá nuestros servicios sociales puedan mirarse en ese espejo, en la medida en que nos consideramos, desde hace décadas, los “líderes” en la atención a determinados “colectivos”, los “encargados” de ciertas “problemáticas”, los “gestores” para una serie de “disfunciones” presentes en nuestra sociedad. No sólo eso, sino que, en la última década, venimos reclamando para nuestra actividad el estatuto de pilar universal del sistema de bienestar y el reconocimiento de que la satisfacción de las necesidades de las que decimos ocuparnos debe ser garantizada como derecho subjetivo.

Ahora bien, ¿cómo es posible reclamar ser un pilar del sistema de bienestar pretendiendo construir nuestro éxito sobre el fracaso de los otros pilares? ¿Cómo lograr que la ciudadanía nos quiera universales si no sabemos explicarle lo bueno que cualquier persona puede obtener de nuestros servicios? ¿Cómo esperar inversión social sectorial si no construimos una cadena diferenciada de actividades de valor añadido para la promoción y protección de dicho bien?

Intuimos y buscamos el final del tiempo de los servicios sociales residuales para el control social de colectivos excluidos, pero nadie fuera del sistema o el sector de los servicios sociales nos garantiza la supervivencia exitosa en el ecosistema de las políticas sectoriales universales y los sectores económicos de futuro. Quizá se trate de hacer lo que no hizo Kodak: profundizar en la comprensión de nuestra misión diferenciadora (de nuestro objeto positivo y universal) para, apoyándonos en nuestras fortalezas y activos, hacer el giro estratégico que demanda nuestro proyecto histórico y el cambio de época en el que nos encontramos.

Sociedad en transformación, políticas familiares y servicios sociales

EHF

Estudios como la Encuesta de Hogares y Familias del Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco nos presentan la foto (necesariamente movida) de una sociedad en transformación en la que, junto a importantes segmentos poblacionales instalados en coordenadas de estabilidad laboral, seguridad económica, soporte relacional y protección social, se observa un incremento de los sectores de personas que padecen precariedad laboral y económica y, frecuentemente, una simultánea fragilidad en lo relativo a los lazos familiares y vínculos comunitarios.

Una sociedad que ya no es la sociedad industrial protegida por el Estado de bienestar tradicional. Una sociedad en la que el cambio tecnológico y la globalización generan una esfera económica y un mercado de trabajo con nuevas oportunidades, pero con un ascensor social cada vez más averiado por evidentes amenazas, muchas veces ya cumplidas: más para jóvenes que para mayores, más para mujeres que para hombres y más para inmigrantes que para autóctonas. Una sociedad en la que, venturosamente, nos desembarazarnos de determinados controles familiares y comunitarios y se diversifican nuestras trayectorias relacionales y convivenciales, pero en la que hay un 25% de hogares en los que sólo vive una persona y no más de un 25% en los que hay menores de edad. Una sociedad en la en la que la segunda mayor preocupación es la que tiene que ver con el cuidado de personas con limitaciones funcionales en el contexto de la fabulosa revolución de la longevidad.

En esta transición las políticas sociales tradicionales, cuya protección social es, cada vez más, víctima del efecto Mateo (a quien tiene se le dará), se revelan como crecientemente disfuncionales, injustas e insostenibles, ya que, por ejemplo, están contribuyendo a que el riesgo de pobreza infantil sea cuatro veces mayor que el de las personas mayores, según datos del SIIS sobre el País Vasco, donde, por poner otro ejemplo, las deducciones fiscales por razones familiares son cuatro veces superiores a las prestaciones familiares directas cuando de aquéllas sólo se benefician quienes, por tener más ingresos, hacen la declaración de la renta.

