Vecindarios habitables para la autonomía en convivencia: ¿adiós a los servicios sociales?

cerdá

A la hora de diseñar, implementar y evaluar las políticas de bienestar es imprescindible identificar el bien que debe proteger y promover cada ámbito sectorial (la salud en el caso de la sanidad, el conocimiento en el de la educación, el alojamiento en el de la vivienda y así sucesivamente). Sin embargo, no cabe desconocer el impacto que cada rama especializada puede desencadenar en las necesidades que son, en principio, objeto de otras. Así, por ejemplo, Richard Sennett, en Construir y habitar, identifica momentos de la historia en las que determinados problemas de salud fueron mejor afrontados por el urbanismo que por la propia medicina.

Ciertamente, cabe abogar (ver Diseño de políticas sociales) por unos servicios sociales dedicados a la protección y promoción de la interacción (entendida como autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria y cotidiana en el seno de relaciones primarias de carácter familiar y, en general, comunitario). No obstante, las políticas e intervenciones urbanísticas y habitacionales pueden ganar por la mano a los servicios sociales en el apoyo a la autonomía de las personas en el marco de relaciones de convivencia, facilitadas por viviendas, barrios, comunidades y territorios adecuadamente diseñados, construidos, comunicados, dotados y regulados.

Del mismo modo que los aguadores fueron desplazados cuando el conocimiento y la tecnología hicieron posible que el líquido que transportaban en vasijas llegara por tuberías a los grifos de las viviendas, la propuesta de los servicios sociales, centrada en la atención presencial de personal de baja cualificación (sea en centros residenciales o diurnos o en los domicilios realmente existentes), se ve retada, como vemos en varios estudios publicados por la Fundación Pilares o en Neighbourhoods of the future, de Agile Ageing, por un enfoque basado en el codiseño de soluciones habitacionales flexibles y facilitadoras de los cuidados comunitarios, en vecindarios de alta accesibilidad, densidad, diversidad, sostenibilidad y equidad (amigables, inteligentes y compasivos), dotados de tecnologías avanzadas de control, apoyo, movilidad, comunicación y decisión.

Amaia Pérez Orozco, en Subversión feminista de la economía, muestra nuestros cuerpos vulnerables, interdependientes y ecodependientes, en medio de una encarnizada batalla entre el capital y la vida. No parece claro que vayamos a lograr que las políticas públicas se pongan eficazmente del lado de la vida y todavía es más difícil saber cuáles puedan ser los pilares de un futuro sistema de bienestar. Si los servicios sociales persisten en ser básicamente administración de dinero y asistencia física de último recurso, poco futuro cabe augurarles. Ojalá, por el contrario, el desarrollo de las políticas urbanísticas y de vivienda y el de los servicios sociales puedan ir de la mano, dentro de estrategias de innovación y desarrollo comunitario y territorial, para facilitar la vida, empoderamiento, convivencia, igualdad y felicidad de todas las personas.

(La fotografía, tomada de La Vanguardia, corresponde a La Carbonería, primer edificio del Eixample de Barcelona diseñado por Ildefons Cerdá, figura de primera magnitud en la historia del urbanismo.)

Cuatro propuestas para un pacto social en Euskadi

ituna

A continuación se plantean cuatro iniciativas que podrían incluirse en un pacto social vasco que tuviera voluntad de lograr un consenso de diversos agentes y un impacto estratégico significativo a medio plazo en relación con importantes retos sociales que Euskadi tiene por delante:

