1. La cuestión del objeto de los servicios sociales, es decir, de su finalidad definitoria, de la parcela de necesidades de las personas a las que dan respuesta, del perímetro de las actividades características de la rama: si se mantiene, bajo la denominación que sea, la prevención y abordaje de la exclusión social o se opta por otro objeto (como podría ser la interacción, entendida como el ajuste dinámico entre la autonomía funcional de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario).

2. El debate sobre si, dentro del ámbito sectorial de los servicios sociales, se opta por la centralidad de un sistema público universal y (básicamente) gratuito, tal como se ha hecho en nuestro entorno en otras ramas de actividad (como salud y educación).

3. La identificación, diseño, desarrollo y acotación del contenido prestacional (cuidados, apoyos, tecnologías e intervenciones) de los servicios sociales y su grado de profesionalización, estandarización e industrialización.

4. Las decisiones estratégicas y procedimentales sobre qué hacer con encargos, cometidos, prestaciones o estructuras que podría ser conveniente dejar de mantener en los servicios sociales (por ejemplo, el fragmento residual de la política de garantía de ingresos para la subsistencia material que sigue bajo la responsabilidad de los servicios sociales).

5. El desafío de la integración vertical de los servicios sociales, es decir, de una mayor unidad de gestión y continuidad de la atención (masa crítica de la oferta) de los servicios sociales, ahora escindida entre dos niveles.

6. La ineludible digitalización de los procesos operativos, de gestión y de gobierno, ahora muy incipiente.

7. El diseño, implementación y evaluación de los procesos y estructuras de integración horizontal intersectorial entre los servicios sociales y otras ramas de actividad, tales como los servicios de salud, educación, vivienda, empleo, garantía de ingresos y otras, con el fin de hacer más eficientes los itinerarios de las personas y los flujos de información entre ámbitos de actividad.

8. El debate acerca de si estructurar las políticas referidas a colectivos poblacionales (por señas de identidad de género, generacional, funcional o cultural) o a la relación entre colectivos poblacionales (intergeneracional, intercultural u otras) como políticas transversales que, en la proximidad territorial, pudieran encontrar su incardinación en la acción comunitaria, entendida como instrumento para la convivencia en diversidad, la coproducción solidaria y la gobernanza participativa.

9. La definición de la naturaleza, finalidades y fórmulas de relación entre el sector público y las organizaciones solidarias de base comunitaria y la posibilidad de sinergias entre el sistema de políticas profesionalizadas e institucionalizadas y el mundo de la ayuda mutua y voluntaria entre personas en la vida diaria y cotidiana en los vecindarios y los barrios, de modo que el ejercicio de la autoridad pública y la intervención técnica no socave sino que fortalezca los apoyos que las personas nos proporcionamos en claves de reciprocidad o solidaridad y en las economías de proximidad y del procomún colaborativo.

10. La posibilidad de ensamblar las políticas sectoriales y transversales en un modelo integrado, ligero, flexible y homogéneo (similar en los diferentes niveles) de gobernanza multinivel intersectorial e interseccional de las políticas sociales, de modo que las instituciones públicas y el conjunto de agentes puedan ofrecer respuestas más ágiles y pertinentes.

(Fragmento adaptado del artículo, descargable aquí, “Los servicios sociales en España: ¿reforzamiento, perfeccionamiento, transformación o reinvención?” recién publicado en la revista, accesible aquí, Documentación Social, a la que corresponde la ilustración. Sobre estas cuestiones hablaremos el martes, 28 de junio de 2022, en el Aula de Servicios Sociales de Cantabria, accesible libremente por zoom en directo, con una presentación que puede descargarse aquí).

(retrato de familia, comunitariamente elaborado, con Gijón al fondo)

En una mesa de una cafetería de Gijón vemos a Dolores, de 99 años, vestida de negro y en su silla de ruedas; su hijo Manuel, 78 años, minero prejubilado hace tres décadas de la empresa pública Hunosa; María, de 55, hija de Manuel y educadora social en una entidad del tercer sector con financiación de la Fundación Municipal de Servicios Sociales; y, por último, Iván, de 26 años, hijo de María, enfermero en el Hospital Universitario Central de Asturias, que apenas despega la mirada de su teléfono móvil. Este grupo familiar imaginario (pero muy real) nos sirve para ilustrar algunos cambios sociales que podrían hacer que el ámbito de los servicios sociales en nuestro país viviera un proceso similar al de la minería en las últimas décadas del pasado siglo y comienzos de éste, proceso que condujo a su práctica desaparición como rama de actividad.

