Agencia pública y privada en las políticas sociales

170918

Parece claro que la evolución de las grandes políticas sociales sectoriales (como sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos) en nuestras sociedades hace que, en cada una de esas ramas o ramos de actividad, los poderes y administraciones públicas y la población o ciudadanía estén acompañadas, cada vez más, de muchos otros agentes de diversos tipos, como, al menos, las redes comunitarias, las organizaciones de iniciativa social y las empresas proveedoras de bienes y servicios.

Los debates éticos, ideológicos y políticos frecuentemente se simplifican y se polarizan como si nos encontráramos en un juego de suma cero entre las responsabilidades, funciones y actividades públicas y aquellas que se asumen por parte de la iniciativa empresarial privada y mercantil. Por otra parte, dichos debates éticos, ideológicos y políticos, en ocasiones, se abordan de espaldas a la base de evidencia y conocimiento existente al respecto, por ejemplo, gracias al estudio de políticas comparadas; evidencia y conocimiento que no debe reemplazar a los debates éticos, ideológicos y políticos, pero sí informarlos, ilustrarlos o iluminarlos.

En el contexto actual resulta especialmente necesario atender al impacto que nuevas tecnologías de la información y la comunicación (y otras) están teniendo y pueden tener en el incremento de oportunidades y amenazas y en la aceleración de procesos en lo relacionado con la algoritmización de sistemas, la explosión de la conectividad, la destrucción de intermediarias, la reconfiguración de cadenas de valor o la viralización y manipulación de la información y, a su vez, con la mercantilización de transacciones, el procomún colaborativo, el empoderamiento de clientes, la deconstrucción de sujetos colectivos, y así sucesivamente.

En ese escenario complejo, el poder político y las Administraciones públicas, al cuidado del interés general, no van a ser medidas tanto por la “cuota de mercado” que tengan en uno u otro sector de actividad (¿cuánto alumnado estudia en la enseñanza pública?, ¿qué porcentaje de los productos culturales serán públicos?) o por cuántos eslabones de las cadenas de valor asumen (¿la atención hospitalaria?, ¿lavar las sábanas del hospital?, ¿fabricar el detergente con el que se lavan?, ¿cultivar el algodón con el que se fabrica el detergente?) como por la capacidad de ser jugadoras determinantes en los diferentes sectores económicos (con distintas estrategias) para garantizar los derechos sociales y los derechos humanos en general.

Para ello los agentes públicos, seguramente, deberán potenciar inteligentemente la autonomía operativa y las ventajas comparativas de otros tipos de agentes para lograr, en definitiva, maximizar las oportunidades reales para el más pleno ejercicio de los derechos (individuales, por definición) de todas las personas, es decir, nuestra libertad efectiva para llevar adelante los proyectos de vida que tengamos razones para valorar, anidadas (necesaria y deseablemente) en comunidades y sociedades fraternas, productivas y sostenibles.

(Con la inspiración, sucesiva, para cada uno de los párrafos, de Eloisa del Pino, Adela Cortina, Jeremy Rifkin, Carles Ramió y Amartya Sen. Como aproximación inicial tentativa para el debate sobre la Prestación Económica de Asistencia Personal, los cheques servicio, los presupuestos individuales o fórmulas similares en los servicios sociales.)

Políticas integradas de bienestar: cinco claves

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La garantía universal de los derechos sociales demanda, hoy y aquí, la construcción de una nueva generación de políticas públicas capaces de dialogar e integrarse entre sí, teniendo en cuenta, según nuestra propuesta, las siguientes cinco claves:

1. Gobierno territorial del bienestar

Las actuales políticas sociales (sanidad, servicios sociales, vivienda y otras) necesitan un ámbito territorial/poblacional suficiente (masa crítica) para ser eficaces y eficientes y el gobierno de su imprescindible integración intersectorial no puede hacerse (sólo) tomándolas de dos en dos sino (también) de forma conjunta, de modo que las mesas o redes intersectoriales (en diferentes niveles) no se refieran al objeto de una de las ramas sectoriales (la salud o el empleo, por poner dos ejemplos) sino a la finalidad conjunta de todas ellas: el bienestar (y, ojalá, la felicidad).

2. Fondos estratégicos de transformación

Una parte del presupuesto de las políticas sociales debe utilizarse para fomentar la investigación, desarrollo e innovación que, de abajo hacia arriba, genere nuevos servicios, programas e iniciativas escalables que puedan aportar cierta trazabilidad y seguridad (agua en la piscina) a las decisiones políticas (lanzarse a la piscina) capaces de reorganizar y transformar el sistema de bienestar y de generar crecientes impactos, retornos y sinergias económicas/empresariales/laborales, voluntarias/solidarias, políticas/electorales y relacionales/societales.

