¿Pagar más pensiones, asegurar los cuidados o universalizar los servicios sociales?

Asno

Posiblemente nuestros Estados (o cuasi Estados, en el caso de entidades subestatales de amplias competencias), caracterizados como sociales o de bienestar (entendiendo aquí por tales aquellos que dedican cerca de, o más, de la mitad del presupuesto de sus gobiernos al gasto social) han llegado a un momento en el que, como el asno de Buridán, se ven sometidos a expectativas, reclamos o demandas que, al menos en cierta medida, pueden resultar contradictorias entre sí:

  • Ser un Estado empresario de servicios universales, es decir, ofrecer servicios masivos (como el sanitario o el educativo), tendencialmente gratuitos (fundamentalmente financiados por impuestos) y con personal propio (creando cantidades significativas de empleo público con buenas remuneraciones y condiciones laborales).
  • Ser un Estado asegurador y optimizador de recursos financieros entregables a las personas aportantes en determinadas contingencias (como jubilación, desempleo o discapacidad) en función de la cotización (mérito) de la persona; recursos suficientes, en todo caso, para la subsistencia, con independencia de la evolución de los mercados financieros (globalizados).
  • Ser un Estado inteligente y estratégico, capaz de anticipar y abordar los cambiantes riesgos y oportunidades que se presentan en nuestras sociedades, debiendo competir, para ello, con otros agentes (singularmente las grandes empresas globales) por los recursos humanos y tecnológicos necesarios para construir esa inteligencia estratégica.

Recordando aquella vieja ley de la dialéctica hegeliana, cabe preguntarse si nos encontramos en un debate sobre cantidades de recursos (cantidad total de recursos que se pone en manos del Estado o cantidades relativas de recursos dedicadas a esas diferentes funciones) o si se trata ya un debate sobre la cualidad y la naturaleza del Estado, si se está alumbrando algún tipo de cambio cualitativo por crisis sistémica del tipo de Estado social o de bienestar que conocemos.

En este marco, por ejemplo, cabe preguntarse de cuál de los siguientes modos se abordan de forma más pertinente y eficiente las necesidades actuales y futuras de las personas pensionistas actuales y futuras, y singularmente la que está llamada a crecer más y de manera más amenazante, que es la de cuidados:

  • Incrementando (más o menos) homogéneamente las actuales pensiones, de modo que las personas estén en mejores condiciones para, con sus ingresos y ahorros, pagar por cuidados.
  • Asegurando colectivamente la contingencia de necesitar cuidados, de modo que las personas reciban dinero para pagar cuidados en la medida en que los necesiten efectivamente.
  • Desarrollando los servicios sociales públicos como universales, de modo que dejen de ser un último recurso para cuando nuestras capacidades, redes y recursos están prácticamente agotados y se transformen en proveedores universales de cuidados profesionales.

Estos (y otros) cursos de acción están siendo propuestos y aplicados en cierta medida e incluso pueden ser vistos, de cara al futuro, como relativamente compatibles entre sí. Sin embargo, han de ser pensados, debatidos y comparados pues, al menos en determinados momentos, los diferentes agentes nos vemos abocados a decisiones que apuntan en una u otra dirección, que revelan unas u otras preferencias, que tienen unas u otras ganadoras o perdedoras. Y, en todo caso, recordemos lo que le pasó al asno de Buridán.

Cinco hipótesis para el futuro de la colaboración multiagente en las políticas sociales

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1. En la sociedad del conocimiento, la tecnología y la innovación se reforzaria la importancia estratégica de la incardinación en los ámbitos sectoriales (nacionales e internacionales) de la economía, la política pública y la gestión del conocimiento (en este caso en los ámbitos sectoriales correspondientes a las diferentes políticas sociales: sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y subsistencia), no sólo de las empresas privadas, sino también de las organizaciones públicas y las entidades de iniciativa social, llamadas, por tanto, a superar su generalismo en procesos de especialización sectorial, intersectorial y transversal.

2. El aumento de la complejidad social impulsaría arreglos (mix) diversos entre comunidad, sector público, tercer sector y sector privado en los diferentes ámbitos sectoriales (sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y subsistencia) y un acercamiento menos ideológico y más pragmático a dichas articulaciones, atendiendo tanto a la inercia institucional (path dependency) como a las oportunidades de girar estratégicamente, especialmente, sobre la base de evidencias.

