¿Por qué y cómo podrían sobrevivir los servicios sociales?

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Hay buenas razones para pensar que es posible salir de la encrucijada en la que se encuentra esta rama del sistema de bienestar, haciendo realidad unos servicios sociales universales, viables y, sobre todo, valiosos para la población. Dichas buenas razones serían, al menos:

  • La estructura ya existente, la masa crítica de profesionales con cualificación y experiencia, la penetración territorial del sistema.
  • La capacidad que tienen los servicios sociales para la creación y afloración de actividad económica y empleos de diversos tipos.
  • El posicionamiento logrado (o relativamente asequible) en relación con diversas necesidades y demandas de las personas y, especialmente, en relación con los cuidados (y, consiguientemente, con la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y la equidad de género), necesidad y aspiración creciente y presente en muy diversos segmentos poblacionales.
  • La evidencia creciente de disfunciones en otras políticas públicas (como ineficiencias e incluso iatrogenia en el sistema sanitario) por déficits de las personas en lo relacionado con su interacción, estando los servicios sociales bien posicionados para ayudar en ello.
  • La evidencia creciente de las disfunciones sociales emergentes por el debilitamiento de la vida familiar y comunitaria en crecientes zonas urbanizadas del territorio, teniendo los servicios sociales cierto posicionamiento al respecto.
  • La maleabilidad del sistema público de servicios sociales, por estar menos que otros bajo el foco político o social y por contar ya con una articulación bastante mixta (con presencia pública, privada, solidaria y comunitaria).

En cualquier caso, las personas con responsabilidades políticas, organizativas o técnicas en los servicios sociales hemos de ser conscientes de que el futuro no está escrito y hay que ganarlo con inteligencia estratégica, de ahí la necesidad urgente de acertar, y de acertar todas conjuntamente. La propuesta de giro estratégico de los servicios sociales, a la vez, se convierte en una directriz clara para una progresiva reordenación que haga más eficaz y eficiente el conjunto del sistema de bienestar:

  • Incorporando con mayor claridad a los servicios sociales necesidades y respuestas que encajan bien con ellos (como el apoyo en los cuidados en la etapa 0-3, la ayuda a la organización doméstica, el acompañamiento en la planificación de futuros personales o la intervención en el ocio juvenil).
  • Devolviendo a otras ramas del sistema de protección social la responsabilidad sobre asuntos y programas que encajan mejor en ellas (el sinhogarismo a vivienda, la pobreza económica a la política de garantía de ingresos, la exclusión laboral a los servicios de empleo y así sucesivamente). En esta línea van tendencias internacionales como Housing First o la integración de impuestos y prestaciones económicas.
  • Generando la posibilidad de verdaderas y adecuadas sinergias e integración entre los diferentes pilares para los casos complejos, desde el momento en que se avanza en la asunción por parte de todos los pilares de que no hay red residual y en un mejor reconocimiento mutuo del objeto y valor añadido de cada rama sectorial.

Entendemos que la apuesta de los servicios sociales por concentrarse en potenciar y complementar la autodeterminación y autonomía funcional y la vinculación familiar y comunitaria de las personas en su vida diaria puede ser una apuesta ganadora en la medida en que posibilite y visibilice resultados valiosos para la ciudadanía basados en el conocimiento, no alcanzables mediante otros sistemas y claramente complementarios y sinérgicos con los efectos de las otras ramas del sistema de bienestar. No es una batalla ganada ni fácil, pero puede librarse y vencerse.

Y, por ello, es urgente distinguir, diferenciar y separar el corazón de nuestra actividad (la intervención social) de la administración de prestaciones de garantía de ingresos para la subsistencia. Si, después, hay alguna posibilidad de integración, ya se verá, pero ahora lo fundamental es entender y transmitir que cuando tramitamos prestaciones de garantía de ingresos para la subsistencia no estamos haciendo intervención social (y viceversa). De otro modo nuestra actividad y valor añadido seguirá siendo muy difícil de entender e impulsar.

(Contenidos compartidos en el proceso de elaboración del plan estratégico de servicios sociales de Catalunya, al que corresponde la ilustración y sobre el que puede obtenerse información aquí.)

