Fiscal, occupational and social welfare: trends and opportunities for reshaping welfare system in the Basque Country

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In a recent book (Diseño de políticas sociales, in press) I have worked in a theoretical framework for social policy, identifying some opportunities and proposals for reshaping welfare system in our context. I have found some of these opportunities and proposals in the field of new ways of structuring the financial flows from the citizens to the State (taxes and contributions) and from the State to the citizens (benefits). The structure of these economic flows must be coherent with occupational rules (about occupational flexibility, for instance), welfare services provision (health, education, social services, among others) and assumed relational perspective (type of relation between social policy and community networks).

Unlike most other autonomous regions in Spain, the Basque Country (each of one of its three provinces) establishes and collects its own taxes and then pays an agreed sum to the central government. The Autonomous Region of the Basque Country has a health service and education system, as well as an employment service and his own minimum income scheme. The Basque Country also has exclusive devolved power in the field of social services. The different political composition of different levels in this multilevel government scheme allows interesting comparisons.

It should be possible to compare different political and economical decisions and paths and we should be able to identify balances and unbalances between taxes and benefits, between benefits and services and between State and community, in order to propose new ways and tools for fiscal, occupational and social welfare. I think that there are, here and in other European countries, opportunities for innovating in social policy and that we can lead our Welfare state to a more universal, relational, person centered, efficient, sustainable and supported status. Evidence based policy and social innovation must work in order to help in making it possible.

¿Qué aprendemos en la práctica de la intervención social?

Aprendizaje práctico

En una conversación anterior subrayábamos la necesidad estratégica de ensamblar con mayor fluidez y energía los diferentes engranajes de la gestión del conocimiento en el ámbito de la intervención social, identificando nuestro margen de mejora en áreas como la investigación científica, la intervención basada en la evidencia o la evaluación de impacto de nuestras actuaciones y programas. Quedaba pendiente, sin embargo, referirse al estatuto epistemológico y la importancia crítica de lo que aprendemos practicando la intervención social.

El saber hacer intervención social es, posiblemente, uno de esos saberes especialmente situados o contextuales, es decir, uno de esos saberes que se produce y verifica en cada uno de los hoy y aquí de la practica real. En palabras de Donald Schön aunque el profesional en el que estamos pensando “estaría acreditado y sería competente técnicamente, su pretensión de autoridad está basada sustancialmente en su habilidad para hacer manifiesto su conocimiento especial en sus interacciones con sus clientes. Él no pide al cliente que tenga una fe ciega en una ‘caja negra’, sino que permanezca abierto a la evidencia de la competencia del profesional cuando surja”.

Ahora bien, como dirá el mismo Schön, para que la práctica enseñe, para que aprendamos en la práctica, dicha práctica ha de ser reflexionada. Desde este punto de vista, nos atrevemos a decir que el saber riguroso y significativo para la práctica profesional (por ejemplo de la intervención social) no es sólo ni fundamentalmente aplicación de un conocimiento obtenido de otros modos sino, necesaria y fundamentalmente, un saber obtenido mediante una reflexión sistemática, acompañada, dialógica, ilustrada y documentada de la práctica.

La reflexión desde la práctica suele reforzarnos, por otra parte, en el convencimiento consecuente de que, en palabras de Kurt Lewin, “no hay nada más práctico que una buena teoría”. Cuando hablamos del saber hacer en la intervención social estamos muy lejos de pensar en la repetición mecánica de técnicas o procedimientos y somos conscientes de que una comprensión profunda y despierta de la realidad es fundamental para esa práctica situada, contextual, interactiva y dinámica que es la intervención social.

Reivindicamos para el ámbito de la intervención social (como para tantos otros) el valor insustituible de ese conocimiento que sólo se obtiene en la práctica y en la reflexión sobre la práctica, a la vez que impulsamos la hibridación, contagio, conexión y tracción recíproca entre dicho tipo de conocimiento y otros como los que se obtienen, por ejemplo, mediante la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la construcción filosófica o la innovación social.

