Obviamente, el pacto intergeneracional en nuestra sociedad no está escrito en ningún lugar específico. Sin embargo, podemos identificarlo y describirlo fijándonos, por ejemplo, en las leyes, en las políticas públicas o en los comportamientos de las personas, tanto en el seno de las familias como en el conjunto de la sociedad. Ese contrato social intergeneracional nos dirá qué se espera de cada generación y qué puede esperar cada generación, en cada momento y a lo largo del tiempo. Por definición, el pacto intergeneracional ha de aspirar a perdurar.

Para empezar, en el interior de las familias existe una obligación legal (además de moral) de atención y, específicamente, de cuidado tanto descendente como ascendente, en una suerte de reciprocidad diferida o diacrónica. Ahora bien, no cabe duda de que en este momento se nos plantea con urgencia el desafío de reinterpretar esa obligación superando los sesgos y desequilibrios de género, de clase, de origen y de capacidad con los que se ha ejercido, más onerosos e insostenibles cada día que pasa.

En ese momento, desde las familias, se mira al conjunto de la sociedad y ésta, seguramente, se encuentra ante un riesgo de conflicto intergeneracional que lleve a juegos de suma cero o de suma negativa en la medida en que, tanto en el interior de las familias como en el conjunto de la sociedad, cada generación haga un uso de sus prerrogativas que vaya en detrimento de las otras. Específicamente, hoy y aquí, la generación del baby boom, sin duda, tiene una importante responsabilidad que no sería inteligente ni justo intentar, sin más, endosar a las siguientes.

Desde algunos foros y focos de la política social, la respuesta que se intenta articular es la de un Estado de bienestar más predistributivo: frente a una concepción clásica del sistema de protección social que actúa, básicamente, cuando las familias y los mercados ya han dado todo lo que pueden de sí, un enfoque innovador de la inversión social que pretende regular (e impactar cuanto antes en) la formación y funcionamiento de las capacidades individuales y colectivas.

En ese marco, los servicios sociales constituyen seguramente una pieza clave, fundamentalmente, porque tienen el encargo histórico de hacerse cargo por defecto de aquellos cuidados infantiles o de larga duración que desbordan las capacidades de las familias, seguramente el problema social más emergente en estos momentos. El carácter residual y reactivo de nuestros servicios sociales resulta cada vez más disfuncional y está desencadenando crecientes ineficiencias en las propias familias y en otros sistemas sociales. Por ello, la innovación tecnológica y social y la apuesta política y presupuestaria deben ofrecer pistas convincentes de futuro cuanto antes.

(Sobre este asunto se hablará hoy y mañana en un curso de verano de la Universidad del País Vasco organizado por Aubixa Fundazioa. En la fotografía, tomada de la web Etorkizuna Eraikiz, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Máximo Goikoetxea, ya fallecido, impulsor de Aubixa y del pacto intergeneracional. La presentación-esquema de 3 diapositivas que se utilizará se puede descargar aquí y el texto de referencia, de 10 páginas, se encuentra aquí.)

A la hora de pensar la gestión y la innovación en los servicios sociales (o en otras ramas de las políticas sociales o de las políticas públicas en general), no es lo mismo interpretar la situación ante la que se encuentran, por ejemplo, en términos de crisis de cuidados, de colapso relacional o de insostenibilidad de la vida. Las amenazas y los desafíos son, en parte, diferentes en cada caso y reclaman posiblemente modelos y estrategias distintas.

Podríamos interpretar la crisis de cuidados como un aumento notable de las necesidades no cubiertas (o de la demanda insatisfecha) de cuidados, entendidos como la relación de complementación frente a ciertas limitaciones funcionales de algunas personas para determinadas actividades de la vida diaria. Teniendo en cuenta las necesidades que actualmente están cubiertas de forma insuficiente o inadecuada y el incremento de la demanda debido a las tendencias demográficas y de salud, diversos cálculos hablan de triplicar o cuadruplicar la capacidad de las políticas públicas de cuidados en los próximos treinta años. Recordemos, en todo caso, que, más o menos, en este momento hemos llegado a la mitad de la cobertura prevista hace veinte años cuando se preparaba la llamada Ley de dependencia (sin avance claro en universalización y articulación de los servicios sociales), que, en parte, paradójicamente, ha financiado trabajo doméstico subalterno, precario e informal que hace competencia desleal al cuidado profesional.