Cuatro hipótesis para la articulación de agentes en los servicios sociales

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Algunas hipótesis que pudieran ayudar a impulsar el debate, la investigación y, en general, la construcción y aplicación de mejor conocimiento acerca de los roles y relaciones de los diferentes tipos de agentes en nuestros servicios sociales:

  1. En la llamada sociedad del conocimiento se refuerza la importancia estratégica de la incardinación en los ámbitos sectoriales (de la economía, la política pública y la gestión del conocimiento; en este caso en el de los servicios sociales), no sólo de las empresas privadas, sino también de las organizaciones públicas y las entidades de iniciativa social (frente a un imaginario de un sector público y un tercer sector más bien transversales y con agentes generalistas).
  2. El aumento de la complejidad social impulsaría arreglos (mix) diversos entre sector público, tercer sector y otros agentes en los diferentes ámbitos sectoriales y un acercamiento menos ideológico y más pragmático a dichas articulaciones, atendiendo tanto a la inercia institucional (path dependency) como a las oportunidades de girar estratégicamente.
  3. La crisis de los cuidados hace más urgente y relevante la preocupación y contribución de los diferentes agentes a la sostenibilidad relacional de la vida en las comunidades y los territorios, en el marco procesos de integración vertical y horizontal y de arquitecturas públicas para la gobernanza participativa, multinivel e intersectorial del bienestar y el desarrollo.
  4. La pujanza de la esfera del mercado en todos los órdenes de la vida, la fragmentación y relativa fragilidad estructural y cognoscitiva de los agentes públicos y solidarios en los servicios sociales y el débil posicionamiento de éstos ante la comunidad harían creíble una evolución centrífuga en la que se dispararían básicamente, por un lado, un sector privado lucrativo para la demanda solvente (fundamentalmente de servicios residenciales para mayores de gama alta, media o baja); por otro, unas oficinas públicas orientadas al control social de poblaciones vulnerables y problemáticas mediante la administración de prestaciones económicas condicionadas; y, por último, un tercer sector precario y asistencialista, posiblemente dualizado entre unas pocas grandes organizaciones singulares y muchas entidades notablemente atomizadas.

Sin embargo, cabe afirmar que, tan cierto como que hay momentos y períodos de deterioro y amenaza o de bloqueo y atasco en los que resulta prácticamente imposible desencadenar cambios estratégicos positivos y justos, es que, en determinadas circunstancias, frecuentemente imprevistas, se abren ventanas de oportunidad para girar o, sencillamente, las amenazas obligan a tomar decisiones de calado, cueste lo que cueste

(Fragmentos de un artículo recién publicado en Cuadernos de Trabajo Social, que puede descargarse completo aquí.)

Intervención social: ¿hacerse cargo u ofrecer apoyos?

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Quienes trabajamos en los servicios sociales, la intervención social o la acción social, desde la Administración pública o la iniciativa solidaria, podemos asemejarnos en ocasiones al mítico Señor Lobo de la película Pulp Fiction, el personaje interpretado por Harvey Keitel que “solucionaba problemas”. Por la formación que hemos recibido, por el marco legal en el que nos movemos, por la cultura de las organizaciones en las que trabajamos o por otras razones, tendemos, muchas veces, por defecto, a intentar hacernos cargo de manera integral, global o total de los problemas de las personas a las que atendemos.

No cabe duda de que puede haber situaciones de emergencia, complejidad o gravedad que justifiquen una asistencia de esa intensidad y alcance por nuestra parte, pero, en términos generales, cabe decir que dicha forma de actuación corresponde a un modelo de atención, a un modelo de bienestar y a un modelo de sociedad ya superados y que ese tipo de abordaje o enfoque de la intervención social no es pertinente, en la mayoría de los casos, ni siquiera entendido como una etapa inicial o punto de partida.

Los progresos de las ciencias humanas y sociales y de las disciplinas, metodologías y tecnologías de la acción social, en un marco ético regido por los derechos humanos, nos ubican, como agentes de intervención social, ante sujetos individuales, titulares de derechos inalienables, que debemos considerar, en principio, capaces de autodeterminarse, elegir y llevar a cabo sus decisiones y, entre ellas, las de formar parte, o no, de unidades de convivencia y, en general, de redes de relaciones primarias familiares, de amistad o reconocimiento en comunidades y territorios.

Por otra parte, gracias al desarrollo del conocimiento y las políticas públicas, todas las personas tienen, en algún grado, la posibilidad de acceder a recursos y apoyos que, lógicamente, se articulan en itinerarios que, en buena medida, transcurren por ámbitos de actividad o ramas especializadas de la política social u otras: la sanidad, la justicia, el transporte, la educación, la recreación, el urbanismo, la garantía de ingresos para la subsistencia material, el empleo, la seguridad física y así sucesivamente. Las limitaciones o retrocesos en el acceso a estos bienes en un determinado momento y lugar no justifican a los servicios sociales para aceptar o asumir el envenenado encargo de proveerlos (no siendo, obviamente, capaces de hacerlo cabalmente) como parte de una pretendida beneficencia resucitada o sucedáneo de ciudadanía.

