Cebe remitir a un artículo reciente para justificar la elección de denominar intervención social a la actividad definitoria que tiene lugar en el sector de actividad de los servicios sociales (aunque tenga lugar, como actividad auxiliar, en otros sectores económicos) y la identificación del trabajo social, la educación (y pedagogía) social y la psicología de la intervención social como las tres grandes disciplinas y profesiones que configuran y nutren hoy en España la realización de la intervención social y la prestación de servicios sociales.

A la hora de aportar algunas propuestas a estas comunidades y redes profesionales y disciplinares, se parte de las siguientes premisas, obviamente discutibles y que, simplemente, se enunciarán:

1. Ninguna de las tres disciplinas y profesiones está en condiciones de conseguir una posición de hegemonía frente a las otras en el ámbito de los servicios sociales y en la práctica de la intervención social.
2. Ninguna de las tres disciplinas y profesiones puede renunciar a su papel en los grandes subprocesos del proceso de intervención social, tales como el diagnóstico, la prescripción facultativa, la planificación participativa, la ejecución de la intervención o la evaluación de la intervención.
3. Ninguna de las tres profesiones y disciplinas puede aceptar una posición subordinada a otra de ellas.
4. Ninguna de las tres disciplinas y profesiones puede renunciar ni a la dimensión individual ni a la dimensión colectiva de la intervención social.
5. Ninguna de las tres disciplinas o profesiones puede considerar las actividades de gestión o gobierno (o, dicho de otra manera, las actividades administrativas o directivas), tales como dar información, registrar información, transmitir información o coordinar a personas, como propias o características de su actividad profesional de intervención social.
6. Ninguna de las tres disciplinas y profesiones puede renunciar a ningún segmento poblacional destinatario, se defina como se defina (por edad, por capacidad funcional, por grado de inclusión relacional o por otro criterio).

A partir de estas premisas, parece destinada al fracaso cualquier estrategia basada en repartir entre las tres profesiones o disciplinas las actuales operaciones realizadas en los servicios sociales o en los procesos de intervención social realmente existentes (“Quítate tú pa’ ponerme yo”). Más bien se trataría de explorar y explotar oportunidades en el proceso de construcción de unos nuevos servicios sociales y una nueva intervención social, cada vez más basadas en el conocimiento y de mayor valor añadido universal.

Seguramente será difícil, para cualquiera de las tres, aceptar que ninguna de las tres puede reclamarse como más social que las otras. O que ninguna puede presentarse como más clínica, terapéutica, relacional, integrada o transformadora. O que ni siquiera ninguna de las tres puede reclamar en mayor medida la dimensión asistencial, educativa, o psíquica de la intervención social y sus efectos. Dichas renuncias, seguramente, solo podrán ser planteadas y asumidas con éxito en una dinámica de mejora, innovación y construcción de la intervención social y los servicios sociales en las que todas las disciplinas, profesiones y agentes puedan salir beneficiadas y, especialmente, sea beneficiada la ciudadanía destinataria a cuyo servicio estamos.

(Fragmentos de un artículo de próxima publicación en la Revista de Treball Social, como aperitivo para una jornada, en Jaén, el 29 de septiembre de 2018, con el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía., a cuya web pertenece la ilustración.)

En nuestro entorno son tres las profesiones con rango universitario que tienen claramente más presencia en los servicios sociales y las que en mayor medida ponen a lo que hacen el nombre de intervención social: el trabajo social, la educación social (con la pedagogía social) y la psicología de la intervención social (entendida como una de las especializaciones aplicadas de la psicología). Se proponen aquí como las tres disciplinas llamadas en mayor medida a construir y constituir el cuerpo de conocimientos científicos y técnicos de la intervención social.

Ciertamente, interacción es un término que se utiliza en el mundo del trabajo social, cuando se afirma, por ejemplo, que “el objeto de intervención del trabajo social es la interacción entre el sujeto en situación de necesidad y/o en situación-problema y su entorno social” (María José Aguilar). Mary Richmond, pionera del trabajo social, decía que “el diagnóstico social, entonces, puede ser descrito como el intento de hacer una definición, lo más exacta posible, de la situación y personalidad de un ser humano con alguna necesidad social; de su situación y personalidad, esto es, en relación con otros seres humanos de los que de alguna manera depende, o los que de alguna manera dependen de él, y en relación también con las instituciones sociales de su comunidad”.