  1. Creación de la Agencia Vasca para la Evaluación, Innovación e Integración de Políticas Sociales, dotada inicialmente con un presupuesto anual de 25 millones de euros, para incidir eficazmente en los cambios de modelo que necesitan nuestras políticas sociales (singularmente las sectoriales de servicios sociales, vivienda y salud y las transversales de infancia y familias) para lograr un salto cualitativo en la capacidad de afrontar la crisis de los cuidados, de la natalidad, de la complejidad asociada al envejecimiento y de la sostenibilidad relacional de la vida familiar y comunitaria, sobre la base de una ordenación e impulso de la gobernanza intersectorial y multinivel de las políticas públicas de carácter social, económico y territorial en Euskadi.
  1. Experimentación en uno de los territorios históricos de un proyecto piloto de interoperabilidad, integración y transformación del gasto fiscal y las prestaciones económicas de objeto social, para explorar las posibilidades de hacer más eficiente y equitativa la garantía de ingresos para la subsistencia que ofrecen a la ciudadanía los diferentes poderes y administraciones públicas operantes en el País Vasco y para valorar el impacto en la suficiencia, progresividad, equidad, eficiencia y sostenibilidad en nuestra recaudación tributaria de reformas de impuestos como los de patrimonio, sucesiones y transacciones financieras (con un presupuesto de 500.000 euros anuales para el diseño, gestión y evaluación de este proyecto piloto).
  1. Lanzamiento de una agenda prioritaria para el desarrollo, fortalecimiento y universalización del Sistema Vasco de Servicios Sociales, con dotación presupuestaria inicial de 75 millones de euros anuales, para que el Gobierno Vasco pueda ejercer realmente un liderazgo tractor del sistema, basado en el conocimiento, y hacerlo girar hacia una intervención social cualificada, preventiva, cuidadora, personalizada, integrada (vertical y horizontalmente), digitalizada, comunitaria, intergeneracional, accesible, participativa, asequible, solidaria e inclusiva, basada en las evidencias científicas, los avances tecnológicos y los derechos humanos.
  1. Incorporación a la estrategia vasca de ciencia, tecnología e innovación, como principal eje vertebrador, de la construcción de una sociedad cuidadora, solidaria y sostenible, de modo que se logre la sinergia entre política pública, demanda interna, sostenibilidad económica, empleos de calidad, flujos migratorios, desarrollo territorial y posicionamiento global en la economía vasca, apostando por tecnologías emergentes coherentes con nuestro modelo comunitario y social, con una dotación anual inicial de 95 millones de euros.

Las medidas propuestas se basan en análisis estratégicos que llevan a la conclusión de que es necesario aumentar de forma importante la inteligencia pública y común y su capacidad de poner a prueba dispositivos, sistemas, tecnologías o ingenierías sociales que, desde lógicas de sostenibilidad relacional y territorial, ayuden a construir alternativas escalables para un desarrollo social innovador.

Una historia del bienestar

bebé

Mi abuelo, Lucio Azcoaga, nació en Sestao a finales del siglo XIX. Nació en su casa. Mi bisabuela, a la que nunca conocí, fue ayudada por su familia en el momento de dar a luz. La atención al parto, en ese caso, fue un bien relacional. Los conocimientos, capacidades o actitudes que se manifestaron en el momento del feliz alumbramiento de Lucio y que contribuyeron a que naciera bien se habían coproducido, en buena medida, mediante relaciones familiares extensas. Las personas que andaban por allí habían visto muchos partos de seres humanos y otros animales. Una sororidad de cuidados formada por mujeres emparentadas con mi bisabuela (su madre, sus hermanas, su tías, sus primas) se confabularon en torno a ella y hermanaron sus saberes, afectos y habilidades antes, durante y después de ese momento especial.

Flortxu Azcoaga, mi madre, nació en Zalla en los años treinta del siglo pasado. Mi abuela fue atendida en el parto por Carolina Renobales, partera del pueblo. Cuando Carolina cumplió cien años, casi ya en este siglo, recibió el homenaje, reconocimiento y cariño de cientos de personas que, en Zalla, habían sido recibidas por ella en su llegada a este mundo. Carolina, sin duda, era toda una institución en Zalla: un bien común. De forma voluntaria y gratuita acudía a las casas cuando una mujer de la localidad se ponía de parto. Obviamente era frecuente que recibiera expresiones de agradecimiento en forma de productos de la huerta o huevos de las gallinas de la casa. La propia comunidad, al conferirle y reconocerle su papel la fue convirtiendo en la gran comadrona experta que fue.