Hablaríamos, en cambio, de colapso relacional en la medida en que grupos más o menos amplios de personas se encuentren en una situación en la que, a la hora de reclamar o recibir los productos o servicios de apoyo que necesitan, carezcan de un mínimo de relaciones primarias (familiares o comunitarias) significativas con las que seleccionar y combinar dichos cuidados y apoyos profesionales. Estaríamos hablando de entornos sociales o sectores de población en los que la desproporción y desvinculación entre personas que necesitan cuidados y personas de apoyo o cuidadoras primarias disponibles es tal que hay importantes zonas o parcelas del tejido social con graves afectaciones de su calidad de vida incluso contando con cuidado profesional a disposición. Es lo que, a pequeña escala, relativamente, ha padecido un buen número de las personas usuarias de residencias de mayores en los meses más duros de pandemia y confinamiento. La emergencia de la soledad como problema social sería un síntoma precursor de dicha situación.

Cabe la posibilidad, por último, que, más que sólo ante una crisis de cuidados o una situación de colapso relacional, nos encontremos ante una disrupción de las posibilidades de reproducción de la vida. Viviríamos colapsos en racimo y en cadena, no sólo de carácter relacional sino también (antes o después) ambiental, financiero, demográfico, alimentario, digital, político, sanitario, militar y, en definitiva, sistémico. La economía capitalista globalizada, tal como la conocemos, desencadena efectos extremos y frecuentemente caóticos de contaminación ambiental, desigualdad económica, segregación territorial, precariedad vital, desmoralización social, riesgo financiero o angustia vital y torna radicalmente imposible la misión encomendada a los servicios sociales de hacerse cargo de tantas personas y colectivos centrifugados por el sistema establecido.

Los servicios sociales se configuraron y posicionaron, dentro de un sistema de bienestar redistributivo, como una especie de comodín de la baraja, como un subsistema que podía cubrir a su manera la función de cualquier otro para personas o colectivos que quedaban (o corrían el riesgo de quedar) fuera del funcionamiento social. Hace veinte años visualizaron la atención a uno de esos “colectivos” (el de las personas demandantes de cuidados de larga duración) como una vía para su transformación y universalización. La pandemia parece estar acentuando su fragmentación, burocratización y distanciamiento a la vez que genera islas de polivalencia, flexibilidad y compromiso. Hoy y aquí, según cómo lean la sociedad que viene, deberán adoptar una u otra vía estratégica y modelo de referencia.

(Sobre estas cuestiones, agradeciendo la inspiración de Amaia Pérez Orozco, reflexionaremos por invitación de la Universidad del País Vasco, hoy, miércoles, 26 de mayo, desde las 16 horas hasta las 18 horas en este enlace de acceso libre:

https://eu.bbcollab.com/guest/1fb89752b857492d96141dc2f7a7e805)

A mediados del siglo XX había en España más de 100.000 mineros y en la actualidad hay menos de 2.000. Este dato parece suficientemente expresivo de la pérdida de relevancia de este ámbito de actividad económica. Cambios en su contexto y entorno fueron dinamitando (valga la fácil metáfora) las condiciones de posibilidad (o quizá la necesidad) de esta rama de la producción y de sus profesiones, desde las más operativas (como la de picador) hasta las más técnicas, como la ingeniería de minas. En los procesos de crecimiento y decrecimiento del sector, fue cambiando, por cierto, el reparto de papeles entre agentes y la forma de comprensión y gestión (como bienes comunes, privados o públicos) de los materiales extraíbles por la minería. De hecho, resulta significativa la creación de la empresa pública Hunosa, en 1967, que surge de la nacionalización y fusión de más de veinte empresas preexistentes, precisamente para intentar contribuir a manejar la conflictividad laboral esperada (y ocurrida, ciertamente) en el proceso de desmantelamiento de unos trabajos con fuertes señas de identidad y vinculación al territorio.

