Si existe un círculo virtuoso entre los servicios públicos universales de calidad y el igualitarismo en el pensamiento de la ciudadanía, quizá exista un círculo vicioso entre el asistencialismo social y la retórica reaccionaria. Veamos.

Vivimos una época en la que, en no pocos lugares de nuestro entorno,  el deterioro y descrédito de los bienes, espacios, políticas y servicios públicos universales (de modo especial, seguramente, los educativos y sanitarios), catalizados por el aumento de la desigualdad, segregación y fragmentación social y potenciados interesadamente por voces poderosas en la conversación pública y las redes sociales, alimenta en la población los discursos, sentimientos y comportamientos reaccionarios contra las políticas distributivas y el Estado de bienestar.

En ese contexto, los viejos y nuevos partidos y movimientos reaccionarios están siendo cada vez más capaces de “coser” bases de apoyo electoral y social interclasistas que van desde integrantes de ese 1% de la población más pudiente, exclusivo y elitista hasta personas socialmente excluidas que padecen graves apuros económicos, pasando por otras más acomodadas o más precarias que sienten o temen perder algo que valoran (más tangible o más intangible, más económico o más moral). Conseguir que más y más personas (y más y más diversas) piensen que son víctimas de algún tipo de agravio comparativo es una de sus intenciones principales.

Entonces, cuando desde los servicios sociales públicos o desde el tercer sector de acción social nos vamos especializando en segmentos cada vez más reducidos y diferenciados de personas (para proporcionarles una atención más integral y, en el extremo, para su internamiento en algún tipo de institución total) y cuando damos una vuelta de tuerca más a nuestras prácticas de racionamiento de recursos necesarios para la subsistencia material de la gente, sometiendo a mayores escrutinios y controles a determinadas personas, de forma seguramente involuntaria pero no inocente, las estamos segregando y estigmatizando, las estamos señalando y desvinculando.

Flaco favor hacemos a las personas en riesgo o situación de exclusión social si nuestras intervenciones, programas, servicios y organizaciones actúan como cortafuegos que las separa de otras con las que podrían configurar sujetos colectivos comprometidos con la fraternidad solidaria, las políticas igualitarias y la justicia social. Si, para acceder a nuestras prestaciones y servicios, las personas han de perderse por laberintos burocráticos (presenciales o digitales) y han de alejarse de la comunidad y el territorio; si nuestras organizaciones y profesionales les tratan con asimetría impersonal o condescendencia paternalista, no sólo no les estamos ayudando eficazmente en orden a su inclusión social sino que estamos facilitando el trabajo a las retóricas reaccionarias y excluyentes.

En estos momentos el pensamiento y las políticas reaccionarias parecen llevar el viento de cola. En la medida en que nuestras prácticas y programas de intervención social se conciban, se presenten y se perciban como focalizados para categorías especiales de personas y disminuyan las probabilidades de encuentro e identificación entre personas diversas en el espacio y los servicios públicos, más fácil resultará al pensamiento reaccionario caricaturizar o demonizar a aquellos colectivos (y, en definitiva, personas) que quiera presentar como costosas o peligrosas de cara a articular un “nosotros” excluyente e injusto.

Creyendo atenderlas y defenderlas quizá las estamos poniendo, sin darnos cuenta, a los pies de los caballos.

(En la fotografía, Albert Otto Hirschman, autor de La retórica reaccionaria.)

