La inclusión social en la política de servicios sociales

Gizartegune

Se presentan a continuación algunas tesis provisionales o hipótesis obtenidas a partir del trabajo de consultoría en contacto con la toma de decisiones políticas, la intervención social y la producción de la academia y que, a su vez, se someten a la consideración crítica de la comunidad de conocimiento correspondiente:

  1. La política de inclusión social es, como mínimo, el conjunto de la política social (e incluye todos sus pilares sectoriales, es decir, al menos, toda la política sanitaria, toda la política educativa, toda la política de servicios sociales, toda la política de empleo, toda la política de vivienda y toda la política de garantía de ingresos).
  2. Las mejores prácticas y el conocimiento disponible orientan a los servicios sociales a ir abandonando su posicionamiento residual/transversal (pretendidamente encargado último de la inclusión social) para ir construyendo uno universal/sectorial focalizado en la autonomía para la vida diaria en el seno de relaciones familiares y comunitarias.
  3. El principal obstáculo para dicho reposicionamiento estratégico reside en el (relativamente) limitado desarrollo científico, técnico y tecnológico de las áreas de conocimiento de la intervención social, explicable, entre otros factores, por la aceleración del cambio social y la limitada solvencia y madurez de la demanda de servicios correspondiente.
  4. Como otra importante condición de posibilidad para el éxito (en términos de resultados valiosos de/para las personas) de ese reposicionamiento, identificamos la del avance de los modelos de la atención integrada intersectorial a partir de la extensión del compromiso de las diversas políticas sectoriales (singularmente vivienda y empleo-garantía de ingresos) con las personas en situación de exclusión social (en las dimensiones que les corresponden).
  5. En los itinerarios y la segmentación en los servicios sociales, partiendo desde “colectivos vulnerables” hemos empezado a pasar a “contingencias especiales” (como, por ejemplo, exclusión social), para el paso a la atención secundaria, y, desde ahí, se tratará de afrontar el reto de la atención personalizada (integrada intrasectorialmente) para la diversidad comunitaria (con nuevos/distintos criterios de especialización, también para las situaciones complejas).
  6. El desarrollo de la iniciativa social (tercer sector) como ecosistema heterogéneo va hacia la diferenciación y articulación de, por una parte, la concertación de servicios públicos (derechos garantizados) y, por otra, la (escalable) innovación técnica, organizativa, social y política que hace posible la sinergia colaborativa entre agentes y el empoderamiento y la participación de todas las personas.

(Sobre estas cuestiones debatiremos en la Jornada Gizartegune, organizada en la Universidad de Deusto por la Diputación Foral de Bizkaia el jueves, 16 de marzo, a partir de las 8:30 horas. Más información aquí).

Por qué los servicios sociales no pueden (no deben intentar más) hacerse cargo de la exclusión social

Seis pilares

El viejo contrato social de la sociedad industrial incorporaba un sistema público contributivo de protección social para los varones empleados y para las mujeres (proveedoras de cuidados y apoyos familiares y comunitarios) y las descendientes vinculadas a dichos varones. Dicho sistema ofrecía aseguramiento, básicamente con dinero, frente a riesgos que se entendían y trataban como relativamente tasados o acotados (así la enfermedad, el desempleo o la jubilación). En ese marco se asumía que la asistencia social o, después, los servicios sociales se harían cargo (en forma no contributiva) de determinadas minorías especialmente vulnerables (identificadas previamente en forma de colectivos especiales) que pudieran quedar fuera del mencionado paraguas protector y, en definitiva, excluidas del sistema social.

En buena medida por el éxito relativo de ese modelo social, accedemos a la llamada sociedad del riesgo, en la que fenómenos como la sociedad del conocimiento, la globalización económica, la crisis de los cuidados, la individualización de trayectorias, los derechos sociales o la encrucijada ecológica determinan que los procesos de exclusión social se tornen crecientemente diversos, complejos, sistémicos y virales:

  • Diversos, porque se multiplican los factores o situaciones generadoras de exclusión social, que se entrecruzan entre sí.
  • Complejos, porque dichas situaciones de exclusión se combinan con factores generadores de empoderamiento e inclusión, apareciendo nuevas y desconocidas trayectorias, perfiles o segmentos de población excluida y demandante de inclusión.
  • Sistémicos, porque la exclusión social se revela como crecientemente estructural y no necesariamente se limita a colectivos minoritarios.
  • Virales, porque la exclusión puede propagarse con rapidez y presentarse de forma inesperada en la vida de personas que se creían a salvo de ella.

En ese contexto, unos servicios sociales que quieran (de iure o de facto) perseverar en el encargo del manejo de la exclusión social se ven sometidos a tensiones irresolubles y crecientes. Como decíamos en un seminario reciente, la prevención y abordaje de la exclusión social es, por igual, responsabilidad de todos los ámbitos: una situación que se presenta como exclusión laboral puede beneficiarse de una intervención educativa; otra que emerge como aislamiento relacional puede ser abordada desde el sector de la vivienda; la que se manifiesta en el ámbito de la convivencia en el espacio público quizá requiera la atención desde el sector sanitario; aquella que aparece como carencia de recursos económicos para la subsistencia puede requerir de la protección judicial que acote y promueva la autonomía de la persona; y así sucesivamente.