Se ha dicho, por otro lado, que “la Psicología de la Intervención Social es un conjunto de saberes y prácticas fundamentadas en la ciencia del comportamiento humano que se aplican a las interacciones entre personas, grupos, organizaciones, comunidades, poblaciones específicas o la sociedad en general, con la finalidad de conseguir su empoderamiento, la mejora de su calidad de vida, una sociedad inclusiva, la reducción de las desigualdades y el cambio social. Todo esto mediante estrategias proactivas y preventivas que dinamizan y favorecen la participación de personas y comunidades y tienen en cuenta la diversidad humana” (López-Cabanas y otras).

Por último, cabe recordar que, en la bibliografía sobre pedagogía y educación social se hace referencia a la dimensión “relacional, convivencial, comunitaria” de la “vida cotidiana” como “escenario” de la intervención (Caride) y a la “acción sistemática que moviliza los recursos del entorno para favorecer el desarrollo de la sociabilidad del sujeto, promoviendo su autonomía y participación crítica en la sociedad” (Melendro), recordando que las personas son “seres de necesidades, que deben satisfacerse en la interacción con otros” (Caride) en un “marco sociocultural determinado” (Melendro).

Sea como fuere, si bien cabe constatar la presencia y predominancia de estas tres áreas de conocimiento en la intervención social y en los servicios sociales realmente existentes y establecer conexiones entre ellas y la definición de la interacción (entre autonomía funcional cotidiana y relaciones familiares y comunitarias) como objeto de la intervención social y de los servicios sociales, seguramente está en gran medida por hacer la conversación en y, especialmente, entre estas tres disciplinas y profesiones (y otras) para la construcción de un conocimiento compartido, una actividad profesional colaborativa y un sector económico y de política pública atractivo y de futuro.

(Adaptado de un fragmento del artículo “Construyendo la intervención social”, descargable pinchando en su título. Sobre estas cuestiones hablaremos esta semana en actividades organizadas por Servicios Sociales Integrados, la Diputación Foral de Bizkaia y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales con la Universidad de Zaragoza.)

Los seres humanos somos sistemas vivos que nos desenvolvemos en diferentes entornos, con acciones y respuestas en ambos sentidos (de la persona al medio y del medio a la persona), que transforman tanto a los individuos como a los entornos y que determinan un mejor o peor ajuste o acoplamiento entre la persona y el medio. El desarrollo social puede ser visto como un proceso de incremento de la complejidad de los entornos en los que acontece nuestra vida.

En ese desarrollo social percibimos procesos interrelacionados como los de: especialización del conocimiento, estructuración de las políticas públicas y construcción de las demandas sociales. Estos tres procesos han tenido y siguen teniendo dinámicas diferentes en los distintos sectores de actividad, como se puede comprobar si comparamos el del turismo con el de la salud o el del transporte con el de la vivienda. Llamamos sociedad del conocimiento a aquella en la que el saber (científico, tecnológico o práctico) gana peso a la hora de estructurar los flujos de acciones y respuestas entre las personas y los entornos y a la hora de impulsar el desarrollo social.

Los servicios sociales y las disciplinas de la intervención social han decidido dejar atrás su configuración como Plan B integral para minorías excluidas y se están construyendo como sector de actividad que pretende ser valioso para todas las personas. Ello, obviamente, nos obliga a identificar en qué acciones y respuestas y en qué entorno de la vida de las personas nos consideramos especializadas. Reconocemos los servicios de salud como indicados cuando nuestro cuerpo reacciona con fiebre alta ante un agente infeccioso procedente del entorno físico. Deseamos acudir a un concierto de nuestra cantante favorita (industria cultural) cuando escuchamos en un programa especializado (entorno cultural) una canción de su último disco. Y así sucesivamente.

Identificar de forma cada vez más precisa, compartida y rigurosa el meollo (la médula central, la esencia definitoria) de los servicios sociales y la intervención social es una condición necesaria (aunque no suficiente) para su desarrollo. No porque tal meollo, definido con categorías necesariamente (aunque no sólo) científicas, deba ser identificado por su nombre por la ciudadanía, sino porque es la base precisa para seleccionar y generar tecnologías y estructuras que permitan ofrecer apoyos valiosos que, esos sí, serán reconocidos y demandados por la población.

