¿En qué se parece nuestro SAD a un videoclub?

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Puede decirse que nuestro Servicio de Ayuda a Domicilio es conceptualmente subsidiario de la atención residencial, en la medida en que su objetivo es “favorecer la permanencia en el domicilio”. Es decir, nos dice que sirve para evitar o retrasar la institucionalización, pero, en realidad, no nos dice los resultados que espera desencadenar en las personas o el valor que les aporta. Es decir, el SAD, en términos generales, no ha sido conceptualizado como servicio social, como forma de intervención social.

Esta situación de partida se ha visto agravada por una confluencia de los siguientes procesos:

  • Encarecimiento del SAD público sin apenas diversificación ni diferenciación frente a un servicio doméstico notablemente precarizado.
  • Racionamiento y reorientación del SAD a personas con cada vez mayor limitación funcional y desprotección relacional, de estratos económicos más bajos.
  • Burocratización y taylorización del SAD, con reducción de las presencias y su flexibilidad.

Todo ello en el contexto de un Sistema Vasco de Servicios Sociales ralentizado y desorientado, en el que faltan muchos de los apoyos que se requieren para los itinerarios de las personas: porque hay servicios necesarios no identificados, porque hay servicios de la cartera no creados, porque hay importantes listas de espera en los servicios y porque la integración intersectorial con sanidad y vivienda está prácticamente inédita.

Esto nos lleva a un SAD crecientemente ineficaz, ineficiente e insatisfactorio para las trabajadoras y directivas: SAD-commodity (gama baja), SAD de guerra o guerrilla, SAD reactivo-paliativo. Ciertamente un SAD esforzado y meritorio (especialmente en la pandemia) y apreciado por sus usuarias y usuarios. Pero, en todo caso, un SAD minoritario (inescalable), un SAD café para todos (rígido), un SAD videoclub (crecientemente obsoleto).

De hecho, las tendencias que se atisban como necesarias parecen cuestionar la radical distinción actual entre domicilios particulares y servicios residenciales y apuntarían a una gama mucho más compleja en la que se requeriría una mucho mayor diversificación de soluciones habitacionales, con una mucho mayor permeabilidad entre los espacios privados y los espacios comunitarios. Por otra parte, se observa una tendencia a tecnologías de apoyo con menor necesidad de base domiciliaria y más móviles, siendo evidente que, a corto plazo, los robots podrían reemplazar en una buena parte aquello que ahora hacen nuestras auxiliares domiciliarias.

Esta visión del SAD es, sin duda, impresionista y generalizada y no hace justicia a algunas realidades excepcionales. Pretende, no obstante, llamar la atención sobre algunas situaciones y tendencias que hacen conveniente una reacción, evaluación, reflexión e intervención de los poderes públicos. Del mismo modo que el videoclub formaba parte de un ecosistema que se ha visto transformado de manera importante, las tensiones que afectan a nuestro SAD parecen reclamar y anunciar cambios de notable envergadura, ante los que no podemos mirar para otro lado.

Referencias

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Nuestros servicios sociales tras un año de pandemia

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La pandemia de la covid y las medidas tomadas frente a ella están suponiendo una enorme prueba de esfuerzo para muchos de los sistemas o dispositivos de nuestras sociedades y cabe suponer que dichos mecanismos o artefactos sociales se están viendo afectados y lo están haciendo, en buena medida, en función de su naturaleza o estructura previas.

Por ejemplo, los sistemas públicos de salud, posiblemente, están recibiendo todavía un mayor caudal de apoyo en cuanto a su universalidad (porque “no te puedes permitir pagar cuarenta días de UCI de tu bolsillo”) y han hecho realidad, como nunca, el lema “salud en todas las políticas”, en la medida en que ha habido y hay buenas razones para que otros subsistemas o ramas (como el transporte, la hostelería o la cultura, por citar tres) subordinen su actividad a la finalidad del sistema sanitario, al menos temporalmente. A la vez, seguramente, se ha acentuado la dependencia de la sanidad pública respecto de las mercantiles farmacéuticas para lo relacionado con la investigación, desarrollo e innovación en salud (de cuya importancia no podemos dudar).

Por poner otro ejemplo, en los sistemas de telecomunicaciones , posiblemente, se han reforzado aún más el poder de las grandes corporaciones privadas multinacionales, la digitalización de los procesos y el modelo de negocio apoyado en la comercialización de los datos que de forma voluntaria o involuntaria entregamos como usuarias, en la escalabilidad de las actividades productivas y en la integración vertical y horizontal para alcanzar una posición dominante en el sector correspondiente.

