La universalización en las políticas sociales: el alcance de la primera persona del plural

Begirada

Las políticas sociales, a medida que se van desarrollando, se van convirtiendo en un asunto que requiere más conocimiento técnico para ser abordado. A la vez, paradójicamente, por afectar cada vez más a más personas, son objeto de un debate social que crece en intensidad y van ganando centralidad en las agendas políticas. Basta asomarse a las páginas de información u opinión de cualquier periódico, escuchar por la radio lo que se propone en los actos electorales o reparar en lo que comentamos cuando tomamos un café en el bar para comprobarlo. Las pensiones de jubilación, las prestaciones de garantía de ingresos, la regulación de las relaciones laborales, las listas de espera en la sanidad pública, las desgravaciones fiscales relacionadas con la vivienda, el cuidado de familiares en situación de dependencia o la disponibilidad de plazas en los centros educativos, por poner algunos ejemplos, son asuntos –todos ellos de política social– que nos preocupan y ocupan pero que cada día se vuelven más difíciles de diseñar con rigor en nuestras sociedades complejas.

Para combinar equilibradamente la aplicación del conocimiento disponible con la necesaria deliberación democrática, puede ser conveniente dialogar en torno a principios o criterios generales que se van decantando en la historia del desarrollo de los Estados de bienestar y, sin duda, el primero de ellos es el de la universalidad. Defiendo la idea de que las políticas sociales mejoran en la medida en que son capaces de diseñarse y desplegarse como políticas para todas las personas, en la medida en que surgen de un nosotras inclusivo y afectan a todo ese nosotros que no tiene más frontera que el de la común y compartida humanidad.

Tiempo tendremos en siguientes artículos para hablar de la combinación y sinergia entre el fundamental impulso a la universalización de las intervenciones del Estado de bienestar con otras claves para su diseño y ejecución, como puedan ser la prescripción facultativa, la acción positiva contra la discriminación, la progresividad redistributiva o la incentivación de la responsabilidad individual. Hoy, sin embargo, de forma solemne y con carácter general, toca decir: ni un paso atrás en el alcance de nuestras políticas sociales; pasos adelante –rigurosos y sostenibles, audaces e innovadores– en políticas sociales que llenen cada día de más contenido la primera persona del plural.

(Artículo escrito para el periódico social begirada.org.)

¿Un modelo de gestión organizacional para políticas públicas sociales?

Modelo de gestión

En la ilustración se intenta representar y resumir el modelo de gestión que se presenta más extensamente en el Manual para la gestión de la intervención social, cuyo capítulo introductorio puede descargarse aquí.

Se elaboró inicialmente en la tesis doctoral que puede descargarse aquí.

Durante la próxima semana lo utilizaremos en diversas actividades dentro del proceso de sistematización del diseño, implementación y evaluación del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, impulsado por la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia de la República Dominicana.

Ello permitirá, entre otras cosas, valorar en qué medida resulta útil en el caso de una política pública de carácter social.

Garantía de ingresos y Estado de bienestar

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Las decisiones en materia de políticas públicas o estrategias empresariales –del mismo modo que las que tomamos en nuestra vida personal o familiar– son frecuentemente mucho menos reflexionadas, dialogadas y basadas en el conocimiento de lo que nos gusta reconocer. Sin embargo, algunas de dichas decisiones, especialmente cuando tienen rango legal e impacto presupuestario, desencadenan consecuencias y generan estructuras con efectos relevantes a largo plazo, para bien o para mal.

Las decisiones que, en el País Vasco, hemos ido tomando en materia de garantía de ingresos básicos para la subsistencia constituyen, en términos generales, una historia de consenso político y social y de éxito social y económico. Como botón de muestra, cabe referirse al relato de esta buena práctica en la publicación sobre políticas comparadas de prevención y lucha contra la pobreza económica coordinada recientemente por el profesor Gerry Mooney, de The Open University.

