Tercer sector de acción social: ¿y si se tratara de ser más “tercer sector” y menos “de acción social”?

Taula

Las organizaciones de nuestro tercer sector de acción social se identifican mayoritariamente con algún colectivo poblacional en situación o riesgo de exclusión social cuya delimitación suele tener que ver con algún factor clave para la inclusión social en un determinado modelo de sociedad (como, por ejemplo, tener empleo o tener familia). Fue, ha sido y es la sociedad excluyente la que ha configurado esos colectivos y fue, ha sido y es la entidad solidaria la que intenta prevenir, paliar o corregir los procesos de exclusión social que afectan a dichos grupos poblacionales. Una buena parte de estas organizaciones solidarias de acción social encuentran acomodo en el ámbito sectorial de los servicios sociales obteniendo financiación pública y encajando más o menos como atención especializada (por colectivos poblacionales) de los sistemas públicos de servicios sociales. En ese contexto, van potenciando su dimensión de prestadoras de servicios sociales (o, en general, de bienestar) financiados públicamente y van perdiendo autonomía estratégica frente a los poderes públicos.

Es posible que fenómenos extremos que se van encadenando (en salud, clima, suministros, finanzas, alimentación, seguridad, conectividad u otros) puedan ser síntomas de desajustes estructurales de nuestros sistemas tecnológicos, económicos, laborales, sociales y políticos. En ese contexto, al que llegamos tras un ciclo de digitalización, extralimitación, financiarización, deslocalización, mercantilización, individualización y desacralización, las organizaciones del tercer sector amarradas a un colectivo y con poca autonomía estratégica corren el riesgo de quedar a merced de las decisiones de las personas con responsabilidades políticas, personas que, en el contexto citado, se sienten también notablemente impotentes ante determinados poderes tecnológicos, económicos y empresariales globalizados. En lugar de progresar en universalidad, enraizamiento, integración y conocimiento, frecuentemente, quedan relegadas a una acción social residual, instrumentalizada, desconectada y de baja cualificación.

Si la acción social que se deja a las administraciones públicas y, especialmente, al tercer sector clientelar y dócil es ese tipo de obsoleto asistencialismo paliativo de pretendida emergencia (muchas veces shocks provocados o manejados por ciertos agentes), estigmatizante y alienante, de institucionalización y control, posiblemente sea prioritario construir capacidad de agencia para incorporar al funcionamiento del sistema social los valores de iniciativa, solidaridad, colaboración, justicia y participación que dan sentido al tercer sector. Más que la ayuda, prestación, servicio o programa establecido que gestiona, importa la capacidad que aporta a la sociedad de ensayar y desplegar formas alternativas de producción, funcionamiento y decisión. Más que la función que le dejan aquellos agentes que lo quieren instrumentalizar, el tercer sector de acción social se encuentra ante el reto de apoyarse en el conocimiento, en su base social, en su legitimidad, en su versatilidad y en su capacidad de situarse estratégicamente para encarnar y desencadenar cambios sociales inspirados en sus valores.

Lecturas recientes:

AGILE AGEING (2022): Cultivating neighbourhoods that care. London.

DRAPERI, Jean-François y otras (2022): Les coopératives entre management et contre-management. Bruxelles, Smart.

FANTOVA, Fernando (2022): “Políticas sociales, organizaciones solidarias e innovación social” en FUNDACIÓN EGUÍA CAREAGA (edición): Servicios sociales y vulnerabilidad frente a la pandemia. Donostia, páginas 87-101.

FRESNO, José Manuel (2021): “Concierto social y cooperación administrativa-tercer sector” en IZAOLA, Amaia (compilación): Actas del VIII Congreso de la Red Española de Política Social. Bilbao, páginas 926-951.

JARAÍZ, Germán y GONZÁLEZ, Auxiliadora (2021): “Dinámicas de colaboración en las organizaciones del tercer sector de acción social en España” en CIRIEC-España, número 103, páginas 141-170.

MAINO, Franca (2021): Il ritorno dello stato sociale? Mercato, terzo settore e comunità oltre la pandemia. Torino, Secondo Welfare.

NEL.LO, Oriol y otros (2022): El apoyo mutuo en tiempos de crisis. La solidaridad ciudadana durante la pandemia covid-19. Buenos Aires, CLACSO.

RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio y ARRIBA, Ana (2022): “Políticas de protección social y de lucha contra la exclusión laboral y social durante la crisis de la COVID-19” en AYALA, Luis y otras (coordinación): Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España. Madrid, Fundación FOESSA, páginas 345-391.

(Reflexiones para hoy en el séptimo congreso de la Taula del Tercer Sector en Barcelona.)

Políticas sociales, organizaciones solidarias e innovación social

SiiS

En las siguientes páginas, sobre la base de trabajos anteriores, vamos a intentar reflexionar sobre las capacidades y las potencialidades de nuestras organizaciones solidarias para impulsar la innovación social en el ámbito de las políticas sociales o participar en ella, en un contexto pandémico y pospandémico, de emergencias y reconstrucción.

A la vez quieren ser un homenaje a una iniciativa de la sociedad civil, la Fundación Eguía Careaga, que nos viene ayudando durante décadas en el mejor conocimiento de la realidad social y la mejor formulación de políticas sociales, siempre en clave de innovación.

La evolución de las políticas sociales

La adjetivación como social de una parte de las políticas públicas viene originariamente, en buena medida, de una concepción según la cual las Administraciones no habrían de ofrecer respuestas (prestaciones, servicios, atenciones, apoyos) a la mayoría de las necesidades de los individuos, salvo en determinadas circunstancias excepcionales, ante determinadas contingencias, en relación con determinados riesgos. Es decir, se asume que la mayor parte de la población puede (o, en todo caso, debe) obtener satisfacción para el grueso de sus necesidades mediante su pertenencia a familias (en sentido más restringido-nuclear o más amplio-comunitario) o mediante su participación en el mercado (laboral y de bienes y servicios, fundamentalmente) y que sólo en determinadas situaciones tasadas (enfermedad, desempleo, jubilación, orfandad, viudedad u otras), el Estado se hace cargo, bien de costear la satisfacción de determinadas necesidades o bien de satisfacerlas en especie o mediante servicios (Lapuente, 2015).

En esa tradición, tanto la modalidad contributiva (vale decir, Seguridad Social) como la no contributiva (Asistencia Social) de socializar o mutualizar esos riesgos por parte del Estado son políticas públicas adjetivadas como sociales. Así, en ese esquema, por ejemplo, la política sanitaria que me vacuna contra una enfermedad es considerada gasto social mientras que la política de seguridad que me protege frente a un robo no lo es. Consiguientemente, cuando se va adoptando un enfoque de derechos, se denominan derechos sociales los que permiten la satisfacción de esas necesidades que se entienden asociadas a contingencias como las mencionadas. En la concepción canónica de Thomas Marshall, de 1950, se trata de una generación de derechos humanos posterior a los derechos civiles y políticos y, por tanto, las obligaciones o responsabilidades de las Administraciones en relación con los derechos sociales serían posteriores y diferentes a las que tienen en relación con los derechos civiles y políticos. Volviendo al mismo ejemplo, la médica que me pone la vacuna vino después (y de otro modo, vale decir) que el policía que disuade a la persona que me iba a robar (Gómez y Vidal, 2019).

Sin embargo, ese modelo que podríamos denominar en cascada, según el cual quienes no pueden satisfacer determinadas necesidades mediante los ingresos obtenidos, básicamente, por el empleo o mediante la integración en una familia cuentan con la protección social contributiva, y, si no, en último caso, con la protección social no contributiva, es cada vez menos reconocible en nuestro entorno. En cada vez más sectores de actividad, como, por ejemplo, el de la vivienda (considerado habitualmente como social) o el transporte (no considerado social) se plantean las Administraciones parecidos dilemas entre, por ejemplo, regular o proveer (y, en cualquier caso, cuánto financiar o qué recursos y activos aportar). (Ignatieff, 2014). Siguiendo con los mismos ejemplos, ¿tiene hoy en día algún significado afirmar que alojar es más o menos social que transportar?

(Para seguir leyendo, descargar el artículo completo aquí. Forma parte del libro cuya portada aparece en la ilustración, editado en 2022 por la Fundación Eguía Careaga. El libro se presentará en Bilbao el 30 de mayo de 2022 a las 19 horas en el edificio municipal de La Bolsa.)