3. La crisis de los cuidados haría más urgente y relevante la preocupación y contribución de los diferentes agentes a la sostenibilidad relacional de la vida en las comunidades y los territorios, en el marco procesos de integración vertical y horizontal de las políticas públicas y de arquitecturas públicas para la gobernanza participativa, multinivel e intersectorial del bienestar y el desarrollo, descendiendo de la escala macro a la meso y de la meso a la micro (de arriba hacia abajo).

4. La potencia de la innovación tecnológica, especialmente digital, favorecería a la innovación social como marco de referencia o terreno de juego para la articulación o colaboración entre agentes en el marco de la vida económica y las políticas públicas, siendo un reto fundamental el de la escalabilidad de las experiencias comunitarias exitosas y el de lograr que, a modo de fractales, funcionen sinérgicamente parecidas redes, constelaciones y ecosistemas de agentes (comunitarios, públicos, solidarios y privados) a escala micro, meso y macro (de abajo hacia arriba).

5. La pujanza de la esfera del mercado en todos los órdenes de la vida tendería a fragmentar y debilitar las comunidades, las instituciones públicas y la iniciativa social. Sin embargo, cabe afirmar que, tan cierto como que hay momentos y períodos de deterioro y amenaza o de bloqueo y atasco en los que resulta prácticamente imposible desencadenar cambios estratégicos positivos y justos, es que, en determinadas circunstancias, frecuentemente imprevistas, se abren ventanas de oportunidad para girar o, sencillamente, las amenazas obligan a tomar decisiones de calado, cueste lo que cueste. Para ese tipo de momentos es fundamental tener a punto relatos (discursos), maquetas (modelos), alianzas (estructuras) y redes (relaciones) abiertas, diversas, inclusivas, eficientes, polivalentes y rigurosas.

(Preparadas para ―y reelaboradas en― un encuentro del Ceo Club de Entidades Sociales de la Universidad Pública de Navarra y en la preparación de un artículo de próxima publicación en Cuadernos de Trabajo Social.)

Fiscalidad redistributiva y eficiencia social

Rubial 3

Luis Sanzo, analizando el sistema del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas en España, pone de manifiesto sus fuertes límites a la progresividad: en primer lugar, y de esto se habla muy poco, por la muy inferior carga fiscal en los ingresos secundarios de familias con dos ingresos, que beneficia a los hogares más pudientes y que reduce sustancialmente la recaudación; en segundo lugar, por la ausencia de progresividad en el tratamiento de algunos ingresos (como los ingresos por trabajo autónomo o los de capital); y, en tercer lugar, por una menor presión fiscal efectiva en determinadas comunidades autónomas, debida en buena medida a las diferencias de precios entre éstas. También, podría decirse, por ejemplo, por no poder aplicar a las personas físicas sistemas de cálculo que sí son posibles para las empresas.

Sin embargo, Luis advierte de que no es fácil una reforma social del IRPF para que, en lugar de beneficiar a las personas más favorecidas, aporte a las más desfavorecidas. Ello es debido a las poderosas inercias e intereses que sostienen el actual sistema. Además, señala, la lógica recaudatoria (actualmente dominante) y la lógica redistributiva (que quisiéramos fortalecer) son diferentes y requieren de procedimientos, plazos, ritmos, ciclos de funcionamiento, formas de relación con la ciudadanía, sistemas de control (también del fraude), cualificaciones del personal y culturas organizacionales bastante diferentes. Por ello aconseja ser prudentes y avanzar mediante diseños cuidadosos y experimentación previa en lo que tiene que ver con la integración entre impuestos y prestaciones.

Paula Hermida, por su parte, señala que, en una sociedad en la que aumenta la desigualdad y en la que el empleo garantiza cada vez menos salir de la pobreza, resulta crecientemente disfuncional la ausencia de integración entre la lógica de los dos sistemas que regulan las transferencias monetarias entre la ciudadanía y el Estado (impuestos y prestaciones), con tres tipos de problemas: de consistencia (o coherencia en el trato que recibe la persona por parte de ambos sistemas), de equidad (por la regresividad fiscal muchas veces no compensada por la progresividad de las prestaciones) y de eficiencia (por las denominadas “trampas” o incentivos para perpetuar situaciones que permiten cobrar prestaciones).

Por ello, dice Paula, gobiernos de muy diferente signo en distintos países han ido introduciendo medidas de IIP (integración de impuestos y prestaciones), que pueden incorporar la existencia de un mínimo de subsistencia que es siempre respetado o completado por el Estado o, sin llegar a tal universalidad, establecer créditos fiscales o impuestos negativos para determinados colectivos (como, por ejemplo, la infancia o personas trabajadoras pobres). Se entiende que, además de responder a los tres tipos de problemas antes mencionados, estas medidas pueden simplificar la gestión y evitar la estigmatización que se produce, en algunas ocasiones, en los sistemas menos integrados.

