Benefits against poverty in the Basque Country

Income Guarantee

Currently, benefits are set at 88% above the minimum professional wage, although in 2012 they were cut by 7%, a reduction that will hopefully be recovered in the future once the economic situation improves. Depending on recipients’ housing requirements, the size of their family or other circumstances, the sum in question can be as high as 200% of the minimum wage. In this sense, the situation in the Basque Country is far superior to that of the majority of Spain’s other autonomous regions, and this has led to some criticism from certain sectors (employer organisations, for example) that claim they are too high and act as a disincentive for people to look for work. The coverage rate for all recipients (both direct recipients and users) per one thousand inhabitants is very high in the Basque Country (71) when in other regions it reaches figures as low as 2.89 in Extremadura or 3.17 in Murcia. In 2010, the Basque Country accounted for 42% of all expenditure in Spain related to these programmes, despite the fact that it had no more than 2.6% of the population estimated to be living in poverty.  Today, due to much greater cuts in other regions than the Basque Country, the data for the Basque Country are undoubtedly even more favourable, with data for 2012 indicating public expenditure on these programmes of over 432 million euros.

As regards the impact of these actions, we should highlight that, at least until the middle of 2012, the poverty rate remained similar to those recorded during earlier years characterised by a much higher level of economic growth in the region. Moreover, this rate is clearly lower than that recorded from 1986-1996 (the period prior to the economic crisis and recession). Largely thanks to its protection system, the situation in the Basque Country is clearly different from that of the rest of Spain, even when we take into account other areas of comparable economic development, such as Catalonia. Unlike this last region, which currently has comparatively high poverty rates within the European context, the Basque Country is at the other extreme, and is counted among those regions with the lowest risk of poverty.

Furthermore, and as stated earlier, the unemployment rate is not as serious in the Basque Country as it is in Spain as a whole. However, this was not the case in 1988, prior to the establishment of the income guarantee policy, when the Basque Country’s unemployment rate was “2.7% higher than the Spanish mean, 3.7% higher than in Catalonia and 6.7% higher than in Madrid”. Again this could indicate that the minimum guaranteed income policy has had some influence.

Currently, nearly 60,000 households receive benefits and income support. Nevertheless, the latest change to the law (2011) established stricter access criteria (as the result of a proposal by the Popular Party, accepted by the Socialist Party). The main difference is that while previously, recipients were only obliged to have been registered with a town council for one year before applying for benefits, they are now required to have been on the register for three years and to prove actual residence (although not legal residence).

Read the whole article here.

Una arquitectura para las políticas sociales

Pompidou

Una de las aportaciones del artículo “Construyendo una agenda en políticas sociales” (publicado recientemente en la revista Documentación Social) y de un libro cuya publicación está prevista en unos meses es la de proponer una arquitectura para las políticas sociales que diferencia entre políticas sectoriales, transversales e intersectoriales. Cuando no se distinguen y relacionan adecuadamente las diferentes políticas públicas, aparecen conflictos e ineficiencias que perjudican a la ciudadanía.

Se propone la identificación de seis grandes políticas sectoriales, cada una de las cuales se ocupa de la protección y promoción de un bien que, en principio, es de interés para los individuos, para todas las personas. Estas seis grandes políticas sectoriales se formulan de la siguiente manera:

  • La política sanitaria se ocupa de la salud.
  • La política educativa se encarga del aprendizaje.
  • La política de servicios sociales se hace cargo de la interacción (autonomía funcional e integración relacional).
  • La política laboral se interesa por el empleo.
  • La política de vivienda se preocupa del alojamiento.
  • La política de garantía de ingresos busca la subsistencia.

A continuación proponemos la estructuración de cuatro grandes políticas transversales, entendiendo por tales aquellas que, más que generar estructuras propias, se apoyan en las de las políticas sectoriales. Nos referimos a las siguientes:

  • Políticas de igualdad y atención a la diversidad (sexual, generacional, funcional y cultural).
  • Política familiar.
  • Política comunitaria.
  • Política de fomento de la iniciativa social.

Si nos fijamos, en cada una de las cuatro grandes políticas transversales, el punto de mira está en uno de los siguientes grandes agentes del bienestar: el individuo, la familia, la comunidad y el tercer sector. En esto ya estamos proponiendo algunas variaciones frente a lo recogido en el artículo. Por último tenemos las políticas intersectoriales, como, por ejemplo, la política sociosanitaria. Hemos comparado las políticas sectoriales con pilares, las políticas transversales con vigas y las políticas intersectoriales con riostras.

