En nuestro entorno, los servicios sociales se constituyeron en buena medida para hacerse cargo bastante globalmente y en última instancia de personas en riesgo o situación de exclusión social (usando la terminología actual, no la que se usaba entonces). Serían una especie de última red general de ayuda y socialización en un contexto en el que se asumía que funcionaban mecanismos fuertes y articulados de inclusión social como: familias patriarcales en comunidades homogéneas, industrialización y salarización de la economía, protección social contributiva, propiedad de la vivienda y un código moral dominante. La función social de los servicios sociales era, entonces, la de ocuparse de diferentes colectivos (definidos por la edad, la autonomía funcional, la capacidad económica, las relaciones familiares y otros factores) que lo único que tenían en común era la situación (o el riesgo) de quedar fuera de un funcionamiento social general regido por los mencionados mecanismos.

Sin embargo, en las últimas décadas, esa configuración de los servicios sociales se ha ido volviendo cada vez más problemática (misión imposible) debido a procesos de cambio social que arrojan cada vez más gente, más diversa y más compleja a la zona de vulnerabilidad social y exclusión social. En un contexto, además, en el que, paradójicamente, la acción combinada de la tecnociencia y el enfoque de derechos ha ido propulsando la universalización (con contradicciones y retrocesos también) de sistemas públicos en ramas de actividad como la sanidad, la educación o la garantía de ingresos. Es decir, el funcionamiento y posicionamiento de los servicios sociales como especialistas en diferentes situaciones (o riesgos) de exclusión social se ve imposibilitado simultáneamente por el incremento de la complejidad, diversidad y cantidad de situaciones de vulnerabilidad y exclusión social y por el desarrollo político y técnico de ramas de actividad de alta cobertura y políticas públicas universalistas, a las que las personas inicialmente destinatarias de los servicios sociales también suelen acceder.

En ese contexto, cabe entender que decisiones como la de sacar en su día la Renta de Garantía de Ingresos de los servicios sociales o la de residenciar desde su inicio el Ingreso Mínimo Vital fuera de los servicios sociales parecen responder a una tendencia en la ordenación de las ramas de actividad y las políticas públicas en virtud de la cual los servicios sociales tenderían a dejar de tomar parte en la provisión de ingresos para la subsistencia material. A la vez, normas como la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia o la Ley vasca de servicios sociales pretenden universalizar buena parte de los cuidados cotidianos, apoyos relacionales e intervenciones comunitarias que venían ofreciendo los servicios sociales (incluyendo, obviamente, labores propias de acompañamiento que ahora se mezclan inapropiadamente con otras impropias de adjudicación, tramitación y control de ayudas).

Seguramente, las crisis del comienzo y el final de la segunda década del siglo XXI debieran animarnos a avanzar decididamente en esa línea de fortalecimiento y universalización de los cuidados, apoyos e intervenciones relacionales y comunitarias que realizan los servicios sociales y de ir entregando ordenadamente a otros sistemas los restos que nos van quedando en materia de garantía última de ingresos para la subsistencia material.

Seguramente ésta no será condición suficiente para volver a hacer posible la misión de los servicios sociales pero sí una condición necesaria.

(Fragmentos adaptados de un texto trabajado con el equipo de dirección de los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a los que pertenece la ilustración.)

El concepto de cadena de valor en las actividades económicas y en el diseño de las organizaciones estaría unido a la concepción y configuración de dichas organizaciones y actividades en forma de procesos compuestos por eslabones sucesivos, cada uno de los cuales aporta un valor añadido. Lógicamente, no nos estamos refiriendo necesariamente a un valor que sea reconocido en un mercado que responde a la demanda solvente sino a efectos positivos identificados como tales por agentes legítimos y, especialmente, por las personas destinatarias directas de dichos procesos.

En el ámbito de los servicios sociales entendemos que ese valor añadido, ese efecto positivo se produce en lo que tiene que ver con lo que llamamos la interacción de las personas, es decir, su autonomía y autodeterminación para las decisiones y actividades de la vida diaria entreveradas en relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. Por tanto, las aportaciones de valor estarán relacionadas con el conocimiento y la mejora de la interacción mediante cuidados, apoyos e intervenciones centradas en la persona y en su entorno familiar y comunitario. Así, por ejemplo, yo, como vecino de mi barrio, soy destinatario directo del trabajo de un equipo de educación de calle, que me aporta valor en la medida en que yo perciba una mejora de las interacciones cotidianas que se producen y en las que participo en el espacio público.

Las actividades administrativas, de gestión o de gobierno y las prestaciones o apoyos propios de otros ámbitos (como los del alojamiento o la subsistencia material, por ejemplo) son imprescindibles en algún momento en los servicios sociales pero es un error (no por frecuente menos grave) sobredimensionarlas en detrimento de las actividades operativas propias de la intervención social, sean éstas más preventivas, transformadoras, asistenciales o paliativas y más o menos especializadas. Volviendo al ejemplo de las educadoras de calle, diría que su cadena de valor debe ser fuerte en eslabones de contacto directo con la ciudadanía y tener pocos dedicados al trabajo de oficina. Para ello, ciertamente, han de funcionar bien procesos de apoyo como la selección de personal o la gestión de la información.