(Notas a partir del encuentro organizado el 27 de enero de 2018 por la Fundación Ramón Rubial. Las presentaciones utilizadas se pueden obtener solicitándolas a la Fundación.)

Pobreza y exclusión en sociedades complejas

Blake

Usando un trazo grueso, podría decirse que nuestros servicios sociales consisten, en buena medida, en oficinas municipales que dan ayudas económicas a personas o familias pobres y centros del tercer sector que atienden a miembros de diferentes colectivos en riesgo o situación de exclusión social. Somos más que eso y queremos ser, cada vez más, algo diferente de eso; pero el imaginario social y político no está muy lejano del que acabamos de pintar con la brocha gorda y hemos de reconocer que algo de verdad contiene.

Sin embargo, con independencia de las valoraciones éticas o técnicas que cupiera hacer en sus orígenes acerca de ese encargo de la pobreza y la exclusión a los servicios sociales, parece bastante evidente que la complejidad que actualmente presentan nuestras sociedades convierte esa encomienda en una verdadera misión imposible. Y ello es así por el carácter crecientemente estructural, diversificado y reflexivo que presentan en estas sociedades las situaciones y trayectorias de pobreza económica y exclusión social.

Para bien o para mal (no es esa ahora la cuestión) ya no vivimos en aquella sociedad en la que la promesa universalizable de la capacidad inclusiva del empleo, de las familias y comunidades homogéneas y del aseguramiento público ante contingencias previsibles y tasables era creíble para amplias mayorías sociales. Hoy y aquí, ya sabemos que esos tres grandes vectores de bienestar material e inclusión social dejan estructuralmente fuera de su manto protector a importantes segmentos de población.

Por otra parte, la fragmentación sistémica de nuestras sociedades compone trayectorias de empobrecimiento y exclusión crecientemente diversificadas e impredecibles en sus factores de cambio. No es igual la familia desahuciada por no poder hacer frente a una hipoteca contratada hace cinco años que la que nunca alcanzó un mínimo estándar de estabilidad y calidad residencial. No corre la misma suerte la persona de setenta años con importantes limitaciones cognitivas que había sido diagnosticada de “deficiencia mental” a los diez años o la que lo ha sido de “demencia senil” a los sesenta.

Por último, los propios discursos y dispositivos que el Estado o, en general, la sociedad ha generado para dar respuesta a los riesgos y situaciones de pobreza y exclusión o para generar bienestar e inclusión, siendo más o menos eficaces, alteran, muchas veces de manera imprevista e indeseada, el pensamiento, los valores y los comportamientos de los diferentes actores sociales, incluidas las personas en riesgo o situación de pobreza y exclusión: actores reflexivos, compitiendo en viejas y nuevas arenas, por recursos limitados.

Ciertamente, en este contexto, no resulta sencillo saber cómo responder al reto de la pobreza y la exclusión. Lo que sí resulta fácil es adivinar que no se trata de un asunto del que, de forma exclusiva o especial, se puedan encargar los servicios sociales.

(La fotografía corresponde a la película “I, Daniel Blake”. Sobre este asunto se tratará en un próximo encuentro organizado por la Diputación Foral de Bizkaia.)

Agencia pública y privada en las políticas sociales

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Parece claro que la evolución de las grandes políticas sociales sectoriales (como sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos) en nuestras sociedades hace que, en cada una de esas ramas o ramos de actividad, los poderes y administraciones públicas y la población o ciudadanía estén acompañadas, cada vez más, de muchos otros agentes de diversos tipos, como, al menos, las redes comunitarias, las organizaciones de iniciativa social y las empresas proveedoras de bienes y servicios.

Los debates éticos, ideológicos y políticos frecuentemente se simplifican y se polarizan como si nos encontráramos en un juego de suma cero entre las responsabilidades, funciones y actividades públicas y aquellas que se asumen por parte de la iniciativa empresarial privada y mercantil. Por otra parte, dichos debates éticos, ideológicos y políticos, en ocasiones, se abordan de espaldas a la base de evidencia y conocimiento existente al respecto, por ejemplo, gracias al estudio de políticas comparadas; evidencia y conocimiento que no debe reemplazar a los debates éticos, ideológicos y políticos, pero sí informarlos, ilustrarlos o iluminarlos.