En ese contexto, la intervención social y los servicios sociales tienen ante sí el desafío de configurarse, básicamente, como un ámbito o una rama más, capaz de identificar y comunicar las necesidades y capacidades de las que se ocupa y los apoyos específicos que ofrece a las personas. Apoyos relacionales y evaluables que aspiran a ser reconocidos, demandados y valorados por la población por sí mismos, no necesariamente como parte de un pack integrado y, desde luego, no como obligación normada o imposición chantajista a cambio de determinados comportamientos o del acceso a otras prestaciones demandadas por las personas. Apoyos cada vez más preventivos, menos disruptivos, más digitalizados, menos burocráticos, más personalizados, menos directivos, más cualificados, menos costosos y más comunitarios.

(A partir de conversaciones en el Ayuntamiento de Platja d’Aro, la Federación Allem, el SIPOSO, el Grupo SSI e Itaka Fundazioa y de cara a encuentros en el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales de Gobierno de España, la Red Española de Política Social, la Fundació Maresme, Dincat y el CES vasco.)

Legislar sobre servicios sociales

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Quien tenga, hoy y aquí, la responsabilidad de legislar sobre servicios sociales ha de comprender que se encuentra, seguramente, ante la tercera política social en envergadura presupuestaria en nuestras comunidades autónomas, después de la sanitaria y la educativa, con la responsabilidad añadida de que no cuenta, como en esos dos casos, con una epecífica legislación básica de ámbito estatal en la que apoyarse.

En segundo lugar, si asume la responsabilidad de normar los servicios sociales como derecho universal subjetivo y exigible, se encuentra, ineludiblemente, ante el reto de identificar el objeto y el perímetro de este derecho social universal, diferenciándolos del objeto y perímetro que tienen otros derechos sociales universales o, en todo caso, otros ámbitos de política pública claramente establecidos, como pueden ser el sanitario, el educativo, el de la garantía de ingresos para la subsistencia material, el de las políticas activas de empleo o el de la vivienda y el urbanismo. No se niega que los sistemas públicos de servicios sociales puedan, al menos por un tiempo o de forma subsidiaria o complementaria, seguir conteniendo prestaciones o servicios propios de esos otros ámbitos, pero parece claro que éstos no pueden formar parte definitoria o constitutiva del perímetro u objeto que es considerado propio de los servicios sociales y garantizado como derecho universal por su legislación.

Cabe decir, en tercer lugar, que no es fácil legislar sobre un ámbito de política pública en transición (o reconversión), como es el de los servicios sociales. En transición porque, por definición, ya no pueden seguir siendo la asistencia social o última red general que eran (puesto que se han declarado como pilar universal del sistema de bienestar), pero, a la vez, porque hemos de reconocer que no hay un conocimiento y consenso suficientes para saber a dónde lleva esa reconversión ni en qué medida está en marcha. Aquí, entonces, aparece el concepto de maniobrabilidad, es decir, de hacer leyes sencillas que den margen de maniobra a los gobiernos y a los ecosistemas de agentes para avanzar, sobre la base del conocimiento y el consenso, hacia ese nuevo modelo inédito de servicios sociales.

En todo caso, y en cuarto lugar, lo que sí parece necesario que garanticen las leyes de servicios sociales es un conjunto de apoyos que claramente pertenecen a este ámbito (con su correspondiente prescripción facultativa por parte de profesionales de la intervención social), un modelo de integración vertical (es decir, de superación de la fragmentación y disfunciones entre niveles institucionales), un planteamiento de la integración horizontal (es decir, de suficiente simetría entre los diferentes pilares del sistema de bienestar, en el territorio y la comunidad), un sistema de gobernanza compleja (es decir, de sinergia entre los diversos agentes que tienen algo que decir en este ámbito), una solución de financiación (que acabe con el efecto disuasorio que el actual copago representa para el ejercicio del derecho que se declara) y, especialmente, una articulación de la gestión del conocimiento, la tecnología y la innovación, piedra angular imprescindible para el éxito de la operación de construcción de este nuevo pilar del sistema de bienestar.

