Nuestra RGI, llena de futuro

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Nuestra Renta de Garantía de Ingresos y, en general, la política vasca de garantía de ingresos ha constituido una iniciativa pionera y, en algunos aspectos, excepcional en un contexto español en el que ha llamado y sigue llamando poderosamente la atención el limitado compromiso de la Administración central en lo que tiene que ver con la puesta a disposición de la ciudadanía de unas rentas mínimas que hagan posible, en cualquier caso, nuestra subsistencia material. Aproximadamente la mitad de la inversión social en rentas mínimas que hacen las comunidades autónomas españolas es la del País Vasco.

Como han puesto de manifiesto trabajos de colegas como, por ejemplo, Luis Sanzo, Itziar Barrenkua, Joseba Zalakain, Arantza Orbegozo o Xabier Aierdi, nuestra Renta de Garantía de Ingresos tiene importantes aciertos de diseño (como, por ejemplo, los estímulos al empleo, el complemento de pensiones o su carácter de derecho subjetivo y partida ampliable) y un impacto notable en la superación de la pobreza (80.000 personas salen de la pobreza gracias a ella) y, en todo caso, en su mitigación. Hay pocas dudas acerca del papel determinante de la RGI en el mejor comportamiento del empleo y la economía vasca (comparándola con el resto de la española) en la última crisis económica.

El éxito de nuestra RGI, como sucede con todas las políticas públicas que funcionan, acarrea nuevos retos y exigencias de innovación que, en este caso, son fundamentalmente tres: En primer lugar, el perfeccionamiento en términos de alcance, universalidad y equidad, de modo que, por ejemplo, la RGI sea todavía más potente frente a la pobreza infantil, prioridad política de primer orden. En segundo lugar, que se gestione cada vez con más agilidad, de modo que sea mucho más fluida la entrada y la salida del programa (como demanda la dinámica laboral actual). Y, en tercer lugar, que se pueda mejorar la labor de activación que realizan los servicios de empleo y los servicios sociales para ayudarnos a las personas en nuestros itinerarios hacia la interacción comunitaria y el empleo remunerado (con la consiguiente reducción, en su caso, de los períodos en los que se necesita cobrar la RGI).

Posiblemente estos tres retos nos conducen, como en otros países, a una progresiva integración de la RGI en el sistema fiscal (como un impuesto negativo) de modo que nuestras Haciendas Forales vayan convirtiéndose en el sistema inteligente ante el que nos retratamos todas las personas, bien para pagar impuestos cuando nuestros ingresos así lo justifican o bien para recibir prestaciones en caso contrario. Esta conseguible reorganización y eficiencia administrativa, a la vez, permitirá a los servicios de empleo y a los servicios sociales concentrarse y especializarse en el acompañamiento profesional y la labor promotora que les permitirá ayudarnos a más personas a mejorar nuestra autonomía y competencias y contribuir a construir entornos comunitarios y laborales más inclusivos.

En cualquier caso, sean estos u otros los pasos que vayamos dando en el futuro de nuestra RGI y sean unos u otros los ritmos de mejora e innovación, como siempre nos dice Luis Sanzo, es fundamental no perder la conciencia acerca del valioso patrimonio político, económico, social y moral que la RGI representa en nuestra sociedad en lo tocante a su compromiso colectivo y compartido contra la pobreza injusta. Como herederas y constructoras de ese patrimonio, actuemos con responsabilidad, inteligencia y unidad para que siga siendo y sea cada vez más un instrumento útil y querido para nuestra sociedad.

(Sobre estos y otros asuntos trataremos en una “pildora formativa” el próximo 4 de mayo en la cooperativa Servicios Sociales Integrados y en diversos encuentros de trabajo en los próximos días.)