Como se refleja en dicho ensayo, no sólo se aprecia en el País Vasco una apuesta sostenida y creciente por la inversión económica en materia de garantía de ingresos mínimos sino un avance progresivo –en términos generales– en la universalización de la garantía de cobertura de las necesidades de subsistencia como un componente fundamental de nuestro Estado de bienestar y de nuestro modelo social.

En las sociedades europeas tiene una amplia aceptación y aplicación la idea de que hay una serie de necesidades sociales –unos sectores de actividad– que, por su relevancia para la dignidad humana, consideramos como áreas prioritarias en las que los poderes públicos han de garantizar a todas las personas unos mínimos de cobertura, sin que sean de recibo exclusiones o discriminaciones. Así, hemos ido estructurando el sistema sanitario o el educativo. Así apostamos ahora por estructurar el sistema de servicios sociales.

Pues bien, del mismo modo que vamos asumiendo y practicando la garantía pública de que, en cualquier caso, todas las personas habremos de disponer de una respuesta mínima –digna– a nuestras necesidades en las áreas de la sanidad, la educación o los servicios sociales, vamos asumiendo y practicando lo mismo en lo relativo a las necesidades de subsistencia. ¿Qué sentido tiene que garanticemos la escolarización a una criatura pero no la ropa que le abriga? ¿Cómo justificamos el financiar a una persona el diagnóstico médico, la intervención quirúrgica y los cuidados posoperatorios de enfermería, pero no que pueda comer cuando es dada de alta? ¿Cómo se entendería que alguien tenga derecho a un servicio de teleasistencia del sistema público de servicios sociales pero no a la electricidad que alimenta el dispositivo necesario para dicho servicio?

La política vasca de garantía de ingresos nos asegura que, con independencia de que tengamos o no un empleo, de que cobremos  más o menos por trabajar, de que nuestra pensión sea más alta o más baja, siempre vamos a tener una renta mínima garantizada para hacer frente a nuestras necesidades más básicas de subsistencia. Esa garantía, unida a la que ofrecen, fundamentalmente, la sanidad, la educación y los servicios sociales, nos aporta una seguridad fundamental para nuestro bienestar individual y familiar, tiene un alto impacto en el dinamismo económico de la sociedad y, sobre todo, contribuye a que nuestra sociedad se sienta más digna, al no dejar a nadie librado a su suerte.

Nuestro sistema de garantía de ingresos, por tanto, al igual que el sanitario, el educativo o el de servicios sociales, es patrimonio de toda la sociedad y como tal hemos de cuidarlo. Lo que significa defenderlo y perfeccionarlo continuamente. A la hora de ir tomando las decisiones de mejora de nuestro sistema de garantía de ingresos, lo que parecen señalar los consensos de las personas expertas estudiosas en materia de garantía de ingresos y política social iría en tres sentidos: universalización, simplificación y activación.

La universalización nos llevaría a corregir decisiones que hayan dejado fuera de la protección a determinados segmentos poblacionales y, en todo caso, a perfeccionar constantemente la capacidad inclusiva de nuestros sistemas, desde una lógica de dignidad y derechos humanos, con especial atención a las familias con menores.

La simplificación viene exigida por el hecho de que diferentes evaluaciones señalan la existencia de una excesiva cantidad de pensiones, prestaciones o desgravaciones, excesivamente complejas y frecuentemente incoherentes en su diseño, que acarrean importantes costes de gestión. La integración entre política fiscal y política de garantía de ingresos y la introducción mucho más decidida de tecnologías de la información y la comunicación son dos vías prometedoras para la simplificación en este terreno.

Hablamos, por último, de activación, en la medida en que los diseños más interesantes en política de garantía de ingresos son aquellos que combinan componentes incondicionales con componentes contributivos y que incorporan complementos o incentivos para actividades productivas o reproductivas de las personas, que contribuyen a la creación de capital humano, económico, comunitario y social.