En el contexto actual resulta especialmente necesario atender al impacto que nuevas tecnologías de la información y la comunicación (y otras) están teniendo y pueden tener en el incremento de oportunidades y amenazas y en la aceleración de procesos en lo relacionado con la algoritmización de sistemas, la explosión de la conectividad, la destrucción de intermediarias, la reconfiguración de cadenas de valor o la viralización y manipulación de la información y, a su vez, con la mercantilización de transacciones, el procomún colaborativo, el empoderamiento de clientes, la deconstrucción de sujetos colectivos, y así sucesivamente.

En ese escenario complejo, el poder político y las Administraciones públicas, al cuidado del interés general, no van a ser medidas tanto por la “cuota de mercado” que tengan en uno u otro sector de actividad (¿cuánto alumnado estudia en la enseñanza pública?, ¿qué porcentaje de los productos culturales serán públicos?) o por cuántos eslabones de las cadenas de valor asumen (¿la atención hospitalaria?, ¿lavar las sábanas del hospital?, ¿fabricar el detergente con el que se lavan?, ¿cultivar el algodón con el que se fabrica el detergente?) como por la capacidad de ser jugadoras determinantes en los diferentes sectores económicos (con distintas estrategias) para garantizar los derechos sociales y los derechos humanos en general.

Para ello los agentes públicos, seguramente, deberán potenciar inteligentemente la autonomía operativa y las ventajas comparativas de otros tipos de agentes para lograr, en definitiva, maximizar las oportunidades reales para el más pleno ejercicio de los derechos (individuales, por definición) de todas las personas, es decir, nuestra libertad efectiva para llevar adelante los proyectos de vida que tengamos razones para valorar, anidadas (necesaria y deseablemente) en comunidades y sociedades fraternas, productivas y sostenibles.

(Con la inspiración, sucesiva, para cada uno de los párrafos, de Eloisa del Pino, Adela Cortina, Jeremy Rifkin, Carles Ramió y Amartya Sen. Como aproximación inicial tentativa para el debate sobre la Prestación Económica de Asistencia Personal, los cheques servicio, los presupuestos individuales o fórmulas similares en los servicios sociales.)

Políticas integradas de bienestar: cinco claves

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La garantía universal de los derechos sociales demanda, hoy y aquí, la construcción de una nueva generación de políticas públicas capaces de dialogar e integrarse entre sí, teniendo en cuenta, según nuestra propuesta, las siguientes cinco claves:

1. Gobierno territorial del bienestar

Las actuales políticas sociales (sanidad, servicios sociales, vivienda y otras) necesitan un ámbito territorial/poblacional suficiente (masa crítica) para ser eficaces y eficientes y el gobierno de su imprescindible integración intersectorial no puede hacerse (sólo) tomándolas de dos en dos sino (también) de forma conjunta, de modo que las mesas o redes intersectoriales (en diferentes niveles) no se refieran al objeto de una de las ramas sectoriales (la salud o el empleo, por poner dos ejemplos) sino a la finalidad conjunta de todas ellas: el bienestar (y, ojalá, la felicidad).

2. Fondos estratégicos de transformación

Una parte del presupuesto de las políticas sociales debe utilizarse para fomentar la investigación, desarrollo e innovación que, de abajo hacia arriba, genere nuevos servicios, programas e iniciativas escalables que puedan aportar cierta trazabilidad y seguridad (agua en la piscina) a las decisiones políticas (lanzarse a la piscina) capaces de reorganizar y transformar el sistema de bienestar y de generar crecientes impactos, retornos y sinergias económicas/empresariales/laborales, voluntarias/solidarias, políticas/electorales y relacionales/societales.

3. Cualificaciones profesionales para la coproducción

Una atención integrada centrada en la(s) persona(s) se construye escuchando las voces de sus destinatarias, usuarias o participantes, de la ciudadanía activa, en clave de coproducción multiagente, lo que exige un salto en la cualificación profesional y aportación de valor del personal y sus equipos, en el seno de comunidades de conocimiento sectoriales e intersectoriales, disciplinares e interdisciplinares, en las que se construyen, se deconstruyen y se hibridan especializaciones de muy diferentes tipos.

4. Microsegmentación basada en el conocimiento

Superando la tradicional macrosegmentación en grandes colectivos poblacionales percibidos como estáticos y estancos, la personalización en los servicios de bienestar (educativos, sanitarios, sociales u otros) avanza gracias a procesos de microsegmentación apoyada en constructos científicos, instrumentos de diagnóstico/evaluación y gestión/ interoperabilidad de la información que posibiliten acciones preventivas, alertas tempranas e itinerarios flexibles favorecedores de la consecución de resultados valiosos para las personas.