Yo me llamo Fernando Fantova Azcoaga. Nací en Bilbao en los años sesenta del pasado siglo. Vine a esta tierra en una clínica privada: en la clínica del doctor Aranguren, médico titulado que, personalmente, me estaba esperando y ayudando a nacer. Mi familia no tuvo que costear directamente el precio por esa atención sanitaria porque el Banco Hispano Americano, en el que mi padre trabajaba, tenía previsto hacerse cargo, como hizo, de tal pago. Si mi padre hubiera trabajado como autónomo en una tienda de ultramarinos habría adquirido con su propio dinero ese bien privado que, en este caso, fue la atención a mi nacimiento. De cualquier modo, fue el empleo remunerado (en dinero o en especie) el que posibilitó a mis progenitoras acceder al mercado de servicios sanitarios para obtener la asistencia necesaria para el nacimiento de su primogénito.

Marta, mi segunda hija, nació, como Sara, la primera, en el Hospital de Cruces, hospital público perteneciente a Osakidetza, Servicio Vasco de Salud. Una médica, especialista en ginecología vía MIR (médica interna residente) y una enfermera matrona, entre otro personal sanitario, ayudaron a Ana, mi pareja, a dar a luz. La niña “hizo” (según esa expresión tan del gusto del estamento médico) un neumotórax y fue ingresada nada más nacer en la zona de cuidados intensivos de neonatología, con tecnología avanzada y protocolos de atención profesional basados en la evidencia, de donde salió en pocos días en perfecto estado. Este valioso conjunto de procesos de atención fue disfrutado por nuestra familia como un bien público, gratuito, al que teníamos derecho ciudadano universal.

Antes o después, me gustaría tener nietos y nietas, pero la verdad es que no soy capaz de anticipar en qué régimen institucional y con la ayuda de qué tipo de saberes podrán venir al mundo. No sé el papel que, en sus cuidados, tendrán el Estado, la comunidad, el tercer sector o el mercado; ni cuánto se beneficiarán del saber experto, de la sabiduría moral, de la tecnología o del conocimiento científico. Continuará.

(Narración, basada en hechos reales, utilizada ayer en Vic (Osona) en una sesión de trabajo con personal sanitario y de los servicios sociales.)

Los cuidados como eje para la transformación de las políticas sociales

cuidados 1

Para que la intervención social –denominando así la actividad operativa que se realiza en los servicios sociales– pueda cumplir su función de protección y promoción de la interacción, será necesario que, además –en su caso– de los cuidados profesionales, la persona usuaria o destinataria se beneficie de otras prestaciones, apoyos o actividades más complejas y basadas en conocimiento más sofisticado como la evaluación de los efectos de la intervención o actividades dirigidas a desencadenar cambios en los comportamientos de las personas o en las dinámicas familiares. Así, la prestación de servicios sociales puede conllevar cuidados profesionales, pero, necesariamente, los contendrá como parte de un proceso más complejo basado en un conocimiento o cualificación más sofisticada (y científica) de suerte que los cuidados profesionales se brinden de modo que tengan los mayores y mejores efectos que sea posible en la interacción de la persona.

Obviamente una persona puede comprar cuidados profesionales –sin más– en el mercado, del mismo modo que puede automedicarse con determinados fármacos o adquirir un libro de contabilidad para aprender dicha materia, si no se ve la necesidad y el valor del diagnóstico, prescripción e intervención profesionales sobre la base del conocimiento (compatibles –por cierto– con el ejercicio de la autonomía moral y consiguiente capacidad de decisión, elección o consentimiento informado por parte de las personas usuarias). Lo que se quiere decir aquí, en todo caso, es que la decisión sobre los cuidados profesionales que debe recibir una persona pertenece –como la decisión sobre si debe operarse de apendicitis o aprender la tabla del siete– al ámbito de su autonomía moral y capacidad de decisión (o la de quien le represente legítimamente), pero que dicha decisión –como las otras evocadas– puede y –bajo ciertas premisas y en determinados contextos– debe ser objeto de prescripción facultativa sobre la base de un diagnóstico profesional basado en el conocimiento que permita establecer los mejores ajustes entre cuidado profesional, autocuidado y cuidado primario y, en definitiva, alcanzar la mejor interacción y bienestar.