El tercer sector ante el reto de la pobreza

club of rome

En el ámbito de la intervención social en nuestro entorno, las organizaciones solidarias, las entidades del tercer sector, se entienden habitualmente dentro de un paradigma de la acción social que podríamos llamar subsidiario o residual, es decir, son concebidas en general como dispositivos para hacerse cargo en lo posible de situaciones o colectivos especiales, excepcionales, cuando otros mecanismos más poderosos fallan. Y en la evolución de los últimos cuarenta años van acostumbrándose a hacerlo, en buena medida, con la financiación y el control de las administraciones públicas.

En ese contexto, la pobreza sería vista como una de esas situaciones de las que pueden ocuparse las entidades de iniciativa social. A veces las personas pobres han sido contempladas como uno de esos colectivos especiales de los que se encarga, entre otros, el tercer sector y otras veces la pobreza se ha entendido como algo que les sucede a varios e incluso a muchos de esos colectivos. En los últimos veinte años, con la generalización del uso de los conceptos de exclusión e inclusión social, cabe decir que el término pobreza ha quedado más circunscrito a la carencia económica o monetaria más que a otras dimensiones de la exclusión social (como la relacional, la administrativa, la laboral, la residencial u otras).

Sin embargo, en estos mismos años también hemos ido elaborando la identidad del tercer sector y se ha planteado otra mirada no subsidiaria y no residual. Según esta visión lo que diferenciaría a las organizaciones solidarias de las públicas o de las mercantiles o incluso de las propias redes de relaciones primarias familiares y comunitarias es la lógica de sus transacciones o el tipo de medios que utilizan, de suerte que, resumiendo mucho, el intercambio sería lo propio del mercado, el derecho y la obligación lo propio del Estado, la reciprocidad lo propio de las relaciones primarias y la solidaridad lo propio de las entidades de iniciativa social.

Desde esta mirada, la aportación diferencial del tercer sector es más bien la de fortalecer la solidaridad con un fuerte acento de acción voluntaria y puede cuestionarse su posicionamiento originario según el cual sólo intervenía cuando algo fallaba en los mecanismos sociales considerados principales. Es un tercer sector, podemos decir, que llega a la mayoría de edad, que adquiere un estatuto superior, que intenta jugar en la primera división de los dispositivos para la integración y el funcionamiento de la sociedad. Emergiendo, genera interfaces interesantes y potentes con la comunidad, el mercado y los poderes públicos. Además, el avance del conocimiento (ético, científico, técnico y práctico) para la intervención social (y para otras ramas de la acción pro bienestar) nos lleva cada vez más a un enfoque universalista, preventivo, colaborativo, comunitario y basado en el conocimiento que casa mal con la vieja función subsidiaria y residual.

Por todo ello, diríamos que, hoy en día, nuestras organizaciones solidarias de acción social se mueven en una tensión entre las fuerzas que las llevan al rincón asistencialista (y además burocratizado por los requerimientos de control público) de hacer lo que otros agentes dejan sin hacer y los impulsos que les mueven hacia el universalismo preventivo, comunitario, colaborativo y productivo basado en el conocimiento. La pandemia y su abordaje seguramente han agudizado esta tensión, casi militarizando o bancarizando algunas organizaciones y revitalizando los dinamismos comunitarios, voluntarios, críticos y transformadores en otras.

Lo que sabemos hoy sobre las condiciones macroestructurales de generación y mantenimiento de las situaciones de pobreza económica y exclusión social (en una suerte de emergencia cronificada) aconseja esforzarse por superar el viejo posicionamiento focalizado y reactivo aunque, obviamente, las organizaciones solidarias tienen tradiciones y compromisos que no pueden abandonar de un día para otro. Se moverán por tanto entre la tarea de acompañar a las personas en situación de pobreza (u otras) sometidas a un régimen de segregación y estigmatización y la de anticipar en experiencias escalables de innovación social maquetas comunitarias de una sociedad sin pobreza ni exclusión. Y entre la capacidad de ayudar a los poderes públicos a cumplir algunas de sus obligaciones en situaciones de emergencia y la necesidad de ser un cauce significativo para la participación colaborativa de la ciudadanía crítica en el gobierno de la comunidad.

(Anticipo del contenido de la intervención en la mesa redonda que se retransmitirá hoy miércoles, 13 de octubre de 2021, a las 18 horas por el canal de YouTube del Capítulo Español del Club de Roma.)

