La dimensión operativa (basada en el conocimiento valioso) de las políticas sociales

Esquema

Proponemos referirnos a la operativa (dimensión operativa, actividades operativas, proceso operativo, estructuras operativas) de una política pública o de un ámbito sectorial para identificar su cadena básica de valor, es decir, las actividades y procesos que caracterizan a cada política y que desembocan directamente en la consecución de los objetivos, en el logro de la finalidad de la política y, en definitiva, en las personas destinatarias. Estamos hablando del modelo de atención o intervención, de la caja negra profesional, de la caja de herramientas, del conocimiento tecnológico, del contenido técnico de dicha política, de lo que ocurre en el nivel micro de esa política social o ámbito sectorial. Por definición, éste proceso operativo será diferente en cada política social específica, como diferente será el área o las áreas de conocimiento (científico, disciplinar o profesional) de referencia en cada caso.

En realidad las personas, cuando acudimos a un servicio o somos –de forma más o menos consciente y deliberada– objeto de una intervención, más que las necesidades en cuestión o que el bien que se protege o promueve en cada caso, lo que reconocemos son las actividades valiosas, las prestaciones profesionales, los apoyos técnicos: el diagnóstico de la médica, el acompañamiento del educador, el asesoramiento de la técnica (en materia de vivienda o empleo, por ejemplo), los cuidados físicos del auxiliar, la operación de la cirujana, la clase del profesor, la terapia de la psicóloga, el diseño del arquitecto y así sucesivamente.

Por lo demás, en lo que toca a las áreas de intervención y conocimiento (ciencias, disciplinas o profesiones) tendemos a distinguir una como más central o referencial para cada una de las políticas sectoriales, en función de su operativa. Así, hablaríamos de la medicina para el ámbito sanitario, la pedagogía para el ámbito educativo o la arquitectura para el ámbito de la vivienda. Sin embargo, no cabe olvidar que los sectores de actividad realmente existentes y sus procesos operativos necesitan de planteamientos multi, inter y transdisciplinares. Por eso hay médicas en los servicios sociales, trabajadores sociales en el ámbito educativo o educadoras en los servicios de vivienda. Seguramente esto tiene que ver con las enormes interrelaciones y sinergias que los diferentes bienes que hemos identificado tienen entre sí: lo que aflora como una insuficiencia de ingresos por falta de empleo puede remitirnos a un problema en el área de la salud o de la interacción, que se podría beneficiar de un abordaje desde lo educativo o lo habitacional. Y así sucesivamente.

(Fragmento de la versión castellana del artículo “Educación social y políticas sociales: marco conceptual y estratégico”, publicado en catalán en Quaderns d’Educació Social, que puede descargarse completo aquí.)

Redefiniendo el encargo para las políticas de vivienda

Vilanova

Si algo ha puesto especialmente de manifiesto la dolorosa crisis económica que venimos viviendo en la última época es la grave desorientación con la que se habían diseñado las políticas públicas de vivienda en los años anteriores, unas políticas públicas que, en gran medida, contribuyeron a la mercantilización y patrimonialización del suelo y el alojamiento, que entronizaron el efecto Mateo (a quien tiene se le dará) y que contribuyeron a hinchar la burbuja inmobiliaria que tan desastrosos efectos tuvo, al estallar, y sigue teniendo, ahora, en la vida de millones de personas.

Es pertinente y urgente, por ello, reformular el encargo que la sociedad hace a las políticas de vivienda en términos de bienestar e inclusión residencial de toda la población, de garantía universal del derecho humano a un alojamiento adecuado.

Ese encargo debe configurar políticas de vivienda radicalmente sociales y profundamente contraculturales, políticas de vivienda que contribuyan inteligente e intensamente a transformar el parque, la estructura, la dinámica, la cultura y la ética habitacional existentes en nuestro entorno, modificando el significado que la vivienda tiene hoy en nuestro concepto de calidad de vida y en nuestro contrato social.

Estamos hablando de políticas públicas y de prácticas sociales que están teniendo lugar en algunos lugares y que debemos apoyar, acompañar e integrar en un discurso cada vez más compartido de innovación en el diseño de políticas sociales y de lucha común por la sostenibilidad de la vida. Un discurso y una praxis de enfoque comunitario y sinergia intersectorial (especialmente con la sanidad y los servicios sociales) cuya legitimación social (que no resulta fácil, por los conflictos de intereses –o al menos de valores– que genera entre segmentos protegidos, emergentes, precarizados y excluidos de las propias clases populares) depende en buena medida de las experiencias exitosas y los modelos escalables que estamos siendo y que podamos ser capaces de levantar y visibilizar, hoy y aquí.

