Inclusión social, acción comunitaria y agenda urbana

Rubí

¿En qué consiste el encargo o el reto de la inclusión social? ¿Qué significa que nuestro plan de inclusión social es, a la vez, un plan de acción comunitaria? ¿Qué tiene que ver todo esto con la agenda urbana? ¿Y cómo se cocina, se sirve y se come todo este guiso en estos convulsos tiempos (pos)pandémicos?

Para hablar de la inclusión social nos serviremos de la metáfora de que las personas somos piezas que componemos un rompecabezas que es la sociedad. Si nuestra pieza encaja y está dentro del rompecabezas estaríamos en una situación de inclusión social. Si nuestra pieza no encaja, estamos fuera, estamos en una situación de exclusión social.

En realidad, en gran medida, la sociedad es como una máquina troqueladora que nos da forma como piezas para que encajemos en el rompecabezas que es la propia sociedad. Cierto que las personas venimos al mundo con unas características iniciales pero nuestra historia de inclusión o exclusión social depende en buena medida de cómo nos vaya troquelando la sociedad y, a la vez, cómo nos vaya encajando junto con otras piezas en unas u otras partes del rompecabezas social.

Llevamos unas pocas décadas hablando de exclusión e inclusión social, seguramente porque antes la discusión era más bien sobre la posición de las piezas dentro del puzle (más ventajosa o desventajosa, más humanizadora o deshumanizadora, más bien oprimida u opresora) mientras que, de un tiempo a esta parte, con independencia de las mejores o peores posiciones relativas de quienes están dentro del rompecabezas, parece que hay más y más piezas que, sencillamente, son consideradas como sobrantes por parte de no pocas propuestas de configuración y composición del rompecabezas social. A este respecto es ilustrativa la evolución de los informes FOESSA que, con el cambio de siglo son informes sobre desarrollo social y exclusión social (se diría que vienen de la mano el desarrollo social y la exclusión social).

En todo caso, antes de que se comenzara a hablar de exclusión e inclusión social también había piezas que se consideraban sobrantes o inservibles. De hecho, la construcción, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, de lo que ahora llamamos servicios sociales es, en buena medida, un proceso de clasificación y tratamiento de conjuntos pretendidamente homogéneos de piezas que, por diferentes características, se decía que no encajaban en el rompecabezas social: criaturas desamparadas, personas con discapacidad, familias menesterosas, personas adictas, mujeres maltratadas, personas ancianas y así sucesivamente.

Hoy sabemos que las personas que acaban clasificadas en uno de esos conjuntos cuya atención fue encomendada a los servicios sociales han sido en buena medida troqueladas por la sociedad con esas características. Es más, sabemos que nuestros servicios sociales son, en buena medida, responsables de ese troquelado. A veces un mal menor para que esas personas, al menos, sobrevivan. Pero troquelado al fin y al cabo.

Así pues, en una sociedad que troquelaba a grandes grupos de personas como trabajadores por cuenta ajena, como amas de casa, como personas económicamente dependientes de sus familias extensas, como pensionistas o como rentistas, parecían funcionales unos servicios sociales que se ocupaban de esos otros pequeños conjuntos de piezas difíciles de encajar. Bien para que pudieran sobrevivir en los márgenes de la sociedad o bien, incluso, para que, después de un nuevo proceso de troquelado, pudieran encajar en la sociedad,

(Primeros párrafos de la conferencia preparada para hoy en Rubí. Aquí se puede descargar su contenido completo.)

Inclusión social y servicios sociales en un mundo que (al parecer, por algunas partes) se desmorona

Laparra

El encargo de ocuparse de las personas en riesgo o situación de exclusión social, en la historia de nuestro sistema de bienestar, ha sido hecho, en buena medida, a los servicios sociales. Éstos en España se formatean jurídicamente tras el final de la dictadura franquista, en el marco de un sistema industrial y patriarcal en el que el contrato social se apoya, fundamentalmente, en el pleno empleo masculino, una organización familiar y comunitaria de los cuidados con sesgo de género y la protección social contributiva. Los servicios sociales (denominados como asistencia social en la Constitución Española) se configuran como el dispositivo que completa el sistema mediante la asistencia básica y el seguimiento profesionalizado de algunas minorías excluidas (o en riesgo de exclusión) de perfiles preestablecidos.