Este artículo se ha escrito dentro de la campaña +Derechos (@EskubideakGehi) impulsada por @Eapn_Euskadi y más de cien organizaciones en favor de la política de garantía de ingresos. Se publicó el 19 de abril de 2015 en Deia y puede descargarse aquí en PDF.

Construyendo contextos y estrategias para la acción voluntaria

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La acción voluntaria, la participación asociativa y la iniciativa social constituyen un tesoro cuyo cuidado hemos asumido, al menos en parte, desde el llamado tercer sector de acción social. Se trata, sin embargo, de realidades cambiantes y diversas que se resisten a ser patrimonializadas por ninguna organización o conjunto de organizaciones, nombradas de un modo uniforme por parte de la comunidad científica o reguladas formalmente por los poderes públicos. En contextos de crisis y complejidad sentimos que hay mucha vida que sigue brotando en ese espacio intermediario entre la comunidad, el Estado y el mercado que llamamos tercer sector. No es un agujero negro.

Sentimos, sin embargo, las tensiones, fragilidades y fragmentaciones que vive nuestra acción voluntaria y la necesidad de gestionarla y potenciarla, si quiere conservar sus cualidades esenciales de apoyo mutuo, dinamismo participativo e incidencia política. Para hacerlo necesitamos unirnos en la diversidad las gentes de los movimientos asociativos, las organizaciones no lucrativas, la economía alternativa y solidaria, la autogestión comunitaria o las plataformas reivindicativas. El protagonismo, empoderamiento y capacidad de decisión de las personas voluntarias será la prueba del nueve de la validez de este proceso.

Reconocemos a los poderes públicos la legitimidad para la regulación y la responsabilidad para el fomento de la acción voluntaria, aunque hemos de estar alerta ante las tentaciones, las propuestas o las prácticas que pueden tender a colonizar, instrumentalizar, mercantilizar, burocratizar o desvirtuar la autonomía e identidad del mundo de la iniciativa social y las organizaciones solidarias.

La complejidad del contexto y la diversidad de las motivaciones y trayectorias de las personas en el compromiso solidario nos obligan a repensar entornos, canales y formatos para nuestra acción de captación, impulso y soporte de la acción voluntaria. Veteranas organizaciones profesionalizadas y embrionarias iniciativas autogestionarias han de darse la mano en esta labor con un discurso compartido. Y todas estamos llamadas a beber en nuestro propio pozo, a conectar con las finalidades y lógicas fundamentales desde las que surgimos como iniciativa solidaria y transformadora.

(Reflexiones surgidas en la jornada formativa de #Voluntastur realizada en Gijón el 14 de abril de 2015. La presentación utilizada se puede descargar aquí.)

Acción voluntaria, tercer sector, innovación social y transformación social

EAPN

No parece arriesgado afirmar que en España las redes y organizaciones del tercer sector de acción social constituyen el principal marco institucional para el impulso y despliegue del voluntariado que se reconoce a sí mismo con tal denominación. Estaríamos hablando de una acción voluntaria notablemente imbricada con el ejercicio de la actividad profesional remunerada en el seno de organizaciones que en buena medida realizan una intervención social con financiación pública.

Esta acción voluntaria de intervención social a la que nos referimos se beneficia, sin duda, del acompañamiento profesional y el soporte organizativo que recibe en dicho marco institucional. Sin embargo también hemos de reconocer que, en ese contexto, nuestra acción voluntaria de intervención social padece frecuentemente, hoy y aquí, un achique de espacios que le lleva, en ocasiones, a situaciones de subordinación a lógicas contradictorias con su esencia participativa que limitan notablemente su potencial político y moral.

Ante este tipo de situaciones cabe decir que las propuestas y procesos que se presentan bajo el estandarte de la innovación social deben ser analizadas y decantadas con atención. En ocasiones son portadoras de refrescantes aportaciones metodológicas y sustantivas que nos permiten abrir dinámicamente el abanico de agentes y contenidos con los que trabajamos. Sin embargo a veces no representan mucho más que un caballo de Troya que oculta con celofán de colores viejas formas de precarización laboral y mercantilización de bienes comunes.