Los servicios sociales, por su parte, parecen haber visto acrecentado su funcionamiento e identidad como última red de asistencia o protección sin contenido específico, a la que sólo cabe acudir cuando todos los demás resortes o soportes han fallado. Una red a la que, literalmente, se puede recurrir casi para cualquier cosa (alimentos, dinero para pagar la luz, fármacos, cuidados, alojamiento, relaciones, servicio doméstico, ropa, orientación laboral y así sucesivamente) pero sólo si demuestras que no tienes otra forma de obtenerla. Diríamos que se ha reforzado su condición de servicios residuales para emergencias no cubiertas (a veces emergencias cronificadas, vale decir).

Por eso, quizá, es cada vez más difícil identificar el pretendido valor añadido técnico o contenido prestacional específico y propio de los servicios sociales, en detrimento de unas cada vez más omnipresentes, inadecuadas e ineficientes funciones administrativas o de gestión. Obviamente, en ese océano de gestión residual y en esa mezcla de actividades hay islas en las que cabe identificar cuidados, apoyos e intervenciones de mayor valor añadido que podrían, hipotéticamente, universalizarse, articularse y llenar de contenido un sistema o rama con un cometido diferenciado, pero se diría que esas islas son más pequeñas y están más aisladas que hace un año: ha subido el nivel del mar de la gestión generalista de la emergencia aguda o cronificada, de una emergencia, muchas veces, generada estructural y deliberadamente.

Se debe reconocer el esfuerzo, el sacrificio y, en ocasiones, el heroísmo de tantas trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales, desde las oficinas de proximidad y la atención domiciliaria hasta los diferentes tipos de centros residenciales. Trabajadoras y trabajadores que han hecho realidad la máxima de poner en el centro la vida (directamente, la supervivencia) de las ciudadanas y ciudadanos. Es más, en muchas ocasiones, el personal de los servicios sociales ha sido capaz de, además de garantizar eficazmente la supervivencia de las personas usuarias, atender con cuidado a sus situaciones y necesidades emocionales y relacionales, promoviendo su autonomía y autodeterminación.

En términos generales y estructurales, sin embargo, hemos de reconocer que los servicios sociales, en la comunidad y en las residencias, están más lejos que hace un año de poder ser reconocidos, reclamados o estructurados como esa rama de servicios profesionales, técnicos, asistenciales, personalizados, humanizadores, comunitarios, preventivos y universales que en teoría decimos que deben ser. El asistencialismo (dedicarse a hacer peor que otros lo que otros debieran hacer) ha ganado terreno.

Recordando la fábula de la rana y el escorpión es como si, habiéndose preguntado a nuestros servicios sociales por qué se han comportado de manera asistencialista en la pandemia, éstos respondieran: lo siento, está en mi naturaleza.

¿De verdad es tan “natural” vivir en una residencia?

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Continúa la pandemia y, mes tras mes, siguen corriendo ríos de tinta y horas de radio y televisión sobre las residencias, especialmente sobre aquellas en las que están ingresadas personas de avanzada edad. Análisis, denuncias, recomendaciones o reivindicaciones se suceden por doquier.

Y muchas propuestas para mejorar las residencias. Y muy pocas sobre alternativas a las residencias. ¿Por qué?

Quizá sucede que las personas que escribimos y hablamos sobre el tema, sea en informes técnicos, artículos diversos o declaraciones a los medios, todas ellas, seguramente, habitamos en viviendas con personas con las que hemos elegido vivir. Compramos comida o comemos en diferentes lugares y tenemos diversas organizaciones proveedoras de actividades de ocio u otras.

Es decir, no vivimos en establecimientos colectivos junto a otras personas usuarias del mismo servicio. La organización que dio o da respuesta a nuestra necesidad de alojamiento no es la misma que la que nos proporciona alimento, diversión o cuidados.

Sin embargo, cuando hablamos y escribimos, da la impresión de que consideramos la cosa más natural del mundo que determinadas personas (otras personas), en función de ciertas características (como la edad, la autonomía u otras), sean usuarias de un lote de alojamiento, cuidados, alimentación, ocio y otras prestaciones, todas en las mismas instalaciones y por parte de la misma proveedora.

¿Hemos dedicado cinco minutos a imaginar nuestra vida en esas condiciones? ¿Nos hemos preguntado en qué circunstancias, por cuánto tiempo y bajo qué supuestos aceptaríamos ser ingresadas en un centro que se hiciera cargo de dar satisfacción a todas esas necesidades? ¿Tenemos presente el porcentaje de personas usuarias de residencias que han elegido serlo?

En la medida en que hablamos y escribimos acerca de cómo mejorar las residencias, seguramente, naturalizamos dichos dispositivos, los legitimamos como una solución normal, aceptable, deseable y sostenible. Incluso como la alternativa “natural” para algunos perfiles de personas. ¿Y las otras alternativas?

