En la práctica cotidiana de la intervención social, o de la gestión o el gobierno en los servicios sociales, puede ser conveniente diferenciar las tensiones de carácter más coyuntural y aquellas que son, más bien, estructurales. Diríamos que las primeras requieren una mirada táctica mientras que la que conviene a las segundas es, en mayor medida, estratégica. En el primer caso, podemos situarnos en un contexto de crisis, es decir, en el relato de las consecuencias que ha tenido para nuestra actividad la debacle económica que comenzó al final de la primera década de este siglo. Sin embargo, desde un punto de vista más estructural y estratégico, quizá el contexto a considerar sea el del colapso, el de la insostenibilidad sistémica que, posiblemente, nos afecta.

El planteamiento táctico y coyuntural nos coloca ante la gestión de situaciones de alta complejidad, de casos individuales o familiares especialmente complejos. La crisis parece legitimar, desde la emergencia y la exclusión social, que sigamos haciéndonos cargo integralmente de personas y familias que tantos derechos sociales están viendo conculcados. Sin embargo, el aliento estratégico que pretende generar estructuras sostenibles nos indicaría, quizá paradójicamente, el camino de una intervención social y unos servicios sociales que se concentren en su objeto propio, la interacción, entendida como autonomía funcional y de decisión para la vida diaria y cotidiana en el seno de relaciones primarias familiares y comunitarias.

La coyuntura, frecuentemente, nos empuja a una mayor especialización, a un abordaje hiperespecializado. La crisis parece traer ante nosotras una exigencia de segmentar aquellos colectivos ya segmentados previamente y la respuesta a la gravedad de las situaciones parece ser, al menos a corto plazo, una mayor especialización. Sin embargo, ante la mirada estratégica, el aumento de la cantidad y gravedad de los casos complejos que nos llegan se convierte más bien en un acicate para ir, aguas arriba, a las causas de las causas, en una suerte de enfoque neocomunitario o de reinvención de la comunidad.

Nuestro proceso tradicional ha sido, en buena medida, extractivo, dado que nos hemos hecho cargo de personas que habían sido excluidas de la vida comunitaria o nosotras mismas las hemos extraído (en ocasiones, sin duda, porque ese era el mal menor). Sin embargo, posiblemente, somos cada vez más conscientes de que nuestra tarea es más bien generar condiciones para la sostenibilidad autónoma y relacional de la vida diaria, cotidiana y comunitaria. Quizá, se trata de pasar de un locus de control centrado en nuestra intervención a otro que mira a la interdependencia de todas las personas. De que la referencia sea cada vez menos el sistema y cada vez más el territorio.

Seguramente, para mantener, ampliar o mejorar lo que tenemos, nuestros mejores aliados son los colectivos destinatarios de nuestras actuales políticas, programas e intervenciones, los segmentos poblacionales tradicionalmente considerados vulnerables y atendibles por parte de los servicios sociales, especialmente aquellos más organizados. Sin embargo, somos conscientes de que tanto estos colectivos como como el personal que les atiende podemos mostrarnos reticentes ante innovaciones o transformaciones que pongan en riesgo el statu quo. Por eso, muchas veces, son nuevos riesgos, emergencias o alarmas sociales las que generan las condiciones de posibilidad de algunos cambios.

La táctica exige regulación, normación de lo existente o de lo factible a corto plazo, mientras que la estrategia ha de apoyarse en el conocimiento, en la creación de nuevas respuestas basadas en evidencias, en la sistematización del mejor saber hacer, en la mejora de nuestra cualificación. Por otro lado, hoy y mañana, seguramente, tenemos que seguir siendo última red, pero el futuro demanda, cada día más, una arquitectura de atención integrada en la que esa última red no sea necesaria, en la que los servicios sociales universales dialoguen, de pilar a pilar, con la sanidad, la educación, el empleo, la vivienda o la garantía de ingresos y donde la intervención social sea predominante en los servicios sociales y esté presente en los otros ámbitos sectoriales.

En el corto plazo, inevitablemente, la pugna entre agentes se da en forma de suma negativa, es decir, el papel que desempeña uno no lo puede desempeñar el otro, el espacio de uno no es espacio para el otro. Sin embargo, el futuro puede permitirnos avanzar en clave de gobernanza relacional, es decir, ensayar juegos de suma positiva en el que pueda ser posible más responsabilidad pública, más implicación comunitaria, más organización solidaria y más emprendimiento empresarial. Las profesiones, a corto plazo, se ven obligadas posiblemente a defender su nicho e intentar ampliarlo. Sin embargo, colaborando en procesos de innovación, tanto el trabajo social como la educación social y la psicología de la intervención social, entre otras disciplinas y profesiones, pueden y, seguramente, deben reinventarse y reinventar la intervención social y los servicios sociales.