Una hipótesis sobre el tercer sector de acción social en el País Vasco

tersec

El reciente barómetro sobre la realidad del tercer sector de acción social del País Vasco pone de manifiesto la envergadura de este fenómeno, del que forman parte 3.938 organizaciones, en las que trabajan de forma remunerada 38.525 personas, mientras que 158.599 lo hacen de manera voluntaria. Este conjunto de entidades gestiona 1.736 millones de euros, lo que viene a representar un 2,3% del Producto Interior Bruto vasco.

Son muchos los aspectos que se pueden comentar sobre las tendencias que se observan en nuestro tercer sector de acción social, pero aquí interesa hoy esbozar una hipótesis a partir de datos como el de que el 20 % de las organizaciones tiene menos de 5 años y, entre estas organizaciones nuevas, predominan las pequeñas de carácter cívico, transversal y comunitario de defensa de derechos, mientras que baja el porcentaje de las incardinadas en la prestación de servicios sociales, entre otras.

La hipótesis que esbozaríamos sería la de puede existir un núcleo duro de organizaciones maduras prestadoras de servicios sociales de responsabilidad (o, al menos, financiación) pública no especialmente permeables o sensibles a problemas emergentes (lo cual provocaría el surgimiento de nuevas y pequeñas entidades preocupadas por ellos) y protegido y encerrado por importantes barreras de entrada a los mecanismos de financiación y, en general, de relación con las Administraciones públicas, que dificultarían el acceso de nuevas organizaciones (y preocupaciones) a ese núcleo de entidades más fuertes, percibiéndose lógicas más competitivas que colaborativas.

Si, tomando como indicador el escaso desarrollo y aplicación de la Ley de Servicios Sociales del País Vasco, pudiéramos describir el estado de las Administraciones públicas vascas en materia de servicios sociales como de crisis y parálisis y de falta de aliento estratégico, nos encontraríamos con dos actores (el sector público y el tercer sector de acción social) que se retroalimentan entre sí pero que, posiblemente, llevarían tiempo perdiendo sensibilidad y apertura hacia cambios sociales y tendencias emergentes. A esa situación, se uniría, la baja capacidad del sector para acceder a financiación para investigación, desarrollo e innovación, de la que puede ser expresión el hecho de que menos de un 5% de las entidades (y descendiendo) accede a fondos europeos.

Aunque intenta apoyarse en datos, este análisis no pasa, en todo caso, de ser una conjetura que se somete a contraste y debate y que, de todos modos, sólo se refiere a unos determinados aspectos parciales de la situación del tercer sector de acción social vasco, entre los muchos, muchos de ellos positivos, sin duda, que podrían merecer atención.

Construcción de nuevos pactos políticos y sociales desde y para la confianza

eurosocial

A la hora de identificar y articular los grandes tipos de agentes que concurren a los diferentes ámbitos en los que se organiza la actividad económica, la política pública o la vida social, la comunidad sería el espacio de las relaciones primarias; el mercado, el lugar donde se pone precio a los bienes; el Estado, quien puede ejercer el poder coercitivo; y la iniciativa social o tercer sector sería una estación intermodal que emerge entre la comunidad, el Estado y el mercado, fortaleciendo, en principio desde claves solidarias, la capacidad del conjunto de la sociedad, vista como sistema compuesto por subsistemas, para hacerse cargo de la complejidad, a la vez que, paradójicamente, incrementa la propia complejidad social.

En los marcos de referencia hoy día predominantes en el ámbito de las políticas sociales y otras políticas públicas se dan la mano la innovación tecnológica (más orientada al qué) y la innovación social (más orientada al quiénes), al generarse, gracias a la tecnología digital, procesos operativos, de gestión y de gobierno más capaces de articular la coproducción y sinergias entre las diferentes capas de agentes. Por ello, las consideradas como de innovación social suelen ser iniciativas de corte participativo, usualmente vinculadas a innovaciones tecnológicas y comunidades (al menos en parte) virtuales, impulsadas desde el trabajo en red y el encuentro entre diversas tradiciones, saberes, disciplinas y realidades organizacionales y sectoriales, planteadas a menudo como proyectos piloto o empresas emergentes que pudieran luego llevarse a una escala mayor.