Por último, quien legisla sobre servicios sociales hoy y aquí debe lograr que la representación institucional de los diferentes colectivos poblacionales, profesionales, empresariales o de otra índole interesados en los servicios sociales sea suficientemente flexible y comprenda que, sólo si todos ellos se replantean algunas de sus conquistas o pretensiones, es posible construir los nuevos servicios sociales que necesitamos.

(Sobre estas cuestiones hablaremos hoy en un encuentro del Consejo Económico y Social de Murcia.)

Innovando en los servicios sociales

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Caminamos a hombros de gigantes, de personas que, como Magüi Blanco, encarnan en su trayectoria vital la construcción de nuestro sistema público de servicios sociales desde todos los ángulos imaginables: desde la creación de conocimiento disciplinar y transdisciplinar en la academia hasta las experiencias participativas, comunitarias y emancipatorias; desde el gobierno estratégico de las políticas sociales hasta la innovación en la gestión integrada de la acción pro bienestar en el territorio. Es vital que las nuevas hornadas de profesionales de la intervención social reciban el legado, tan decantado como fresco, de quienes, en el marco de la creación de las instituciones democráticas y de la eclosión de la sociedad civil, vivieron la experiencia creativa de tomar muchas decisiones que, en buena medida, impulsaron y dieron forma a los servicios sociales que ahora conocemos.

Aprendemos desde la práctica. Somos educadoras sociales, trabajadores sociales, psicólogas, técnicos en integración social, auxiliares y muchas otras profesionales cuyo saber es, fundamentalmente, un saber hacer, un saber experto, un saber técnico que, si bien debe hundir sus raíces cada vez más en la evidencia empírica y la investigación científica, se verifica, necesariamente, en el momento relacional de la intervención social. Nos lo muestra, por ejemplo, la cooperativa Gaztaroa, de la federación Sartu, en el trabajo en el marco de los servicios sociales de atención primaria de Bilbao con personas adultas en situación de desprotección que viven en la comunidad. Sobre la base de innovaciones en la normativa de servicios sociales del País Vasco y de nuevas herramientas de diagnóstico y valoración social, están transformando los servicios sociales e incrementando su capacidad preventiva y de actuación en las situaciones de fragilidad.

Recibimos con alborozo a personas emprendedoras que vienen de otros ámbitos y traen aire fresco. Es el caso de Iñigo Kortabitarte, una persona que trabajaba en el despliegue digital de la prensa escrita y que se sensibiliza sobre la situación de las personas que necesitan cuidados y las que los proporcionan y que se extraña de lo tortuosos y costosos que resultan frecuentemente los itinerarios de estas personas. Partiendo de metodologías de codiseño y cocreación multidisciplinar y en clave de emprendimiento social, es capaz de levantar un programa piloto, Okencasa, en el que están involucrados, entre otros, los tres niveles institucionales del País Vasco y que cuenta con el acompañamiento evaluador de la London School of Economics: una plataforma digital de apoyos personalizados a las personas que cuidan.

No dejamos pasar el tren del desarrollo tecnológico y asociaciones como APTES, capaz de hermanar en su interior a representantes de las tecnologías duras (tangibles) y blandas (intangibles), están ayudando a los servicios sociales a migrar de unas prácticas básicamente reactivas e individualizadas a enfoques proactivos, poblacionales y ecológicos. Enfoques en los que, necesariamente, los servicios sociales han de construir confianza, universalidad y equidad en la integración intersectorial con las políticas urbanísticas, con las de salud y con otras muchas, en procesos de diseño social de barrios y localidades amigables, cuidadoras y participativas, con nuevos ecosistemas de agentes mucho más orientados a la colaboración y a la coproducción de valor para la ciudadanía.

Y la gran suerte es que todas estas personas y organizaciones estarán el viernes 14 de junio en Vitoria-Gasteiz en una mañana de conversación abierta y encuentro creativo (con la etiqueta #ServiciosSocialesEHU) organizada por el Posgrado en Gestión e Innovación en Servicios Sociales que codirigen Ainhoa Berasaluze y Arkaitz Fullaondo (más información aquí).

