Emergencia humanitaria y sistema de bienestar

Begirada

En estos tiempos de emergencia social global la conciencia ciudadana debe conducir al compromiso institucional y social en la respuesta eficaz a las personas que buscan asilo. Sin embargo, sería un error pensar que dichas soluciones puedan ser espontáneas y coyunturales. En momentos como estos es precisamente cuando debemos tomar más conciencia de la importancia de los sistemas públicos de bienestar para la constitución de sociedades integradas y sostenibles, de comunidades políticas capaces de hacer frente de forma eficaz, solidaria y humanitaria, también y especialmente, a los nuevos riesgos sociales en el proceso de globalización.

Nuestros sistemas y políticas públicas de bienestar nos dan un armazón imprescindible como sociedad para sentirnos capaces de garantizar la sostenibilidad de la vida de las personas que llegan a refugiarse a un determinado país, del mismo modo que deben garantizar los derechos sociales para el conjunto de personas residentes en cada comunidad. Frente a visiones irresponsables que desprecian el papel de los poderes y administraciones públicas, los nuevos riesgos sociales, tanto locales como globales, obligan a reforzar el imprescindible rol estratégico del Estado como gestor de la complejidad.

En este contexto, se debe poner de manifiesto tanto la crueldad como la inutilidad de los discursos y estrategias basadas en poner obstáculos a las personas, pensando que el bienestar de un determinado grupo humano debe ser defendido de la pretendida amenaza de otras personas, que quieren –legítimamente– disfrutarlo también. La visión ha de ser la contraria. La sostenibilidad social será global o no será. En este mundo que compartimos, el futuro es de las sociedades capaces de acoger e integrar a quienes llegan a ellas y de cooperar y posicionarse en el ámbito internacional.

Hemos de redoblar, por tanto, la apuesta por seguir construyendo y universalizando el sistema de bienestar. Un sistema de bienestar que organiza respuestas eficientes y garantiza derechos universales en los grandes ámbitos en los que se estructuran las necesidades humanas (sanidad, vivienda, empleo, servicios sociales, educación o garantía de ingresos para la subsistencia) y que es compatible y sinérgico con otras formas y cauces de expresión y organización de la responsabilidad individual y colectiva con la sostenibilidad de la vida que compartimos en este mundo común.

(Escrito para begirada.org,)

El marco conceptual subyacente en el modelo vasco de políticas sociales

Parlamento Vasco

La legislación y, en general, las políticas públicas vascas construyen el ámbito de los servicios sociales como un ámbito sectorial (no transversal) y universal (no residual) con objeto propio que se operativiza, visibiliza y posiciona ante la ciudadanía (portadora de derechos individuales) en forma, fundamentalmente, de prestaciones técnicas (o, en su caso, tecnológicas) de carácter relacional (como la asistencia personal o el acompañamiento social) prescritas facultativamente a partir de un diagnóstico social de carácter general y, en su caso, de la valoración de determinadas contingencias.

La intervención social (realizada, en buena  medida, desde disciplinas y profesiones como el trabajo social, la educación social o la psicología de la intervención social) constituye la cadena básica de valor que contiene las que se consideran prestaciones propias del ámbito. Obviamente, para componer los servicios sociales, en ocasiones, también es necesario incorporar otras prestaciones típicas de otros ámbitos, consideradas complementarias (como, por ejemplo, el alojamiento). La intervención social es vista en clave de prevención, protección, asistencia y promoción.

La inclusión social (y, por tanto, la exclusión social) se consideran como asuntos que competen por igual a la política de servicios sociales y a otras políticas sectoriales (como la de empleo, la de vivienda, la sanitaria, la educativa o la de garantía de ingresos). Las prestaciones económicas periódicas de garantía de ingresos para la subsistencia no se consideran como prestaciones del ámbito de los servicios sociales y, por lo tanto, no son vistas como herramientas dentro de los procesos de intervención social que se realizan en los servicios sociales. La envergadura y planteamiento de la política de garantía de ingresos configuran un ámbito sectorial universal con objeto propio (la subsistencia material), del mismo modo que el reconocimiento legal del derecho subjetivo al alojamiento avanza en la configuración y consideración de la política de vivienda como una de las políticas sociales.

