El fomento de la iniciativa social desde los poderes públicos

Agerraldia

Los poderes públicos han de reconocer el tercer sector de acción social y considerarlo su promoción como objeto de una política pública. Ello debe ser entendido como fruto de los logros del propio tercer sector y de la maduración de la gobernanza democrática, que permite reconocer a diversos agentes e iniciativas como coproductoras del bienestar y de lo público.

El compromiso público con el fomento del tercer sector social ha de hacerse respetando y promoviendo su autonomía, a la vez que se reconoce y valora como activo social para el cuidado de bienes comunes. Ello obligará a realizar una serie de actividades específicas que deberán contribuir a la visibilidad, crecimiento, mejora y desarrollo del tercer sector de acción social, debiendo cuidarnos siempre de evitar efectos no deseados de burocratización del tejido social solidario.

Se han de tener en cuenta adecuadamente las diferentes dimensiones o funciones del tercer sector social, reconociendo e impulsando tanto su necesaria unidad y trabajo en red como su constitutiva diversidad y riqueza de matices. Se ha de valorar e impulsar un tercer sector de enfoque comunitario e innovación social; espacio de participación voluntaria y capaz de gestionar servicios complejos; interlocutor en la construcción de políticas públicas y espacio cotidiano para procesos de inclusión social.

Si bien una buena parte de las organizaciones del tercer sector de acción social nacen vinculadas a colectivos específicos en situación de vulnerabilidad o exclusión social, no siempre es así y, sobre todo, no tiene por qué ser así en el futuro. La intervención social se entiende cada vez más como universal, personalizada y comunitaria y sus organizaciones son cada vez más capaces de gestionar la diversidad, superando clasificaciones y divisiones en colectivos que cada vez se evidencian como más disfuncionales y anacrónicas.

En esta línea, se apuesta por políticas de carácter universal, de modo que personas que anteriormente fueron vistas como miembros de colectivos que son atendidos integralmente por parte de un único proveedor, hoy son consideradas, cada vez más, como miembros de la comunidad que deben poder disfrutar de las oportunidades que brinden los diversos ámbitos sectoriales (educación, servicios sociales, empleo, vivienda, sanidad u otros) como y con el resto de la población.

(Fragmentos adaptados de la comparecencia en el Parlamento Vasco acerca del Proyecto de Ley del Tercer Sector Social. La comparecencia completa puede leerse aquí. La foto es de los servicios del Parlamento Vasco.)

Políticas sociales: mucho más que dinero

Begirada 3

Cometeríamos un grave error de concepto y enfoque si entendiéramos que lo único o lo principal que hacen los poderes públicos con las políticas sociales es redistribuir los recursos económicos entre la población en aras de una mayor equidad en cuanto al poder de compra que nos permite acceder a los mercados para comprar bienes y servicios con los que dar satisfacción a nuestras necesidades. Sin duda las políticas sociales –u otras políticas púbicas, como la política fiscal, en su dimensión social– deben tener, inexcusablemente, ese valor o efecto redistributivo. Pero, si se entienden, diseñan y funcionan bien, tienen que ir mucho más allá.

Cuando ponemos en marcha políticas sociales –como la sanitaria, la laboral o la de servicios sociales, por poner tres ejemplos– estamos asumiendo que determinados bienes –la salud, el empleo o la interacción, siguiendo, respectivamente, con los mismos ejemplos– son considerados, en alguna medida, como bienes públicos, es decir, como bienes que –hasta cierto punto–se protegen, promueven, gestionan y proporcionan mejor desde el sector público que desde otros (como el sector privado, la comunidad o el tercer sector).

Cuando construimos y establecemos una política social es porque entendemos que un ámbito de actividad o de un área de necesidades –por su complejidad y relevancia– requiere de una organización colectiva y de una garantía última de derechos que sólo pueden ofrecer –cabalmente– los poderes públicos. Estos poderes públicos, al generar un sistema de prestaciones y unas reglas del juego, configuran cada política social –sea la educativa, la de vivienda o la de garantía de ingresos– como un elemento clave del contrato social entre clases, entre sexos, entre generaciones y así sucesivamente. Un elemento clave –en el fondo– de la moral colectiva y de los valores éticos compartidos que configuran en el nivel más profundo nuestra trama social.