Dolores recuerda cuando era niña, en una aldea cercana. Acarreaba agua, ordeñaba las vacas y realizaba un sinfín de tareas pegadas a la tierra en una comunidad homogénea y prácticamente autosuficiente en la que raramente se desplazaban fuera de su demarcación territorial. Rememora también los conflictos y las rupturas que la hicieron emigrar a la ciudad, las penurias que pasó en su juventud y las complicadas circunstancias que rodearon al nacimiento de Manuel en La Gota de Leche. No olvida cómo la ayudó a encauzar su vida sor Inés, una religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Caridad (que a finales de los cincuenta participaría en la creación de la Escuela de Asistentes Sociales Pío XII y, pocos años más tarde, también, en la de la que llamaron Asociación Asturiana de Protección a Subnormales). Dolores y su hijo pudieron adquirir hace algunos años pisos contiguos y Manuel, que cobra una relativamente elevada pensión de la Seguridad Social, dedica varias horas al día a cuidar a su madre. Cuentan, de todos modos, con Gladys, interna ecuatoriana, contratada al amparo del Sistema Especial para Empleados de Hogar de la Seguridad Social, que no da derecho a cobrar por desempleo.

María está cansada. Piensa que, con su edad, Manuel ya disfrutaba de sus partidas de cartas y paseos por Gijón con sus compañeros pensionistas, mientras ella sigue bregando con jóvenes de vidas desestructuradas y entornos conflictivos, con situaciones cada vez más demandantes, graves y complejas. No sabe si se preocupa más cuando trata a la tercera generación de la misma familia o cuando se encuentra con perfiles diversos que nunca hubiera imaginado llegando a la zona de exclusión social. Jóvenes, en todo caso, a quienes, honestamente, no tiene una hoja de ruta que ofrecer. Afortunadamente su hijo Iván tiene un buen empleo (nada más empezar ya cobra más que su madre con diez trienios) en el mismo hospital en el que él nació (el mismo en el que lo hizo la propia María cuando era Residencia Sanitaria del Instituto Nacional de Previsión) y en el que ha debutado en plena pandemia. Iván está inquieto porque su novio no responde a sus mensajes sobre el coche eléctrico que planean comprar. Iker, su pareja, recién llegado de Londres, está muy ocupado en la gran consultora en la que trabaja, a causa de un proyecto con fondos Next Generation de digitalización de los trámites para las ayudas y prestaciones económicas públicas que podría reducir drásticamente los costes de personal en los servicios sociales, como ya ha sucedido en otros ámbitos.

Mañana María está invitada al arranque de una reflexión estratégica de futuro en los servicios sociales de Gijón. Se pregunta si la desazón que siente tendrá remedio, si serán posibles esos servicios sociales universales, gratuitos, preventivos, personalizados, participativos y comunitarios con los que lleva décadas soñando. Se pregunta si el malestar que percibe en sus colegas y en las personas a las que atienden se reduciría significativamente con más recursos humanos y económicos. O si, más bien, se trata de organizarse de otra manera (especializaciones e integraciones) tanto en los servicios sociales como en el conjunto de las políticas sociales. O si es toda una concepción de la intervención social (quizá paternalista y patriarcal) la que se ha vuelto insostenible y hay que repensar los servicios sociales desde la raíz en el marco de una nueva agenda urbana. Se pregunta en qué medida las disciplinas, las profesiones, las leyes y las organizaciones actuales de los servicios sociales son parte del problema o parte de la solución. Y le preocupa el fuerte giro a la derecha de no pocos electorados en un contexto de guerra e inflación.

Sin embargo, a pesar de su cansancio, confusión y preocupación, María cree que la suerte no está echada, que es mucho y valioso lo que las gentes de los servicios sociales aportan y pueden seguir aportando a la sociedad en Gijón y en todas partes. Que lo que proporcionan y consiguen los servicios sociales (aunque no sepamos explicar muy bien qué es) resulta esencial para cualquier persona y para el conjunto de la sociedad. Que los cambios y convulsiones sociales que la acongojan pueden funcionar como oportunidad y acicate para la transformación e impulso del conjunto de políticas sociales. Quizá, piensa, tenga sentido esa convocatoria para pensar en el propósito…

(continuará)

En nuestra sociedad los servicios sociales tienen el encargo de proporcionarnos cuidados cuando no resulta satisfactorio el encaje entre, por una parte, nuestra capacidad para las decisiones y actividades de la vida diaria y, por otra, la ayuda mutua que nos brindamos entre familiares u otras personas cercanas. Uno de los principales retos sociales y políticos para los próximos quince años en nuestro país sería el de lograr, para esos servicios, las cotas de universalidad y gratuidad que han alcanzado los servicios de salud.

El modelo, factible y asequible, que haría posible lograr ese objetivo tiene, seguramente, seis ingredientes:

1. Profesionalización. Como a tantas otras actividades en la historia, a algunas de cuidados les ha llegado la hora de su intensa y extensa transformación en actividades para las que se requiere una formación reglada y una cualificación formalmente establecida, tanto para la atención directa a las personas que necesitan cuidados como para otras funciones que se requieren en los sistemas de servicios sociales. Las cualificaciones, básicamente, existen, pero se requiere una apuesta de inversión pública que facilite el acceso masivo a ellas de personal actual o potencialmente ejerciente y su correspondiente reconocimiento retributivo. Los servicios sociales de cuidado podrían constituir el yacimiento de empleo con mayor potencial de crecimiento en los próximos quince años en nuestra sociedad.