Garantía de ingresos e intervención social

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La intervención social y sus profesiones y disciplinas (como el trabajo social, la psicología o la educación social) aportarán más valor en tanto en cuanto más se concentren en su objeto propio: la interacción, es decir, ese delicado equilibrio humano entre, por una parte, lo que somos capaces de hacer (y decidir hacer) autónomamente en nuestro desenvolvimiento cotidiano y, por otra parte, los cuidados, apoyos y relaciones familiares y comunitarias. La contribución que la intervención social (y, por tanto, los servicios sociales) puedan hacer a los fines de otros ámbitos sectoriales (como salud, aprendizaje, empleo, alojamiento o subsistencia) y a los fines compartidos de la acción pro bienestar (como la inclusión social) dependerá de las sinergias entre el fin propio y los otros fines y no de un pretendido carácter global, integral, general,  central o transversal de la intervención social y los servicios sociales.

En una sociedad compleja no puede existir ningún sector de actividad que se responsabilice globalmente (y menos aún residualmente) de los procesos de inclusión social. La atención a las personas en situación de exclusión social es, por igual, responsabilidad de todos los ámbitos. Una situación que se presenta como exclusión laboral puede beneficiarse de una intervención educativa; otra que emerge como aislamiento relacional puede ser abordada desde el sector de la vivienda; la que se manifiesta en el ámbito de la convivencia en el espacio público quizá requiera la atención desde el sector sanitario; aquella que aparece como carencia de recursos económicos para la subsistencia puede requerir de la protección judicial que acote y promueva la autonomía de la persona; y así sucesivamente.

La intervención social está, acertadamente, enfrascada en la tarea de crear más valor y ser más reconocida en su labor de diagnóstico social, prescripción facultativa y acompañamiento social y de minimizar el tiempo y atención dedicadas a tareas de gestión y entrega de la información y tramitación y control administrativos, que, en algunos casos, distorsionan la percepción y posicionamiento de sus profesiones y disciplinas. La contribución de la intervención social a los fines de una política de garantía de ingresos (sea desde estructuras o dispositivos específicos de garantía de ingresos o sea desde otras estructuras o dispositivos, como los de servicios sociales) no podrá consistir, por ejemplo, en controlar (¿vigilar y castigar?) ingresos y gastos de las personas. Incluso, cuando dicha actividad se ha pretendido asociar al acompañamiento social, entendemos que frecuentemente lo ha contaminado y desvirtuado.

(Se puede continuar con un desarrollo más amplio aquí, en el blog de la Fundación Hugo Zárate.)

¿Reformar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)?

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(Respuestas a un cuestionario de El Diario Vasco, publicadas el 15 de mayo de 2016.)

¿Necesita ser reformada la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco?

Nuestra Renta de Garantía de Ingresos (y, en general, nuestra política de garantía de ingresos mínimos para la subsistencia) necesita reformas que vayan haciéndola más universal; más sencilla de solicitar, gestionar y recibir; y más sensible a situaciones como la pobreza infantil, por ejemplo.

¿En qué sentido deberían ir los cambios?

Una de las medidas que contribuiría a esa universalización y simplificación sería que las personas que reciben la Renta de Garantía de Ingresos como complemento de una pensión (contributiva o no contributiva, de jubilación o de otro tipo) la recibieran (como un impuesto negativo) desde las Haciendas Forales.

¿Sacar a los colectivos de pensionistas y personas beneficiarias en situación de exclusión social crónica va a mejorar el funcionamiento de Lanbide?  ¿Qué efecto puede tener?

Alejar de Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) a las personas que encuentran más obstáculos para su inclusión laboral tiene la misma lógica que alejar de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) a las personas con enfermedades más graves (es decir, no tiene lógica). La integración entre política de garantía de ingresos y políticas activas de empleo es más necesaria cuanto mayor sea la exclusión de una persona respecto del mercado de trabajo.

(Para ampliar estas reflexiones ver aquí anteriores entradas sobre garantía de ingresos en este blog.)

Garantía de ingresos y Estado de bienestar

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Las decisiones en materia de políticas públicas o estrategias empresariales –del mismo modo que las que tomamos en nuestra vida personal o familiar– son frecuentemente mucho menos reflexionadas, dialogadas y basadas en el conocimiento de lo que nos gusta reconocer. Sin embargo, algunas de dichas decisiones, especialmente cuando tienen rango legal e impacto presupuestario, desencadenan consecuencias y generan estructuras con efectos relevantes a largo plazo, para bien o para mal.