Quizá, cuando pensamos en cómo mejorar las residencias, dejamos de pensar en lo excepcional que tendría que ser la situación para que estuviera indicado y aceptásemos que el mismo proveedor, en las mismas infraestructuras, nos proporcionase cuidados, alojamiento, alimentación, recreación y más cosas, como parte de un grupo menor o mayor de personas usuarias.

Y mientras seguimos naturalizando las residencias (para otras personas, no para nosotras) acaso dejamos de pensar en políticas de vivienda y urbanismo, en tecnologías, en políticas de servicios sociales, en formas de vida comunitaria, en políticas de garantía de ingresos y en otras políticas y actuaciones y en sus márgenes de mejora para facilitar que las personas (más personas) vivamos (nos cuidemos o seamos cuidadas, nos alojemos, nos alimentemos y nos divirtamos) como queramos, donde queramos y con quien queramos.

Es decir, para ampliar nuestra libertad efectiva de elección (la de todas) para cada una de esas cuestiones en las diferentes situaciones y momentos de nuestra vida.

(La ilustración es de la Asociación Canadiense para la Vida Comunitaria, ahora Inclusion Canada.)

¿Se dedican los servicios sociales a proporcionar cuidados?

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Proporcionar cuidados sería realizar con o por y para otra persona (que no puede hacerlas por y para sí misma) las denominadas Actividades de la Vida Diaria (como comer, asearse, desplazarse, cocinar, limpiar o abastecerse). Incluye la ejecución parcial o total de dichas actividades y puede incluir (total o parcialmente) la decisión sobre ellas y el control de la situación que lleva a dicha decisión. Por ejemplo, cuidar a un bebé (también a otras personas) es alimentarle y decidir en qué momento darle qué alimento, mientras que, por ejemplo, cuidar a una persona con una discapacidad física temporal (también a otras personas) puede ser ayudarle a comer cuando y lo que ella ha decidido comer. (Obviamente, existen otras acepciones del término “cuidado”, como en “cuidados de enfermería” o “cuidados paliativos”: no hablamos de estos).

Por estas y otras peculiaridades de los cuidados, sucede que, en la mayoría de los casos, son proporcionados (y así es preferido y preferible) gratuitamente en el seno de relaciones primarias (familiares o comunitarias) de reciprocidad (diferida o no). En estos casos, lo que toca a las políticas públicas es dar facilidades y apoyos a las personas que eligen cuidar. Sin embargo, obviamente, se necesitan y existen cuidadoras y cuidadores profesionales, que reciben una remuneración por los cuidados que proporcionan, deseablemente con todos los derechos laborales (en la medida en que vayamos consiguiendo desterrar la economía informal o irregular del mundo de los cuidados). Tanto en los cuidados primarios como en los cuidados profesionales, mujeres y hombres deberíamos ser tratadas y sentirnos convocados en pie de igualdad (ahora no es así).

Podemos recibir cuidados profesionales en varias ramas de nuestro Estado de bienestar. Los recibe la criatura de dos años en la escuela o la persona ingresada en un hospital. Sin embargo, ni para el sistema educativo ni para el sistema sanitario constituyen los cuidados su actividad principal. Son, sin duda, los servicios sociales el pilar del Estado de bienestar en el que los cuidados profesionales (y el apoyo al cuidado primario) ocupan una posición de centralidad. (Por descontado que, en los servicios sociales, además de cuidados, encontramos otros apoyos e intervenciones.)

Por eso (aunque tuviera aspectos positivos) fue un error la creación, en su día, del pretendido Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que distorsionó en lugar de reforzar el papel de los servicios sociales y la atención integrada intersectorial en la prevención y abordaje de las situaciones de dependencia funcional para las Actividades de la Vida Diaria. Por lo mismo, como ya han señalado Pedro Celiméndiz o Belén Navarro, sería un error, ahora, la configuración de un “sistema de cuidados” o similar, en lugar de mejorar, fortalecer y desarrollar la capacidad de los servicios sociales (con el concurso y la colaboración de otras ramas del Estado de bienestar, como salud, educación, empleo, vivienda y garantía de ingresos) para dar soporte al cuidado primario (familiar y comunitario) y proporcionar cuidados profesionales. De eso se trata, sin perder más tiempo.

Debates sobre la interacción como bien protegible para los servicios sociales en España

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Se ha propuesto, con mayor o menor acierto, denominar interacción al ajuste dinámico entre, por un lado, la autonomía de la persona para las decisiones y actividades de la vida diaria y, por otro, las relaciones primarias de carácter familiar y comunitario en las que está inmersa dicha persona en su vida cotidiana y que representan apoyo para ella. Al proponer esta acepción específica del término interacción como objeto de la intervención social, o área de necesidad de la que se ocuparían los servicios sociales, no se desconoce el valor de la autonomía funcional diaria por su parte o de la integración relacional cotidiana por la suya, pero se prefigura un enfoque o estrategia qué busca favorecer la complementariedad y sinergia entre ambas.