Cuando decimos, por ejemplo, que la organización social de los cuidados no aguanta más la improvisación y los parches –que no soporta más sufrimiento e inequidad– y que necesitamos una política de servicios sociales tan estructurada y fuerte como la educativa, la sanitaria o la de pensiones, estamos diciendo que los poderes públicos deben hacer una oferta creíble de organización colectiva y una propuesta atractiva y sostenible de garantía de derechos al respecto. Mucho más, como vemos, que redistribuir dinero.

Artículo publicado originalmente en begirada.org.

Servicios sociales: acompañamiento social de base tecnológica en la comunidad

Adult social care image

A continuación se presentan las preguntas y respuestas de una entrevista realizada para el boletín de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales.

Los servicios sociales atienden a muchas personas con necesidades diferentes. ¿Qué servicios debe fijar como prioritarios?

A mi juicio, en este momento histórico de la evolución de los servicios sociales, se debe apostar prioritariamente por el desarrollo de servicios con un alto componente de acompañamiento social profesional, apoyados por tecnologías avanzadas de la comunicación (y otras), que sean polivalentes para una amplia diversidad de personas y que contribuyan significativamente al desenvolvimiento autónomo, la vinculación relacional y, consecuentemente, a la calidad de vida de las personas en sus entornos familiares, domiciliarios y comunitarios deseados.

En un contexto de envejecimiento progresivo de la población, ¿qué papel desempeñarán los servicios sociales del futuro? ¿Cómo deberían ser? ¿Es sostenible el actual Estado del bienestar?

En una sociedad que consigue –venturosamente– aumentar nuestra esperanza de vida, los servicios sociales siguen teniendo –desde mi punto de vista– sentido y función como aquellos servicios que nos ayudan a lograr, mantener o recuperar un estado de interacción satisfactorio, entendiendo por estado de interacción aquel en el que tenemos la mayor autonomía funcional para el desenvolvimiento cotidiano y la mayor integración relacional familiar y comunitaria. Los servicios sociales nos ayudan a tener más autonomía y red y compensan con intervención profesional las limitaciones transitorias o permanentes de nuestra autonomía y nuestra red.

El aumento de la esperanza de vida acentúa la necesidad de gestionar la diversidad generacional y potenciar las relaciones intergeneracionales, en un contexto donde en las familias, las comunidades y, en general, en la sociedad coexisten más generaciones a la vez.

El Estado de bienestar es imprescindible para la sostenibilidad de la vida en nuestras sociedades, es un factor de sostenibilidad irrenunciable en nuestras sociedades complejas y es uno de los elementos posibilitadores de esa ampliación de nuestras oportunidades de supervivencia y de otros logros sociales. Logros que, a su vez, hacen necesaria una transformación permanente del propio Estado de bienestar. El modelo de Estado de bienestar del que nos dotamos en cada momento histórico es un componente crítico del contrato social entre las generaciones y del contrato social en general.

¿Es posible superar la visión que pesa sobre los servicios sociales entendidos como un espacio únicamente dirigido a colectivos vulnerables?

Esa visión residual de los servicios sociales corresponde a un momento (superado ya por la comunidad de conocimiento de las políticas sociales) en el que todavía no se había comprendido la naturaleza de las diferentes políticas sectoriales (sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos) como políticas que se ocupan de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de determinados bienes (cada política sectorial el suyo). En ese contexto había una visión que desconocía la existencia de un objeto propio para los servicios sociales (la interacción de todas las personas, según proponemos) y que les encomendaba la gestión de cualquier necesidad (empleo, vivienda o alimentación, por ejemplo) siempre y cuándo se tratara de colectivos pretendidamente minoritarios y supuestamente especiales. Esa visión está superada completamente por la comunidad de conocimiento aunque todavía no está superada del todo en la mirada de la ciudadanía, de las personas con responsabilidad política e incluso de algunos sectores profesionales de las políticas sociales.