Entender los servicios sociales

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En períodos electorales es esperable que, en los medios de comunicación y las redes digitales, se hable de los servicios sociales más que de costumbre y, frecuentemente, tenemos ocasión  de comprobar cómo, incluso personas con responsabilidades políticas o profesionales en materia de servicios sociales, se refieren a ellos de una manera que contribuye a distorsionar su imagen: Desde quien denomina “servicios sociales” a todos los servicios de bienestar (es decir, incluyendo a los sanitarios, educativos y otros) hasta quien los presenta como servicios para las personas más vulnerables (desconociendo que se trata de servicios universales, para todas las personas). Desde quien, cuando se le pregunta por los servicios sociales (que son servicios, como su mismo nombre indica), responde hablando de ayudas monetarias o materiales hasta quien, desconociendo que la prestación de servicios sociales puede (y debe) suceder en buena medida en los domicilios, el territorio o la capa digital, confunde servicios con centros (es decir, con la parte de los servicios sociales que sucede en sus propias instalaciones físicas).

Desde la comunidad de conocimiento sobre servicios sociales intentamos hacer un esfuerzo para que éstos se entiendan mejor: Como servicios que pretenden anticiparse y ayudar a todas las personas ante el riesgo que todas tenemos de ver deteriorarse el delicado equilibrio entre nuestra autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria o cotidiana y las relaciones primarias de carácter familiar y comunitario en las que nos apoyamos en los diferentes momentos y situaciones de nuestro ciclo y proyecto vital. Como ámbito de actividad que, de la mano de otros (como los de vivienda, salud, garantía de ingresos, educación o empleo), contribuye de manera muy importante a la sostenibilidad, seguridad y calidad de la vida de todas las personas en su entorno vital.

En ocasiones, el exceso de referencias a los casos más graves que atendemos, a las carencias que abordamos (más que a los resultados que obtenemos), a los procesos administrativos o burocráticos que (como toda organización) necesitamos, a las intervenciones de urgencia o emergencia (que todos los sistemas realizan, como el nuestro) o a los problemas que padecemos en este cambio de época y de contrato social que estamos viviendo pueden contribuir a que tengamos un posicionamiento negativo en la mente de la población y a que la ciudadanía nos rehúya y prefiera no pensar en nosotras. Debemos analizar en qué medida y de que forma contribuimos a que no se nos entienda o se nos entienda mal.

Es una de nuestras tareas: entender mejor los servicios sociales para, también, explicarlos mejor, para visibilizar su potencia protectora y su valor añadido para ayudar a todas las personas a llevar vidas más libres, seguras, cálidas, amigables y felices.

¿Colapso en los servicios sociales?

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Con frecuencia escuchamos a personal de los servicios sociales (y de otros servicios públicos) señalar (no por capricho, sino con base en la realidad cotidiana) que dichos servicios están al límite, saturados o colapsados y, normalmente, la principal medida que se propone para superar tal situación no es otra que el incremento de las infraestructuras físicas y recursos humanos para la prestación de dichos servicios. La idea, intuitivamente, parece lógica y acertada: si con la cantidad de centros y personal que tenemos ahora no podemos atender a las personas que lo solicitan, incrementemos la cantidad de recursos y capacidades de atención y podremos hacer frente a dicha demanda.

Sin embargo, este planteamiento se enfrenta a la llamada paradoja de Braess. El matemático alemán Dietrich Braess nos ayudó a entender situaciones en las que, aumentando la capacidad de una red (de carreteras o de servicios) que no está siendo capaz de absorber la demanda, podemos desencadenar una situación de mayor saturación y riesgo de colapso. Ello se produce porque la ampliación de la red emite una señal que es interpretada por diferentes agentes (usuarias, trabajadoras u otras) como una oportunidad para maximizar su beneficio y la acumulación e interacción de esas nuevas conductas individuales (o individualistas) hace que el aumento de capacidad de la red, finalmente, tenga el efecto contrario al deseado.

Profesionales de la red de servicios sociales y, específicamente, de sus servicios con “puerta de entrada” suelen hacer referencia a diferentes fenómenos que están saturando y amenazando con colapsar este sistema público:

  1. Enorme predominio de la atención individual a demanda frente a otras formas de intervención.
  2. Gran cantidad de demanda inadecuada (que tendría que haber acudido a otros servicios) por indefinición o desconocimiento de lo que ofrece y no ofrece la red de servicios sociales.
  3. Incremento de la complejidad asistencial que genera demanda ante el sistema de servicios sociales para la cual este sistema sólo tiene una parte de la respuesta, frecuentemente no la más relevante.
  4. Importante porcentaje de solicitudes de atención a las que se da curso durante un tiempo y para las que, finalmente, el sistema no tiene respuesta.
  5. Gran cantidad de trámites administrativos en los cuales no se añade valor desde el punto de vista de la intervención social (que vienen, en no pocas ocasiones, inducidos por instancias o instituciones que utilizan la red de servicios sociales como filtro burocrático previo a la eventual atención por parte de dichas instancias o instituciones).