Por otra parte, si miramos la evolución de otros sectores de actividad cabe suponer que es grande el recorrido que podrían tener los servicios sociales en la incorporación de productos de apoyo (ayudas técnicas) y nuevas aplicaciones, plataformas y, en general, tecnologías, lo cual, en principio, podría aportar novedades en términos de empoderamiento individual y diversificación de formas y formatos de relación entre las personas (Carretero, 2015). Sólo, sin embargo, en el marco de un sector de actividad y de un sistema público robusto, tanto desde el punto de vista ético como técnico, cabe esperar que ese imprescindible desarrollo tecnológico se oriente a la sostenibilidad relacional y la humanización de la vida y no a “asegurar y monitorizar el aislamiento, a través de la producción de una socialidad mínima y latente” (Sánchez Criado, 2012: 408). Lo cual, seguramente, sólo será posible desde un fuerte liderazgo político e innovación pública, como ha sucedido o está sucediendo en muy diversos sectores de actividad (Mazzucatto, 2016).

Como ha señalado Adelina Comas, una necesidad o contingencia que, como es el caso de necesitar cuidados, puede acarrear costes “catastróficos” (Comas y otras, 2012: 258) no puede ser considerada y tratada como un riesgo individualmente asumible. Posiblemente, hoy y aquí, las limitaciones y disfunciones de la respuesta de los servicios sociales a este reto, aparte de generar y agravar sufrimientos humanos, están repercutiendo en crecientes costes y perversiones en el sistema sanitario y a un uso crecientemente irracional de los patrimonios económicos e inmobiliarios de millones de personas, en ese modelo de bienestar en crisis sistémica. De ahí la necesidad de “un nuevo relato para los servicios sociales” (Santos, 2012) y de ahí la centralidad de los cuidados y de su abordaje desde unos renovados servicios sociales (preventivos, personalizados y comunitarios), integrados intersectorialmente con la sanidad, las políticas de vivienda y otras, en la transformación de las políticas sociales hacia un nuevo modelo social para la sostenibilidad de la vida.

(Fragmentos finales de un artículo de reciente publicación, que puede descargarse completo aquí.)

¿Pagar más pensiones, asegurar los cuidados o universalizar los servicios sociales?

Asno

Posiblemente nuestros Estados (o cuasi Estados, en el caso de entidades subestatales de amplias competencias), caracterizados como sociales o de bienestar (entendiendo aquí por tales aquellos que dedican cerca de, o más, de la mitad del presupuesto de sus gobiernos al gasto social) han llegado a un momento en el que, como el asno de Buridán, se ven sometidos a expectativas, reclamos o demandas que, al menos en cierta medida, pueden resultar contradictorias entre sí:

  • Ser un Estado empresario de servicios universales, es decir, ofrecer servicios masivos (como el sanitario o el educativo), tendencialmente gratuitos (fundamentalmente financiados por impuestos) y con personal propio (creando cantidades significativas de empleo público con buenas remuneraciones y condiciones laborales).
  • Ser un Estado asegurador y optimizador de recursos financieros entregables a las personas aportantes en determinadas contingencias (como jubilación, desempleo o discapacidad) en función de la cotización (mérito) de la persona; recursos suficientes, en todo caso, para la subsistencia, con independencia de la evolución de los mercados financieros (globalizados).
  • Ser un Estado inteligente y estratégico, capaz de anticipar y abordar los cambiantes riesgos y oportunidades que se presentan en nuestras sociedades, debiendo competir, para ello, con otros agentes (singularmente las grandes empresas globales) por los recursos humanos y tecnológicos necesarios para construir esa inteligencia estratégica.

Recordando aquella vieja ley de la dialéctica hegeliana, cabe preguntarse si nos encontramos en un debate sobre cantidades de recursos (cantidad total de recursos que se pone en manos del Estado o cantidades relativas de recursos dedicadas a esas diferentes funciones) o si se trata ya un debate sobre la cualidad y la naturaleza del Estado, si se está alumbrando algún tipo de cambio cualitativo por crisis sistémica del tipo de Estado social o de bienestar que conocemos.