¿La atención a las personas con dependencia tiene que ser la máxima prioridad de los servicios sociales?

La atención a las personas en situación de dependencia funcional es responsabilidad, obviamente, de todos los sectores de actividad. La calidad de vida e inclusión social de las personas en situación de dependencia necesita, como la de cualquier persona, del concurso del sector educativo, del sanitario, del de la vivienda, del las políticas de empleo, del sector de los servicios sociales y del de garantía de ingresos. En este momento posiblemente es el sector de los servicios sociales, comparativamente, el que más debe transformarse y potenciarse entre los mencionados, Por tanto yo diría que la atención por parte de los servicios sociales –en lo que les corresponda– a las personas en situación de dependencia ha de ser una de sus prioridades.

Defiende una mayor interacción de los servicios sociales con otros pilares básicos del Estado del bienestar. ¿Puede concretar esta interrelación?

Tenemos bienestar en la medida en que disfrutamos de esos grandes bienes (salud, conocimiento, interacción, ocupación, alojamiento y subsistencia) que protegen y promueven las diferentes políticas sectoriales mencionadas. Por ello tan importante es que cada una de ellas esté bien diseñada y sea fuerte como que mantengan las adecuadas relaciones de coordinación o integración intersectorial. En este momento, por diversas razones, entiendo que es prioritario trabajar en clave de rediseño e innovación en el triángulo entre política de servicios sociales, política sanitaria y política de vivienda.

ACRA propone un modelo de atención a la dependencia en el que los usuarios sean el centro de la atención y que ésta se adapte a sus necesidades, con mayor flexibilidad que la actual. ¿Qué opina al respecto?

Comparto la apuesta por servicios flexibles, por servicios que se presten sobre la base de una evaluación de las necesidades de las personas que los recibimos, por servicios que nos pongan en el centro de sus preocupaciones a las personas usuarias y que respeten y potencien nuestra autonomía funcional y moral y nuestra capacidad de desear, decidir y elegir libremente. Comparto la apuesta por servicios y sistemas de servicios que desarrollen su capacidad de coordinarse e integrarse y de facilitar nuestros itinerarios como personas usuarias. Comparto la apuesta por servicios amigables con las dinámicas, redes y entornos familiares y comunitarios que hemos construido y elegido las personas que, en un momento dado, utilizamos esos servicios.

Para leer la entrevista en la web de ACRA pinchar aquí.

Servicios sociales: mirando al futuro con un enfoque comunitario, tecnológico e intergeneracional

ACRA                            Pere

Los servicios profesionales –cualesquiera– se benefician sin duda de una incardinación sectorial y de una ubicación en una politica pública consistente y reconocible, entre otras razones por las facilidades que estos marcos ofrecen para la imprescindible gestión del conocimiento para dichas actividades. Cultivemos, por tanto, la conciencia de ser parte del sector (y, en su caso, del sistema público) de servicios sociales.

Entendemos los servicios sociales como una de las grandes ramas de la acción pro bienestar y proponemos el sistema público de servicios sociales como uno de los grandes pilares universales del sistema público de bienestar. En la evolución histórica de nuestro Estado de bienestar debe llegar la hora de los servicios sociales: el despliegue del sistema y la crisis de los cuidados lo reclaman.

Unos servicios sociales entendidos como servicios para la interacción (autonomía funcional e integración relacional) de todas las personas. Es la hora de superar el enfoque por colectivos tendente a la residencialización y apostar por la personalización; el enfoque familiar, domiciliario y comunitario y la gestión de las interrelaciones en las diversidades (sexual, generacional, funcional y cultural). Por razones éticas, técnicas, organizativas y económicas.

Para ello habríamos de apoyarnos en:

  • La apuesta estratégica por los servicios sociales como sector emergente, sinérgico y tractor de nuestra economía productiva y sostenibilidad social.
  • El desarrollo de tecnologías para la información y la comunicación y para la asistencia personal y el acompañamiento social, transformando el corazón de la intervención social.
  • La reestructuración de las relaciones intersectoriales entre los servicios sociales y otras ramas de la acción pro bienestar (como sanidad, vivienda o garantía de ingresos).
  • La innovación social y política en la colaboración y sinergias entre sistema público, iniciativa social y sector privado.

