Por una alianza estratégica entre los sectores de la vivienda y los servicios sociales para una industria comunitaria de los cuidados

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Parece evidente que cualquier agente o conjunto de agentes que desee tener un sitio en el escenario que se abre a partir de la emergencia general que estamos viviendo tendrá que plantearse, comunicar y concertar cuál puede ser su contribución específica, eficiente y sinérgica en los procesos de reconstrucción o reestructuración económica, social y, en general, institucional que se van a desencadenar a diferentes escalas. Y, posiblemente, los puntos de apoyo o referencia para dichas estrategias de posicionamiento y aportación en la reconstrucción no sean otros que aquellos que los que hayan sido percibidos como críticos, por su fortaleza o por su debilidad, en la inédita experiencia colectiva en la que estamos inmersas.

Seguramente, la experiencia del confinamiento está haciendo que nos hagamos más conscientes de dos elementos importantes para la sostenibilidad de nuestra vida (y de nuestra salud): la adecuación de nuestra vivienda habitual y las relaciones primarias que mantenemos en nuestras unidades de convivencia y vecindarios. Dos elementos, además, cuya relación entre sí nos resulta más evidente en estos momentos: baste citar, como botón de muestra, el partido funcional y relacional que muchas personas le están sacando a sus balcones en las actuales circunstancias.

Las políticas públicas de vivienda y de servicios sociales son hermanas pequeñas de otras políticas públicas mucho más desarrolladas en nuestro entorno, como las de pensiones, seguridad-defensa, sanidad, infraestructuras-transporte o educación. Quizás, por ello, en estos momentos, puedan encontrarse y ayudarse en una agenda compartida de transformación y fortalecimiento de la trama habitacional y relacional de nuestras comunidades y territorios, ahora que, quizá, hemos descubierto que necesitamos mucha mayor diversidad y flexibilidad en la gama de opciones que tenemos para cuidarnos, apoyarnos, acompañarnos, convivir, organizarnos y protegernos en esa vida diaria de nuestros domicilios y barrios, de los que no queremos (u, otras veces, no podemos) salir.

Esta alianza estratégica de las políticas y los sectores de la vivienda y los servicios sociales no es nada fácil. Son dos ámbitos que están bastante de espaldas entre sí: el primero, seguramente, mirando demasiado hacia el mercado inmobiliario y el segundo, posiblemente, sepultado por los trámites burocráticos que genera la demanda inducida por la emergencia estructural. Sin embargo, ciertamente, hay buenas razones para proponer esta alianza estratégica que configure uno de los ejes vertebradores de proceso de reconstrucción, y, entre ellas, no es la menor la gran capacidad de generación de empleo de menor cualificación que tienen los sectores de la vivienda y de los servicios sociales y el fuerte componente tecnológico e industrial que, mediante un inteligente proceso de impulso público de la investigación, desarrollo e innovación, deberán contener los domicilios y barrios inteligentes y amigables con la autonomía de las personas y sus relaciones comunitarias.

(La imagen es del huerto urbano del barrio de San Francisco en Bilbao. A la derecha el edificio donde están los servicios sociales de atención primaria y, a la izquierda, viviendas públicas)

Bienes de primera necesidad a cargo de los servicios sociales y de otros ámbitos de actividad

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El ámbito sectorial de los servicios sociales podría diferenciarse de otros (como el del transporte, el de los servicios sanitarios o el de la alimentación) por la parcela o parte de las necesidades de las personas a la que busca dar respuesta. Las áreas de conocimiento o disciplinas de referencia sobre las necesidades de las personas que se abordan en dicho ámbito (o, en todo caso, mediante la actividad denominada intervención social) podrían ser el trabajo social, la educación (y pedagogía) social y la psicología de la intervención social, con contribuciones de otras.

