Qué conocimiento para qué intervención social

Humberto Maturana y Francisco Varela afirman que “no prestar atención a que todo conocer es un hacer, no ver la identidad entre acción y conocimiento, no ver que todo acto humano, al traer un mundo a la mano, en el lenguaje, tiene un carácter ético porque tiene lugar en el dominio social, es igual a no permitirse ver que las manzanas caen hacia abajo”. Así nos ayudan a ver la dimensión ética y política del conocimiento, al compromiso que supone saber o no saber. Y nos empujan a preguntarnos por el tipo de conocimiento que resultará fértil en la intervención social.

Cabe decir, por ejemplo, que será un conocimiento híbrido y mestizo, lo que se justifica, de modo particular, por el hecho de que la viabilidad exitosa de la intervención social en sus procesos de diseño, implementación, gestión y evaluación depende en buena medida de su capacidad de articular lógicas muy diversas que, frecuentemente, empujan en sentidos contrapuestos: autonomía y prescripción, eficiencia e impacto, derechos y diversidad, persona y comunidad… Seguramente esto ocurre en cualquier campo de actividad que se enfrente a la complejidad de lo humano y lo social.

Y este carácter híbrido y mestizo del conocimiento en intervención social (como en otros campos) tiene que ver también con disciplinas, con métodos, con teorías y con áreas de interés diversas y diferentes en su grado de amplitud o especialización. Necesitamos aportaciones del trabajo o la educación social, del derecho, de la sociología, de la pedagogía, de las ciencias de la salud, de la ciencia de la administración o de la gestión, de la economía, de la psicología, la historia, la filosofía, la geografía, la estadística, de la ciencia política… Daniel Innerarity se refiere a los: “aprendizajes de segundo orden” o “reflexivos”. Se trata de aquellas transformaciones que cuestionan los criterios, los paradigmas y los marcos. Y constata que “las mayores innovaciones se producen en espacios híbridos de reflexión y acción”.

Donald Schön afirma que “el dilema del rigor o la relevancia puede ser resuelto si podemos desarrollar una epistemología de la práctica que sitúe la resolución técnica del problema dentro del contexto más amplio de una indagación reflexiva, muestre cómo la reflexión desde la acción puede ser rigurosa por propio derecho, y vincule el arte de la práctica, en la  incertidumbre y el carácter único, con el arte de la investigación del científico”. La responsabilidad para con la ciudadanía nos debe llevar a fortalecer redes de conocimiento que, necesariamente, habrán de atravesar las paredes de las universidades, de las organizaciones, de las administraciones, de los institutos de investigación…

Evidence based interventions

Hemos de enfocarnos en mayor medida hacia una intervención social basada en la evidencia; defender social y políticamente el rechazo a políticas y programas que no demuestren su eficiencia e impacto; denunciar las versiones obsoletas y los sucedáneos asistencialistas de la intervención social; construir cada día nuestra capacidad como agentes de la intervención social comprometidos con la construcción y la gestión del conocimiento.

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Una intervención social universal, relacional y estructural

La intervención social, históricamente, se ha pensado y realizado en muchas ocasiones con personas en tanto que pertenecientes (o supuestamente pertenecientes) a segmentos o colectivos poblacionales en riesgo o situación de discriminación o exclusión social. Sin embargo, en su evolución, progresivamente, ha ido comprendiendo que las claves de intervención con dichas poblaciones (supuestamente especiales y diferentes entre sí) eran las mismas y que eran, en realidad, valiosas y útiles para todo el mundo. Todas podemos participar y beneficiarnos de proyectos y procesos de intervención social.

Intervención social

Sí, porque lo que busca la intervención social es, fundamentalmente, apoyar, acompañar y potenciar nuestra autonomía como personas y, a la vez, reforzar nuestro capital relacional, es decir, el patrimonio de vínculos con los que contamos y en los que podemos confiar razonablemente como fuente de apoyo, cuidado, orientación, afecto… Autonomía personal y capital relacional son las dos caras de una misma moneda. La apertura a la diversidad entre las personas y la búsqueda de la cooperación solidaria se pueden potenciar mutuamente.

La intervención social, por otra parte, ha aprendido hace tiempo que ese equilibrio y sinergia entre la autonomía personal y la integración relacional no puede vivirse y construirse en el espacio microsocial si no es en el contexto de un Estado democrático en el que se ejerza la ciudadanía social. En el espacio macrosocial las dos caras de la moneda se llaman, posiblemente, virtud republicana y garantía de derechos.

Así pues, la intervención social que busca la proximidad y el acompañamiento en los procesos de inclusión social de las personas de carne y hueso en sus vidas cotidianas y en las redes comunitarias necesita de las estructuras y espacios públicos que garantizan derechos universales a todas las personas. Capital relacional y ciudadanía social se necesitan mutuamente, se buscan, se encuentran, se potencian entre sí, si los agentes de la intervención social tenemos una mirada suficientemente abarcadora y hacemos diagnósticos y propuestas (basadas en la evidencia y el conocimiento) conscientes de la dimensión cívica y, finalmente, estructural de la intervención social.

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Health and Social Care and innovation: the way ahead

Health-and-Social-Care

The health and social care and innovation strategies emerge in the context of a remarkable increase in the number and types of social and health care needs in many countries of the world. By ‘social and health care needs’ we mean the convergence of health care and social care prevention, assistance or intervention needs of individuals in long-lasting, strong, close or connected ways in situations like ageing, disability, chronic disease or dependency.

Social and health care and innovation must be oriented toward individuals and their health, autonomy, coexistence and wellbeing. The social and health care approach assumes that response systems (social and health care services) should be flexible and versatile enough to focus on individuals all the time, adapting responses to needs rather than people to structures. This should be done while taking into account the fact that structures are essential and must be strengthened and developed, and that they are still asymmetrical (health care systems are currently much more developed than social services in European most countries).