Las decisiones que, en el País Vasco, hemos ido tomando en materia de garantía de ingresos básicos para la subsistencia constituyen, en términos generales, una historia de consenso político y social y de éxito social y económico. Como botón de muestra, cabe referirse al relato de esta buena práctica en la publicación sobre políticas comparadas de prevención y lucha contra la pobreza económica coordinada recientemente por el profesor Gerry Mooney, de The Open University.

Como se refleja en dicho ensayo, no sólo se aprecia en el País Vasco una apuesta sostenida y creciente por la inversión económica en materia de garantía de ingresos mínimos sino un avance progresivo –en términos generales– en la universalización de la garantía de cobertura de las necesidades de subsistencia como un componente fundamental de nuestro Estado de bienestar y de nuestro modelo social.

En las sociedades europeas tiene una amplia aceptación y aplicación la idea de que hay una serie de necesidades sociales –unos sectores de actividad– que, por su relevancia para la dignidad humana, consideramos como áreas prioritarias en las que los poderes públicos han de garantizar a todas las personas unos mínimos de cobertura, sin que sean de recibo exclusiones o discriminaciones. Así, hemos ido estructurando el sistema sanitario o el educativo. Así apostamos ahora por estructurar el sistema de servicios sociales.

Pues bien, del mismo modo que vamos asumiendo y practicando la garantía pública de que, en cualquier caso, todas las personas habremos de disponer de una respuesta mínima –digna– a nuestras necesidades en las áreas de la sanidad, la educación o los servicios sociales, vamos asumiendo y practicando lo mismo en lo relativo a las necesidades de subsistencia. ¿Qué sentido tiene que garanticemos la escolarización a una criatura pero no la ropa que le abriga? ¿Cómo justificamos el financiar a una persona el diagnóstico médico, la intervención quirúrgica y los cuidados posoperatorios de enfermería, pero no que pueda comer cuando es dada de alta? ¿Cómo se entendería que alguien tenga derecho a un servicio de teleasistencia del sistema público de servicios sociales pero no a la electricidad que alimenta el dispositivo necesario para dicho servicio?

La política vasca de garantía de ingresos nos asegura que, con independencia de que tengamos o no un empleo, de que cobremos  más o menos por trabajar, de que nuestra pensión sea más alta o más baja, siempre vamos a tener una renta mínima garantizada para hacer frente a nuestras necesidades más básicas de subsistencia. Esa garantía, unida a la que ofrecen, fundamentalmente, la sanidad, la educación y los servicios sociales, nos aporta una seguridad fundamental para nuestro bienestar individual y familiar, tiene un alto impacto en el dinamismo económico de la sociedad y, sobre todo, contribuye a que nuestra sociedad se sienta más digna, al no dejar a nadie librado a su suerte.

Nuestro sistema de garantía de ingresos, por tanto, al igual que el sanitario, el educativo o el de servicios sociales, es patrimonio de toda la sociedad y como tal hemos de cuidarlo. Lo que significa defenderlo y perfeccionarlo continuamente. A la hora de ir tomando las decisiones de mejora de nuestro sistema de garantía de ingresos, lo que parecen señalar los consensos de las personas expertas estudiosas en materia de garantía de ingresos y política social iría en tres sentidos: universalización, simplificación y activación.

La universalización nos llevaría a corregir decisiones que hayan dejado fuera de la protección a determinados segmentos poblacionales y, en todo caso, a perfeccionar constantemente la capacidad inclusiva de nuestros sistemas, desde una lógica de dignidad y derechos humanos, con especial atención a las familias con menores.

