Términos como fragilidad, vulnerabilidad, riesgo o cronicidad pueden utilizarse para referirse a varios de los bienes de los que se ocupan las grandes ramas de las políticas públicas; bienes como la salud, el alojamiento, la seguridad, el empleo o la subsistencia material. También cabe usar esos cuatro conceptos en relación con el bien que proponemos que proteja y promueva esa gran rama de las políticas públicas que es la de los servicios sociales, bien que proponemos denominar interacción, entendida como el ajuste dinámico entre la autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria y la integración relacional primaria de carácter familiar y comunitario.

Se trata de cuatro expresiones que surgen o encajan en el contexto en el que la afectación o el deterioro de estos bienes (salud, alojamiento, seguridad, empleo, subsistencia, interacción u otros) son vistos más bien como procesos progresivos y no necesariamente como acontecimientos agudos. Así:

• Una situación de riesgo es una situación amenazante en la que hay cierta mayor probabilidad de que un agente del entorno o la propia persona que disfruta de él puedan causar daño considerable al bien (en lo que interesa a los servicios sociales, el bien de la interacción).
• Una situación de vulnerabilidad es una situación de relativa debilidad en la que el bien (en lo que compete a la intervención social, la interacción) está más expuesto a verse afectado o menoscabado por algún agente del entorno o por la propia persona interesada.
• Una situación de fragilidad es una situación relativamente estructural en la que el bien (en lo que nos interesa aquí, la interacción) es menos resiliente o resistente al deterioro o disminución o incluso en la que hay un incipiente deterioro o disminución del bien.
• Una situación de cronicidad es una situación en la que la afectación o limitación del bien y la necesidad de apoyo (en nuestro caso, apoyo para la interacción) se prolongan en el tiempo. Cronificar una situación de intervención (social, en nuestro caso) es, en ocasiones, la mejor alternativa disponible.

La intervención social puede ser más bien asistencial (y complementar la interacción existente en la persona), más bien habilitadora o rehabilitadora (y mejorar su autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria), más bien comunitaria (y mejorar la inclusión relacional primaria de la persona) o más bien paliativa (y compensar o amortiguar aspectos o consecuencias del deterioro o menoscabo de su interacción). En todo caso, habrá de ser preventiva (y evitar, retrasar o ralentizar la limitación o disminución de la interacción), pudiendo diferenciarse: prevención universal (cuando actuamos con toda la población), prevención selectiva (cuando actuamos con la población en situación de riesgo o vulnerabilidad) y prevención indicada (cuando actuamos con la población en situación de fragilidad, cronicidad o, en todo caso, afectada por un deterioro, menoscabo, daño, limitación o disminución de la interacción).

Posiblemente, la intervención social realmente existente en nuestros servicios sociales públicos o en nuestro tercer sector de acción social, fruto de una historia y circunstancias determinadas, es una intervención social de carácter notablemente residual con escaso grado de especialización. Residual, en la medida en que acepta hacerse cargo, por defecto, de necesidades de determinadas personas que, en puridad, correspondería asumir a otros subsistemas sociales (como la adquisición de algunas capacidades, el alojamiento, cierta solvencia financiera o la ocupación del tiempo libre, por ejemplo). Y, lógicamente, poco especializada, tanto en cuanto asume que, en esa labor subsidiaria o secundaria y, supuestamente, “integral“, no podrá realizar cada uno de sus componentes con el nivel de calidad técnica u organizativa propio del subsistema especializado encargado, en general, de cada uno de ellos.

Pues bien, en algunos debates recurrentes entre profesionales de la intervención social quizá, a veces, nos juega una mala pasada una cierta naturalización de esta situación: el considerarla normal, el pensar que siempre ha sido y será así. Así puede estar sucediendo, por ejemplo, en conversaciones sobre la mayor o menor dedicación de las y los profesionales de la intervención social a labores de tramitación administrativa o en discusiones sobre si corresponde a profesionales de la intervención social (o, en general, a los servicios sociales) tener de sus manos la posibilidad de proveer unas u otras prestaciones o servicios.