El reposicionamiento de los servicios sociales, abandonando el no-lugar residual de la pretendida (e imposible) especialización en la exclusión social para identificar, viabilizar y visibilizar su indispensable aporte específico (interacción: autonomía funcional/integración relacional) para todas las personas, requiere políticas claras y complicidad intersectorial y, en cualquier caso, no es tarea fácil. Sin embargo, sentimos que cada día que pasa se torna más necesario y urgente.

(Reflexiones en la preparación de una nueva edición del seminario intersectorial del Ayuntamiento de Bilbao y EAPN que empieza el 8 de noviembre y de la jornada prevista para el 24 de noviembre en Vilanova i la Geltrú).

¿Deben pasar a depender de Emakunde los Departamentos de Ginecología de Osakidetza?

Diversidad e igualdad

En pocas palabras: no.

No hay noticia de que nadie haya propuesto en ningún lugar que los Departamentos de Ginecología del sistema sanitario público pasen a depender del Instituto de la Mujer u organismo similar, dedicado a velar por la igualdad entre mujeres y hombres. Ello es así porque se diferencia correctamente entre el cometido y la organización de una política sectorial (la relacionada con la salud) y de una política transversal (la relacionada con la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres). Se aplica, en este caso, lo que se ha llamado mainstreaming de género. Sin embargo, las confusiones al respecto, en otros casos, son muy frecuentes.

En nuestro contexto las políticas sectoriales se caracterizarían por ser universales (para todas las personas) y por estructurar un conjunto propio de prestaciones y servicios que desembocan directamente en los individuos. Es lo que ocurriría en el caso de la sanidad, la educación o los servicios sociales, por poner tres ejemplos. Las políticas transversales no generarían, sin embargo, especiales estructuras propias de prestación de servicios sino que se apoyarían en las políticas sectoriales, velando por que éstas actúen adecuadamente en relación al fin que, en cada caso, corresponda. Políticas transversales serían, por ejemplo, la política familiar, la política de atención a la diversidad funcional o la ya mencionada política de igualdad entre mujeres y hombres.

Se diría que las políticas transversales existen porque las políticas sectoriales, por sí solas, no siempre garantizan suficientemente la consecución de determinados fines. Por eso existe, por ejemplo, la política de igualdad entre mujeres y hombres y por eso existen organismos que asumen dicha responsabilidad. Así, el Instituto de la Mujer (u organismo equivalente) se preocupa que en el ámbito educativo, en el ámbito del empleo y en el resto de ámbitos sectoriales se promueva la igualdad entre hombres y mujeres y que éstas no sean objeto de discriminación. Esto se hace, obviamente, influyendo en los ámbitos sectoriales pero no sacando a las mujeres de los servicios y ámbitos generales. Esto vale, también, para las mujeres víctimas de violencia machista que, lógicamente, resuelven algunas de sus necesidades en el ámbito sanitario, otras en el ámbito de los servicios sociales, otras en el ámbito de la seguridad ciudadana y así sucesivamente.

En ocasiones las personas con responsabilidades políticas o técnicas en políticas transversales no comprenden adecuadamente su naturaleza y compiten –en lugar de colaborar– con las políticas sectoriales, introduciendo confusión y retrocediendo en términos de igualdad y universalidad. En otros casos, son movimientos asociativos focalizados sobre determinados colectivos los que pueden estar contribuyendo a la deconstrucción de las políticas inclusivas y comunitarias. La política basada en la evidencia y el enfoque de derechos deben constituir espacios de encuentro y deliberación para que avancemos en nuestra capacidad de gestionar la diversidad en políticas e intervenciones en las que quepamos todas las personas.

Debatiendo sobre inclusión

Manos 2

En una conversación mantenida anteriormente en este blog dejábamos pendiente volver sobre la cuestión de la inclusión social (que comprendería la inclusión laboral, la inclusión económica, la inclusión relacional y otras). En nuestro entorno, con frecuencia, el debate al respecto surge en referencia a la decisión tomada recientemente de sacar el grueso de la gestión de las prestaciones económicas de garantía de ingresos de los servicios sociales y encomendársela a los servicios de empleo. El asunto es muy complejo para despacharlo en una entrada de blog, pero intentaremos hacer algunas reflexiones, abiertas a continuar el debate.