Nos dedicamos a una de las áreas más sensibles de la vida de los seres humanos y somos, por tanto, un sector de altísimo valor añadido. Debemos, por ello, pensar en grande y conquistar el posicionamiento necesario en el mundo de los servicios, del conocimiento y de las políticas. Tenemos el encargo de despejar una de las variables clave de la ecuación de la sostenibilidad de la vida.

Notas introductorias al seminario que tendrá lugar en Barcelona el 16 de septiembre de 2015, de 10 a 12. Más información aquí.

Promoción infantil y juvenil y cohesión social

Pere

Una sociedad cohesionada es una sociedad con una tupida red de relaciones primarias familiares y –en general– comunitarias, de vínculos entre personas que nos queremos o que nos reconocemos al cruzarnos en la calle o en Internet. Una sociedad cohesionada es aquella en la que las personas se agrupan libremente y se organizan solidariamente de forma activa y participativa. Una sociedad cohesionada es una sociedad en la que existen mecanismos eficaces para disminuir las desigualdades en lo relativo a la capacidad de compra de bienes y servicios en los mercados. Una sociedad cohesionada es aquella en la que tenemos garantizados por las políticas públicas una serie de derechos tanto civiles y políticos como sociales. Una sociedad cohesionada comparte un común denominador de valores éticos en una diversidad de identidades.

Por todo ello son diversas e interconectadas las líneas de fractura de los contratos sociales que nos constituyen como sociedad cohesionada. Y esas líneas de fractura diversas e interconectadas nos rompen y destruyen de diferentes maneras. En esta época sentimos con fuerza que se ahonda la grieta de la desigualdad económica y la discriminación a la hora de disfrutar de bienes como el empleo, la salud, la vivienda o la educación. A la vez, sabemos que esa brecha excluye más a mujeres que a hombres, más a menores o jóvenes que a adultas o mayores, más a personas que tengan mayores limitaciones funcionales o red comunitaria, más a personas que viven en países empobrecidos (o salen de ellos) que a personas instaladas en países centrales en la globalización.

En este contexto necesitamos cada vez más al Estado (a los poderes y administraciones públicas) como un gestor de la complejidad que debe ser capaz de expresar e implementar una oferta creíble de contrato social. La indignación surge en buena medida ante la percepción de intereses espurios e ineficiencia funcional en quienes gobiernan y gestionan lo público. Y ante la falta de esa oferta creíble, algunos movimientos sociales –en buena hora y en nombre del bien común– se han convertido en amenaza creíble para minorías extractivas enquistadas en los centros de poder. Asistimos a nuevas y estimulantes oportunidades de encuentro ente la capacidad de renovación de la política que surge de los movimientos sociales y la insoslayable necesidad de pericia técnica en el gobierno y la gestión pública desde el poder.

Sin embargo nos encontramos ante la paradoja de que los espacios y procesos de la promoción infantil y juvenil (animación sociocultural, ocio socioeducativo) –que fueron cantera de tantas personas con responsabilidades políticas o líderes de movimientos sociales– se mueven muchas veces entre la insignificancia y la mercantilización, sin encontrar bien su sitio –ni en el marco de las políticas públicas ni en el de la iniciativa social– cuando la necesidad de desarrollo estimulante, socialización igualitaria, aprendizaje participativo y concientización ciudadana que les da sentido están más presentes que nunca. Quienes tanto debemos a las iniciativas de promoción infantil y juvenil tenemos una deuda con ellas, deuda que no es sino una parte de la deuda que –lamentablemente– hacemos creer cada día con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país y del mundo.

Sobre todo esto conversaremos los días 16 y 17 de septiembre en el seminario internacional sobre “La investigación en ciencias sociales para la mejora de la sociedad: tiempo libre, acción sociocultural y cohesión social”, organizado en Barcelona por la Universitat Ramon Llull (más información pinchando aquí).