Y es que el porcentaje de carga administrativa incorporada en los procesos de trabajo del personal técnico o el contenido de la cartera de prestaciones y servicios del sistema u organización en el que trabaja dicho personal técnico son decisiones que no corresponden, en principio, a ese personal técnico. Diríamos que la persona de perfil técnico, cuando acepta incorporarse a un puesto de trabajo, recibe esos elementos como predeterminados: no se trata de aspectos de su modelo de atención o intervención sino de cuestiones definidas en el modelo organizativo o en el diseño de la política que rige el funcionamiento del sistema al que la persona profesional técnica se ha vinculado.

Cabe entender que, cuando profesionales, por ejemplo, del trabajo social, de la educación social o de la psicología de la intervención social se incorporan a sus empleos, es porque han considerado que hay condiciones organizativas (por ejemplo, en términos de apoyo administrativo suficiente) y de diseño de la oferta del sistema a la población (por ejemplo, en términos de coherencia entre partes o posicionamiento ante la ciudadanía) para un ejercicio cabal de su profesión. Si el diseño de la política o de la organización deforma la práctica profesional hasta hacerla irreconocible o imposible, no estamos ante un problema de modelo de atención, de contenido técnico propio de la intervención o de cualificación profesional.

Si, políticamente, se encarga a los servicios sociales el racionamiento de un conjunto de prestaciones fragmentadas e inconexas y, organizativamente, las actividades de entrega, recepción y registro de información son consideradas como parte nuclear de la aportación de valor del personal técnico, la intervención social está, seguramente, herida de muerte antes de poder iniciarse. Si las y los profesionales de la intervención social consideramos natural e inmutable este estado de cosas, difícilmente vamos a identificar y mover las palancas adecuadas para cambiarlo. Quizá debamos reconocer que el problema está mucho más en los diseños de las estructuras políticas y organizativas que hemos aceptado como “terreno de juego” que en la manera en la que, con mayor o menor destreza, las y los profesionales específicos de la intervención social pretendemos realizar, cotidianamente, nuestra labor técnica.

La intervención social (la prestación de servicios sociales), como cualquier actividad humana, se rige por el ciclo evaluación-planificación-ejecución. La evaluación es, o debe ser, evaluación de las disposiciones, necesidades, capacidades o situaciones iniciales de la persona y de las disposiciones, necesidades, capacidades o situaciones una vez se ha ejecutado o realizado el cuidado, apoyo o intervención y, presumiblemente, se han logrado los resultados esperados (cambios en las disposiciones, necesidades, capacidades o situaciones). El diagnóstico y el pronóstico son dimensiones de la evaluación y, manejados a escala poblacional, permiten segmentar o estratificar a las personas y anticiparse proactiva y preventivamente en la intervención.

En los servicios sociales podemos utilizar diversos instrumentos para realizar esa evaluación. Son de especial interés las herramientas de diagnóstico social (del trabajo social) aunque, usualmente, desbordan con mucho el perímetro de lo que puede considerarse como objeto de los servicios sociales. Dicho de otra manera: normalmente, las herramientas de diagnóstico social (propuestas desde el trabajo social) suelen considerar aspectos (económicos, de salud, habitacionales, laborales, administrativos, formativos u otros) que corresponden a ámbitos sectoriales diferentes del de los servicios sociales.

Sea como fuere, en nuestros servicios sociales, el proceso de construcción, validación, utilización y mejora de instrumentos de diagnóstico y, en general, de evaluación (como parte fundamental y recurrente del proceso de atención a las personas) está en gran medida por hacer. A continuación se proponen algunas referencias o pistas sobre procesos próximos en los que se viene trabajando al respecto (clicando en cada un de los títulos se accede al documento):

BENÍTEZ, María del Carmen (2013): El informe socioeducativo: instrumento de la educación social.

CAMPAING TO END LONELINESS (2015): Measuring your impact on loneliness in later life.

CARDONA, Josefa y otras (2017): El diagnóstico relacional colaborativo.