Cabe definir necesidad como la dependencia de las personas respecto de determinado aporte procedente del entorno. Las necesidades son identificadas por la comunidad de conocimiento o la comunidad política (aparte de que sean sentidas y expresadas por las personas). Más que como carencias, pueden verse como potencialidades y, para ellas, hemos de identificar un recurso, producto, actividad o servicio disfrutable individualmente que permita su satisfacción. Una denominación general y un tanto abstracta (tomada del lenguaje jurídico) para identificar la respuesta a una necesidad sería la de bien. Así, diremos que a toda gran necesidad (a todo gran ámbito, área o conjunto de necesidades) le corresponde un gran bien.

¿Cuál es la parcela de las necesidades humanas de la que se ocuparían los servicios sociales? ¿Cuál es ese bien que deberían proteger y promover los servicios sociales? Proponemos llamarlo interacción, definida como la autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria en el seno de relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. En esta definición se presentan la capacidad funcional cotidiana y la inclusión relacional primaria como dos caras de la misma moneda, como dos dimensiones de ese bien que se propone llamar interacción (aunque este concepto de interacción no goce de consenso en la comunidad de conocimiento de los servicios sociales).

Diremos que una persona tiene satisfecha su necesidad de interacción o que disfruta del bien de la interacción en tanto en cuanto exista un ajuste sostenible en su funcionamiento cotidiano de interdependencia relacional, es decir, un acoplamiento entre su capacidad y proyección de desenvolvimiento autónomo en la vida diaria y los apoyos disponibles y previsibles en su convivencia familiar y comunitaria de carácter primario. Consideramos que se trata de un bien de primera necesidad, como lo son otros bienes que corresponden a otros importantes ámbitos sectoriales de la actividad económica y las políticas públicas: bienes como la salud, la alimentación, la cultura, las competencias (profesionales), el empleo, el alojamiento, el territorio (o espacio público), el (medio) ambiente o la participación (ciudadana).

Lógicamente, la intervención social tiene impacto (efecto indirecto) en otras necesidades o bienes. Del mismo modo que el funcionamiento de políticas o servicios policiales, urbanísticos, sanitarios u otros, que desencadenan sus propios resultados esperados, impactan en la interacción de las personas. Y, lógicamente, se han de prever itinerarios personales posibilitados por diferentes grados y modos de integración intersectorial entre unos u otros ámbitos. Dado que, si bien es racional y eficiente la especialización de las ramas o ámbitos por grandes necesidades o bienes, es fundamental, también, articular las conexiones y relaciones intersectoriales.

En estos momentos de emergencia global, posiblemente, se van a abrir profundos debates acerca de los modos de dar respuesta a las necesidades de las personas y del papel del Estado protector, del mercado monetizado o de la comunidad autoorganizada. Pero, seguramente, dichos debates se plantearán después (y a partir) de la identificación y priorización de las necesidades de las personas y de la selección (en un contexto de importantes restricciones) de las actividades y las profesiones que aporten más valor en la protección y promoción de los bienes que se consideren más relevantes y sinérgicos.

(Contenidos trabajados con la cooperativa de iniciativa solidaria Servicios Sociales Integrados, en procesos de construcción de marcos conceptuales.)

Cartografiando la ayuda en la emergencia

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En la emergencia muchas personas (servidoras públicas, vecinas, familiares, voluntarias, profesionales, ciudadanas) queremos ayudar y conversamos sobre cómo hacerlo, a quién ayudar, con quién hacerlo, en qué ayudar, cuánto hacerlo.

Podríamos decir que la emergencia tensiona, muestra y, a veces, destruye los mecanismos y procesos mediante los cuales solemos dar respuesta a nuestras necesidades. Mecanismos y procesos que, muchas veces, habíamos naturalizado, que dábamos por supuestos y de los que no éramos conscientes. Mecanismos y procesos como comprar ropa con dinero sacado de un cajero, como ejercer el derecho a recibir cuidados de enfermería públicos y gratuitos, como sentirse bien tras abrazar a alguien que encontramos por la calle, como que una compañera del banco del tiempo del barrio nos eche una mano con un programa informático.