5. Reinvención de la comunidad desde la diversidad y la complejidad

No hay sostenibilidad social posible si no somos capaces de construir nuevas dinámicas de cuidados primarios y, en general, vínculos familiares y comunitarios (un nosotras inclusivo) desde la igualdad/diversidad de género, generacional, funcional y cultural, desarrollando una inteligencia (musculación) ética que nos permita acoger y acompañar colectivamente las situaciones de complejidad que todas las personas podemos atravesar en los diferentes momentos de nuestro ciclo vital.

(A modo de conclusiones/tendencias extraídas del reciente congreso sobre servicios sociales realizado en Vic, al que corresponde la fotografía.)

Determinantes sociales, prescripción social y políticas sociales

Alhóndiga

Los bienes que protegen y promueven las diferentes ramas de la política social son tan relevantes y complejos que es tan cierto que debe haber un pilar de la política social especializado en cada uno de ellos como que el resto de los ámbitos debe coadyuvar a su consecución. Por eso, por ejemplo, se habla de “salud en todas las políticas”; porque, aunque la salud sea la finalidad propia de la política sanitaria, también deben contribuir a ella la política educativa, la de vivienda, la de empleo u otras.

En consecuencia, por ejemplo, los servicios sociales deberán reconocer el liderazgo de la sanidad cuando se trata de salud y los servicios sanitarios deberán tener en cuenta qué dicen los servicios sociales cuando se trate de autonomía y autodeterminación de la gente para su vida cotidiana integrada en redes familiares y comunitarias. Así como los trabajadores sociales no proponen directamente la realización de determinado ejercicio físico o la ingesta de determinado fármaco, seguramente, las médicas no debieran prescribir directamente alternativas de cuidados personales, fórmulas de convivencia familiar o vías de participación comunitaria. Cuestionamos, por tanto, la “prescripción social” que se propugna o practica en determinados ámbitos sanitarios.

Por otra parte, del mismo modo que bienes como la subsistencia (de la que se ocupan las políticas de garantía de ingresos) o el alojamiento (del que se ocupan las políticas de vivienda) son considerados “determinantes sociales” de la salud, ésta debe ser considerada como determinante social que contribuye al disfrute de otros bienes como el empleo (del que se ocupan las políticas laborales) o la interacción (objeto de los servicios sociales). Así como las perversiones de la política de garantía de ingresos agravan la pobreza económica (que, evidentemente, afecta a la salud) o unos servicios sociales asistencialistas destruyen activos comunitarios (con repercusiones en la salud de la gente), es igualmente evidente que los problemas de salud (en ocasiones provocados por la atención sanitaria) resultan determinantes para los procesos de aprendizaje (materia de la política educativa) o para la conservación del empleo (materia de la política laboral).

Se trata, por tanto, de avanzar en la construcción de una mirada más simétrica que nos ayude a equilibrar el peso relativo y a reconocer y potenciar el valor añadido de cada una de las ramas sectoriales en las que se estructura nuestra política social. Sólo así podremos construir la atención integrada intersectorial que demanda el incremento de la complejidad social que desafía, hoy y aquí, a nuestras políticas de bienestar.

Sobre estas cuestiones hablaremos en el curso de verano de la Universidad del País Vasco “Salud comunitaria. El código postal es más importante que el código genético”. La fotografía corresponde al patio de columnas de la Alhóndiga (Bilbao).

Entrevista del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia

Colexio

Te lanzo una pregunta de tu propio blog: ¿tienen futuro los servicios sociales?

Entiendo que los servicios sociales tienen futuro en la medida en que las personas implicadas en ellos seamos capaces de hacer a tiempo la ciaboga o giro estratégico que desarrolle su capacidad técnica y tecnológica para ofrecernos al conjunto de la población cuidados y otros apoyos profesionales de alto valor añadido relacional para potenciar y complementar nuestra autonomía funcional y capacidad de autoorganización de la vida diaria en el seno de redes familiares y comunitarias.

Por el contrario, en tanto en cuanto mantengamos el actual posicionamiento, basado en gran medida en la tramitación de prestaciones sobre la base de la comprobación de carencia de medios y en la oferta de alojamientos colectivos, considero que es fácil que, si no está pasando ya, caigamos por una pendiente de pérdida de sentido, valor y utilidad que conducirá a un enquistamiento, fragmentación, reducción o desaparición.

¿Qué opinas de la libre profesión en el Trabajo Social?

Entiendo que el trabajo social puede ser una disciplina y profesión que aporte mucho valor a muchas personas y el crecimiento del número y prestigio de las personas que ejerzan libremente la profesión será uno de los mejores indicadores de su desarrollo como área de conocimiento y ayuda profesional basada en la investigación científica e innovación tecnológica.