El concepto de interacción (entendida como el ajuste entre la autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria de la persona y el entorno de las relaciones primarias de carácter familiar o comunitario) pretende servir para nombrar ese meollo de los servicios sociales y la intervención social. Y, por ello, pretende ser la base para identificar, distinguir, crear y desarrollar las estructuras y tecnologías que nos permitan decir, más pronto que tarde, que tenemos una oferta creíble de un conjunto diferenciado de intervenciones, productos y apoyos deseables como universales y valiosos para toda la ciudadanía.

(Entrada elaborada gracias a una conversación con Ana Fungueiriño, del Colegio de Trabajo Social de Galicia. Sobre estas cuestiones hablaremos en actividades programadas para esta semana en La Vall d’Uixó. La fotografía corresponde a la obra “Elogio de la arquitectura V”, de Eduardo Chillida.)

En el trabajo social o en las otras áreas de conocimiento involucradas en la intervención social, la operación de diagnosticar, valorar o evaluar las necesidades o situaciones a las que se quiere dar respuesta puede (y debe) hacerse antes de decidir (planificar, prescribir, proponer) poner en marcha la intervención y, lógicamente, también después, tantas veces como sea oportuno. Como en cualquier otro ámbito sectorial, el diagnóstico, valoración y evaluación pertinentes y útiles serán los que se circunscriban adecuadamente al perímetro sectorial de necesidades, apoyos, situaciones o contingencias correspondientes a la actividad sectorial característica o propia. No tiene sentido pretender diagnosticar, valorar o evaluar necesidades o situaciones de la persona para cuyo abordaje no tenemos el encargo y el instrumental correspondientes.

En el País Vasco, en lo tocante al instrumento de diagnóstico general, como preguntas o consideraciones que cabría hacerse a la hora de evaluar su idoneidad y que podrían ser, eventualmente, de ayuda en su futuro proceso de mejora o, en general, tenidas en cuenta en las labores de diagnóstico, valoración o evaluación de las necesidades y situaciones de las personas en los servicios sociales (y específicamente en la atención primaria), se podría plantear en qué medida es conveniente o apropiado:

• Diferenciar, en la información que se registra, la que se refiere a necesidades o situaciones a abordar por parte de los servicios sociales de la que se refiere a necesidades o situaciones correspondientes a otros ámbitos sectoriales.
• Reducir, quizá, la cantidad de información sobre cuestiones que corresponden a otros ámbitos sectoriales (y más bien apostar, para los casos en que sea necesario, por la interoperabilidad entre sistemas de información de diferentes ámbitos sectoriales).
• Identificar, en la información que se recaba y registra (con el fin de poder llegar al diagnóstico), sus fuentes (la persona usuaria, la profesional que diagnostica, otras profesionales o sistemas u otras).
• Explicitar (en el propio instrumento general o con otros) el procedimiento mediante el cual se llega a un determinado diagnóstico y diferenciar entre la información que se recaba para llegar a él y el diagnóstico o diagnósticos propiamente dichos.

En general, en materia de diagnóstico, valoración y evaluación de las necesidades o situaciones sobre las que intervienen los servicios sociales, nos encontraríamos en el País Vasco con una agenda de mejora en lo relativo a:

• La aplicación prudente de los instrumentos aprobados (especialmente en el caso de los más nuevos), en función del contexto (capacidades disponibles propias y de otros agentes o sectores afectados), especialmente en los casos en los que, en función del diagnóstico o valoración obtenida, se decide no atender a una persona (al menos, por ejemplo, hasta tener constancia de que es atendida adecuadamente desde el otro nivel asistencial o sector de actividad que se considera pertinente por parte de quien realiza el diagnóstico o valoración).
• La utilización y perfeccionamiento de instrumentos cada vez más y mejor focalizados sobre el objeto de los servicios sociales, que ayuden a una mejor comprensión y abordaje de las necesidades y situaciones, especialmente desde la atención primaria.
• La diferenciación (y adecuada interrelación) entre el diagnóstico (o los diagnósticos) a efectos de intervención y la baremación a efectos de reconocimiento de un derecho o asignación de la responsabilidad de atención a una determinada estructura administrativa.
• La dinamización de la comunidad o comunidades de conocimiento (con especial protagonismo de los estamentos académicos e investigadores) en los procesos de fundamentación; elaboración; evaluación de usabilidad, eficiencia, fiabilidad y validez; y mejora de los instrumentos, previendo sistemas diferentes de su plasmación en una norma jurídica para posibilitar e impulsar su utilización.