Se plantea la reflexión sobre la contribución de las tres disciplinas y profesiones de la intervención social de superior rango académico en nuestro país (trabajo social, educación social y psicología de la intervención social) a la justicia social en clave de compromiso político. Y ésta podría ser una propuesta de tres paradójicas y contraintuitivas estrategias:

1. Fortalecer la configuración, identidad y posicionamiento de las disciplinas y profesiones de la intervención social como áreas de conocimiento disciplinar y profesional ancladas en el saber científico y técnico, permitiendo que estos saberes ganen terreno frente a (y pongan en cuestión) prácticas y valores preexistentes y posicionamientos ideológicos y políticos anteriormente instalados en la comunidad de la intervención social o en muchos de sus miembros.
2. Romper la vinculación directa y automática que existe, muchas veces, en nuestras prácticas y en nuestras mentes, entre intervención social y colectivos (considerados) vulnerables, construyendo miradas y capacidades cada vez más universales e inclusivas y más capaces de identificar y abordar unas necesidades y capacidades específicas de cualquier ser humano.
3. Aceptar y asumir, en mayor medida, que la intervención social es (y no puede dejar de ser) parte del sistema establecido (del sistema de políticas públicas, del sistema institucional académico y de otros) e incardinarnos en las estructuras sectoriales del sistema de bienestar (y, específicamente, del sistema público de servicios sociales) sabiendo que, al hacerlo, asumimos la contradicción de formar parte de estructuras injustas y, en parte, contribuimos a mantenerlas.

Para un área de conocimiento, para una comunidad profesional, si quiere obtener un impacto real, si quiere ejercer su compromiso político con la justicia social (que, necesariamente, es un compromiso con las víctimas pasadas, actuales y futuras de las injusticias sociales), no hay atajos y, por el contrario, lo que sí hay son este tipo de caminos extraños o trayectos paradójicos.

No por ser menos científicos vamos a ser más políticos. No por ser menos universales vamos a beneficiar más a las víctimas de la injusticia estructural. No necesariamente por tener más maniobrabilidad como profesionales o como profesiones vamos a ser más eficaces en la transformación sostenible.

Como agentes de la intervención social sabemos muy bien que los procesos de transformación no son lineales y simples y que, frecuentemente, exigen retrocesos y rodeos, comportan decisiones cuya lógica no es fácil de advertir a primera vista. Claro que aspiramos a unas disciplinas y unas profesiones de calado político, comprometidas con la justicia social y eficaces en la defensa y garantía de los derechos humanos, especialmente de aquellas personas que los ven más conculcados. Pero quizá lo que toca hoy es, más bien, fortalecer el músculo y la identidad de carácter científico, universal y estructural, para después (y también mientras tanto y siempre) potenciar nuestra capacidad e impacto de carácter político, ético y transformador.

(Adaptación de un fragmento de la intervención de hoy en el congreso de educación social. Más adelante se colgará el texto completo.)

(Clicar en cada enlace.)

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1. ¿Qué lectura hacemos de la sociedad en la que vivimos y de su transformación en curso? 2. ¿Qué políticas públicas serán adecuadas, entonces, en ese contexto y en este momento? 3. ¿Cuál será, teniendo en cuenta lo anterior y hasta dónde podamos perfilarlo, el modelo de acción social apropiado y preferible hoy y aquí?

1. La lectura que cabe hacer del momento que vive nuestra sociedad podría ser la de un tiempo de catástrofes radicalmente incalculables que pone especialmente de manifiesto nuestra vulnerabilidad y especialmente la vulnerabilidad mucho mayor de determinados segmentos y núcleos de población, importantes segmentos y núcleos de población que no tienen ante sí o en sus manos una hoja de ruta colectiva o contrato social creíble para su inclusión social sostenible. El modelo social del Estado de bienestar patriarcal e industrial ha socavado sus propias bases materiales y relacionales, desencadenando un proceso de individualización y desvinculación que genera tanto una crisis de cuidados cotidianos como una crisis de agencia política.

2. Las políticas públicas más reconocibles del Estado de bienestar y, específicamente, los llamados derechos sociales (que también podemos denominar derechos prestacionales) aparecen a la vez como indispensables (moral y políticamente) e insostenibles (económica y organizativamente). Ello nos introduce necesariamente en una agenda de reformas, innovaciones y transformaciones vertebradas seguramente por la digitalización de los procesos operativos, de gestión y de gobierno de las diferentes ramas de actividad y, necesariamente, por la revinculación, la proximidad y la circularidad en la vida cotidiana, siendo imprescindible ensayar nuevos arreglos entre los grandes tipos de agentes o subsistemas de la sociedad (instituciones y administraciones públicas, familias, comunidades, agentes del conocimiento, empresas, agentes sociales, organizaciones voluntarias, agentes políticos u otros).