Cualquier persona que conozca mínimamente nuestros servicios sociales sabe que esos cinco tipos de fenómenos son el pan nuestro de cada día. Si ello es así, cabe pensar que cualquier estrategia de transformación que se apoye exclusiva o principalmente en el aumento de la capacidad de atención no hará sino incrementar esas disfunciones y, por tanto, multiplicar el riesgo de colapso, como señala la paradoja de Braess: en ese caso el actual malestar y sufrimiento de las ciudadanas que acudimos a los servicios sociales y de sus profesionales se vería, probablemente, agravado.

No parece pertinente una decisión de incremento de recursos y capacidades que no forme parte de una estrategia compartida y potente de: clarificación del objeto de los servicios sociales; de cualificación técnica, innovación tecnológica y aumento del valor añadido de los procesos de intervención social; de reorganización, replanteamiento y digitalización de los procesos administrativos; de gestión proactiva de las necesidades, de la demanda y de la comunicación; de integración vertical y horizontal; y de articulación del ecosistema de agentes en el seno de las comunidades, los territorios y las redes de protección social y actividad económica de las que forman parte los servicios sociales.

Tan urgente como aumentar los recursos para los servicios sociales, es, seguramente, hacerlo en un marco adecuado y compartido para su transformación estratégica.

(La fotografía corresponde a una reciente concentración en las puertas del Ayuntamiento de Bilbao.)

Tres procesos históricos que hacen insostenible a corto plazo nuestro modelo de servicios sociales

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Nuestros servicios sociales (públicos o financiados con fondos públicos, pues apenas hay servicios privados que se consideren a sí mismos como servicios sociales) están posicionados, básicamente, como encargados de referencia para una atención relativamente integral (o, en su defecto, para la entrega de dinero en el caso) de situaciones complejas de exclusión social o de riesgo de exclusión social. Pero hay tres importantes procesos de cambio social en curso que convierten en inviable, a corto plazo, este posicionamiento.

El primero es la ruptura digital del contrato sociolaboral de la sociedad industrial que garantizaba (o, al menos, prometía), a través del empleo remunerado y de la seguridad social contributiva, cierta satisfacción de necesidades de la clase trabajadora. Pensemos que la agenda en política social del gobierno de Zapatero, hace poco más de diez años, se pudo centrar, al menos por un tiempo, en los servicios sociales de prevención y atención a la dependencia funcional o en el cuidado infantil (con el cheque bebé), mientras que ahora se habla más prioritariamente de cuestiones que en aquellos momentos se creyeron relativamente encarriladas como las pensiones o ingresos mínimos o la vivienda. Síntoma, posiblemente, de que la precariedad laboral, residencial o económica es cada vez menos abordable como un fenómeno coyuntural y excepcional del que puede hacerse cargo una pretendida “última red” de protección social general.

En segundo lugar, nos hallamos en una crisis sistémica de la familia heteropatriarcal y extensa imbricada en comunidades homogéneas como red relacional primaria proveedora de cuidados y acompañamiento, lo que se expresa en la fuerte emergencia de problemas sociales como la crisis de los cuidados (especialmente en las etapas iniciales y finales de la vida), el aislamiento relacional y la soldad no deseada, el maltrato y las violencias de género e intergeneracionales o las tensiones en la convivencia intercultural en el territorio (territorio, por otra parte, amenazado ambientalmente). Estos problemas, que eran abordados por los servicios sociales como situaciones propias de colectivos vulnerables o minorías excluidas adquieren ya una magnitud que puede llegar a afectar a nuestra propia configuración, identidad y dignidad como seres humanos interdependientes.

Por último, en tercer lugar, nos encontramos en una sociedad del conocimiento científico y la especialización tecnológica, en la que, cada vez más, las personas, organizaciones o instituciones son exitosas o se tornan obsoletas en función de su capacidad de innovación, entendida como destrucción creativa. En ese contexto, funciones como la asignación de dinero para la subsistencia y el control de las personas que lo reciben son vistas cada vez menos como correspondientes a profesionales y servicios de intervención social. A la vez, la ciudadanía aprende a distinguir para qué necesidades admite o desea una prescripción facultativa y una autoridad pública y para cuáles prefiere, más bien, ejercer su autonomía moral y capacidad de elección. Hoy por hoy, para muchas necesidades a las que pretenden dar respuesta los servicios sociales, gran parte de la población prefiere dinero en función de criterios fácilmente objetivables para pagar, por ejemplo, por servicio doméstico, alojamiento o determinados productos en lugar de servicios sociales bajo prescripción y seguimiento de profesionales de la intervención social.