Cabe preguntarse si el sector de los servicios sociales en nuestro país pueda ser en los próximos años otro que (dale con las metáforas) entre “en barrena”, como en su día hizo el de la minería. ¿Por qué? Pues porque nuestros servicios sociales tienen como especialidad unos que podríamos llamar “paquetes integrados”, que, básicamente, son dos:

• El pack que une ayudas económicas para la subsistencia material con acompañamiento y control social (dirigido a personas y familias con cierta combinación de pobreza económica y otros riesgos, especialmente si afectan a niñas, niños y adolescentes).
• El paquete que une cuidados personales con alojamiento colectivo (dirigido a personas con cierta combinación de limitaciones funcionales, de apoyo familiar y económicas).

Pues bien, parece que, del mismo modo que ciertas alteraciones en la disponibilidad de recursos minerales, en las tecnologías relacionadas, en el contexto comercial u otros fueron achicando el espacio a la actividad minera tradicional, cabe detectar cambios que pueden ir disminuyendo la viabilidad de estos paquetes característicos de nuestros servicios sociales y de los procesos existentes para su producción y distribución:

• La oferta del primero de los lotes es desbordada brutalmente por la demanda de dinero para la subsistencia material que llega a los servicios sociales debida al desbordamiento, a su vez, de los mecanismos de garantía de rentas de la Seguridad Social (en un contexto estructural fuertemente exclusógeno), demanda económica que, por otra parte, no va asociada en la mayor parte de los casos a una necesidad (o, al menos, a una necesidad sentida) de acompañamiento social.
• La oferta del segundo de los packs es rechazada por la inmensa mayoría de las personas que necesitan o van a necesitar cuidados, personas cuyo número crece en el actual contexto demográfico, del mismo modo que aumenta su expectativa de que los poderes públicos garanticen el ejercicio de su derecho a recibir cuidados (en su entorno comunitario), al menos tanto como garantizan su derecho a la atención sanitaria.

Como cualquier otra industria, los servicios sociales, en ese contexto, pueden tener cierto margen para reinventarse, para rentabilizar y reutilizar sus activos (profesionales, relacionales, técnicos, políticos, materiales y de todo tipo) y para transformar su oferta. Para esto, resulta imprescindible un salto cualitativo en gestión anticipatoria de la información y el conocimiento. Para ello, también, deberán optar mucho más claramente por su propio reparto de papeles entre agentes (personas, familias, comunidad, poderes públicos, profesionales, organizaciones solidarias, agentes del conocimiento, proveedoras mercantiles y otros). Pero nada les asegura que el futuro que les espera no sea el de un conflictivo proceso de destrucción como el vivido en las últimas décadas por parte de la minería en nuestro país.

(La fotografía, de Laia Farré, corresponde a una reciente manifestación de personal de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona y está tomada de social.cat.)

El mecanismo mediante el cual, hoy y aquí, podemos llegar a disfrutar de algún tipo de servicio social es, básicamente, un mecanismo de racionamiento (a veces más de iure y a veces más de facto) sobre la base de la comprobación administrativa de determinados requisitos establecidos normativamente. Una comprobación, casi siempre, entre otras cosas, acerca de la disponibilidad de recursos económicos por parte de la persona que necesita (o aspira a) recibir el servicio (y, usualmente, de otras personas vinculadas a ella).

En la comunidad ciudadana, profesional y política interesada en los servicios sociales parece existir un consenso sobre la deseabilidad de un proceso de universalización efectiva de los servicios sociales, lo cual, fundamentalmente, quiere decir que tener más o menos dinero no afecte a la posibilidad de recibir servicios sociales públicos. De igual modo, la personalización de los servicios sociales (la atención centrada en la persona) es una idea fuerza comúnmente admitida, de manera que se propone que los servicios sociales deben ajustarse lo más posible a las necesidades, deseos, capacidades y situaciones de cada una de las personas que los reciben.

Pues, bien, no cabe duda de que las decisiones políticas en relación con la envergadura de la inversión pública en materia de servicios sociales vienen resultando determinantes para la práctica inexistencia de avances (cuando no para claros retrocesos) en los procesos de personalización y universalización de nuestros servicios sociales. Sin embargo, posiblemente, la falta de consenso en la comunidad de práctica y conocimiento acerca del modelo deseable de servicios sociales constituye otro de los grandes obstáculos para dichos avances.

Y cuando hablamos de modelo, posiblemente, la disyuntiva fundamental que se dibuja en un horizonte (deseable aunque difícil) de superación del actual marasmo en el que nos encontramos es la que se puede plantear entre un sistema público de servicios sociales que pivote sobre la acción proactiva y prescripción facultativa de profesionales con autoridad presentes en el territorio y uno que bascule más bien sobre la libre elección de las personas para configurar el paquete de cuidados, apoyos e intervenciones de las que son objeto.