2. Autodeterminación. El aumento de la cantidad, diversidad, derechos y expectativas de las personas que vamos necesitando cuidados plantea, cada día con más fuerza, la oportunidad y la exigencia de una atención centrada en la persona, es decir, de unos servicios sociales mucho más flexibles y personalizados que promuevan y posibiliten que los valores, el proyecto de vida, las preferencias y las decisiones de las personas (también las anticipadas) determinen los cuidados que vamos a recibir. Autodeterminación es libertad efectiva de elección entre alternativas reales en aspectos clave.

3. Equidad. Significa construir un sistema en el que cada persona reciba los cuidados que necesite cuando los necesite y contribuya solidariamente a lo largo de su vida al sostenimiento de los servicios según sus capacidades (económicas, principalmente). El diseño del sistema deberá incentivar el autocuidado, la prevención, la rehabilitación y la ayuda mutua y habrá de corregir radicalmente la histórica y persistente inequidad de género en la organización social de los cuidados. Un sistema público percibido como confiable y justo legitima la recaudación de impuestos y ayuda a optimizar las decisiones de ahorro e inversión de las personas y familias. El reto de multiplicar por cuatro, en quince años, nuestro actual gasto público en servicios sociales es asumible si atendemos a los efectos y retornos de esa inversión social.

4. Atención en la comunidad. Las personas, cuando necesiten cuidados, deben, según su deseo, seguir formando parte activa de sus redes de relación familiar, convivencial, vecinal y comunitaria y poder optar entre continuar viviendo en su domicilio anterior (con la rehabilitación o adaptaciones pertinentes, en su caso) o cambiar de domicilio, teniendo a su disposición una variedad de alternativas habitacionales (con más o menos y unos u otros espacios y apoyos compartidos con otras personas) a las que los servicios sociales deberán adaptar su oferta de cuidados.

5. Interoperabilidad con el sistema de salud. Desde que nacen hasta que mueren y a lo largo de su vida las personas interactúan con los servicios sanitarios en situaciones que, en ocasiones, generan alteraciones temporales o permanentes en su capacidad funcional y, por lo tanto, necesidad de cuidados más o menos prolongados. El funcionamiento satisfactorio de los servicios de salud y de los servicios sociales requiere de una potente integración intersectorial para que los flujos de personas e información entre ambos sistemas sean eficientes.

6. Innovación tecnológica. Las maneras de cuidar y organizar los cuidados pueden y deben mejorar metodológicamente de forma más rápida y sistemática e incorporar nuevas tecnologías que contribuyan a que las personas podamos recibir unos cuidados cada vez más efectivos, versátiles, afectivos, humanos, seguros y personalizados. El desarrollo tecnológico es estratégico para abaratar costes y es, a la vez, una fuente de riqueza y competitividad para el país.

La realidad demográfica de nuestra sociedad es inexorable y resulta crecientemente insoportable e insostenible la actual organización social de los cuidados, dentro de la cual los servicios sociales públicos (la pandemia lo ha evidenciado más si cabe) presentan una oferta escasa, limitada, tardía, rígida, costosa y desincentivadora de las conductas previsoras y solidarias. En todo caso, la apuesta por el desarrollo y transformación de dichos servicios sociales es más racional que cualquier otra alternativa (como la de que la gente se busque la vida, la de crear un nuevo sistema público de cuidados desde cero, la de encargar los cuidados al sistema de salud u otras).

(Reflexiones, desde Santander, para esta semana en Barcelona, Mataró, Bilbao y Gijón. En la imagen, Anas Sarwar, líder laborista escocés, impulsor de la propuesta de la gratuidad en los servicios sociales de cuidado, social care, y de la creación del National Care Service, de denominación y configuración inspiradas en el mítico NHS, National Health Service, free at the point of use.)

……….

El debate y la clarificación de carácter jurídico que se ha producido en España en los últimos años a raíz de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, parecen arrojar la conclusión de que las comunidades autónomas tendrían la competencia exclusiva para la distribución y articulación de responsabilidades en el seno de sus sistemas públicos de servicios sociales, coherente con la obligación que tienen de dotar a estos sistemas de las capacidades necesarias para los nuevos contextos y planteamientos de este ámbito de actividad. Podríamos, por tanto, poner en cuestión anteriores repartos existentes entre los entes locales y las comunidades autónomas, en virtud, por ejemplo, de la necesidad de continuidad, eficiencia, coherencia e integración de la oferta de servicios sociales.

