Redefiniendo el encargo para las políticas de vivienda

Vilanova

Si algo ha puesto especialmente de manifiesto la dolorosa crisis económica que venimos viviendo en la última época es la grave desorientación con la que se habían diseñado las políticas públicas de vivienda en los años anteriores, unas políticas públicas que, en gran medida, contribuyeron a la mercantilización y patrimonialización del suelo y el alojamiento, que entronizaron el efecto Mateo (a quien tiene se le dará) y que contribuyeron a hinchar la burbuja inmobiliaria que tan desastrosos efectos tuvo, al estallar, y sigue teniendo, ahora, en la vida de millones de personas.

Es pertinente y urgente, por ello, reformular el encargo que la sociedad hace a las políticas de vivienda en términos de bienestar e inclusión residencial de toda la población, de garantía universal del derecho humano a un alojamiento adecuado.

Ese encargo debe configurar políticas de vivienda radicalmente sociales y profundamente contraculturales, políticas de vivienda que contribuyan inteligente e intensamente a transformar el parque, la estructura, la dinámica, la cultura y la ética habitacional existentes en nuestro entorno, modificando el significado que la vivienda tiene hoy en nuestro concepto de calidad de vida y en nuestro contrato social.

Estamos hablando de políticas públicas y de prácticas sociales que están teniendo lugar en algunos lugares y que debemos apoyar, acompañar e integrar en un discurso cada vez más compartido de innovación en el diseño de políticas sociales y de lucha común por la sostenibilidad de la vida. Un discurso y una praxis de enfoque comunitario y sinergia intersectorial (especialmente con la sanidad y los servicios sociales) cuya legitimación social (que no resulta fácil, por los conflictos de intereses –o al menos de valores– que genera entre segmentos protegidos, emergentes, precarizados y excluidos de las propias clases populares) depende en buena medida de las experiencias exitosas y los modelos escalables que estamos siendo y que podamos ser capaces de levantar y visibilizar, hoy y aquí.

(Sobre esto hablaremos el jueves en una jornada en Vilanova i la Geltrú usando el esquema recogido arriba.)

Por una política social de vivienda

Housing

Apoyándonos en la teoría de las necesidades humanas y el concepto de desarrollo a escala humana, de autores como Manfred Max Neef o Antonio Elizalde, cabe referirse a la vivienda como satisfactor de una necesidad fundamental y universal y decir que, como todo satisfactor de una gran necesidad humana, puede y debe ser sinérgico con otros satisfactores. El carácter altamente sinérgico del alojamiento en relación con otros bienes protegidos y promovidos por otras políticas de bienestar hace que algunos movimientos sociales y personas expertas afirman que, al menos en algunos casos, la vivienda es lo primero (housing first). Ciertamente, es difícil cuidar de la propia salud, estudiar o conservar un empleo (y, finalmente, tener calidad de vida, bienestar o felicidad) en una situación de vulnerabilidad o exclusión residencial.

Sea como fuere, junto a esta importancia nuclear del alojamiento y la vivienda para la dignidad humana y para la calidad y sostenibilidad de la vida de cualquier persona, hay otras peculiaridades de este bien que han llevado, históricamente, a que sea propuesto y tomado como objeto de una política social sectorial. Así, por ejemplo, cabe referirse a la especial importancia estratégica de la vivienda para la emancipación y el lanzamiento de proyectos de vida de la gente joven. Si la vivienda es un bien de primera necesidad para todo el mundo, el acceso a la vivienda de las personas jóvenes les condiciona en un momento en el que, en buena medida, se juegan la definición y el impulso de su proyecto de vida en aspectos tan fundamentales como la formación de una nueva familia nuclear o el inicio de su carrera profesional y trayectoria laboral.

Por otra parte, desde un punto de vista moral, hay que recordar que una parte importante del valor (y el precio) de la vivienda lo constituye, frecuentemente, el valor (y el precio) del suelo y, cuando el suelo es privado, hay que preguntarse cuándo, cómo y por qué alguien se apropió de ese suelo (porque evidentemente, no lo produjo) y en qué medida el precio del suelo responde a alguna agregación de valor o no. El valor del suelo, por otra parte, depende en buena medida de actuaciones o expectativas de actuaciones públicas de calificación, urbanización, planificación de transporte público o equipamientos. Por tanto, incluso en las circunstancias en las que nos apropiamos legalmente de una vivienda, cuando se puede considerar, legítimamente, como un bien (privado) de una persona o una familia, no se puede desconocer la especial contribución colectiva, común o pública en la formación o valorización de ese bien.