Nos gusta pensar que es posible conjugar prescripción y autodeterminación pero, posiblemente, como en el chiste de “a setas o a Rolex”, las apuestas presupuestarias, organizativas, técnicas y, en definitiva, estratégicas que conlleva cada uno de esos dos modelos obligan a un debate profundo basado en la experimentación política para poder optar por un camino o por otro. Hay buenos argumentos para cada una de las dos opciones pero, si somos capaces de avanzar, más pronto que tarde, seguramente, vamos a tener que decidirnos, en buena medida, por una de las dos lógicas vertebradoras del sistema público de servicios sociales.

Puede decirse que nuestro Servicio de Ayuda a Domicilio es conceptualmente subsidiario de la atención residencial, en la medida en que su objetivo es “favorecer la permanencia en el domicilio”. Es decir, nos dice que sirve para evitar o retrasar la institucionalización, pero, en realidad, no nos dice los resultados que espera desencadenar en las personas o el valor que les aporta. Es decir, el SAD, en términos generales, no ha sido conceptualizado como servicio social, como forma de intervención social.

Esta situación de partida se ha visto agravada por una confluencia de los siguientes procesos:

• Encarecimiento del SAD público sin apenas diversificación ni diferenciación frente a un servicio doméstico notablemente precarizado.
• Racionamiento y reorientación del SAD a personas con cada vez mayor limitación funcional y desprotección relacional, de estratos económicos más bajos.
• Burocratización y taylorización del SAD, con reducción de las presencias y su flexibilidad.

Todo ello en el contexto de un Sistema Vasco de Servicios Sociales ralentizado y desorientado, en el que faltan muchos de los apoyos que se requieren para los itinerarios de las personas: porque hay servicios necesarios no identificados, porque hay servicios de la cartera no creados, porque hay importantes listas de espera en los servicios y porque la integración intersectorial con sanidad y vivienda está prácticamente inédita.

Esto nos lleva a un SAD crecientemente ineficaz, ineficiente e insatisfactorio para las trabajadoras y directivas: SAD-commodity (gama baja), SAD de guerra o guerrilla, SAD reactivo-paliativo. Ciertamente un SAD esforzado y meritorio (especialmente en la pandemia) y apreciado por sus usuarias y usuarios. Pero, en todo caso, un SAD minoritario (inescalable), un SAD café para todos (rígido), un SAD videoclub (crecientemente obsoleto).

De hecho, las tendencias que se atisban como necesarias parecen cuestionar la radical distinción actual entre domicilios particulares y servicios residenciales y apuntarían a una gama mucho más compleja en la que se requeriría una mucho mayor diversificación de soluciones habitacionales, con una mucho mayor permeabilidad entre los espacios privados y los espacios comunitarios. Por otra parte, se observa una tendencia a tecnologías de apoyo con menor necesidad de base domiciliaria y más móviles, siendo evidente que, a corto plazo, los robots podrían reemplazar en una buena parte aquello que ahora hacen nuestras auxiliares domiciliarias.

Esta visión del SAD es, sin duda, impresionista y generalizada y no hace justicia a algunas realidades excepcionales. Pretende, no obstante, llamar la atención sobre algunas situaciones y tendencias que hacen conveniente una reacción, evaluación, reflexión e intervención de los poderes públicos. Del mismo modo que el videoclub formaba parte de un ecosistema que se ha visto transformado de manera importante, las tensiones que afectan a nuestro SAD parecen reclamar y anunciar cambios de notable envergadura, ante los que no podemos mirar para otro lado.

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La pandemia de la covid y las medidas tomadas frente a ella están suponiendo una enorme prueba de esfuerzo para muchos de los sistemas o dispositivos de nuestras sociedades y cabe suponer que dichos mecanismos o artefactos sociales se están viendo afectados y lo están haciendo, en buena medida, en función de su naturaleza o estructura previas.