El compromiso del conocimiento para la intervención social

Conocimiento

Quienes trabajamos en el sector de los servicios sociales o nos dedicamos a la intervención social queremos que nuestras prestaciones, actividades, apoyos y programas sean cada vez más conocidos y apreciados por toda la ciudadanía y que quienes toman decisiones políticas reconozcan en mayor medida el valor añadido que aportamos y podemos aportar para la calidad de vida de todas las personas en una sociedad avanzada. Perfilar y mejorar nuestro posicionamiento social y político es condición de posibilidad para que la ciudadanía obtenga el mayor beneficio de la inversión particular o pública que realiza en actividades de intervención social.

Ese reto de posicionamiento está, por cierto, inseparablemente unido, entre otros, al de la construcción del sistema de gestión de conocimiento en materia de intervención y servicios sociales. En esto podemos aprender de la experiencia de otros sectores de actividad que consiguieron fabricar y engrasar los engranajes articulados que caracterizan las redes exitosas de aprendizaje, es decir, la fluida cadena de valor que vincula a quienes hacen investigación básica o aplicada, quienes desarrollan tecnología, quienes difunden innovaciones, quienes hacen formación reglada, quienes sistematizan la práctica, quienes hacen intervención basada en la evidencia o quienes evalúan los servicios y políticas.

La interconexión rápida y rigurosa entre esos eslabones, la colaboración de los diversos tipos de agentes, la hibridación entre tipos de conocimiento o el diálogo entre disciplinas parecen ser características de las comunidades de práctica, de los ecosistemas cognitivos en los que florecen las buenas prácticas, los avances atractivos y, finalmente, ese aprecio por parte de la comunidad e impacto social universal que buscamos.

Cada una de las personas que trabajamos en los servicios sociales o que hacemos intervención social, cada uno de los agentes que, de una u otra manera, estamos relacionados con ese ámbito podemos asumir nuestra cuota de compromiso con la elevación del nivel de conocimiento compartido y utilizado en el sector. Seguramente no es algo que podamos encomendar a algunos de nosotros o a terceras personas. Sea cuál sea nuestro rol en el mundo de la intervención, siempre podemos y quizá debemos preguntarnos cómo potenciar nuestra contribución en el marco de una estrategia sectorial de producción y gestión del conocimiento.

La universalización del sistema público de servicios sociales

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La universalización del sistema público de servicios sociales es posible y necesaria. La Ley de servicios sociales del País Vasco, por ejemplo, la plantea como objetivo para 2016 (ocho años después de la aprobación de la Ley). La crisis económica vivida en estos últimos años ha dificultado, sin duda, el avance hacia ese objetivo que, sin embargo, debemos reafirmar, aunque tardemos más en lograrlo. Ahora bien: ¿Qué significa universalizar el sistema público de servicios sociales? Y, sobre todo: ¿qué factores y estrategias nos pueden ayudar a avanzar más rápido y mejor hacia la universalización del sistema público de servicios sociales?

Habremos alcanzado una razonable universalización del sistema público de servicios sociales cuándo, dentro de sector de los servicios sociales, la red pública sea una alternativa de calidad verdaderamente accesible y suficientemente atractiva para toda la población. Ello es lo que ocurre, hoy y aquí, en el sector sanitario: existen servicios sanitarios privados, pero la calidad, capilaridad, precio y accesibilidad de los servicios sanitarios públicos hacen que podamos decir que contamos con una sanidad pública universal. Por cierto que la crisis económica actual, más en unos lugares que en otros, nos está enseñando que dicha universalidad puede ser amenazada y menoscabada por diversas decisiones políticas y procesos sociales.

La universalización de los servicios sociales públicos cuenta con el soporte de la garantía jurídica del derecho subjetivo a los servicios sociales presente en nuestra legislación. Pero eso no es suficiente. Hace falta apostar con mucha más fuerza e inteligencia por el desarrollo científico y técnico en el sector; hace falta pisar el acelerador en el consenso político para el desarrollo normativo; y hace falta conseguir mucha más centralidad para los servicios sociales en los pactos sociales y apuestas económicas dentro de nuestras estrategias de país.