En la emergencia estamos organizando comunitariamente procesos y mecanismos de ayuda mutua en los barrios. Nos basamos en el conocimiento recíproco y en la confianza que nace de la proximidad física y moral. Nos valemos de saberes construidos en el activismo y nos beneficia la diversidad de hornadas generacionales a las que pertenecemos (desde el ácrata sesentón a la maker veinteañera). Y hacemos el esfuerzo de delimitar en qué podemos ayudar: en actividades sencillas de la vida diaria en las que algunas personas, familias o unidades de convivencia no pueden arreglarse en este momento especial.

Los servicios públicos y las actividades profesionales se preguntan en qué medida son imprescindibles o no, en qué medida pueden parar o deben seguir. Y, en todo caso, cómo se deben adaptar o reconfigurar. Descubrimos más interdependencia y complejidad en las cadenas de valor de las que veíamos al principio. De aplaudir al personal sanitario pasamos a vitorear al del supermercado. De no mencionar los servicios sociales al decretar la alarma, a declararlos como esenciales. Comprendemos mejor la necesidad de la especialización para cada fin (se contrata más personal sanitario cualificado) y la contribución de otros ramos de actividad para fines diferentes a los suyos propios (la policía de tráfico que impide pasar a la persona que se quiere ir de puente a su segunda residencia).

En la emergencia miramos con nueva luz las ayudas económicas (sean públicas o no). En la medida en que siga habiendo provisión de bienes y capacidad funcional de acceder a ellos, la ayuda económica puede ser muy interesante y eficiente. Sin embargo, en otras ocasiones, se nos hace más evidente algo que ya sabíamos: que contar con recursos económicos no es suficiente (y que a veces no es necesario e incluso puede ser contraproducente). Y pensamos sobre el tiempo dedicado a racionar ayudas públicas en dinero, como si el dinero fuera una simple y firme representación del valor, cuando las autoridades políticas y agentes con poder económico parecen poder estirarlo y encogerlo de formas inéditas, cuando interesa.

En fin, hablando de ayuda, en todo caso, quizá sea sano acabar con un poco de irónica autocrítica de nuestras ganas, medida, capacidad y legitimidad de ayudar, recordando a Facundo Cabral, que contaba que, en una ocasión, presentó a su madre a un presidente de su país, que, más o menos, le dijo: “qué gusto conocerla, Sara, ¿en qué la puedo ayudar?” A lo que ella respondió: “con que no me joda es suficiente”.

(En la fotografía, un comercio del barrio de San Francisco, Bilbao, con carteles ofreciendo cauces de ayuda vecinal.)

Disyuntivas estructurales de la política social

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¿Desigualdad económica o diversidad e interseccionalidad? ¿Derechos individuales o desarrollo comunitario? ¿Políticas sectoriales clásicas o nuevas transversalidades? ¿Redistribución o predistribución? ¿Crecimiento de las estructuras existentes o innovación para la transformación? ¿Electorados tradicionales o nuevos segmentos?

En el desarrollo de las políticas públicas y, en particular, de las políticas sociales, en países como el nuestro, han hecho especial fortuna algunas, como la sanitaria y la de pensiones, en las que los poderes y, en especial, las administraciones públicas se hacen cargo de la provisión universal de determinados recursos o servicios. Tienden a ser, como en el caso de las mencionadas, políticas redistributivas, es decir, que, más bien, actúan con posterioridad a que la suerte que cada persona haya tenido en las relaciones familiares o en las dinámicas del mercado (entre otras) la haya colocado en una determinada posición en cuanto a su acceso primario (valga la expresión) a dichos recursos y servicios. En dicho impacto redistributivo, por cierto, cada una de esas políticas, en cada contexto, tiene unos determinados sesgos (por ejemplo, beneficiando más a los varones mayores autóctonos con mejor trayectoria laboral) y no necesariamente resulta equitativa.