(Sobre esto hablaremos el jueves en una jornada en Vilanova i la Geltrú usando el esquema recogido arriba.)

La interacción es un bien de primera necesidad

interaction2

El desarrollo y la complejidad de nuestras sociedades impulsan con fuerza los procesos de especialización funcional de las diversas políticas públicas, en una dinámica de mejora basada en la evidencia y el conocimiento. La ciudadanía espera de las políticas públicas y servicios profesionales de la policía, la sanidad, el urbanismo o la garantía de ingresos (por citar cuatro ejemplos) que dispongan de la mejor tecnología y, en general, saber para la protección y promoción del bien público que, en cada caso, se les encomienda (respectivamente: la seguridad, la salud, el territorio o la subsistencia, por seguir con los mismos cuatro ejemplos).

En ese contexto tiene cada vez menos sentido que se espere de los servicios sociales que se ocupen (aunque fuera para colectivos minoritarios) de bienes que tienen sus propios sistemas especializados para ser gestionados (bienes como, por poner otros ejemplos, la empleabilidad o el alojamiento). Máxime cuando es cada día más evidente la necesidad de que los servicios sociales se encarguen de forma más eficaz y eficiente del bien que, a nuestro entender, les compete: la interacción humana, esa autonomía funcional interdependiente en el seno de relaciones familiares y comunitarias que nos es imprescindible.

Tal como comenta Chema Toribio (Psicólogos sin Fronteras), en las emergencias humanitarias, antes de entrar en las zonas devastadas las profesionales responsables del abastecimiento de agua, lo hacen quienes se encargan de identificar y potenciar los liderazgos, activos y redes comunitarias. Como se comprueba en los proyectos de comunidades compasivas que impulsa Silvia Librada (New Health Foundation), en el proceso de morir, tan importante es la profesional que acierta con la dosis de morfina como la que ayuda al cuidado y armonía de los apoyos familiares y activos comunitarios alrededor de la persona que finaliza su vida. Como sabe Maite Calleja (Agintzari), impulsora de los nidos familiares, cuando en una familia traemos al mundo una nueva criatura, queremos que no se deterioren nuestros empleos e ingresos, pero todavía más, queremos que ese bebé cuente con los cuidados primarios y el apego seguro que es fundamental para su vida.

Desde los servicios sociales pedimos a las compañeras y compañeros de las Haciendas y la Seguridad Social que trabajen por integrar deducciones y prestaciones en un pilar universal de garantía de ingresos. Esperamos de los servicios y políticas de vivienda que tomen como misión la garantía del derecho universal al alojamiento. Solicitamos a las responsables de las políticas activas de empleo que las orienten en mayor medida a las personas más alejadas del mercado de trabajo. Y lo hacemos porque, con honradez intelectual, reconocemos que no somos especialistas (respectivamente) ni en pobreza económica, ni en exclusión residencial, ni en situaciones de desempleo. A la vez nos comprometemos a trabajar con rigor, denuedo, creatividad e ilusión en la protección y promoción de ese bien de primera necesidad que es la interacción.

(Reflexión a partir de la conversación mantenida en una jornada del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana.)

¿Para qué sirve una ley de servicios sociales?

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Una ley de servicios sociales, hoy y aquí, debe servir para empujar suave e intensamente nuestros servicios sociales hacia otro lugar muy diferente de aquel que ahora habitamos. Con inmenso respeto y cariño por nuestra historia, debe ayudarnos a girar poco a poco y acabar traicionando gozosamente nuestras tradiciones.

Traicionar felices la “tramitación de ayudas” para reinventarnos como profesionales del cuidado y el apoyo a la sostenibilidad de la autonomía funcional en la vida cotidiana de todas las personas en sus entornos y relaciones familiares y comunitarias deseadas. Traicionar con orgullo nuestra historia de etiquetación, segregación, control y contención de “nuestros colectivos” para posicionarnos como especialistas en el acompañamiento y la dinamización del empoderamiento de todas las personas para la construcción de proyectos vitales en el seno de relaciones primarias atravesadas por las diversidades sexuales, generacionales, culturales y funcionales.

Una ley de servicios sociales debe, sin duda, garantizar el derecho subjetivo, universal e incluyente, a un catálogo y cartera de prestaciones y servicios. Y debe estructurar un sistema público de servicios sociales de forma que los servicios sean próximos y los itinerarios amigables para las personas. Y debe instituir una gobernanza ética y participativa de dicho sistema.