3. Cualificaciones profesionales para la coproducción

Una atención integrada centrada en la(s) persona(s) se construye escuchando las voces de sus destinatarias, usuarias o participantes, de la ciudadanía activa, en clave de coproducción multiagente, lo que exige un salto en la cualificación profesional y aportación de valor del personal y sus equipos, en el seno de comunidades de conocimiento sectoriales e intersectoriales, disciplinares e interdisciplinares, en las que se construyen, se deconstruyen y se hibridan especializaciones de muy diferentes tipos.

4. Microsegmentación basada en el conocimiento

Superando la tradicional macrosegmentación en grandes colectivos poblacionales percibidos como estáticos y estancos, la personalización en los servicios de bienestar (educativos, sanitarios, sociales u otros) avanza gracias a procesos de microsegmentación apoyada en constructos científicos, instrumentos de diagnóstico/evaluación y gestión/ interoperabilidad de la información que posibiliten acciones preventivas, alertas tempranas e itinerarios flexibles favorecedores de la consecución de resultados valiosos para las personas.

5. Reinvención de la comunidad desde la diversidad y la complejidad

No hay sostenibilidad social posible si no somos capaces de construir nuevas dinámicas de cuidados primarios y, en general, vínculos familiares y comunitarios (un nosotras inclusivo) desde la igualdad/diversidad de género, generacional, funcional y cultural, desarrollando una inteligencia (musculación) ética que nos permita acoger y acompañar colectivamente las situaciones de complejidad que todas las personas podemos atravesar en los diferentes momentos de nuestro ciclo vital.

(A modo de conclusiones/tendencias extraídas del reciente congreso sobre servicios sociales realizado en Vic, al que corresponde la fotografía.)

Determinantes sociales, prescripción social y políticas sociales

Alhóndiga

Los bienes que protegen y promueven las diferentes ramas de la política social son tan relevantes y complejos que es tan cierto que debe haber un pilar de la política social especializado en cada uno de ellos como que el resto de los ámbitos debe coadyuvar a su consecución. Por eso, por ejemplo, se habla de “salud en todas las políticas”; porque, aunque la salud sea la finalidad propia de la política sanitaria, también deben contribuir a ella la política educativa, la de vivienda, la de empleo u otras.

En consecuencia, por ejemplo, los servicios sociales deberán reconocer el liderazgo de la sanidad cuando se trata de salud y los servicios sanitarios deberán tener en cuenta qué dicen los servicios sociales cuando se trate de autonomía y autodeterminación de la gente para su vida cotidiana integrada en redes familiares y comunitarias. Así como los trabajadores sociales no proponen directamente la realización de determinado ejercicio físico o la ingesta de determinado fármaco, seguramente, las médicas no debieran prescribir directamente alternativas de cuidados personales, fórmulas de convivencia familiar o vías de participación comunitaria. Cuestionamos, por tanto, la “prescripción social” que se propugna o practica en determinados ámbitos sanitarios.

Por otra parte, del mismo modo que bienes como la subsistencia (de la que se ocupan las políticas de garantía de ingresos) o el alojamiento (del que se ocupan las políticas de vivienda) son considerados “determinantes sociales” de la salud, ésta debe ser considerada como determinante social que contribuye al disfrute de otros bienes como el empleo (del que se ocupan las políticas laborales) o la interacción (objeto de los servicios sociales). Así como las perversiones de la política de garantía de ingresos agravan la pobreza económica (que, evidentemente, afecta a la salud) o unos servicios sociales asistencialistas destruyen activos comunitarios (con repercusiones en la salud de la gente), es igualmente evidente que los problemas de salud (en ocasiones provocados por la atención sanitaria) resultan determinantes para los procesos de aprendizaje (materia de la política educativa) o para la conservación del empleo (materia de la política laboral).

Se trata, por tanto, de avanzar en la construcción de una mirada más simétrica que nos ayude a equilibrar el peso relativo y a reconocer y potenciar el valor añadido de cada una de las ramas sectoriales en las que se estructura nuestra política social. Sólo así podremos construir la atención integrada intersectorial que demanda el incremento de la complejidad social que desafía, hoy y aquí, a nuestras políticas de bienestar.

Sobre estas cuestiones hablaremos en el curso de verano de la Universidad del País Vasco “Salud comunitaria. El código postal es más importante que el código genético”. La fotografía corresponde al patio de columnas de la Alhóndiga (Bilbao).

Entrevista del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia

Colexio

Te lanzo una pregunta de tu propio blog: ¿tienen futuro los servicios sociales?

Entiendo que los servicios sociales tienen futuro en la medida en que las personas implicadas en ellos seamos capaces de hacer a tiempo la ciaboga o giro estratégico que desarrolle su capacidad técnica y tecnológica para ofrecernos al conjunto de la población cuidados y otros apoyos profesionales de alto valor añadido relacional para potenciar y complementar nuestra autonomía funcional y capacidad de autoorganización de la vida diaria en el seno de redes familiares y comunitarias.

