Transversalidad, diversidad, acción comunitaria e interseccionalidad

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Los colectivos poblacionales que se han autoidentificado y empoderado; que han ido generando reivindicaciones, intervenciones y políticas transversales y que han reivindicado e impulsado la igualdad, la universalidad, la inclusión y la no discriminación en todos los ámbitos sectoriales (como educación, vivienda o empleo) han ido adoptando el discurso de la diversidad, en el cual se identifica un elemento en relación con el cual se dan múltiples diferencias, como, por ejemplo, sexo, edad, capacidad u origen (Novy y Weinzierl, 2020).

En la sociedad industrial heteropatriarcal, el mecanismo por excelencia para la gestión de la diversidad era la familia. La diversidad de género era reducida a la diferencia entre los hombres y las mujeres heterosexuales, cuyo encuentro se producía en el matrimonio para toda la vida y en la división sexual del trabajo. División sexual del trabajo que, mediante la dependencia económica de las mujeres y su obligada asunción del trabajo de cuidados, constituía la herramienta para la gestión de la diversidad generacional y funcional, en la medida en que las mujeres adultas se ocupaban de las criaturas o de las personas (habitualmente mayores) que no podían valerse por sí mismas (Pérez-Orozco, 2014). En un contexto en el que apenas se reconocía la diversidad cultural.

Sin embargo, diversos cambios y luchas sociales nos van conduciendo a sociedades en las que se incrementa la diversidad de género, generacional, funcional y cultural y en las que, obviamente, la cambiante familia no puede ser vista como el contenedor para el manejo de dicha diversidad. Hay que explorar, entonces, entre otras, las virtualidades de la comunidad y de la acción comunitaria (Baldwin y King, 2018).

El concepto de comunidad, por oposición al de sociedad, nos habla de redes de relaciones primarias (como las familiares, de amistad, de convivencia o vecinales) o, en todo caso, de especial afinidad o proximidad. La interdependencia de las personas a través de los vínculos comunitarios en los territorios es objeto de especial interés en el contexto de un cambio de época (Gomá, 2016) en el que fenómenos como la transición demográfica, la globalización económica, la segregación territorial, la revolución tecnológica y la emergencia ambiental obligan a las políticas públicas y, en especial, a las políticas sociales a buscar innovaciones que posibiliten la sostenibilidad de la vida en claves de equidad en los cuidados, economía circular y kilómetro cero (Max-Neef, 1998).

Todas las políticas sectoriales que proveen bienes y servicios de primera necesidad deben contemplar respuestas ágiles para la necesidad o urgencia individual (habitacional, económica, energética, sanitaria o de movilidad, por ejemplo) pero en todas ellas se sabe que hay que ir aguas arriba, hacia las causas y hacia las causas de las causas, en abordajes colectivos, comunitarios, preventivos, poblacionales y ecológicos que tienden a ser menos sectoriales y más intersectoriales y a encontrarse e hibridarse con las políticas transversales (Zapata-Barbero, 2009) y la acción comunitaria general o integral.

En la protección y promoción de cualquiera de los grandes bienes de los que se ocupan las políticas sectoriales cabe identificar ese continuo que va desde la asistencia o atención, más individualizada o personalizada, más sectorial, a las personas o las familias hasta esos abordajes más poblacionales, preventivos, comunitarios, ecológicos, estructurales y transformadores. Más intersectoriales y transversales. Cada vez que tememos que el coronavirus sature las UCI, corremos aguas arriba y damos normas generales de comportamiento en la convivencia comunitaria.

La perspectiva de la interseccionalidad nos ayuda a percibir los paralelismos y concomitancias entre los procesos de discriminación, maltrato y violencia de los que son objeto miembros de diferentes colectivos con diversas señas de identidad y entre sus luchas por la igualdad en diversidad. Y nos ayuda a dejar de percibir esos colectivos como inmutables compartimentos estancos (Ayuntamiento de Terrassa, 2019).

Referencias

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA (2019): Guía para incorporar la interseccionalidad en las políticas locales.

BALDWIN, Cathy y KING, Robert (2018): Social sustainability, climate resilience and community-based urban development. What about the people? New York, Routledge.

GOMÁ, Ricard (2016): “Exclusión y políticas públicas: la construcción colectiva de la inclusión social” en MORATA, Txus (coordinación): Pedagogía social comunitaria y exclusión social. Madrid, Popular, páginas 33-45

MAX-NEEF, Manfred (1998): Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Barcelona, Icaria.