Además, en la vida de la mayoría de las personas y familias, la vivienda (en el caso de que la compren) es el bien más valioso o costoso que adquieren, la principal inversión que realizan y, por ello (y por efectuarse muchas veces en un momento temprano de la trayectoria adulta de la persona), es muy usual que se endeuden para un tiempo, lo cual hace que se opere, a la vez, en dos mercados: el de la vivienda y el financiero, con las correspondientes interacciones entre ambos. Este valor (y precio) comparativamente alto de la vivienda (en relación con el resto de bienes y servicios que puede adquirir una persona en su vida), unido a la heterogeneidad de las viviendas (cada vivienda es diferente a otra, prácticamente), introduce en el mercado de la vivienda una notable asimetría de información y poder, máxime cuando, por la parte de los consumidores, tenemos a individuos o familias (particulares) que, además, van a acudir a ese mercado pocas veces en su vida y, por la parte de los proveedores, a poderosos agentes con un importante peso en la economía y notables conexiones en lo que se ha denominado el conglomerado, entramado o complejo FIC (inmobiliario, de construcción y financiero).

(Así comienza una entrada escrita para el blog de la Fundación Hugo Zarate, que puede leerse completa aquí.)

La vivienda como arma de destrucción masiva

Construcción

Desde la teoría de las necesidades humanas y el concepto de desarrollo a escala humana, de autores como Manfred Max Neef o Antonio Elizalde, se vería la vivienda como satisfactor de una necesidad fundamental y universal. Ello hace que algunos movimientos sociales y personas expertas señalen que, al menos en algunos casos, la vivienda es lo primero (housing first). Por otra parte, desde un punto de vista moral, hay que recordar que una parte importante del valor de la vivienda lo constituye, frecuentemente, el valor del suelo y, cuando el suelo es privado, hay que preguntarse cuándo, cómo y por qué alguien se apropió de ese suelo (porque evidentemente, no lo produjo) y en qué medida el precio del suelo responde a alguna agregación de valor o no. El valor del suelo, además, depende en buena medida de actuaciones o expectativas de actuaciones públicas de calificación, urbanización, planificación de transporte público o equipamientos.

La necesidad de una política social de vivienda se ha puesto especialmente de manifiesto en la crisis financiera y económica de los últimos años, cuando el mercado de la vivienda y de los créditos hipotecarios ha estado en el centro del huracán, tanto a escala global (hipotecas subprime o de alto riesgo) como en España (burbuja inmobiliaria). La vivienda, que tenía que ser un satisfactor sinérgico de necesidades sociales, se ha convertido en un arma de destrucción masiva de la vida de muchas personas y de partes considerables del tejido económico y financiero de nuestro país y el mundo (con importantes derivadas de impacto medioambiental y corrupción política), en un contexto en el que el caso de España resulta especialmente llamativo por la excesiva cantidad de huevos que nuestras economías familiares, nuestras economías públicas y el conjunto de la economía del país habían puesto en la cesta de la promoción, construcción, comercialización y adquisición de viviendas, muchas veces no pensando en su utilización para vivir sino (como si de tulipanes holandeses del siglo XVII se tratara) en clave de inversión especulativa (como activo que puedo vender, ganando dinero, poco después de adquirirlo); es decir, no como refugio vital necesario, estable y seguro para personas, sino como refugio financiero oportunista, temporal y volátil para capitales.

Posiblemente han sido millones de decisiones de millones de personas las que han contribuido a ese desastroso estado de cosas: las personas particulares que se han arriesgado demasiado al pedir un crédito, las personas que se han lucrado más de la cuenta cobrando un alquiler o vendiendo un piso, las que mantienen viviendas vacías o las que han hecho fraude fiscal en sus transacciones tienen, sin duda, su cuota de responsabilidad. Sin embargo, no es comparable a la de las minorías extractivas que, colocadas (muchas veces mediante mecanismos de colusión y cooptación en un marco de participaciones cruzadas y pertenencias múltiples) en puestos clave de empresas del sector de la construcción, entidades financieras o administraciones públicas, han jugado irresponsablemente, inmoralmente, ilegalmente, y muchas veces impunemente, con la vida de millones de personas, llevadas por una absurda carrera en pos de un mayor beneficio económico particular, ganando mucho cuando la burbuja se iba hinchando y, lo que es más sangrante, volviendo a ganar muchas veces cuando se pinchó, con terribles consecuencias para muchas personas.

De ahí la necesidad de construir, reconstruir y socializar un lenguaje común de carácter social para la política de vivienda y para su contribución a la dignidad humana, la calidad de vida, la seguridad personal, el disfrute del tiempo libre, los lazos familiares y comunitarios, la vida laboral, el desarrollo económico, el medio ambiente, el bienestar social y la sostenibilidad de la vida. En muchas ocasiones ello obligará a poner en cuestión o deconstruir presupuestos y seguridades ancladas de forma inconsciente en muchas personas que a veces damos por descontada y natural una determinada realidad residencial que, sin embargo, es histórica, contingente, localizada y modificable.