Debemos dejar atrás con decisión versiones asistencialistas de los servicios sociales; debemos superar la etapa de unos servicios sociales que nos piden (o nos ponen) para entrar la etiqueta de pertenencia a un colectivo vulnerable. Es tecnológicamente posible y económicamente rentable apostar por la construcción de una red de servicios públicos de enfoque comunitario, capaces de activar y acompañar la responsabilidad individual, familiar y comunitaria y de engarzar con iniciativas autogestionarias, solidarias y cooperativas. Nada es gratis y necesitamos creatividad técnica, esfuerzo individual, solidaridad social y voluntad política a la hora de definir y mejorar la financiación de este pilar del sistema público y universal de bienestar. Sin embargo, el precio que no podremos pagar, el coste que se hace cada día más insostenible, es el de carecer de él.

Eskubide sozialak eta unibertsalitatea

Unibertsoa

Eskubide sozialak unibertsalak dira, eta izaera unibertsal hori babestu behar da hitzez zein praktikan hura gutxiesten duten ikuspegi edo planteamenduen aurrean. CEPALen arabera, “hautaketak edo fokalizazioak, behar bezala ulertuta, ez du talka egiten eskubide sozialen izaera unibertsalarekin, baizik eta guztiz kontrakoa: birbanaketa egiteko tresna dira, zer baliabide dauden kontuan hartuz, eskubide soziala gutxien gauzatzen zaien haiei eskubide sozialaren titulartasuna emateko. Baina horrek ezin du justifikatu Estatuak hartutako politikak soilik pobreei ematea zerbitzuak eta prestazioak, ondorio horrek zuzenean egiten baitu talka eskubide sozialen izaera unibertsalarekin eta, gainera, gizartearen erdiko geruzetako tarte handi bat babesik edo prestazioen finantziaziorik gabe uzten baititu”.

Egiazki, politika sozialetan unibertsalizazioaren eta fokalizazioaren artean betidanik egon den tentsioaz ari gara (ingelesezko termino ezagunak erabiliz, mainstreaming eta targeting). Dudarik gabe, une eta egoera askotan justifikatuta egon ohi da fokalizazioa eta biztanleria-segmentu jakin baten gainean jardutea (zenbait aldagairen arabera, hala nola sexua, adina, kokapena, loturak, gaitasunak, baliabideak…). Nolanahi ere, ongizatearen aldeko jardunaren historia da, gure ustez, esku-hartze fokalizatuen bidez pertsona ororentzat onuragarri diren premia unibertsalak eta prestazioak identifikatzearen historia. Bada, baita ere, denboran luzatzen diren esku-hartze fokalizatuen ondorio kaltegarriak identifikatzearen eta gainditzearen historia (esate baterako, estigmatizazioa, segregazioa, pasibotasuna edo mendekotasuna).

Beraz, ongizatearen aldeko jarduna, bere ibilbide eta garapen historikoan, zenbait jarduera-adar handitan eratu eta egituratu da, eta horietako bakoitza babestu beharrekoa den eta unibertsalki beharrezkoa den ondasun batekin dago lotuta. Eta ondasun horiek baliatzeko oztopoak zituzten (eta dituzten) pertsona horiek egiazki irisgarritasun unibertsala erreklamatu izan dute (eta erreklamatzen jarraitzen dute gero eta gehiago), oztoporik ez sortzea eta, hala balegokio, oztopoak kentzea, horrela beste pertsona batzuek dauzkaten eskubide sozial berberak baliatu ahal izateko haiek ere. Eta sistemak (osasungintza, hezkuntza…), irisgarri egin diren eta are irisgarriago egiten jarraitzen duten heinean, lehen diskriminatzen eta baztertzen zituzten pertsonentzat ez ezik, kolektibitate guztiarentzat eta haren kide guztientzat ere badira onuragarri.

Política familiar o cómo hacer más relacional la política pública

Familia

¿Qué es hacer política familiar? En ocasiones pareciera que es, sin más, cuestión de dinero. Que se trata únicamente de incentivar económicamente la formación y el mantenimiento de familias. En algunas visiones, por otro lado, parece asumirse que hacer familia es hacer un determinado tipo de familia, como si la familia fuera patrimonio de unas ideologías políticas o cosmovisiones morales y no de otras. Queremos trabajar, sin embargo, para cuestionar y deconstruir estas visiones estereotipadas de la política familiar, que podríamos denominar, respectivamente, economicista y moralista (sabiendo que simplificamos la realidad para que quepa en una entrada de blog).