¿Que cambios debe afrontar el Estado en servicios sociales?

El Estado, a mi juicio, debe liderar la inversión social y el desarrollo estratégico que permita a las profesionales y organizaciones dedicadas a los servicios sociales realizar la transición tecnológica y organizativa que les permita universalizarse como servicios profesionales apreciados por la ciudadanía como garantes del derecho a contar con los apoyos que nos permitan a todas las personas mantener, recuperar o mejorar nuestra interacción (entendida como autonomía funcional e integración relacional).

Debe entender, además, que dicha operación tiene sentido y posibilidad en el seno de un proceso de reinvención del sistema de bienestar en el que las otras ramas sectoriales de la política social (como educación, sanidad, vivienda, empleo o garantía de ingresos) asuman que su carácter especializado y universal les obliga a hacerse cargo, en lo que les corresponda, de la complejidad social, dado que no habrá una rama residual para las personas excluidas de su protección.

¿Crees que la socialdemocracia ha fracasado frente al neoliberalismo (hablando en términos sociales)?

El gran triunfo de la socialdemocracia (junto a otras tradiciones políticas) ha sido que una buena parte de su programa de reforma social ha sido asumido como parte del consenso suprapartidista en un buen número de países. Sin embargo, tanto la socialdemocracia como los dispositivos de bienestar que contribuyó a crear son, paradójicamente, víctimas de sus enormes éxitos en términos de conocimiento, longevidad, diversidad o movilidad; en un contexto en el que, efectivamente, las corrientes neoliberales le han metido un buen número de goles. Sea como fuere, entiendo que la socialdemocracia conserva algunos activos que puede utilizar estratégicamente, aliándose con otras corrientes sociales y políticas para alumbrar nuevos horizontes, ilusiones y proyectos emancipatorios.

¿Estás a favor de la Renta Básica Universal?

Estimo que no hay justificación ética, política o económica para garantizar incondicionalmente el derecho a la atención sanitaria o a la educación obligatoria y no hacerlo con unos ingresos mínimos para la subsistencia material. Entiendo, por ello, el avance hacia la universalización de la garantía de ingresos como parte de un programa de universalización e innovación del conjunto de ramas de la política social.

¿Las y los trabajadores de servicios sociales se están convirtiendo cada vez más en burócratas?

Si entendemos la burocratización como incremento relativo del trabajo de tramitación administrativa en oficina, diría que hay procesos y tendencias contradictorias. En algunos lugares se percibe una pérdida de actividades de valor añadido técnico y un incremento inadecuado de labores burocráticas (y, lo que es peor, realizadas por personal técnico), mientras que, en otros, se están tomado eficaces medidas de informatización y reorganización de procesos administrativos a la vez que se practica una inteligente gestión del conocimiento, de modo que se potencian las actividades técnicas, personalizadas, relacionales y comunitarias propias de los servicios sociales.

En el caso de Galicia, la pirámide poblacional cada vez más envejecida, obliga a hacer una revisión a los servicios en dependencia. ¿Cuál es tu visión en este campo?

Nuestras políticas en relación con la dependencia funcional (en parte relacionada con el envejecimiento) deben ser revisadas a la luz de la evidencia y el conocimiento para potenciar su dimensión preventiva, comunitaria e intersectorial. El reto de la prevención y abordaje de las situaciones de dependencia funcional afecta, fundamentalmente, a las políticas de vivienda, sanidad y servicios sociales y les obliga a repensar las condiciones de posibilidad y sostenibilidad para unas vidas más autónomas e interdependientes en el entorno domiciliario y en redes comunitarias.

No hace mucho Belén Navarro escribía en su blog trabajo social y tal sobre lo que ella considera el carnet de pobre, es decir, la tarjeta con la que el Gobierno quiere controlar las prestaciones sociales de los ciudadanos. ¿Qué opinas tú de esta medida?

Posiblemente el problema está más en las prestaciones, los sistemas y los derechos (o su ausencia o limitación) que en la tarjeta o carnet en sí mismo. Hay que avanzar en la universalización de los diferentes sistemas del Estado de bienestar (como sanidad, servicios sociales, empleo o garantía de ingresos) y hay que avanzar, también, en las tecnologías e instrumentos que faciliten la identificación de la persona titular de los derechos y la gestión e interoperabilidad de la información que generan y necesitan los sistemas, siempre con estándares éticos y para el empoderamiento ciudadano.

Aquí la entrevista en gallego, en la web del Colegio.