En este marco, por ejemplo, cabe preguntarse de cuál de los siguientes modos se abordan de forma más pertinente y eficiente las necesidades actuales y futuras de las personas pensionistas actuales y futuras, y singularmente la que está llamada a crecer más y de manera más amenazante, que es la de cuidados:

  • Incrementando (más o menos) homogéneamente las actuales pensiones, de modo que las personas estén en mejores condiciones para, con sus ingresos y ahorros, pagar por cuidados.
  • Asegurando colectivamente la contingencia de necesitar cuidados, de modo que las personas reciban dinero para pagar cuidados en la medida en que los necesiten efectivamente.
  • Desarrollando los servicios sociales públicos como universales, de modo que dejen de ser un último recurso para cuando nuestras capacidades, redes y recursos están prácticamente agotados y se transformen en proveedores universales de cuidados profesionales.

Estos (y otros) cursos de acción están siendo propuestos y aplicados en cierta medida e incluso pueden ser vistos, de cara al futuro, como relativamente compatibles entre sí. Sin embargo, han de ser pensados, debatidos y comparados pues, al menos en determinados momentos, los diferentes agentes nos vemos abocados a decisiones que apuntan en una u otra dirección, que revelan unas u otras preferencias, que tienen unas u otras ganadoras o perdedoras. Y, en todo caso, recordemos lo que le pasó al asno de Buridán.

Cinco hipótesis para el futuro de la colaboración multiagente en las políticas sociales

biodiversity2

1. En la sociedad del conocimiento, la tecnología y la innovación se reforzaria la importancia estratégica de la incardinación en los ámbitos sectoriales (nacionales e internacionales) de la economía, la política pública y la gestión del conocimiento (en este caso en los ámbitos sectoriales correspondientes a las diferentes políticas sociales: sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y subsistencia), no sólo de las empresas privadas, sino también de las organizaciones públicas y las entidades de iniciativa social, llamadas, por tanto, a superar su generalismo en procesos de especialización sectorial, intersectorial y transversal.

2. El aumento de la complejidad social impulsaría arreglos (mix) diversos entre comunidad, sector público, tercer sector y sector privado en los diferentes ámbitos sectoriales (sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y subsistencia) y un acercamiento menos ideológico y más pragmático a dichas articulaciones, atendiendo tanto a la inercia institucional (path dependency) como a las oportunidades de girar estratégicamente, especialmente, sobre la base de evidencias.

3. La crisis de los cuidados haría más urgente y relevante la preocupación y contribución de los diferentes agentes a la sostenibilidad relacional de la vida en las comunidades y los territorios, en el marco procesos de integración vertical y horizontal de las políticas públicas y de arquitecturas públicas para la gobernanza participativa, multinivel e intersectorial del bienestar y el desarrollo, descendiendo de la escala macro a la meso y de la meso a la micro (de arriba hacia abajo).

4. La potencia de la innovación tecnológica, especialmente digital, favorecería a la innovación social como marco de referencia o terreno de juego para la articulación o colaboración entre agentes en el marco de la vida económica y las políticas públicas, siendo un reto fundamental el de la escalabilidad de las experiencias comunitarias exitosas y el de lograr que, a modo de fractales, funcionen sinérgicamente parecidas redes, constelaciones y ecosistemas de agentes (comunitarios, públicos, solidarios y privados) a escala micro, meso y macro (de abajo hacia arriba).

5. La pujanza de la esfera del mercado en todos los órdenes de la vida tendería a fragmentar y debilitar las comunidades, las instituciones públicas y la iniciativa social. Sin embargo, cabe afirmar que, tan cierto como que hay momentos y períodos de deterioro y amenaza o de bloqueo y atasco en los que resulta prácticamente imposible desencadenar cambios estratégicos positivos y justos, es que, en determinadas circunstancias, frecuentemente imprevistas, se abren ventanas de oportunidad para girar o, sencillamente, las amenazas obligan a tomar decisiones de calado, cueste lo que cueste. Para ese tipo de momentos es fundamental tener a punto relatos (discursos), maquetas (modelos), alianzas (estructuras) y redes (relaciones) abiertas, diversas, inclusivas, eficientes, polivalentes y rigurosas.

(Preparadas para ―y reelaboradas en― un encuentro del Ceo Club de Entidades Sociales de la Universidad Pública de Navarra y en la preparación de un artículo de próxima publicación en Cuadernos de Trabajo Social.)