3. La acción social será un ámbito de actividad en el que se encontrarán de forma peculiar y deseablemente sinérgica las administraciones públicas de proximidad y las organizaciones solidarias de base comunitaria. Si no quiere ser destruida o gravemente deformada por el cambio estructural al que se ha hecho referencia más arriba, debe devolver o entregar, cuanto antes, a las instituciones encargadas de la fiscalidad, las finanzas y los ingresos cualquier tipo de encargo que hubiera asumido en relación directa con la subsistencia material o suficiencia económica de las personas. Y, simultáneamente, debe fortalecer proactivamente su conocimiento y posicionamiento como generadora y sostenedora de cuidados personales, ayuda mutua, convivencia vecinal, relaciones comunitarias y territorios amigables.

(Sobre estas cuestiones conversaremos esta semana en la Escuela de Primavera de Cáritas Española. En la foto, un representante de la Comunidad de Madrid en una reciente comparecencia en la que afirmó no ver por dónde estarán las personas pobres de las que habla un estudio de la Fundación FOESSA presentado la semana pasada.)

El último informe (o conjunto de informes) FOESSA acerca de la evolución reciente de la cohesión social en nuestro país arroja claramente la conclusión de que el test de estrés que vienen representando para nuestra sociedad estos tiempos pandémicos está resultando significativamente más oneroso para aquellas personas y grupos que ya venían encontrándose anteriormente en situaciones sociales de precariedad, segregación o exclusión y que nuestro sistema de bienestar ha vuelto a mostrar su manifiestamente mejorable justicia distributiva y su archiconocido efecto Mateo (a quien tiene se le dará y a quien no tiene se le quitará).

Es más, se diría que nuestros mecanismos de protección social, ante una situación tan disruptiva e inesperada, han mostrado, al menos en algunos de sus dispositivos o estructuras, una notable y preocupante falta de flexibilidad, resiliencia y adaptabilidad, que ha perjudicado especialmente a los individuos y segmentos sociales que presentaban una mayor vulnerabilidad social. El mencionado estudio examina con detenimiento el funcionamiento de nuestras políticas sociales en estos años e identifica con claridad en qué medida son precisamente los programas y servicios que en mayor medida atienden a estas personas y perfiles los que se han mostrado más rígidos, débiles e insuficientes. Seguramente algo tendrá que ver en ello la voz, organización e influencia de cada colectivo destinatario o grupo de interés.

En ese contexto, quienes nos dedicamos, en mayor o menor medida, a la intervención social, intentando contribuir a la prevención y superación de situaciones de exclusión social en nuestras comunidades, corremos el riesgo de no soportar la tensión y llegar a ser más parte del problema que parte de la solución, es decir, de convertirnos en engranajes funcionales dentro del sistema social excluyente en lugar de promover, impulsar o desencadenar procesos de inclusión social. Los procesos de precarización, segregación y exclusión social demuestran su capacidad de metamorfosearse, de cambiar su rostro, de atacar por donde menos se espera. La exclusión social, como una hidra, parece hacerse más compleja y ramificarse en exclusión económica, laboral, administrativa, habitacional, digital, relacional y así sucesivamente. Y las y los profesionales de la intervención social, en medio de esa complejidad y estrés, muchas veces, nos agarramos a la aparente seguridad de las respuestas conocidas, simples o regladas. Respuestas que son crecientemente ineficientes y que incluso resultan en ocasiones contraproducentes.