En ese contexto, las dificultades que otras políticas sectoriales (como, por ejemplo, las de servicios sociales o vivienda) encuentran para equipararse en envergadura a las antes citadas no parecen coyunturales sino que, más bien, da la impresión de que puede haber problemas estructurales, por ejemplo, de capacidad de agencia del Estado o de base de apoyo electoral, para la construcción de esos nuevos pilares del sistema de bienestar a imagen y semejanza de los anteriores.

Además, emergen asuntos y agentes que reclaman, más bien, abordajes transversales y no tanto, o no principalmente, la construcción de nuevos pilares sectoriales universales. Se trata, claramente, de toda una serie de propuestas políticas que se formulan en clave de igualdad y diversidad, sea de género, generacional, funcional o cultural. Desde estas preocupaciones, sujetos diversos (sin cuestionar el necesario fortalecimiento y desarrollo de los derechos sociales universales reconocidos y, en parte, garantizados por las políticas sectoriales más o menos maduras) reclaman procesos de personalización, flexibilización, adaptación, amigabilidad, relacionalidad, integración, innovación y transformación del Estado de bienestar realmente existente.

En definitiva, el propio éxito del Estado de bienestar tradicional ha desencadenado una mayor complejidad de las demandas hacia él. No puede dejar de reparar y compensar pero, a la vez, debe generar mejores condiciones para la sostenibilidad relacional, ambiental y económica de la vida en los territorios. Debe preparar y predistribuir más , construyendo capacidades individuales y colectivas, porque, si no, la equiparación o redistribución cuando las dinámicas familiares y mercantiles ya han operado, se vuelve demasiado difícil. Difícil, como decíamos, por la limitada capacidad de agencia de los poderes públicos (como la de cualquier agente) y por las dificultades de concitar apoyo social y electoral a nuevas medidas redistributivas en un contexto en el que, previamente, las personas han tenido que competir en un mercado laboral y residencial salvaje e injusto que potencia la individualización (como lo hacen algunas políticas públicas) y socava las relaciones comunitarias y las identidades compartidas.

Estas disyuntivas son estructurales, están en la entraña de las decisiones estratégicas en materia de política social. No tienen que ver sólo con el cuánto sino, sobre todo, con el cómo y, en el fondo, con el porqué. Por eso las hemos de trabajar en la elaboración de los presupuestos, en el diseño de las estructuras organizativas, en la generación del conocimiento y en la construcción del discurso.

(Reflexiones en el marco de conversaciones con responsables de políticas sociales en la Diputación de Barcelona)

¿Quo vadis, baby boomer?

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El modelo de gestión de la (antes menor) diversidad generacional y funcional mediante la familia heteropatriarcal, nuclear y extensa, ubicada en la proximidad territorial y regida por una moral católica tradicional es cada día más inelegible e insostenible. Y se hacen más frecuentes e intensos fenómenos disfuncionales como el aislamiento social de más personas o las tensiones relacionadas con la crisis de los cuidados y las cadenas globales de cuidados. Disfunciones y tensiones que, interseccionalmente, se retroalimentan con la inequidad, maltrato y violencia de género y con la xenofobia y su expresión política.

Tanto la profesionalización y tecnificación como la digitalización o robotización de cuidados y otros apoyos que, tradicionalmente, se proporcionaban en el seno de relaciones familiares y comunitarias y en un marco de reciprocidad diferida son imprescindibles pero, en cualquier caso, dejan casi siempre sin responder la pregunta por cuál será la norma y la estructura de las relaciones primarias que nos configurarán como personas interdependientes en sociedades ecodependientes. Como personas autónomas en comunidades significativas en territorios sostenibles.

La estructura residencial o las prestaciones de la Seguridad Social, por citar dos mecanismos difíciles de transformar rápidamente, se pensaron para esa sociedad que ya se ha transformado, que ya no es reconocible. Adicionalmente, los procesos de polarización laboral y económica tensionan la sociedad, rompiendo pretéritos vínculos de solidaridad en los que pudieron apoyarse anteriores innovaciones en materia de política social. La lectura de una reciente entrada del blog del SiiS nos da un panorama social vasco a partir de varios estudios.