Entrada, a petición de CoopSoc, a partir de los encuentros con los colegios profesionales de psicología de Andalucía en los días 7 y 8 de noviembre y de cara al Diálogo Regional de Políticas organizado en Washington por el Banco Interamericano de Desarrollo para el 12 y el 13 de noviembre.

Serían éstas:

a. La universalidad de una innovadora intervención social, toda ella participativa y comunitaria, basada en el conocimiento y en proceso de digitalización.

b. La integración vertical del sistema público de servicios sociales y el reforzamiento de la atención primaria resolutiva para una intervención cada vez más próxima, preventiva y personalizada, capaz de atender a la diversidad de género, generacional, funcional y cultural.

c. La integración intersectorial de los servicios sociales con otras políticas públicas, sociales y económicas, redefiniendo los perímetros sectoriales, contribuyendo a una arquitectura eficiente del bienestar y facilitando la personalización de los itinerarios.

d. La innovación social a la búsqueda de nuevas sinergias en un ecosistema de agentes que potencie la iniciativa solidaria desde el liderazgo público.

Y desarrollándolas un poco:

a. Nueva intervención social

Los procesos de intervención social, cada vez más profesionalizados y de mayor valor añadido, y crecientemente personalizados, participativos, comunitarios y digitalizados, han de ir tomando sustancia y forma reconocibles como médula central y aportación de valor en el ámbito de los servicios sociales, focalizándose de forma eficaz y eficiente sobre el objeto y perímetro escogidos. Procesos de intervención social que, por tanto, cada vez habrán de ser más apreciados por su contribución a la interacción de todas las personas (autonomía para la vida diaria en integración familiar y comunitaria), por más que también tengan un impacto indirecto en los bienes que protegen y promueven otras ramas de la política social (como la salud, el conocimiento, el empleo, el alojamiento o la subsistencia). Procesos de intervención social que habrán de ser cada vez más capaces de actuar en la fragilidad (funcional y relacional) y antes de ella, en clave de prevención y promoción, de carácter poblacional y ecológico.

b. Integración vertical comunitaria

En el modelo de servicios sociales que visualizamos se trata de posibilitar itinerarios sectoriales en los que las personas reciban productos, cuidados, apoyos o, en general, intervenciones con continuidad y proximidad, de modo que sea cada vez más improbable que se les oriente o derive a servicios alejados de su entorno domiciliario y comunitario de procedencia y elección. La integración vertical y primarización del sistema hará que, cada vez más frecuentemente, los programas especializados, más que disponer de servicios específicos para unos u otros perfiles poblacionales, ofrezcan soporte a los servicios generales (preferentemente de carácter digital, domiciliario o en medio abierto), de modo que los productos, cuidados, apoyos o intervenciones de éstos sean cada vez más capaces de atender a las diversidades de género, generacionales, funcionales y culturales presentes en las comunidades y los territorios y a las diversidades de interacciones que constituyen la sostenibilidad autónoma y relacional de la vida cotidiana.

c. Integración y sinergias intersectoriales

La ciaboga en el modelo de servicios posibles requiere un trabajo esforzado de aplicación del modelo de atención integrada intersectorial propugnado por organismos como la OECD, la OMS o la UE, lo que supone ir redibujando las fronteras entre los perímetros sectoriales de los diferentes pilares universales del bienestar (potenciando la universalidad inclusiva y la atención a las diversidades en todos ellos) y aumentando la capacidad conjunta del sistema de bienestar de personalizar los itinerarios intersectoriales con estrategias diferenciadas y adecuadas para cada caso (en orden: facilitación de accesos y transiciones, protocolización de itinerarios, gestión integral de casos o servicios integrados).

d. Innovación pública y social

La propia naturaleza participativa y comunitaria de los servicios sociales, la complejidad social, la aceleración de los cambios, la tradición histórica de presencia y colaboración del sector público y del tercer sector en los servicios sociales y las oportunidades creadas por las tecnologías digitales, entre otros factores, aconsejan trabajar en clave de innovación pública (nuevo liderazgo de los poderes públicos como garantes de derechos y dinamizadores inteligentes de agentes diversos) e innovación social (coproducción y sinergia entre organizaciones solidarias, acción voluntaria, autoorganización comunitaria, emprendimiento social, empleo de calidad, industria tecnológica u otros agentes).