Por ejemplo, los sistemas públicos de salud, posiblemente, están recibiendo todavía un mayor caudal de apoyo en cuanto a su universalidad (porque “no te puedes permitir pagar cuarenta días de UCI de tu bolsillo”) y han hecho realidad, como nunca, el lema “salud en todas las políticas”, en la medida en que ha habido y hay buenas razones para que otros subsistemas o ramas (como el transporte, la hostelería o la cultura, por citar tres) subordinen su actividad a la finalidad del sistema sanitario, al menos temporalmente. A la vez, seguramente, se ha acentuado la dependencia de la sanidad pública respecto de las mercantiles farmacéuticas para lo relacionado con la investigación, desarrollo e innovación en salud (de cuya importancia no podemos dudar).

Por poner otro ejemplo, en los sistemas de telecomunicaciones , posiblemente, se han reforzado aún más el poder de las grandes corporaciones privadas multinacionales, la digitalización de los procesos y el modelo de negocio apoyado en la comercialización de los datos que de forma voluntaria o involuntaria entregamos como usuarias, en la escalabilidad de las actividades productivas y en la integración vertical y horizontal para alcanzar una posición dominante en el sector correspondiente.

Los servicios sociales, por su parte, parecen haber visto acrecentado su funcionamiento e identidad como última red de asistencia o protección sin contenido específico, a la que sólo cabe acudir cuando todos los demás resortes o soportes han fallado. Una red a la que, literalmente, se puede recurrir casi para cualquier cosa (alimentos, dinero para pagar la luz, fármacos, cuidados, alojamiento, relaciones, servicio doméstico, ropa, orientación laboral y así sucesivamente) pero sólo si demuestras que no tienes otra forma de obtenerla. Diríamos que se ha reforzado su condición de servicios residuales para emergencias no cubiertas (a veces emergencias cronificadas, vale decir).

Por eso, quizá, es cada vez más difícil identificar el pretendido valor añadido técnico o contenido prestacional específico y propio de los servicios sociales, en detrimento de unas cada vez más omnipresentes, inadecuadas e ineficientes funciones administrativas o de gestión. Obviamente, en ese océano de gestión residual y en esa mezcla de actividades hay islas en las que cabe identificar cuidados, apoyos e intervenciones de mayor valor añadido que podrían, hipotéticamente, universalizarse, articularse y llenar de contenido un sistema o rama con un cometido diferenciado, pero se diría que esas islas son más pequeñas y están más aisladas que hace un año: ha subido el nivel del mar de la gestión generalista de la emergencia aguda o cronificada, de una emergencia, muchas veces, generada estructural y deliberadamente.

Se debe reconocer el esfuerzo, el sacrificio y, en ocasiones, el heroísmo de tantas trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales, desde las oficinas de proximidad y la atención domiciliaria hasta los diferentes tipos de centros residenciales. Trabajadoras y trabajadores que han hecho realidad la máxima de poner en el centro la vida (directamente, la supervivencia) de las ciudadanas y ciudadanos. Es más, en muchas ocasiones, el personal de los servicios sociales ha sido capaz de, además de garantizar eficazmente la supervivencia de las personas usuarias, atender con cuidado a sus situaciones y necesidades emocionales y relacionales, promoviendo su autonomía y autodeterminación.

En términos generales y estructurales, sin embargo, hemos de reconocer que los servicios sociales, en la comunidad y en las residencias, están más lejos que hace un año de poder ser reconocidos, reclamados o estructurados como esa rama de servicios profesionales, técnicos, asistenciales, personalizados, humanizadores, comunitarios, preventivos y universales que en teoría decimos que deben ser. El asistencialismo (dedicarse a hacer peor que otros lo que otros debieran hacer) ha ganado terreno.

Recordando la fábula de la rana y el escorpión es como si, habiéndose preguntado a nuestros servicios sociales por qué se han comportado de manera asistencialista en la pandemia, éstos respondieran: lo siento, está en mi naturaleza.

Continúa la pandemia y, mes tras mes, siguen corriendo ríos de tinta y horas de radio y televisión sobre las residencias, especialmente sobre aquellas en las que están ingresadas personas de avanzada edad. Análisis, denuncias, recomendaciones o reivindicaciones se suceden por doquier.

Y muchas propuestas para mejorar las residencias. Y muy pocas sobre alternativas a las residencias. ¿Por qué?

Quizá sucede que las personas que escribimos y hablamos sobre el tema, sea en informes técnicos, artículos diversos o declaraciones a los medios, todas ellas, seguramente, habitamos en viviendas con personas con las que hemos elegido vivir. Compramos comida o comemos en diferentes lugares y tenemos diversas organizaciones proveedoras de actividades de ocio u otras.

