Tutela: servicios sociales e iniciativa social

Tutelares

Proponemos asociar el concepto de iniciativa social con el de bienes comunes. Cabría entender los bienes comunes como bienes compartidos más allá los límites de una familia o comunidad primaria, cuya protección o promoción no se asume por parte de los aparatos del Estado, pero que necesitan y obtienen atención y gestión por parte de alguna instancia formalmente organizada y no se someten a intercambios de mercado. El esquema de referencia sería el siguiente:

Esfera Bienes Lógica
Comunidad Relacionales Reciprocidad
Estado Públicos Derecho
Mercado Privados Intercambio
Iniciativa social Comunes Solidaridad

Entendemos la tutela como representación legal de personas que han visto (o están en proceso de llegar a ver) modificada su capacidad jurídica por sentencia judicial. La tutela pone especial énfasis en la promoción y protección de los derechos y patrimonios de las personas para algunos actos, en los que serían representadas o, en su caso, asistidas de forma permanente o temporal.

A la hora de abordar la cuestión de la tutela cabe partir de dos afirmaciones:

  • Lo deseable, en principio es que la tutela pueda ser gestionada como un bien relacional, es decir, que sea bien ejercida por una persona física con vínculo primario (familiar o comunitario) deseado y significativo.
  • En cualquier caso, la tutela debe poder ser gestionada en última instancia como un bien público, es decir, ejercida responsablemente por una institución pública y, específicamente, por parte del sistema público de servicios sociales, como derecho subjetivo y parte de la cartera pública.

(Entendemos que, entre los ámbitos sectoriales correspondientes a las diferentes políticas públicas, el de los servicios sociales es el más apropiado para asumir (el servicio de) la tutela, si entendemos que el objeto de los servicios sociales es la interacción de las personas, es decir, su autonomía funcional e integración comunitaria.)

La iniciativa social estaría llamada, en primera instancia (mediante la gestión de bienes comunes), a promover, facilitar y apoyar relaciones primarias de tutela y a ejercerla subsidiariamente (con sus propios recursos). Por otra parte, para una entidad tutelar es clave su independencia frente a los prestadores de servicio (por tanto frente a las instituciones públicas también).

No obstante, también podría entenderse que las entidades de iniciativa social pueden añadir valor mediante acuerdos de colaboración con las instituciones públicas en virtud de los cuales éstas brindan financiación y las entidades asumen la tutela, ofreciendo también otros apoyos especialmente sinérgicos (como orientación, acompañamiento social, gestión de caso, asesoramiento jurídico o intervención familiar). Podría caber también la colaboración de entidades de iniciativa social especializadas en tutela como apoyo a los servicios públicos de tutela.

En este contexto las entidades tutelares han de construir una estrategia en la que simultáneamente:

  • Consigan la independencia y fortaleza suficientes como para conseguir cabalmente que el mayor número de tutelas puedan ser gestionadas como bienes relacionales o, en su defecto, como bienes comunes.
  • Promuevan un sistema público de servicios sociales garantista y completo (es decir, también con servicios públicos de tutela de calidad).
  • Impulsen, en clave de innovación social, la colaboración con las instituciones públicas (incluyendo el apoyo económico público).

Sea como fuere, el de la tutela es un asunto clave para la promoción y salvaguarda de la dignidad, derechos y desarrollo de personas en situación de especial vulnerabilidad y, por ello, para la dignidad, bienestar y desarrollo de cualquier comunidad sostenible, sociedad democrática y Estado de derecho.

(Notas, abiertas al debate, para una sesión en la Asociación Española de Fundaciones Tutelares el 29 de febrero de 2016.)

