Hacia unos servicios sociales universales y comunitarios

Begirada

La ley vasca de servicios sociales de 2008 se inscribe en un proceso complejo orientado a la universalización en la atención y acotación en la finalidad de este sector de actividad y, por tanto, de su correspondiente sistema público. Poco a poco, se va dejando atrás una versión residual de los servicios sociales, según la cual éstos no tendrían un objeto propio, sino que valdría para ellos el objeto general de la política social –el bienestar o la inclusión social– en el entendido –o más bien sobreentendido– de que los servicios sociales atenderían tan sólo a las personas –o quizá a los colectivos– que no hubieran alcanzado dicha finalidad por los medios que sirven al común o a la mayoría de la población.

No debe extrañar que, a medida que avanzamos en la universalización y especialización de los servicios sociales, se apueste por un enfoque comunitario para la intervención social. Afirmamos que lo que buscan los servicios sociales es, específicamente, prevenir o abordar situaciones de desajuste en el estado de interacción de cualquier persona –definido por la autonomía funcional e integración familiar y comunitaria– y, por tanto, también, las mayores sinergias entre la actividad profesional e intervención pública, por una parte, y, por otra, los bienes relacionales y las relaciones primarias en el entorno cotidiano de las personas, de todas las personas.

En lo que toca a los servicios sociales vascos, en los últimos años, el principal hecho político con impacto en el proceso facilitador de la implementación del enfoque comunitario no es otro que la aprobación de la Ley 4/2011 de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, que condujo a que el grueso de la gestión de las prestaciones de garantía de ingresos mínimos pasara de los servicios sociales a los servicios de empleo. Si bien nos parece injustificable su endurecimiento de los requisitos de acceso a las prestaciones de garantía de ingresos mínimos y dista de estar asentado el nuevo papel del Servicio Vasco de Empleo en la gestión de dichas prestaciones y su participación en los procesos de inclusión social de las personas que las perciben, los servicios sociales –y especialmente los servicios sociales de atención primaria, normalmente de responsabilidad municipal– están viviendo un momento de oportunidad al verse liberados de una importante carga de trabajo, en gran medida administrativo. Y ello está ayudando a que el conjunto de la ciudadanía vayamos, poco a poco, sintiendo nuestros servicios sociales (como ya pasó con los sanitarios o los educativos) como más próximos y accesibles, como una parte imprescindible de nuestro paisaje vital.

Ver aquí el artículo en Begirada.

Organización y gestión de la intervención social: claves estratégicas

Modelo de gestión

Identificamos, para el debate y la transformación de nuestra acción, seis claves que consideramos estratégicas para quienes, hoy y aquí, tienen responsabilidades de organización y gestión de la intervención social en los servicios sociales:

1. Una gestión y una organización orientada a la misión de los servicios sociales: proteger y promover la interacción (autonomía funcional e integración relacional) de todas las personas. Gestión y organización que identifica y visibiliza cuál es el objeto, necesidad o bien del que se ocupan los servicios sociales.

Porque entendemos que el principal problema al que se enfrentan hoy nuestros servicios sociales tiene que ver con las confusiones y disfunciones en la comprensión –desde dentro y desde fuera– de su objeto.

2. Organización de un sistema público en red sectorial e intersectorial: el sistema público estructura el ámbito sectorial y las relaciones intersectoriales. Diferencia e integra los niveles (primario o secundario) de atención y los ámbitos (con especial atención a sanidad y vivienda y, también, garantía de ingresos).

Porque las principales amenazas y oportunidades de los servicios sociales hoy se juegan en el reforzamiento de su atención primaria (personalizada, comunitaria y diversa), en su ordenación sectorial y en el reparto e integración intersectorial de responsabilidades y actividades.

3. Organización por procesos y gestión de la cadena básica de valor, de las actividades, apoyos o prestaciones específicas y características de la intervención social. Fortalecimiento y posicionamiento del servicio que ofrecemos. Marca.

Porque la gestión de servicios sociales no es posible si no se distingue, fortalece y visibiliza la cadena básica de valor de una intervención social basada en el diagnóstico social, con fuerte componente de acompañamiento social y de base altamente tecnológica.