Por el contrario, en tanto en cuanto mantengamos el actual posicionamiento, basado en gran medida en la tramitación de prestaciones sobre la base de la comprobación de carencia de medios y en la oferta de alojamientos colectivos, considero que es fácil que, si no está pasando ya, caigamos por una pendiente de pérdida de sentido, valor y utilidad que conducirá a un enquistamiento, fragmentación, reducción o desaparición.

¿Qué opinas de la libre profesión en el Trabajo Social?

Entiendo que el trabajo social puede ser una disciplina y profesión que aporte mucho valor a muchas personas y el crecimiento del número y prestigio de las personas que ejerzan libremente la profesión será uno de los mejores indicadores de su desarrollo como área de conocimiento y ayuda profesional basada en la investigación científica e innovación tecnológica.

¿Que cambios debe afrontar el Estado en servicios sociales?

El Estado, a mi juicio, debe liderar la inversión social y el desarrollo estratégico que permita a las profesionales y organizaciones dedicadas a los servicios sociales realizar la transición tecnológica y organizativa que les permita universalizarse como servicios profesionales apreciados por la ciudadanía como garantes del derecho a contar con los apoyos que nos permitan a todas las personas mantener, recuperar o mejorar nuestra interacción (entendida como autonomía funcional e integración relacional).

Debe entender, además, que dicha operación tiene sentido y posibilidad en el seno de un proceso de reinvención del sistema de bienestar en el que las otras ramas sectoriales de la política social (como educación, sanidad, vivienda, empleo o garantía de ingresos) asuman que su carácter especializado y universal les obliga a hacerse cargo, en lo que les corresponda, de la complejidad social, dado que no habrá una rama residual para las personas excluidas de su protección.

¿Crees que la socialdemocracia ha fracasado frente al neoliberalismo (hablando en términos sociales)?

El gran triunfo de la socialdemocracia (junto a otras tradiciones políticas) ha sido que una buena parte de su programa de reforma social ha sido asumido como parte del consenso suprapartidista en un buen número de países. Sin embargo, tanto la socialdemocracia como los dispositivos de bienestar que contribuyó a crear son, paradójicamente, víctimas de sus enormes éxitos en términos de conocimiento, longevidad, diversidad o movilidad; en un contexto en el que, efectivamente, las corrientes neoliberales le han metido un buen número de goles. Sea como fuere, entiendo que la socialdemocracia conserva algunos activos que puede utilizar estratégicamente, aliándose con otras corrientes sociales y políticas para alumbrar nuevos horizontes, ilusiones y proyectos emancipatorios.

¿Estás a favor de la Renta Básica Universal?

Estimo que no hay justificación ética, política o económica para garantizar incondicionalmente el derecho a la atención sanitaria o a la educación obligatoria y no hacerlo con unos ingresos mínimos para la subsistencia material. Entiendo, por ello, el avance hacia la universalización de la garantía de ingresos como parte de un programa de universalización e innovación del conjunto de ramas de la política social.

¿Las y los trabajadores de servicios sociales se están convirtiendo cada vez más en burócratas?

Si entendemos la burocratización como incremento relativo del trabajo de tramitación administrativa en oficina, diría que hay procesos y tendencias contradictorias. En algunos lugares se percibe una pérdida de actividades de valor añadido técnico y un incremento inadecuado de labores burocráticas (y, lo que es peor, realizadas por personal técnico), mientras que, en otros, se están tomado eficaces medidas de informatización y reorganización de procesos administrativos a la vez que se practica una inteligente gestión del conocimiento, de modo que se potencian las actividades técnicas, personalizadas, relacionales y comunitarias propias de los servicios sociales.

En el caso de Galicia, la pirámide poblacional cada vez más envejecida, obliga a hacer una revisión a los servicios en dependencia. ¿Cuál es tu visión en este campo?

Nuestras políticas en relación con la dependencia funcional (en parte relacionada con el envejecimiento) deben ser revisadas a la luz de la evidencia y el conocimiento para potenciar su dimensión preventiva, comunitaria e intersectorial. El reto de la prevención y abordaje de las situaciones de dependencia funcional afecta, fundamentalmente, a las políticas de vivienda, sanidad y servicios sociales y les obliga a repensar las condiciones de posibilidad y sostenibilidad para unas vidas más autónomas e interdependientes en el entorno domiciliario y en redes comunitarias.

No hace mucho Belén Navarro escribía en su blog trabajo social y tal sobre lo que ella considera el carnet de pobre, es decir, la tarjeta con la que el Gobierno quiere controlar las prestaciones sociales de los ciudadanos. ¿Qué opinas tú de esta medida?