Apoyándonos siempre en el conocimiento situado, coproducido y actualizado (como el que construye y ayuda a construir FOESSA), hemos de redoblar la apuesta por las políticas sociales universales e inclusivas con enfoque de derechos. Y, seguramente, la prueba del nueve para la evaluación de nuestra intervención social tenga que ver con su capacidad para contribuir a la libre decisión, al ejercicio de la autonomía, a la capacidad de agencia de todas las personas (en diversidad y en comunidad); con su potencia para la construcción de sujetos colectivos y redes y alianzas que generen e incorporen dinámicas, discursos, estrategias y herramientas útiles para la transformación social; y, en definitiva, con el empoderamiento, a pequeña y gran escala, de las personas excluidas.

(Ilustración: FOESSA)

Profesionales de los servicios sociales de titularidad, responsabilidad o financiación pública; personal miembro, remunerado o voluntario del denominado tercer sector social, más o menos financiado públicamente; profesionales del trabajo social, la educación social, la psicología de la intervención social o la integración social (o formación profesional de la misma o parecida familia), que pueden trabajar en ámbitos diferentes al de los servicios sociales (como justicia, salud, empleo, educación, ocio o juventud); personas con responsabilidades o actividades políticas o académicas más o menos directamente relacionadas con las anteriormente mencionadas; otras personas involucradas o interesadas en la que llamamos acción social: ¿Cómo orientar nuestras actuaciones en medio de esta complejidad pandémica? Quizá intentando comprender de dónde venimos y consensuar hacia dónde vamos. Cinco posibles pistas:

1. Del colectivo delimitado a la diversidad inclusiva

Nuestra acción social viene de (y continúa en) una larga tradición de identificar (y a veces incluso certificar) una determinada condición o situación de ciertas personas que las legitima para recibir las correspondientes atenciones o prestaciones. Es un hacerse cargo que se justifica en clave de asistencia especializada y acción positiva pero que, lo sabemos, produce frecuentemente efectos no deseados de estigmatización, segregación y daño. Por ello se plantea ya hace décadas ir hacia modelos y formatos de acción social universalistas y personalizados, accesibles para todas las diversidades humanas desde la igualdad de derechos de todas las personas.

2. Del código moral único a la comprensión e impulso del pluralismo moral

De forma más explícita o implícita, nuestra acción social, en muchas ocasiones, se ha ubicado en referencia a un pretendido código moral único, como un instrumento para moralizar con valores impuestos a determinadas personas o grupos, como un medio para la incorporación de dichas personas y grupos a una institucionalidad y moralidad establecidas, como una forma de control y disciplina social. Sin embargo, nuestras sociedades secularizadas y moralmente pluralistas reclaman una acción social promotora de la autonomía y autodeterminación de las personas, respetuosa de la diversidad de modelos de vida buena e impulsora (modestamente) de la emancipación y liberación de las personas frente a cualquier forma de alienación o  dominación.

3. De la institución total a la comunidad y el territorio

Frecuentemente hemos entendido y seguimos practicando ese hacernos cargo desde la acción social como una atención integral que da respuesta (en especie o dinero) a todas o casi todas las necesidades de personas en condiciones o situaciones complejas, muchas veces institucionalizándolas y desvinculándolas de sus entornos físicos y relacionales originarios, anteriores, deseados o deseables (o terminando de hacerlo). Por el contrario, las tendencias de consenso y referencia en la comunidad de conocimiento y pensamiento sobre acción social apuntan a un enfoque comunitario y de proximidad, es decir, a un abordaje preventivo y poblacional, a un foco en las relaciones significativas como fines y medios, a una intervención en y con la comunidad y a una contribución (modesta) a la cohesión territorial.

4. Del saber hacer basado en la experiencia al conocimiento experto basado en la evidencia

La acción social ha sido vista y practicada tradicionalmente como una actividad de bajo valor (económico) añadido, legitimada por sus buenas intenciones más que por su calidad técnica o percibida. La desvalorización por parte de la sociedad se ha proyectado sobre las personas destinatarias de la acción social y sobre la propia acción social, su personal, sus actividades y sus estructuras y hemos caído frecuentemente en el asistencialismo y la burocratización. Sin embargo, en la sociedad del conocimiento, la acción social está llamada, al igual que el resto de ramas de actividad social y económica o ámbitos sectoriales de la política pública, a la participación en ecosistemas profesionalizados de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, de modo que, cada vez más, nuestra acción social sea una práctica experta y especializada basada en evidencias rigurosas.