Del mismo modo que en los servicios sociales se ofrecen, complementariamente, prestaciones propias de otros ámbitos sectoriales, las personas profesionales de la intervención social operan en el marco de políticas y sistemas diferentes del de servicios sociales, como el de vivienda o el de la sanidad. Lógicamente, cuando la intervención social se practica fuera de los servicios sociales sigue manteniendo su objeto propio y alcance universal.

La necesaria coordinación e integración entre los diferentes ámbitos sectoriales se construye desde la identidad y empoderamiento de los diversos pilares sectoriales, en clave de deseable igualdad entre ellos. El enfoque comunitario impulsa en los diferentes ámbitos el fortalecimiento de las intervenciones y servicios de proximidad, lugar natural para las buenas prácticas intersectoriales centradas en las personas.

(Primeros esbozos de un artículo que se está preparando para la Revista de Servicios Sociales y Política Social.)

Una acción voluntaria comprometida con (la transformación de) la sanidad pública

Tauli

Nuestra sanidad pública es un artefacto extraño y maravilloso. Salvando matices cabe decir que es: políticamente universal, económicamente eficiente, profesionalmente competente  y socialmente apreciada. Merece la pena, sin duda, trabajar y militar en favor de este pilar fundamental de nuestro sistema de bienestar.

Sin embargo el grado de excelencia y empoderamiento que ha alcanzado nuestra sanidad pública hace que, en ocasiones, pasemos por alto disfunciones que, a medio plazo, podrían comprometer su valiosa contribución a nuestra sociedad. Disfunciones, por ejemplo, en lo tocante a su posicionamiento en relación con la comunidad y en relación con otros subsistemas técnicos (como, por ejemplo, el sistema público de servicios sociales) implicados en el bienestar de la ciudadanía.

La peculiar combinación de proximidad a la vulnerabilidad, capacidad tecnocientífica, autoridad pública, potencia organizativa y legitimidad moral puede, paradójicamente, permitir a nuestra sanidad pública incurrir o participar en ineficiencias o impertinencias, precisamente por las limitaciones que tiene a veces para ir de la mano con las personas y comunidades en su autonomía y capacidad de autogestión y con otras organizaciones profesionales encargadas de bienes (el aprendizaje, la interacción, el empleo, el alojamiento o la subsistencia) tan importantes como la salud e imbricados con ella.

En ese contexto las personas voluntarias (situadas, formadas, cualificadas y empoderadas) que trabajan en entornos y organizaciones sanitarias pueden operar como estratégicos agentes dobles que ayudan a construir una sanidad pública más permeable y abierta a las lógicas y aportaciones de otros agentes o subsistemas. La acción voluntaria e iniciativa social en el mundo sanitario, por ejemplo, milita contra los recortes que amenazan el derecho a la salud; dinamiza la gestión del conocimiento sectorial e intersectorial; y engrasa con su labor de acompañamiento las bisagras que articulan las relaciones entre el sistema sanitario, el sistema de servicios sociales y las redes familiares.

La acción voluntaria incorpora a los procesos sanitarios una lógica participativa de coproducción de la salud como bien común, complementaria y sinérgica con la lógica profesional, administrativa y jurídica de la salud como bien público. No se trata de compensar carencias u ofrecer sucedáneos. Menos aún de confundir responsabilidades o debilitar garantías. Se trata de participar en pie de igualdad con otros agentes en la transformación cada vez más humanizadora de la sanidad cada vez más sostenible a la que tenemos derecho.

Sobre estas cuestiones reflexionaremos el 17 de diciembre en Sabadell en conferencias diferentes, tanto en Parc Taulí (ver aquí) como en la Academia de Ciencias Médicas (información aquí).