Posiblemente el problema está más en las prestaciones, los sistemas y los derechos (o su ausencia o limitación) que en la tarjeta o carnet en sí mismo. Hay que avanzar en la universalización de los diferentes sistemas del Estado de bienestar (como sanidad, servicios sociales, empleo o garantía de ingresos) y hay que avanzar, también, en las tecnologías e instrumentos que faciliten la identificación de la persona titular de los derechos y la gestión e interoperabilidad de la información que generan y necesitan los sistemas, siempre con estándares éticos y para el empoderamiento ciudadano.

Aquí la entrevista en gallego, en la web del Colegio.

Una forma (entre muchas) de contar la historia del mundo, con (spoiler) final feliz

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Érase una vez una comunidad. Interactuaba con su entorno natural, del que tomaba recursos, que transformaba y compartía para posibilitar la vida de sus miembros, que cuidaban unos de otros.

Llegó un día una persona de otra comunidad cercana, con una propuesta: “Ustedes tienen manzanos y ovejas. Les proponemos especializarse en los manzanos y nosotras lo haremos en las ovejas. Al final de cada año les daremos diez ovejas y nos entregarán diez sacos de manzanas. La especialización nos permitirá ser más eficientes, es decir, mejoraremos la producción trabajando menos”. La propuesta fue aceptada y se llevó a la práctica, año tras año.

Un año, la comunidad especializada en manzanas llegó sólo con cinco sacos, diciendo: “Hasta dentro de seis meses no podremos traer los otros cinco”. “No hay problema”, dijeron las representantes de la otra comunidad. “Les daremos un papelito que diga “Vale por cinco sacos de manzanas”” dijo la comunidad que quedaba en deuda, recibiendo como respuesta: “Un papelito, ¿para qué?”. “Funcionará”, afirmaron desde la comunidad que acababa de inventar el dinero.

En más y más transacciones entre esas y otras comunidades y al interior de las propias comunidades empezaron a utilizarse esos papelitos. De suerte que llegó un momento en que todos los intercambios del mundo llegaron a ser de bienes por papelitos y ninguno de bienes por bienes: toda la economía mercantil del mundo se había monetizado.

Entonces alguien dijo: “Necesitamos una autoridad central que diga cuántos papelitos puede haber, en función del valor de todos los bienes objeto de intercambio”. Y se inventó el Estado.

Un día, una persona se quedó sin papelitos y le dijo a otra: ¿Me prestas cinco papelitos? Te los devolveré en cuatro meses”. Y la respuesta fue: “Te presto cinco papelitos, pero dentro de cuatro meses me darás seis”. A partir de ese momento el dinero dejó de ser, únicamente, una representación del valor de los bienes producidos e intercambiables, para empezar a ser valorado en sí mismo.

En ese momento el Estado se dio cuenta de que podían existir más papelitos en circulación que aquellos que representaban el valor de bienes tales como manzanas y ovejas y que, del mismo modo que el propio dinero era valorado por sí mismo, podía conseguir que las personas consideraran valiosos otros productos, alguno de los cuales el propio Estado podía proporcionar. El Estado se dio cuenta entonces de su inmenso poder: establecía el número de papelitos en circulación, resultaba determinante en la creación de una parte del valor representado por dichos papelitos y, por si fuera poco, podía recaudar de la gente aquellos papelitos que estimara oportuno por los bienes que él mismo producía.

Algunas personas se dieron cuenta de este inmenso poder del Estado y pensaron que les interesaba controlarlo para conseguir que los bienes que ellas producían fueran considerados más valiosos. E idearon una estrategia envolvente para conseguirlo, dividiéndose en dos grupos: un grupo accedería al Estado presentándose como éticos representantes del Bien Común y las personas del otro grupo lo harían como poseedoras del conocimiento científico de las Leyes Naturales del Mercado.

La alianza de estos dos grupos consiguió para sus miembros riquezas nunca soñadas, que los embriagaron, de suerte que se alejaron de sus comunidades de origen y llegaron a convencerse y a convencer a muchas personas de que se podía poner un precio a todos los bienes, a todas las relaciones entre las personas y a todos los recursos naturales. El capital contra la vida.

Afortunadamente esto ha alarmado a muchas personas que, rechazando la pasividad o la complicidad, se están uniendo para cuidar de naturaleza y de las relaciones comunitarias y para, desde su vida cotidiana y desde el Estado, domesticar al mercado y garantizar a todas las personas el acceso a los bienes necesarios y a formas de vida cada vez más valiosas, vidas a las que nadie podrá poner precio.

(Relato escrito para dar comienzo a la conferencia “Servicios sociales: ¿cuestión de dinero?”, organizada recientemente por Dixit en Barcelona.)