(Contenidos compartidos en el proceso de elaboración del Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 2019-2023, que puede descargarse aquí.)

La exposición de motivos de la Ley vasca de servicios sociales afirma que “de conformidad con las formulaciones más avanzadas en la materia, se ha optado por establecer un sistema de respuesta a las necesidades en función de la naturaleza y características de estas últimas, en lugar de estructurarlo atendiendo a los diferentes colectivos”

De hecho, el artículo 12.5. del Decreto de cartera afirma que se “favorecerá, siempre que resulte idóneo, el acceso a la alternativa o alternativas de atención que posibiliten, en mayor medida, la permanencia de la persona usuaria en su entorno habitual, siempre que ésta sea su elección, justificando[se, en su caso,] la no adecuación de una fórmula de atención más susceptible de garantizarla, según lo previsto en el artículo 25.1, letra c, de la Ley de Servicios Sociales. De este modo, promoverá que las personas: a) ejerzan el poder de decisión sobre su propia existencia, eligiendo su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, sin verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; b) y gocen de su derecho a vivir en su comunidad, en igualdad de condiciones y opciones, y a su plena inclusión y participación activa en la misma, evitando su aislamiento o separación de ésta. A tal efecto, facilitará que las personas dispongan de apoyos formales (de entre los servicios y/o prestaciones económicas previstos en la Cartera de Prestaciones y Servicios a los que tengan derecho) para desarrollar las actividades de la vida diaria y mantener, recuperar o aumentar, en lo posible su autonomía”.

El artículo 12.6. del mismo Decreto dirá que “los servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios constituyen un conjunto de apoyos formales que podrán compatibilizarse entre sí a fin de ofrecer un apoyo integral y adaptar la intervención a las necesidades, capacidades y, en lo posible, preferencias de cada persona, así como a las características de su contexto. Asimismo, en la determinación del recurso, o combinación de recursos más idónea y, en coherencia con el modelo comunitario, se adoptarán enfoques de prevención y promoción de la autonomía, y participación y calidad de vida en la comunidad”. Y señalará el artículo 12.7 que “a tal efecto, el o la profesional de referencia, con la participación de la persona y/o familia usuaria, seleccionará, de entre los servicios y/o prestaciones económicas de la Cartera de Prestaciones y Servicios a los que las personas puedan tener derecho, aquél recurso o combinación de recursos más adecuada para facilitar, cuanto sea posible, su inclusión social y el desarrollo de sus proyectos vitales, y hacer efectivo un grado satisfactorio, en cada caso, de participación activa, vida independiente y autonomía personal en el seno de la comunidad”.

Recordaremos por último que el artículo 13 del Decreto de cartera, que trata sobre “flexibilización de los requisitos de acceso y permanencia en los servicios” establece que:

1. “Las administraciones públicas vascas, por sí mismas o mediante acuerdos entre sí, podrán flexibilizar los requisitos de acceso y permanencia en los servicios, estableciendo en dichos acuerdos, si se alcanzan, la oportuna compensación económica a favor de la administración titular del servicio cuyas condiciones se han flexibilizado.
2. Dichas fórmulas de flexibilización: a) se orientarán siempre a facilitar el continuo de atención y el uso de las alternativas de atención más integradas en el medio comunitario y, por tanto, una atención más personalizada, integral y próxima; b) se podrán adoptar siempre que resulten idóneas para responder a las necesidades y, en lo posible, a las preferencias de la persona atendida, requiriendo su adopción tanto la prescripción técnica como la conformidad de la persona atendida”.

La agenda, por tanto, parece clara y urgente en este momento: incrementar la potencia y versatilidad de los servicios sociales de proximidad, posiblemente mediante el enriquecimiento de las características y potencialidad de los servicios sociales de atención primaria con recursos y capacidades procedentes de servicios sociales de atención secundaria y evaluar su eficacia y eficiencia para abordar las situaciones de forma cada vez más preventiva y comunitaria y, consiguientemente, para disminuir el uso de los servicios de atención secundaria.

(Adaptado del artículo “Servicios sociales e inclusión social: análisis y perspectivas en el País Vasco”, que puede descargarse completo aquí. Sobre estas cuestiones y las tratadas en las dos anteriores entradas de este blog hablaremos en Ciudad Real, con motivo del aniversario del banco del tiempo de sus servicios sociales.)

Nuestros servicios sociales, tanto aquellos de la Administración como los de la iniciativa solidaria, vienen de una larga historia de compromiso con la vulnerabilidad. Están plagados de saberes para el abordaje de la complejidad. Representan, sin duda, un valioso activo para esta sociedad sufriente, cambiante y enfrentada a enormes desafíos.