CURY, Silvia y ARIAS, Andrés (2016): Hacia una definición actual del concepto de diagnóstico social.

DE MIGUEL, Francisco Javier (2018): Valoración social de dificultades y potencialidades para la intervención socioeducativa (páginas 1.049-1.068).

ELOSEGUI, Elena y otras (2014): Elección consensuada de una herramienta común de valoración sociosanitaria en la CAPV.

FUNDACIÓN AVEDIS DONABEDIAN (2015): Identificación de personas en situaciones de necesidades sociales complejas.

FUSTIER, Núria (2017): Los diagnósticos en el ámbito de la intervención individual y familiar.

GIMÉNEZ, Víctor y otras (2019): El diagnòstic social en els serveis socials bàsics.

GOBIERNO VASCO (2015): Procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a malos tratos a personas mayores en la CAPV.

GOBIERNO VASCO (2017) : Actualización del Balora. Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma Vasca.

IMSERSO (2004): Libro blanco. La valoración de la dependencia. Criterios y técnicas.

MANZANO, Miguel Ángel y otras (2019): La DS-DIBA: “Experiencia de la elaboración de una herramienta de valoración social y segmentación para los servicios sociales”

ORMAETXEA, Izaskun (2017): Perfiles, apoyos, criterios.

PAÍS VASCO: Decreto 385/2013, de 16 de julio, por el que se aprueba el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social.

QUEREJETA, Miguel (2004): Discapacidad, dependencia. Unificación de criterios de valoración y clasificación.

RAYA, Esther y REAL, María Jesús (2020). Diseño e implementación de la Escala SiSo de medición de las situaciones de dificultad social. Herramienta para el diagnóstico en Trabajo Social.

REGALADO, Jonathan (2017): El informe social.

VERDUGO, Miguel Ángel y otras (2017): La escala integral de calidad de vida.

(Entrada desarrollada  partir de un trabajo realizado en el marco de una colaboración con Servicios Sociales Integrados y de cara a un encuentro con Suara. Con un agradecimiento y reconocimiento especial a Izaskun Ormaetxea y su equipo de IOK Laboratorio de Trabajo Social, por su prolongada, rigurosa e incansable labor de diseño, implementación y mejora en el asunto del que trata esta entrada.)

La intervención social y sus tres grandes profesiones y disciplinas de referencia se hayan en un momento crítico en el cual están sometidas a fuerzas contradictorias que, a la vez, las sostienen y las desgastan. Así, Luisa Aránzazu Hernández Echegaray habla de “desprofesionalización” para referirse a la situación actual del trabajo social en España, haciendo referencia al proceso de erosión del conocimiento, que tiene como consecuencia la pérdida de autonomía y autoridad profesional. Según Pedro Celiméndiz, “esta burocratización de la que hablamos y el abandono de los aspectos terapéuticos han conseguido que algunas de nuestras funciones técnicas se conviertan en meras caricaturas. La prescripción se reduce a cumplimentar los trámites necesarios para que el ciudadano acceda al recurso que ha elegido, entre aquellos a los que tiene derecho, en una confusa aplicación del principio de autodeterminación y sin poder valorar ni considerar los efectos iatrogénicos de dicha elección”.

Mercé Ginesta y otras encuentran que “la práctica profesional se va volviendo a) reactiva, asistencialista y paliativa, ya que no se dirige a las causas de los problemas ni se hace un abordaje preventivo, sino sólo a una parte de las consecuencias; b) miope y parcial, ya que se pierde de vista la globalidad de las situaciones que afectan a las personas atendidas; c) rígida y estereotipada, ya que se sustituye la metodología de intervención social y educativa por baremos, protocolos y circuitos de atención”. Según Laura Varela “el interés por la búsqueda de soluciones rápidas a los problemas está generando un estilo de educador social ‘apagafuegos’ cuyas actuaciones de carácter reactivo, relegan las tareas pedagógicas propias de la profesión a un segundo plano. La función educativa –desdibujada por las múltiples áreas que ocupan el quehacer profesional– ha de contar con una delimitación más precisa y con un reconocimiento más explícito”. Según López Cabanas y otras, “los modelos de atención son cada vez más paliativos y asistencialistas en vez de preventivos y de promoción, primando la atención individual (en sintonía con nuestro modelo de sociedad individualista) frente a la grupal o comunitaria, lo que ha venido a agravarse por la recesión económica. En ocasiones estos modelos también se utilizan para prevenir y desincentivar posibles movilizaciones sociales”.