En cualquier caso, en los servicios sociales, hemos de buscar siempre la facilidad de acceso, la continuidad de cuidados y apoyos y la eficiencia de los procesos de intervención social, de suerte que las personas, familias y comunidades beneficiarias de la acción social obtengan los efectos deseados con el menor coste posible en todos los sentidos (para ellas y para el sistema público de servicios sociales). Por ello resultará fundamental la integración e interoperabilidad organizativas, tanto verticales como horizontales, y la investigación, desarrollo e innovación constantes en colaboración entre los más diversos agentes del conocimiento, dentro y fuera de cada organización.

(En la imagen, representación de la cadena de valor según Michael Porter. Sobre estas cuestiones hablaremos el martes en una jornada de la Cruz Roja de la Comunidad Valenciana.)

En distintos encuentros, eventos y trabajos, estos pasados días, se ha planteado de diferentes maneras dónde puede estar (si existe) el nudo gordiano de nuestros servicios sociales y (cabe decir) si hay razones para, diferenciando dos bienes (subsistencia material e interacción social), proponer que los servicios sociales intenten seguir girando para dejar de ocuparse (cuando lo hacen) de la subsistencia (ingresos para hacer frente a gastos como los de comprar comida o ropa o para pagar el alojamiento o suministros) y concentrarse más bien en la interacción (autonomía funcional e inclusión relacional en la vida diaria y convivencia cotidiana) y hacerlo de forma cada vez más universal.

Los servicios sociales, como cualquier otra organización o actividad, tienen una clientela. Tienen unas personas que acuden a ellos, que son destinatarias de su intervención, de las que se ocupan. Una clientela actual o potencial, pero más o menos definida. Y hoy en día, especialmente en la atención primaria (que contiene su puerta de entrada por defecto), seguramente, está más orientada a la subsistencia que a la interacción. Dicho de otra manera, en el perfil de personas que forman parte de la clientela actual o potencial de los servicios sociales de proximidad es muy probable que esté el ingrediente de la carencia de medios económicos para la subsistencia material.

Es cierto que, posiblemente, la mayoría de las personas a las que atienden o pueden llegar a atender los servicios sociales desde su posicionamiento actual presentan limitaciones o problemas en relación con lo que llamamos interacción (necesidad de cuidados, dificultades en el ejercicio de las responsabilidades familiares, limitaciones para la autodeterminación, problemas de convivencia u otros similares) pero da la impresión de que, para que las personas que tienen esas necesidades de apoyo lleguen a los servicios sociales (a su puerta, vale decir), tienen que tener un cóctel con el ingrediente de la carencia económica.

¿Y qué les ofrecen a estas personas nuestros servicios sociales de proximidad? Pues básicamente un kit de prestaciones mayormente económicas, ayuda en trámites, orientación en interlocución con agentes y cierto seguimiento. Ese es, al parecer, el producto estrella: el kit. Y los y las profesionales de referencia son personas que destacan por un conocimiento de las personas usuarias habituales y sus perfiles y del complejo entramado de prestaciones, recursos, procedimientos y agentes que permitirán a cada persona obtener su kit. Hemos de reconocer que, en esa relación entre profesionales de referencia y clientela, la ayuda personal, la relación clínica o el acompañamiento social ocupan un lugar modesto. Y que el enfoque comunitario y preventivo es muy difícil de incorporar al proceso de atención.

Este modelo de servicios sociales se ve cada día más tensionado en un contexto social como el que vivimos. Seguramente, nuestro kit estrella no es un producto con futuro: quizá mezclar dinero para la subsistencia y apoyos para la interacción es una idea cada día peor. En algunos lugares se están haciendo algunas pruebas de separación de circuitos en función de la distinción subsistencia-interacción, que no debe ser confundida con la distinción trabajo administrativo-trabajo técnico. La razón puede ser que no parece posible desarrollar a fondo el trabajo con enfoque preventivo, universalista y comunitario que se reclama insistentemente desde la atención especializada de servicios sociales si no se acota el objeto a algo parecido a la interacción y si no se aborda desde otro ámbito la cuestión de los ingresos para la subsistencia material.

Ahora bien, se ha de advertir que estamos hablando seguramente de un giro que supone una verdadera reconversión de los servicios sociales en términos de modelo de intervención, integración vertical, posicionamiento ante la población y ecosistema de conocimiento. (Y que exige, desde luego, organizar por otro lado la garantía  de ingresos para la subsistencia material, sin dejar a nadie atrás). ¿Hay una coalición de agentes a favor? ¿Estamos a tiempo? ¿Sí se puede? ¿Dónde se está pudiendo?