NOVY, Andreas y WEINZIERL, Carla (2020): “Negotiating diversity and equity” en OOSTERLYNK, Stijn y otras (edición): Local social innovation to combat poverty and social exclusion. A critical appraisal. Bristol, Policy Press, páginas 137-160.

PÉREZ OROZCO, Amaia (2014): Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid, Traficantes de Sueños.

ZAPATA-BARRERO, Ricard (2009): Políticas de ciudadanía. Discurso público sobre la gestión local de la diversidad. Barcelona, Diputació de Barcelona.

(Adaptación de algunos contenidos compartidos en el proceso de elaboración del marco conceptual del Departamento responsable de políticas sociales de la Diputación de Barcelona que se recoge en una publicación que puede encontrarse aquí.)

Buenas prácticas para la integración entre intervención social e intervención habitacional y urbanística

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A partir de planteamientos teóricos en torno a la diferenciación e integración de las intervenciones y políticas públicas de servicios sociales y de vivienda y urbanismo (clicar para ver entrada reciente con Laura Guijarro en el blog Llei d’Engel), se plantea la conveniencia de identificar algunos ejemplos de experiencias de buena práctica al respecto. Se han escogido algunas (clicar en cada una) que resultan próximas, por conocimiento o participación más o menos directa y por proximidad geográfica:

Las superilles socials (supermanzanas sociales) pueden ser presentadas como forma de concepción y organización de servicios sociales domiciliarios referenciada a un conjunto de manzanas de la trama urbana, posibilitando los cuidados y la sostenibilidad de la vida en los vecindarios, las comunidades y los territorios.

El Criterio Interpretativo del Principado de Asturias sobre los Alojamientos Colaborativos, elaborado conjuntamente por áreas de servicios sociales y de vivienda, es un intento pionero de regular normativamente experiencias de cohousing (senior, usualmente).

El Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO) ha elaborado una guía para la Elección de viviendas accesibles y reformas pro accesibilidad, para información y asesoramiento a personas con discapacidad y mayores, dentro de su línea de trabajo de apoyo a la planificación del proyecto de vida personal, tanto desde el acompañamiento social como desde el asesoramiento residencial.

Urbanbat viene trabajando la Arquitectura de los Cuidados, con especial atención a la perspectiva de género, en procesos de diseño, participación, formación y debate para la construcción y el desarrollo de ciudades y viviendas que faciliten el cuidado y la equidad en los cuidados.

Los Servicios Sociales del Nansa (Cantabria) constituyen un ejemplo de innovación en el diseño, implementación y coordinación de servicios sociales, adaptados a un entorno rural y disperso, facilitando la atención a las personas, su calidad de vida y su continuidad en su medio natural.

El modelo Housing First (presentado en el artículo por Joan Uribe) se está llevando adelante, por ejemplo, en una alianza entre Hogar Sí y Provivienda y representa una mirada diferente a la tradicional en lo que tiene que ver con la articulación entre el alojamiento y la intervención social en los procesos de inclusión social.

Las experiencias de alojamiento intergeneracional abordan, desde las relaciones primarias de convivencia, intentos diversos de respuesta sinérgica a distintas necesidades y problemas sociales, logrando impactos en términos, por ejemplo, de inclusión residencial y prevención de la soledad no deseada.

Projekta Urbes ha desarrollado herramientas tecnológicas para la monitorización y promoción de paseos urbanos. Se trata de un ejemplo de la utilización de tecnologías digitales en el espacio público para facilitar y promover las relaciones primarias y el desenvolvimiento autónomo de las personas.

El movimiento de ciudades amigables con ejemplos como Donostia Lagunkoia o Activa tu Barrio (del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz), incorpora la participación de los servicios sociales, las políticas de vivienda y urbanismo y otras (este último vínculo lleva a la web Berrituz, en la que se pueden encontrar otras buenas prácticas).

En la página web de Fundación Pilares, entre otras, encontramos una experiencia de codiseño de entornos para la accesibilidad universal en la que personas que van a ser usuarias de determinados entornos participan en su diseño, en aplicación del modelo de atención centrada en la persona.

La experiencia de la Oficina del Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla es la de la gobernanza de la intervención intersectorial en un territorio y con una población con necesidades especiales, siendo las áreas de servicios sociales y de vivienda, urbanismo y convivencia dos de los puntales del trabajo.

Las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, presentadas en esta entrada de blog por Paisaje Transversal, son un ejemplo de planeación territorial integral que intenta tener en cuenta la diversidad de agentes y de usos del territorio, con un intento de superar una visión tradicional de mera previsión de reserva de suelo para equipamientos dotacionales para servicios sociales clásicos.