Academia

Doce preguntas para unos servicios sociales basados en el conocimiento

Diba

  1. ¿En qué sentido y en qué medida resulta estratégico, hoy y aquí, invertir en conocimiento y por qué es más estratégico que (o al menos tan estratégico como) invertir en cobertura, en estructura o en posicionamiento (por poner tres ejemplos de inversiones bien interesantes, necesarias y valiosas)?
  2. ¿Qué significa, qué justifica y qué consecuencias tiene hacer una apuesta radical por la acotación del objeto de los servicios sociales, por ejemplo cuando se señala que éste es la interacción (autonomía funcional e integración relacional)?
  3. ¿Cómo resitúa dicha apuesta los servicios sociales en el continuo que va de la alta intangibilidad (de la una escuela, por ejemplo) a la alta tangibilidad (de un restaurante, por ejemplo) que se utiliza para caracterizar a los servicios y eso qué supone en términos de producción y evaluación de los servicios sociales?
  4. ¿Qué entendemos por cadena básica de valor (proceso operativo basado en prestaciones propias) en servicios sociales?
  5. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tecnologías para la intervención social?
  6. ¿Qué características tienen y qué buenas prácticas presentan los ecosistemas de conocimiento que funcionan en otros ámbitos sectoriales que nos pueden servir de referencia (y sus tipos de conocimiento en redes interdisciplinares de agentes diversos)?
  7. ¿Hay contradicción entre empoderamiento cognoscitivo (en diagnóstico, prescripción y evaluación basadas en evidencias) de las profesionales y autonomía moral de las usuarias?
  8. ¿Es compatible un enfoque de derechos universales e incondicionales y un acompañamiento orientado a incentivar el compromiso y la responsabilidad de las personas?
  9. ¿Hay contradicción entre garantía legal y administrativa de derechos en servicios sociales y personalización, flexibilidad e integración intersectorial de la atención?
  10. ¿Qué relación tiene la apuesta por unos servicios sociales basados en el conocimiento y la apuesta por el empoderamiento y estructuración de la atención primaria de servicios sociales?
  11. ¿Qué relación tiene la apuesta por unos servicios sociales basados en el conocimiento y la apuesta por una reordenación de las relaciones intersectoriales en el sistema de bienestar?
  12. ¿Cuál es el margen de maniobra y la capacidad de influencia del personal técnico en cuyas manos no están las grandes decisiones normativas sobre fines y medios de la política pública y el sistema público de servicios sociales?

Sobre estas preguntas dialogaremos el miércoles, 16 de diciembre, en la jornada de los círculos de comparación intermunicipales organizada por la Diputación de Barcelona (información aquí).

Gizarte zerbitzuak: giza eskubide berri bat eraikitzen

Gizarte zerbitzuak 4

Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008 urteko euskal Legeak bermatzen du Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren prestazioak eta zerbitzuak lortzea eskubide unibertsala eta subjektiboa dela; eta eskubide hori betetzea erreklamatu ahal izango dute, administrazio-bidean eta jurisdikzio-bidean, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema unibertsalizatzeko epea betetzen denean, 2016 urtea amaitzen denean.

Pasa den urrian onartu den Zorroari buruzko Dekretuaren xedea Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa arautzea da, baita prestazio eta zerbitzu horiek lortzeko baldintzak, irizpideak eta prozedurak arautzea ere. Eta, bide horretatik, Lege horretan aldarrikatutako eskubide subjektiboa ez ezik, aipatutako Zorroaren prestazio eta zerbitzuak eskaintzeari dagokionez euskal administrazio publikoek dituzten betebeharrak mugatzea eta edukia ematea ere.

Nolanahi ere den, eskubide sozialak galdagarriak izateak eta botere publikoek haiek babestu behar izateak ezinbestean dakar berarekin botere publiko horiek eskubide sozialak bermatzea eta, horren ondorioz, politika publikoak eta sistema publikoak egitea.