4. Gestión conversacional de una actividad altamente relacional e intangible.

Porque sólo una gestión altamente interactiva e inclusiva puede acompañar una actividad, como la intervención social muy basada en las competencias relacionales de las y los profesionales de primera línea y orientada a la autonomía (interdependencia) funcional e integración (activa) relacional.

5. Gestión de las relaciones de interlocución con todos los agentes que hacen posible los procesos de intervención social en red con enfoque comunitario.

Porque la gestión construye el entramado de relaciones y el reparto de papeles (sinérgico) entre los diferentes agentes (stakeholders) que intervienen en los procesos e itinerarios de intervención social y se despliegan e interconectan en los planos operativo, de gestión y de gobierno.

6. Gestión de los conocimientos (intuitivo, filosófico, científico, tecnológico, práctico, innovador). Cualificación profesional. Gestión de la innovación tecnológica y social. Evaluación.

Porque hoy y aquí una gestión de futuro en los servicios sociales es en última instancia y sobre todo una gestión del conocimiento que haga posible una intervención ética basada en la evidencia y capaz de impulsar la innovación que permita responder a los importantes retos que tienen ante sí los servicios sociales.

Para ampliar contenidos en el blog

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Para ampliar contenidos en documentos en PDF:

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http://fantova.net/?wpfb_dl=313

http://fantova.net/?wpfb_dl=327

(Estos son los contenidos principales de la conferencia prevista para el jueves, 22 de octubre de 2015, en el 10º Foro de Bienestar Social organizado por la Diputación de Alicante. Más información aquí.)

Servicios sociales y exclusión residencial grave

Jornadas

Partimos de una comprensión de las políticas públicas sectoriales como procesos estructurados mediante los cuales los poderes y administraciones públicas intervienen en ámbitos de actividad definidos por dar respuesta a determinadas áreas de necesidad de las personas. Los programas y servicios que se estructuran en dichos sectores de actividad contienen prestaciones, apoyos o actividades características del sector aunque también, en menor medida, otras que son características de otros sectores. Así un servicio del sector sanitario, como el hospital, ofrece actividades propias (como la intervención quirúrgica) pero ofrece también alojamiento, que es una prestación típica de la política de vivienda. Normalmente las situaciones complejas no pueden ser abordadas por un sector y requieren de abordajes intersectoriales y gestión de casos.

A partir de ese esquema, entenderíamos la exclusión residencial, lógicamente, como responsabilidad, en primera instancia, de la política de vivienda. Sabemos, sin embargo, que la que denominamos exclusión residencial grave suele ser un fenómeno multidimensional y complejo que requiere la contribución de varios sectores de actividad. Desde el concepto housing first (la vivienda lo primero) lo lógico sería que el primer abordaje de la situación de exclusión residencial lo hicieran los servicios públicos de vivienda, con el correspondiente diagnóstico (de la situación) habitacional de la persona. A partir de ese diagnóstico habitacional se vería si es conveniente que la situación sea valorada también desde otros sectores.

Ni los servicios sociales (ni ningún otro de los ámbitos sectoriales) tienen una suerte de papel central, transversal o residual según el cual se ocupan –en determinados casos o circunstancias– de cuestiones correspondientes a los otros sistemas por fallos de éstos. No. Los servicios sociales tienen su propia finalidad u objeto que sería proteger y promover la interacción (autonomía funcional e integración relacional) de (todas) las personas. Puede muy bien ocurrir que la exclusión residencial de una persona sea consecuencia, fundamentalmente, de limitaciones o disfunciones en el área de la interacción (autonomía funcional e integración relacional) y si es así procede que sean los servicios sociales los que asuman el liderazgo en el abordaje o la gestión de ese caso.

Desarrollaremos y discutiremos estos y otros planteamientos en las lI Jornadas sobre Exclusión Residencial en Euskadi (más información aquí).

Personas mayores y políticas sociales en el siglo XXI

personnes-agees

Cada vez más, la atención desde los servicios de bienestar a las personas mayores (y a cualquier persona) se propone como una atención integral centrada en la persona. Integral porque en ningún caso cabe pensar que se aborde desde un solo ámbito (como los servicios sociales) o unos pocos (añadiendo sanidad y garantía de ingresos) sino que se espera el concurso, entre otras, de las políticas de vivienda, educativa y de empleo. Centrada en la persona –entre otras razones– porque las personas mayores, cada vez más empoderadas, reclaman seguridad, flexibilidad, personalización y calidad en los diferentes servicios que reciben.