El Modelo Inclúe, entre otros proyectos, muestra la trayectoria de Emaús Galicia en la construcción de alianzas y conocimiento que ayuden a combinar los ingredientes de la intervención social, la comunidad, la vivienda, el territorio y otros en los procesos de inclusión social.

El Observatorio de la Realidad Social de Navarra corresponde a un Departamento (antes Vicepresidencia) que tiene, entre otras, las responsabilidades sobre vivienda y sobre servicios sociales, lo que puede facilitar la gobernanza de la integración horizontal intersectorial entre esas dos ramas del sistema de bienestar y también con otras.

(La ilustración está tomada del blog Llei d’Engel, en el que está publicada la entrada que da origen a ésta.)

¿Cómo se justifica la intervención pública?

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En sociedades como las nuestras, en las que las tecnologías basadas en los avances científicos han adquirido notable relevancia, la especialización profesionalizada gana valor ante la ciudadanía. Si pensamos en las diferentes necesidades a las que cada persona vamos dando respuesta a lo largo del día, podemos constatar cómo es cada vez mayor, para cada una de ellas, la cantidad y complejidad de conocimiento especializado que media dicha satisfacción de necesidades en cada uno de los casos.

En ese contexto, probablemente, pierde cierto peso relativo el debate acerca de si esa estructura tecnificada que dará respuesta a nuestras necesidades será comunitaria, pública, solidaria o mercantil. Claro que nos importa si determinada atención nos la dará el Estado, una compañía, la familia o una asociación, pero asumiendo antes, seguramente, que sea suficientemente idónea a la luz del mejor conocimiento científico disponible.

Esta situación parece favorecer que la ciudadanía, en diferentes lugares, acepte distintos arreglos para diversas ramas de actividad o tipos de necesidad. Así, por ejemplo, en nuestro entorno, gozan de gran aprecio los servicios sanitarios de gestión pública directa, a la vez que se suele aceptar que sean empresas mercantiles las que extiendan las redes de telecomunicación y se prefieren los permisos parentales a los cuidados profesionales para las criaturas recién nacidas. Dentro de una misma rama de actividad, diferentes eslabones de las cadenas de valor o niveles de responsabilidad pueden estar en distintas manos, en términos de sector institucional o tipo de agente.

Desde una visión económica convencional, cabría decir que la dificultad de que un bien pueda ser disfrutado libremente por parte de cada individuo (y de que pueda excluirse a otro de su disfrute) haría más probable que ese bien pueda ser tratado como bien público y sometido a la autoridad política (más o menos basada en el conocimiento científico). Se diría que en la naturaleza de ese bien hay algo estructuralmente colectivo. Por eso hay más calles públicas que camisas públicas, podemos decir.

Desde una visión política democrática, por otro lado, tendemos a pensar que la provisión pública se asocia a valores como la universalidad y la equidad en el acceso a los bienes más necesarios (o de primera necesidad). Por eso, desde ese punto de vista, preferimos vivir en un lugar en el que el acceso a la operación quirúrgica de apendicitis o al apoyo a las familias al cuidado de criaturas no dependa de que lo puedas comprar, por mucho que su funcionamiento parece avenirse, técnicamente, con facilidad, a un uso particular y excluyente.

La revolución digital, por otra parte, con sus estrategias de integración vertical y horizontal y sus modelos de negocio y escalabilidad, transforma de manera notable todo este panorama, desde el momento, por ejemplo, en que permite qué valiosos y complejos productos y servicios sean, hasta cierto punto, gratuitos y altamente accesibles, generando, sin embargo, negocios privados de gran envergadura.

Posiblemente, en este momento, el gran desafío cognitivo, organizativo y político de los poderes y organizaciones públicas es el de identificar y posicionarse en las ramas y parcelas de actividad que resulten más estratégicas para ejercer la autoridad legítima e informada y para lograr estructuralmente la universalidad y equidad deseadas, logrando la maniobrabilidad y relaciones óptimas e incurriendo lo menos posible en problemas de agencia qué consisten, básicamente, en la captura del valor y el control públicos por parte de intereses corporativos, mercantiles o particulares.

(Acompaña a esta entrada parte de la ilustración de Thomas Hobbes para su Leviatán.)