En ese modelo de servicios sociales, todavía vigente en gran medida, no hay ningún bien o actividad que caracterice definitoriamente a esta rama. Al contrario, este ámbito es reconocido más bien por su capacidad de proporcionar diversos agregados de diferentes respuestas (como dinero, cuidados, alojamiento, alimento, acompañamiento, activación u otros) que pueden funcionar para personas que encajan en los mencionados perfiles, con la finalidad, se supone, de que se alejen esa zona de exclusión y se incorporen a la normalidad del cuerpo social.

La historia de las generaciones que protagonizaron el despliegue de ese modelo (de contrato) social en España es, en buena medida, una historia de éxito si ciframos éste en la existencia de mayorías que vieron razonablemente satisfechas sus expectativas de bienestar o calidad de vida. A la vez, en el caso español, como en el del conjunto de los países que implementan un modelo similar, en ese relativo éxito se fragua un cambio social preñado de nuevos riesgos (ecológicos, demográficos, financieros, relacionales u otros) que van tornando cada vez más insostenible el propio modelo. Insostenibilidad que, al parecer, adopta en el siglo XXI la forma de una sucesión impredecible de catástrofes a diferentes escalas con diversas manifestaciones, notablemente interconectadas en una dinámica crecientemente compleja y paradójica (huida hacia delante) en la que cada solución parece acarrear un problema mayor.

En estas turbulencias el posicionamiento tradicional de los servicios sociales se torna mortal de necesidad, puesto que el número creciente de las personas que acuden a ellos en busca de alguna de las prestaciones o apoyos incluidos en su oferta (desde alimentos a cuidados, desde dinero a alojamiento) ya no conforman aquellos contingentes limitados y perfilados previstos en su momento, sino que presentan una creciente multiplicidad mucho más compleja de situaciones y expectativas. Cantidad, intensidad, complejidad y diversidad que tensa los servicios sociales, inmersos en un intento cada día más baldío y frustrante de diseñar, desarrollar, combinar y escalar las especializaciones requeridas por la realidad y la integración que necesita cualquier sistema funcional.

(Notas tras la sesión del pasado viernes en la Biblioteca del Fondo en Santa Coloma de Gramenet y de cara al encuentro de mañana, martes 5 de abril, con el Colegio de Trabajo Social en Lleida. La ilustración, de Miguel Laparra, tomada de la página 167 del último informe FOESSA y comentada por Pedro Fuentes en la reciente Escuela de Primavera de Cáritas Española, refleja la diversidad existente en el espacio social de la exclusión. Las personas (los hogares) en situación de inclusión se asemejan entre sí, al contrario de lo que sucede en la zona de exclusión, en la que aumenta la dispersión. Se sugiere acceder al estudio para una explicación precisa del gráfico.)

“Servicios sociales especializados en exclusión social” es un oxímoron

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Según el Diccionario de la Real Academia, un oxímoron es una combinación de dos expresiones de significado opuesto, por ejemplo “silencio atronador”. Pues bien, esta entrada intentará explicar por qué cabe entender que los servicios sociales (u otros), si son especializados, no pueden serlo en relación con la exclusión (o inclusión) social y que la contribución de los servicios sociales (como la de otros servicios) a la inclusión social (a prevenir, paliar o revertir procesos de exclusión social) no corresponde a una parte especializada de los servicios sociales sino, necesariamente, a todos ellos.