Pinchando aquí puede descargarse el artículo mencionado (24 páginas), en el que se lanza una invitación abierta a hacer aportaciones que puedan nutrir el futuro libro.

Los desafíos de la sociedad envejecida

Pirámide

El alargamiento de la esperanza de vida de las personas y la configuración de familias, comunidades y sociedades en las que hay una mayor proporción de personas mayores es, a nuestro entender, un logro social impresionante (…). Ahora bien, como cualquier logro individual o colectivo, éste que venimos presentando nos trae nuevos problemas, nos presenta nuevos desafíos. El problema, fundamentalmente, consistiría en que la sociedad envejecida se escore hacia la protección y promoción del bienestar de las personas mayores actuales y perjudique, comparativamente, a otros grupos de edad, socavando la solidaridad intergeneracional y la sostenibilidad social. Desde el punto de vista de algunas personas expertas, es lo que estaría pasando en este momento en alguna medida en nuestro Estado de bienestar, por ejemplo, en España, y es lo que explicaría en parte la baja natalidad comparativa de nuestro país (…).

Por otra parte, ese Estado de bienestar, algunos de cuyos pilares (singularmente las pensiones y la sanidad) sirven, especialmente, a las personas mayores, aparece, paradójicamente, como crecientemente obsoleto ante esa sociedad envejecida que hemos dibujado. Y ello es así, fundamentalmente, porque el modelo tradicional de cuidados ha entrado en crisis (por la disminución de la natalidad, por el incremento del número de personas con limitaciones funcionales, por la creciente incorporación de mujeres al empleo remunerado sin correspondiente incorporación de varones a los cuidados familiares y comunitarios, por otros procesos de movilidad e individualización social…). La respuesta a esta crisis del modelo tradicional de cuidados pasa, a nuestro entender, por desarrollar el sector (y, en particular el sistema público) de los servicios sociales (…).

Se trataría de apostar por unos servicios sociales (y, en conjunto, unas políticas sociales: sanitaria, de vivienda, de garantía de ingresos) de enfoque familiar y comunitario, es decir, no tanto pensados para una pretendida sustitución o compensación (por ejemplo económica) de los apoyos y cuidados familiares y comunitarios sino más bien para potenciarlos y complementarlos (…). Avanzando en la construcción de una sociedad que sería cada vez más amigable para con las personas mayores y, a la vez, más capaz de gestionar la diversidad y las relaciones intergeneracionales (y también interculturales, pues no debemos olvidar el papel fundamental de muchas mujeres inmigrantes en los cuidados y las condiciones laborales y vitales manifiestamente mejorables en las que lo ejercen) en el ámbito familiar, laboral, comunitario (…).

Quizá la generación que, con su trabajo productivo y reproductivo y su participación sindical y política, protagonizó en buena medida la construcción de nuestro Estado de bienestar pueda ahora, en diálogo con las otras generaciones, alumbrar nuevas experiencias y modelos de solidaridad y bienestar que, profundizando en valores como la igualdad, la equidad, la protección y la seguridad, se fortalezcan en humanidad, sobriedad, participación y sostenibilidad. En última instancia el desafío final de la sociedad envejecida quizá sea el desafío de repensarnos como sociedad, de reconocer nuestra consustancial condición vulnerable, social, temporal e histórica, nuestra condición de seres en proceso compartido, embebidos en un mundo común.

Fragmentos del artículo “Radiografía de la sociedad envejecida” que se puede descargar aquí.

Eskubide sozialak eta haien prestazio-izaera eta izaera erlazionala

Legebiltzarra

Paralelismo bat egin liteke, eta premia sozial deitu eskubide sozialei dagozkien haiei. Premia sozialei buruz hitz egiten dugunean, bide batez, ez da esan nahi premia horiek ez direnik banakoarenak, zeren eta azken batean, gure ustez, premiak dituena (eta eskubideak) banakoa baino ez baita. Esan nahi duguna da, ziur asko, premia horiei eman beharreko erantzunean, modu bereziren batean, kolektibitateak, gizarteak, zeresana eta zeregina duela. Antzeko planteamendua egin da arrisku sozial deritzenak definitzeko.