El perímetro que dibuja esta definición para la oferta de actividades que correspondería a los servicios sociales resulta chocante para muchas personas, especialmente porque excluye las prestaciones económicas o en especie que se proporcionan en muchos servicios sociales realmente existentes para satisfacer necesidades como la alimentación, el vestido o diversos suministros para los hogares También extraña a muchas personas la focalización y especialización qué ese concepto supone en contra de la tan defendida mirada holística y atención integral que debiera considerar esos y otros muchos aspectos de la vida de las personas, relacionados también con el empleo o el alojamiento, por ejemplo.

Además, apostar por esa definición del objeto de los servicios sociales acarrea la obligación de generar y perfeccionar conceptos, indicadores, instrumentos y técnicas que permitan valorar en cada momento el estado de la interacción de cada persona y ofrezcan base para una prescripción facultativa por parte de profesionales que puede llegar a ser reconocida y valorada por la ciudadanía. Lo cual dificulta la tan deseada, por muchas personas, objetivación administrativa las prestaciones de los sistemas públicos de servicios sociales.

Al igual que otros bienes de los que se ocupan diferentes políticas públicas y ramas de actividad, como la salud, la seguridad, el alojamiento o el empleo, la interacción, ciertamente, puede ser disfrutada individualmente y debe ser garantizada como derecho subjetivo. Sin embargo, del mismo modo que esos otros bienes, no cabe desconocer la ineludible dimensión ecológica o estructural y el necesario abordaje poblacional o colectivo de la interacción. Pretender prevenir o abordar afectaciones de la interacción como, por ejemplo, la necesidad de cuidados de larga duración, diversos maltratos y violencias, la soledad no deseada o las limitaciones en el ejercicio de la parentalidad, sin tener en cuenta dicho carácter poblacional o colectivo del bien (que requiere una aproximación ecológica y estructural), supone, sin duda, desconocer el estado del conocimiento sobre la materia.

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Legislar sobre servicios sociales hoy y aquí: algunas claves

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1. Posiblemente sea el momento, de entrada, de hacer leyes de servicios sociales más breves. Nuestras leyes de servicios sociales contienen frecuentemente: listas de derechos y deberes que ya están establecidos por otras normas, regulaciones que pretenden afectar a diferentes ramas de actividad (como, por ejemplo, la sanitaria o la de empleo) que no se suelen dar por aludidas y contenidos que corresponden a tratados científicos o instrumentos técnicos de la intervención social y no a normas jurídicas. Incluso intentan fijar legislativamente cuestiones que procede determinar en los ciclos políticos de la gobernanza y la planificación. Es, por tanto, posible y conveniente aligerar de contenido nuestras leyes de servicios sociales.

2. Seguramente, hoy y aquí, la principal decisión a tomar al legislar sobre servicios sociales será si, coherentemente con la universalidad que se busca para este pretendido pilar del sistema de bienestar, se identifica un objeto o bien protegible que interese a toda la población (y se acota un perímetro correspondiente de necesidades de las que se han de ocupar los servicios sociales) o si, más bien, se regresa a (o se mantiene) una configuración de última red residual para cualquier necesidad no cubierta por otros dispositivos o agentes pro bienestar. No parece sostenible por mucho más tiempo la situación normativa actual en la que, por una parte, se declaran supuestos derechos subjetivos para toda la población y, por otra, se incorporan prestaciones o servicios que corresponden a ramas de actividad en las que, al menos en el plano normativo, existen o pueden existir otros sistemas públicos y titularidades universales (como, singularmente, las de la vivienda y la subsistencia material).

3. Si, como parece deseable, se opta por considerar los servicios sociales como una rama de actividad y por garantizar el derecho de las personas a la respuesta a las necesidades correspondientes, parece claro que dentro de su perímetro habrán de estar los cuidados y apoyos a lo largo de todo el ciclo vital en lo que tiene que ver con la autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria y las relaciones primarias (familiares y comunitarias) que tan importantes son en ese ámbito y proyecto vital y convivencial cotidiano. Lógicamente, la legislación acerca de esta rama de actividad se apoya en la existencia de áreas de conocimiento, actividades profesionales y organizaciones de servicios realmente existentes que llenan de contenido los derechos que se garantizan y las estructuras públicas que se configuran, estructuras que seguramente, hoy y aquí, han de impulsar, precisa y especialmente, la gestión del conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo profesional en los servicios sociales.