Veamos. En el ámbito de las ciencias sociales y de las políticas de bienestar se ha alcanzado un notable consenso a la hora de definir la exclusión social como un proceso complejo en virtud del cual las personas se van viendo privadas del ejercicio de una serie de derechos de ciudadanía (fundamentalmente de los derechos llamados sociales). Dicho de otro modo, se entiende que el ejercicio de los derechos sociales protege frente a la exclusión social o contribuye a la inclusión social. Contar con dinero para subsistir, disponer de alojamiento, tener un empleo, formar parte de una familia o comunidad, atesorar conocimientos o gozar de una adecuada cobertura sanitaria son, entre otros, factores protectores que hacen más improbable que lleguemos a encontrarnos en una situación de exclusión social.

Los servicios sociales constituyen, por tanto, uno de los pilares de nuestro sistema de bienestar, uno de los fundamentos de los procesos y situaciones de inclusión social, una de las herramientas para prevenir, paliar y revertir procesos y situaciones de exclusión social. Como lo son los servicios educativos o los de salud, o las políticas de empleo, de vivienda o de garantía de ingresos. Lógicamente, en función de los  riesgos e itinerarios de exclusión social de cada persona, serán unos dispositivos u otros los más llamados a actuar para favorecer la inclusión social de esa persona.

¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de especialización? Por ejemplo, cuando hablamos de servicios sociales especializados para niñas y niños que no cuentan con un entorno familiar adecuado estamos indicando que, a la hora de aportar los cuidados, apoyos o intervenciones propias de los servicios sociales a esas criaturas, existe y es conveniente, disponer en cierta medida de conocimientos, capacidades, técnicas e instrumentos específicos para tal población y situación, al menos en parte, diferentes de otros conocimientos, capacidades, técnicas e instrumentos de utilidad en los servicios sociales. Pero no cabe hablar, en los servicios sociales, de especialización en relación con la exclusión e inclusión social, pues no es posible identificar ninguna parte de los servicios sociales o ningún tipo de servicios sociales que no sea, por definición, “contra la exclusión social” y “para la inclusión social”. Y lo mismo pasa con los servicios educativos, de empleo u otros.

Dice la Real Academia que, en el oxímoron, la unión de dos palabras contradictorias entre sí origina un nuevo sentido. Quizá cuando se nos habla de servicios sociales especializados en exclusión social se nos está intentando endosar la misión imposible que representa para los servicios sociales (para una parte de ellos) aceptar un encargo o encomienda que, en el mejor de los casos, está al alcance del conjunto del sistema de bienestar o incluso del sistema social en su totalidad. Con el riesgo de que finalmente acaben siendo, involuntariamente, servicios sociales para (perpetuar) la exclusión social.

(Sobre estas y otras cuestiones reflexionaremos y conversaremos mañana en el XXII Gizartegune de la Diputación Foral de Bizkaia.)

Servicios sociales e inclusión social: ¿tiempos oscuros?

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Las gentes de los servicios sociales en este país (en un sentido amplio: empleadas y empleados públicos, personas del tercer sector, responsables políticas, profesorado universitario, ciudadanía implicada y otras) podemos reconocer, con orgullo, nuestra contribución a la inclusión social. Una contribución que tiene que ver, en buena medida, con el acompañamiento y ayuda a personas en (o cerca de) situaciones graves y complejas de exclusión social, ese tipo de situaciones en las que suele aparecer el ingrediente de las limitaciones (mayores o menores, temporales o permanentes) en la capacidad autónoma y los apoyos familiares y relacionales para la resolución de problemas (lógicamente, junto a otros como el empleo, la vivienda o los ingresos). En esos procesos nos hemos encontrado muchas veces, venturosamente, con compañeras y compañeros de los servicios sanitarios, educativos, laborales u otros.