Las prestaciones o apoyos que ofrece un sistema público de servicios sociales deberán anudarse a una escala geográfica menor o mayor en función de las necesidades y demanda previstas en cada caso y esto determinará la adscripción y alcance territorial de cada uno de los servicios o centros del sistema. Para esta territorialización de los servicios sociales habrá que considerar factores como la densidad y la dispersión de la población y se deberá hacer lo posible por tener en cuenta tanto las demarcaciones territoriales de los entes locales, como la territorialización de otros sistemas o políticas públicas y, singularmente, la del sistema de salud y la de las políticas de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio. Parece razonable que la territorialización de un sistema público de servicios sociales cuente, al menos, con dos niveles inferiores al provincial: el área (mayor) y la zona (menor).

Las instituciones comunes de la comunidad autónoma, depositarias de la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, deberían dotarse de la capacidad de ejercerla de manera completa y sostenida en todo su territorio. Asimismo, deberían obligarse a colaborar con las entidades locales, especialmente en la medida en que éstas pongan infraestructuras físicas y recursos humanos o de otra índole a disposición del sistema público de servicios sociales. Máxime cuando la legislación española sobre administración local considera competencia propia de estos entes la “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, lo que obliga a los entes locales a tomar parte activa en la integración (horizontal) intersectorial de políticas sectoriales o ramas de actividad que, como la de servicios sociales, la de empleo, la de vivienda, la de garantía de subsistencia y otras varias, contribuyen a la inclusión social de todas las personas.

Los entes locales pueden y deben seguir pudiendo solicitar a la comunidad autónoma asumir la responsabilidad principal de la oferta de servicios sociales en su territorio. Cabe proponer que, para poder solicitar el ejercicio de dicha responsabilidad, el ente local correspondiente cubriera, al menos, el territorio de un área de servicios sociales, de modo que, tanto si la responsabilidad sobre los servicios sociales en una determinada área está en manos de la comunidad autónoma como si está en manos de una entidad local, el conjunto (o al menos el grueso) de la oferta de los servicios sociales en esa área sea responsabilidad de la misma institución pública, lo que, a la luz de la experiencia histórica, parece aconsejable.

Por tanto, según esta propuesta, en aras de la integración vertical de la oferta de servicios sociales, los entes locales que quisieran asumir la responsabilidad de dicha oferta debieran tener un tamaño suficiente (al menos el correspondiente a un área) y asumir la responsabilidad del conjunto (o del grueso) de la oferta de servicios sociales (también de la que anteriormente hubiera estado en manos de la comunidad autónoma). De lo contrario, habría de ser la propia comunidad autónoma la responsable del conjunto de la oferta de servicios sociales en esa área. Todo ello, en cualquier caso, sin perjuicio de las competencias de regulación, planificación y gobierno del sistema que siempre retendría la comunidad autónoma y de la deseable colaboración de todas las entidades locales a la que antes se ha hecho referencia (equivalente o similar, al menos, a la que los entes locales tienen aquí y ahora en ámbitos como la educación o la sanidad).

(Extractado y refundido a partir de varias propuestas tentativas para el debate en recientes procesos de consultoría.)

Se viene proponiendo la interacción (definida como el ajuste entre la autonomía de la persona para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario) como el objeto para los servicios sociales. Y, al concebir los sistemas públicos de servicios sociales como universales, se entiende que deben aspirar a prevenir o abordar cualquier tipo o grado de afectación de la interacción de cualquier persona.

Cuando nos aproximamos para conocer ese objeto advertimos que existen algunas situaciones de las personas, contempladas habitualmente en leyes y políticas de carácter transversal (es decir, que afectan a varias ramas de actividad y no sólo a los servicios sociales), que, en principio, salvo excepciones, deberían llamar la atención o desencadenar la actuación (entre otros) de los servicios sociales. Se trataría, principalmente, de las siguientes:

• Situaciones de dependencia funcional y, en general, de discapacidad, en la medida en que las limitaciones funcionales constituyen, normalmente, una afectación de la situación de interacción de las personas en su vertiente de autonomía o capacidad para las decisiones y actividades de la vida diaria y, a su vez, eventualmente, una mayor carga de cuidado o apoyo por parte de personas que mantienen relaciones primarias con ellas.
• Situaciones de desamparo en la infancia y la adolescencia, en la medida en que, dado que se asume que las niñas, niños y adolescentes no disponen todavía de suficiente autonomía funcional para el desenvolvimiento cotidiano y la toma de decisiones sobre su proyecto de vida, se espera la complementación natural por parte de sus progenitoras y, en su caso, otros miembros de la red familiar o comunitaria, complementación que no siempre se produce adecuadamente (pudiendo llegarse al desamparo).
• Situaciones de violencia de género, en la medida en que ésta constituye una perversión radical de relaciones de pareja u otras familiares y comunitarias, que, en lugar de representar fuentes de cuidado y apoyo primario, se convierten en amenaza o causa de daño.
• Situaciones de exclusión, entendiendo por exclusión la falta de acceso de la persona a bienes materiales o inmateriales de primera necesidad por razones administrativas, laborales, económicas, habitacionales u otras y que dicha exclusión puede tener una dimensión relacional que representa una afectación en la situación de interacción.