Sin embargo, hemos de reconocer que nos hemos extraviado, que hemos tomado caminos que nos han hecho perder el norte, perder energía y, lo que es más terrible, perder a muchas personas, usuarias o trabajadoras, en el trayecto. Caminos como los de la segregación de personas por su pertenencia  determinados colectivos poblacionales. Caminos como los de una desproporcionada sustitución de servicios personales e intervención comunitaria por prestaciones económicas. Caminos como los del control social y la culpabilización punitiva de víctimas de la globalización capitalista. Caminos como los de la burocratización y la entronización de las normas jurídicas y los procedimientos administrativos, caiga quien caiga.

En demasiadas ocasiones creímos, equivocadamente, que construir y utilizar nuestros centros y despachos, nuestras instituciones y organizaciones, nuestras profesiones y puestos, nuestros catálogos y carteras era condición suficiente o principal para cumplir nuestra función, para lograr nuestros objetivos. Sin embargo, en esos procesos, sin duda necesarios, hemos perdido muchas veces el hilo. El hilo de la misión de los servicios sociales; el hilo de los saberes, sentidos y valores de la intervención social y, sobre todo, el hilo de la gente, de la calle, del barrio, del pueblo, de la ciudadanía.

Por ello resultan prometedoras un puñado de iniciativas individuales y colectivas, públicas y solidarias, en las cuales late el renovado proyecto de unos servicios sociales que desean reencontrarse con las comunidades en los territorios. Entre las trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales, cualificadas y competentes, se van recuperando e inventando maneras de fomentar y apoyarse en las capacidades, recursos, activos, vínculos y redes comunitarias en el territorio, más rural o más urbano.

Desde procesos de diagnóstico, atención y seguimiento longitudinal y personalizado con mirada comunitaria hasta estrategias territorializadas de atención integrada intersectorial. Desde aplicaciones digitales favorecedoras de la construcción de relaciones primarias hasta servicios de apoyo a redes de personas que cuidan a sus familiares en los domicilios y vecindarios. Desde tecnologías de ingeniería relacional (como los bancos del tiempo, las dinámicas de acogida o los programas intergeneracionales) hasta sistemas de segmentación y geolocalización facilitadores de abordajes preventivos. Desde la reconversión de centros cerrados para colectivos específicos en servicios abiertos ante la diversidad poblacional al incremento programado de visitas domiciliarias y presencias comunitarias del personal de atención directa. Desde las alianzas entre la primaria pública de gestión directa con la iniciativa solidaria de base comunitaria hasta las que se producen entre profesionales de la intervención social y profesorado universitario comprometido en procesos de investigación participativa. Y así sucesivamente.

Hay, sin duda, unos servicios sociales caminando decididamente hacia el reencuentro con la comunidad en el territorio. Ojalá consigamos que sean cada día más y cada vez mejores.

(Notas a partir del trabajo con la Federación Allem y el Ayuntamiento de Getxo de la semana pasada y de cara a los encuentros de esta semana con Emaus Galicia, los servicios sociales del Consorcio As Mariñas, en la foto, y la Cruz Roja de La Coruña.)

Hay buenas razones para pensar que es posible salir de la encrucijada en la que se encuentra esta rama del sistema de bienestar, haciendo realidad unos servicios sociales universales, viables y, sobre todo, valiosos para la población. Dichas buenas razones serían, al menos:

• La estructura ya existente, la masa crítica de profesionales con cualificación y experiencia, la penetración territorial del sistema.
• La capacidad que tienen los servicios sociales para la creación y afloración de actividad económica y empleos de diversos tipos.
• El posicionamiento logrado (o relativamente asequible) en relación con diversas necesidades y demandas de las personas y, especialmente, en relación con los cuidados (y, consiguientemente, con la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y la equidad de género), necesidad y aspiración creciente y presente en muy diversos segmentos poblacionales.
• La evidencia creciente de disfunciones en otras políticas públicas (como ineficiencias e incluso iatrogenia en el sistema sanitario) por déficits de las personas en lo relacionado con su interacción, estando los servicios sociales bien posicionados para ayudar en ello.
• La evidencia creciente de las disfunciones sociales emergentes por el debilitamiento de la vida familiar y comunitaria en crecientes zonas urbanizadas del territorio, teniendo los servicios sociales cierto posicionamiento al respecto.
• La maleabilidad del sistema público de servicios sociales, por estar menos que otros bajo el foco político o social y por contar ya con una articulación bastante mixta (con presencia pública, privada, solidaria y comunitaria).