No. Queremos plantear que hacer política familiar es repensar y replantear el conjunto de las políticas públicas desde unos poderes públicos que, con sabiduría sistémica y humildad política, reconocen en las relaciones, vínculos, procesos y vivencias familiares un poder, una capacidad, unos aportes y un valor insustituible y fundamental para la calidad de vida, el bienestar y el desarrollo de las personas. Construyendo e implementando políticas familiares, el Estado reconoce sus límites estructurales y apuesta por facilitar y potenciar la vida familiar como esfera autónoma dentro del funcionamiento social.

No hablamos de un formato de familia sino del hecho nuclear fundante de la diversidad de familias, de ese universal antropológico que tiene que ver con el don, con el cuidado, con el apego, con un amor incondicional que no se contradice con la expectativa y educación de la reciprocidad, que no es intercambio. Ese núcleo duro relacional de la vida familiar y comunitaria no es propiedad de ningún partido o confesión ni privativo de ningún tipo de familia: es patrimonio de la humanidad. Es más, es, posiblemente, en última instancia, lo que define y construye la humanidad.

En Estado que hace política familiar podría ser visto entonces como un Estado que reconoce esa fuente de vida y que sabe que sólo puede producirse autónomamente en la esfera familiar y comunitaria. Un Estado que debe construir su derecho civil, su fiscalidad, su política de vivienda o sus servicios sociales pensando, entre otras cosas, en cómo preservar y fomentar la creación de ese valor añadido, de esos bienes relacionales, por parte de las personas en su construcción y despliegue familiar y comunitario. Claro que eso será, también, cuestión de dinero. Claro que habrá que debatir sobre valores y modelos familiares. Pero la política o el enfoque familiar y comunitario nos pide algo más radical y profundo: promover y proteger los bienes públicos de modo que se facilite y se potencie tanto como sea posible la producción y disfrute de los bienes relacionales.

(Pronto estará disponible la ponencia sobre política familiar preparada para las jornadas organizadas por el Ararteko, que desarrolla estas ideas.)

Consultoría en el acompañamiento a las políticas sociales y las organizaciones solidarias

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Cabe pensar en una práctica de la consultoría razonablemente independiente y reconocedora del pluralismo político e institucional que, a la vez, intente ser constructora de consensos y prácticas compartidas en una comunidad de aprendizaje en torno a unas determinadas áreas de acción y conocimiento; en nuestro caso, las que tienen que ver con las políticas sociales y las organizaciones solidarias.

Cabe pensar en una consultoría que toma como referencia y tarea la participación en una cierta red de personas y organizaciones con intereses y objetivos compartidos. Sería un tipo de consultoría complementaria y compatible con otras que no se sitúan en una comunidad sectorial, sino que atraviesan varias, quizá porque lo que pueden aportar es más universalmente aplicable, menos específico de un sector de actividad.

Cuando hablamos aquí de consultoría social, queremos hablar de consultoría para el diseño, construcción y evaluación de políticas sociales (que son políticas públicas) y también de apoyo a dinámicas sociales mediante las que relaciones comunitarias se transforman en organizaciones solidarias con significado e impacto económico y político. Una consultoría que, por nacer desde la práctica de la intervención y las políticas sociales, intenta realizarse, especialmente, en clave de acompañamiento recíproco, con cambio, desarrollo y empoderamiento de todas las partes participantes.

Quien hace esta  consultoría no está exactamente en la práctica cotidiana de los procesos operativos, de gestión o gobierno de la comunidad temática a la que dice pertenecer. Tampoco en los ámbitos académicos de referencia para dicho campo de actividad. Su papel sería quizá más intermedio e intermediario, uniendo ciencia y acción, contribuyendo quizá a la transparencia, trazabilidad, participación e inclusión de más personas y organizaciones en los procesos de mejora de las intervenciones y gestión del conocimiento.

Debiera caracterizarnos al hacer consultoría, en todo caso, el respeto por el terreno relacional, institucional y social que pisamos, al que accedemos, por invitación, como agentes externos y temporales. Debiéramos tener especial cuidado con los conflictos de interés y controlar nuestras agendas personales y profesionales. Y apostar siempre por una práctica basada en la evidencia cuyo horizonte ético se guíe por la autonomía, la inclusión y el bienestar de todas las personas.