5. Del juego de suma negativa entre pública y privada a la sinergia entre pública y solidaria

Históricamente, la actividad que ahora llamamos acción social ha sido interpretada desde la dicotomía entre pública y privada y, frecuentemente, cuando ambas esferas se han relacionado, lo han hecho para instrumentalizarse, colonizarse y debilitarse mutuamente. Cabe, sin embargo, diferenciar nítidamente la economía solidaria de la mercantil y reconocer el protagonismo y la anticipación del tercer sector en el campo de la acción social, de suerte que se puede promover la sinergia entre las verdaderas organizaciones voluntarias de base comunitaria y los poderes públicos de proximidad en claves de coproducción participativa, gestión colaborativa y gobernanza deliberativa. Estos tiempos pandémicos en los que vemos más de cerca el riesgo de catástrofes y derivas de diferente índole deben ser un acicate para estas formas de profundización de la democracia.

Acción comunitaria: Intervención dirigida a poblaciones o colectividades y orientada a su configuración, participación, empoderamiento, organización y desarrollo como comunidades.

Acompañamiento: Tipo, forma o metodología de intervención que se caracteriza por su personalización y continuidad y que se orienta, fundamentalmente, al empoderamiento de la persona.

Actividades de la vida diaria: Son las actividades que ha de realizar una persona para poder dar satisfacción a sus necesidades. Se clasifican en básicas (las más imprescindibles, que normalmente la persona puede hacer sola: comer, asearse, caminar y demás), instrumentales (que requieren interactuar con otras personas o pueden ser más fácilmente delegadas en otras personas, como: cocinar, compras, usar medios de transporte) y avanzadas (que comportan participación en instituciones complejas: estudiar, trabajar, participar en la vida política, por ejemplo).

Aislamiento social: Exclusión relacional. Es la situación objetiva de limitación de relaciones primarias de una persona.

Amigabilidad: Cualidad de los entornos, políticas, servicios, actividades, comunidades, espacios, localidades o estructuras que facilita el funcionamiento y la vida de determinadas personas o de una diversidad de personas. Así hablamos de una política amigable con las personas mayores o de un hotel amigable con las personas homosexuales.

Asistencia: Actuación en virtud de la cual se obtiene la satisfacción de una necesidad más bien primaria, básica o fundamental de una persona. Asistencia, por ejemplo, es lo que hace una o un asistente personal. Cuando hacemos asistencia de un modo que reforzamos o incrementamos la dependencia (funcional o de otra índole) de la persona, entonces estamos siendo asistencialistas.

Atención centrada en la persona: Enfoque de la intervención social que hace énfasis en la elaboración y realización de un plan de intervención basado en un diagnóstico específico de la persona y consensuado con ella sobre la base de su autonomía moral y proyecto de vida.

Atención comunitaria: Prestación de servicios en entornos físicos y humanos de carácter relacional y comunitario. Se opone a la denominada institucionalización.

Atención continuada: Aquella intervención con una persona que no se interrumpe o se ve distorsionada por cambios de personal, tránsitos de un nivel o sistema a otro o por deficiencias de la gestión de los servicios.

Atención especializada: O secundaria. En la medida en que determinados servicios se prestan a menor número de personas se tienen que colocar más lejos del domicilio de la gente (o atender a un número menor de ellas). Las y los profesionales han de saber más sobre algo (una situación, un instrumento u otras cosas) que beneficia a menos personas: eso es especializarse.

(Para continuar leyendo y disponer del glosario completo en un PDF de 7 páginas, se puede clicar de forma abierta y gratuita aquí. El glosario se ha elaborado a partir de un documento preparado para Servicios Sociales Integrados.)