Por último, cabe aportar los resultados de una reciente investigación sobre la comprensión de la situación problema en la práctica del trabajo social en los servicios sociales de atención primaria de Mallorca, que “señala que la comprensión de la situación problema se muestra superficial, con una baja práctica de criterios de intervención que evalúen significados, fortalezas, soluciones intentadas y sistemas implicados, no confía suficientemente en la aplicación de técnicas de análisis fundamentales y no considera en profundidad la puesta en juego de los conocimientos del propio profesional”. Según el Consejo General de la Psicología de España, “en la coyuntura actual, persistir en la forma de hacer las cosas y en las características de funcionamiento aboca a recorridos de corto alcance que deslegitiman totalmente el sistema de intervención social”.

(Tomado de un artículo recién publicado que puede descargarse completo aquí.)

Cebe remitir a un artículo reciente para justificar la elección de denominar intervención social a la actividad definitoria que tiene lugar en el sector de actividad de los servicios sociales (aunque tenga lugar, como actividad auxiliar, en otros sectores económicos) y la identificación del trabajo social, la educación (y pedagogía) social y la psicología de la intervención social como las tres grandes disciplinas y profesiones que configuran y nutren hoy en España la realización de la intervención social y la prestación de servicios sociales.

A la hora de aportar algunas propuestas a estas comunidades y redes profesionales y disciplinares, se parte de las siguientes premisas, obviamente discutibles y que, simplemente, se enunciarán:

1. Ninguna de las tres disciplinas y profesiones está en condiciones de conseguir una posición de hegemonía frente a las otras en el ámbito de los servicios sociales y en la práctica de la intervención social.
2. Ninguna de las tres disciplinas y profesiones puede renunciar a su papel en los grandes subprocesos del proceso de intervención social, tales como el diagnóstico, la prescripción facultativa, la planificación participativa, la ejecución de la intervención o la evaluación de la intervención.
3. Ninguna de las tres profesiones y disciplinas puede aceptar una posición subordinada a otra de ellas.
4. Ninguna de las tres disciplinas y profesiones puede renunciar ni a la dimensión individual ni a la dimensión colectiva de la intervención social.
5. Ninguna de las tres disciplinas o profesiones puede considerar las actividades de gestión o gobierno (o, dicho de otra manera, las actividades administrativas o directivas), tales como dar información, registrar información, transmitir información o coordinar a personas, como propias o características de su actividad profesional de intervención social.
6. Ninguna de las tres disciplinas y profesiones puede renunciar a ningún segmento poblacional destinatario, se defina como se defina (por edad, por capacidad funcional, por grado de inclusión relacional o por otro criterio).

A partir de estas premisas, parece destinada al fracaso cualquier estrategia basada en repartir entre las tres profesiones o disciplinas las actuales operaciones realizadas en los servicios sociales o en los procesos de intervención social realmente existentes (“Quítate tú pa’ ponerme yo”). Más bien se trataría de explorar y explotar oportunidades en el proceso de construcción de unos nuevos servicios sociales y una nueva intervención social, cada vez más basadas en el conocimiento y de mayor valor añadido universal.

Seguramente será difícil, para cualquiera de las tres, aceptar que ninguna de las tres puede reclamarse como más social que las otras. O que ninguna puede presentarse como más clínica, terapéutica, relacional, integrada o transformadora. O que ni siquiera ninguna de las tres puede reclamar en mayor medida la dimensión asistencial, educativa, o psíquica de la intervención social y sus efectos. Dichas renuncias, seguramente, solo podrán ser planteadas y asumidas con éxito en una dinámica de mejora, innovación y construcción de la intervención social y los servicios sociales en las que todas las disciplinas, profesiones y agentes puedan salir beneficiadas y, especialmente, sea beneficiada la ciudadanía destinataria a cuyo servicio estamos.