(Tomado y adaptado de un artículo de próxima publicación en Zerbitzuan. Sobre estas y otras cuestiones relacionadas se hablará en las conferencias y otras actividades organizadas los días 16 y 17 de noviembre por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia. En la ilustración, Mary Richmond.)

El concepto de globalización es, sin duda, uno de los más utilizados para intentar identificar un conjunto de cambios sociales en curso en las últimas décadas del siglo XX y las que llevamos del XXI y se refiere, fundamentalmente, a diversos efectos del desarrollo de tecnologías de la información y comunicación que están transformando radicalmente nuestro mundo laboral, económico, relacional y, en general, social.

En ese proceso de cambio que sentimos como acelerado, cada vez más personas nos vemos lanzadas a construir las que Ulrich Beck llamaba “biografías de bricolaje”, en la medida en que se multiplican las oportunidades y las amenazas para nuestras cada vez más diversas y cambiantes trayectorias laborales, familiares o, en general, personales.

En ese contexto, la educación social y, en general, las disciplinas y profesiones de la intervención social encuentran su gran ventana de oportunidad para construirse y ser vistas como áreas de conocimiento y de práctica de alto valor añadido para el conjunto de la población, en la medida en que ofrecen apoyos para el fortalecimiento de la autonomía y autodeterminación de las personas en el seno de sus relaciones familiares y comunitarias.

Privadas o liberadas (según se mire) del acceso a trayectorias biográficas como las de generaciones anteriores, mucho más predeterminadas por el lugar de nacimiento, el sexo, el primer acceso al mercado laboral o las redes familiares y comunitarias originarias, en la denominada por Beck “sociedad del riesgo”, las personas (además de atención sanitaria, cualificación e inclusión laboral; además de acceso al alojamiento o garantía de ingresos) necesitamos apoyos profesionales (a pie de calle, en nuestro domicilio, en las redes sociales u otros entornos comunitarios) que nos ayuden a prevenir, paliar o revertir situaciones de pérdida de autonomía para la vida diaria o de aislamiento o exclusión relacional.

Fenómenos tan preocupantes como la victoria de Donald Trump revelan hasta qué punto y de qué manera inseguridades personales o fracturas de identidad fraguadas y vividas en espacios microsociales pueden agregarse a escala macrosocial con peligrosas consecuencias. De ahí la necesidad de reforzar el compromiso del Estado de bienestar por el apoyo profesional de la educación social y, en general, de la intervención social (en los servicios sociales y también en otros sectores de actividad) a la coproducción de bienes relacionales en el seno de comunidades inclusivas para que más y más personas afrontemos cada vez mejor el bricolaje de nuestra vida.

Una de las conclusiones de un análisis sobre nuestros servicios sociales, que próximamente se publicará en la revista Zerbitzuan, es que, en este ámbito sectorial, se han producido y se producen, significativamente, algunas situaciones como las siguientes:

• Presencia notable de contenidos fácticos de la regulación jurídica y organización administrativa de los servicios sociales en los currículums académicos ofrecidos para la formación de profesionales de la intervención social, como si constituyeran o aportaran (y, por tanto, en lugar de) conocimiento disciplinar, técnico y científico.
• Desconocimiento, por parte de diversos agentes relacionados, incluido en ocasiones el propio personal técnico, del perímetro a exigir y respetar para el ámbito propio de la capacidad de diagnóstico, prescripción e intervención profesional de la intervención social, no delimitándolo (por exceso y por defecto) y no diferenciándolo adecuadamente de otros ámbitos técnicos o facultativos o de los administrativos o políticos.
• Utilización de procedimientos de construcción jurídica, gobernanza política, diálogo institucional o gestión administrativa para producir y legitimar contenidos e instrumentos que pertenecen a la esfera de las ciencias y las tecnologías de la intervención social y que debieran ser elaborados y validados en las redes y comunidades de conocimiento de las disciplinas de la intervención social.