En cualquier caso, las personas con responsabilidades políticas, organizativas o técnicas en los servicios sociales hemos de ser conscientes de que el futuro no está escrito y hay que ganarlo con inteligencia estratégica, de ahí la necesidad urgente de acertar, y de acertar todas conjuntamente. La propuesta de giro estratégico de los servicios sociales, a la vez, se convierte en una directriz clara para una progresiva reordenación que haga más eficaz y eficiente el conjunto del sistema de bienestar:

• Incorporando con mayor claridad a los servicios sociales necesidades y respuestas que encajan bien con ellos (como el apoyo en los cuidados en la etapa 0-3, la ayuda a la organización doméstica, el acompañamiento en la planificación de futuros personales o la intervención en el ocio juvenil).
• Devolviendo a otras ramas del sistema de protección social la responsabilidad sobre asuntos y programas que encajan mejor en ellas (el sinhogarismo a vivienda, la pobreza económica a la política de garantía de ingresos, la exclusión laboral a los servicios de empleo y así sucesivamente). En esta línea van tendencias internacionales como Housing First o la integración de impuestos y prestaciones económicas.
• Generando la posibilidad de verdaderas y adecuadas sinergias e integración entre los diferentes pilares para los casos complejos, desde el momento en que se avanza en la asunción por parte de todos los pilares de que no hay red residual y en un mejor reconocimiento mutuo del objeto y valor añadido de cada rama sectorial.

Entendemos que la apuesta de los servicios sociales por concentrarse en potenciar y complementar la autodeterminación y autonomía funcional y la vinculación familiar y comunitaria de las personas en su vida diaria puede ser una apuesta ganadora en la medida en que posibilite y visibilice resultados valiosos para la ciudadanía basados en el conocimiento, no alcanzables mediante otros sistemas y claramente complementarios y sinérgicos con los efectos de las otras ramas del sistema de bienestar. No es una batalla ganada ni fácil, pero puede librarse y vencerse.

Y, por ello, es urgente distinguir, diferenciar y separar el corazón de nuestra actividad (la intervención social) de la administración de prestaciones de garantía de ingresos para la subsistencia. Si, después, hay alguna posibilidad de integración, ya se verá, pero ahora lo fundamental es entender y transmitir que cuando tramitamos prestaciones de garantía de ingresos para la subsistencia no estamos haciendo intervención social (y viceversa). De otro modo nuestra actividad y valor añadido seguirá siendo muy difícil de entender e impulsar.

(Contenidos compartidos en el proceso de elaboración del plan estratégico de servicios sociales de Catalunya, al que corresponde la ilustración y sobre el que puede obtenerse información aquí.)

Algunas hipótesis que pudieran ayudar a impulsar el debate, la investigación y, en general, la construcción y aplicación de mejor conocimiento acerca de los roles y relaciones de los diferentes tipos de agentes en nuestros servicios sociales:

1. En la llamada sociedad del conocimiento se refuerza la importancia estratégica de la incardinación en los ámbitos sectoriales (de la economía, la política pública y la gestión del conocimiento; en este caso en el de los servicios sociales), no sólo de las empresas privadas, sino también de las organizaciones públicas y las entidades de iniciativa social (frente a un imaginario de un sector público y un tercer sector más bien transversales y con agentes generalistas).
2. El aumento de la complejidad social impulsaría arreglos (mix) diversos entre sector público, tercer sector y otros agentes en los diferentes ámbitos sectoriales y un acercamiento menos ideológico y más pragmático a dichas articulaciones, atendiendo tanto a la inercia institucional (path dependency) como a las oportunidades de girar estratégicamente.
3. La crisis de los cuidados hace más urgente y relevante la preocupación y contribución de los diferentes agentes a la sostenibilidad relacional de la vida en las comunidades y los territorios, en el marco procesos de integración vertical y horizontal y de arquitecturas públicas para la gobernanza participativa, multinivel e intersectorial del bienestar y el desarrollo.
4. La pujanza de la esfera del mercado en todos los órdenes de la vida, la fragmentación y relativa fragilidad estructural y cognoscitiva de los agentes públicos y solidarios en los servicios sociales y el débil posicionamiento de éstos ante la comunidad harían creíble una evolución centrífuga en la que se dispararían básicamente, por un lado, un sector privado lucrativo para la demanda solvente (fundamentalmente de servicios residenciales para mayores de gama alta, media o baja); por otro, unas oficinas públicas orientadas al control social de poblaciones vulnerables y problemáticas mediante la administración de prestaciones económicas condicionadas; y, por último, un tercer sector precario y asistencialista, posiblemente dualizado entre unas pocas grandes organizaciones singulares y muchas entidades notablemente atomizadas.