Sin embargo, en la paradójica oscuridad y notable dureza (para muchas personas) de los tiempos que vivimos, se diría que las que en otro momento fueron soluciones se convierten en problemas:

  • Nuestra polivalencia y capacidad de combinar diferentes recursos hace que muchas personas vengan a los servicios sociales esperando prestaciones y apoyos que ahora nos sentimos o nos sabemos incapaces de proporcionarles, incluso aunque se aumente el personal y la financiación (o precisamente por eso, en la medida en que los incrementos de recursos pueden generar más expectativas y más demanda, sin necesariamente aumentar tanto la capacidad de respuesta).
  • Las reglas de funcionamiento y normas jurídicas previstas para aportar garantías y eficiencia en la atención a las personas parecen adentrarnos cada vez más en laberintos burocráticos más densos y opacos.
  • La informatización y digitalización llamada a simplificar las tareas administrativas y hacer transparente la información parecen convertirse en una nueva barrera generadora de exclusión y amenazadora fuente de control.
  • La proximidad a las personas destinatarias, seña de identidad fundamental en nuestra intervención social, genera fricciones y malestares crecientes en ambas partes (incluso maltrato y violencia), en un contexto en el que vulnerabilidades, precariedades, recursos y capacidades se reparten de forma más amenazante y aleatoria en los dos lados de “la mesa”.
  • El trabajo en red, la coordinación e integración entre diferentes agentes, tantas veces reclamada y alabada, parece hacer cada vez más intrincados e impracticables los itinerarios para las personas trabajadoras y usuarias. La multiplicación de agentes y aproximaciones, de responsabilidades y conocimientos, se nos hace inmanejable y fragmentadora.

Parece que nos encontramos en una de esas situaciones oscuras y difíciles en las que, con facilidad, podemos pasar de ser parte de la solución a ser parte del problema, en la que nuestros intentos parecen volverse en contra de nuestras intenciones. Sin embargo, los tiempos oscuros y difíciles no tienen por qué ser necesariamente tiempos de desesperanza. Las situaciones paradójicas en las que nos cuesta entender y nombrar lo que sucede pueden ser anticipo y preludio de nuevas claridades y perspectivas. No sería la primera vez que nos crecemos frente a los problemas y dificultades y nos conjuramos para encontrar caminos de salida y avance. Volvamos a hacerlo.

(Notas tras la jornada de ayer sobre inclusión social organizada por el Gobierno Vasco.)

Inclusión social, participación ciudadana y gobierno abierto

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Las intervenciones y políticas públicas para la inclusión social son necesariamente complejas e integran, entre otros, aspectos laborales, residenciales, económicos, urbanísticos o sanitarios. Dentro de la atención integrada intersectorial para la inclusión social, los sistemas públicos de servicios sociales y, en su seno, las organizaciones solidarias del tercer sector de acción social tienen un importante papel en el acompañamiento social y la intervención comunitaria favorecedoras de la integración relacional de todas las personas, es decir, del cuidado de las relaciones significativas de apoyo social, que todas las personas necesitamos y proporcionamos.

Estas entidades y sus redes llevan años en nuestro país reflexionando y actuando para que los procesos de inclusión social de más y más personas alcancen también a su participación en las decisiones políticas que les afectan, es decir, para impulsar y sostener estructuras y procesos más inclusivos de participación comunitaria y ciudadana.

Este intento no resulta fácil, pues las dinámicas institucionales políticas no resultan, en general, accesibles, acogedoras o amigables, no ya para personas en situación de exclusión social, sino para segmentos mucho más amplios de la población. Por otra parte, en muchos casos, el propio tercer sector de acción social, que hunde sus raíces en prácticas relacionales, comunitarias, participativas y ciudadanas, ha perdido en cierta medida dichas lógicas para adoptar otras más burocráticas o empresariales.

En las instituciones públicas y comunidades de conocimiento correspondientes, los dispositivos y discursos de la participación se enmarcan ahora dentro del paradigma del gobierno abierto, ligadas a propuestas de transparencia informativa, innovación pública o trabajo colaborativo. Junto a los tradicionales consejos, foros, diálogos, mesas, procesos, consultas, planes o presupuestos participativos, encontramos, cada vez más, los laboratorios ciudadanos y otras iniciativas de innovación social (con mayor o menor base tecnológica).