Se trataría de fenómenos que podríamos considerar indicadores expresivos de inmadurez de nuestro sector de actividad y áreas de conocimiento y que nos restan capacidad de respuesta y maniobra ante las crecientes necesidades, demandas, expectativas y competencia a las que están sometidos los servicios sociales y la intervención social en el actual contexto de cambio tecnológico, social, institucional y político.

La conclusión obtenida, obviamente sometida a debate, es que nuestra principal responsabilidad como profesionales de la intervención social y los servicios sociales, hoy y aquí, es la que tenemos en relación con la construcción, validación, transferencia, aplicación y mejora de conocimientos rigurosos y tecnologías seguras dentro de nuestras disciplinas (como trabajo social, educación y pedagogía social y psicología de la intervención social), que ofrezcan a la ciudadanía (a todas las personas), en el seno de los servicios sociales (y en otros ámbitos), la posibilidad evaluable y evidente de lograr resultados valiosos.

Y quizá que, sin dejar, obviamente, de participar e influir en conversaciones como la intersectorial, la laboral, la reivindicativa o la administrativa, sería prioritario producir, nutrir, dinamizar, relacionar y alinear las conversaciones propias de nuestras comunidades de conocimiento y, especialmente, las que hay que construir entre las universidades y centros de investigación y las organizaciones y profesionales de la intervención social y los servicios sociales universales, relacionales y comunitarios que estamos impulsando.

Sobre estas cuestiones hablaremos el jueves, 7 de septiembre, en Barcelona en la asamblea de la Comisión de Bienestar Social de la Asociación Catalana de Municipios. Más información aquí.

En nuestro entorno, la educación social se ha venido configurando como una profesión que se desempeña, en buena medida, en el ámbito sectorial de los servicios sociales, aunque, sin duda, tenga cabida y deba tenerla cada vez más en otros sectores de actividad económica. Podría decirse que el trabajo social, la psicología de la intervención social y la educación (y la pedagogía) social constituyen las principales disciplinas o áreas de conocimiento de referencia para los servicios sociales.

El de los servicios sociales –al igual que otros muy propicios para la educación social, como es el de la educación– es un ámbito sectorial en el que existe un amplio consenso a favor de la existencia de políticas y sistemas públicos de servicios que garanticen derechos universales a toda la ciudadanía. Debemos reconocer, sin embargo, que la garantía del derecho a los servicios sociales (y, por tanto, a una buena parte del apoyo y acompañamiento que podemos ofrecer las educadoras y educadores sociales) no es tan fuerte en nuestro contexto como la que existe para otros derechos, como puede ser, por ejemplo, el derecho a la atención sanitaria.

Esa fragilidad de la garantía del derecho de ciudadanía a los servicios sociales tiene que ver, sin duda, con apuestas políticas e inversiones presupuestarias, pero debemos reconocer, también, que tenemos un trecho importante por recorrer en lo tocante a la configuración del contenido técnico de nuestras intervenciones y programas, y en cuanto al posicionamiento del valor profesional que aportamos a los ojos del conjunto de la ciudadanía. En cualquier caso, ambos ingredientes o niveles–contenido técnico y garantía política– deben diferenciarse, siendo el primero requisito previo para el segundo.

La investigación científica e innovación tecnológica que realizan la medicina o la farmacia son las que llenan de contenido nuestro derecho a la atención sanitaria. La reconocida capacidad diagnóstica y terapéutica de las ciencias de la salud –sin desconocer sus limitaciones y disfunciones– ha sido y es decisiva a la hora de inclinar a quienes toman decisiones políticas (y quieren garantizar derechos sociales) a apostar por la inversión en la estructuración y desarrollo de servicios públicos de carácter profesional (en lugar, por ejemplo, de distribuir prestaciones económicas). Nos puede valer el ejemplo.