Sin embargo, cabe afirmar que, tan cierto como que hay momentos y períodos de deterioro y amenaza o de bloqueo y atasco en los que resulta prácticamente imposible desencadenar cambios estratégicos positivos y justos, es que, en determinadas circunstancias, frecuentemente imprevistas, se abren ventanas de oportunidad para girar o, sencillamente, las amenazas obligan a tomar decisiones de calado, cueste lo que cueste

(Fragmentos de un artículo recién publicado en Cuadernos de Trabajo Social, que puede descargarse completo aquí.)

Quienes trabajamos en los servicios sociales, la intervención social o la acción social, desde la Administración pública o la iniciativa solidaria, podemos asemejarnos en ocasiones al mítico Señor Lobo de la película Pulp Fiction, el personaje interpretado por Harvey Keitel que “solucionaba problemas”. Por la formación que hemos recibido, por el marco legal en el que nos movemos, por la cultura de las organizaciones en las que trabajamos o por otras razones, tendemos, muchas veces, por defecto, a intentar hacernos cargo de manera integral, global o total de los problemas de las personas a las que atendemos.

No cabe duda de que puede haber situaciones de emergencia, complejidad o gravedad que justifiquen una asistencia de esa intensidad y alcance por nuestra parte, pero, en términos generales, cabe decir que dicha forma de actuación corresponde a un modelo de atención, a un modelo de bienestar y a un modelo de sociedad ya superados y que ese tipo de abordaje o enfoque de la intervención social no es pertinente, en la mayoría de los casos, ni siquiera entendido como una etapa inicial o punto de partida.

Los progresos de las ciencias humanas y sociales y de las disciplinas, metodologías y tecnologías de la acción social, en un marco ético regido por los derechos humanos, nos ubican, como agentes de intervención social, ante sujetos individuales, titulares de derechos inalienables, que debemos considerar, en principio, capaces de autodeterminarse, elegir y llevar a cabo sus decisiones y, entre ellas, las de formar parte, o no, de unidades de convivencia y, en general, de redes de relaciones primarias familiares, de amistad o reconocimiento en comunidades y territorios.

Por otra parte, gracias al desarrollo del conocimiento y las políticas públicas, todas las personas tienen, en algún grado, la posibilidad de acceder a recursos y apoyos que, lógicamente, se articulan en itinerarios que, en buena medida, transcurren por ámbitos de actividad o ramas especializadas de la política social u otras: la sanidad, la justicia, el transporte, la educación, la recreación, el urbanismo, la garantía de ingresos para la subsistencia material, el empleo, la seguridad física y así sucesivamente. Las limitaciones o retrocesos en el acceso a estos bienes en un determinado momento y lugar no justifican a los servicios sociales para aceptar o asumir el envenenado encargo de proveerlos (no siendo, obviamente, capaces de hacerlo cabalmente) como parte de una pretendida beneficencia resucitada o sucedáneo de ciudadanía.

En ese contexto, la intervención social y los servicios sociales tienen ante sí el desafío de configurarse, básicamente, como un ámbito o una rama más, capaz de identificar y comunicar las necesidades y capacidades de las que se ocupa y los apoyos específicos que ofrece a las personas. Apoyos relacionales y evaluables que aspiran a ser reconocidos, demandados y valorados por la población por sí mismos, no necesariamente como parte de un pack integrado y, desde luego, no como obligación normada o imposición chantajista a cambio de determinados comportamientos o del acceso a otras prestaciones demandadas por las personas. Apoyos cada vez más preventivos, menos disruptivos, más digitalizados, menos burocráticos, más personalizados, menos directivos, más cualificados, menos costosos y más comunitarios.

(A partir de conversaciones en el Ayuntamiento de Platja d’Aro, la Federación Allem, el SIPOSO, el Grupo SSI e Itaka Fundazioa y de cara a encuentros en el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales de Gobierno de España, la Red Española de Política Social, la Fundació Maresme, Dincat y el CES vasco.)

Quien tenga, hoy y aquí, la responsabilidad de legislar sobre servicios sociales ha de comprender que se encuentra, seguramente, ante la tercera política social en envergadura presupuestaria en nuestras comunidades autónomas, después de la sanitaria y la educativa, con la responsabilidad añadida de que no cuenta, como en esos dos casos, con una epecífica legislación básica de ámbito estatal en la que apoyarse.

