Tutela: servicios sociales e iniciativa social

Tutelares

Proponemos asociar el concepto de iniciativa social con el de bienes comunes. Cabría entender los bienes comunes como bienes compartidos más allá los límites de una familia o comunidad primaria, cuya protección o promoción no se asume por parte de los aparatos del Estado, pero que necesitan y obtienen atención y gestión por parte de alguna instancia formalmente organizada y no se someten a intercambios de mercado. El esquema de referencia sería el siguiente:

Esfera Bienes Lógica
Comunidad Relacionales Reciprocidad
Estado Públicos Derecho
Mercado Privados Intercambio
Iniciativa social Comunes Solidaridad

Entendemos la tutela como representación legal de personas que han visto (o están en proceso de llegar a ver) modificada su capacidad jurídica por sentencia judicial. La tutela pone especial énfasis en la promoción y protección de los derechos y patrimonios de las personas para algunos actos, en los que serían representadas o, en su caso, asistidas de forma permanente o temporal.

A la hora de abordar la cuestión de la tutela cabe partir de dos afirmaciones:

  • Lo deseable, en principio es que la tutela pueda ser gestionada como un bien relacional, es decir, que sea bien ejercida por una persona física con vínculo primario (familiar o comunitario) deseado y significativo.
  • En cualquier caso, la tutela debe poder ser gestionada en última instancia como un bien público, es decir, ejercida responsablemente por una institución pública y, específicamente, por parte del sistema público de servicios sociales, como derecho subjetivo y parte de la cartera pública.

(Entendemos que, entre los ámbitos sectoriales correspondientes a las diferentes políticas públicas, el de los servicios sociales es el más apropiado para asumir (el servicio de) la tutela, si entendemos que el objeto de los servicios sociales es la interacción de las personas, es decir, su autonomía funcional e integración comunitaria.)

La iniciativa social estaría llamada, en primera instancia (mediante la gestión de bienes comunes), a promover, facilitar y apoyar relaciones primarias de tutela y a ejercerla subsidiariamente (con sus propios recursos). Por otra parte, para una entidad tutelar es clave su independencia frente a los prestadores de servicio (por tanto frente a las instituciones públicas también).

No obstante, también podría entenderse que las entidades de iniciativa social pueden añadir valor mediante acuerdos de colaboración con las instituciones públicas en virtud de los cuales éstas brindan financiación y las entidades asumen la tutela, ofreciendo también otros apoyos especialmente sinérgicos (como orientación, acompañamiento social, gestión de caso, asesoramiento jurídico o intervención familiar). Podría caber también la colaboración de entidades de iniciativa social especializadas en tutela como apoyo a los servicios públicos de tutela.

En este contexto las entidades tutelares han de construir una estrategia en la que simultáneamente:

  • Consigan la independencia y fortaleza suficientes como para conseguir cabalmente que el mayor número de tutelas puedan ser gestionadas como bienes relacionales o, en su defecto, como bienes comunes.
  • Promuevan un sistema público de servicios sociales garantista y completo (es decir, también con servicios públicos de tutela de calidad).
  • Impulsen, en clave de innovación social, la colaboración con las instituciones públicas (incluyendo el apoyo económico público).

Sea como fuere, el de la tutela es un asunto clave para la promoción y salvaguarda de la dignidad, derechos y desarrollo de personas en situación de especial vulnerabilidad y, por ello, para la dignidad, bienestar y desarrollo de cualquier comunidad sostenible, sociedad democrática y Estado de derecho.

(Notas, abiertas al debate, para una sesión en la Asociación Española de Fundaciones Tutelares el 29 de febrero de 2016.)