Crisis de los cuidados y servicios sociales

Begirada 3

Se propone denominar crisis de los cuidados a una de las facetas o dimensiones fundamentales de la crisis sistémica o cambio de época que se estaría viviendo en nuestras sociedades en el paso del siglo XX al siglo XXI. Tiene que ver con la confluencia de dos pares de fenómenos. Por un lado la transición demográfica relacionada con el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población en todo el mundo (que, al menos de momento, está suponiendo un aumento de las situaciones de enfermedad crónica y limitación funcional). Por otro lado la progresiva superación de las formas tradicionales de división sexual del trabajo en un contexto de reconfiguración de los tamaños, estructuras, dinámicas, valores y modalidades familiares y convivenciales, con la consiguiente disminución importante de la disponibilidad familiar y, en general comunitaria para el cuidado (al menos a día de hoy).

En un deseable contexto de superación de la inequidad de género en el reparto del empleo y del cuidado primario y en una senda necesaria de creación de tecnología y empleo, parece evidente que los servicios sociales y las políticas públicas de servicios sociales están llamadas a desempeñar un papel más central en la organización social de los cuidados, a la búsqueda del equilibrio idóneo y deseado en cada caso entre autocuidado, cuidado primario y cuidado profesional. La entidad de las necesidades en el área de la interacción humana y, específicamente, de los cuidados parecen reclamar una gran política sectorial y un sistema público capaz de organizar esa dimensión de la vida social, al menos con tanta razón de ser y tanta capacidad instalada como la que existe en educación, sanidad y pensiones o como la que debiera impulsarse en estos (y otros) ámbitos sectoriales.

Destaca especialmente la precariedad de nuestra capacidad social agregada y organizada en el ámbito de los cuidados si comparamos, por ejemplo, la cobertura pública y gratuita que tiene en nuestro país la costosa respuesta a determinadas necesidades sanitarias complejas con la ausencia de provisión pública para necesidades de cuidado altamente imbricadas con dichas necesidades sanitarias y que interactúan con ellas. Destaca que las pensiones de jubilación estén permitiendo un considerable flujo de solidaridad descendente en muchas familias (o la cantidad de patrimonio inmobiliario improductivo) mientras las personas carecemos de un sistema que nos brinde seguridad y nos facilite hacer previsiones en la organización de nuestros cuidados actuales o futuros.

(Fragmento adaptado de un artículo recientemente publicado en Zerbitzuan)

¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis de los cuidados?

Arlie Russel Hochschild

En palabras de Cristina Carrasco, “el envejecimiento demográfico junto a la cada vez mayor participación laboral de las mujeres ha llevado a una situación crítica, puesto que la oferta de trabajo de las mujeres no era infinita, como parece que se presuponía. Una situación crítica en relación al cuidado de las personas, básicamente, de las personas mayores muy dependientes que requieren presencia constante de otra persona adulta. Dicha situación, unida a la incapacidad o no disposición para pensar en un cambio de modelo de trabajo ha llevado a la denominada crisis de los cuidados. ‘Crisis’ que las clases medias y altas han resuelto de manera individual contratando mujeres pobres de países más pobres”.

Amaia Pérez Orozco señala que “la crisis de los cuidados en los países del centro se engarza con la crisis de reproducción social en los países del Sur global que impele a tantas mujeres a migrar. Entre ambas, se conforman las llamadas cadenas globales de cuidados. Con este concepto nos referimos a las redes transnacionales que se establecen para sostener cotidianamente la vida y a lo largo de las cuales los hogares y, en ellos, las mujeres, se transfieren cuidados de unas a otras con base en ejes de jerarquización social”. Yayo Herrero afirma que “si la ignorancia de los límites biofísicos del planeta ha conducido a la profunda crisis ecológica que afrontamos, los cambios en la organización de los tiempos que aseguraban la atención a las necesidades humanas y la reproducción social también han provocado lo que desde algunos sectores del feminismo se ha denominado crisis de los cuidados”.

La crisis de los cuidados ha sido identificada y analizada desde o con una preocupación especial por la desigualdad entre mujeres y hombres, desde que en 1995 se refiriera a ella Arlie Russel Hochschild (como recuerda Margarita León), aunque el cuerpo teórico feminista sobre los cuidados dataría de los años 80 (Martínez Buján, Raquel). Sin embargo son esas mismas autoras feministas las que muestran cómo afecta también de forma diferencial e injusta cuando miramos a otros factores de diversidad o situaciones de desigualdad. La propia Hochschild se ha referido a las cadenas globales de cuidados como un trasplante global de corazón.