En segundo lugar, si asume la responsabilidad de normar los servicios sociales como derecho universal subjetivo y exigible, se encuentra, ineludiblemente, ante el reto de identificar el objeto y el perímetro de este derecho social universal, diferenciándolos del objeto y perímetro que tienen otros derechos sociales universales o, en todo caso, otros ámbitos de política pública claramente establecidos, como pueden ser el sanitario, el educativo, el de la garantía de ingresos para la subsistencia material, el de las políticas activas de empleo o el de la vivienda y el urbanismo. No se niega que los sistemas públicos de servicios sociales puedan, al menos por un tiempo o de forma subsidiaria o complementaria, seguir conteniendo prestaciones o servicios propios de esos otros ámbitos, pero parece claro que éstos no pueden formar parte definitoria o constitutiva del perímetro u objeto que es considerado propio de los servicios sociales y garantizado como derecho universal por su legislación.

Cabe decir, en tercer lugar, que no es fácil legislar sobre un ámbito de política pública en transición (o reconversión), como es el de los servicios sociales. En transición porque, por definición, ya no pueden seguir siendo la asistencia social o última red general que eran (puesto que se han declarado como pilar universal del sistema de bienestar), pero, a la vez, porque hemos de reconocer que no hay un conocimiento y consenso suficientes para saber a dónde lleva esa reconversión ni en qué medida está en marcha. Aquí, entonces, aparece el concepto de maniobrabilidad, es decir, de hacer leyes sencillas que den margen de maniobra a los gobiernos y a los ecosistemas de agentes para avanzar, sobre la base del conocimiento y el consenso, hacia ese nuevo modelo inédito de servicios sociales.

En todo caso, y en cuarto lugar, lo que sí parece necesario que garanticen las leyes de servicios sociales es un conjunto de apoyos que claramente pertenecen a este ámbito (con su correspondiente prescripción facultativa por parte de profesionales de la intervención social), un modelo de integración vertical (es decir, de superación de la fragmentación y disfunciones entre niveles institucionales), un planteamiento de la integración horizontal (es decir, de suficiente simetría entre los diferentes pilares del sistema de bienestar, en el territorio y la comunidad), un sistema de gobernanza compleja (es decir, de sinergia entre los diversos agentes que tienen algo que decir en este ámbito), una solución de financiación (que acabe con el efecto disuasorio que el actual copago representa para el ejercicio del derecho que se declara) y, especialmente, una articulación de la gestión del conocimiento, la tecnología y la innovación, piedra angular imprescindible para el éxito de la operación de construcción de este nuevo pilar del sistema de bienestar.

Por último, quien legisla sobre servicios sociales hoy y aquí debe lograr que la representación institucional de los diferentes colectivos poblacionales, profesionales, empresariales o de otra índole interesados en los servicios sociales sea suficientemente flexible y comprenda que, sólo si todos ellos se replantean algunas de sus conquistas o pretensiones, es posible construir los nuevos servicios sociales que necesitamos.

(Sobre estas cuestiones hablaremos hoy en un encuentro del Consejo Económico y Social de Murcia.)

Caminamos a hombros de gigantes, de personas que, como Magüi Blanco, encarnan en su trayectoria vital la construcción de nuestro sistema público de servicios sociales desde todos los ángulos imaginables: desde la creación de conocimiento disciplinar y transdisciplinar en la academia hasta las experiencias participativas, comunitarias y emancipatorias; desde el gobierno estratégico de las políticas sociales hasta la innovación en la gestión integrada de la acción pro bienestar en el territorio. Es vital que las nuevas hornadas de profesionales de la intervención social reciban el legado, tan decantado como fresco, de quienes, en el marco de la creación de las instituciones democráticas y de la eclosión de la sociedad civil, vivieron la experiencia creativa de tomar muchas decisiones que, en buena medida, impulsaron y dieron forma a los servicios sociales que ahora conocemos.

Aprendemos desde la práctica. Somos educadoras sociales, trabajadores sociales, psicólogas, técnicos en integración social, auxiliares y muchas otras profesionales cuyo saber es, fundamentalmente, un saber hacer, un saber experto, un saber técnico que, si bien debe hundir sus raíces cada vez más en la evidencia empírica y la investigación científica, se verifica, necesariamente, en el momento relacional de la intervención social. Nos lo muestra, por ejemplo, la cooperativa Gaztaroa, de la federación Sartu, en el trabajo en el marco de los servicios sociales de atención primaria de Bilbao con personas adultas en situación de desprotección que viven en la comunidad. Sobre la base de innovaciones en la normativa de servicios sociales del País Vasco y de nuevas herramientas de diagnóstico y valoración social, están transformando los servicios sociales e incrementando su capacidad preventiva y de actuación en las situaciones de fragilidad.