Las situaciones de emergencia social que nos inundan y la envergadura del desafío de la innovación en las políticas de bienestar (y la transformación de nuestro modelo social para la sostenibilidad de la vida) nos comprometen a estrategias inteligentes, eficientes, elegantes y audaces, en las que sin duda deben encontrarse e hibridarse la acción voluntaria organizada para la intervención social, la militancia de los viejos y nuevos movimientos sociales, las iniciativas autogestionarias de la economía alternativa y solidaria y la transformación de la política y la administración pública.

Puede ampliarse lo tratado en esta entrada de blog en los siguientes documentos de fantova.net (se trata de hipervínculos que conducen directamente a los documentos):

Acción voluntaria y bienestar comunitario. Una reflexión estratégica

Enfoque comunitario e innovación social

Análisis del tercer sector y retos para el futuro

Una mirada a las políticas sociales en España desde el tercer sector

Doce referencias para un mapa de propuestas en política social

Diseño de políticas sociales

Esta entrada de blog se ofrece como aperitivo para dos encuentros formativos. El primero se realizará en Gijón el 14 de abril de 2015. El segundo, previsto para el 22 de abril en Valladolid, está organizado por la EAPN (European Anti Poverty Network) de Castilla y León.

Los servicios sociales ante la violencia machista

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La insoportable sucesión de asesinatos machistas se convierte en el más terrible recordatorio de un problema social mucho más amplio, el de la violencia de género, fenómeno que los movimientos feministas y las instituciones comprometidas con la igualdad entre mujeres y hombres acertadamente diagnostican como manifestación de la desigualdad, inequidad y discriminación que afecta a las mujeres y, más en general, a las personas cuya identidad y orientación sexual no es la del varón heterosexual. Esta violencia es en muchos casos un maltrato infligido precisamente por una persona con la que se había establecido una relación de pareja, es decir, una relación voluntaria de la que cabría esperar todo lo contrario a esa violencia que se recibe.

Es comúnmente admitido en la comunidad de personas dedicadas al estudio o diseño de las políticas públicas que la violencia machista ha de ser objeto de un abordaje integral, impulsado desde la transversalidad de género. Esa transversalidad hará que deban implicarse en la prevención e intervención en relación con este fenómeno las diversas políticas o ámbitos sectoriales: desde la educación hasta la justicia, desde la sanidad hasta la seguridad, desde la política de vivienda hasta la garantía de ingresos para la subsistencia, desde los medios de comunicación hasta los servicios de empleo. Y así sucesivamente.

Dentro de ese planteamiento de abordaje integral, intersectorial y transversal en clave de igualdad de género, no parece menor el papel de los servicios sociales, entendidos como aquellos servicios cuya finalidad es la protección y promoción de la interacción de las personas, es decir, de su autonomía para el desenvolvimiento cotidiano en el marco de una integración deseada en relaciones familiares y comunitarias positivas. Entendemos que unos servicios sociales atentos a la voluntariedad, la calidad, la densidad y los cambios de las relaciones primarias de las personas en su unidad de convivencia y en la comunidad son fundamentales para la detección, diagnóstico y abordaje de riesgos o situaciones de maltrato o violencia de género.

Debemos, por ello, redoblar la apuesta por seguir impulsando y mejorando la cobertura, adecuación, cualificación y disponibilidad de la prevención, el acompañamiento y, en general, del conjunto de prestaciones técnicas de los servicios sociales, en especial de los de atención primaria, en clave de universalidad e igualdad, en el trabajo colaborativo e  integral contra la violencia machista y, en algunos casos y procesos, ejercer la posición referencial y el liderazgo institucional que corresponde a los servicios sociales en la prevención de la violencia machista, en la atención personalizada a las víctimas diversas y, en general, en la lucha incansable contra esta lacra indigna.