We must, also, embrace the community model, understood as the model strengthening relational ties and citizen participation in response to people’s needs, and the promotion and protection of people’s health, integration, autonomy and wellbeing in their usual geographical and social environments (without getting out of our own house and neighborhood, if possible). That means to be committed to social and health care and innovation in disability, ageing, depending or chronic disease situations enhancing the responsibilities and roles of the people involved or affected by these situations, their families and informal networks.

Public institutions must promote social investment towards the synergy between technological innovation (knowledge-based innovation in standardised ways of doing things) and social innovation (improvements in social structure and dynamics with an impact on collective wellbeing). We need a strong political and public leadership in order to reinforce and reinvent our welfare state and social and health care and innovation strategy must be at the heart of this leadership.

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Sector voluntario, bienes comunes e innovación social

benicomuni

Si tiene sentido hablar de un sector voluntario como entramado de organizaciones socialmente relevante y diferenciado del sector público y del sector privado convencional o mercantil es porque aceptamos que dichas organizaciones se distinguen por el tipo de bienes de cuya gestión se hacen cargo.

En la medida en que una decisión política legítima sustrae una serie de bienes del juego del mercado y encomienda su promoción y protección a los poderes públicos, esos bienes no se consideran ya privados (mercancía) sino públicos (derechos). Habría otro tipo de bienes, los bienes relacionales, que no pueden ser reclamados como derechos ni comprados en el mercado, sino tan sólo coproducidos en el seno de relaciones familiares y, en general, comunitarias. Se trata de un patrimonio de afectos cálidos, expectativas confiadas, apoyos gratuitos y vínculos recíprocos que, sin duda, resultan fundamentales para la calidad y el sentido de nuestra vida, como seres radicalmente vulnerables y necesitados de cuidado que somos.

En nuestro mundo, sin embargo, emerge con fuerza un sentimiento y pensamiento compartido por muchas personas acerca de la necesidad de los bienes comunes como fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Se trataría de activos tangibles o intangibles que pertenecerían a toda la colectividad pero cuya gestión, en alguna medida, no queremos o no podemos encomendar al Estado. En ese momento, las organizaciones voluntarias, las mutualidades participativas, los movimientos asociativos, las fundaciones altruistas o las cooperativas solidarias aparecen como el instrumento que nos permite hacernos cargo de la gestión de esos bienes.

El sector voluntario, gestor de bienes comunes, sería entonces un espacio de hibridación de lógicas y emergencia de una nueva y mayor capacidad de la sociedad para lograr su sostenibilidad social. Para ello debe hundir sus raíces en las relaciones comunitarias y alimentarlas; colaborar críticamente con el sector público en procesos de desmercantilización y aumento de la equidad; y generar actividades económicamente sostenibles que, mediante trabajo voluntario y empleo de calidad, den respuesta a un buen número de necesidades de las personas.

Si aceptamos estas premisas, la prueba del nueve del cumplimiento de su misión por parte de las organizaciones voluntarias no puede ser otra que una verdadera y radical dinámica de innovación social que les permita ofrecer fórmulas eficaces para la gestión participativa de bienes comunes, maneras sostenibles de ensanchar ese espacio común, que frecuentemente se achica ante nuestra mirada impotente. Esto es lo que ha hecho siempre y sigue haciendo hoy en día la genuina e imprescindible iniciativa social.

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Estrategia comunitaria en las organizaciones de intervención social

Redes

El enfoque comunitario en la intervención y políticas sociales es aquel que apuesta por visibilizar y potenciar los efectos sinérgicos que la intervención formalizada de las organizaciones de bienestar pueden tener en (o con) las relaciones, vínculos y redes de carácter familiar, vecinal, amistoso… Asume la existencia de un universal antropológico en virtud del cual la vulnerabilidad humana llama, en primera instancia, a un cuidado o apoyo por parte de otras personas que no se produzca en el seno de un intercambio mercantil o prestación profesional.

Las y los profesionales que incorporan a su práctica el enfoque comunitario aprenderían a lograr, con las personas destinatarias de su intervención, resultados e impactos más potentes y duraderos en la medida en que los consiguen en y con el entorno relacional cotidiano de las personas. La autoorganización y autogestión de las personas en y a partir de sus redes familiares y, en general, comunitarias es una de las consecuencias (deseadas) de la aplicación del enfoque comunitario en la intervención y políticas sociales.

El enfoque comunitario afecta a los tres planos presentes en las organizaciones de bienestar: el nivel de la intervención, el nivel de la gestión y el nivel del gobierno de la organización. Supone ver la organización como un entrecruzamiento de relaciones entre agentes que tiene sentido cuando añade valor a ese sistema más amplio del que forma parte. El enfoque comunitario nos lleva a un trabajo en red, a una coordinación y a una integración intersectorial entre las diferentes políticas y servicios de bienestar (sanitarios, sociales, de vivienda, educativos, de empleo…) en torno a la persona en su entorno, apoyándose en ocasiones en métodos y sistemas de gestión de casos. El enfoque comunitario incorpora nuevas exigencias y retos para los poderes públicos a la hora de cumplir su función inexcusable de garantizar los derechos sociales a todas las personas.

Nos atrevemos a decir que las organizaciones del tercer sector de acción social, si quieren sentido y sostenibilidad estratégica, habrían de desembarazarse del abrazo del oso del Estado y de la atracción fatal del mercado, recuperando sus raíces relacionales y comunitarias y orientándose decididamente a su función de gestoras de bienes comunes. Una organización de bienestar no puede ser comunitaria hacia fuera y no comunitaria hacia dentro.

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