4. Por otra parte, la garantía de derechos universales mediante sistemas públicos de prestaciones o servicios es incompatible con la existencia de precios públicos disuasorios y discriminatorios, para esas prestaciones o servicios, como los ahora existentes, que, más bien, en continuidad con la Beneficencia, requieren demostrar carencia de recursos para poder recibir efectivamente el grueso de las prestaciones o los servicios. Lógicamente, esto hace referencia a las prestaciones y servicios propios de la rama, bajo la correspondiente prescripción facultativa, y no necesariamente a aquellos, como, por ejemplo, el alojamiento o la alimentación, que no corresponderían al ámbito de los servicios sociales y cuya financiación pública, en principio, corresponde, en su caso, a otras ramas del sistema de bienestar.

5. La reciente jurisprudencia constitucional invita a una legislación qué empodere con claridad a las comunidades autónomas, a partir de la constatación de que los actuales modelos de intervención social y carteras de servicios sociales son prácticamente inasumibles para la mayor parte de los ayuntamientos, Lo cual, por cierto, no quiere decir que no existan cauces y fórmulas para mantener e incrementar el compromiso de los entes locales con el sistema público de servicios sociales, competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Lógicamente, en el momento en el que se constitucionalice el derecho a los servicios sociales, parecería lógico que, al igual que sucede en la educación y la sanidad, exista una legislación básica de servicios sociales para el conjunto de España.

6. Por último, la reciente transposición de directivas europeas en materia de compra o contratación pública a la legislación española da una buena oportunidad para que los poderes públicos reconozcan y promuevan la intrínseca imbricación de las organizaciones solidarias de base comunitaria en los sistemas públicos de servicios sociales, como fenómeno de naturaleza radicalmente diferente al de la gestión indirecta y la contratación pública. La contratación pública es una decisión de gestión, mientras que el concierto social puede ser visto como el modo asentado y preferible de coproducción pública-comunitaria de los servicios sociales, especialmente coherente con su trayectoria histórica y su bien protegible.

(Consideraciones al hilo de procesos de rediseño o regulación de sistemas públicos de servicios sociales, en curso o recientes, en el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Navarra, Asturias, Andalucía, Catalunya, Murcia, Madrid, Cantabria, La Rioja y el conjunto de España.)

“Cuidarnos en comunidad”: ¿un relato para los servicios sociales?

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Nuestros libros y leyes dicen que los servicios sociales son (o quieren ser) universales, pero ni las personas que trabajamos en ellos ni las que tienen responsabilidades políticas ni la ciudadanía en general sabemos identificar de forma clara y compartida alguna necesidad, problema o aspiración de todas las personas que corresponda abordar a los servicios sociales (sean públicos o de otros agentes). En esas condiciones es muy difícil aunar voluntades para el desarrollo, la mejora o la extensión de esta rama de actividades que, sin embargo, sentimos como necesaria, esencial, imprescindible.

La pandemia y la emergencia que vivimos está sirviendo, posiblemente, para que nos hagamos más conscientes de nuestras necesidades, de lo que echamos de menos cuando se produce una alteración generalizada del funcionamiento social. Así, por ejemplo, tememos que se vea afectada nuestra salud y aprendemos sobre ella y sobre cómo prevenir su deterioro, individual y colectivamente. De igual modo, estamos calibrando y comprendiendo mejor otras necesidades, como las de alimentación, ocio o alojamiento, y la manera de abordarlas.

Si hubiera que elegir una necesidad que se está sintiendo de manera más fuerte y clara en estos tiempos y para la que los servicios sociales tienen respuesta, se trataría, sin duda, de la necesidad de cuidado o cuidados, entendida , básicamente, como aquella que sentimos todas las personas en las etapas, momentos o circunstancias de nuestra vida en las que no tenemos la capacidad de realizar por y para cada una de nosotras (algunas de) las denominadas “actividades de la vida diaria”. Si bien es cierto que, para muchas necesidades de cuidado, los servicios sociales “ni están ni se les espera”, para otras son el cauce más utilizado. Lamentablemente, en todos estos meses, estamos teniendo más notoriedad por nuestros fracasos en la respuesta a estas necesidades que por nuestros éxitos.

Sin embargo, es tal el crecimiento exponencial previsto para el desafío de los cuidados en los próximos años que los servicios sociales no podemos ni debemos dar por perdida la batalla por configurarnos a los ojos de la ciudadanía como el “lugar” al que acudir en los momentos en los que, en la cotidianeidad de nuestras relaciones familiares y convivenciales, percibamos o preveamos (en nosotras mismas o en personas cercanas) una necesidad de cuidado insuficiente o inadecuadamente cubierta.