(En las últimas dos semanas en encuentros, eventos o trabajos de o con: Agintzari, Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Cáritas Española, CES vasco, Comisión Europea, Digizen Interactive, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, EAPN, Emaús Galicia, Eusko Ikaskuntza, Gobierno de Cantabria, Gobierno de España, Gobierno Vasco, Hartu Emanak, OCDE, PNV y Sumar. En la ilustración “Alejandro cortando el nudo gordiano”, de Jean-Simon Berthélemy).

La formación de ámbitos o ramas de actividad económica supone y, a la vez, aporta orden e impulso en los procesos productivos en nuestras sociedades. Las ramas de actividad se configuran y vertebran traccionadas por diversas fuerzas, como: las necesidades y demandas de la población; las disciplinas, tecnologías y profesiones con capacidad de responder a esas necesidades; las infraestructuras y estructuras organizativas correspondientes y su funcionamiento; o la regulación jurídica y política. La producción de servicios sociales es una actividad económica porque satisface necesidades, con independencia del peso del sector público en ese ámbito de actividad.

En España los servicios sociales se constituyeron en buena medida para hacerse cargo de (usando terminología actual) personas en riesgo o situación de exclusión social. Esta rama de actividad ha pretendido ser una especie de última red general de ayuda y socialización en caso de fallar varios de los mecanismos fuertes y articulados posibilitadores de la inclusión social, como: las familias patriarcales extendidas en comunidades homogéneas, la mercantilización y salarización de trabajos, la protección social contributiva, las viviendas en propiedad y la aplicación de un código moral dominante. Paradójicamente, se trata de un ámbito con fuerte impronta pública (en definición y financiación) pero con mucho agente privado (en gestión y provisión). En todo caso, muy atomizado y notablemente estigmatizado, aunque no ha parado de crecer.

Sea como fuere, esa conformación y posicionamiento de los servicios sociales se ha ido volviendo cada vez más problemática e inestable debido a procesos de cambio social que arrojan a cada vez más gente, más diversa y más compleja a las zonas de vulnerabilidad social y exclusión social. En un contexto, además, en el que la acción combinada de la tecnociencia y el enfoque de derechos ha ido propulsando la universalización (con contradicciones y retrocesos también) de ámbitos de actividad como la sanidad, la educación o la garantía de ingresos, entre otros menos logrados pero también planteados (como seguridad, urbanismo, ocio o conectividad).

En situaciones de crisis radical de ramas de actividad cuyo deterioro acelerado o desmoronamiento desordenado (a veces no evidente a primera vista) puede ser muy perjudicial se justifican especialmente acciones excepcionales del sector público. Quizá pudieran leerse en esta clave algunas iniciativas (en curso), regulatorias, de fomento, organizativas o de inyección de fondos, de la Administración General del Estado, tendentes a reforzar los servicios sociales de cuidados comunitarios, a la vez que se intenta involucrar más a la Seguridad Social (y no a los servicios sociales) en la garantía de mínimos de subsistencia material (con el Ingreso Mínimo Vital).

Un posible relato en esa línea sería el de intentar presentar o plantear los servicios sociales como unos servicios para prevenir o abordar situaciones de limitación o afectación de la autonomía de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria o (limitación o afectación) de los cuidados y apoyos que les puede y quiere brindar su red de relaciones primarias (familiares o comunitarias). En ocasiones hemos propuesto llamar interacción a este bien, es decir, al ajuste entre la capacidad funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria y la integración (o inclusión) relacional (en redes primarias familiares y comunitarias).

Los servicios sociales, según esta visión, estarían para ayudarnos a todas las personas a cuidarnos en comunidad. Les correspondería anticiparse o actuar en lo que tiene que ver con el ejercicio de la autonomía de las personas en su vida cotidiana y por eso intervienen tanto con las personas como con las redes primarias de relación (familiares o comunitarias). La protección y promoción universal de ese bien que proponemos llamar interacción sería el cometido de los servicios sociales, que podrían llegar a dejar de presentarse y ser vistos como susceptibles de ocuparse de otros bienes universalmente necesarios como el alojamiento o la subsistencia material (alimentación, vestido, suministros), menos aún, si cabe, en casos de emergencia.

Esta concepción, al identificar el bien que han de proteger y promover los servicios sociales (en su dimensión individual y colectiva) podría ayudar a ordenar sus procesos (en virtud de su carácter operativo, técnico o administrativo y por su grado de especialización) y a hacerlos más eficientes y pertinentes. Permitiría identificar su valor añadido (comprender o construir sus cadenas de valor) y ayudaría a tomar decisiones de todo tipo en su prestación,  organización y gobierno. Ahora bien, se ha de entender que estamos hablando de una compleja operación de reconversión de un ámbito de actividad (incluyendo su sector o sistema público), en la que juegan y han de considerarse todas las fuerzas mencionadas al principio de esta entrada y en la que deben participar todos los agentes interesados e implicados.