En nuestra sociedad está próxima a la jubilación la numerosa generación del baby boom, con relativamente buenas capacidades y perspectivas funcionales y económicas. Las personas de esta generación pueden estar divididas y enfrentadas por su sexo, por su origen, por su clase social o por la potencia de su red de relaciones primarias, pero van a compartir, hasta cierto punto, un bagaje de experiencias, un estilo y condiciones de vida y una posición como destinatarias de las políticas sociales (singularmente pensiones, sanidad y servicios sociales).

En un contexto político y presupuestario notablemente hipotecado por anteriores decisiones y deudas y, al parecer, volátil y cortoplacista, la generación del baby boom se encontrará ante el reto de utilizar sus valiosos activos económicos, competenciales, relacionales y de tiempo liberado para desencadenar cambios. En sus manos estará, en buena medida, el cuidado familiar de sus mayores (muchos de ellos con discapacidades) y el apoyo a descendientes, la innovación social en el sistema de bienestar y, en definitiva, la reformulación del contrato intergeneracional y del contrato social en general.

(Sobre estas cuestiones hablaremos el martes con Fresno Consulting en la Comunidad de Madrid y en una conferencia organizada por Zarautz On. En la imagen, la actividad inicial del proyecto Bizkaia Saretu, del grupo cooperativo de iniciativa social Servicios Sociales Integrados.)

Hacia un diseño avanzado de las políticas sociales

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Proponer un esquema que permita clasificar y entrelazar de forma estructurada las políticas sociales es una tarea que, posiblemente, haya interesado más a personas que han diseñado, evaluado o rediseñado estructuras de gobierno que a la comunidad académica. De hecho, repasando el índice de no pocas obras sobre política social, se observan lagunas, duplicidades o incongruencias entre los apartados dedicados a diferentes políticas. (Proponemos hablar de duplicidad cuando la presencia de una función o responsabilidad en el seno de dos políticas distintas es inadvertida o inadecuada y, consiguientemente, problemática. Cuando la redundancia sea deliberada y apropiada, en clave de integración, hablaremos de solapamiento o entrecruzamiento, que ocurrirá en los puntos de conexión entre políticas sectoriales y políticas transversales.)

Sin embargo, la propuesta de estructuración clasificatoria del conjunto de políticas sociales es uno de los componentes principales de un ECRO (esquema conceptual referencial operativo) sobre políticas sociales. Lo es porque, en la práctica de las políticas públicas, se comprueba fácilmente hasta qué punto las lagunas, duplicidades o incongruencias generan desajustes, conflictos e ineficiencias. Y también lo es porque esas lagunas, duplicidades e incongruencias posiblemente están revelando deficiencias en la comprensión de las finalidades o las dinámicas de la política social, en ocasiones, ciertamente, agravadas por limitaciones en la disponibilidad de recursos o en la atención rigurosa a la labor de diseño de estructuras.

Por otra parte, es muy frecuente el discurso que defiende una atención integral y que critica los reinos de taifas departamentales, tanto en el seno de las administraciones públicas como de otras organizaciones. Sin embargo, la ciencia de la organización nos enseña que, mientras que las organizaciones las constituyan personas, no hay más remedio que repartir las responsabilidades o funciones de una u otra manera.

El reto de una atención integrada y, finalmente, integral no aparece únicamente en la interfaz entre los servicios sociales y los servicios sanitarios, sino que emerge en muchos otros nodos, tanto de los servicios sociales con otras ramas como de otros pilares entre sí. Así, cabe decir que la garantía universal de los derechos sociales demanda, hoy y aquí, la construcción de una nueva generación de políticas públicas capaces de dialogar e integrarse entre sí, asumiendo que, con la actual complejidad social, no puede existir un subsistema residual o última red que se hace cargo de personas globalmente excluidas del resto de ámbitos de respuesta a necesidades y que la suposición de que tal subsistema residual existe es crecientemente disfuncional.