Fiscalidad redistributiva y eficiencia social

Rubial 3

Luis Sanzo, analizando el sistema del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas en España, pone de manifiesto sus fuertes límites a la progresividad: en primer lugar, y de esto se habla muy poco, por la muy inferior carga fiscal en los ingresos secundarios de familias con dos ingresos, que beneficia a los hogares más pudientes y que reduce sustancialmente la recaudación; en segundo lugar, por la ausencia de progresividad en el tratamiento de algunos ingresos (como los ingresos por trabajo autónomo o los de capital); y, en tercer lugar, por una menor presión fiscal efectiva en determinadas comunidades autónomas, debida en buena medida a las diferencias de precios entre éstas. También, podría decirse, por ejemplo, por no poder aplicar a las personas físicas sistemas de cálculo que sí son posibles para las empresas.

Sin embargo, Luis advierte de que no es fácil una reforma social del IRPF para que, en lugar de beneficiar a las personas más favorecidas, aporte a las más desfavorecidas. Ello es debido a las poderosas inercias e intereses que sostienen el actual sistema. Además, señala, la lógica recaudatoria (actualmente dominante) y la lógica redistributiva (que quisiéramos fortalecer) son diferentes y requieren de procedimientos, plazos, ritmos, ciclos de funcionamiento, formas de relación con la ciudadanía, sistemas de control (también del fraude), cualificaciones del personal y culturas organizacionales bastante diferentes. Por ello aconseja ser prudentes y avanzar mediante diseños cuidadosos y experimentación previa en lo que tiene que ver con la integración entre impuestos y prestaciones.

Paula Hermida, por su parte, señala que, en una sociedad en la que aumenta la desigualdad y en la que el empleo garantiza cada vez menos salir de la pobreza, resulta crecientemente disfuncional la ausencia de integración entre la lógica de los dos sistemas que regulan las transferencias monetarias entre la ciudadanía y el Estado (impuestos y prestaciones), con tres tipos de problemas: de consistencia (o coherencia en el trato que recibe la persona por parte de ambos sistemas), de equidad (por la regresividad fiscal muchas veces no compensada por la progresividad de las prestaciones) y de eficiencia (por las denominadas “trampas” o incentivos para perpetuar situaciones que permiten cobrar prestaciones).

Por ello, dice Paula, gobiernos de muy diferente signo en distintos países han ido introduciendo medidas de IIP (integración de impuestos y prestaciones), que pueden incorporar la existencia de un mínimo de subsistencia que es siempre respetado o completado por el Estado o, sin llegar a tal universalidad, establecer créditos fiscales o impuestos negativos para determinados colectivos (como, por ejemplo, la infancia o personas trabajadoras pobres). Se entiende que, además de responder a los tres tipos de problemas antes mencionados, estas medidas pueden simplificar la gestión y evitar la estigmatización que se produce, en algunas ocasiones, en los sistemas menos integrados.

(Notas a partir del encuentro organizado el 27 de enero de 2018 por la Fundación Ramón Rubial. Las presentaciones utilizadas se pueden obtener solicitándolas a la Fundación.)

Pobreza y exclusión en sociedades complejas

Blake

Usando un trazo grueso, podría decirse que nuestros servicios sociales consisten, en buena medida, en oficinas municipales que dan ayudas económicas a personas o familias pobres y centros del tercer sector que atienden a miembros de diferentes colectivos en riesgo o situación de exclusión social. Somos más que eso y queremos ser, cada vez más, algo diferente de eso; pero el imaginario social y político no está muy lejano del que acabamos de pintar con la brocha gorda y hemos de reconocer que algo de verdad contiene.

Sin embargo, con independencia de las valoraciones éticas o técnicas que cupiera hacer en sus orígenes acerca de ese encargo de la pobreza y la exclusión a los servicios sociales, parece bastante evidente que la complejidad que actualmente presentan nuestras sociedades convierte esa encomienda en una verdadera misión imposible. Y ello es así por el carácter crecientemente estructural, diversificado y reflexivo que presentan en estas sociedades las situaciones y trayectorias de pobreza económica y exclusión social.