Por ello, quizá “cuidarnos en comunidad” pueda ser una expresión que nos ayude a construir un relato entendible para el conjunto de la población acerca del cometido de los servicios sociales. “Cuidarnos” porque el autocuidado (en un sentido más o menos estricto) y el cuidado recíproco (en las relaciones familiares y de convivencia) son fundamentales y necesitan ser complementados por cuidados, apoyos, tecnologías e intervenciones profesionales. “En comunidad” para señalar que los servicios sociales (garantizados como derecho por los poderes públicos) buscarán fortalecer la vida en casa y en comunidad y las relaciones familiares y comunitarias (y no sólo las estrictas relaciones de cuidado).

Ahora bien, si los servicios sociales queremos lograr el reconocimiento de la ciudadanía como el sistema público y el sector de actividad que nos puede ayudar a todas las personas a “cuidarnos en comunidad”, parece necesario que evitemos aparecer como servicios orientados a una parte de la población (como, por ejemplo, “las personas que están peor” o “las personas más vulnerables”). También puede resultar contraproducente seguir funcionando o siendo vistos como servicios que atienden a otras necesidades diferentes, como las de alimentos o alojamiento, máxime cuando el dinero para comida o el acceso a la vivienda ya son responsabilidad principal de otros sistemas o sectores dentro del funcionamiento de nuestra sociedad.

Los servicios sociales podrían ser vistos como aquellos que nos ayudan a “cuidarnos en comunidad” y, por tanto, como un medio para evitar, revertir o paliar situaciones de dependencia para las actividades de la vida diaria, de soledad no deseada, de maltrato o violencia en las relaciones familiares y comunitarias o de exclusión de la convivencia en comunidad. Podrán tener también un cierto impacto indirecto significativo en problemas correspondientes a otros sistemas o sectores de actividad (como la pobreza, el sinhogarismo, la delincuencia o las adicciones, por ejemplo), pero sólo, seguramente, si primero son capaces de hacerse fuertes y atractivos, para ayudarnos a todas las personas, de manera positiva y accesible, a “cuidarnos en comunidad”.

¿Qué modelo de futuro para los servicios sociales? El examen de la pandemia

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La pandemia que estamos viviendo va a conllevar, seguramente muy pronto, un exigente examen general (añadido a la prueba de esfuerzo que ya están soportando) para los diferentes ámbitos de la política pública, acentuado por circunstancias como la conformación de nuevos gobiernos, reestructuraciones en equipos gubernamentales, reformas legales, planes estratégicos o la elaboración de los siguientes presupuestos anuales en un escenario de fuerte disminución de la recaudación fiscal. Seguramente, contar con un modelo de futuro, actualizado o renovado, será condición necesaria (aunque no suficiente) para pasar ese examen y estar en condiciones de sostenerse, desarrollarse y servir en los siguientes años. A continuación, se proponen, brevemente, cuatro posibles rasgos de un modelo de futuro para nuestros servicios sociales:

1. Unos servicios sociales dispuestos a ser el sistema de cuidados

Es previsible que, tras las situaciones vividas en las residencias de mayores y en la convivencia familiar intensa o la soledad de los domicilios, la preocupación por los cuidados (entendidos, en sentido estricto, como la complementación de la capacidad de las personas para la realización de actividades de la vida diaria) aumente en la sociedad y entre las personas con responsabilidades políticas. En ese contexto, parece haber movimientos sociales y políticos barajando la creación ex novo de un sistema de cuidados, pretensión parecida a quienes, hace quince años, pensaron en crear (o creyeron que estaban creando) un sistema de dependencia. Sin embargo, a pesar de nuestra limitada cualificación y vertebración, nadie está en mejores condiciones que nuestros sistemas públicos autonómicos de servicios sociales para configurarse como esos deseados sistemas (no sólo, pero también) de cuidados. Tenemos difícil ganar esa posición pero, curiosamente, nadie lo tiene más fácil.

2. Unos servicios sociales configurados como servicios públicos esenciales

La pandemia ha demostrado la necesidad y superioridad de los grandes sistemas de alcance o cobertura universal, funcionalmente especializados (en la atención a la salud, la distribución de alimentos, el aseguramiento de rentas o el acceso a Internet, por poner cuatro ejemplos), para la respuesta a las necesidades de la población. Nadie ha propuesto expropiar las huertas a “nuestras baserritarras” o los barcos a “nuestros arrantzales” para garantizar que todo el mundo tenga acceso a los alimentos. Del mismo modo, la garantía de que “nuestras niñas” o “nuestros mayores” tengan los cuidados y apoyos que necesitan no depende de que las Administraciones sean las propietarias de las organizaciones que brindan servicios sociales domiciliarios, de teleasistencia o de desarrollo comunitario, por poner tres ejemplos. Depende de que nuestros gobiernos autonómicos tengan suficientes resortes efectivos de conocimiento, planificación, regulación, financiación, provisión, gestión, evaluación y control de una oferta clara y suficiente de servicios e intervenciones que conecten con unas determinadas y bien delimitadas demandas y necesidades de toda la población.