¿Todo mercado? ¿Cuánto mercado? ¿Cuándo mercado?

mercado 2

Intentaría apuntar algunas respuestas en forma de posibles lecciones aprendidas o (hipo)tesis provisionales desde el área de conocimiento en la que trabajo, que es la del estudio y diseño de políticas sociales. Terminaría, sin embargo, dando cuenta de las limitaciones de dicho marco de análisis y de la necesidad de desbordarlo.

Me referiría inicialmente a los resultados y legitimación de nuestros Estados de bienestar, como forma histórica de garantía pública de derechos humanos sociales universales. La construcción de estas políticas sociales puede ser presentada como un caso de éxito en la apuesta del Estado por producir, tratar o gestionar determinados bienes como bienes públicos (por desmercantilizarlos en alguna medida). Como un indicador del relativo éxito de esta experiencia histórica cabría presentar el hecho de que determinadas políticas sociales y el reconocimiento del carácter social del Estado y de la dimensión social de todas las políticas públicas forman parte de un cierto patrimonio compartido por las principales y diversas ideologías y formaciones políticas.

La construcción de los Estados de bienestar y las políticas sociales puede ser vista como la emergencia de subsistemas sociales que intentan ser una respuesta de la inteligencia e ingeniería social para una mejor gestión de la complejidad. Una respuesta exitosa que, paradójicamente, contribuye a la generación de nuevos factores de complejidad social. Como contenido, síntoma y expresión de ese incremento de la complejidad, cabe referirse al proceso que vivimos en las últimas décadas de configuración, problemática, de todo un heterogéneo tercer sector, entendido como institucionalización (alternativa) de una producción, tratamiento o gestión de los bienes, no como privados (intercambiables por precio) ni como públicos (garantizados como derecho), sino como bienes comunes (compartidos solidariamente). En un contexto, por cierto, de importantes mutaciones en la esfera de las relaciones de reciprocidad (familiar y) comunitaria, cuya manifestación más sobresaliente sería la crisis de los cuidados (que el ecofeminismo identifica como un vector central de la amenaza actual a la sostenibilidad de la vida).

En ese contexto, las políticas sociales se convierten necesariamente en laboratorios de innovación tecnológica y social acerca de los arreglos y sinergias entre estas cuatro esferas de las que hablamos (pública, privada, solidaria y comunitaria). Arreglos y sinergias (mix de bienestar) que, razonablemente, pueden ser diferentes en las diversas políticas sectoriales y que, para cada servicio o bien, pueden referirse (en forma diversa) a más de una docena de aspectos distintos (su titularidad, su gestión, su financiación, su provisión y así sucesivamente). En contextos en los que lo que interesaría a cada tipo de agente (público, privado, solidario o comunitario) no es tanto un (cada vez más impensable) monopolio de los resortes de respuesta a las necesidades y demandas de la población, sino la capacidad estratégica de ser determinante en el tablero apoyándose en sus ventajas comparativas desde su identidad y legitimidad.

Ahora bien, como ya empezábamos a apuntar de la mano del ecofeminismo, este progreso social que han impulsado los Estados de bienestar realmente existentes; que, sin duda, ha representado y representa oportunidades de más y mejor vida para muchas personas en nuestro entorno; y que contiene, dentro de sus políticas sociales y de su estudio científico, cierta capacidad de innovación y transformación; nos coloca, también, en y ante un mundo plagado de viejas y nuevas amenazas (económicas, sociales, políticas, ecológicas y morales), ante las que se nos impone éticamente la obligación y el riesgo de pensar políticamente, apostar por un modelo de sociedad y ejercer la ciudadanía.

Desde ese punto de vista, por razones biográficas y con algún argumento, me apunto al intento de repensar una socialdemocracia predistributiva y redistributiva que reconoce con humildad la capacidad del mercado (entre otras cosas de haber sacado de la pobreza a cientos de millones de personas en las últimas décadas) y a la que le gustaría no tanto adelgazar como agilizar al Estado, es decir, liberarlo de la grasa que supone su colonización por parte de intereses privados (de algunos de quienes, como proveedoras, empleados, cargos o pensionistas cobramos de él) y muscularlo como regulador e incentivador de la vida social y, fundamentalmente, garante de derechos. Siento, sin embargo, que la socialdemocracia no puede reinventarse en ese sentido si no se abre a procesos de colaboración, fecundación e hibridación con otros sujetos o espacios sociales y políticos (especialmente a los movimientos de base, populares y sociales que están repolitizando el tercer sector y la economía solidaria en todo el mundo) en un proceso histórico (para el que no tenemos manual de instrucciones) de construir nuevos sujetos sociales, políticos y electorales en los que se puedan encontrar las víctimas de la globalización neoliberal, la exclusión de la ciudadanía, el sistema patriarcal y la amenaza ecológica con sectores instalados pero lúcidos en relación con su injusticia e insostenibilidad.