Los planteamientos de la innovación social ponen el énfasis en la escucha a las personas usuarias o destinatarias y en general a todo agente (hablándose de innovación abierta, codiseño, coproducción, y cocreación); promueven intencional, activa, colaborativa y reticularmente la creatividad; juegan con la visualización de los sistemas y las soluciones; y trabajan con procesos de prototipado y experimentación rápida.

En la creciente complejidad social, la innovación social en las políticas públicas busca, fundamentalmente, construir transacciones confiables y evitar en lo posible los costes de regulación, gestión, control y sanción que generan los sistemas opacos en los que reina la desconfianza institucionalizada. No nos encontramos en un momento en el que el debate principal sea el del tamaño o envergadura de las políticas sociales o la inversión social (por importante que sea este debate), sino en una situación de replanteamiento sistémico de la red de contratos sociales a escala global y local, contratos sociales para la sostenibilidad de la vida que sólo pueden construirse, ensayarse, reconstruirse y consolidarse en claves de innovación, participación, cohesión y confianza a escala micro y macro, en procesos cuya trazabilidad y relacionalidad basadas en el conocimiento se conviertan en el mejor antídoto para las amenazas de manipulación y autoritarismo que nos acechan.

(Publicado en el blog Recíprocamente de EUROsociAL.)

La triple tensión estratégica de las organizaciones solidarias de intervención social

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Para aproximarnos a comprender la complejidad de las decisiones de calado que han de tomar en nuestro entorno, actualmente, las entidades del tercer sector de acción social. podemos visualizarlas atravesadas por una triple tensión entre fuerzas contrapuestas, en medio de la cual han de buscar equilibrios relativamente estables y necesariamente creativos para, siendo fueles a sus señas de identidad, obtener el deseable impacto social.

La primera tensión es la que se produce entre las energías que intentan anclar a las organizaciones en su identidad fundante, en su esencia como entidades voluntarias que nacen de la libre agregación de personas y grupos comprometidos con algún tipo de causa solidaria y las que tiran de ellas como gestoras de servicios o programas realmente existentes o previstos, por los que los poderes y administraciones públicas están dispuestas a pagar dinero en forma de subvenciones, convenios, contratos o conciertos.

La segunda tensión es la que se da entre la llamada de la comunidad y el territorio, que pide organizaciones de base, a ras de tierra, capaces de acoger y gestionar la diversidad de género, generacional, funcional y cultural presente y deseable en los domicilios, los vecindarios, los barrios y los pueblos, y la tendencia a la especialización, a la segmentación, a hacerse cargo de la vulnerabilidad, dependencia, sufrimiento o exclusión de un determinado colectivo poblacional, sabiendo cada vez más de su problemática y correspondiente abordaje.

La tercera tensión es la que se observa entre la incardinación sectorial de las entidades en un determinado ámbito de actividad (los servicios sociales, el empleo, la vivienda o la sanidad, por poner cuatro ejemplos), que puede contribuir a su mejora basada en el conocimiento y a la inclusión de las personas a las que atienden, y la integración, intersectorialidad y transversalidad demandada frecuentemente por la complejidad de las intervenciones necesarias y la rigidez burocratizada de las estructuras y políticas públicas.

En esta triple tensión, no pocas organizaciones se deforman o se desintegran, mientras que otras encuentran, deben encontrar, podría decirse, la oportunidad de construir nuevas síntesis entre misión y sostenibilidad, entre proximidad y especialización, entre sectorialidad e integración. Desde la búsqueda y construcción de esas nuevas sinergias estratégicas, las organizaciones solidarias dedicadas a la intervención social deberán adoptar decisiones diversas y complementarias en relación con su escala, posicionamiento, composición, actividades, imagen y alianzas.

(Sobre estas cuestiones conversaremos los días 10 y 11 de enero de 2019 en Barcelona y Vallbona de les Monges con personas de la Cooperativa l’Olivera y el día 14 en Barcelona con el Grup ATRA. La ilustración corresponde a la cubierta del Centro de Nuevas Industrias y Tecnologías, construido en París en 1958, de planta triangular y de gran dificultad técnica.)