(Fragmentos de un artículo de próxima publicación en la Revista de Treball Social, como aperitivo para una jornada, en Jaén, el 29 de septiembre de 2018, con el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía., a cuya web pertenece la ilustración.)

En nuestro entorno son tres las profesiones con rango universitario que tienen claramente más presencia en los servicios sociales y las que en mayor medida ponen a lo que hacen el nombre de intervención social: el trabajo social, la educación social (con la pedagogía social) y la psicología de la intervención social (entendida como una de las especializaciones aplicadas de la psicología). Se proponen aquí como las tres disciplinas llamadas en mayor medida a construir y constituir el cuerpo de conocimientos científicos y técnicos de la intervención social.

Ciertamente, interacción es un término que se utiliza en el mundo del trabajo social, cuando se afirma, por ejemplo, que “el objeto de intervención del trabajo social es la interacción entre el sujeto en situación de necesidad y/o en situación-problema y su entorno social” (María José Aguilar). Mary Richmond, pionera del trabajo social, decía que “el diagnóstico social, entonces, puede ser descrito como el intento de hacer una definición, lo más exacta posible, de la situación y personalidad de un ser humano con alguna necesidad social; de su situación y personalidad, esto es, en relación con otros seres humanos de los que de alguna manera depende, o los que de alguna manera dependen de él, y en relación también con las instituciones sociales de su comunidad”.

Se ha dicho, por otro lado, que “la Psicología de la Intervención Social es un conjunto de saberes y prácticas fundamentadas en la ciencia del comportamiento humano que se aplican a las interacciones entre personas, grupos, organizaciones, comunidades, poblaciones específicas o la sociedad en general, con la finalidad de conseguir su empoderamiento, la mejora de su calidad de vida, una sociedad inclusiva, la reducción de las desigualdades y el cambio social. Todo esto mediante estrategias proactivas y preventivas que dinamizan y favorecen la participación de personas y comunidades y tienen en cuenta la diversidad humana” (López-Cabanas y otras).

Por último, cabe recordar que, en la bibliografía sobre pedagogía y educación social se hace referencia a la dimensión “relacional, convivencial, comunitaria” de la “vida cotidiana” como “escenario” de la intervención (Caride) y a la “acción sistemática que moviliza los recursos del entorno para favorecer el desarrollo de la sociabilidad del sujeto, promoviendo su autonomía y participación crítica en la sociedad” (Melendro), recordando que las personas son “seres de necesidades, que deben satisfacerse en la interacción con otros” (Caride) en un “marco sociocultural determinado” (Melendro).

Sea como fuere, si bien cabe constatar la presencia y predominancia de estas tres áreas de conocimiento en la intervención social y en los servicios sociales realmente existentes y establecer conexiones entre ellas y la definición de la interacción (entre autonomía funcional cotidiana y relaciones familiares y comunitarias) como objeto de la intervención social y de los servicios sociales, seguramente está en gran medida por hacer la conversación en y, especialmente, entre estas tres disciplinas y profesiones (y otras) para la construcción de un conocimiento compartido, una actividad profesional colaborativa y un sector económico y de política pública atractivo y de futuro.

(Adaptado de un fragmento del artículo “Construyendo la intervención social”, descargable pinchando en su título. Sobre estas cuestiones hablaremos esta semana en actividades organizadas por Servicios Sociales Integrados, la Diputación Foral de Bizkaia y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales con la Universidad de Zaragoza.)

Los seres humanos somos sistemas vivos que nos desenvolvemos en diferentes entornos, con acciones y respuestas en ambos sentidos (de la persona al medio y del medio a la persona), que transforman tanto a los individuos como a los entornos y que determinan un mejor o peor ajuste o acoplamiento entre la persona y el medio. El desarrollo social puede ser visto como un proceso de incremento de la complejidad de los entornos en los que acontece nuestra vida.