Recibimos con alborozo a personas emprendedoras que vienen de otros ámbitos y traen aire fresco. Es el caso de Iñigo Kortabitarte, una persona que trabajaba en el despliegue digital de la prensa escrita y que se sensibiliza sobre la situación de las personas que necesitan cuidados y las que los proporcionan y que se extraña de lo tortuosos y costosos que resultan frecuentemente los itinerarios de estas personas. Partiendo de metodologías de codiseño y cocreación multidisciplinar y en clave de emprendimiento social, es capaz de levantar un programa piloto, Okencasa, en el que están involucrados, entre otros, los tres niveles institucionales del País Vasco y que cuenta con el acompañamiento evaluador de la London School of Economics: una plataforma digital de apoyos personalizados a las personas que cuidan.

No dejamos pasar el tren del desarrollo tecnológico y asociaciones como APTES, capaz de hermanar en su interior a representantes de las tecnologías duras (tangibles) y blandas (intangibles), están ayudando a los servicios sociales a migrar de unas prácticas básicamente reactivas e individualizadas a enfoques proactivos, poblacionales y ecológicos. Enfoques en los que, necesariamente, los servicios sociales han de construir confianza, universalidad y equidad en la integración intersectorial con las políticas urbanísticas, con las de salud y con otras muchas, en procesos de diseño social de barrios y localidades amigables, cuidadoras y participativas, con nuevos ecosistemas de agentes mucho más orientados a la colaboración y a la coproducción de valor para la ciudadanía.

Y la gran suerte es que todas estas personas y organizaciones estarán el viernes 14 de junio en Vitoria-Gasteiz en una mañana de conversación abierta y encuentro creativo (con la etiqueta #ServiciosSocialesEHU) organizada por el Posgrado en Gestión e Innovación en Servicios Sociales que codirigen Ainhoa Berasaluze y Arkaitz Fullaondo (más información aquí).

En períodos electorales es esperable que, en los medios de comunicación y las redes digitales, se hable de los servicios sociales más que de costumbre y, frecuentemente, tenemos ocasión  de comprobar cómo, incluso personas con responsabilidades políticas o profesionales en materia de servicios sociales, se refieren a ellos de una manera que contribuye a distorsionar su imagen: Desde quien denomina “servicios sociales” a todos los servicios de bienestar (es decir, incluyendo a los sanitarios, educativos y otros) hasta quien los presenta como servicios para las personas más vulnerables (desconociendo que se trata de servicios universales, para todas las personas). Desde quien, cuando se le pregunta por los servicios sociales (que son servicios, como su mismo nombre indica), responde hablando de ayudas monetarias o materiales hasta quien, desconociendo que la prestación de servicios sociales puede (y debe) suceder en buena medida en los domicilios, el territorio o la capa digital, confunde servicios con centros (es decir, con la parte de los servicios sociales que sucede en sus propias instalaciones físicas).

Desde la comunidad de conocimiento sobre servicios sociales intentamos hacer un esfuerzo para que éstos se entiendan mejor: Como servicios que pretenden anticiparse y ayudar a todas las personas ante el riesgo que todas tenemos de ver deteriorarse el delicado equilibrio entre nuestra autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria o cotidiana y las relaciones primarias de carácter familiar y comunitario en las que nos apoyamos en los diferentes momentos y situaciones de nuestro ciclo y proyecto vital. Como ámbito de actividad que, de la mano de otros (como los de vivienda, salud, garantía de ingresos, educación o empleo), contribuye de manera muy importante a la sostenibilidad, seguridad y calidad de la vida de todas las personas en su entorno vital.

En ocasiones, el exceso de referencias a los casos más graves que atendemos, a las carencias que abordamos (más que a los resultados que obtenemos), a los procesos administrativos o burocráticos que (como toda organización) necesitamos, a las intervenciones de urgencia o emergencia (que todos los sistemas realizan, como el nuestro) o a los problemas que padecemos en este cambio de época y de contrato social que estamos viviendo pueden contribuir a que tengamos un posicionamiento negativo en la mente de la población y a que la ciudadanía nos rehúya y prefiera no pensar en nosotras. Debemos analizar en qué medida y de que forma contribuimos a que no se nos entienda o se nos entienda mal.

Es una de nuestras tareas: entender mejor los servicios sociales para, también, explicarlos mejor, para visibilizar su potencia protectora y su valor añadido para ayudar a todas las personas a llevar vidas más libres, seguras, cálidas, amigables y felices.