Para bien o para mal (no es esa ahora la cuestión) ya no vivimos en aquella sociedad en la que la promesa universalizable de la capacidad inclusiva del empleo, de las familias y comunidades homogéneas y del aseguramiento público ante contingencias previsibles y tasables era creíble para amplias mayorías sociales. Hoy y aquí, ya sabemos que esos tres grandes vectores de bienestar material e inclusión social dejan estructuralmente fuera de su manto protector a importantes segmentos de población.

Por otra parte, la fragmentación sistémica de nuestras sociedades compone trayectorias de empobrecimiento y exclusión crecientemente diversificadas e impredecibles en sus factores de cambio. No es igual la familia desahuciada por no poder hacer frente a una hipoteca contratada hace cinco años que la que nunca alcanzó un mínimo estándar de estabilidad y calidad residencial. No corre la misma suerte la persona de setenta años con importantes limitaciones cognitivas que había sido diagnosticada de “deficiencia mental” a los diez años o la que lo ha sido de “demencia senil” a los sesenta.

Por último, los propios discursos y dispositivos que el Estado o, en general, la sociedad ha generado para dar respuesta a los riesgos y situaciones de pobreza y exclusión o para generar bienestar e inclusión, siendo más o menos eficaces, alteran, muchas veces de manera imprevista e indeseada, el pensamiento, los valores y los comportamientos de los diferentes actores sociales, incluidas las personas en riesgo o situación de pobreza y exclusión: actores reflexivos, compitiendo en viejas y nuevas arenas, por recursos limitados.

Ciertamente, en este contexto, no resulta sencillo saber cómo responder al reto de la pobreza y la exclusión. Lo que sí resulta fácil es adivinar que no se trata de un asunto del que, de forma exclusiva o especial, se puedan encargar los servicios sociales.

(La fotografía corresponde a la película “I, Daniel Blake”. Sobre este asunto se tratará en un próximo encuentro organizado por la Diputación Foral de Bizkaia.)

Agencia pública y privada en las políticas sociales

170918

Parece claro que la evolución de las grandes políticas sociales sectoriales (como sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos) en nuestras sociedades hace que, en cada una de esas ramas o ramos de actividad, los poderes y administraciones públicas y la población o ciudadanía estén acompañadas, cada vez más, de muchos otros agentes de diversos tipos, como, al menos, las redes comunitarias, las organizaciones de iniciativa social y las empresas proveedoras de bienes y servicios.

Los debates éticos, ideológicos y políticos frecuentemente se simplifican y se polarizan como si nos encontráramos en un juego de suma cero entre las responsabilidades, funciones y actividades públicas y aquellas que se asumen por parte de la iniciativa empresarial privada y mercantil. Por otra parte, dichos debates éticos, ideológicos y políticos, en ocasiones, se abordan de espaldas a la base de evidencia y conocimiento existente al respecto, por ejemplo, gracias al estudio de políticas comparadas; evidencia y conocimiento que no debe reemplazar a los debates éticos, ideológicos y políticos, pero sí informarlos, ilustrarlos o iluminarlos.

En el contexto actual resulta especialmente necesario atender al impacto que nuevas tecnologías de la información y la comunicación (y otras) están teniendo y pueden tener en el incremento de oportunidades y amenazas y en la aceleración de procesos en lo relacionado con la algoritmización de sistemas, la explosión de la conectividad, la destrucción de intermediarias, la reconfiguración de cadenas de valor o la viralización y manipulación de la información y, a su vez, con la mercantilización de transacciones, el procomún colaborativo, el empoderamiento de clientes, la deconstrucción de sujetos colectivos, y así sucesivamente.

En ese escenario complejo, el poder político y las Administraciones públicas, al cuidado del interés general, no van a ser medidas tanto por la “cuota de mercado” que tengan en uno u otro sector de actividad (¿cuánto alumnado estudia en la enseñanza pública?, ¿qué porcentaje de los productos culturales serán públicos?) o por cuántos eslabones de las cadenas de valor asumen (¿la atención hospitalaria?, ¿lavar las sábanas del hospital?, ¿fabricar el detergente con el que se lavan?, ¿cultivar el algodón con el que se fabrica el detergente?) como por la capacidad de ser jugadoras determinantes en los diferentes sectores económicos (con distintas estrategias) para garantizar los derechos sociales y los derechos humanos en general.