La incidencia política desde el tercer sector de acción social

Incidencia

Las organizaciones y redes del tercer sector de acción social, en términos generales, asumen que una de sus tareas inexcusables es la de lograr tener influencia en las políticas públicas. Para ello, posiblemente, el primer paso es analizar sus condicionantes y expectativas externas e internas y tomar conciencia de que, frecuentemente, ellas mismas son parte integrante del sistema establecido, singularmente en el ámbito de los servicios sociales y, frecuentemente, en otros como los del empleo o la vivienda. Por ello, transformar las políticas públicas empieza por transformarse a sí mismas (por ejemplo, despatriarcalizar las políticas públicas empieza por despatriarcalizarse a sí mismas).

Por otra parte, para lograr incidencia política, el tercer sector de acción social debe avanzar en su configuración como intelectual colectivo, compatible con la emergencia de intelectuales orgánicas, personas que puedan encarnar, en determinados momentos, el pensamiento, el conocimiento y la voz colectivas. Se trata de ir a la interlocución política con los poderes públicos (y otros agentes) más y mejor pertrechadas de análisis y propuestas comprehensivas sobre las políticas sectoriales y la atención integrada y no únicamente del “qué hay de lo mío”.

Seguramente, en ese terreno, hoy y aquí, es fundamental tener claro lo que supone la aplicación de un enfoque de derechos en la universalización de los servicios sociales y de otras ramas de la política social y ejercer  la resistencia crítica ante los intentos de restaurar ultimas redes asistencialistas que, con la bandera de conveniencia de una pretendida atención integral, precarizan estructuralmente las vidas de muchas personas y, también, dicho sea de paso, el propio tercer sector de acción social. Sabiendo que el reparto de papeles entre el sector público, el tercer sector y otros agentes será diferente en cada sector de actividad (servicios sociales, garantía de subsistencia, vivienda, empleo u otros).

Por otra parte, ese enfoque de derechos universales y el impulso de unos servicios sociales personalizados y comunitarios obliga a no pocas organizaciones del tercer sector de acción social a iniciar, más pronto que tarde, una travesía que, mediante la gestión del conocimiento y las alianzas estratégicas, les lleve a abandonar su nicho tradicional de atención segregada a un determinado colectivo poblacional para irse abriendo al conjunto de la ciudadanía diversa en el territorio (desde el hacinado al despoblado) en clave, cada vez más, de prevención y promoción.

Cada organización y cada red del tercer sector de acción social deberá definir y conquistar su posicionamiento específico, con la proporción deseada, en cada fase de su desarrollo, de ingredientes como: ser red de relaciones solidarias, dinamización comunitaria, intervención profesional, construcción de conocimiento, innovación social, construcción del diálogo civil (a la altura del diálogo social), colaboración con el sector público, sensibilización, cabildeo, fortalecimiento del propio tercer sector de acción social, denuncia, construcción de alianzas con o en movimientos sociales, movilización y así sucesivamente.

Posiblemente, la prueba del algodón de las estrategias de incidencia política del tercer sector de acción social sea la verificación en su seno de procesos de participación y empoderamiento de personas en situación, por ejemplo, de dependencia funcional, aislamiento relacional, exclusión comunitaria o fragilidad vital. Ser menos organizaciones que compiten por subvenciones para sostener empleos (en buena parte dedicados a solicitar y justificar subvenciones) y más instrumentos de autoorganización comunitaria y transformación social.

(Reflexiones compartidas en Cáritas de Castilla y León.)

Procomún colaborativo, creación de valor y territorios sostenibles

Pallars Jussà

El modo hegemónico de creación de valor en nuestro mundo es el mercantil y monetizado. En palabras de Antonio Machado: el que confunde valor y precio. Por ello, frecuentemente, desde la vida comunitaria, desde las políticas públicas y desde las organizaciones solidarias cometemos el error de despreciar las fórmulas propias de creación de valor de dichas esferas para incurrir en estrategias que conducen a la mercantilización de bienes relacionales, públicos o comunes.

Dicha dinámica está produciendo una creciente insostenibilidad de la vida, dado que, como es sabido, las lógicas de mercado, que tan beneficiosas y eficientes resultan para determinado tipo de recursos y procesos, no son sensibles al enorme valor de muchos bienes que producimos o necesitamos las personas, como, por ejemplo, aquellos a los que es (venturosamente) difícil restringir el acceso, los que no son de consumo directo para las personas, los que necesitan personas con limitada capacidad de compra (como las niñas y niños) o los que necesitarán de forma más directa o indirecta futuras generaciones de personas que todavía no han nacido.