(En la imagen, la evolución de la financiación del Gobierno de España para los servicios sociales de promoción de la autonomía personal [funcional] y atención a personas en situación de dependencia [funcional]. Sobre estas cuestiones hablaremos mañana en Madrid en una jornada organizada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Comisión Europea y la OCDE.)

El Decreto 185/2015 de cartera de servicios y prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales opta por hablar de “servicio de atención diurna” para referirse a los de responsabilidad municipal (atención primaria o comunitaria) y de “centro de día” para los de responsabilidad foral (atención secundaria o especializada). Ateniéndonos a la ficha 1.7. de este Decreto, habría varios tipos de servicios de atención diurna y, entre ellos, por ejemplo, los servicios de atención diurna para personas mayores en situaciones de fragilidad o de dependencia moderada (con intervenciones de carácter habilitador o recreativo, entre otras). En la terminología de la llamada Ley de dependencia española estaríamos hablando de servicios de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia.

Como cualquier otro servicio social, el servicio de atención diurna del que habla la ficha 1.7. busca proteger y potenciar la interacción de las personas, es decir, el ajuste entre su autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria y su red de relaciones primarias (familiares y comunitarias). Dicho de otra manera, prevenir tanto la dependencia funcional como el aislamiento social (o la exclusión relacional, que sería más o menos lo mismo).

Por otra parte, la ficha 1.5. del Decreto de cartera es la del “servicio de promoción de la participación y la inclusión social en el ámbito de los servicios sociales”. Se trata de un servicio que fomenta la participación de la comunidad en o para la consecución de los fines de los servicios sociales (es decir, relaciones primarias positivas entre personas con la mayor autonomía funcional posible). En (o desde) este servicio es crucial identificar activos y dinámicas valiosas existentes en la comunidad, promoverlas y acompañar (en un sentido amplio) a las personas en y para sus procesos de encuentro, actividad y relaciones comunitarias.

Cabe pensar, por cierto, en un servicio integrado entre servicio de atención diurna (1.7.) y servicio de promoción de la participación y la inclusión social (1.5.), operando en y desde un mismo equipamiento o centro físico si, desde ese servicio integrado, además de atender a un determinado número de personas usuarias del servicio 1.7., se interviene con la comunidad, se construye comunidad, se fortalece la comunidad y, por lo tanto, se llega a un conjunto más amplio de personas que el de las usuarias del servicio de atención diurna.

El hecho de que el servicio de atención diurna (1.7.) ofrezca a sus personas usuarias encuentros y actividades dentro y fuera del equipamiento en el que está ubicado y el hecho de que el servicio de promoción de la participación y la inclusión (1.5.) pueda organizar encuentros y actividades comunitarias y apoyarse en encuentros y actividades que organizan otros servicios y, en general, agentes nos permite visualizar una posible dinámica en la que, a simple vista, no resulte posible diferenciar a las personas usuarias del servicio de atención diurna de las que no lo son, por decirlo gráficamente.

Así, una persona usuaria del servicio de atención diurna (1.7.) puede empezar acudiendo con regularidad y frecuencia a su centro físico y participando en los encuentros o actividades allí organizadas por ese servicio pero, tiempo después, puede suceder que los encuentros y actividades en las que participa no sean responsabilidad del servicio de atención diurna sino, por ejemplo, espontáneas en el vecindario u organizadas por otros agentes del barrio. En ese momento seguiría siendo usuaria de ambos servicios (1.7. y 1.5.) aunque el servicio de atención diurna (integrado con el de participación comunitaria) no le estaría ofreciendo directamente una actividad habilitadora o recreativa sino, más bien, un acompañamiento y seguimiento cuando participa en dichos encuentros o actividades comunitarias. La integración de estos servicios estaría ofreciendo, seguramente, calidad, flexibilidad y escalabilidad a los servicios sociales.

Lecturas recientes relacionadas:

BALLESTER, Marta y MANYÀ, Clàudia (2022): Document de bases per a un marc de referencia del treball comunitari als serveis socials bàsics. Barcelona, Generalitat de Catalunya.

CREAM, Julia y otras (2022): Building capacity and capability for improvement in adult social care. London, The King’s Fund.

DE MARTEL, Jean-François (2019): Un pognon de dingue. Reconstruire l’action sociale. Rennes. Presses de l’EHESP.

FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE, José Luis y otras (2022): Solidaridades de proximidad. Ayuda mutua y cuidados ante la covid-19. Madrid, Tangente.

GIMÉNEZ BERTOMEU, Víctor Manuel (2010): Las organizaciones de servicios sociales de atención primaria. Alicante, Diputación de Alicante.

OECD (2015): Integrating social services for vulnerable groups: bridging sectors for better service delivery. Paris.