A la vez debe impulsar un ecosistema de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y social que haga del conocimiento el corazón de un sector económico, el sector de los servicios sociales, generador de valiosos retornos sociales, económicos y políticos y clave para la configuración de territorios atractivos y competitivos. Un sector en el que la Administración de los servicios sociales, legitimada por la ciudadanía, lidere y logre sinergias eficientes con iniciativas sociales, comunidades académicas y emprendimientos empresariales.

Una ley de servicios sociales, por lo demás, es determinante, en el rediseño, recalibración y reordenación de la conversación e integración entre los servicios sociales y otros sectores de actividad y políticas públicas como sanidad, educación, empleo, vivienda, garantía de ingresos, cultura o seguridad, sacando a los servicios sociales de su actual nicho transversal (que es en realidad residual).

Finalmente, hoy y aquí, una ley de servicios sociales debe servir para ilusionar y galvanizar a las personas que trabajamos en los servicios sociales, ciudadanas y ciudadanos, profesionales de diversas áreas de conocimiento, con el punto justo de madurez y ganas, capaces de contagiar compromiso con el sistema de bienestar y la ciudadanía social en los barrios y pueblos de cuyo paisaje somos ya parte indispensable.

(Reflexión surgida del trabajo con profesionales de servicios sociales de Castellón en unas jornadas formativas organizadas por la Diputación de Castellón.)

Por qué los servicios sociales no pueden (no deben intentar más) hacerse cargo de la exclusión social

Seis pilares

El viejo contrato social de la sociedad industrial incorporaba un sistema público contributivo de protección social para los varones empleados y para las mujeres (proveedoras de cuidados y apoyos familiares y comunitarios) y las descendientes vinculadas a dichos varones. Dicho sistema ofrecía aseguramiento, básicamente con dinero, frente a riesgos que se entendían y trataban como relativamente tasados o acotados (así la enfermedad, el desempleo o la jubilación). En ese marco se asumía que la asistencia social o, después, los servicios sociales se harían cargo (en forma no contributiva) de determinadas minorías especialmente vulnerables (identificadas previamente en forma de colectivos especiales) que pudieran quedar fuera del mencionado paraguas protector y, en definitiva, excluidas del sistema social.

En buena medida por el éxito relativo de ese modelo social, accedemos a la llamada sociedad del riesgo, en la que fenómenos como la sociedad del conocimiento, la globalización económica, la crisis de los cuidados, la individualización de trayectorias, los derechos sociales o la encrucijada ecológica determinan que los procesos de exclusión social se tornen crecientemente diversos, complejos, sistémicos y virales:

  • Diversos, porque se multiplican los factores o situaciones generadoras de exclusión social, que se entrecruzan entre sí.
  • Complejos, porque dichas situaciones de exclusión se combinan con factores generadores de empoderamiento e inclusión, apareciendo nuevas y desconocidas trayectorias, perfiles o segmentos de población excluida y demandante de inclusión.
  • Sistémicos, porque la exclusión social se revela como crecientemente estructural y no necesariamente se limita a colectivos minoritarios.
  • Virales, porque la exclusión puede propagarse con rapidez y presentarse de forma inesperada en la vida de personas que se creían a salvo de ella.

En ese contexto, unos servicios sociales que quieran (de iure o de facto) perseverar en el encargo del manejo de la exclusión social se ven sometidos a tensiones irresolubles y crecientes. Como decíamos en un seminario reciente, la prevención y abordaje de la exclusión social es, por igual, responsabilidad de todos los ámbitos: una situación que se presenta como exclusión laboral puede beneficiarse de una intervención educativa; otra que emerge como aislamiento relacional puede ser abordada desde el sector de la vivienda; la que se manifiesta en el ámbito de la convivencia en el espacio público quizá requiera la atención desde el sector sanitario; aquella que aparece como carencia de recursos económicos para la subsistencia puede requerir de la protección judicial que acote y promueva la autonomía de la persona; y así sucesivamente.

El reposicionamiento de los servicios sociales, abandonando el no-lugar residual de la pretendida (e imposible) especialización en la exclusión social para identificar, viabilizar y visibilizar su indispensable aporte específico (interacción: autonomía funcional/integración relacional) para todas las personas, requiere políticas claras y complicidad intersectorial y, en cualquier caso, no es tarea fácil. Sin embargo, sentimos que cada día que pasa se torna más necesario y urgente.

(Reflexiones en la preparación de una nueva edición del seminario intersectorial del Ayuntamiento de Bilbao y EAPN que empieza el 8 de noviembre y de la jornada prevista para el 24 de noviembre en Vilanova i la Geltrú).