En un mundo altamente urbanizado, esto se percibe de forma especial en los territorios de menor densidad de población, en los que la menor masa crítica de demanda agregada hace menos rentable hacer llegar numerosos productos y servicios. Ello facilita que se conviertan en territorios (y comunidades) explotadas y perdedoras, como también lo son, por cierto, determinadas zonas urbanas densamente pobladas, segregadas espacial y socialmente, que son esquivadas o soslayadas por flujos y procesos valiosos que, sin embargo, conectan y enriquecen a lugares bien próximos a ellas.

Por ello, posiblemente, un reto relevante de las políticas públicas e iniciativas colaborativas es el de la generación de ecosistemas (micro, meso o macro) en los que se construyan y multipliquen procesos alternativos de generación de valor, en los que la acción combinada y sinérgica de políticas públicas inteligentes e innovadoras e iniciativas solidarias de base comunitaria consiga dominar y subordinar las dinámicas mercantiles y la circulación de dinero al interés general y a la sostenibilidad social.

Ello supone, por ejemplo, superar el culto a la piedra (a la infraestructura física inaugurable) que preside muchas políticas públicas para potenciar su función relacional apoyada en la ciudadanía digital. Supone, por ejemplo, superar fórmulas inerciales y clientelares de financiación de proyectos para sustituirlas por fondos estratégicos e inteligentes de financiación de innovaciones transformadoras. Supone, por ejemplo, pedir a cada política pública e iniciativa social una mayor capacidad de contribuir a diferentes dimensiones (laboral, relacional, económica, ecológica y otras) del desarrollo territorial y social.

Esto es posible, está pasando, lo estamos contando.

(Entrada elaborada a partir de las conversaciones mantenidas en una jornada de trabajo organizada por el Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran en Tremp y en un encuentro del Dixit de Girona. En la foto, un lugar cercano a Tremp.)

Fortalecer la alianza estratégica entre la atención primaria de servicios sociales de gestión pública directa y el tercer sector de acción social

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El principal ámbito para la construcción de colaboraciones y alianzas por parte de las entidades del tercer sector de acción social debe ser el sector de los servicios sociales y, específicamente, el sistema público de servicios sociales. Ello es así porque el futuro que espere al ámbito sectorial de los servicios sociales dentro de nuestro sistema de bienestar es determinante para el tercer sector de acción social, tanto por el peso específico de sus entidades en el sector económico de los servicios sociales como por el hecho de que la financiación principal del tercer sector de acción social procede, hasta el momento, de los presupuestos públicos destinados a servicios sociales.

Se ha de recordar que el sector de los servicios sociales se encuentra en una ciaboga hacia la universalización que sólo puede completarse con alguna posibilidad de éxito si los avances del conocimiento y la tecnología posibilitan estrategias de integración vertical, entre la actual atención primaria, en gran medida de gestión pública municipal, y la actual atención secundaria, en buena medida gestionada por la iniciativa social sobre la base de una segmentación y segregación de la población usuaria en los tradicionales colectivos vulnerables de los que se ocupaba la asistencia social (como las personas menores, con discapacidad o mayores). Estrategias de integración vertical que incrementen la capacidad resolutiva de la atención primaria con una orientación cada vez más preventiva, personalizada, participativa y comunitaria.

Por ello se propone que las entidades del tercer sector de acción social impulsen proactivamente experiencias piloto, a las que puedan volcar su caudal de conocimiento y su capacidad de gestión, en las que intervengan con las personas en la comunidad, pertenezcan o no al colectivo poblacional con el que la entidad ha trabajado tradicionalmente. Se trata de construir formatos de atención que faciliten la vida de las personas en la comunidad, que hagan más improbable que dichas personas sean clasificadas de alguna manera que las haga candidatas a ser alejadas de su entorno y que vayan permitiendo que la intervención social suceda más en la comunidad (es decir, en los domicilios; en la calle o, en general, en el medio abierto o en el entorno digital) y menos en los centros (ambulatorios, diurnos o residenciales). Formatos que vayan rompiendo la dicotomía entre intervención individual e intervención comunitaria, en la medida en que toda intervención sea, a la vez, personalizada (porque así lo facilitan los avances tecnológicos de los macrodatos, el Internet de las cosas, las plataformas colaborativas o la inteligencia artificial distribuida) y comunitaria (porque siempre es objeto de la intervención social la construcción de lazos comunitarios).