Es decir, no vivimos en establecimientos colectivos junto a otras personas usuarias del mismo servicio. La organización que dio o da respuesta a nuestra necesidad de alojamiento no es la misma que la que nos proporciona alimento, diversión o cuidados.

Sin embargo, cuando hablamos y escribimos, da la impresión de que consideramos la cosa más natural del mundo que determinadas personas (otras personas), en función de ciertas características (como la edad, la autonomía u otras), sean usuarias de un lote de alojamiento, cuidados, alimentación, ocio y otras prestaciones, todas en las mismas instalaciones y por parte de la misma proveedora.

¿Hemos dedicado cinco minutos a imaginar nuestra vida en esas condiciones? ¿Nos hemos preguntado en qué circunstancias, por cuánto tiempo y bajo qué supuestos aceptaríamos ser ingresadas en un centro que se hiciera cargo de dar satisfacción a todas esas necesidades? ¿Tenemos presente el porcentaje de personas usuarias de residencias que han elegido serlo?

En la medida en que hablamos y escribimos acerca de cómo mejorar las residencias, seguramente, naturalizamos dichos dispositivos, los legitimamos como una solución normal, aceptable, deseable y sostenible. Incluso como la alternativa “natural” para algunos perfiles de personas. ¿Y las otras alternativas?

Quizá, cuando pensamos en cómo mejorar las residencias, dejamos de pensar en lo excepcional que tendría que ser la situación para que estuviera indicado y aceptásemos que el mismo proveedor, en las mismas infraestructuras, nos proporcionase cuidados, alojamiento, alimentación, recreación y más cosas, como parte de un grupo menor o mayor de personas usuarias.

Y mientras seguimos naturalizando las residencias (para otras personas, no para nosotras) acaso dejamos de pensar en políticas de vivienda y urbanismo, en tecnologías, en políticas de servicios sociales, en formas de vida comunitaria, en políticas de garantía de ingresos y en otras políticas y actuaciones y en sus márgenes de mejora para facilitar que las personas (más personas) vivamos (nos cuidemos o seamos cuidadas, nos alojemos, nos alimentemos y nos divirtamos) como queramos, donde queramos y con quien queramos.

Es decir, para ampliar nuestra libertad efectiva de elección (la de todas) para cada una de esas cuestiones en las diferentes situaciones y momentos de nuestra vida.

(La ilustración es de la Asociación Canadiense para la Vida Comunitaria, ahora Inclusion Canada.)

Proporcionar cuidados sería realizar con o por y para otra persona (que no puede hacerlas por y para sí misma) las denominadas Actividades de la Vida Diaria (como comer, asearse, desplazarse, cocinar, limpiar o abastecerse). Incluye la ejecución parcial o total de dichas actividades y puede incluir (total o parcialmente) la decisión sobre ellas y el control de la situación que lleva a dicha decisión. Por ejemplo, cuidar a un bebé (también a otras personas) es alimentarle y decidir en qué momento darle qué alimento, mientras que, por ejemplo, cuidar a una persona con una discapacidad física temporal (también a otras personas) puede ser ayudarle a comer cuando y lo que ella ha decidido comer. (Obviamente, existen otras acepciones del término “cuidado”, como en “cuidados de enfermería” o “cuidados paliativos”: no hablamos de estos).

Por estas y otras peculiaridades de los cuidados, sucede que, en la mayoría de los casos, son proporcionados (y así es preferido y preferible) gratuitamente en el seno de relaciones primarias (familiares o comunitarias) de reciprocidad (diferida o no). En estos casos, lo que toca a las políticas públicas es dar facilidades y apoyos a las personas que eligen cuidar. Sin embargo, obviamente, se necesitan y existen cuidadoras y cuidadores profesionales, que reciben una remuneración por los cuidados que proporcionan, deseablemente con todos los derechos laborales (en la medida en que vayamos consiguiendo desterrar la economía informal o irregular del mundo de los cuidados). Tanto en los cuidados primarios como en los cuidados profesionales, mujeres y hombres deberíamos ser tratadas y sentirnos convocados en pie de igualdad (ahora no es así).