La comunidad como destinataria, entorno, nivel, enfoque y objeto para la intervención social

Redes comunitarias

Las diversas disciplinas y profesiones de la intervención social (como el trabajo social, la educación social o la psicología de la intervención social) coinciden en su atracción y preocupación por la comunidad, que definimos como ese entramado de relaciones primarias (familiares o no familiares, presenciales o virtuales) que las personas configuramos (y que nos configuran) como red de soporte y dinamización de nuestra vida, complementaria con los aportes y apoyos que recibimos de las esferas de socialización secundaria (estructuradas en mayor medida mediante reglas organizativas formalizadas) como son el Estado, el mercado o el tercer sector.

Desde la intervención social (y desde los servicios sociales como principal ámbito sectorial donde tiene lugar) podemos ver y abordar la comunidad:

  • Como destinataria, cuando trabajamos con conjuntos o colectivos relativamente amplios de personas (tradicionalmente habitantes de un mismo territorio).
  • Como entorno, como lugar en el que ubicamos esos centros, realizamos esas intervenciones o prestamos esos servicios que denominamos de proximidad.
  • Como nivel, cuando estructuramos el sistema de servicios en función de su especialización para segmentos de necesidades o de poblaciones mayores o menores.
  • Como enfoque, cuando asumimos que todas nuestra intervenciones y políticas deben contribuir a la coproducción y codisfrute de bienes relacionales en clave de reciprocidad confiada.
  • Como objeto, cuando entendemos que la interacción humana (entendida como autonomía funcional e integración relacional) puede y debe adquirir el estatuto de bien protegible (y promovible) universalmente por parte de los servicios sociales para conformarse como uno de los pilares de nuestro sistema de bienestar.

Pensamos que las profesiones y disciplinas de la intervención social, las estrategias del tercer sector de acción social y las políticas públicas de servicios sociales deben alinearse en la generación de prácticas y la construcción de conocimiento que permitan hacer más evidente para el conjunto de la ciudadanía la necesidad y los efectos de la reinvención y reconstrucción de unas relaciones comunitarias a la altura de los retos que plantea la actual y creciente complejidad social.

(Sobre esto hablaremos en las jornadas organizadas el 9 y 10 de noviembre por la Diputación de Castellón y el 11 de noviembre por el Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana.)

A vueltas con los cuidados

Cuidados

Cabe decir que necesitamos cuidados en la medida en que, por no haber alcanzado o por haber perdido (de forma temporal o permanente) una cierta autonomía funcional, otras personas han de colaborar con nosotras (o incluso sustituirnos) en la realización (o en la decisión de realización) de determinadas actividades de la vida diaria.

Podría señalarse que con los cuidados se da una situación paradójica. Por una parte, diríamos que su ejecución no resulta especialmente compleja y, precisamente por ello, la mayor parte de las personas no necesitamos cuidados por parte de otras personas en la mayor parte de los momentos de nuestra vida, es decir, mayoritariamente el cuidado es autocuidado.

Sin embargo, por otra parte, los cuidados son indispensables para nuestra supervivencia, resultan críticos para nuestra seguridad, son fundamentales para nuestra dignidad, afectan radicalmente a nuestro proyecto de vida, de modo que su garantía es esencial y, por ello, en tanto en cuanto nuestras limitaciones funcionales afecten a nuestra capacidad de hacernos cargo de ellos, con las consiguientes decisiones libres, nuestra vulnerabilidad (el riesgo para todo aquello que en nosotras valoramos) crece, seguramente, de forma exponencial.

Quizá esa paradoja de la relativa sencillez y la importancia profunda de los cuidados haya contribuido (junto a otros factores abordados en otras ocasiones) a su invisibilidad y desvalorización en nuestra sociedad, invisibilidad y desvalorización que, cada día más, amenazan la sostenibilidad de nuestra vida individual y colectiva.

De ahí la urgencia de asumir, individual y colectivamente, la responsabilidad de los cuidados. En primer lugar, incrementando nuestra (mi) capacidad de autocuidado actual y futuro, preparando nuestros recursos, tecnologías, entornos y sistemas de vida para depender lo menos posible de otras personas. En segundo lugar, construyendo relaciones primarias y lazos solidarios en los que tengan cabida y sentido los cuidados recíprocos o comunes (libres y deseados, distribuidos y equitativos) entre quienes compartimos proyectos vitales. Y, en tercer lugar, reinventando y fortaleciendo un sistema público de protección social verdaderamente eficaz y justo que garantice el derecho de todas las personas a los servicios sociales profesionales y a la atención integrada e integral que reclaman nuestras necesidades de cuidado.

(Reflexiones en la preparación con Pilar Kaltzada del próximo aniversario de Servicios Sociales Integrados y con Demetrio Casado de un próximo artículo para la revista Políticas Sociales en Europa.)