(Ideas principales para una intervención en el seminario organizado por Carlos García de Andoin que comienza el 22 de marzo de 2017 en Bilbao.)

Una agenda de innovación en política social

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La primera propuesta tiene que ver con la construcción de la red de conocimiento sobre políticas sociales. Una red liderada desde los poderes públicos (Mazzucato, 2016) y, específicamente, por la política educativa (en conversación con la de empleo y la de promoción económica), entendida como la política pública social responsable de los procesos de investigación, desarrollo e innovación. Un ecosistema en el que deben hibridarse diversos tipos de conocimiento (ético, científico, tecnológico, innovador, práctico y estético) y en el que deben ejercer tracción entre sí los agentes portadores de cada uno de ellos. Una red en la que deben participar las comunidades sectoriales o especializadas en las diversas políticas sociales (donde la ciencia política dialogue con las ciencias de referencia de las diversas políticas específicas, como la medicina o la arquitectura), en procesos favorecedores de dinámicas sinérgicas de desarrollo territorial y creación de empleo (Innerarity, 2011: 244), en las que los servicios correspondientes a las diversas políticas sociales se configuren como tractores de otros y generadores de valiosos retornos económicos, ambientales y sociales, llenando de contenido el concepto de inversión social.

La segunda apuesta supone rediseñar el “perímetro” (Garner y Leutherau-Morel, 2014: 10) y desarrollar el contenido operativo (preventivo, tecnológico y comunitario) del sector de los servicios sociales que, si quiere avanzar en su proyecto de universalización, debe abandonar su nicho residual de pretendida (y cada vez más imposible) respuesta a cualquier necesidad (económica, habitacional, laboral u otras) de supuestos colectivos minoritarios excluidos por el resto de subsistemas sociales y apostar por un objeto propio, que hemos identificado como la interacción (Fantova, 2016). Ello vendría posibilitado porque, en un contexto de crisis de los cuidados y de preocupación por la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la equidad de género (SPC, 2014: 6), nos encontramos ante “una de las áreas más dinámicas en el desarrollo del Estado de bienestar” (León, 2014: 11), pero resultan precisas nuevas formas de diferenciación e integración con el resto de ramas sectoriales y, especialmente con las otras dos (sanidad y vivienda) que triangulan y soportan en buena medida la vida diaria y relaciones comunitarias (Herrera et alii, 2016) de las personas en su diversidad sexual, generacional, funcional y cultural.

La tercera línea de actuación nace de la alarma por la persistencia de la pobreza económica en nuestras sociedades (Renes, 2013), por mutaciones preocupantes con las que se extiende (como las relacionadas con la precariedad laboral o la fragilidad relacional) o por su insoportable transmisión intergeneracional (Zalakain, 2013: 309). La erradicación de la pobreza y, específicamente, la garantía universal del derecho a unos ingresos suficientes para la subsistencia pasa, seguramente, por la integración (Noguera, 2010: 2-6) entre las diferentes políticas y sistemas de garantía de ingresos y de éstos con las políticas fiscales (llamadas a transformarse en el nuevo contrato, entre otros, por ejemplo, intergeneracional), de forma que, con el apoyo de las tecnologías avanzadas de la información y la comunicación, se pueda avanzar en coherencia y eficiencia en todo lo relacionado con el conjunto de flujos monetarios que se producen entre las Administraciones públicas y el conjunto de la población; tecnologías que, a la vez, permiten incrementar la dignidad y eficacia en la gestión de toda una serie de derechos, incentivos y obligaciones económicas de la población; derechos, incentivos y obligaciones (incluyendo copagos o sanciones) frecuentemente establecidos desde otras políticas sectoriales (como cuando la médica nos da la baja generando un derecho económico).

La cuarta idea compartida se asienta en el movimiento de la innovación social (Moulaert et alii, 2013, 1-6), que, pese a sus ambigüedades y contradicciones, puede ser adoptado como marco y método para el diseño, pilotaje y construcción de nuevas formas de sinergia (en la decisión, diseño, realización y evaluación en las políticas sociales) entre: la participación de las personas, familias y comunidades; las empresas con capacidad de gestión y de obtener retornos; la iniciativa social (que incluye desde pequeñas experiencias de base hasta grandes cooperativas, desde movimientos reivindicativos hasta el tercer sector de acción social); y la capacidad de fomento, provisión y regulación del Estado social “relacional” (Ramió, 2015: 204). En ese contexto se pide al tercer sector: capacidad de abrir agendas (Jaraíz, 2015: 120) para la relación entre las iniciativas innovadoras (brotes) y las más resilientes (juncos), que han evitado convertirse en zombis; recuperación de valores y funciones (Fresno, 2014: 112) que han quedado arrinconadas por una dedicación excesiva en muchas organizaciones a la prestación de servicios estandarizados con dinero público; y, fundamentalmente, una repolitización en función de la cual su capacidad de producción  y gestión de bienes comunes (Subirats y Rendueles, 2016: 63) se convierta en el mejor antídoto para los riesgos de privatización del sector público.