Una forma (entre muchas) de contar la historia del mundo, con (spoiler) final feliz

Dollar

Érase una vez una comunidad. Interactuaba con su entorno natural, del que tomaba recursos, que transformaba y compartía para posibilitar la vida de sus miembros, que cuidaban unos de otros.

Llegó un día una persona de otra comunidad cercana, con una propuesta: “Ustedes tienen manzanos y ovejas. Les proponemos especializarse en los manzanos y nosotras lo haremos en las ovejas. Al final de cada año les daremos diez ovejas y nos entregarán diez sacos de manzanas. La especialización nos permitirá ser más eficientes, es decir, mejoraremos la producción trabajando menos”. La propuesta fue aceptada y se llevó a la práctica, año tras año.

Un año, la comunidad especializada en manzanas llegó sólo con cinco sacos, diciendo: “Hasta dentro de seis meses no podremos traer los otros cinco”. “No hay problema”, dijeron las representantes de la otra comunidad. “Les daremos un papelito que diga “Vale por cinco sacos de manzanas”” dijo la comunidad que quedaba en deuda, recibiendo como respuesta: “Un papelito, ¿para qué?”. “Funcionará”, afirmaron desde la comunidad que acababa de inventar el dinero.

En más y más transacciones entre esas y otras comunidades y al interior de las propias comunidades empezaron a utilizarse esos papelitos. De suerte que llegó un momento en que todos los intercambios del mundo llegaron a ser de bienes por papelitos y ninguno de bienes por bienes: toda la economía mercantil del mundo se había monetizado.

Entonces alguien dijo: “Necesitamos una autoridad central que diga cuántos papelitos puede haber, en función del valor de todos los bienes objeto de intercambio”. Y se inventó el Estado.

Un día, una persona se quedó sin papelitos y le dijo a otra: ¿Me prestas cinco papelitos? Te los devolveré en cuatro meses”. Y la respuesta fue: “Te presto cinco papelitos, pero dentro de cuatro meses me darás seis”. A partir de ese momento el dinero dejó de ser, únicamente, una representación del valor de los bienes producidos e intercambiables, para empezar a ser valorado en sí mismo.

En ese momento el Estado se dio cuenta de que podían existir más papelitos en circulación que aquellos que representaban el valor de bienes tales como manzanas y ovejas y que, del mismo modo que el propio dinero era valorado por sí mismo, podía conseguir que las personas consideraran valiosos otros productos, alguno de los cuales el propio Estado podía proporcionar. El Estado se dio cuenta entonces de su inmenso poder: establecía el número de papelitos en circulación, resultaba determinante en la creación de una parte del valor representado por dichos papelitos y, por si fuera poco, podía recaudar de la gente aquellos papelitos que estimara oportuno por los bienes que él mismo producía.

Algunas personas se dieron cuenta de este inmenso poder del Estado y pensaron que les interesaba controlarlo para conseguir que los bienes que ellas producían fueran considerados más valiosos. E idearon una estrategia envolvente para conseguirlo, dividiéndose en dos grupos: un grupo accedería al Estado presentándose como éticos representantes del Bien Común y las personas del otro grupo lo harían como poseedoras del conocimiento científico de las Leyes Naturales del Mercado.

La alianza de estos dos grupos consiguió para sus miembros riquezas nunca soñadas, que los embriagaron, de suerte que se alejaron de sus comunidades de origen y llegaron a convencerse y a convencer a muchas personas de que se podía poner un precio a todos los bienes, a todas las relaciones entre las personas y a todos los recursos naturales. El capital contra la vida.

Afortunadamente esto ha alarmado a muchas personas que, rechazando la pasividad o la complicidad, se están uniendo para cuidar de naturaleza y de las relaciones comunitarias y para, desde su vida cotidiana y desde el Estado, domesticar al mercado y garantizar a todas las personas el acceso a los bienes necesarios y a formas de vida cada vez más valiosas, vidas a las que nadie podrá poner precio.

(Relato escrito para dar comienzo a la conferencia “Servicios sociales: ¿cuestión de dinero?”, organizada recientemente por Dixit en Barcelona.)

¿Todo mercado? ¿Cuánto mercado? ¿Cuándo mercado?

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Intentaría apuntar algunas respuestas en forma de posibles lecciones aprendidas o (hipo)tesis provisionales desde el área de conocimiento en la que trabajo, que es la del estudio y diseño de políticas sociales. Terminaría, sin embargo, dando cuenta de las limitaciones de dicho marco de análisis y de la necesidad de desbordarlo.