En ese contexto debe recibir especial cuidado la coordinación de la atención ofrecida desde los servicios sociales y desde la sanidad, fundamentalmente a través de tecnologías que posibiliten la intervención en el domicilio familiar y la comunidad de referencia. En los casos en los que proceda, en algún período, la atención hospitalaria (en el sector sanitario) o residencial (en el de servicios sociales) es especialmente necesaria la atención y financiación integrada.

La mayor esperanza de vida que hemos ido conquistando –por la revolución reproductiva– es uno de los más valiosos logros sociales, que aumenta la diversidad generacional en la sociedad (más generaciones coexisten) y el tamaño y heterogeneidad del conjunto de las personas mayores, también –al menos por el momento– en cuanto a la autonomía funcional y necesidad de cuidados. Todo esto coincide en el tiempo con importantes cambios en el tamaño, estructura, dinámica y valores familiares y comunitarios. La respuesta a estos retos pasa por impulsar más políticas sociales universales, capaces de gestionar la diversidad funcional (y otras), y construir nuevas relaciones y contratos intergeneracionales.

Las personas que nos vamos haciendo mayores necesitamos construir un horizonte creíble y viable en el que las relaciones primarias y los servicios profesionales encajen sinérgicamente en los entornos comunitarios deseados. Para conseguirlo es fundamental la apuesta por la innovación tecnológica y social para la sostenibilidad de la vida. La inversión social debe apostar por nuevas formas de asistencia y acompañamiento para la interacción humana y nuevos modelos de gestión participativa de los servicios de bienestar.

El reto es sistémico para nuestro modelo de bienestar y nuestro contrato social, de modo que nuevas políticas de servicios sociales, sanidad y vivienda contribuyan a que se puedan realizar y compartir mejor los cuidados primarios y se consigan intervenciones profesionales más pertinentes y sostenibles, contribuyendo todo ello a unas relaciones intergeneracionales más satisfactorias y justas.

De esto tratará la conversación organizada por la Fundación Miranda en Barakaldo (más información aquí).

La educación social y sus públicos: el reconocimiento social de la profesión

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Proponemos denominar intervención social a la actividad operativa propia de los servicios sociales. Y proponemos aceptar que hay tres grandes profesiones y disciplinas de la intervención social: el trabajo social, la educación social y la psicología de la intervención social. Eso quiere decir que las tres asumen que son sociales en tanto en cuanto protegen y promueven la interacción (autonomía funcional e integración relacional), finalidad que atribuimos a los servicios sociales.

Nuestra visión es que, hoy y aquí, es más estratégico para el trabajo social, la educación social y la psicología de la intervención social aplicarse en la construcción y fortalecimiento de la casa común de la intervención social que destinar energías a identificar o delimitar la habitación de cada una.

Dicho esto, no cabe duda de que la educación (y pedagogía) social y sus profesionales y docentes deben alinear sus esfuerzos desde consensos básicos. El principal, a nuestro entender, hoy y aquí, debe ser la superación de la versión o visión de la educación social como una educación para colectivos poblacionales especiales, vulnerables o excluidos. Desde nuestro punto de vista, para la educación (y pedagogía) social (y para los servicios sociales) es crítico concebirse y producirse como una oferta para todas las personas, para cualquier persona.

En tanto que educación, la educación social busca desencadenar aprendizajes, pero en tanto que social entiende que dichos aprendizajes están al servicio de la interacción (autonomía funcional e integración relacional). La educación social se distinguiría de otras formas o procesos de intervención social por su mayor énfasis en el aprendizaje de las personas destinatarias. Y se distinguiría de otras formas o procesos de educación por el tipo de necesidades educativas, objetivos pedagógicos y actividades curriculares: no por el tipo de personas destinatarias. Por principio, no se puede aceptar que haya formas o actividades de educación excluyentes que dejan fuera a personas para que se ocupe de ellas la educación social. Ese posicionamiento residual no nos parece admisible.