En ese desarrollo social percibimos procesos interrelacionados como los de: especialización del conocimiento, estructuración de las políticas públicas y construcción de las demandas sociales. Estos tres procesos han tenido y siguen teniendo dinámicas diferentes en los distintos sectores de actividad, como se puede comprobar si comparamos el del turismo con el de la salud o el del transporte con el de la vivienda. Llamamos sociedad del conocimiento a aquella en la que el saber (científico, tecnológico o práctico) gana peso a la hora de estructurar los flujos de acciones y respuestas entre las personas y los entornos y a la hora de impulsar el desarrollo social.

Los servicios sociales y las disciplinas de la intervención social han decidido dejar atrás su configuración como Plan B integral para minorías excluidas y se están construyendo como sector de actividad que pretende ser valioso para todas las personas. Ello, obviamente, nos obliga a identificar en qué acciones y respuestas y en qué entorno de la vida de las personas nos consideramos especializadas. Reconocemos los servicios de salud como indicados cuando nuestro cuerpo reacciona con fiebre alta ante un agente infeccioso procedente del entorno físico. Deseamos acudir a un concierto de nuestra cantante favorita (industria cultural) cuando escuchamos en un programa especializado (entorno cultural) una canción de su último disco. Y así sucesivamente.

Identificar de forma cada vez más precisa, compartida y rigurosa el meollo (la médula central, la esencia definitoria) de los servicios sociales y la intervención social es una condición necesaria (aunque no suficiente) para su desarrollo. No porque tal meollo, definido con categorías necesariamente (aunque no sólo) científicas, deba ser identificado por su nombre por la ciudadanía, sino porque es la base precisa para seleccionar y generar tecnologías y estructuras que permitan ofrecer apoyos valiosos que, esos sí, serán reconocidos y demandados por la población.

El concepto de interacción (entendida como el ajuste entre la autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria de la persona y el entorno de las relaciones primarias de carácter familiar o comunitario) pretende servir para nombrar ese meollo de los servicios sociales y la intervención social. Y, por ello, pretende ser la base para identificar, distinguir, crear y desarrollar las estructuras y tecnologías que nos permitan decir, más pronto que tarde, que tenemos una oferta creíble de un conjunto diferenciado de intervenciones, productos y apoyos deseables como universales y valiosos para toda la ciudadanía.

(Entrada elaborada gracias a una conversación con Ana Fungueiriño, del Colegio de Trabajo Social de Galicia. Sobre estas cuestiones hablaremos en actividades programadas para esta semana en La Vall d’Uixó. La fotografía corresponde a la obra “Elogio de la arquitectura V”, de Eduardo Chillida.)

En el trabajo social o en las otras áreas de conocimiento involucradas en la intervención social, la operación de diagnosticar, valorar o evaluar las necesidades o situaciones a las que se quiere dar respuesta puede (y debe) hacerse antes de decidir (planificar, prescribir, proponer) poner en marcha la intervención y, lógicamente, también después, tantas veces como sea oportuno. Como en cualquier otro ámbito sectorial, el diagnóstico, valoración y evaluación pertinentes y útiles serán los que se circunscriban adecuadamente al perímetro sectorial de necesidades, apoyos, situaciones o contingencias correspondientes a la actividad sectorial característica o propia. No tiene sentido pretender diagnosticar, valorar o evaluar necesidades o situaciones de la persona para cuyo abordaje no tenemos el encargo y el instrumental correspondientes.