(Fragmento adaptado de parte de un capítulo del libro El futur dels Serveis socials. El capítulo hace el número 14 y su original puede descargarse aquí. También puede descargarse aquí el original del capítulo 1 del libro, sobre el objeto de los servicios sociales.)

Políticas sociales: ¿hacia dónde?

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Entre las funciones que tendemos a encomendar a las instituciones públicas hay algunas que, convencionalmente, denominamos sociales o de bienestar. Entre ellas suelen estar, en nuestro entorno, velar por nuestra salud, garantizar ingresos para la subsistencia (por ejemplo, mediante las pensiones) o proporcionar a las nuevas generaciones unos determinados aprendizajes establecidos como obligatorios.

La crisis que en este momento aqueja a las políticas sociales no es, fundamentalmente, la consecuencia de una insuficiente financiación o legitimación sino, más bien, del desajuste entre ellas y otros subsistemas sociales (como el laboral o el familiar), en gran medida gracias al éxito de esas políticas tal como fueron concebidas, en buena medida, en la segunda mitad del siglo pasado. La crisis es tal que posiblemente algunas de dichas políticas, más que ineficientes, resultan ya contraproducentes para su propia finalidad, quizá porque su característica de estabilizadoras automáticas reguladas burocráticamente dificulta crecientemente su maniobrabilidad y pertinencia.

En ese contexto, paradójicamente, pueden contribuir a la insostenibilidad y riesgo de colapso ambiental y relacional y a la creciente desigualdad económica, laboral y residencial. La contribución de la política de pensiones a la inequidad intergeneracional o la de la política sanitaria a la insostenibilidad de la vida (al prolongar vidas en situaciones de creciente limitación funcional y de apoyos primarios, en ausencia de unos servicios sociales suficientemente eficientes en ese contexto) podrían ser dos ejemplos cercanos.

Desde la comunidad de conocimiento en materia de políticas sociales, respetando las opciones ideológicas que legítimamente concurran al debate democrático, cabe sugerir algunas líneas de investigación e innovación como las siguientes:

  • Impulsar políticas que contribuyan a la relocalización territorial de los procesos sociales y la vida de las personas.
  • Ensayar innovaciones tecnológicas digitales que contribuyan a la reconstrucción, reinvención y sostenibilidad de relaciones primarias comunitarias.
  • Buscar la reiniciación participativa de la colaboración estratégica entre las instituciones públicas y las organizaciones solidarias.
  • Organizar la integración vertical y horizontal de la gobernanza, gestión y operación de las políticas sociales.
  • Construir ecosistemas en red de conocimiento e innovación para la política social.

Posiblemente la reconversión de los sistemas públicos de servicios sociales pueda funcionar como una palanca estratégica en estos cambios necesarios en el panorama de nuestras políticas sociales para una nueva coproducción inteligente del cuidado de la vida en la proximidad. Para un nuevo contrato social multilateral en el que los agentes comunitarios, públicos, solidarios y mercantiles están llamados a reencontrar su papel y posicionamiento sobre la base del conocimiento compartido. Para tener evidencias y diseños que proponer cuando las oportunidades o las amenazas ofrezcan pistas para cambios y avances, menores o mayores.

(Sobre esto hablaremos el jueves, 5 de septiembre, en la Fundació Pere Tarrés, en Barcelona.)

Contrato intergeneracional y políticas sociales

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La sanidad pública y las pensiones de jubilación contribuyen a la longevidad y son, a la vez, políticas públicas especialmente demandadas y apoyadas por las generaciones mayores. En la medida en que las políticas sociales más orientadas a las personas mayores se fortalezcan, en términos relativos, más que las que benefician a las generaciones jóvenes, podemos decir que las políticas sociales tienen, objetivamente, un impacto no deseado en términos de inequidad intergeneracional en perjuicio de las generaciones más jóvenes. La inequidad intergeneracional y la contribución a ella de las políticas sociales pueden y deben, ciertamente ser criticadas y denunciadas por meras razones éticas, es decir, porque no es justo que exista el mencionado sesgo de edad en la distribución de los recursos en una sociedad. Pero existe, además una segunda y poderosa línea argumental contra la inequidad intergeneracional que se observa en nuestras sociedades, que es la que tiene que ver con la insostenibilidad social que genera y potencia dicha inequidad.