Ahora bien, el hecho de que, en virtud de las políticas y la normativa referida a estas y otras situaciones análogas, se categorice a determinadas personas ni habilita ni obliga a los servicios sociales a utilizar dichas categorías para segmentar a la población que atienden, no siendo en ningún caso aceptable ningún tipo de discriminación en las oportunidades, el trato o los resultados de las personas en función de dichas categorías, asociadas, como vemos, a sus diferencias de sexo, edad, capacidad, origen u otras similares, sea en el sentido que sea.

Las políticas transversales de igualdad y atención a la diversidad, que buscan la incorporación de todas las personas a la corriente general de ejercicio de derechos y de utilización de servicios universales, pueden aconsejar, en su caso, la generación de estructuras especializadas en tipos de diversidad o en categorías de personas en los sistemas de servicios sociales (como en otros). En aras de principios como la intergeneracionalidad, la interculturalidad y, en general, la interseccionalidad, dichas estructuras especializadas debieran ser, preferentemente, estructuras de gestión y gobierno y sólo excepcional, justificada y temporalmente estructuras de atención específicas para una u otra de dichas categorías de personas.

Los sistemas públicos de servicios sociales deberán contribuir, junto con otras políticas públicas, a adelantarse a la aparición de situaciones de vulnerabilidad, riesgo o fragilidad que, a su vez, puedan transformarse en las situaciones citadas arriba. Con más motivo será necesario el concurso de diversas ramas de actividad (como salud, educación, empleo u otras) si la persona ya se encuentra en alguna de esas situaciones (como las mencionadas de discapacidad, desamparo, violencia de género o exclusión).

En todo caso, cuando los servicios sociales se hubieran hecho cargo de dichas situaciones de determinadas personas o conjuntos de personas, del modo que sea (incluso de manera integral), el replanteamiento de la atención en busca del compromiso de otras ramas de actividad (como garantía de ingresos, vivienda u otras) no deberá desencadenar, en ningún caso, un deterioro o disminución del disfrute de apoyos y ejercicio de derechos por parte de ninguna persona.

(Adaptado del artículo 9 del borrador de Ley de servicios sociales preparado para el Gobierno de Cantabria.)

Intencionadamente, la pregunta que da título a esta entrada se imagina formulada por personas que, en este momento, no sienten la necesidad de recibir cuidados con continuidad por parte de otras, que tienen algún grado de preocupación por las respuestas o soluciones que tendrán a su disposición en nuestro entorno en el caso de llegar a la percepción de dicha necesidad y que dudan si los servicios sociales podrían ser el lugar social de referencia al que dirigirse en esa eventualidad.

Quizá lo primero que haya que decir a esas personas es que, si esa situación de percepción de necesidad de cuidados continuados les sobreviene a corto plazo, lo más probable es que no puedan llegar a recibir apoyos significativos por parte de los servicios sociales. Sólo una minoría de esas personas llegaría a contar con los servicios sociales como respuesta significativa a su necesidad de cuidados y seguramente de forma que sería valorada como tardía, limitada, insatisfactoria y costosa por la mayoría de ellas.

Si se extrañan, habrá que explicarles que nuestros servicios sociales públicos (y en este ámbito la oferta mercantil tampoco está muy desplegada) están configurados para proporcionar cuidados (y otros muy diversos apoyos, prestaciones o intervenciones), en el mejor de los casos, si y sólo si a la persona no le queda otro remedio. Es decir, no están pensados como primera alternativa u opción de referencia sino como último recurso. Han de entender, por tanto, que nuestros servicios sociales no se han desarrollado como una respuesta normal a la necesidad de cuidados de larga duración sino como un mecanismo para que las personas que necesiten dichos cuidados (y otras) no lleguen a situaciones de grave exclusión social.

A partir de ahí cabe preguntarse si los servicios sociales podrían desarrollarse en los próximos años para llegar a ser ese ámbito de referencia más o menos general para la necesidad de cuidados de larga duración en nuestro país. Ante esta pregunta, cabría responder que no es imposible pero que parece poco probable. Si analizamos y comparamos las curvas de crecimiento de los servicios sociales de responsabilidad pública y de aumento de las necesidades de cuidados de larga duración, la impresión es que, a duras penas, nuestros sistemas públicos de servicios sociales consiguen mantenerse en esa función residual que hemos mencionado, sin avances consolidados ni señales creíbles en otro sentido.

Es muy defendible que una parte de quienes trabajamos en los servicios sociales intentemos transformarlos en un dispositivo más o menos universal de respuesta pública, entre otras, a la necesidad de cuidados de larga duración pero, desde la honestidad intelectual, debemos expresar con claridad a las personas que no los conocen y que, antes o después, pueden tocar a nuestra puerta con esa demanda que estamos muy lejos de serlo y que no estamos caminando, precisamente, hacia ese, seguramente deseable, horizonte.