Ongizatearen aldeko jarduna, bere adar ezberdinetan (eta haien artean gizarte zerbitzuen adarrean), familia eta komunitatearen laguntzatik banantzen den heinean bihurtzen da, hain zuzen, ongizatearen aldeko jardun, familietan eta komunitateetan ematen den babes naturalaz gain bestelako balio erantsi bat ematen duela frogatzen duen heinean. Hori gertatzen da, ziur asko, teknifikatzen doan neurrian, oinarritzat ezagutza hartzen duen neurrian eta, hein handi batean behintzat bai, profesionalizatzen, egituratzen eta arautzen doan neurrian. Hori dela eta, nabarmendu behar dugu premia sozialen eta eskubide sozialen arloak duen dinamismoa, gizartean aldaketak gertatzen direlako eta, horien artean, ongizatearen aldeko jardunean bertan. Eskubideei dagokienez, Norberto Bobbiok eskubideen espezifikazio-prozesua aipatzen du, eta Gregorio Peces-Barbak, berriz, zehaztapen-prozesua. Hori dela eta, esan daiteke, Teresa Vicente Gimenezekin, eskubide berriak daudela, eta espezifikazio-prozesuak agerian uzten du eskubideen izaera historiko eta aldakorra.

Horregatik esan daiteke Zorroaren Dekretuak 2008 urteko Legeak bermatzen duen eskubidea espezefikatzen duela. Eta horregatik Dekretuak berak, bi urte pasatu ondoren, Zorroaren ebaluaketa (eta, agian, aldaketa) aurreikusten du.

Las personas con discapacidad intelectual y sus familias ante el derecho a los servicios sociales

Apdema

Las asociaciones de familias con personas con discapacidad intelectual nacen en un momento histórico en que muchas personas con discapacidad intelectual estaban tremendamente excluidas de los servicios y entornos que permiten a la mayoría de las personas dar respuesta a sus necesidades y aspiraciones.

En todo caso, nuestras asociaciones se han caracterizado y se caracterizan por una preocupación e incidencia integral o transversal en todos los ámbitos que afectan a la vida de las personas: visitamos hospitales buscando humanizar la comunicación cuando se detectan circunstancias que pueden desencadenar discapacidades; acudimos a las escuelas para promover una atención inclusiva a la diversidad; creamos empleos adaptados a las capacidades de personas con discapacidad intelectual; reivindicamos mejoras en las prestaciones económicas de la Seguridad Social; denunciamos a locales de ocio que han impedido la entrada a personas por su discapacidad intelectual; sensibilizamos a jueces para que mejoren sus sentencias de incapacitación; y así sucesivamente.

En todos estos ámbitos nuestra meta es que las personas con discapacidad intelectual utilicen servicios y entornos universales capaces de acoger y gestionar las diversidades existentes en la comunidad, en clave de plena inclusión.

Si bien los servicios sociales se han entendido históricamente como una especie de segunda oportunidad para cualquier necesidad de personas (más bien colectivos) excluidos de otros sistemas o ámbitos, la evolución del conocimiento técnico y las normas jurídicas los va transformando en un sistema universal que se ocupa de unas determinadas necesidades.

La Ley de servicios sociales actualmente vigente en el País Vasco (de 2008) contiene un catálogo de prestaciones y servicios que se desarrolla en el Decreto de Cartera que acaba de ser aprobado y que es un instrumento que refuerza y facilita el ejercicio del derecho subjetivo y exigible a los servicios sociales que garantiza la Ley (y que se entiende plenamente efectivo a finales de 2016).

El hecho de que en el catálogo y la Cartera aparezcan algunos servicios específicos para personas con discapacidad no quiere decir, obviamente, que las personas con discapacidad intelectual y sus familias no tengan derecho a acceder al resto de prestaciones y servicios.

En cualquier caso, la Cartera es un instrumento dinámico que ha de ser evaluada tras dos años de aplicación y, en su caso, actualizada. Por ello nuestras asociaciones están implicadas siempre en su proceso de elaboración, aplicación, seguimiento, evaluación y reelaboración.

Estas y otras ideas se desarrollarán hoy, 3 de diciembre, en la conferencia organizada en Vitoria–Gasteiz por APDEMA (más información aquí).