Algunas posibles pistas para nuestro trabajo en este terreno podrían ser las siguientes:

  • Combinar y conectar iniciativas que van de arriba hacia abajo con otras que emergen de abajo hacia arriba.
  • Trabajar a escalas territoriales menores y mayores y en referencia a conjuntos mayores y menores de políticas públicas.
  • Garantizar que la perspectiva de género y la gestión de la diversidad estén muy presentes, dada la fuerte tradición machista y discriminatoria de las esferas políticas.
  • Buscar conjugar la adecuada conjunción entre el conocimiento científico y experto y el conocimiento experiencial y ciudadano, bajo control y dirección democráticas, construyendo inteligencia colectiva en procesos de aprendizaje significativo.

(Notas para una sesión hoy con Emaús Galicia.)

Soledad no deseada y exclusión social

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Las conceptualizaciones de consenso en la comunidad de conocimiento y la evidencia empírica disponible nos hacen ver la exclusión social como un proceso que, si bien es protagonizado por cada persona con sus decisiones en su biografía individual, tiene una innegable y determinante dimensión estructural. El proceso vital mediante el que podemos llegar a una situación de exclusión social está jalonado de obstáculos económicos, relacionales, laborales, residenciales, administrativos o de otra índole que nos hemos ido encontrando (que estaban y nos han ido poniendo) en el camino.

Ese proceso puede ser activado o catalizado por una afectación de la salud, por una situación de desempleo, por la vivienda en la que habitamos o por otros factores. La fragilidad relacional y el aislamiento social (entendidas como situaciones de menor o mayor limitación de las relaciones o vínculos afectivos con personas próximas comprometidas en alguna medida en el cuidado de nuestra vida en claves de gratuidad y reciprocidad) son, sin duda, ingredientes clave en las dinámicas de exclusión e inclusión social.

Sin embargo, a pesar de que las ciencias sociales nos hablan de este carácter estructural y complejo de la exclusión social, nuestras políticas públicas se empeñan en encapsularla en una parte residual de unos servicios sociales ya de por sí residuales. Es como si intentáramos pelear contra el coronavirus sólo o fundamentalmente desde las unidades de cuidados intensivos (unidades de cuidados intensivos, en este caso, fundamentalmente en manos del tercer sector). Posiblemente actuamos así porque muchas personas que somos conscientes de la facilidad con la que nos podemos contagiar de la covid, creemos (con mayor o menor base) que es difícil que lleguemos a una situación de exclusión social.

La pandemia, en todo caso, ha dejado todavía mas clara la imposibilidad de prevenir y combatir las actuales formas y dinámicas de exclusión social desde los clásicos servicios sociales concebidos como última red general o integral. Es más, estos dispositivos se revelan como crecientemente ineficientes e incluso yatrogénicos, al contribuir frecuentemente a la estigmatización y segregación de las personas que los utilizan. En tiempos de pandemias y colapsos, cada política pública ha de demostrar, con mayor exigencia, si es parte del problema o parte de la solución.

En este contexto, la actual eclosión de planes y estrategias en relación con la soledad no deseada corre el riesgo de incrementar la confusión y el postureo en el campo de las políticas públicas. Sin embargo, al conectar con una necesidad sentida por muy diferentes segmentos de la población, podría constituir una oportunidad para impulsar y legitimar una acción más universal, relacional, comunitaria y preventiva de los servicios sociales y una mejor integración intersectorial de las políticas públicas. Posiblemente ese sea el reto.

(Contenido de una exposición realizada por invitación de Cáritas Gipuzkoa, el Teléfono de la Esperanza, Emaús, la Universidad del País Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa.)