RECKNAGEL, Jan (2018): Ageing well: user centred principles for aging in community. Toronto, OCAD.

RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio y otras (2022): Informe de evaluación del Sistema de promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (SAAD). Madrid, Gobierno de España.

SAN ROMÁN, Amalia y otras (2021): Apoyos 2030. Un viaje para avanzar hacia apoyos personalizados y en la comunidad. Madrid, Plena Inclusión.

(Nota al hilo de trabajos con la cooperativa Servicios Sociales Integrados y el Ayuntamiento de Bilbao, colaboraciones con el Ministerio de Derechos Sociales sobre legislación en la materia, consultoría sobre inclusión social con el Gobierno Vasco y una reciente conversación con Javier Segura, Marta Ballester y Xavier Godàs.)

1. La cuestión del objeto de los servicios sociales, es decir, de su finalidad definitoria, de la parcela de necesidades de las personas a las que dan respuesta, del perímetro de las actividades características de la rama: si se mantiene, bajo la denominación que sea, la prevención y abordaje de la exclusión social o se opta por otro objeto (como podría ser la interacción, entendida como el ajuste dinámico entre la autonomía funcional de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario).

2. El debate sobre si, dentro del ámbito sectorial de los servicios sociales, se opta por la centralidad de un sistema público universal y (básicamente) gratuito, tal como se ha hecho en nuestro entorno en otras ramas de actividad (como salud y educación).

3. La identificación, diseño, desarrollo y acotación del contenido prestacional (cuidados, apoyos, tecnologías e intervenciones) de los servicios sociales y su grado de profesionalización, estandarización e industrialización.

4. Las decisiones estratégicas y procedimentales sobre qué hacer con encargos, cometidos, prestaciones o estructuras que podría ser conveniente dejar de mantener en los servicios sociales (por ejemplo, el fragmento residual de la política de garantía de ingresos para la subsistencia material que sigue bajo la responsabilidad de los servicios sociales).

5. El desafío de la integración vertical de los servicios sociales, es decir, de una mayor unidad de gestión y continuidad de la atención (masa crítica de la oferta) de los servicios sociales, ahora escindida entre dos niveles.

6. La ineludible digitalización de los procesos operativos, de gestión y de gobierno, ahora muy incipiente.

7. El diseño, implementación y evaluación de los procesos y estructuras de integración horizontal intersectorial entre los servicios sociales y otras ramas de actividad, tales como los servicios de salud, educación, vivienda, empleo, garantía de ingresos y otras, con el fin de hacer más eficientes los itinerarios de las personas y los flujos de información entre ámbitos de actividad.

8. El debate acerca de si estructurar las políticas referidas a colectivos poblacionales (por señas de identidad de género, generacional, funcional o cultural) o a la relación entre colectivos poblacionales (intergeneracional, intercultural u otras) como políticas transversales que, en la proximidad territorial, pudieran encontrar su incardinación en la acción comunitaria, entendida como instrumento para la convivencia en diversidad, la coproducción solidaria y la gobernanza participativa.

9. La definición de la naturaleza, finalidades y fórmulas de relación entre el sector público y las organizaciones solidarias de base comunitaria y la posibilidad de sinergias entre el sistema de políticas profesionalizadas e institucionalizadas y el mundo de la ayuda mutua y voluntaria entre personas en la vida diaria y cotidiana en los vecindarios y los barrios, de modo que el ejercicio de la autoridad pública y la intervención técnica no socave sino que fortalezca los apoyos que las personas nos proporcionamos en claves de reciprocidad o solidaridad y en las economías de proximidad y del procomún colaborativo.

10. La posibilidad de ensamblar las políticas sectoriales y transversales en un modelo integrado, ligero, flexible y homogéneo (similar en los diferentes niveles) de gobernanza multinivel intersectorial e interseccional de las políticas sociales, de modo que las instituciones públicas y el conjunto de agentes puedan ofrecer respuestas más ágiles y pertinentes.

(Fragmento adaptado del artículo, descargable aquí, “Los servicios sociales en España: ¿reforzamiento, perfeccionamiento, transformación o reinvención?” recién publicado en la revista, accesible aquí, Documentación Social, a la que corresponde la ilustración. Sobre estas cuestiones hablaremos el martes, 28 de junio de 2022, en el Aula de Servicios Sociales de Cantabria, accesible libremente por zoom en directo, con una presentación que puede descargarse aquí).

(retrato de familia, comunitariamente elaborado, con Gijón al fondo)

En una mesa de una cafetería de Gijón vemos a Dolores, de 99 años, vestida de negro y en su silla de ruedas; su hijo Manuel, 78 años, minero prejubilado hace tres décadas de la empresa pública Hunosa; María, de 55, hija de Manuel y educadora social en una entidad del tercer sector con financiación de la Fundación Municipal de Servicios Sociales; y, por último, Iván, de 26 años, hijo de María, enfermero en el Hospital Universitario Central de Asturias, que apenas despega la mirada de su teléfono móvil. Este grupo familiar imaginario (pero muy real) nos sirve para ilustrar algunos cambios sociales que podrían hacer que el ámbito de los servicios sociales en nuestro país viviera un proceso similar al de la minería en las últimas décadas del pasado siglo y comienzos de éste, proceso que condujo a su práctica desaparición como rama de actividad.