Podemos recibir cuidados profesionales en varias ramas de nuestro Estado de bienestar. Los recibe la criatura de dos años en la escuela o la persona ingresada en un hospital. Sin embargo, ni para el sistema educativo ni para el sistema sanitario constituyen los cuidados su actividad principal. Son, sin duda, los servicios sociales el pilar del Estado de bienestar en el que los cuidados profesionales (y el apoyo al cuidado primario) ocupan una posición de centralidad. (Por descontado que, en los servicios sociales, además de cuidados, encontramos otros apoyos e intervenciones.)

Por eso (aunque tuviera aspectos positivos) fue un error la creación, en su día, del pretendido Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que distorsionó en lugar de reforzar el papel de los servicios sociales y la atención integrada intersectorial en la prevención y abordaje de las situaciones de dependencia funcional para las Actividades de la Vida Diaria. Por lo mismo, como ya han señalado Pedro Celiméndiz o Belén Navarro, sería un error, ahora, la configuración de un “sistema de cuidados” o similar, en lugar de mejorar, fortalecer y desarrollar la capacidad de los servicios sociales (con el concurso y la colaboración de otras ramas del Estado de bienestar, como salud, educación, empleo, vivienda y garantía de ingresos) para dar soporte al cuidado primario (familiar y comunitario) y proporcionar cuidados profesionales. De eso se trata, sin perder más tiempo.

Se ha propuesto, con mayor o menor acierto, denominar interacción al ajuste dinámico entre, por un lado, la autonomía de la persona para las decisiones y actividades de la vida diaria y, por otro, las relaciones primarias de carácter familiar y comunitario en las que está inmersa dicha persona en su vida cotidiana y que representan apoyo para ella. Al proponer esta acepción específica del término interacción como objeto de la intervención social, o área de necesidad de la que se ocuparían los servicios sociales, no se desconoce el valor de la autonomía funcional diaria por su parte o de la integración relacional cotidiana por la suya, pero se prefigura un enfoque o estrategia qué busca favorecer la complementariedad y sinergia entre ambas.

El perímetro que dibuja esta definición para la oferta de actividades que correspondería a los servicios sociales resulta chocante para muchas personas, especialmente porque excluye las prestaciones económicas o en especie que se proporcionan en muchos servicios sociales realmente existentes para satisfacer necesidades como la alimentación, el vestido o diversos suministros para los hogares También extraña a muchas personas la focalización y especialización qué ese concepto supone en contra de la tan defendida mirada holística y atención integral que debiera considerar esos y otros muchos aspectos de la vida de las personas, relacionados también con el empleo o el alojamiento, por ejemplo.

Además, apostar por esa definición del objeto de los servicios sociales acarrea la obligación de generar y perfeccionar conceptos, indicadores, instrumentos y técnicas que permitan valorar en cada momento el estado de la interacción de cada persona y ofrezcan base para una prescripción facultativa por parte de profesionales que puede llegar a ser reconocida y valorada por la ciudadanía. Lo cual dificulta la tan deseada, por muchas personas, objetivación administrativa las prestaciones de los sistemas públicos de servicios sociales.

Al igual que otros bienes de los que se ocupan diferentes políticas públicas y ramas de actividad, como la salud, la seguridad, el alojamiento o el empleo, la interacción, ciertamente, puede ser disfrutada individualmente y debe ser garantizada como derecho subjetivo. Sin embargo, del mismo modo que esos otros bienes, no cabe desconocer la ineludible dimensión ecológica o estructural y el necesario abordaje poblacional o colectivo de la interacción. Pretender prevenir o abordar afectaciones de la interacción como, por ejemplo, la necesidad de cuidados de larga duración, diversos maltratos y violencias, la soledad no deseada o las limitaciones en el ejercicio de la parentalidad, sin tener en cuenta dicho carácter poblacional o colectivo del bien (que requiere una aproximación ecológica y estructural), supone, sin duda, desconocer el estado del conocimiento sobre la materia.

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1. Posiblemente sea el momento, de entrada, de hacer leyes de servicios sociales más breves. Nuestras leyes de servicios sociales contienen frecuentemente: listas de derechos y deberes que ya están establecidos por otras normas, regulaciones que pretenden afectar a diferentes ramas de actividad (como, por ejemplo, la sanitaria o la de empleo) que no se suelen dar por aludidas y contenidos que corresponden a tratados científicos o instrumentos técnicos de la intervención social y no a normas jurídicas. Incluso intentan fijar legislativamente cuestiones que procede determinar en los ciclos políticos de la gobernanza y la planificación. Es, por tanto, posible y conveniente aligerar de contenido nuestras leyes de servicios sociales.