A continuación se hace una propuesta de graduación de situaciones en cuanto a las dos dimensiones (I y II) de la interacción, identificada como bien protegible para los servicios sociales:

I. Situaciones en cuanto a la red primaria o próxima de apoyo con la que cuenta la persona.

1. Cuenta con vínculos familiares (o similares) fuertes (por capacidad funcional, disponibilidad efectiva y compromiso moral de ayuda mutua) con convivencia en el mismo domicilio.

2. Cuenta con vínculos familiares, de amistad o similares fuertes (por capacidad, compromiso y disponibilidad efectiva para el apoyo) o con asistencia personal remunerada con notable proximidad, intensidad o frecuencia (sin convivencia en el mismo domicilio).

3. Cuenta con relaciones de buena vecindad, amistad, familiares, de apoyo o similares de compromiso, proximidad, intensidad, frecuencia o disponibilidad medias. Puede contar con estas personas circunstancial y condicionalmente (no de forma permanente e incondicional).

4.  Apenas cuenta con vínculos y apoyos en su entorno cotidiano.

II. Situaciones en cuanto su capacidad funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria.

a. Tiene plena capacidad de decisión y ejecución en las actividades de la vida diaria (Actividades que ha de realizar una persona para poder dar satisfacción a sus necesidades. Se clasifican en básicas (las más imprescindibles, que normalmente la persona puede hacer sola: comer, asearse, caminar y demás), instrumentales (que requieren interactuar con otras personas o pueden ser más fácilmente delegadas en otras personas, como: cocinar, compras, usar medios de transporte) y avanzadas (que comportan participación en instituciones complejas: estudiar, trabajar, participar en la vida política, por ejemplo).

b. Presenta ligeras limitaciones para las actividades de la vida diaria, limitaciones compensadas por productos de apoyo o tiene ciertos obstáculos en su entorno domiciliario y comunitario (por ejemplo piso alto sin ascensor).

c. Tiene limitaciones importantes en la realización de actividades de la vida diaria.

d. Presenta limitaciones generalizadas en la capacidad de decisión para el proyecto de vida y la vida cotidiana (aquí encajan, por ejemplo, todas las personas en sus primeros años de vida).

El cuadro representaría 16 combinaciones de esas situaciones. Así vamos mapeando y debatiendo estados de la interacción de las personas.

(Material compartido en un proceso de trabajo con SSI.)

Términos como fragilidad, vulnerabilidad, riesgo o cronicidad pueden utilizarse para referirse a varios de los bienes de los que se ocupan las grandes ramas de las políticas públicas; bienes como la salud, el alojamiento, la seguridad, el empleo o la subsistencia material. También cabe usar esos cuatro conceptos en relación con el bien que proponemos que proteja y promueva esa gran rama de las políticas públicas que es la de los servicios sociales, bien que proponemos denominar interacción, entendida como el ajuste dinámico entre la autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria y la integración relacional primaria de carácter familiar y comunitario.

Se trata de cuatro expresiones que surgen o encajan en el contexto en el que la afectación o el deterioro de estos bienes (salud, alojamiento, seguridad, empleo, subsistencia, interacción u otros) son vistos más bien como procesos progresivos y no necesariamente como acontecimientos agudos. Así:

• Una situación de riesgo es una situación amenazante en la que hay cierta mayor probabilidad de que un agente del entorno o la propia persona que disfruta de él puedan causar daño considerable al bien (en lo que interesa a los servicios sociales, el bien de la interacción).
• Una situación de vulnerabilidad es una situación de relativa debilidad en la que el bien (en lo que compete a la intervención social, la interacción) está más expuesto a verse afectado o menoscabado por algún agente del entorno o por la propia persona interesada.
• Una situación de fragilidad es una situación relativamente estructural en la que el bien (en lo que nos interesa aquí, la interacción) es menos resiliente o resistente al deterioro o disminución o incluso en la que hay un incipiente deterioro o disminución del bien.
• Una situación de cronicidad es una situación en la que la afectación o limitación del bien y la necesidad de apoyo (en nuestro caso, apoyo para la interacción) se prolongan en el tiempo. Cronificar una situación de intervención (social, en nuestro caso) es, en ocasiones, la mejor alternativa disponible.