Dolores recuerda cuando era niña, en una aldea cercana. Acarreaba agua, ordeñaba las vacas y realizaba un sinfín de tareas pegadas a la tierra en una comunidad homogénea y prácticamente autosuficiente en la que raramente se desplazaban fuera de su demarcación territorial. Rememora también los conflictos y las rupturas que la hicieron emigrar a la ciudad, las penurias que pasó en su juventud y las complicadas circunstancias que rodearon al nacimiento de Manuel en La Gota de Leche. No olvida cómo la ayudó a encauzar su vida sor Inés, una religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Caridad (que a finales de los cincuenta participaría en la creación de la Escuela de Asistentes Sociales Pío XII y, pocos años más tarde, también, en la de la que llamaron Asociación Asturiana de Protección a Subnormales). Dolores y su hijo pudieron adquirir hace algunos años pisos contiguos y Manuel, que cobra una relativamente elevada pensión de la Seguridad Social, dedica varias horas al día a cuidar a su madre. Cuentan, de todos modos, con Gladys, interna ecuatoriana, contratada al amparo del Sistema Especial para Empleados de Hogar de la Seguridad Social, que no da derecho a cobrar por desempleo.

María está cansada. Piensa que, con su edad, Manuel ya disfrutaba de sus partidas de cartas y paseos por Gijón con sus compañeros pensionistas, mientras ella sigue bregando con jóvenes de vidas desestructuradas y entornos conflictivos, con situaciones cada vez más demandantes, graves y complejas. No sabe si se preocupa más cuando trata a la tercera generación de la misma familia o cuando se encuentra con perfiles diversos que nunca hubiera imaginado llegando a la zona de exclusión social. Jóvenes, en todo caso, a quienes, honestamente, no tiene una hoja de ruta que ofrecer. Afortunadamente su hijo Iván tiene un buen empleo (nada más empezar ya cobra más que su madre con diez trienios) en el mismo hospital en el que él nació (el mismo en el que lo hizo la propia María cuando era Residencia Sanitaria del Instituto Nacional de Previsión) y en el que ha debutado en plena pandemia. Iván está inquieto porque su novio no responde a sus mensajes sobre el coche eléctrico que planean comprar. Iker, su pareja, recién llegado de Londres, está muy ocupado en la gran consultora en la que trabaja, a causa de un proyecto con fondos Next Generation de digitalización de los trámites para las ayudas y prestaciones económicas públicas que podría reducir drásticamente los costes de personal en los servicios sociales, como ya ha sucedido en otros ámbitos.

Mañana María está invitada al arranque de una reflexión estratégica de futuro en los servicios sociales de Gijón. Se pregunta si la desazón que siente tendrá remedio, si serán posibles esos servicios sociales universales, gratuitos, preventivos, personalizados, participativos y comunitarios con los que lleva décadas soñando. Se pregunta si el malestar que percibe en sus colegas y en las personas a las que atienden se reduciría significativamente con más recursos humanos y económicos. O si, más bien, se trata de organizarse de otra manera (especializaciones e integraciones) tanto en los servicios sociales como en el conjunto de las políticas sociales. O si es toda una concepción de la intervención social (quizá paternalista y patriarcal) la que se ha vuelto insostenible y hay que repensar los servicios sociales desde la raíz en el marco de una nueva agenda urbana. Se pregunta en qué medida las disciplinas, las profesiones, las leyes y las organizaciones actuales de los servicios sociales son parte del problema o parte de la solución. Y le preocupa el fuerte giro a la derecha de no pocos electorados en un contexto de guerra e inflación.

Sin embargo, a pesar de su cansancio, confusión y preocupación, María cree que la suerte no está echada, que es mucho y valioso lo que las gentes de los servicios sociales aportan y pueden seguir aportando a la sociedad en Gijón y en todas partes. Que lo que proporcionan y consiguen los servicios sociales (aunque no sepamos explicar muy bien qué es) resulta esencial para cualquier persona y para el conjunto de la sociedad. Que los cambios y convulsiones sociales que la acongojan pueden funcionar como oportunidad y acicate para la transformación e impulso del conjunto de políticas sociales. Quizá, piensa, tenga sentido esa convocatoria para pensar en el propósito…

(continuará)

En nuestra sociedad los servicios sociales tienen el encargo de proporcionarnos cuidados cuando no resulta satisfactorio el encaje entre, por una parte, nuestra capacidad para las decisiones y actividades de la vida diaria y, por otra, la ayuda mutua que nos brindamos entre familiares u otras personas cercanas. Uno de los principales retos sociales y políticos para los próximos quince años en nuestro país sería el de lograr, para esos servicios, las cotas de universalidad y gratuidad que han alcanzado los servicios de salud.