La simplificación viene exigida por el hecho de que diferentes evaluaciones señalan la existencia de una excesiva cantidad de pensiones, prestaciones o desgravaciones, excesivamente complejas y frecuentemente incoherentes en su diseño, que acarrean importantes costes de gestión. La integración entre política fiscal y política de garantía de ingresos y la introducción mucho más decidida de tecnologías de la información y la comunicación son dos vías prometedoras para la simplificación en este terreno.

Hablamos, por último, de activación, en la medida en que los diseños más interesantes en política de garantía de ingresos son aquellos que combinan componentes incondicionales con componentes contributivos y que incorporan complementos o incentivos para actividades productivas o reproductivas de las personas, que contribuyen a la creación de capital humano, económico, comunitario y social.

Este artículo se ha escrito dentro de la campaña +Derechos (@EskubideakGehi) impulsada por @Eapn_Euskadi y más de cien organizaciones en favor de la política de garantía de ingresos. Se publicó el 19 de abril de 2015 en Deia y puede descargarse aquí en PDF.

¿Hacia dónde avanzar en garantía de ingresos?

William Beveridge

La política pública de garantía de ingresos es, sin duda, uno de los grandes pilares de cualquier Estado de bienestar. Comprende todas aquellas prestaciones económicas públicas (tanto las llamadas contributivas como las llamadas no contributivas) orientadas a garantizar que las personas dispongamos de los recursos económicos para adquirir aquellos bienes o servicios necesarios que, al no ser proporcionados por otras políticas sectoriales (como la sanitaria, la educativa o la de servicios sociales), han de ser adquiridos necesariamente con dinero.

¿Cuáles son las tendencias de referencia que se proponen para la mejora continua de las políticas y prestaciones de garantía de ingresos? Podría decirse que se resumen en tres: universalización, simplificación y activación.

El proceso de universalización de las políticas sociales, pese a los ataques que recibe y las contradicciones con las que se aplica, es irrenunciable para una conciencia moral y política mínimamente formada e informada por una visión de la dignidad humana en clave de derechos humanos. El camino que ha de seguir la política de garantía de ingresos lo marcan otras políticas públicas (como la sanitaria o educativa) que han escrito sus mejores páginas cuando han ido ampliando inclusivamente su capacidad de atención. No tiene sentido, por ejemplo, que el Estado cubra una costosa atención sanitaria a una persona y no tenga la misma consideración respecto a que pueda comer el día que le dan de alta.

La simplificación viene exigida por el hecho de que diferentes evaluaciones señalan la existencia de una excesiva cantidad de pensiones, prestaciones o desgravaciones, excesivamente complejas y frecuentemente incoherentes en su diseño, que acarrean importantes costes de gestión. La consecuencia más preocupante de estas imperfecciones de diseño de nuestra política de garantía de ingresos es la aparición de agujeros negros, como los que se ponen de manifiesto, por ejemplo, en lo tocante a la protección económica de la infancia, adolescencia y juventud o de las familias. La integración entre política fiscal y política de garantía de ingresos y la introducción mucho más decidida de tecnologías de la información y la comunicación son dos vías prometedoras para la simplificación en este terreno.

Hablamos, por último, de activación, en la medida en que entendemos que el Estado tiene tres maneras de contribuir a la satisfacción de las necesidades de las personas: dándoles –o no quitándoles– dinero; proporcionándoles servicios; y promoviendo su autoprovisión individual, familiar, comunitaria, solidaria o mercantil. Los diseños más interesantes en política de garantía de ingresos son aquellos que combinan componentes incondicionales con componentes contributivos y que incorporan complementos o incentivos para actividades productivas o reproductivas de las personas, que contribuyen a la creación de capital humano, económico, comunitario y social.

Entendemos que cualquier debate racional  y cualquier agenda de cambio en materia de garantía de ingresos debe situarse en parámetros como los mencionados, aportados por  la comunidad científica y técnica de las políticas sociales, resultando contraproducente y disfuncional focalizarse sobre una determinada prestación o programa sin tener en cuenta el conjunto del  panorama, así como las tendencias a las que, brevemente, acabamos de referirnos.

(La foto es de William Beveridge.)