2. Seguramente, hoy y aquí, la principal decisión a tomar al legislar sobre servicios sociales será si, coherentemente con la universalidad que se busca para este pretendido pilar del sistema de bienestar, se identifica un objeto o bien protegible que interese a toda la población (y se acota un perímetro correspondiente de necesidades de las que se han de ocupar los servicios sociales) o si, más bien, se regresa a (o se mantiene) una configuración de última red residual para cualquier necesidad no cubierta por otros dispositivos o agentes pro bienestar. No parece sostenible por mucho más tiempo la situación normativa actual en la que, por una parte, se declaran supuestos derechos subjetivos para toda la población y, por otra, se incorporan prestaciones o servicios que corresponden a ramas de actividad en las que, al menos en el plano normativo, existen o pueden existir otros sistemas públicos y titularidades universales (como, singularmente, las de la vivienda y la subsistencia material).

3. Si, como parece deseable, se opta por considerar los servicios sociales como una rama de actividad y por garantizar el derecho de las personas a la respuesta a las necesidades correspondientes, parece claro que dentro de su perímetro habrán de estar los cuidados y apoyos a lo largo de todo el ciclo vital en lo que tiene que ver con la autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria y las relaciones primarias (familiares y comunitarias) que tan importantes son en ese ámbito y proyecto vital y convivencial cotidiano. Lógicamente, la legislación acerca de esta rama de actividad se apoya en la existencia de áreas de conocimiento, actividades profesionales y organizaciones de servicios realmente existentes que llenan de contenido los derechos que se garantizan y las estructuras públicas que se configuran, estructuras que seguramente, hoy y aquí, han de impulsar, precisa y especialmente, la gestión del conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo profesional en los servicios sociales.

4. Por otra parte, la garantía de derechos universales mediante sistemas públicos de prestaciones o servicios es incompatible con la existencia de precios públicos disuasorios y discriminatorios, para esas prestaciones o servicios, como los ahora existentes, que, más bien, en continuidad con la Beneficencia, requieren demostrar carencia de recursos para poder recibir efectivamente el grueso de las prestaciones o los servicios. Lógicamente, esto hace referencia a las prestaciones y servicios propios de la rama, bajo la correspondiente prescripción facultativa, y no necesariamente a aquellos, como, por ejemplo, el alojamiento o la alimentación, que no corresponderían al ámbito de los servicios sociales y cuya financiación pública, en principio, corresponde, en su caso, a otras ramas del sistema de bienestar.

5. La reciente jurisprudencia constitucional invita a una legislación qué empodere con claridad a las comunidades autónomas, a partir de la constatación de que los actuales modelos de intervención social y carteras de servicios sociales son prácticamente inasumibles para la mayor parte de los ayuntamientos, Lo cual, por cierto, no quiere decir que no existan cauces y fórmulas para mantener e incrementar el compromiso de los entes locales con el sistema público de servicios sociales, competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Lógicamente, en el momento en el que se constitucionalice el derecho a los servicios sociales, parecería lógico que, al igual que sucede en la educación y la sanidad, exista una legislación básica de servicios sociales para el conjunto de España.

6. Por último, la reciente transposición de directivas europeas en materia de compra o contratación pública a la legislación española da una buena oportunidad para que los poderes públicos reconozcan y promuevan la intrínseca imbricación de las organizaciones solidarias de base comunitaria en los sistemas públicos de servicios sociales, como fenómeno de naturaleza radicalmente diferente al de la gestión indirecta y la contratación pública. La contratación pública es una decisión de gestión, mientras que el concierto social puede ser visto como el modo asentado y preferible de coproducción pública-comunitaria de los servicios sociales, especialmente coherente con su trayectoria histórica y su bien protegible.

(Consideraciones al hilo de procesos de rediseño o regulación de sistemas públicos de servicios sociales, en curso o recientes, en el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Navarra, Asturias, Andalucía, Catalunya, Murcia, Madrid, Cantabria, La Rioja y el conjunto de España.)