Si estos tres procesos de cambio tienen la envergadura y el sentido indicados, los servicios sociales no están llamados a un crecimiento de sus actuales estructuras o a pequeñas reformas sino a una verdadera transformación y reinvención, a partir de apuestas estratégicas. Transformación y reinvención que algunos agentes, seguramente, están realizando, impulsando o intentando y  cuya suerte está, posiblemente, en nuestras manos, en las de aquellas personas que entendemos que nuestros servicios sociales son una herramienta llena de futuro.

(Sobre estas cuestiones hablaremos el miércoles 10 de abril de 2019 en Castellón, con el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana, y el jueves, 11, en el Monestir de les Avellanes, en Lleida, con el Consell Comarcal de la Noguera.)

¿Cómo construir un modelo de servicios sociales?

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Tanto en trabajos de elaboración de normas jurídicas o de planificación estratégica como en formación, investigación u otros procesos en materia de servicios sociales, aparece frecuentemente la pregunta sobre “el modelo“ de referencia. Ello sucede, posiblemente, por qué percibimos estar en un momento clave de la evolución de este ámbito de actividad, un momento en el que está en juego su configuración global.

A la hora de definir un modelo de servicios sociales, posiblemente, la primera decisión a tomar es la del objeto, es decir, las necesidades y demandas de las personas a las que deberán responder los servicios sociales o los efectos que habrán de desencadenar. El objeto, finalidad o misión será la que permitirá diferenciar el ámbito de los servicios sociales de otros ámbitos de actividad y permitirá, por tanto, dibujar el perímetro de los servicios sociales e identificar las fronteras de este ámbito con otros, especialmente, con aquellos más cercanos como los de la sanidad, la educación, la vivienda, el empleo, la justicia, el urbanismo, el ocio o la garantía de ingresos para la subsistencia.

A continuación, toca preguntarse qué actividades profesionales y correspondientes disciplinas de conocimiento van a ofrecer las herramientas, instrumentos, metodologías o tecnologías que permitirán ofrecer respuesta a las necesidades identificadas, a partir del correspondiente diagnóstico o evaluación y mediante una legítima prescripción o propuesta de plan de atención. Estaríamos definiendo o construyendo el modelo de intervención.

El siguiente paso, posiblemente, será optar por un determinado reparto y articulación de papeles del sector público, el tercer sector y el sector privado en la prestación, gestión y gobierno de los servicios sociales: la articulación institucional. En este momento, aparece la figura del sistema público de servicios sociales como expresión del rol del sector público y se establecen las fórmulas de sostenimiento de los servicios a través de impuestos, precios, autogestión u otras.

El estado del arte en materia de intervención profesional basada en el conocimiento (modelo de intervención, modelo de atención o modelo técnico) y las expectativas en relación con los efectos del sistema público de servicios sociales nos llevarán al modelo organizativo que, en lo tocante a su relación con el territorio, se podrá estructurar por niveles más descentralizados (primarios, comunitarios o próximos) o más centralizados (secundarios, especializados o abarcadores), pero que, en todo caso, deberá dar respuesta a las necesidades de integración vertical que devienen de los itinerarios previsibles de las personas en relación con el sistema y las correspondientes variables de segmentación de la población.

A su vez, se deberá ofrecer un modelo de integración horizontal o intersectorial con los otros ámbitos de actividad identificados y, específicamente, con sus sistemas públicos. Éste modelo de integración horizontal deberá dar respuesta a los diferentes grados de complejidad que presentarán las diversas personas usuarias o destinatarias en distintos momentos de su ciclo vital.

El modelo técnico y el modelo organizativo deberán permitir un diseño de servicios, entendidos como paquetes reconocibles para las personas de actividades profesionales basadas en el conocimiento (catálogo o cartera). También permitirán identificar un modelo de gestión y un modelo de gobernanza y sus estructuras correspondientes, así como las relaciones que se establecerán entre los diferentes agentes para las distintas funciones previstas.

Todos los aspectos recogidos hasta el momento responderán a una serie de valores o principios que podrán ser explicitados y que podrían ser considerados como el alma del modelo de servicios sociales que estemos planteando. Por otra parte, podría considerarse el sistema o sistemas de información y conocimiento como la inteligencia de los servicios sociales.