3. Unos servicios sociales comprometidos a una rápida digitalización

No parece exagerado decir que ningún sector de actividad importante va a sobrevivir en nuestro entorno si no incorpora intensamente tecnologías digitales en todos sus procesos operativos, de gestión y de gobierno. En la pandemia y la emergencia, específicamente, se están viendo claramente las dificultades para el desarrollo de actividades sin soporte, capa o alternativa digital, así como las sinergias entre las dimensiones física, corporal, comunitaria y territorial de los servicios y su dimensión digital. En el caso de los servicios sociales, especialmente, resulta imposible imaginar una provisión universal de cuidados, apoyos e intervenciones para la autonomía en las decisiones y actividades de la vida diaria en el seno de relaciones familiares y comunitarias de todas las personas (en función de sus necesidades y capacidades) sin el concurso, por ejemplo, de la robótica domiciliaria, la comunicación telemática, la inteligencia artificial distribuida, el procesamiento de grandes cantidades de datos, las redes sociales, las plataformas colaborativas o el Internet de las cosas.

4. Unos servicios sociales de alto valor añadido

Los sectores de futuro, profesional y socialmente atractivos (especialmente, en el ámbito de los grandes sistemas públicos), son aquellos que han sido capaces de incorporar más valor de sus actividades operativas, generando empleo de calidad para muchos hombres y, especialmente, para muchas mujeres. Esa es la historia y la perspectiva del desarrollo de sistemas públicos como, por ejemplo, el sanitario, el educativo o el judicial (dejando atrás el tiempo del barbero-cirujano, aquel en el que se hablaba de pasar más hambre que un maestro de escuela o el de la eficacia civil de decisiones de pretendidos tribunales eclesiásticos). No es incompatible subrayar y fortalecer la capacidad de los servicios sociales para la incorporación a su fuerza de trabajo  (frecuentemente mediante la economía solidaria) de muchas personas de Formación Profesional (en ocasiones, provenientes de otros sectores de actividad, como el turístico o el doméstico) y, a la vez, destacar e impulsar una imprescindible y creciente obtención y aplicación de conocimiento científico y tecnológico en los servicios sociales.

(Reflexiones compartidas en el marco de trabajos en curso en los sistemas públicos de servicios sociales del País Vasco, Murcia, Catalunya, La Rioja, Andalucía, Castilla y Leon, Cantabria, Madrid y Galicia. La fotografía corresponde al capítulo 6 de la serie “El colapso” del colectivo Les Parasites.)

¿Es la hora de estrategias contraintuitivas en los servicios sociales?

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A veces, en ocasiones extraordinarias, pueden funcionar bien decisiones extrañas, aparentemente contraproducentes, que a primera vista parecen ir en sentido opuesto a las que mayoritariamente se plantean. A continuación, se proponen cuatro para nuestra intervención social y servicios sociales a partir de las situaciones pandemia y emergencia que estamos viviendo. Seguramente, resultarán impracticables o inadecuadas en muchos contextos, pero quizá merezca la pena dedicarles unos minutos de reflexión. Primero se enuncian y a continuación se dedica un párrafo a cada una de ellas, con la apertura de siempre al diálogo, a la matización y a la corrección:

  1. Dejar de entregar recursos para la subsistencia.
  2. Cerrar centros.
  3. Suspender relaciones con los servicios sanitarios.
  4. Experimentar y teorizar.

1. Las gentes de la intervención social y los servicios sociales, normalmente vocacionadas y formadas para las relaciones de ayuda y los procesos comunitarios, no obstante, hemos aceptado muchas veces dedicarnos a gestionar y realizar el reparto o racionamiento de dinero y bienes materiales para la supervivencia de las personas. Ahora vuelve a suceder con fuerza. Sin embargo, esto puede resultar cada vez más irracional y frustrante, en tanto en cuanto el desarrollo tecnológico y logístico de otras organizaciones públicas o mercantiles (del ámbito del aseguramiento, las finanzas, la distribución u otros) las coloca en condiciones de realizar esta labor de manera mucho más pertinente y eficiente. Por ello, seguramente, cada día está más justificado, desde el punto de vista ético y estratégico, que nos neguemos a aceptar el encargo de la garantía de subsistencia, máxime cuando el contexto parece determinar que ese trabajo sea cada vez más incompatible con la labor de intervención social.