Por último, se trata de apoyarse en los saberes antiguos y en la innovación tecnológica para transformar las políticas sociales realmente existentes (con sus actividades operativas, estructuras de gestión y dinámicas de gobernanza) y sus redes de agentes (Navarro, 2014: 221-225) en sistemas inclusivos de conocimiento, en los que dialoguen creativamente la evidencia científica y la sensibilidad política y que, lejos de funcionar como estabilizadores de modelos sociales en crisis (Streeck, 2015) sirvan como arcas de Noé, para agruparnos en nuestra diversidad y protegernos en nuestra igualdad y para navegar hacia nuevas maneras de vida en común, buena y sostenible.

(Final de la ponencia presentada en el congreso de la Red Española de Política Social, que puede descargarse aquí.)

¿Qué modelo de bienestar?

Modelo 1

En la ilustración de arriba se intenta representar gráficamente el modelo de bienestar que lleva varias décadas de crisis en nuestro entorno (pero “no acaba de morir”). Se parte de grandes áreas de necesidad de las personas: las relacionadas con la interacción (autonomía para el desenvolvimiento cotidiano en relaciones familiares y comunitarias), el conocimiento, la salud, el empleo, el alojamiento y otras (como alimentación o vestido). Y se dibujan cuatro grandes modos mediante los cuales (en cascada, con una lógica de subsidiariedad) los miembros de diferentes estratos sociales van dando respuesta a dichas necesidades:

  1. Los varones sustentadores lo hacen, en general, mediante su participación en el mercado (de trabajo y de bienes y servicios), salvo en el caso de las necesidades de interacción, que resuelven mediante cuidados y apoyos familiares y comunitarios.
  2. Las esposas, hijos, hijas y otros familiares (económicamente) dependientes de los varones sustentadores dan respuesta a todas las necesidades mediante su pertenencia a la familia (y comunidad) de dichos varones sustentadores.
  3. Todas las personas mencionadas hasta el momento cuentan, para ciertas contingencias (como enfermedad, desempleo, jubilación o viudedad) con la cobertura de una Seguridad Social de carácter contributivo.
  4. Los servicios sociales (antes asistencia social) se ocupan de los colectivos vulnerables que quedan excluidos de los anteriores escalones de atención.

Los efectos sociales que se esperan de estos mecanismos de respuesta a las necesidades individuales serían, respectivamente: 1) riqueza económica, 2) refuerzo del patriarcado, 3) protección social, y 4) control social.

En la ilustración de abajo intentamos representar el modelo de bienestar que parece emerger de determinadas líneas de avance a partir del anterior. (pero “no termina de nacer”). En él se configuran sectores de actividad correspondientes a cada una de las áreas de necesidad (servicios sociales, educación, sanidad, servicios de empleo, vivienda y garantía de ingresos) en cuyo seno se construyen pilares verticales de derechos sociales universales garantizados por el Estado, que genera sinergias con los otros tres grandes tipos de agentes (familia y comunidad, iniciativa social y mercado), con articulaciones diferentes en cada sector vertical. En este modelo no hay lógica de subsidiariedad y el abordaje de la complejidad se hace mediante la integración intersectorial de la atención. Los efectos sociales esperados son: autonomía, ciudadanía, cohesión y bienestar.

Modelo 2

Sea como fuere, se trata, en el mejor de los casos, de simplificaciones de la realidad, de “tipos ideales” que se proponen para el análisis y el debate.

(Las representaciones gráficas, con algunas modificaciones, se han preparado para una próxima sesión de trabajo con alumnado de educación social de la Universidad de Deusto.)

La adjetivación de la pobreza (y la exclusión) y el diseño de las políticas (y los servicios)

Puzzle

¿Tiene sentido hablar de pobreza alimentaria o, por poner otro ejemplo, de pobreza energética? ¿O basta con hablar de pobreza (sin adjetivos)? ¿Tiene más utilidad referirse a la pobreza infantil o a la pobreza (sin más)? ¿En qué medida sirve distinguir la exclusión laboral o la relacional? ¿Se trata de fenómenos diferentes o de distintas dimensiones de un mismo fenómeno? Y más preguntas relacionadas con las anteriores: ¿Es más digno dar dinero que repartir alimentos? ¿Es más profesional prestar un servicio que otorgar una prestación económica?