(Notas para un curso a realizar esta semana con el Gobierno de Cantabria, para la escuela de primavera en los días siguientes con el Gobierno de las Islas Baleares y para una jornada el sábado con las entidades que trabajan con adicciones en Andalucía.)

Transformación estratégica de los sistemas de servicios sociales

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Los sistemas de servicios sociales, como cualquier sistema, tienen un funcionamiento ordinario e inercial, que, utilizando los recursos disponibles, desencadena una serie de efectos en sus personas destinatarias y entornos. Mediante dicho funcionamiento regular, los sistemas pueden mejorar su funcionamiento o pueden deteriorarse, llegando a colapsarse, fragmentarse o destruirse. Los subsistemas políticos o de gobierno de los sistemas de servicios sociales (no solos) tienen como principal función la reflexión, evaluación, planificación y actuación estratégica para la transformación cualitativa y estructural de los sistemas, de modo que se conjuren esos riesgos y los sistemas puedan configurarse de modo cada vez más idóneo, eficaz, eficiente y pertinente.

Sea como fuere, en los procesos de gobernanza, gestión y actuación estratégica no siempre resulta fácil identificar las relaciones causa-efecto. No siempre resulta fácil escoger unas u otras entre herramientas como las de la regulación normativa, la de la inversión en cobertura o abaratamiento de los servicios existentes, la de la apuesta por la innovación, la de la gestión de recursos humanos, la de la gobernanza multinivel y participativa u otras. Y no siempre resulta evidente en qué subsistema o entorno tendrá consecuencias, en cada momento, la elección y utilización de una u otra de esas herramientas: qué impacto tendrán, por ejemplo, en el posicionamiento ante la ciudadanía, en la satisfacción de las personas usuarias, en la implicación del personal, en el gancho electoral, en el ahorro de costes, en la consecución de recursos, en la mejora de la calidad de la atención y así sucesivamente.

En estos momentos los subsistemas políticos de los sistemas de servicios sociales, posiblemente, deben identificar que la respuesta a los retos que tienen delante los sistemas de servicios sociales depende más bien de los subsistemas de conocimiento y concretamente de las disciplinas científicas (o de base o vocación científica) directamente relacionadas con las profesiones más presentes en los servicios sociales. Disciplinas que, lamentablemente, están muy de espaldas unas a otras, en las que hay un notable divorcio entre la academia y las organizaciones en las que sucede la intervención social y que presentan una dinámica pobre de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en las prácticas de intervención social. El subsistema de gobierno debe, seguramente, utilizar regulaciones, recursos e interlocución para dinamizar el subsistema de conocimiento y, específicamente, la colaboración entre agentes portadores de los diferentes tipos de conocimiento: ético, científico, tecnológico y práctico. Es como el subsistema político que decidió mandar una persona a la Luna, que no tenía el conocimiento y la tecnología disponible para hacerlo y tuvo que impulsar su creación.

En realidad sabemos que, posiblemente, serán los subsistemas profesionales los que empujarán y orientarán a los subsistemas políticos. Para ello han de apoyarse en una buena organización y gestión, en procesos de integración vertical y horizontal digitalizada de los sistemas de servicios sociales y en procesos de diferenciación, visibilización y potenciación de las actividades de mayor valor añadido propio y específico de los servicios sociales, que contribuyan (junto con una buena gestión de la información, las relaciones y el posicionamiento) a que más segmentos (también generacionales) de la ciudadanía aprecien los servicios sociales por su contribución a la promoción y protección de la interacción de todas las personas, es decir, de su autonomía funcional y autodeterminación para la vida diaria en relaciones familiares y comunitarias. Dicho de otra forma: en su intervención y gestión cotidianas, las personas con responsabilidades técnicas y de gestión en las administraciones públicas y el tercer sector de los servicios sociales deben hacer creíble ante el subsistema político que construir los nuevos servicios sociales para la sostenibilidad autónoma y relacional de la vida en el territorio es una misión tan factible, importante y exigente, precisamente, como fue la de mandar una persona a la Luna.

(A partir de trabajos de la semana pasada con el Gobierno de Navarra, Podemos, el Gobierno de Cantabria, el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra, Servicios Sociales Integrados, Dincat, el Seminario de Intervención y Políticas Sociales, la Universidad del País Vasco, el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao y el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de España y de cara a encuentros con el Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de Asturias, el Consell Comarcal de Osona, Colaborabora, Korapilatzen y la Red Española de Política Social en esta semana.)