Me referiría inicialmente a los resultados y legitimación de nuestros Estados de bienestar, como forma histórica de garantía pública de derechos humanos sociales universales. La construcción de estas políticas sociales puede ser presentada como un caso de éxito en la apuesta del Estado por producir, tratar o gestionar determinados bienes como bienes públicos (por desmercantilizarlos en alguna medida). Como un indicador del relativo éxito de esta experiencia histórica cabría presentar el hecho de que determinadas políticas sociales y el reconocimiento del carácter social del Estado y de la dimensión social de todas las políticas públicas forman parte de un cierto patrimonio compartido por las principales y diversas ideologías y formaciones políticas.

La construcción de los Estados de bienestar y las políticas sociales puede ser vista como la emergencia de subsistemas sociales que intentan ser una respuesta de la inteligencia e ingeniería social para una mejor gestión de la complejidad. Una respuesta exitosa que, paradójicamente, contribuye a la generación de nuevos factores de complejidad social. Como contenido, síntoma y expresión de ese incremento de la complejidad, cabe referirse al proceso que vivimos en las últimas décadas de configuración, problemática, de todo un heterogéneo tercer sector, entendido como institucionalización (alternativa) de una producción, tratamiento o gestión de los bienes, no como privados (intercambiables por precio) ni como públicos (garantizados como derecho), sino como bienes comunes (compartidos solidariamente). En un contexto, por cierto, de importantes mutaciones en la esfera de las relaciones de reciprocidad (familiar y) comunitaria, cuya manifestación más sobresaliente sería la crisis de los cuidados (que el ecofeminismo identifica como un vector central de la amenaza actual a la sostenibilidad de la vida).

En ese contexto, las políticas sociales se convierten necesariamente en laboratorios de innovación tecnológica y social acerca de los arreglos y sinergias entre estas cuatro esferas de las que hablamos (pública, privada, solidaria y comunitaria). Arreglos y sinergias (mix de bienestar) que, razonablemente, pueden ser diferentes en las diversas políticas sectoriales y que, para cada servicio o bien, pueden referirse (en forma diversa) a más de una docena de aspectos distintos (su titularidad, su gestión, su financiación, su provisión y así sucesivamente). En contextos en los que lo que interesaría a cada tipo de agente (público, privado, solidario o comunitario) no es tanto un (cada vez más impensable) monopolio de los resortes de respuesta a las necesidades y demandas de la población, sino la capacidad estratégica de ser determinante en el tablero apoyándose en sus ventajas comparativas desde su identidad y legitimidad.

Ahora bien, como ya empezábamos a apuntar de la mano del ecofeminismo, este progreso social que han impulsado los Estados de bienestar realmente existentes; que, sin duda, ha representado y representa oportunidades de más y mejor vida para muchas personas en nuestro entorno; y que contiene, dentro de sus políticas sociales y de su estudio científico, cierta capacidad de innovación y transformación; nos coloca, también, en y ante un mundo plagado de viejas y nuevas amenazas (económicas, sociales, políticas, ecológicas y morales), ante las que se nos impone éticamente la obligación y el riesgo de pensar políticamente, apostar por un modelo de sociedad y ejercer la ciudadanía.

Desde ese punto de vista, por razones biográficas y con algún argumento, me apunto al intento de repensar una socialdemocracia predistributiva y redistributiva que reconoce con humildad la capacidad del mercado (entre otras cosas de haber sacado de la pobreza a cientos de millones de personas en las últimas décadas) y a la que le gustaría no tanto adelgazar como agilizar al Estado, es decir, liberarlo de la grasa que supone su colonización por parte de intereses privados (de algunos de quienes, como proveedoras, empleados, cargos o pensionistas cobramos de él) y muscularlo como regulador e incentivador de la vida social y, fundamentalmente, garante de derechos. Siento, sin embargo, que la socialdemocracia no puede reinventarse en ese sentido si no se abre a procesos de colaboración, fecundación e hibridación con otros sujetos o espacios sociales y políticos (especialmente a los movimientos de base, populares y sociales que están repolitizando el tercer sector y la economía solidaria en todo el mundo) en un proceso histórico (para el que no tenemos manual de instrucciones) de construir nuevos sujetos sociales, políticos y electorales en los que se puedan encontrar las víctimas de la globalización neoliberal, la exclusión de la ciudadanía, el sistema patriarcal y la amenaza ecológica con sectores instalados pero lúcidos en relación con su injusticia e insostenibilidad.

(Ideas principales para una intervención en el seminario organizado por Carlos García de Andoin que comienza el 22 de marzo de 2017 en Bilbao.)