Por una alianza estratégica entre los sectores de la vivienda y los servicios sociales para una industria comunitaria de los cuidados

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Parece evidente que cualquier agente o conjunto de agentes que desee tener un sitio en el escenario que se abre a partir de la emergencia general que estamos viviendo tendrá que plantearse, comunicar y concertar cuál puede ser su contribución específica, eficiente y sinérgica en los procesos de reconstrucción o reestructuración económica, social y, en general, institucional que se van a desencadenar a diferentes escalas. Y, posiblemente, los puntos de apoyo o referencia para dichas estrategias de posicionamiento y aportación en la reconstrucción no sean otros que aquellos que los que hayan sido percibidos como críticos, por su fortaleza o por su debilidad, en la inédita experiencia colectiva en la que estamos inmersas.

Seguramente, la experiencia del confinamiento está haciendo que nos hagamos más conscientes de dos elementos importantes para la sostenibilidad de nuestra vida (y de nuestra salud): la adecuación de nuestra vivienda habitual y las relaciones primarias que mantenemos en nuestras unidades de convivencia y vecindarios. Dos elementos, además, cuya relación entre sí nos resulta más evidente en estos momentos: baste citar, como botón de muestra, el partido funcional y relacional que muchas personas le están sacando a sus balcones en las actuales circunstancias.

Las políticas públicas de vivienda y de servicios sociales son hermanas pequeñas de otras políticas públicas mucho más desarrolladas en nuestro entorno, como las de pensiones, seguridad-defensa, sanidad, infraestructuras-transporte o educación. Quizás, por ello, en estos momentos, puedan encontrarse y ayudarse en una agenda compartida de transformación y fortalecimiento de la trama habitacional y relacional de nuestras comunidades y territorios, ahora que, quizá, hemos descubierto que necesitamos mucha mayor diversidad y flexibilidad en la gama de opciones que tenemos para cuidarnos, apoyarnos, acompañarnos, convivir, organizarnos y protegernos en esa vida diaria de nuestros domicilios y barrios, de los que no queremos (u, otras veces, no podemos) salir.

Esta alianza estratégica de las políticas y los sectores de la vivienda y los servicios sociales no es nada fácil. Son dos ámbitos que están bastante de espaldas entre sí: el primero, seguramente, mirando demasiado hacia el mercado inmobiliario y el segundo, posiblemente, sepultado por los trámites burocráticos que genera la demanda inducida por la emergencia estructural. Sin embargo, ciertamente, hay buenas razones para proponer esta alianza estratégica que configure uno de los ejes vertebradores de proceso de reconstrucción, y, entre ellas, no es la menor la gran capacidad de generación de empleo de menor cualificación que tienen los sectores de la vivienda y de los servicios sociales y el fuerte componente tecnológico e industrial que, mediante un inteligente proceso de impulso público de la investigación, desarrollo e innovación, deberán contener los domicilios y barrios inteligentes y amigables con la autonomía de las personas y sus relaciones comunitarias.

(La imagen es del huerto urbano del barrio de San Francisco en Bilbao. A la derecha el edificio donde están los servicios sociales de atención primaria y, a la izquierda, viviendas públicas)

Bienes de primera necesidad a cargo de los servicios sociales y de otros ámbitos de actividad

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El ámbito sectorial de los servicios sociales podría diferenciarse de otros (como el del transporte, el de los servicios sanitarios o el de la alimentación) por la parcela o parte de las necesidades de las personas a la que busca dar respuesta. Las áreas de conocimiento o disciplinas de referencia sobre las necesidades de las personas que se abordan en dicho ámbito (o, en todo caso, mediante la actividad denominada intervención social) podrían ser el trabajo social, la educación (y pedagogía) social y la psicología de la intervención social, con contribuciones de otras.

Cabe definir necesidad como la dependencia de las personas respecto de determinado aporte procedente del entorno. Las necesidades son identificadas por la comunidad de conocimiento o la comunidad política (aparte de que sean sentidas y expresadas por las personas). Más que como carencias, pueden verse como potencialidades y, para ellas, hemos de identificar un recurso, producto, actividad o servicio disfrutable individualmente que permita su satisfacción. Una denominación general y un tanto abstracta (tomada del lenguaje jurídico) para identificar la respuesta a una necesidad sería la de bien. Así, diremos que a toda gran necesidad (a todo gran ámbito, área o conjunto de necesidades) le corresponde un gran bien.

¿Cuál es la parcela de las necesidades humanas de la que se ocuparían los servicios sociales? ¿Cuál es ese bien que deberían proteger y promover los servicios sociales? Proponemos llamarlo interacción, definida como la autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria en el seno de relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. En esta definición se presentan la capacidad funcional cotidiana y la inclusión relacional primaria como dos caras de la misma moneda, como dos dimensiones de ese bien que se propone llamar interacción (aunque este concepto de interacción no goce de consenso en la comunidad de conocimiento de los servicios sociales).