Es cada vez más urgente, por tanto, la introducción de un enfoque familiar y comunitario en las políticas públicas, de modo que éstas contribuyan a facilitar y fortalecer los nexos, cuidados, apoyos y redes relacionales que son imprescindibles para la cohesión social y para la sostenibilidad de la vida. Un elemento clave de esas políticas familiares y comunitarias será el fortalecimiento y renovación de los servicios sociales, entendidos como servicios universales para el cuidado y el apoyo de la autonomía de las personas en sus relaciones primarias. Unos servicios sociales y unas políticas familiares que deben contribuir intensamente a facilitar que podamos traer al mundo y cuidar adecuadamente tantas criaturas como deseemos; conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral y construir relaciones intergeneracionales e interculturales de cuidado y apoyo satisfactorias y positivas.

(Sobre algunas de estas cuestiones hablaremos en la sesión organizada en Barcelona el martes, 13 de diciembre. Se puede leer un resumen, comentado, en prensa, del estudio citado en este artículo de Arantxa Aldaz.)

¿Dejar de hablar de lo “sociosanitario”?

Interlocking gears in clockwork mechanism, close-up (sepia tone)

En un modelo de futuro para las políticas sociales tan esencial es el momento de la diferenciación y el establecimiento del perímetro de cada ámbito sectorial como el momento de la integración de su atención con la que brindan otros sectores de actividad. Una clave fundamental del modelo que proponemos, inseparablemente unida a la definición del objeto y la actividad específica de cada rama sectorial, tiene que ver con las oportunidades que brinda la (entendemos que insoslayable) recalibración, redistribución y reconfiguración de los repartos y relaciones entre las diferentes ramas sectoriales de la política social. Se asume que sólo verificando y visibilizando los impactos positivos que el nuevo modelo puede tener en los diferentes ámbitos sectoriales y en el conjunto del sistema de bienestar es posible avanzar de manera consistente en esta nueva visión y configuración.

El reto de una atención integrada y, finalmente, integral no aparece únicamente en la interfaz entre los servicios sociales y los servicios sanitarios, sino que emerge en muchos otros nodos, tanto de los servicios sociales con otras ramas como de otros pilares entre sí. Entendemos que las innovaciones en las tecnologías de intervención, gestión y gobierno deben ayudar a la coordinación e integración intersectorial evitando el falso atajo de la subordinación o la deconstrucción de alguna de las ramas o pilares en cuestión. Entendemos que se necesita comprender y hacer comprender que el nuevo modelo de servicios sociales afecta al resto de pilares de la política social porque representa una nueva manera de comprender la lógica de reparto de necesidades y actividades entre las políticas sectoriales y, por tanto, una nueva manera de entender las relaciones intersectoriales y la integración de la atención: una oportunidad para construir la atención (integral e integrada) centrada en la persona que viene reclamada por la complejidad de las necesidades sociales.

El concepto y el discurso de la atención integrada parece cada vez más conveniente para la cuestión que nos ocupa, frente a los conceptos (y discursos correspondientes) que empiezan por “socio” (sociosanitaria, socioeducativo, sociolaboral u otros) por algunas razones:

  • El concepto de “atención integrada” es más homologable internacionalmente y facilita la sintonía y transferencia con comunidades de práctica y conocimiento de diferentes lugares.
  • Este concepto visibiliza mejor la necesidad y posibilidad de coordinación de todos los sectores con todos y no sólo de los servicios sociales con el resto.
  • El desgaste del concepto y discurso de lo “sociosanitario” parece percibirse, por lo limitado y contradictorio de sus realizaciones prácticas en las varias décadas de utilización del concepto y aplicación del discurso.
  • El concepto y discurso de la “atención integrada” parece conectar mejor con las oportunidades que brindan nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la más fácil y real integración intrasectorial e intersectorial de procesos operativos, de gestión y de gobierno a la vez que se mantienen estructuras sectoriales diferenciadas por ámbitos de actividad (servicios sociales, sanidad, educación u otros).

En esta forma de entender la distinción e integración de las diferentes ramas de la política social (sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos) hay complementariedad y sinergia (social) entre todas ellas, pero no subsidiariedad de ninguna frente a otra, ni carácter residual (o social por defecto) de ninguna de ellas.

(Fragmento adaptado del artículo “Servicios sociales y atención integrada”, que puede descargarse completo aquí.)