Hacia un nuevo Plan Vasco de Inclusión Social

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En este momento, la elaboración del nuevo Plan Vasco de Inclusión Social emerge posiblemente como el principal proceso de planificación de país, en un contexto en el que los evidentes y positivos signos de recuperación económica ponen de manifiesto que resultan del todo punto insuficientes para prevenir, paliar o revertir unos cada vez más globalizados, diversos y complejos procesos de dualización, polarización, fragmentación y exclusión social que, por otra parte, afectan de forma cada vez más alarmante a determinados segmentos poblacionales y zonas territoriales del país, irradiando su efecto al conjunto de la sociedad.

El nuevo Plan Vasco de Inclusión Social no puede ser diseñado como un compendio de unas supuestas intervenciones específicas y especializadas dirigidas a los grandes o no tan grandes “colectivos” que tradicionalmente han sido identificados en el marco de la vieja asistencia social realizada por las administraciones públicas o las entidades del tercer sector. Por el contrario, ha de ser la hoja de ruta que nos indique, bajo el liderazgo del Lehendakari, la manera en que cada uno de los sectores económicos, políticas públicas, organizaciones sociales o entornos comunitarios se construye de forma cada vez más universal e inclusiva, sin dejar a nadie atrás y antes de que se deterioren más nuestras reservas de cohesión social.

En lo tocante a las políticas sociales (sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos), el modelo de referencia es el de la atención integrada intersectorial, propugnada en este momento por organismos internacionales como la OCDE, la OMS o la UE. Este modelo nos exige la construcción de procesos de gobernanza integrada de las políticas de bienestar a una escala territorial (frecuentemente supramunicipal) que permita ofrecer a toda la ciudadanía itinerarios suficientemente personalizados de inclusión social (incluyendo en ocasiones la gestión intersectorial de casos) y que pueda darse de la mano con las políticas de promoción económica y especialización inteligente o de desarrollo territorial y planeación urbana en cada uno de esos territorios, siendo cada día más necesaria en nuestro país una instancia independiente de evaluación de políticas públicas.

Esta gobernanza política y gestión integrada de las políticas de inclusión social debe combinarse con un impulso decidido de las redes y comunidades de conocimiento y de práctica que permitan, en un proceso desde abajo hacia arriba, la innovación tecnológica y social y la escalabilidad de nuevos formatos al servicio de los procesos e itinerarios de inclusión social, partiendo de experiencias piloto en las que participen diversos agentes de distintos sectores de actividad.

Resultando fundamentales las estrategias de cualificación profesional y activación laboral, parece claro que en el contexto de cambio tecnológico y social acelerado en el que nos encontramos, la universalización y simplificación de las políticas de garantía de ingresos para la subsistencia, la reorientación de las políticas de vivienda hacia el objetivo de la inclusión residencial de toda la población y el impulso decidido a los servicios sociales para la prevención y abordaje del aislamiento social y la construcción de comunidades inclusivas reclaman una mayor centralidad estratégica dentro del nuevo Plan Vasco de Inclusión Social.

(Notas personales tras reflexionar sobre lo escuchado y compartido en el world café de ayer, organizado por el Gobierno Vasco, con la colaboración de SiiS y EDE.)

La inclusión social en la política de servicios sociales

Gizartegune

Se presentan a continuación algunas tesis provisionales o hipótesis obtenidas a partir del trabajo de consultoría en contacto con la toma de decisiones políticas, la intervención social y la producción de la academia y que, a su vez, se someten a la consideración crítica de la comunidad de conocimiento correspondiente:

  1. La política de inclusión social es, como mínimo, el conjunto de la política social (e incluye todos sus pilares sectoriales, es decir, al menos, toda la política sanitaria, toda la política educativa, toda la política de servicios sociales, toda la política de empleo, toda la política de vivienda y toda la política de garantía de ingresos).
  2. Las mejores prácticas y el conocimiento disponible orientan a los servicios sociales a ir abandonando su posicionamiento residual/transversal (pretendidamente encargado último de la inclusión social) para ir construyendo uno universal/sectorial focalizado en la autonomía para la vida diaria en el seno de relaciones familiares y comunitarias.
  3. El principal obstáculo para dicho reposicionamiento estratégico reside en el (relativamente) limitado desarrollo científico, técnico y tecnológico de las áreas de conocimiento de la intervención social, explicable, entre otros factores, por la aceleración del cambio social y la limitada solvencia y madurez de la demanda de servicios correspondiente.
  4. Como otra importante condición de posibilidad para el éxito (en términos de resultados valiosos de/para las personas) de ese reposicionamiento, identificamos la del avance de los modelos de la atención integrada intersectorial a partir de la extensión del compromiso de las diversas políticas sectoriales (singularmente vivienda y empleo-garantía de ingresos) con las personas en situación de exclusión social (en las dimensiones que les corresponden).
  5. En los itinerarios y la segmentación en los servicios sociales, partiendo desde “colectivos vulnerables” hemos empezado a pasar a “contingencias especiales” (como, por ejemplo, exclusión social), para el paso a la atención secundaria, y, desde ahí, se tratará de afrontar el reto de la atención personalizada (integrada intrasectorialmente) para la diversidad comunitaria (con nuevos/distintos criterios de especialización, también para las situaciones complejas).
  6. El desarrollo de la iniciativa social (tercer sector) como ecosistema heterogéneo va hacia la diferenciación y articulación de, por una parte, la concertación de servicios públicos (derechos garantizados) y, por otra, la (escalable) innovación técnica, organizativa, social y política que hace posible la sinergia colaborativa entre agentes y el empoderamiento y la participación de todas las personas.

(Sobre estas cuestiones debatiremos en la Jornada Gizartegune, organizada en la Universidad de Deusto por la Diputación Foral de Bizkaia el jueves, 16 de marzo, a partir de las 8:30 horas. Más información aquí).

Por qué los servicios sociales no pueden (no deben intentar más) hacerse cargo de la exclusión social

Seis pilares

El viejo contrato social de la sociedad industrial incorporaba un sistema público contributivo de protección social para los varones empleados y para las mujeres (proveedoras de cuidados y apoyos familiares y comunitarios) y las descendientes vinculadas a dichos varones. Dicho sistema ofrecía aseguramiento, básicamente con dinero, frente a riesgos que se entendían y trataban como relativamente tasados o acotados (así la enfermedad, el desempleo o la jubilación). En ese marco se asumía que la asistencia social o, después, los servicios sociales se harían cargo (en forma no contributiva) de determinadas minorías especialmente vulnerables (identificadas previamente en forma de colectivos especiales) que pudieran quedar fuera del mencionado paraguas protector y, en definitiva, excluidas del sistema social.

En buena medida por el éxito relativo de ese modelo social, accedemos a la llamada sociedad del riesgo, en la que fenómenos como la sociedad del conocimiento, la globalización económica, la crisis de los cuidados, la individualización de trayectorias, los derechos sociales o la encrucijada ecológica determinan que los procesos de exclusión social se tornen crecientemente diversos, complejos, sistémicos y virales:

  • Diversos, porque se multiplican los factores o situaciones generadoras de exclusión social, que se entrecruzan entre sí.
  • Complejos, porque dichas situaciones de exclusión se combinan con factores generadores de empoderamiento e inclusión, apareciendo nuevas y desconocidas trayectorias, perfiles o segmentos de población excluida y demandante de inclusión.
  • Sistémicos, porque la exclusión social se revela como crecientemente estructural y no necesariamente se limita a colectivos minoritarios.
  • Virales, porque la exclusión puede propagarse con rapidez y presentarse de forma inesperada en la vida de personas que se creían a salvo de ella.

En ese contexto, unos servicios sociales que quieran (de iure o de facto) perseverar en el encargo del manejo de la exclusión social se ven sometidos a tensiones irresolubles y crecientes. Como decíamos en un seminario reciente, la prevención y abordaje de la exclusión social es, por igual, responsabilidad de todos los ámbitos: una situación que se presenta como exclusión laboral puede beneficiarse de una intervención educativa; otra que emerge como aislamiento relacional puede ser abordada desde el sector de la vivienda; la que se manifiesta en el ámbito de la convivencia en el espacio público quizá requiera la atención desde el sector sanitario; aquella que aparece como carencia de recursos económicos para la subsistencia puede requerir de la protección judicial que acote y promueva la autonomía de la persona; y así sucesivamente.