Esan liteke giza eskubideen marko orokorrean erreferentziazko balio garrantzitsuenetako bat berdintasuna dela (aukera-berdintasuna, tratu- eta emaitza-berdintasuna eta, horrenbestez, bereizkeria eza eta inklusioa). Balorazio-marko horren barruan, giza eskubide guztientzat komuna dena, giza eskubideek testuinguru sozial jakin batean elkarri ematen dizkiogun baliabide eta atentzioen existentzia azpimarratuko lukete, testuinguru sozial horretan (joeraz globala dena) bereziki babestu beharrekoak elkarrekiko harreman horren baitan, zeinaren bidez izaten, eraikitzen, kohesionatzen eta egituratzen baikara kolektibitate gisa, gizarte gisa.

Esan genezake hizpide ditugun eskubide sozial, premia sozial, arrisku sozial horiek korrelatu hauek dituztela gurea bezalako testuinguru batean eta gaur egungo egoeran: babes soziala, politika soziala edota ongizatearen (sozialaren) aldeko jarduna. Politika sozialaz, ongizate sozialaz edo babes sozialaz hitz egiten dugunean, burura datozkigun jarduerak testuinguru sozial jakin batean, konbentzionalki, bereziki babestu beharrekotzat jotzen ditugu, eta kolektibitate bateko kideentzako baliotsutzat. Aurretik esan bezala: kolektibitateak, gizarteak, jarduera horietan zeresana eta zeregina dauka, hain zuzen. Gurea bezalako merkatu-gizarteetan, erabakitzen dugu, kolektiboki, hein batean bederen, premia eta jarduera horiek merkatuaren jardunbidearen esku ez uztea. Horregatik hitz egin behar dugu desmerkantilizazioaz. Zenbait pare izango genituzke, beraz: alde batetik, premia sozialak edo ondasun babesgarriak, eta bestetik, horietako bakoitzarekin lotutako prestazioak (baliabideak edo zerbitzuak):

  • Osasuna/osasungintza.
  • Ikastea/hezkuntza.
  • Interakzioa/zerbitzu sozialak.
  • Enplegua/lan-politika.
  • Bizitokia/etxebizitza.
  • Bizirautea/diru-sarreren bermea.

Politika sozialaren ikuspegi eta analisi batzuetan, ondasun horien dimentsio erlazionala azpimarratzen da; hau da, ondasun horiek baliatzen dituen pertsonak koekoitzi ere egin behar dituela nolabait. Ideia interesgarria da, zeren eta erreparatzen badiegu premia sozial izendatu ditugunei eta eskubide sozialei eta, orobat, politika sozialen bidez babestu beharreko ondasunei, ez da posible, oro har, pertsona batek haiek baliatzea haien ekoizpenean parte hartu gabe. Politika eta arreta sanitarioak babesten duten osasuna ezin da gauzatu, hobetu edo mantendu –ez eta hezkuntza-politikak eta hezkuntzako esku-hartzeak bultzatzen duten ikaskuntza ere– eskubidearen jabe den pertsonak ondasun horiek babesten parte hartzen ez badu. Eta beste hainbeste gertatzen gainerako ondasun guztiekin.

Debatiendo sobre inclusión

Manos 2

En una conversación mantenida anteriormente en este blog dejábamos pendiente volver sobre la cuestión de la inclusión social (que comprendería la inclusión laboral, la inclusión económica, la inclusión relacional y otras). En nuestro entorno, con frecuencia, el debate al respecto surge en referencia a la decisión tomada recientemente de sacar el grueso de la gestión de las prestaciones económicas de garantía de ingresos de los servicios sociales y encomendársela a los servicios de empleo. El asunto es muy complejo para despacharlo en una entrada de blog, pero intentaremos hacer algunas reflexiones, abiertas a continuar el debate.

Desde mi punto de vista, la decisión mencionada tenía que ver con la sobrecarga que suponía para los servicios sociales la gestión de dichas prestaciones económicas. Sobrecarga derivada de la fragilidad de nuestro sistema público de servicios sociales y de los retos crecientes que éste tenía en su cometido específico que es, a mi entender, ocuparse de la interacción de las personas, esto es, de su autonomía funcional e integración relacional (o comunitaria). No desconozco que había otras justificaciones (complementarias y razonables) para dicha decisión: la oportunidad de mejorar la gestión de las prestaciones en el nuevo servicio vasco de empleo unificado, la potenciación de las sinergias entre garantía de ingresos e inclusión laboral…