El análisis de la crisis de los cuidados contribuye a comprender mejor el alcance sistémico de la crisis que está viviendo nuestro modelo social y nuestra sociedad y las limitaciones estructurales de nuestro sistema de bienestar. Nos encontramos, en buena medida, ante el reto de reformular el contrato social entre capital y trabajo, pero también entre mujeres y hombres, entre generaciones, entre regiones del mundo, entre las personas que vivimos ahora y las que vivirán en el futuro y en definitiva entre todas las personas en su diversidad de características, situaciones y opciones. El análisis de las economistas y otras feministas sobre la crisis de los cuidados ayuda a colocar la sostenibilidad (global) de la vida (buena) en el centro del diagnóstico y las propuestas. También contribuye a la identificación de valores sociales destructores de la vida y de la naturaleza ética (Goikoetxea, Marije) y humanizadora de la tarea de poner el cuidado de la vulnerabilidad humana en el centro de la vida social, económica y política.

(Fragmentos de un artículo de próxima publicación en Zerbitzuan. En la fotografía, Arlie Russel Hochschild.)

Pistas para la creación de “startups” en el sector de los servicios sociales

Adom

El de los servicios sociales es un sector económico en el que se perciben fuertes tendencias de crecimiento y cambio, a causa de transformaciones sociales rápidas y generalizadas en lo tocante a las estructuras y dinámicas de cuidado y apoyo familiar y comunitario en trayectorias individuales cada vez más prolongadas y diversas en términos de autonomía funcional y riesgos sociales.

Sin embargo es muy limitada y está llena de interferencias la (por otra parte imprescindible) comunicación entre la comunidad profesional tradicional de los servicios sociales (notablemente encuadrada en actividades de responsabilidad pública de bajo valor económico añadido y referenciada en gran medida a silos disciplinares y colectivos poblacionales percibidos como estancos) y las iniciativas de emprendimiento e innovación tecnológica o  social capaces de generar las empresas emergentes (startups) capaces de dar respuesta a los importantes desafíos planteados. Esto hace que se desperdicien muchos esfuerzos y fracasen no pocas iniciativas.

Para favorecer dicha comunicación, emprendimiento e innovación cabría sugerir (abiertas al debate y ampliación) tres claves de enfoque para la creación de startups en el sector de  los servicios sociales:

  1. Orientación a la interacción.
  2. Enfoque intergeneracional.
  3. Facilitación de nuevos arreglos y formas de integración intersectoriales.

1. Lejos de pensar que las oportunidades de mercado se levantarán sobre las cenizas de la autonomía de las personas, de las redes primarias, de las organizaciones voluntarias y de la responsabilidad pública, las iniciativas de emprendimiento y desarrollo tecnológico y social en este ámbito deben apostar por el fortalecimiento y sinergia entre autocuidado, apoyos comunitarios y autogestión solidaria en un terreno de juego necesariamente dibujado por una política pública garante de derechos universales.

2. Lejos de pensar que se trata de resolver los problemas de las personas mayores (o de cualquier otro colectivo o segmento poblacional), la innovación tecnológica y social en este ámbito debe comprenderse cuanto antes como una herramienta al servicio de las relaciones intergeneracionales y de la gestión de la diversidad en una comunidad que se reinventa y se reconstruye sobre nuevas bases tecnológicas y sociales.

3. Por último, las empresas emergentes del ámbito de los servicios sociales (con su capacidad de inversión y riesgo para aportar soluciones creativas de rápido crecimiento en escala) deben concentrar buena parte de su esfuerzo en facilitar el diálogo, la interoperabilidad, la recalibración y la integración entre los servicios sociales y otras políticas y ámbitos sectoriales (como la sanidad y la vivienda) al servicio de una intervención y políticas sociales centradas en las personas.