Posiblemente las mejores prácticas profesionales en los peores momentos de la pandemia que estamos viviendo se han producido cuando el personal de los servicios sociales se ha conectado con la emoción de sentirse parte de una comunidad atacada por el virus y con su misión de ofrecer cuidados y apoyos personalizados y relacionales, flexibilizando o re(in)ventando las estructuras y procedimientos establecidos y articulando la diversidad de recursos y capacidades disponibles.

La pandemia, seguramente, ha puesto de manifiesto, a veces de forma dramática, las nocivas consecuencias del error de aquellos servicios sociales en los que la relación de ayuda había sido reemplazada por un intento o remedo de ayudas sin relación. Quienes, abandonando su profesionalidad, se habían convertido en dispensadores burocratizados de dinero, vales, certificados o derivaciones o quienes pretendían abordar las limitaciones de autonomía y relaciones mediante la institucionalización de las personas se vieron ante el espejo de su ineficiencia, de su yatrogenia y, en definitiva, de su inviabilidad para el futuro de nuestros servicios sociales.

La pandemia, quizá, ha contribuido a desbaratar las fantasías de omnipotencia de quienes pretendían unos servicios sociales capaces de responder a cualquier necesidad de las personas (desde la comida a la ocupación, desde el alojamiento al cuidado), así como las fantasías de control de quienes querían, en el siglo XXI, seguir funcionando, en el fondo, con la lógica y la metodología del padrón de beneficencia o de la institución total.

Sin embargo, en muchos lugres, los servicios sociales, como otros servicios de bienestar de proximidad, se han revelado, una vez más, como activos comunitarios, es decir, como infraestructuras, soportes, instrumentos o dispositivos fundamentales para comunidades resilientes de personas interdependientes, muchas de las cuales, en diferentes momentos, requerimos cuidados, apoyos e intervenciones profesionales que complementen y potencien nuestra autonomía para las actividades y decisiones de la vida diaria y nuestras relaciones primarias de carácter familiar y comunitario, donde reside la aportación nuclear de valor de los servicios sociales.

En unos servicios sociales concebidos y posicionados de esta manera, obviamente, además de las prestaciones o intervenciones relacionales y técnicas propias, se podrán proporcionar, complementariamente, ingresos económicos para las necesidades de subsistencia material, soluciones de alojamiento u otras. Del mismo modo que en otras ramas de servicios, como la justicia, la sanidad o la vivienda, puede haber profesionales de la intervención social que complementan la labor de las y los profesionales característicos de cada uno de esos ámbitos.

La intervención profesional de los servicios sociales en clave de personalización y comunidad debe fortalecer las capacidades y los lazos de las personas, haciendo más improbable que éstas sean etiquetadas, desempoderadas y alejadas de sus entornos elegidos. Y necesita, hoy más que nunca, de una apuesta política y presupuestaria por la ciudadanía de todas las personas en todas sus diversidades y por comunidades densas y colaborativas de nuevo cuño que permitan superar los excesos y disfunciones de las dinámicas de individualización. Siempre construyendo (y apoyándose en) el conocimiento, la tecnología y la innovación.

(Ideas compartidas en diferentes sesiones realizadas la semana pasada con personal de los servicios sociales en la comarca de La Garrotxa, en la que está el volcán de Santa Margarita, que aparece en la foto. Con un especial agradecimiento a Elena Masanas por su acogida y contraste del texto.)

Obviamente, el pacto intergeneracional en nuestra sociedad no está escrito en ningún lugar específico. Sin embargo, podemos identificarlo y describirlo fijándonos, por ejemplo, en las leyes, en las políticas públicas o en los comportamientos de las personas, tanto en el seno de las familias como en el conjunto de la sociedad. Ese contrato social intergeneracional nos dirá qué se espera de cada generación y qué puede esperar cada generación, en cada momento y a lo largo del tiempo. Por definición, el pacto intergeneracional ha de aspirar a perdurar.

Para empezar, en el interior de las familias existe una obligación legal (además de moral) de atención y, específicamente, de cuidado tanto descendente como ascendente, en una suerte de reciprocidad diferida o diacrónica. Ahora bien, no cabe duda de que en este momento se nos plantea con urgencia el desafío de reinterpretar esa obligación superando los sesgos y desequilibrios de género, de clase, de origen y de capacidad con los que se ha ejercido, más onerosos e insostenibles cada día que pasa.

En ese momento, desde las familias, se mira al conjunto de la sociedad y ésta, seguramente, se encuentra ante un riesgo de conflicto intergeneracional que lleve a juegos de suma cero o de suma negativa en la medida en que, tanto en el interior de las familias como en el conjunto de la sociedad, cada generación haga un uso de sus prerrogativas que vaya en detrimento de las otras. Específicamente, hoy y aquí, la generación del baby boom, sin duda, tiene una importante responsabilidad que no sería inteligente ni justo intentar, sin más, endosar a las siguientes.