Diremos que una persona tiene satisfecha su necesidad de interacción o que disfruta del bien de la interacción en tanto en cuanto exista un ajuste sostenible en su funcionamiento cotidiano de interdependencia relacional, es decir, un acoplamiento entre su capacidad y proyección de desenvolvimiento autónomo en la vida diaria y los apoyos disponibles y previsibles en su convivencia familiar y comunitaria de carácter primario. Consideramos que se trata de un bien de primera necesidad, como lo son otros bienes que corresponden a otros importantes ámbitos sectoriales de la actividad económica y las políticas públicas: bienes como la salud, la alimentación, la cultura, las competencias (profesionales), el empleo, el alojamiento, el territorio (o espacio público), el (medio) ambiente o la participación (ciudadana).

Lógicamente, la intervención social tiene impacto (efecto indirecto) en otras necesidades o bienes. Del mismo modo que el funcionamiento de políticas o servicios policiales, urbanísticos, sanitarios u otros, que desencadenan sus propios resultados esperados, impactan en la interacción de las personas. Y, lógicamente, se han de prever itinerarios personales posibilitados por diferentes grados y modos de integración intersectorial entre unos u otros ámbitos. Dado que, si bien es racional y eficiente la especialización de las ramas o ámbitos por grandes necesidades o bienes, es fundamental, también, articular las conexiones y relaciones intersectoriales.

En estos momentos de emergencia global, posiblemente, se van a abrir profundos debates acerca de los modos de dar respuesta a las necesidades de las personas y del papel del Estado protector, del mercado monetizado o de la comunidad autoorganizada. Pero, seguramente, dichos debates se plantearán después (y a partir) de la identificación y priorización de las necesidades de las personas y de la selección (en un contexto de importantes restricciones) de las actividades y las profesiones que aporten más valor en la protección y promoción de los bienes que se consideren más relevantes y sinérgicos.

(Contenidos trabajados con la cooperativa de iniciativa solidaria Servicios Sociales Integrados, en procesos de construcción de marcos conceptuales.)

Cartografiando la ayuda en la emergencia

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En la emergencia muchas personas (servidoras públicas, vecinas, familiares, voluntarias, profesionales, ciudadanas) queremos ayudar y conversamos sobre cómo hacerlo, a quién ayudar, con quién hacerlo, en qué ayudar, cuánto hacerlo.

Podríamos decir que la emergencia tensiona, muestra y, a veces, destruye los mecanismos y procesos mediante los cuales solemos dar respuesta a nuestras necesidades. Mecanismos y procesos que, muchas veces, habíamos naturalizado, que dábamos por supuestos y de los que no éramos conscientes. Mecanismos y procesos como comprar ropa con dinero sacado de un cajero, como ejercer el derecho a recibir cuidados de enfermería públicos y gratuitos, como sentirse bien tras abrazar a alguien que encontramos por la calle, como que una compañera del banco del tiempo del barrio nos eche una mano con un programa informático.

En la emergencia estamos organizando comunitariamente procesos y mecanismos de ayuda mutua en los barrios. Nos basamos en el conocimiento recíproco y en la confianza que nace de la proximidad física y moral. Nos valemos de saberes construidos en el activismo y nos beneficia la diversidad de hornadas generacionales a las que pertenecemos (desde el ácrata sesentón a la maker veinteañera). Y hacemos el esfuerzo de delimitar en qué podemos ayudar: en actividades sencillas de la vida diaria en las que algunas personas, familias o unidades de convivencia no pueden arreglarse en este momento especial.

Los servicios públicos y las actividades profesionales se preguntan en qué medida son imprescindibles o no, en qué medida pueden parar o deben seguir. Y, en todo caso, cómo se deben adaptar o reconfigurar. Descubrimos más interdependencia y complejidad en las cadenas de valor de las que veíamos al principio. De aplaudir al personal sanitario pasamos a vitorear al del supermercado. De no mencionar los servicios sociales al decretar la alarma, a declararlos como esenciales. Comprendemos mejor la necesidad de la especialización para cada fin (se contrata más personal sanitario cualificado) y la contribución de otros ramos de actividad para fines diferentes a los suyos propios (la policía de tráfico que impide pasar a la persona que se quiere ir de puente a su segunda residencia).