Para ello los agentes públicos, seguramente, deberán potenciar inteligentemente la autonomía operativa y las ventajas comparativas de otros tipos de agentes para lograr, en definitiva, maximizar las oportunidades reales para el más pleno ejercicio de los derechos (individuales, por definición) de todas las personas, es decir, nuestra libertad efectiva para llevar adelante los proyectos de vida que tengamos razones para valorar, anidadas (necesaria y deseablemente) en comunidades y sociedades fraternas, productivas y sostenibles.

(Con la inspiración, sucesiva, para cada uno de los párrafos, de Eloisa del Pino, Adela Cortina, Jeremy Rifkin, Carles Ramió y Amartya Sen. Como aproximación inicial tentativa para el debate sobre la Prestación Económica de Asistencia Personal, los cheques servicio, los presupuestos individuales o fórmulas similares en los servicios sociales.)

Políticas integradas de bienestar: cinco claves

gent

La garantía universal de los derechos sociales demanda, hoy y aquí, la construcción de una nueva generación de políticas públicas capaces de dialogar e integrarse entre sí, teniendo en cuenta, según nuestra propuesta, las siguientes cinco claves:

1. Gobierno territorial del bienestar

Las actuales políticas sociales (sanidad, servicios sociales, vivienda y otras) necesitan un ámbito territorial/poblacional suficiente (masa crítica) para ser eficaces y eficientes y el gobierno de su imprescindible integración intersectorial no puede hacerse (sólo) tomándolas de dos en dos sino (también) de forma conjunta, de modo que las mesas o redes intersectoriales (en diferentes niveles) no se refieran al objeto de una de las ramas sectoriales (la salud o el empleo, por poner dos ejemplos) sino a la finalidad conjunta de todas ellas: el bienestar (y, ojalá, la felicidad).

2. Fondos estratégicos de transformación

Una parte del presupuesto de las políticas sociales debe utilizarse para fomentar la investigación, desarrollo e innovación que, de abajo hacia arriba, genere nuevos servicios, programas e iniciativas escalables que puedan aportar cierta trazabilidad y seguridad (agua en la piscina) a las decisiones políticas (lanzarse a la piscina) capaces de reorganizar y transformar el sistema de bienestar y de generar crecientes impactos, retornos y sinergias económicas/empresariales/laborales, voluntarias/solidarias, políticas/electorales y relacionales/societales.

3. Cualificaciones profesionales para la coproducción

Una atención integrada centrada en la(s) persona(s) se construye escuchando las voces de sus destinatarias, usuarias o participantes, de la ciudadanía activa, en clave de coproducción multiagente, lo que exige un salto en la cualificación profesional y aportación de valor del personal y sus equipos, en el seno de comunidades de conocimiento sectoriales e intersectoriales, disciplinares e interdisciplinares, en las que se construyen, se deconstruyen y se hibridan especializaciones de muy diferentes tipos.

4. Microsegmentación basada en el conocimiento

Superando la tradicional macrosegmentación en grandes colectivos poblacionales percibidos como estáticos y estancos, la personalización en los servicios de bienestar (educativos, sanitarios, sociales u otros) avanza gracias a procesos de microsegmentación apoyada en constructos científicos, instrumentos de diagnóstico/evaluación y gestión/ interoperabilidad de la información que posibiliten acciones preventivas, alertas tempranas e itinerarios flexibles favorecedores de la consecución de resultados valiosos para las personas.

5. Reinvención de la comunidad desde la diversidad y la complejidad

No hay sostenibilidad social posible si no somos capaces de construir nuevas dinámicas de cuidados primarios y, en general, vínculos familiares y comunitarios (un nosotras inclusivo) desde la igualdad/diversidad de género, generacional, funcional y cultural, desarrollando una inteligencia (musculación) ética que nos permita acoger y acompañar colectivamente las situaciones de complejidad que todas las personas podemos atravesar en los diferentes momentos de nuestro ciclo vital.

(A modo de conclusiones/tendencias extraídas del reciente congreso sobre servicios sociales realizado en Vic, al que corresponde la fotografía.)