A día de hoy, según mi percepción, predominan las valoraciones negativas acerca de la citada decisión y sus consecuencias. Muchas de ellas basadas en datos y argumentos sólidos, sin duda. Se desliza, sin embargo, en ocasiones, una idea que quisiera cuestionar. La idea de que la inclusión social corresponde a los servicios sociales o, al menos, que éstos han de estar antes, por delante o por encima de otros en los procesos de inclusión social. Entiendo que no es así. Los servicios sociales se pueden ocupar de la inclusión relacional o comunitaria y los servicios de empleo de la inclusión laboral, mientras que la inclusión económica mediante la garantía de ingresos mínimos puede organizarse de diferentes maneras (dado que no parece aconsejable, hoy y aquí, crear una estructura específica para su gestión). Todas ellas juntas, junto con la inclusión educativa, sanitaria y residencial pueden dar como resultante la inclusión social, que es un proceso muy complejo con una gran dimensión estructural.

Podemos debatir sobre la política de inclusión social y sobre la manera de organizarla apoyándonos en los diferentes ámbitos sectoriales. Debemos discutir sobre ulteriores mejoras o replanteamientos en el diseño y la gestión de nuestras prestaciones económicas de garantía de ingresos. Pero, a mi entender, sin perder de vista que cada sistema de servicios (sanitario, de servicios sociales, de empleo, educativo…) tiene su parte específica de contribución al objetivo común de la inclusión social, ante la cual no hay un sistema más responsable que el otro. La gestión de las diferentes prestaciones económicas de garantía de ingresos se puede diseñar, repartir y mejorar de muchas maneras, a mi juicio, siempre y cuando no olvidemos ese principio.

Lo comunitario, lo público, lo solidario y lo privado en políticas sociales

Asumiendo la clasificación de las cuatro esferas y los cuatro tipos de agentes (públicos, mercantiles, solidarios y comunitarios, con los tipos de bienes de los que se ocupa cada uno y las lógicas o formas de relación correspondientes) y entendiendo a las personas destinatarias de una política dentro de los comunitarios, vamos a identificar catorce papeles que pueden repartirse de una u otra manera en un hipotético servicio o intervención (unidad de actividad) en el marco de una política social. Serían, los siguientes:

  1. Garantía de la satisfacción de la necesidad a la que responde el servicio o la intervención.
  2. Regulación del servicio o la intervención.
  3. Planificación, seguimiento y control del servicio o la intervención.
  4. Titularidad del servicio o la intervención.
  5. Gestión del servicio o la intervención (incluida la gestión del conocimiento necesario).
  6. Prescripción de la prestación del servicio o realización de la intervención.
  7. Decisión de la recepción de la prestación o intervención.
  8. Prestación del servicio o realización de la intervención.
  9. Propiedad de las infraestructuras.
  10. Relación con las personas trabajadoras.
  11. Relación con las personas usuarias (diferente de la propia de la prestación del servicio o realización de la intervención).
  12. Financiación.
  13. Provisión de productos o prestación de servicios auxiliares.
  14. Imagen del servicio o la intervención.

Esfera

Bienes

Lógica

Comunidad

Relacionales

Reciprocidad

Estado

Públicos

Derecho

Mercado

Privados

Intercambio

Iniciativa social

Comunes

Solidaridad

El pensamiento estratégico nos ofrece conocimiento para la toma de decisiones en relación con el grado de integración vertical (asunción por parte del mismo agente de esos diferentes papeles mencionados entendidos como eslabones de una cadena de valor) que contribuye a disminuir los costes de transacción o la conveniencia de poner los huevos en diferentes cestas, con el fin de que diferentes agentes representen distintos intereses (tengan distintos incentivos) o se especialicen en diferentes labores (zapatero a tus zapatos), maximizando el valor agregado final resultante.

En el caso especifico de los servicios sociales, por sus características específicas y por su contexto y trayectoria histórica, parecería conveniente, hoy y aquí:

  • Apostar por una mayor centralidad del sector de los servicios sociales y por el incremento de su valor social, técnico, laboral y económico añadido en el seno de las estrategias de desarrollo territorial, estrategias de país, lideradas por los poderes públicos.
  • Reforzar notablemente el papel de la esfera pública en lo tocante a la garantía de derechos, planificación y evaluación del sistema y financiación de la actividad.
  • Profundizar en procedimientos de prescripción y prestación de servicios en los que se refuerce la autonomía y posibilidad de elección y control por parte de la persona usuarias.
  • Potenciar la capacidad innovadora e intersectorial de la iniciativa social gestora de bienes comunes, en equilibrio con su papel en la concertación de servicios sociales estandarizados de responsabilidad pública.