(La fotografía pertenece a Adom.)

El sistema de servicios sociales como (posible) sistema de cuidados

Uruguay

Cuando los servicios sociales se hacen cargo de un niño maltratado por sus progenitores, cuando proporcionan ayuda en el domicilio a una mujer mayor en situación de fragilidad que vive sola, cuando potencian los vínculos de apoyo mutuo en los vecindarios o cuando acompañan en su integración comunitaria a un joven con discapacidad en situación de vulnerabilidad, están –en todos los ejemplos– protegiendo y promoviendo la interacción de las personas, entendida como una situación compleja con dos dimensiones: autonomía funcional (capacidad interdependiente para el desenvolvimiento cotidiano) e integración relacional (soporte recíproco y vinculación activa familiar y, en general, comunitaria).

Sobre esta base, puede afirmarse que el cuidado profesional (o asistencia personal) podría ser legítimamente considerado como una prestación, apoyo o actividad propia o característica del ámbito sectorial de los servicios sociales. Ello sería así porque del diagnóstico social que, en los servicios sociales, permitiría caracterizar la situación de interacción de una persona (su capacidad de desenvolvimiento autónomo y el soporte familiar y comunitario idóneo disponible) puede derivarse naturalmente, con mucha frecuencia, la prescripción, planificación o propuesta de cuidados profesionales que complementen el autocuidado y el cuidado primario o comunitario.

Lógicamente, para que la intervención social –denominando así la actividad operativa que se realiza en los servicios sociales– pueda cumplir su función de protección y promoción de la interacción será necesario que, además –en su caso– de los cuidados profesionales, la persona usuaria o destinataria se beneficie de otras prestaciones, apoyos o actividades más complejas y basadas en conocimiento más sofisticado como la evaluación de los efectos de la intervención o actividades dirigidas a desencadenar cambios en los comportamientos de las personas o en las dinámicas familiares.

Obviamente una persona puede comprar cuidados profesionales –sin más– en el mercado, del mismo modo que puede automedicarse con determinados fármacos o adquirir un “curso” de inglés en una librería. Lo que se quiere decir aquí, en todo caso, es que la decisión sobre los cuidados profesionales que debe recibir una persona pertenece –como la decisión sobre si debe operarse de apendicitis o aprender la tabla del siete– al ámbito de su autonomía moral y capacidad de decisión (o la de quien le represente legítimamente). Pero dicha decisión –como las otras evocadas– pueden y –bajo ciertas premisas y en determinados contextos– deben ser objeto de prescripción facultativa sobre la base de un diagnóstico profesional basado en el conocimiento que permita establecer los mejores ajustes entre cuidado profesional, autocuidado y cuidado primario y, en definitiva, alcanzar la mejor interacción y bienestar.

Lógicamente el que se considere el cuidado profesional (o asistencia personal) como prestación propia y característica de los servicios sociales (y a éstos como el marco más adecuado para la prescripción facultativa de cuidados profesionales) no excluye que éstos puedan ser proporcionados en el marco de servicios de otros sectores de actividad, del mismo modo que en un hospital (servicio sanitario) se proporcionan prestaciones propias de otros ámbitos, como el alojamiento. Por otra parte, la organización social de los cuidados –y la interacción–, como cualquiera de los grandes bienes de los que se ocupan cada uno de los diferentes sectores de actividad, requiere del concurso –en clave intersectorial o transversal– del resto de sectores: la política laboral, la de garantía de ingresos o la de vivienda –por citar tres– tienen una importancia crítica a la hora de facilitar o dificultar, en cada caso– el equilibrio indicado y deseado entre autocuidado, cuidado primario y cuidado profesional.

(Fragmentos de un artículo de próxima publicación en la revista Zerbitzuan. Responde a la pregunta: “¿En qué medida y sentido un sistema público de servicios sociales (como el español) puede funcionar como sistema nacional de cuidados (como el que se está construyendo en Uruguay)?” La ilustración pertenece al Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay.)