La intervención social puede ser más bien asistencial (y complementar la interacción existente en la persona), más bien habilitadora o rehabilitadora (y mejorar su autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria), más bien comunitaria (y mejorar la inclusión relacional primaria de la persona) o más bien paliativa (y compensar o amortiguar aspectos o consecuencias del deterioro o menoscabo de su interacción). En todo caso, habrá de ser preventiva (y evitar, retrasar o ralentizar la limitación o disminución de la interacción), pudiendo diferenciarse: prevención universal (cuando actuamos con toda la población), prevención selectiva (cuando actuamos con la población en situación de riesgo o vulnerabilidad) y prevención indicada (cuando actuamos con la población en situación de fragilidad, cronicidad o, en todo caso, afectada por un deterioro, menoscabo, daño, limitación o disminución de la interacción).

En primer lugar, en una sociedad tan mercantilizada como la nuestra y con tantos obstáculos estructurales y emergentes para el acceso de importantes segmentos poblacionales a bienes físicos de primera necesidad (como el alimento, el vestido o la energía, o, también, al alojamiento), cabe considerar prácticamente imposible que se configure y posicione una intervención social dedicada a promover y proteger la interacción de todas las personas (es decir, su autonomía para decisiones y actividades de la vida diaria en relaciones primarias familiares y comunitarias) mientras las estructuras y agentes de los servicios sociales tengan encomendada, a la vez, la tramitación de ayudas para la obtención de dichos bienes.

En segundo lugar, la intervención social y sus disciplinas y profesiones deben hacer un mayor esfuerzo por superar su actual estadio de desarrollo dominado por un saber hacer artesanal práctico para, sin desconocer nunca la importancia de la pericia profesional, entrar decididamente en una etapa de intervención social de carácter o base científica, con las consecuencias y condiciones que ello conlleva en términos de configuración de las comunidades y redes de conocimiento, de las dinámicas y procedimientos para su construcción y avance del saber y de las herramientas, instrumentos, aplicaciones y plataformas de evaluación de la intervención y sus efectos.

En tercer lugar, la acción social, como cualquier otra actividad, debe ser objeto de un desarrollo e innovación tecnológica que la incorpore a la capa digital y que le permita beneficiarse de la comunicación telemática, la inteligencia artificial distribuida, el procesamiento de grandes cantidades de datos, el internet de las cosas (también de las llevables) o las plataformas colaborativas, tanto para su realización, gestión y gobierno como para su integración vertical (intrasectorial) y horizontal (intersectorial) con otras ramas de actividad.

En cuarto lugar, se ha de entender que este modelo de intervención social puede llegar a afectar, a mayor o menor escala territorial y humana, al cambio y la innovación en la comprensión y configuración del contrato social, entendido como el conjunto de normas asumidas por las personas (individual y colectivamente) sobre lo que pueden esperar de otras personas o instancias y lo que deben aportar: estamos hablando de una acción social organizada y profesionalizada que busca nuevas e importantes sinergias con las relaciones y redes primarias de carácter familiar y comunitario, brindándoles aportes y esperando que brinden apoyos.

Por último, el giro desde una intervención social residual a una de base comunitaria representa un cambio en la manera en la que los servicios sociales se integran en las intervenciones y políticas transversales de igualdad y atención a la diversidad (de género, generacional, funcional y cultural), en la llamada acción comunitaria y en la gobernanza del conjunto de políticas sociales. En ese marco, la intervención social, posiblemente, está llamada a una especial alianza con la intervención urbanística y habitacional, para la consecución de territorios y comunidades amigables, inteligentes y sostenibles.

(Adaptación de los párrafos finales de un artículo recientemente publicado en Documentación Social, ubicado aquí.)