En la emergencia miramos con nueva luz las ayudas económicas (sean públicas o no). En la medida en que siga habiendo provisión de bienes y capacidad funcional de acceder a ellos, la ayuda económica puede ser muy interesante y eficiente. Sin embargo, en otras ocasiones, se nos hace más evidente algo que ya sabíamos: que contar con recursos económicos no es suficiente (y que a veces no es necesario e incluso puede ser contraproducente). Y pensamos sobre el tiempo dedicado a racionar ayudas públicas en dinero, como si el dinero fuera una simple y firme representación del valor, cuando las autoridades políticas y agentes con poder económico parecen poder estirarlo y encogerlo de formas inéditas, cuando interesa.

En fin, hablando de ayuda, en todo caso, quizá sea sano acabar con un poco de irónica autocrítica de nuestras ganas, medida, capacidad y legitimidad de ayudar, recordando a Facundo Cabral, que contaba que, en una ocasión, presentó a su madre a un presidente de su país, que, más o menos, le dijo: “qué gusto conocerla, Sara, ¿en qué la puedo ayudar?” A lo que ella respondió: “con que no me joda es suficiente”.

(En la fotografía, un comercio del barrio de San Francisco, Bilbao, con carteles ofreciendo cauces de ayuda vecinal.)

Disyuntivas estructurales de la política social

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¿Desigualdad económica o diversidad e interseccionalidad? ¿Derechos individuales o desarrollo comunitario? ¿Políticas sectoriales clásicas o nuevas transversalidades? ¿Redistribución o predistribución? ¿Crecimiento de las estructuras existentes o innovación para la transformación? ¿Electorados tradicionales o nuevos segmentos?

En el desarrollo de las políticas públicas y, en particular, de las políticas sociales, en países como el nuestro, han hecho especial fortuna algunas, como la sanitaria y la de pensiones, en las que los poderes y, en especial, las administraciones públicas se hacen cargo de la provisión universal de determinados recursos o servicios. Tienden a ser, como en el caso de las mencionadas, políticas redistributivas, es decir, que, más bien, actúan con posterioridad a que la suerte que cada persona haya tenido en las relaciones familiares o en las dinámicas del mercado (entre otras) la haya colocado en una determinada posición en cuanto a su acceso primario (valga la expresión) a dichos recursos y servicios. En dicho impacto redistributivo, por cierto, cada una de esas políticas, en cada contexto, tiene unos determinados sesgos (por ejemplo, beneficiando más a los varones mayores autóctonos con mejor trayectoria laboral) y no necesariamente resulta equitativa.

En ese contexto, las dificultades que otras políticas sectoriales (como, por ejemplo, las de servicios sociales o vivienda) encuentran para equipararse en envergadura a las antes citadas no parecen coyunturales sino que, más bien, da la impresión de que puede haber problemas estructurales, por ejemplo, de capacidad de agencia del Estado o de base de apoyo electoral, para la construcción de esos nuevos pilares del sistema de bienestar a imagen y semejanza de los anteriores.

Además, emergen asuntos y agentes que reclaman, más bien, abordajes transversales y no tanto, o no principalmente, la construcción de nuevos pilares sectoriales universales. Se trata, claramente, de toda una serie de propuestas políticas que se formulan en clave de igualdad y diversidad, sea de género, generacional, funcional o cultural. Desde estas preocupaciones, sujetos diversos (sin cuestionar el necesario fortalecimiento y desarrollo de los derechos sociales universales reconocidos y, en parte, garantizados por las políticas sectoriales más o menos maduras) reclaman procesos de personalización, flexibilización, adaptación, amigabilidad, relacionalidad, integración, innovación y transformación del Estado de bienestar realmente existente.

En definitiva, el propio éxito del Estado de bienestar tradicional ha desencadenado una mayor complejidad de las demandas hacia él. No puede dejar de reparar y compensar pero, a la vez, debe generar mejores condiciones para la sostenibilidad relacional, ambiental y económica de la vida en los territorios. Debe preparar y predistribuir más , construyendo capacidades individuales y colectivas, porque, si no, la equiparación o redistribución cuando las dinámicas familiares y mercantiles ya han operado, se vuelve demasiado difícil. Difícil, como decíamos, por la limitada capacidad de agencia de los poderes públicos (como la de cualquier agente) y por las dificultades de concitar apoyo social y electoral a nuevas medidas redistributivas en un contexto en el que, previamente, las personas han tenido que competir en un mercado laboral y residencial salvaje e injusto que potencia la individualización (como lo hacen algunas políticas públicas) y socava las relaciones comunitarias y las identidades compartidas.

Estas disyuntivas son estructurales, están en la entraña de las decisiones estratégicas en materia de política social. No tienen que ver sólo con el cuánto sino, sobre todo, con el cómo y, en el fondo, con el porqué. Por eso las hemos de trabajar en la elaboración de los presupuestos, en el diseño de las estructuras organizativas, en la generación del conocimiento y en la construcción del discurso.