Podría afirmarse, entonces, que –sin negar la importancia del compromiso y reivindicación política de las y los profesionales de la educación social y de las organizaciones y redes en las que trabajamos– hoy y aquí, posiblemente, nuestra principal contribución para la garantía de derechos de ciudadanía en el ámbito de los servicios sociales sea la del desarrollo del conocimiento riguroso y las herramientas y alternativas de intervención que permitan producir prestaciones y servicios de alto valor añadido que puedan ser cada vez más reclamados por la ciudadanía y garantizados como derechos por parte de los poderes públicos.

Proposem denominar intervenció social l’activitat operativa pròpia dels serveis socials. I proposem acceptar que, avui i aquí, hi ha tres grans professions i disciplines de la intervenció social: el treball social, l’educació social i la psicologia de la intervenció social. Això vol dir que totes tres assumeixen que són socials en la mesura que protegeixen i promouen la interacció (autonomia funcional i integració relacional: finalitat que atribuïm als serveis socials) i no en el sentit més ampli del conjunt de la política social.

La nostra visió és que, avui i aquí, és més estratègic per al treball social, l’educació social i la psicologia de la intervenció social aplicar-se en la construcció i enfortiment de la casa comuna de la intervenció social que destinar energies a identificar o delimitar l’habitació de cada una.

L’educació (i pedagogia) social, el treball social i la psicologia de la intervenció social i els seus professionals i docents han d’alinear els seus esforços des de consensos bàsics. El principal, al nostre entendre ha de ser la superació de la versió o visió de la intervenció social com una intervenció per a col·lectius poblacionals especials, vulnerables o exclosos. Des del nostre punt de vista, per a la intervenció social i per als serveis socials és crític concebre’ls i produir-se com una oferta per a totes les persones, per a qualsevol persona.

D’altra banda, el fet que, avui i aquí, l’educació (i pedagogia) social, el treball social y la psicologia de la intervenció social tinguin, al nostre entendre, el seu lloc preferent (d’actor protagonista), com a professions i disciplines de la intervenció social, en l’àmbit dels serveis socials no exclou en absolut que puguin estar i hagin d’estar presents en altres àmbits sectorials (com a actor secundari), en altres àmbits de la política social (com salut o habitatge) i en àmbits sectorials no considerats socials, com la justícia o la protecció civil, per posar-ne dos exemples.

Professionals i docents del treball social,de l’educació social i de la psicologia de la intervenció social, sens dubte, han d’assumir responsabilitats de gestió organitzacional i de govern polític (o, alternativament, de reivindicació militant), però segurament, en aquest moment, l’aportació més estratègica que poden fer per a l’impuls de les polítiques socials és, al nostre entendre, omplir de contingut científic i tècnic els processos d’intervenció social, per tal de contribuir al fet que cada vegada es percebin com a més valuosos per part de la ciutadania.

(Adaptat de part d’un article publicat a Quaderns d’Educació Social. Il·lustració de Virinia Chavira per a la portada de la revista.)

En el ámbito de la política social se observa y se valora positivamente la tendencia de configuración de ramas sectoriales, cada una de las cuales se ocupa, para toda la población, de una necesidad, bien u objeto específico. Serían al menos las siguientes:

• La sanidad, que se ocupa de la salud.
• La educación, que se ocupa del aprendizaje.
• Los servicios sociales, que se ocupan de la interacción (autonomía funcional en integración comunitaria).
• Las políticas laborales, que se ocupan del empleo.
• Los servicios de vivienda, que se ocupan del alojamiento.
• La garantía de ingresos, que se ocupa de la subsistencia.

La creciente complejidad de las necesidades y riesgos sociales, la demanda de personalización y garantía de derechos por parte de la ciudadanía y el propio perfeccionamiento de la actividad en esos sectores de la economía los ha ido convirtiendo, cada vez más, en sistemas de servicios y estructuras de intervención basadas en la evidencia y el conocimiento. Por ello es comprensible y deseable que, en cada uno de los sectores, haya profesiones y disciplinas que lideran e impulsan la consecución de de los resultados deseados en cada caso. Es lo que pasa en la sanidad con la medicina, en la en la educación con la pedagogía, en la vivienda con la arquitectura o en los servicios sociales con las profesiones y disciplinas de la intervención social (tales como el trabajo social, la educación social o la psicología de la intervención social).