Por otra parte, el hecho de que, hoy y aquí, la educación (y pedagogía) social tenga, a nuestro entender, su lugar preferente (de actor protagonista), como profesión y disciplina de la intervención social, en el ámbito de los servicios sociales, no excluye, en absoluto, que pueda y deba estar presente en otros ámbitos sectoriales (como actor secundario) y también cabe la aportación de la educación social en ámbitos sectoriales que no hemos considerado como sociales, como la justicia o la protección civil, por poner dos ejemplos.

En este momento, la aportación más estratégica que pueden hacer profesionales  y docentes de la educación (y pedagogía) social es, a nuestro entender, llenar de contenido científico y técnico los procesos de intervención social, contribuyendo a que sean percibidos cada vez como más valiosos por parte de la ciudadanía.

(Adaptación de los párrafos conclusivos de un artículo de próxima publicación por parte de Quaderns d’Educació Social. Esta entrada forma parte de la iniciativa Carnaval de Blogs, por el Día Internacional de  la Educación Social. )

Contexto estratégico para la iniciativa e intervención social en Euskadi

Agintzari

  1. Ni el desarrollo normativo ni la crisis económica han modificado sustancialmente el escenario de la intervención social en Euskadi en los últimos ocho años (salvo, en alguna medida, en el ámbito sociolaboral o en algunos pequeños nichos). La situación se ha mantenido bastante estable (para bien y para mal).
  2. La próxima aprobación del decreto de cartera abre nuevas perspectivas (especialmente en términos de afianzamiento, a veces con rediseño, de algunos servicios) pero la complejidad e inercia institucional del Sistema Público de Servicios Sociales y la ausencia o modestia de otras innovaciones, desarrollos o trasposiciones normativas haría prever cambios lentos y escasos.
  3. La crisis de los cuidados sería el fenómeno social más relevante a tener en cuenta y la principal fuente de retos y oportunidades para los agentes en el ámbito de los servicios sociales. En cualquier caso la bajísima natalidad, el alto desempleo, la pujanza de la economía sumergida, la comparativamente mejor situación económica de las personas mayores y la supervivencia de las últimas generaciones de supermujeres están permitiendo –lamentablemente– retrasar el abordaje de ese reto.
  4. Los avances en el conocimiento apuntarían a una intervención social profesional de base tecnológica, basada en un diagnóstico social, con un fuerte componente de acompañamiento social, centrada flexiblemente en la persona y sus deseos, de enfoque comunitario y planteamiento intergeneracional. Es fundamental la inversión estratégica en redes hibridas de conocimiento para la intervención social. Es fundamental superar la fragmentación y atomización de esfuerzos y trayectorias en función de colectivos, disciplinas, agentes o profesiones y trabajar conjuntamente por la intervención social en servicios sociales basada en el conocimiento.
  5. La apuesta estratégica por un conocimiento técnico diferenciador de alto valor añadido y generador eficiente de resultados evidentes se hace más necesaria ante el riesgo de un achique de espacios entre una Administración compradora de servicios que se empodera técnicamente (sabe más de la actividad que contrata) y profesionales operativos en riesgo de subrogación y proletarización.
  6. El impulso de las políticas públicas de servicios sociales necesita de un replanteamiento de la organización sectorial del ámbito de los servicios sociales y de la integración intersectorial, con especial atención a sanidad y vivienda. A la vez es fundamental incursionar en las políticas de educación, empleo, ciencia, tecnología e innovación para estar e influir en lo que afecta a servicios sociales. Hay que reconocer, en todo caso, escasos avances reales al respecto.
  7. El tercer sector ha de ser clave en los avances de innovación social y política a la búsqueda de nuevos arreglos y sinergias entre sector público, comunidad e iniciativa social. Hemos de superar la actual situación de una buena parte del tercer sector de acción social (en ocasiones zombies), bastante encajado en prestación de servicios públicos estandarizados y bastante alejado de la conversación política, la gestión del conocimiento y la innovación social.
  8. La diferenciación por forma jurídica y dinámica económica no lucrativa (apoyada en el trabajo de lobby para levantar barreras de entrada a otros agentes) es manifiestamente insuficiente e incluso contraproducente, si no se combina con otras estrategias de fortalecimiento institucional, gobernanza democrática, construcción de redes, creación de discurso, gestión de la cultura, innovación social, economía colaborativa y otras.

(Notas elaboradas antes y después de una sesión con la cooperativa Agintzari.)