¿Deben pasar a depender de Emakunde los Departamentos de Ginecología de Osakidetza?

Diversidad e igualdad

En pocas palabras: no.

No hay noticia de que nadie haya propuesto en ningún lugar que los Departamentos de Ginecología del sistema sanitario público pasen a depender del Instituto de la Mujer u organismo similar, dedicado a velar por la igualdad entre mujeres y hombres. Ello es así porque se diferencia correctamente entre el cometido y la organización de una política sectorial (la relacionada con la salud) y de una política transversal (la relacionada con la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres). Se aplica, en este caso, lo que se ha llamado mainstreaming de género. Sin embargo, las confusiones al respecto, en otros casos, son muy frecuentes.

En nuestro contexto las políticas sectoriales se caracterizarían por ser universales (para todas las personas) y por estructurar un conjunto propio de prestaciones y servicios que desembocan directamente en los individuos. Es lo que ocurriría en el caso de la sanidad, la educación o los servicios sociales, por poner tres ejemplos. Las políticas transversales no generarían, sin embargo, especiales estructuras propias de prestación de servicios sino que se apoyarían en las políticas sectoriales, velando por que éstas actúen adecuadamente en relación al fin que, en cada caso, corresponda. Políticas transversales serían, por ejemplo, la política familiar, la política de atención a la diversidad funcional o la ya mencionada política de igualdad entre mujeres y hombres.

Se diría que las políticas transversales existen porque las políticas sectoriales, por sí solas, no siempre garantizan suficientemente la consecución de determinados fines. Por eso existe, por ejemplo, la política de igualdad entre mujeres y hombres y por eso existen organismos que asumen dicha responsabilidad. Así, el Instituto de la Mujer (u organismo equivalente) se preocupa que en el ámbito educativo, en el ámbito del empleo y en el resto de ámbitos sectoriales se promueva la igualdad entre hombres y mujeres y que éstas no sean objeto de discriminación. Esto se hace, obviamente, influyendo en los ámbitos sectoriales pero no sacando a las mujeres de los servicios y ámbitos generales. Esto vale, también, para las mujeres víctimas de violencia machista que, lógicamente, resuelven algunas de sus necesidades en el ámbito sanitario, otras en el ámbito de los servicios sociales, otras en el ámbito de la seguridad ciudadana y así sucesivamente.

En ocasiones las personas con responsabilidades políticas o técnicas en políticas transversales no comprenden adecuadamente su naturaleza y compiten –en lugar de colaborar– con las políticas sectoriales, introduciendo confusión y retrocediendo en términos de igualdad y universalidad. En otros casos, son movimientos asociativos focalizados sobre determinados colectivos los que pueden estar contribuyendo a la deconstrucción de las políticas inclusivas y comunitarias. La política basada en la evidencia y el enfoque de derechos deben constituir espacios de encuentro y deliberación para que avancemos en nuestra capacidad de gestionar la diversidad en políticas e intervenciones en las que quepamos todas las personas.

¿Pero qué es la política social?

Palacio de la Moneda

Partimos del siguiente esquema, según el cual la vida social se diferencia en cuatro grandes subsistemas o esferas, en las cuales se gestionan los bienes que las personas necesitan para su bienestar:

Esfera

Bienes

Lógica

Comunidad

Relacionales

Reciprocidad

Estado

Públicos

Derecho

Mercado

Privados

Intercambio

Iniciativa social

Comunes

Solidaridad

Según esta mirada, las personas van a dar respuesta a algunas de sus necesidades mediante las relaciones comunitarias, es decir, mediante esas relaciones primarias que se mantienen en el seno de las familias, los vecindarios, los grupos de amistad o los entornos de convivencia. Llamamos bienes relacionales a ese patrimonio de vínculos y decimos que se rigen por la lógica de la reciprocidad, en buena medida a partir del don gratuito. Otros bienes se configuran como bienes comunes, en tanto en cuanto nos dotamos de alguna iniciativa social u organización solidaria para gestionarlos. Cuando encomendamos al Estado la gestión de un bien, lo convertimos en un bien público, en clave de derecho, mientras que, si lo intercambiamos en el mercado, se trata de un bien privado.

A partir de este esquema, una política pública es una estrategia explícita y un conjunto estructurado de procesos mediante los cuales el Estado articula su influencia en alguna parcela o dimensión de la vida social. Convencionalmente denominamos sociales a algunas de esas políticas públicas. El concepto de política social es muy paradójico, pero podría decirse que denominamos social a una política pública en la medida en que

  • Contribuye a la redistribución de recursos económicos, compensando el reparto tendencialmente no equitativo que se deriva de la dinámica de mercado.
  • Impulsa la igualdad de oportunidades, de trato o de resultados, ante la diversidad de capacidades presente en la sociedad.
  • Proporciona prestaciones que dan respuesta a una serie de necesidades sociales y aspiraciones legítimas de desarrollo humano, consideradas como derechos sociales universales.
  • Ofrece seguridad frente a determinadas contingencias o riesgos, que no se desean dejar a la suerte de cada individuo.
  • Genera capital humano, económicamente productivo.
  • Previene, palia o revierte situaciones de exclusión social.
  • Facilita la construcción de lazos relacionales, vínculos comunitarios o cohesión social.

Asumimos un concepto de política social que, como política pública, es consciente de sus límites y paradojas a la hora de afectar al conjunto del sistema social. Se trata de una política social que tiende a ser consciente de la complejidad y respetuosa con la autonomía de la vida social en la que quiere tener efectos y que buscará la mayor capacidad de autorregulación y corregulación política de los diferentes agentes. Por otra parte, como política que se llama social, recordando la filosofía gandhiana de que el fin está en los medios como el árbol en la semilla, buscará fines equitativos, inclusivos, relacionales y participativos con medios equitativos, inclusivos, relacionales y participativos. Estamos pensando en una política social que, paradójicamente, en tanto que política se sabe necesaria y que, en tanto que social, desearía serlo lo menos posible.

(En la foto, el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, iluminado en rosa en una campaña para la prevención del cáncer de mama.)