En el País Vasco, en lo tocante al instrumento de diagnóstico general, como preguntas o consideraciones que cabría hacerse a la hora de evaluar su idoneidad y que podrían ser, eventualmente, de ayuda en su futuro proceso de mejora o, en general, tenidas en cuenta en las labores de diagnóstico, valoración o evaluación de las necesidades y situaciones de las personas en los servicios sociales (y específicamente en la atención primaria), se podría plantear en qué medida es conveniente o apropiado:

• Diferenciar, en la información que se registra, la que se refiere a necesidades o situaciones a abordar por parte de los servicios sociales de la que se refiere a necesidades o situaciones correspondientes a otros ámbitos sectoriales.
• Reducir, quizá, la cantidad de información sobre cuestiones que corresponden a otros ámbitos sectoriales (y más bien apostar, para los casos en que sea necesario, por la interoperabilidad entre sistemas de información de diferentes ámbitos sectoriales).
• Identificar, en la información que se recaba y registra (con el fin de poder llegar al diagnóstico), sus fuentes (la persona usuaria, la profesional que diagnostica, otras profesionales o sistemas u otras).
• Explicitar (en el propio instrumento general o con otros) el procedimiento mediante el cual se llega a un determinado diagnóstico y diferenciar entre la información que se recaba para llegar a él y el diagnóstico o diagnósticos propiamente dichos.

En general, en materia de diagnóstico, valoración y evaluación de las necesidades o situaciones sobre las que intervienen los servicios sociales, nos encontraríamos en el País Vasco con una agenda de mejora en lo relativo a:

• La aplicación prudente de los instrumentos aprobados (especialmente en el caso de los más nuevos), en función del contexto (capacidades disponibles propias y de otros agentes o sectores afectados), especialmente en los casos en los que, en función del diagnóstico o valoración obtenida, se decide no atender a una persona (al menos, por ejemplo, hasta tener constancia de que es atendida adecuadamente desde el otro nivel asistencial o sector de actividad que se considera pertinente por parte de quien realiza el diagnóstico o valoración).
• La utilización y perfeccionamiento de instrumentos cada vez más y mejor focalizados sobre el objeto de los servicios sociales, que ayuden a una mejor comprensión y abordaje de las necesidades y situaciones, especialmente desde la atención primaria.
• La diferenciación (y adecuada interrelación) entre el diagnóstico (o los diagnósticos) a efectos de intervención y la baremación a efectos de reconocimiento de un derecho o asignación de la responsabilidad de atención a una determinada estructura administrativa.
• La dinamización de la comunidad o comunidades de conocimiento (con especial protagonismo de los estamentos académicos e investigadores) en los procesos de fundamentación; elaboración; evaluación de usabilidad, eficiencia, fiabilidad y validez; y mejora de los instrumentos, previendo sistemas diferentes de su plasmación en una norma jurídica para posibilitar e impulsar su utilización.

(Tomado y adaptado de un artículo de próxima publicación en Zerbitzuan. Sobre estas y otras cuestiones relacionadas se hablará en las conferencias y otras actividades organizadas los días 16 y 17 de noviembre por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia. En la ilustración, Mary Richmond.)

El concepto de globalización es, sin duda, uno de los más utilizados para intentar identificar un conjunto de cambios sociales en curso en las últimas décadas del siglo XX y las que llevamos del XXI y se refiere, fundamentalmente, a diversos efectos del desarrollo de tecnologías de la información y comunicación que están transformando radicalmente nuestro mundo laboral, económico, relacional y, en general, social.

En ese proceso de cambio que sentimos como acelerado, cada vez más personas nos vemos lanzadas a construir las que Ulrich Beck llamaba “biografías de bricolaje”, en la medida en que se multiplican las oportunidades y las amenazas para nuestras cada vez más diversas y cambiantes trayectorias laborales, familiares o, en general, personales.

En ese contexto, la educación social y, en general, las disciplinas y profesiones de la intervención social encuentran su gran ventana de oportunidad para construirse y ser vistas como áreas de conocimiento y de práctica de alto valor añadido para el conjunto de la población, en la medida en que ofrecen apoyos para el fortalecimiento de la autonomía y autodeterminación de las personas en el seno de sus relaciones familiares y comunitarias.