2. Durante esta pandemia, algunos de nuestros centros se han convertido en lugares especialmente visitados por el sufrimiento y la muerte. A partir de esa experiencia, se habla de la mejora o transformación de algunos de nuestros servicios, pero, quizá, debamos hablar con claridad de servicios que no pueden o deben ser reformados o modificados sino que, simplemente, han de ser cerrados y sustituidos por otros diferentes. Quizá hay dispositivos y formatos que, por su planteamiento, por su  tamaño, por la homogeneidad de sus personas usuarias, por su funcionamiento o por otras razones, deban ser reemplazados por otros y quizás sea conveniente hacerlo visible, hacer comprensible y creíble para la ciudadanía que tenemos la voluntad y la estrategia para un cambio significativo y tangible del estado de las cosas. Parece difícil conseguirlo sin cerrar algunos centros o algunos tipos de centros y explicar y demostrar claramente por qué apoyos y servicios los reemplazamos.

3. En nuestro entorno, los sistemas públicos de salud suelen cuadruplicar en presupuesto a los sistemas públicos de servicios sociales. Fácilmente, hablando de personal con titulación similar, el sueldo en el sistema sanitario puede ser el doble que el que se recibe en los servicios sociales. Aun con todo, no hay por qué cuestionar que el sistema sanitario necesite más recursos pero si cabe pensar que no es sólo o fundamentalmente por cuestión de recursos que hayamos fallado como sistema a la hora de prever por donde venían las amenazas a nuestra salud. Por otro lado, está claro que, pese a que llevamos, al menos, cuarenta años hablando de cómo colaborar entre los servicios sanitarios y los servicios sociales, en la pandemia nos estamos entendiendo muy mal, con graves consecuencias. Quizá sea el momento, como en algunas parejas, de tomarnos un tiempo de separación y reflexión.

4. Por último, parece que en las situaciones de emergencia se trata de hacer, hacer y hacer. Sin embargo, posiblemente, en el mundo de la intervención social y los servicios sociales, esta pandemia nos ha atrapado en medio de una mudanza profunda en cuanto a la comprensión, instrumentación, articulación y realización de la propia intervención social y, en unas circunstancias de estas características, el aumento de los recursos o la inversión en procesos de carácter obsoleto puede resultar contraproducente. Seguramente, no nos queda más remedio que dedicar tiempo, a pesar de la emergencia o precisamente por ella, al estudio y la investigación para el prototipado y creación de nuevos programas y estructuras de intervención social; para la construcción, en el menor tiempo sea posible, de los nuevos servicios sociales que la situación que vivimos demanda.

Sanatorios, manicomios, inclusas y asilos

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En el artículo 33 de la Instrucción General de Sanidad Pública aprobada por el Ministerio de Gobernación mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado del 22 de enero de 1904 se detallan cuatro tipos de establecimientos asistenciales que deberán ser objeto de inspección: sanatorios, manicomios, inclusas y asilos. Es una lista que puede resultar ilustrativa de opciones existentes en la época para la atención (entonces denominada benéfica) a diferentes necesidades o situaciones.

La mera evocación de esas palabras resulta ilustrativa de cómo la historia de los servicios educativos, sanitarios o sociales es, en buena medida, la historia de la superación de modelos de atención integral o total para amplios colectivos homogéneos (en términos de género, edad, capacidad u otras características o circunstancias de las personas) en régimen de internamiento (frecuentemente involuntario e indefinido) en instalaciones especiales en tanto que alejadas o diferenciadas de las fórmulas mayoritarias del habitar comunitario en el territorio.

Los avances y consensos de las ciencias y las tecnologías de la salud, de la educación o, en sentido amplio, sociales y el impulso intelectual, ético y político de muchas personas, organizaciones y movimientos han ido enviando al baúl de los recuerdos muchas de estas y otras denominaciones, formatos y dispositivos. Es posible que el hecho de que las personas ingresadas en residencias de mayores constituyan aproximadamente la mitad de las que han muerto por la pandemia de la covid-19 en nuestro entorno impulse el proceso conducente a la progresiva desaparición, también, de este tipo de centros, todavía tan habituales en nuestro panorama asistencial.

Sin embargo, no podemos desconocer que la prevención y reversión del ingreso o internamiento de personas en establecimientos colectivos ha requerido y va a requerir de decisiones y estrategias potentes, inteligentes y concertadas, especialmente, para construir, validar, visibilizar y escalar alternativas comunitarias atractivas, eficientes y sostenibles. Las tendencias innovadoras en los campos de la intervención social, la tecnología digital, la acción comunitaria, la arquitectura y el urbanismo u otros campos son prometedoras, pero las exigencias derivadas de la crisis de los cuidados y de la soledad no deseada son importantes y crecen rápidamente. Y también son poderosos y numerosos los agentes que apuestan por reforzar y prolongar (para cada persona y para la sociedad) la alternativa asilar.

Habrá que redoblar los esfuerzos, porque nos va mucha vida en ello.