El reposicionamiento de los servicios sociales, abandonando el no-lugar residual de la pretendida (e imposible) especialización en la exclusión social para identificar, viabilizar y visibilizar su indispensable aporte específico (interacción: autonomía funcional/integración relacional) para todas las personas, requiere políticas claras y complicidad intersectorial y, en cualquier caso, no es tarea fácil. Sin embargo, sentimos que cada día que pasa se torna más necesario y urgente.

(Reflexiones en la preparación de una nueva edición del seminario intersectorial del Ayuntamiento de Bilbao y EAPN que empieza el 8 de noviembre y de la jornada prevista para el 24 de noviembre en Vilanova i la Geltrú).

¿Deben pasar a depender de Emakunde los Departamentos de Ginecología de Osakidetza?

Diversidad e igualdad

En pocas palabras: no.

No hay noticia de que nadie haya propuesto en ningún lugar que los Departamentos de Ginecología del sistema sanitario público pasen a depender del Instituto de la Mujer u organismo similar, dedicado a velar por la igualdad entre mujeres y hombres. Ello es así porque se diferencia correctamente entre el cometido y la organización de una política sectorial (la relacionada con la salud) y de una política transversal (la relacionada con la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres). Se aplica, en este caso, lo que se ha llamado mainstreaming de género. Sin embargo, las confusiones al respecto, en otros casos, son muy frecuentes.

En nuestro contexto las políticas sectoriales se caracterizarían por ser universales (para todas las personas) y por estructurar un conjunto propio de prestaciones y servicios que desembocan directamente en los individuos. Es lo que ocurriría en el caso de la sanidad, la educación o los servicios sociales, por poner tres ejemplos. Las políticas transversales no generarían, sin embargo, especiales estructuras propias de prestación de servicios sino que se apoyarían en las políticas sectoriales, velando por que éstas actúen adecuadamente en relación al fin que, en cada caso, corresponda. Políticas transversales serían, por ejemplo, la política familiar, la política de atención a la diversidad funcional o la ya mencionada política de igualdad entre mujeres y hombres.

Se diría que las políticas transversales existen porque las políticas sectoriales, por sí solas, no siempre garantizan suficientemente la consecución de determinados fines. Por eso existe, por ejemplo, la política de igualdad entre mujeres y hombres y por eso existen organismos que asumen dicha responsabilidad. Así, el Instituto de la Mujer (u organismo equivalente) se preocupa que en el ámbito educativo, en el ámbito del empleo y en el resto de ámbitos sectoriales se promueva la igualdad entre hombres y mujeres y que éstas no sean objeto de discriminación. Esto se hace, obviamente, influyendo en los ámbitos sectoriales pero no sacando a las mujeres de los servicios y ámbitos generales. Esto vale, también, para las mujeres víctimas de violencia machista que, lógicamente, resuelven algunas de sus necesidades en el ámbito sanitario, otras en el ámbito de los servicios sociales, otras en el ámbito de la seguridad ciudadana y así sucesivamente.

En ocasiones las personas con responsabilidades políticas o técnicas en políticas transversales no comprenden adecuadamente su naturaleza y compiten –en lugar de colaborar– con las políticas sectoriales, introduciendo confusión y retrocediendo en términos de igualdad y universalidad. En otros casos, son movimientos asociativos focalizados sobre determinados colectivos los que pueden estar contribuyendo a la deconstrucción de las políticas inclusivas y comunitarias. La política basada en la evidencia y el enfoque de derechos deben constituir espacios de encuentro y deliberación para que avancemos en nuestra capacidad de gestionar la diversidad en políticas e intervenciones en las que quepamos todas las personas.