Privadas o liberadas (según se mire) del acceso a trayectorias biográficas como las de generaciones anteriores, mucho más predeterminadas por el lugar de nacimiento, el sexo, el primer acceso al mercado laboral o las redes familiares y comunitarias originarias, en la denominada por Beck “sociedad del riesgo”, las personas (además de atención sanitaria, cualificación e inclusión laboral; además de acceso al alojamiento o garantía de ingresos) necesitamos apoyos profesionales (a pie de calle, en nuestro domicilio, en las redes sociales u otros entornos comunitarios) que nos ayuden a prevenir, paliar o revertir situaciones de pérdida de autonomía para la vida diaria o de aislamiento o exclusión relacional.

Fenómenos tan preocupantes como la victoria de Donald Trump revelan hasta qué punto y de qué manera inseguridades personales o fracturas de identidad fraguadas y vividas en espacios microsociales pueden agregarse a escala macrosocial con peligrosas consecuencias. De ahí la necesidad de reforzar el compromiso del Estado de bienestar por el apoyo profesional de la educación social y, en general, de la intervención social (en los servicios sociales y también en otros sectores de actividad) a la coproducción de bienes relacionales en el seno de comunidades inclusivas para que más y más personas afrontemos cada vez mejor el bricolaje de nuestra vida.

Una de las conclusiones de un análisis sobre nuestros servicios sociales, que próximamente se publicará en la revista Zerbitzuan, es que, en este ámbito sectorial, se han producido y se producen, significativamente, algunas situaciones como las siguientes:

• Presencia notable de contenidos fácticos de la regulación jurídica y organización administrativa de los servicios sociales en los currículums académicos ofrecidos para la formación de profesionales de la intervención social, como si constituyeran o aportaran (y, por tanto, en lugar de) conocimiento disciplinar, técnico y científico.
• Desconocimiento, por parte de diversos agentes relacionados, incluido en ocasiones el propio personal técnico, del perímetro a exigir y respetar para el ámbito propio de la capacidad de diagnóstico, prescripción e intervención profesional de la intervención social, no delimitándolo (por exceso y por defecto) y no diferenciándolo adecuadamente de otros ámbitos técnicos o facultativos o de los administrativos o políticos.
• Utilización de procedimientos de construcción jurídica, gobernanza política, diálogo institucional o gestión administrativa para producir y legitimar contenidos e instrumentos que pertenecen a la esfera de las ciencias y las tecnologías de la intervención social y que debieran ser elaborados y validados en las redes y comunidades de conocimiento de las disciplinas de la intervención social.

Se trataría de fenómenos que podríamos considerar indicadores expresivos de inmadurez de nuestro sector de actividad y áreas de conocimiento y que nos restan capacidad de respuesta y maniobra ante las crecientes necesidades, demandas, expectativas y competencia a las que están sometidos los servicios sociales y la intervención social en el actual contexto de cambio tecnológico, social, institucional y político.

La conclusión obtenida, obviamente sometida a debate, es que nuestra principal responsabilidad como profesionales de la intervención social y los servicios sociales, hoy y aquí, es la que tenemos en relación con la construcción, validación, transferencia, aplicación y mejora de conocimientos rigurosos y tecnologías seguras dentro de nuestras disciplinas (como trabajo social, educación y pedagogía social y psicología de la intervención social), que ofrezcan a la ciudadanía (a todas las personas), en el seno de los servicios sociales (y en otros ámbitos), la posibilidad evaluable y evidente de lograr resultados valiosos.

Y quizá que, sin dejar, obviamente, de participar e influir en conversaciones como la intersectorial, la laboral, la reivindicativa o la administrativa, sería prioritario producir, nutrir, dinamizar, relacionar y alinear las conversaciones propias de nuestras comunidades de conocimiento y, especialmente, las que hay que construir entre las universidades y centros de investigación y las organizaciones y profesionales de la intervención social y los servicios sociales universales, relacionales y comunitarios que estamos impulsando.

Sobre estas cuestiones hablaremos el jueves, 7 de septiembre, en Barcelona en la asamblea de la Comisión de Bienestar Social de la Asociación Catalana de Municipios. Más información aquí.