En no pocas ocasiones discutimos sobre estas cuestiones sin advertir hasta qué punto es nuestro diseño de las intervenciones públicas y, específicamente, de las políticas sociales el que construye las realidades que queremos afectar o transformar. Por ello, posiblemente, mezclamos y confundimos con frecuencia tres debates que, sin embargo, conviene distinguir:

  1. El debate sobre en qué medida se debe garantizar como derecho social (bien público) la satisfacción de una determinada necesidad de las personas.
  2. El debate sobre la articulación del papel de la comunidad (incluyendo la propia persona y su familia), el Estado, el mercado y la iniciativa social en el sistema que se estructura para dar respuesta a dicha necesidad.
  3. El debate sobre el grado y tipo de monetización (de utilización del dinero) en las transacciones que permiten, en última instancia, la satisfacción de dicha necesidad.

Posiblemente, tiene sentido, por ejemplo, hablar de pobreza energética si se desea abordar dicho problema en un marco de política de vivienda (integrada con la política energética) en favor de la inclusión residencial de toda la población que aspire a una transformación de la estructura habitacional en un determinado territorio en clave de sostenibilidad económica, social y ambiental. Quizá tenga menos sentido diferenciar la pobreza para pagar la luz o la calefacción de la pobreza en relación con otras necesidades (como la alimentación o el vestido) si todas ellas se abordan desde una prestación económica (más o menos) genérica de garantía de ingresos (como, por ejemplo, una pensión de jubilación).

Otro ejemplo: Parece preferible proteger el derecho humano a la alimentación mediante una garantía pública de ingresos genérica (entre otros factores, por el relativamente fácil acceso a alimentos adecuados cuando hay la demanda solvente) que impulsar el reparto de alimentos por parte de la iniciativa social. Máxime si ésta contribuye (aunque sea involuntariamente) a reforzar las dinámicas de exclusión y despilfarro que se observan en el sector de la distribución alimentaria, en lugar de hacerlo a la autogestión solidaria y al empoderamiento comunitario.

Los tres debates que hemos mencionado admiten respuestas diferentes con combinaciones diversas en función de las distintas necesidades y de la trayectoria institucional que se haya dado en cada lugar; aparte, obviamente, de ser objeto (más el primero que el segundo y más el segundo que el tercero) de legítimas preferencias ideológicas. En cualquier caso, tanto la discusión técnica como la deliberación política se beneficiarán si somos capaces de compartir algunas distinciones claras en los términos de referencia que utilizamos.

Políticas sociales: ¿dinero o servicios?

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Entre las diferentes políticas públicas, convencionalmente, identificamos algunas como políticas sociales en la medida en que consideramos que tienen un especial impacto en el bienestar de las personas y que está especialmente legitimada una intervención estratégica del Estado para garantizar, en última instancia y en alguna medida, el derecho de la ciudadanía a la satisfacción de las correspondientes necesidades. El carácter altamente convencional, discutible y modificable de esta forma de clasificar las políticas públicas es evidente: ¿por qué consideramos que la política sanitaria o la de vivienda son políticas sociales y por qué no lo son las relacionadas con la seguridad o la alimentación?

En realidad, si nos fijamos, no consideramos como sociales aquellas políticas públicas sectoriales más tradicionales en las que el Estado protege y promueve el ejercicio de los derechos humanos de primera generación (como el derecho a la libre circulación o a la participación política). Tampoco solemos considerar sociales las políticas concernientes a sectores de actividad en los que son especialmente fuertes las dinámicas y agentes de la economía de mercado (como la energía o el turismo). Así, tendemos a incluir en el club de las políticas sociales sectoriales aquellas otras en cuya cadena de valor para la prescripción, producción y dispensación de bienes y servicios han ido ganando peso estratégico las estructuras profesionalizadas del sector público y que principalmente serían: sanidad, educación, servicios sociales, empleo y vivienda.

Ahora bien, como quiera que bienes y servicios como los relacionados con la alimentación o la energía (por citar sectores altamente mercantilizados) son de primera necesidad, hablamos de una última (o primera) rama o pilar de la política social, que sería la de la garantía de ingresos para la subsistencia, con pensiones y otras prestaciones económicas, que nos permiten adquirir dichos bienes y servicios. Si bien la decisión sobre en qué medida se garantiza como derecho incondicional la satisfacción de determinada necesidad es altamente política, el diseño que nos lleva a hacerlo a través de servicios públicos o a través de prestaciones económicas (más o menos afectadas a un fin) tiene un carácter más técnico y es objeto de debate científico a partir de la evidencia comparada.

El carácter altamente mercantilizado y monetizado de nuestras sociedades puede inducir a muchas personas y a muchos agentes políticos a preferir el pájaro en mano de las prestaciones económicas (recordemos, por ejemplo, el cheque bebé). Sin embargo, la complejidad social aconseja un diseño más sofisticado de las políticas públicas, en el que, sin desconocer la eficiencia operativa y el valor incentivador de las entregas dinerarias, éstas se den en el marco de (o junto a) intervenciones profesionales de alto valor añadido y dinámicas relacionales constructoras de comunidad.