El debate sobre la atención a las personas en situación de dependencia se ve dificultado, a mi juicio, por algunos malentendidos o desenfoques al respecto, malentendidos y desenfoques que el debate, aprobación, desarrollo y aplicación de la llamada ley de dependencia no siempre ha contribuido a corregir. Siendo lo realmente grave la desinversión pública que se está produciendo en materia de atención a la dependencia, no me parece, en todo caso, baladí hacer una pequeña reflexión buscando claridad terminológica y, en definitiva, intentando mejorar el abordaje conceptual del asunto.

En el debate público sobre cuestiones de bienestar, normalmente, cuando se habla de dependencia nos estamos refiriendo a un tipo de dependencia, la dependencia funcional, aunque es evidente que existen otros tipos. Hablamos de dependencia funcional cuando la necesidad de ayuda externa para desenvolverse en la vida cotidiana que tiene una persona es relativamente importante. Existen muchas situaciones de limitación funcional (que puede ser motriz, cognitiva, sensorial…) y necesidad de apoyo que, por su carácter temporal, por su envergadura o por otras razones no llegan a ser consideradas nunca como situaciones de dependencia funcional.

Ahora bien, me parece relevante entender que, más allá de las que técnica o administrativamente podamos identificar como situaciones de dependencia funcional, las limitaciones funcionales y las necesidades de apoyo para el desenvolvimiento cotidiano forman parte de la vida de todas las personas. Con seguridad desde que nacemos hasta unos cuanto años después y muy probablemente también en otros momentos o períodos de nuestra vida.

A mi entender es fundamental señalar que esa necesidad de cuidado llama, inicialmente, a las personas con las que tenemos un vínculo relacional (en primera instancia familiar; en general, comunitario). Ello es lo que denominaríamos un universal antropológico. Que las personas nos cuidemos y apoyemos unas a otras en el seno de relaciones familiares y comunitarias (no regidas por la lógica del intercambio mercantil o la de la obligación profesional) es, en sí mismo, un bien protegible, una realidad social a promover, un vínculo valioso para cada persona y para el conjunto de la sociedad. Existen aspectos o dimensiones de nuestra necesidad de recibir cuidados y apoyos (relacionadas con la intimidad o los valores, por ejemplo) que las hacen especialmente apropiadas para ser abordadas en el marco de relaciones con el componente de compromiso y confianza propio, en principio, de las relaciones familiares y comunitarias.

He propuesto que el ajuste dinámico entre autonomía funcional e integración relacional (podríamos hablar de “interacción humana” o “autonomía en convivencia”) pueda ser identificado como el bien que protegen o promueven los servicios sociales. Esto tiene consecuencias que pueden ser controvertidas, puesto que no es lo mismo entender que el objeto es la autonomía (y dependencia) funcional como tal que considerar que la finalidad de los servicios sociales tiene que ver más precisamente con el ajuste entre autonomía e integración, es decir, entre dependencia funcional y soporte relacional.

A mi modo de ver este planteamiento vale para todas las edades, pues en todas ellas ha de buscarse el óptimo de autonomía funcional e integración relacional. Y supone no ver la relación entre cuidado familiar y cuidado profesional como un juego de suma cero sino como un juego de suma positiva en el que ambos tienen su sitio específico y ambos pueden y deben ser sinérgicos en la medida de lo posible.

Nuevos documentos en Intervención y servicios sociales (tanto en Documentos propios como en Otros documentos).