A partir de los análisis y encuadres anteriores, cabría sugerir algunas propuestas de transformación y desarrollo de nuestras políticas sociales que entendemos que ayudarían a revertir y evitar los impactos negativos de las actuales políticas sociales, caminando hacia una mayor equidad y unas mejores relaciones intergeneracionales y que podrían constituir un adecuado contenido para un nuevo pacto intergeneracional. Resaltaríamos tres:

  1. Impulso de una nueva política de servicios sociales que lidere la respuesta del sistema de bienestar y de la sociedad a la crisis de los cuidados y a la soledad no deseada y la incorporación del enfoque familiar y comunitario, con equidad de género, en todas las políticas.
  2. Articulación de una gobernanza basada en el conocimiento y una integración intersectorial de las políticas públicas para el bienestar y el desarrollo territorial, con especial atención a los retornos en términos de capital humano y económico de las políticas sociales, en un paradigma de sostenibilidad económica, social y ambiental.
  3. Diseño de una nueva política fiscal que, integrada con las políticas de garantía de ingresos, posibilite la suficiencia financiera de las unidades familiares de convivencia y de los poderes y administraciones públicas y refuerce las dinámicas comunitarias y solidarias y la sostenibilidad intergeneracional de la vida.

(Fragmentos del documento compartido para el curso de verano de la Universidad del País Vasco organizado por Aubixa en la semana que comienza y que puede descargarse completo aquí.)

Vecindarios habitables para la autonomía en convivencia: ¿adiós a los servicios sociales?

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A la hora de diseñar, implementar y evaluar las políticas de bienestar es imprescindible identificar el bien que debe proteger y promover cada ámbito sectorial (la salud en el caso de la sanidad, el conocimiento en el de la educación, el alojamiento en el de la vivienda y así sucesivamente). Sin embargo, no cabe desconocer el impacto que cada rama especializada puede desencadenar en las necesidades que son, en principio, objeto de otras. Así, por ejemplo, Richard Sennett, en Construir y habitar, identifica momentos de la historia en las que determinados problemas de salud fueron mejor afrontados por el urbanismo que por la propia medicina.

Ciertamente, cabe abogar (ver Diseño de políticas sociales) por unos servicios sociales dedicados a la protección y promoción de la interacción (entendida como autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria y cotidiana en el seno de relaciones primarias de carácter familiar y, en general, comunitario). No obstante, las políticas e intervenciones urbanísticas y habitacionales pueden ganar por la mano a los servicios sociales en el apoyo a la autonomía de las personas en el marco de relaciones de convivencia, facilitadas por viviendas, barrios, comunidades y territorios adecuadamente diseñados, construidos, comunicados, dotados y regulados.

Del mismo modo que los aguadores fueron desplazados cuando el conocimiento y la tecnología hicieron posible que el líquido que transportaban en vasijas llegara por tuberías a los grifos de las viviendas, la propuesta de los servicios sociales, centrada en la atención presencial de personal de baja cualificación (sea en centros residenciales o diurnos o en los domicilios realmente existentes), se ve retada, como vemos en varios estudios publicados por la Fundación Pilares o en Neighbourhoods of the future, de Agile Ageing, por un enfoque basado en el codiseño de soluciones habitacionales flexibles y facilitadoras de los cuidados comunitarios, en vecindarios de alta accesibilidad, densidad, diversidad, sostenibilidad y equidad (amigables, inteligentes y compasivos), dotados de tecnologías avanzadas de control, apoyo, movilidad, comunicación y decisión.