Desde mi punto de vista, la decisión mencionada tenía que ver con la sobrecarga que suponía para los servicios sociales la gestión de dichas prestaciones económicas. Sobrecarga derivada de la fragilidad de nuestro sistema público de servicios sociales y de los retos crecientes que éste tenía en su cometido específico que es, a mi entender, ocuparse de la interacción de las personas, esto es, de su autonomía funcional e integración relacional (o comunitaria). No desconozco que había otras justificaciones (complementarias y razonables) para dicha decisión: la oportunidad de mejorar la gestión de las prestaciones en el nuevo servicio vasco de empleo unificado, la potenciación de las sinergias entre garantía de ingresos e inclusión laboral…

A día de hoy, según mi percepción, predominan las valoraciones negativas acerca de la citada decisión y sus consecuencias. Muchas de ellas basadas en datos y argumentos sólidos, sin duda. Se desliza, sin embargo, en ocasiones, una idea que quisiera cuestionar. La idea de que la inclusión social corresponde a los servicios sociales o, al menos, que éstos han de estar antes, por delante o por encima de otros en los procesos de inclusión social. Entiendo que no es así. Los servicios sociales se pueden ocupar de la inclusión relacional o comunitaria y los servicios de empleo de la inclusión laboral, mientras que la inclusión económica mediante la garantía de ingresos mínimos puede organizarse de diferentes maneras (dado que no parece aconsejable, hoy y aquí, crear una estructura específica para su gestión). Todas ellas juntas, junto con la inclusión educativa, sanitaria y residencial pueden dar como resultante la inclusión social, que es un proceso muy complejo con una gran dimensión estructural.

Podemos debatir sobre la política de inclusión social y sobre la manera de organizarla apoyándonos en los diferentes ámbitos sectoriales. Debemos discutir sobre ulteriores mejoras o replanteamientos en el diseño y la gestión de nuestras prestaciones económicas de garantía de ingresos. Pero, a mi entender, sin perder de vista que cada sistema de servicios (sanitario, de servicios sociales, de empleo, educativo…) tiene su parte específica de contribución al objetivo común de la inclusión social, ante la cual no hay un sistema más responsable que el otro. La gestión de las diferentes prestaciones económicas de garantía de ingresos se puede diseñar, repartir y mejorar de muchas maneras, a mi juicio, siempre y cuando no olvidemos ese principio.

¿Somos el 99%?

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Con relativa frecuencia aparecen datos acerca de la creciente desigualdad a escala local y global y nos indignamos, con razón, por el hecho de que unas pocas personas se apropien hasta tal punto de unos recursos y capacidades, en definitiva, de un mundo que a todas nos fue entregado y que entre todos hacemos. A partir de ahí, algunos importantes agentes sociales (el sindicato ELA ayer, por ejemplo) insisten en el mensaje de que la contradicción o conflicto social en el que hay que centrarse es el de siempre, el viejo conflicto entre clases sociales, entre una minoría que detenta los medios de producción y una mayoría explotada que no tiene para vender sino su fuerza de trabajo. El viejo conflicto de la sociedad industrial y los objetivos de siempre: mejora de las condiciones de trabajo y avance del Estado de bienestar.

Sin embargo parece razonable preguntarse hasta qué punto, en una economía capitalista crecientemente financiarizada (que retrata Ignacio Sotelo en la prensa de hoy), los sectores empleados y protegidos con capacidad de ahorro e inversión comparten, objetiva y subjetivamente, intereses y objetivos con las gentes en situación de precariedad, vulnerabilidad, pobreza y exclusión. El imaginario del 99% y el discurso de algunos agentes sociales dicen que sí. Parecen decir: no cedamos en la defensa del empleo de los que tienen empleo y del actual sistema de protección social y, sin dar un paso atrás, juntos, insiders y outsiders, conseguiremos ampliar el perímetro del empleo de calidad y la protección social incluyendo, mas pronto que tarde, a (lo que Guy Standing llama) el precariado.

Lo que pasa es que, mientras tanto, una parte de esa clase trabajadora está acumulando un patrimonio (inmobiliario y monetario) con el que se asegura individual y familiarmente. Los fondos de pensiones y fondos de inversión con los que juegan los poderosos en el casino financiero global están formados por los ahorros de quienes podemos ahorrar, por los depósitos de millones de personas de las clases medias que, de forma más voluntaria o involuntaria, más directa o indirecta, también jugamos en ese casino global y que tomamos decisiones de consumo y decisiones electorales que muchas veces nos benefician a nosotras pero no benefician al precariado. Según la prensa de hoy, los fondos privados de pensiones manejan en el País Vasco una cantidad del 33% del Producto Interior Bruto (un patrimonio de 21.775 millones de euros al cierre del ejercicio 2013). Aproximadamente la mitad de la población vasca participa en esos fondos.

El problema del discurso del 99% o de seguir pensando que la vieja contradicción de la sociedad industrial es el eje básico de conflicto social es que nos traslada a esos trabajadores que Galbraith llama satisfechos la idea de que no hemos de replantearnos nuestras pautas de consumo, nuestra acumulación de patrimonio, nuestras condiciones de trabajo, la forma en que construimos el “nosotros” (ver los datos del barómetro sobre inmigración), nuestras opciones electorales o nuestra idea del Estado de bienestar. Invisibiliza nuestra parte de responsabilidad y el beneficio que hoy estamos obteniendo de procesos que, sin embargo, representan una amenaza, ya cumplida para muchos, a la sostenibilidad de la vida.