El modelo, factible y asequible, que haría posible lograr ese objetivo tiene, seguramente, seis ingredientes:

1. Profesionalización. Como a tantas otras actividades en la historia, a algunas de cuidados les ha llegado la hora de su intensa y extensa transformación en actividades para las que se requiere una formación reglada y una cualificación formalmente establecida, tanto para la atención directa a las personas que necesitan cuidados como para otras funciones que se requieren en los sistemas de servicios sociales. Las cualificaciones, básicamente, existen, pero se requiere una apuesta de inversión pública que facilite el acceso masivo a ellas de personal actual o potencialmente ejerciente y su correspondiente reconocimiento retributivo. Los servicios sociales de cuidado podrían constituir el yacimiento de empleo con mayor potencial de crecimiento en los próximos quince años en nuestra sociedad.

2. Autodeterminación. El aumento de la cantidad, diversidad, derechos y expectativas de las personas que vamos necesitando cuidados plantea, cada día con más fuerza, la oportunidad y la exigencia de una atención centrada en la persona, es decir, de unos servicios sociales mucho más flexibles y personalizados que promuevan y posibiliten que los valores, el proyecto de vida, las preferencias y las decisiones de las personas (también las anticipadas) determinen los cuidados que vamos a recibir. Autodeterminación es libertad efectiva de elección entre alternativas reales en aspectos clave.

3. Equidad. Significa construir un sistema en el que cada persona reciba los cuidados que necesite cuando los necesite y contribuya solidariamente a lo largo de su vida al sostenimiento de los servicios según sus capacidades (económicas, principalmente). El diseño del sistema deberá incentivar el autocuidado, la prevención, la rehabilitación y la ayuda mutua y habrá de corregir radicalmente la histórica y persistente inequidad de género en la organización social de los cuidados. Un sistema público percibido como confiable y justo legitima la recaudación de impuestos y ayuda a optimizar las decisiones de ahorro e inversión de las personas y familias. El reto de multiplicar por cuatro, en quince años, nuestro actual gasto público en servicios sociales es asumible si atendemos a los efectos y retornos de esa inversión social.

4. Atención en la comunidad. Las personas, cuando necesiten cuidados, deben, según su deseo, seguir formando parte activa de sus redes de relación familiar, convivencial, vecinal y comunitaria y poder optar entre continuar viviendo en su domicilio anterior (con la rehabilitación o adaptaciones pertinentes, en su caso) o cambiar de domicilio, teniendo a su disposición una variedad de alternativas habitacionales (con más o menos y unos u otros espacios y apoyos compartidos con otras personas) a las que los servicios sociales deberán adaptar su oferta de cuidados.

5. Interoperabilidad con el sistema de salud. Desde que nacen hasta que mueren y a lo largo de su vida las personas interactúan con los servicios sanitarios en situaciones que, en ocasiones, generan alteraciones temporales o permanentes en su capacidad funcional y, por lo tanto, necesidad de cuidados más o menos prolongados. El funcionamiento satisfactorio de los servicios de salud y de los servicios sociales requiere de una potente integración intersectorial para que los flujos de personas e información entre ambos sistemas sean eficientes.

6. Innovación tecnológica. Las maneras de cuidar y organizar los cuidados pueden y deben mejorar metodológicamente de forma más rápida y sistemática e incorporar nuevas tecnologías que contribuyan a que las personas podamos recibir unos cuidados cada vez más efectivos, versátiles, afectivos, humanos, seguros y personalizados. El desarrollo tecnológico es estratégico para abaratar costes y es, a la vez, una fuente de riqueza y competitividad para el país.

La realidad demográfica de nuestra sociedad es inexorable y resulta crecientemente insoportable e insostenible la actual organización social de los cuidados, dentro de la cual los servicios sociales públicos (la pandemia lo ha evidenciado más si cabe) presentan una oferta escasa, limitada, tardía, rígida, costosa y desincentivadora de las conductas previsoras y solidarias. En todo caso, la apuesta por el desarrollo y transformación de dichos servicios sociales es más racional que cualquier otra alternativa (como la de que la gente se busque la vida, la de crear un nuevo sistema público de cuidados desde cero, la de encargar los cuidados al sistema de salud u otras).

(Reflexiones, desde Santander, para esta semana en Barcelona, Mataró, Bilbao y Gijón. En la imagen, Anas Sarwar, líder laborista escocés, impulsor de la propuesta de la gratuidad en los servicios sociales de cuidado, social care, y de la creación del National Care Service, de denominación y configuración inspiradas en el mítico NHS, National Health Service, free at the point of use.)

……….