Sin embargo esa misma complejidad y demanda de personalización exigen que, además de potentes políticas e intervenciones sectoriales, seamos capaces de organizar las políticas intersectoriales y la atención integrada. Éstas políticas intersectoriales y esta atención integrada deben ser respetuosas de los sectores de actividad y de los sistemas públicos de cada sector pero, a la vez, deben permitir, por ejemplo mediante el trabajo en red, la facilitación de los itinerarios de las personas, que, en algunas ocasiones, requieren de la atención o intervención simultánea o entreverada de o desde dos o más ámbitos sectoriales diferentes. Hay que notar, por cierto, que en esas dinámicas de integración intersectorial también toman parte políticas o sectores no considerados sociales, como la justicia, la seguridad, la hacienda u otros.

Las profesiones y disciplinas de la intervención social (como es el caso del trabajo social), además de ocupar una posición de centralidad en el sector de los servicios sociales, están presentes en el resto de sectores de actividad. La presencia en servicios y programas de un determinado sector de actividades y prestaciones propias o típicas de otros ámbitos contribuye a la consecución de una atención integrada y facilita la coordinación intersectorial y la construcción de políticas intervenciones intersectoriales.

(Sobre estas y otras cuestiones se debatirá en la jornada prevista para el 19 de abril en Vitoria-Gasteiz. Más información aquí.)

Proponemos denominar intervención social a la actividad operativa propia de los servicios sociales. Y proponemos aceptar que hay tres grandes profesiones y disciplinas de la intervención social: el trabajo social, la educación social y la psicología de la intervención social. Eso quiere decir que las tres asumen que son sociales en tanto en cuanto protegen y promueven la interacción (autonomía funcional e integración relacional), finalidad que atribuimos a los servicios sociales.

Nuestra visión es que, hoy y aquí, es más estratégico para el trabajo social, la educación social y la psicología de la intervención social aplicarse en la construcción y fortalecimiento de la casa común de la intervención social que destinar energías a identificar o delimitar la habitación de cada una.

Dicho esto, no cabe duda de que la educación (y pedagogía) social y sus profesionales y docentes deben alinear sus esfuerzos desde consensos básicos. El principal, a nuestro entender, hoy y aquí, debe ser la superación de la versión o visión de la educación social como una educación para colectivos poblacionales especiales, vulnerables o excluidos. Desde nuestro punto de vista, para la educación (y pedagogía) social (y para los servicios sociales) es crítico concebirse y producirse como una oferta para todas las personas, para cualquier persona.

En tanto que educación, la educación social busca desencadenar aprendizajes, pero en tanto que social entiende que dichos aprendizajes están al servicio de la interacción (autonomía funcional e integración relacional). La educación social se distinguiría de otras formas o procesos de intervención social por su mayor énfasis en el aprendizaje de las personas destinatarias. Y se distinguiría de otras formas o procesos de educación por el tipo de necesidades educativas, objetivos pedagógicos y actividades curriculares: no por el tipo de personas destinatarias. Por principio, no se puede aceptar que haya formas o actividades de educación excluyentes que dejan fuera a personas para que se ocupe de ellas la educación social. Ese posicionamiento residual no nos parece admisible.

Por otra parte, el hecho de que, hoy y aquí, la educación (y pedagogía) social tenga, a nuestro entender, su lugar preferente (de actor protagonista), como profesión y disciplina de la intervención social, en el ámbito de los servicios sociales, no excluye, en absoluto, que pueda y deba estar presente en otros ámbitos sectoriales (como actor secundario) y también cabe la aportación de la educación social en ámbitos sectoriales que no hemos considerado como sociales, como la justicia o la protección civil, por poner dos ejemplos.

En este momento, la aportación más estratégica que pueden hacer profesionales  y docentes de la educación (y pedagogía) social es, a nuestro entender, llenar de contenido científico y técnico los procesos de intervención social, contribuyendo a que sean percibidos cada vez como más valiosos por parte de la ciudadanía.

(Adaptación de los párrafos conclusivos de un artículo de próxima publicación por parte de Quaderns d’Educació Social. Esta entrada forma parte de la iniciativa Carnaval de Blogs, por el Día Internacional de  la Educación Social. )