Amaia Pérez Orozco, en Subversión feminista de la economía, muestra nuestros cuerpos vulnerables, interdependientes y ecodependientes, en medio de una encarnizada batalla entre el capital y la vida. No parece claro que vayamos a lograr que las políticas públicas se pongan eficazmente del lado de la vida y todavía es más difícil saber cuáles puedan ser los pilares de un futuro sistema de bienestar. Si los servicios sociales persisten en ser básicamente administración de dinero y asistencia física de último recurso, poco futuro cabe augurarles. Ojalá, por el contrario, el desarrollo de las políticas urbanísticas y de vivienda y el de los servicios sociales puedan ir de la mano, dentro de estrategias de innovación y desarrollo comunitario y territorial, para facilitar la vida, empoderamiento, convivencia, igualdad y felicidad de todas las personas.

(La fotografía, tomada de La Vanguardia, corresponde a La Carbonería, primer edificio del Eixample de Barcelona diseñado por Ildefons Cerdá, figura de primera magnitud en la historia del urbanismo.)

Cuatro propuestas para un pacto social en Euskadi

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A continuación se plantean cuatro iniciativas que podrían incluirse en un pacto social vasco que tuviera voluntad de lograr un consenso de diversos agentes y un impacto estratégico significativo a medio plazo en relación con importantes retos sociales que Euskadi tiene por delante:

  1. Creación de la Agencia Vasca para la Evaluación, Innovación e Integración de Políticas Sociales, dotada inicialmente con un presupuesto anual de 25 millones de euros, para incidir eficazmente en los cambios de modelo que necesitan nuestras políticas sociales (singularmente las sectoriales de servicios sociales, vivienda y salud y las transversales de infancia y familias) para lograr un salto cualitativo en la capacidad de afrontar la crisis de los cuidados, de la natalidad, de la complejidad asociada al envejecimiento y de la sostenibilidad relacional de la vida familiar y comunitaria, sobre la base de una ordenación e impulso de la gobernanza intersectorial y multinivel de las políticas públicas de carácter social, económico y territorial en Euskadi.
  1. Experimentación en uno de los territorios históricos de un proyecto piloto de interoperabilidad, integración y transformación del gasto fiscal y las prestaciones económicas de objeto social, para explorar las posibilidades de hacer más eficiente y equitativa la garantía de ingresos para la subsistencia que ofrecen a la ciudadanía los diferentes poderes y administraciones públicas operantes en el País Vasco y para valorar el impacto en la suficiencia, progresividad, equidad, eficiencia y sostenibilidad en nuestra recaudación tributaria de reformas de impuestos como los de patrimonio, sucesiones y transacciones financieras (con un presupuesto de 500.000 euros anuales para el diseño, gestión y evaluación de este proyecto piloto).
  1. Lanzamiento de una agenda prioritaria para el desarrollo, fortalecimiento y universalización del Sistema Vasco de Servicios Sociales, con dotación presupuestaria inicial de 75 millones de euros anuales, para que el Gobierno Vasco pueda ejercer realmente un liderazgo tractor del sistema, basado en el conocimiento, y hacerlo girar hacia una intervención social cualificada, preventiva, cuidadora, personalizada, integrada (vertical y horizontalmente), digitalizada, comunitaria, intergeneracional, accesible, participativa, asequible, solidaria e inclusiva, basada en las evidencias científicas, los avances tecnológicos y los derechos humanos.
  1. Incorporación a la estrategia vasca de ciencia, tecnología e innovación, como principal eje vertebrador, de la construcción de una sociedad cuidadora, solidaria y sostenible, de modo que se logre la sinergia entre política pública, demanda interna, sostenibilidad económica, empleos de calidad, flujos migratorios, desarrollo territorial y posicionamiento global en la economía vasca, apostando por tecnologías emergentes coherentes con nuestro modelo comunitario y social, con una dotación anual inicial de 95 millones de euros.

Las medidas propuestas se basan en análisis estratégicos que llevan a la conclusión de que es necesario aumentar de forma importante la inteligencia pública y común y su capacidad de poner a prueba dispositivos, sistemas, tecnologías o ingenierías sociales que, desde lógicas de sostenibilidad relacional y territorial, ayuden a construir alternativas escalables para un desarrollo social innovador.