(Reflexiones en el marco de conversaciones con responsables de políticas sociales en la Diputación de Barcelona)

¿Quo vadis, baby boomer?

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El modelo de gestión de la (antes menor) diversidad generacional y funcional mediante la familia heteropatriarcal, nuclear y extensa, ubicada en la proximidad territorial y regida por una moral católica tradicional es cada día más inelegible e insostenible. Y se hacen más frecuentes e intensos fenómenos disfuncionales como el aislamiento social de más personas o las tensiones relacionadas con la crisis de los cuidados y las cadenas globales de cuidados. Disfunciones y tensiones que, interseccionalmente, se retroalimentan con la inequidad, maltrato y violencia de género y con la xenofobia y su expresión política.

Tanto la profesionalización y tecnificación como la digitalización o robotización de cuidados y otros apoyos que, tradicionalmente, se proporcionaban en el seno de relaciones familiares y comunitarias y en un marco de reciprocidad diferida son imprescindibles pero, en cualquier caso, dejan casi siempre sin responder la pregunta por cuál será la norma y la estructura de las relaciones primarias que nos configurarán como personas interdependientes en sociedades ecodependientes. Como personas autónomas en comunidades significativas en territorios sostenibles.

La estructura residencial o las prestaciones de la Seguridad Social, por citar dos mecanismos difíciles de transformar rápidamente, se pensaron para esa sociedad que ya se ha transformado, que ya no es reconocible. Adicionalmente, los procesos de polarización laboral y económica tensionan la sociedad, rompiendo pretéritos vínculos de solidaridad en los que pudieron apoyarse anteriores innovaciones en materia de política social. La lectura de una reciente entrada del blog del SiiS nos da un panorama social vasco a partir de varios estudios.

En nuestra sociedad está próxima a la jubilación la numerosa generación del baby boom, con relativamente buenas capacidades y perspectivas funcionales y económicas. Las personas de esta generación pueden estar divididas y enfrentadas por su sexo, por su origen, por su clase social o por la potencia de su red de relaciones primarias, pero van a compartir, hasta cierto punto, un bagaje de experiencias, un estilo y condiciones de vida y una posición como destinatarias de las políticas sociales (singularmente pensiones, sanidad y servicios sociales).

En un contexto político y presupuestario notablemente hipotecado por anteriores decisiones y deudas y, al parecer, volátil y cortoplacista, la generación del baby boom se encontrará ante el reto de utilizar sus valiosos activos económicos, competenciales, relacionales y de tiempo liberado para desencadenar cambios. En sus manos estará, en buena medida, el cuidado familiar de sus mayores (muchos de ellos con discapacidades) y el apoyo a descendientes, la innovación social en el sistema de bienestar y, en definitiva, la reformulación del contrato intergeneracional y del contrato social en general.

(Sobre estas cuestiones hablaremos el martes con Fresno Consulting en la Comunidad de Madrid y en una conferencia organizada por Zarautz On. En la imagen, la actividad inicial del proyecto Bizkaia Saretu, del grupo cooperativo de iniciativa social Servicios Sociales Integrados.)

Hacia un diseño avanzado de las políticas sociales

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Proponer un esquema que permita clasificar y entrelazar de forma estructurada las políticas sociales es una tarea que, posiblemente, haya interesado más a personas que han diseñado, evaluado o rediseñado estructuras de gobierno que a la comunidad académica. De hecho, repasando el índice de no pocas obras sobre política social, se observan lagunas, duplicidades o incongruencias entre los apartados dedicados a diferentes políticas. (Proponemos hablar de duplicidad cuando la presencia de una función o responsabilidad en el seno de dos políticas distintas es inadvertida o inadecuada y, consiguientemente, problemática. Cuando la redundancia sea deliberada y apropiada, en clave de integración, hablaremos de solapamiento o entrecruzamientoque ocurrirá en los puntos de conexión entre políticas sectoriales y políticas transversales.)

Sin embargo, la propuesta de estructuración clasificatoria del conjunto de políticas sociales es uno de los componentes principales de un ECRO (esquema conceptual referencial operativo) sobre políticas sociales. Lo es porque, en la práctica de las políticas públicas, se comprueba fácilmente hasta qué punto las lagunas, duplicidades o incongruencias generan desajustes, conflictos e ineficiencias. Y también lo es porque esas lagunas, duplicidades e incongruencias posiblemente están revelando deficiencias en la comprensión de las finalidades o las dinámicas de la política social, en ocasiones, ciertamente, agravadas por limitaciones en la disponibilidad de recursos o en la atención rigurosa a la labor de diseño de estructuras.