Desde algunos foros y focos de la política social, la respuesta que se intenta articular es la de un Estado de bienestar más predistributivo: frente a una concepción clásica del sistema de protección social que actúa, básicamente, cuando las familias y los mercados ya han dado todo lo que pueden de sí, un enfoque innovador de la inversión social que pretende regular (e impactar cuanto antes en) la formación y funcionamiento de las capacidades individuales y colectivas.

En ese marco, los servicios sociales constituyen seguramente una pieza clave, fundamentalmente, porque tienen el encargo histórico de hacerse cargo por defecto de aquellos cuidados infantiles o de larga duración que desbordan las capacidades de las familias, seguramente el problema social más emergente en estos momentos. El carácter residual y reactivo de nuestros servicios sociales resulta cada vez más disfuncional y está desencadenando crecientes ineficiencias en las propias familias y en otros sistemas sociales. Por ello, la innovación tecnológica y social y la apuesta política y presupuestaria deben ofrecer pistas convincentes de futuro cuanto antes.

(Sobre este asunto se hablará hoy y mañana en un curso de verano de la Universidad del País Vasco organizado por Aubixa Fundazioa. En la fotografía, tomada de la web Etorkizuna Eraikiz, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Máximo Goikoetxea, ya fallecido, impulsor de Aubixa y del pacto intergeneracional. La presentación-esquema de 3 diapositivas que se utilizará se puede descargar aquí y el texto de referencia, de 10 páginas, se encuentra aquí.)

A la hora de pensar la gestión y la innovación en los servicios sociales (o en otras ramas de las políticas sociales o de las políticas públicas en general), no es lo mismo interpretar la situación ante la que se encuentran, por ejemplo, en términos de crisis de cuidados, de colapso relacional o de insostenibilidad de la vida. Las amenazas y los desafíos son, en parte, diferentes en cada caso y reclaman posiblemente modelos y estrategias distintas.

Podríamos interpretar la crisis de cuidados como un aumento notable de las necesidades no cubiertas (o de la demanda insatisfecha) de cuidados, entendidos como la relación de complementación frente a ciertas limitaciones funcionales de algunas personas para determinadas actividades de la vida diaria. Teniendo en cuenta las necesidades que actualmente están cubiertas de forma insuficiente o inadecuada y el incremento de la demanda debido a las tendencias demográficas y de salud, diversos cálculos hablan de triplicar o cuadruplicar la capacidad de las políticas públicas de cuidados en los próximos treinta años. Recordemos, en todo caso, que, más o menos, en este momento hemos llegado a la mitad de la cobertura prevista hace veinte años cuando se preparaba la llamada Ley de dependencia (sin avance claro en universalización y articulación de los servicios sociales), que, en parte, paradójicamente, ha financiado trabajo doméstico subalterno, precario e informal que hace competencia desleal al cuidado profesional.

Hablaríamos, en cambio, de colapso relacional en la medida en que grupos más o menos amplios de personas se encuentren en una situación en la que, a la hora de reclamar o recibir los productos o servicios de apoyo que necesitan, carezcan de un mínimo de relaciones primarias (familiares o comunitarias) significativas con las que seleccionar y combinar dichos cuidados y apoyos profesionales. Estaríamos hablando de entornos sociales o sectores de población en los que la desproporción y desvinculación entre personas que necesitan cuidados y personas de apoyo o cuidadoras primarias disponibles es tal que hay importantes zonas o parcelas del tejido social con graves afectaciones de su calidad de vida incluso contando con cuidado profesional a disposición. Es lo que, a pequeña escala, relativamente, ha padecido un buen número de las personas usuarias de residencias de mayores en los meses más duros de pandemia y confinamiento. La emergencia de la soledad como problema social sería un síntoma precursor de dicha situación.

Cabe la posibilidad, por último, que, más que sólo ante una crisis de cuidados o una situación de colapso relacional, nos encontremos ante una disrupción de las posibilidades de reproducción de la vida. Viviríamos colapsos en racimo y en cadena, no sólo de carácter relacional sino también (antes o después) ambiental, financiero, demográfico, alimentario, digital, político, sanitario, militar y, en definitiva, sistémico. La economía capitalista globalizada, tal como la conocemos, desencadena efectos extremos y frecuentemente caóticos de contaminación ambiental, desigualdad económica, segregación territorial, precariedad vital, desmoralización social, riesgo financiero o angustia vital y torna radicalmente imposible la misión encomendada a los servicios sociales de hacerse cargo de tantas personas y colectivos centrifugados por el sistema establecido.