Frente a unas entidades del tercer sector de acción social tradicional, pretendidamente especializadas en la asistencia integral (y, por tanto, frecuentemente, residual) a supuestos colectivos poblacionales entendidos como compartimentos estancos, se trataría de impulsar innovaciones en clave comunitaria y capaces de gestionar las relaciones interpersonales en las diversidades sexuales, generacionales, funcionales y culturales. Desde esta perspectiva estratégica, la incardinación sectorial de la actividad de las entidades del tercer sector de acción social en el ámbito de los servicios sociales se considera condición previa para la atención integrada intersectorial.

(Adaptado de un artículo de próxima publicación en la Revista Española del Tercer Sector, tras reflexiones compartidas con el Ayuntamiento de Mataró y la Fundació El Maresme.)

Servicios sociales, tercer sector e innovación social

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Si estamos sosteniendo que una nueva complejidad social que hace crecientemente obsoleto el modelo tradicional de bienestar es la que demanda unos nuevos servicios sociales universales dedicados a la protección y promoción de la interacción, basados en el conocimiento y la tecnología de evaluación e intervención e integrados vertical y horizontalmente, parece evidente que habrá de ser crecientemente compleja la red de agentes implicados y crecientemente complejas sus relaciones, de modo que la intervención social sea capaz de dar cuenta de la complejidad social, de hacerle frente. Dentro de esa red de agentes, por su importancia en los servicios sociales, procede fijarse especialmente en las entidades de iniciativa social.

Según el planteamiento presente en la normativa vasca, se entiende que las entidades del tercer sector resultan de interés tanto cuando prestan servicios de responsabilidad pública como en el resto de sus actividades y funciones, aportando, en todo caso, un valor añadido específico y diferencial, en virtud del cual se justifica que sean objeto de fomento (en sus diversas actividades propias) y de discriminación positiva (en forma de cláusulas sociales, reserva de contratos u otras que les favorezcan como gestoras de servicios públicos). Ese valor se verificaría, fundamentalmente, en la sinergia entre la prestación de los servicios en los términos establecidos y otras dinámicas como las de la acción voluntaria, la participación de las personas usuarias (y otras) en calidad de asociadas, el enraizamiento comunitario de la organización, su carácter inclusivo, el plus de compromiso de las trabajadoras, la conexión en red de la organización, la incorporación como trabajadoras (remuneradas o voluntarias) de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión, el valor intangible de la renuncia al beneficio económico, la independencia respecto del aparato público, el comercio justo, la gestión y financiación ética, el compromiso soportado con recursos propios, la utilidad pública, el interés social, la reputación en la comunidad u otros intangibles presentes en la cultura o ideología de la organización.

Se trataría, ahora, de recuperar capacidad de estar en los dos lados de la ecuación: del lado de la intervención profesional del sistema público de servicios sociales y del lado de los activos comunitarios que pueden ser vistos como resultados esperados y apoyos complementarios por parte de los servicios sociales públicos o profesionales, de modo que la incorporación de entidades de la iniciativa social como prestadoras de servicios profesionales no acarree el sacrificio de sus potencialidades en clave de red comunitaria, voluntaria y solidaria.

Un marco posible para esta agenda de recuperación o reinvención de la iniciativa social y de la colaboración de diversos agentes en redes diversas de conocimiento y acción puede ser el de la innovación social. Las consideradas como de innovación social suelen ser iniciativas de corte participativo, usualmente vinculadas a innovaciones tecnológicas y comunidades (al menos en parte) virtuales, impulsadas desde el trabajo en red y la hibridación entre tradiciones y realidades organizacionales y sectoriales, planteadas a menudo como proyectos piloto (o empresas emergentes) que pudieran luego llevarse a una escala mayor. Los planteamientos de la innovación social ponen el énfasis en la escucha a las personas usuarias o destinatarias y en general a todo agente (hablándose de innovación abierta, coproducción, y cocreación); promueven intencional, activa, colaborativa y reticularmente la creatividad; juegan con la visualización de los sistemas y las soluciones; y trabajan con procesos de prototipado y experimentación rápida.

(Tomado y adaptado de un artículo de próxima publicación en Zerbitzuan.)