Por otra parte, es muy frecuente el discurso que defiende una atención integral y que critica los reinos de taifas departamentales, tanto en el seno de las administraciones públicas como de otras organizaciones. Sin embargo, la ciencia de la organización nos enseña que, mientras que las organizaciones las constituyan personas, no hay más remedio que repartir las responsabilidades o funciones de una u otra manera.

El reto de una atención integrada y, finalmente, integral no aparece únicamente en la interfaz entre los servicios sociales y los servicios sanitarios, sino que emerge en muchos otros nodos, tanto de los servicios sociales con otras ramas como de otros pilares entre sí. Así, cabe decir que la garantía universal de los derechos sociales demanda, hoy y aquí, la construcción de una nueva generación de políticas públicas capaces de dialogar e integrarse entre sí, asumiendo que, con la actual complejidad social, no puede existir un subsistema residual o última red que se hace cargo de personas globalmente excluidas del resto de ámbitos de respuesta a necesidades y que la suposición de que tal subsistema residual existe es crecientemente disfuncional.

(Fragmento adaptado de parte de un capítulo del libro El futur dels Serveis socials. El capítulo hace el número 14 y su original puede descargarse aquí. También puede descargarse aquí el original del capítulo 1 del libro, sobre el objeto de los servicios sociales.)

Políticas sociales: ¿hacia dónde?

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Entre las funciones que tendemos a encomendar a las instituciones públicas hay algunas que, convencionalmente, denominamos sociales o de bienestar. Entre ellas suelen estar, en nuestro entorno, velar por nuestra salud, garantizar ingresos para la subsistencia (por ejemplo, mediante las pensiones) o proporcionar a las nuevas generaciones unos determinados aprendizajes establecidos como obligatorios.

La crisis que en este momento aqueja a las políticas sociales no es, fundamentalmente, la consecuencia de una insuficiente financiación o legitimación sino, más bien, del desajuste entre ellas y otros subsistemas sociales (como el laboral o el familiar), en gran medida gracias al éxito de esas políticas tal como fueron concebidas, en buena medida, en la segunda mitad del siglo pasado. La crisis es tal que posiblemente algunas de dichas políticas, más que ineficientes, resultan ya contraproducentes para su propia finalidad, quizá porque su característica de estabilizadoras automáticas reguladas burocráticamente dificulta crecientemente su maniobrabilidad y pertinencia.

En ese contexto, paradójicamente, pueden contribuir a la insostenibilidad y riesgo de colapso ambiental y relacional y a la creciente desigualdad económica, laboral y residencial. La contribución de la política de pensiones a la inequidad intergeneracional o la de la política sanitaria a la insostenibilidad de la vida (al prolongar vidas en situaciones de creciente limitación funcional y de apoyos primarios, en ausencia de unos servicios sociales suficientemente eficientes en ese contexto) podrían ser dos ejemplos cercanos.

Desde la comunidad de conocimiento en materia de políticas sociales, respetando las opciones ideológicas que legítimamente concurran al debate democrático, cabe sugerir algunas líneas de investigación e innovación como las siguientes:

  • Impulsar políticas que contribuyan a la relocalización territorial de los procesos sociales y la vida de las personas.
  • Ensayar innovaciones tecnológicas digitales que contribuyan a la reconstrucción, reinvención y sostenibilidad de relaciones primarias comunitarias.
  • Buscar la reiniciación participativa de la colaboración estratégica entre las instituciones públicas y las organizaciones solidarias.
  • Organizar la integración vertical y horizontal de la gobernanza, gestión y operación de las políticas sociales.
  • Construir ecosistemas en red de conocimiento e innovación para la política social.

Posiblemente la reconversión de los sistemas públicos de servicios sociales pueda funcionar como una palanca estratégica en estos cambios necesarios en el panorama de nuestras políticas sociales para una nueva coproducción inteligente del cuidado de la vida en la proximidad. Para un nuevo contrato social multilateral en el que los agentes comunitarios, públicos, solidarios y mercantiles están llamados a reencontrar su papel y posicionamiento sobre la base del conocimiento compartido. Para tener evidencias y diseños que proponer cuando las oportunidades o las amenazas ofrezcan pistas para cambios y avances, menores o mayores.

(Sobre esto hablaremos el jueves, 5 de septiembre, en la Fundació Pere Tarrés, en Barcelona.)