Los servicios sociales se configuraron y posicionaron, dentro de un sistema de bienestar redistributivo, como una especie de comodín de la baraja, como un subsistema que podía cubrir a su manera la función de cualquier otro para personas o colectivos que quedaban (o corrían el riesgo de quedar) fuera del funcionamiento social. Hace veinte años visualizaron la atención a uno de esos “colectivos” (el de las personas demandantes de cuidados de larga duración) como una vía para su transformación y universalización. La pandemia parece estar acentuando su fragmentación, burocratización y distanciamiento a la vez que genera islas de polivalencia, flexibilidad y compromiso. Hoy y aquí, según cómo lean la sociedad que viene, deberán adoptar una u otra vía estratégica y modelo de referencia.

(Sobre estas cuestiones, agradeciendo la inspiración de Amaia Pérez Orozco, reflexionaremos por invitación de la Universidad del País Vasco, hoy, miércoles, 26 de mayo, desde las 16 horas hasta las 18 horas en este enlace de acceso libre:

https://eu.bbcollab.com/guest/1fb89752b857492d96141dc2f7a7e805)

A mediados del siglo XX había en España más de 100.000 mineros y en la actualidad hay menos de 2.000. Este dato parece suficientemente expresivo de la pérdida de relevancia de este ámbito de actividad económica. Cambios en su contexto y entorno fueron dinamitando (valga la fácil metáfora) las condiciones de posibilidad (o quizá la necesidad) de esta rama de la producción y de sus profesiones, desde las más operativas (como la de picador) hasta las más técnicas, como la ingeniería de minas. En los procesos de crecimiento y decrecimiento del sector, fue cambiando, por cierto, el reparto de papeles entre agentes y la forma de comprensión y gestión (como bienes comunes, privados o públicos) de los materiales extraíbles por la minería. De hecho, resulta significativa la creación de la empresa pública Hunosa, en 1967, que surge de la nacionalización y fusión de más de veinte empresas preexistentes, precisamente para intentar contribuir a manejar la conflictividad laboral esperada (y ocurrida, ciertamente) en el proceso de desmantelamiento de unos trabajos con fuertes señas de identidad y vinculación al territorio.

Cabe preguntarse si el sector de los servicios sociales en nuestro país pueda ser en los próximos años otro que (dale con las metáforas) entre “en barrena”, como en su día hizo el de la minería. ¿Por qué? Pues porque nuestros servicios sociales tienen como especialidad unos que podríamos llamar “paquetes integrados”, que, básicamente, son dos:

• El pack que une ayudas económicas para la subsistencia material con acompañamiento y control social (dirigido a personas y familias con cierta combinación de pobreza económica y otros riesgos, especialmente si afectan a niñas, niños y adolescentes).
• El paquete que une cuidados personales con alojamiento colectivo (dirigido a personas con cierta combinación de limitaciones funcionales, de apoyo familiar y económicas).

Pues bien, parece que, del mismo modo que ciertas alteraciones en la disponibilidad de recursos minerales, en las tecnologías relacionadas, en el contexto comercial u otros fueron achicando el espacio a la actividad minera tradicional, cabe detectar cambios que pueden ir disminuyendo la viabilidad de estos paquetes característicos de nuestros servicios sociales y de los procesos existentes para su producción y distribución:

• La oferta del primero de los lotes es desbordada brutalmente por la demanda de dinero para la subsistencia material que llega a los servicios sociales debida al desbordamiento, a su vez, de los mecanismos de garantía de rentas de la Seguridad Social (en un contexto estructural fuertemente exclusógeno), demanda económica que, por otra parte, no va asociada en la mayor parte de los casos a una necesidad (o, al menos, a una necesidad sentida) de acompañamiento social.
• La oferta del segundo de los packs es rechazada por la inmensa mayoría de las personas que necesitan o van a necesitar cuidados, personas cuyo número crece en el actual contexto demográfico, del mismo modo que aumenta su expectativa de que los poderes públicos garanticen el ejercicio de su derecho a recibir cuidados (en su entorno comunitario), al menos tanto como garantizan su derecho a la atención sanitaria.

Como cualquier otra industria, los servicios sociales, en ese contexto, pueden tener cierto margen para reinventarse, para rentabilizar y reutilizar sus activos (profesionales, relacionales, técnicos, políticos, materiales y de todo tipo) y para transformar su oferta. Para esto, resulta imprescindible un salto cualitativo en gestión anticipatoria de la información y el conocimiento. Para ello, también, deberán optar mucho más claramente por su propio reparto de papeles entre agentes (personas, familias, comunidad, poderes públicos, profesionales, organizaciones solidarias, agentes del conocimiento, proveedoras mercantiles y otros). Pero nada les asegura que el futuro que les espera no sea el de un conflictivo proceso de destrucción como el vivido en las últimas décadas por parte de la minería en nuestro país.

(La fotografía, de Laia Farré, corresponde a una reciente manifestación de personal de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona y está tomada de social.cat.)