El debate y la clarificación de carácter jurídico que se ha producido en España en los últimos años a raíz de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, parecen arrojar la conclusión de que las comunidades autónomas tendrían la competencia exclusiva para la distribución y articulación de responsabilidades en el seno de sus sistemas públicos de servicios sociales, coherente con la obligación que tienen de dotar a estos sistemas de las capacidades necesarias para los nuevos contextos y planteamientos de este ámbito de actividad. Podríamos, por tanto, poner en cuestión anteriores repartos existentes entre los entes locales y las comunidades autónomas, en virtud, por ejemplo, de la necesidad de continuidad, eficiencia, coherencia e integración de la oferta de servicios sociales.

Las prestaciones o apoyos que ofrece un sistema público de servicios sociales deberán anudarse a una escala geográfica menor o mayor en función de las necesidades y demanda previstas en cada caso y esto determinará la adscripción y alcance territorial de cada uno de los servicios o centros del sistema. Para esta territorialización de los servicios sociales habrá que considerar factores como la densidad y la dispersión de la población y se deberá hacer lo posible por tener en cuenta tanto las demarcaciones territoriales de los entes locales, como la territorialización de otros sistemas o políticas públicas y, singularmente, la del sistema de salud y la de las políticas de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio. Parece razonable que la territorialización de un sistema público de servicios sociales cuente, al menos, con dos niveles inferiores al provincial: el área (mayor) y la zona (menor).

Las instituciones comunes de la comunidad autónoma, depositarias de la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, deberían dotarse de la capacidad de ejercerla de manera completa y sostenida en todo su territorio. Asimismo, deberían obligarse a colaborar con las entidades locales, especialmente en la medida en que éstas pongan infraestructuras físicas y recursos humanos o de otra índole a disposición del sistema público de servicios sociales. Máxime cuando la legislación española sobre administración local considera competencia propia de estos entes la “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, lo que obliga a los entes locales a tomar parte activa en la integración (horizontal) intersectorial de políticas sectoriales o ramas de actividad que, como la de servicios sociales, la de empleo, la de vivienda, la de garantía de subsistencia y otras varias, contribuyen a la inclusión social de todas las personas.

Los entes locales pueden y deben seguir pudiendo solicitar a la comunidad autónoma asumir la responsabilidad principal de la oferta de servicios sociales en su territorio. Cabe proponer que, para poder solicitar el ejercicio de dicha responsabilidad, el ente local correspondiente cubriera, al menos, el territorio de un área de servicios sociales, de modo que, tanto si la responsabilidad sobre los servicios sociales en una determinada área está en manos de la comunidad autónoma como si está en manos de una entidad local, el conjunto (o al menos el grueso) de la oferta de los servicios sociales en esa área sea responsabilidad de la misma institución pública, lo que, a la luz de la experiencia histórica, parece aconsejable.

Por tanto, según esta propuesta, en aras de la integración vertical de la oferta de servicios sociales, los entes locales que quisieran asumir la responsabilidad de dicha oferta debieran tener un tamaño suficiente (al menos el correspondiente a un área) y asumir la responsabilidad del conjunto (o del grueso) de la oferta de servicios sociales (también de la que anteriormente hubiera estado en manos de la comunidad autónoma). De lo contrario, habría de ser la propia comunidad autónoma la responsable del conjunto de la oferta de servicios sociales en esa área. Todo ello, en cualquier caso, sin perjuicio de las competencias de regulación, planificación y gobierno del sistema que siempre retendría la comunidad autónoma y de la deseable colaboración de todas las entidades locales a la que antes se ha hecho referencia (equivalente o similar, al menos, a la que los entes locales tienen aquí y ahora en ámbitos como la educación o la sanidad).

(Extractado y refundido a partir de varias propuestas tentativas para el debate en recientes procesos de consultoría.)

Se viene proponiendo la interacción (definida como el ajuste entre la autonomía de la persona para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario) como el objeto para los servicios sociales. Y, al concebir los sistemas públicos de servicios sociales como universales, se entiende que deben aspirar a prevenir o abordar cualquier tipo o grado de afectación de la interacción de cualquier persona.

Cuando nos aproximamos para conocer ese objeto advertimos que existen algunas situaciones de las personas, contempladas habitualmente en leyes y políticas de carácter transversal (es decir, que afectan a varias ramas de actividad y no sólo a los servicios sociales), que, en principio, salvo excepciones, deberían llamar la atención o desencadenar la actuación (entre otros) de los servicios sociales. Se trataría, principalmente, de las siguientes:

• Situaciones de dependencia funcional y, en general, de discapacidad, en la medida en que las limitaciones funcionales constituyen, normalmente, una afectación de la situación de interacción de las personas en su vertiente de autonomía o capacidad para las decisiones y actividades de la vida diaria y, a su vez, eventualmente, una mayor carga de cuidado o apoyo por parte de personas que mantienen relaciones primarias con ellas.
• Situaciones de desamparo en la infancia y la adolescencia, en la medida en que, dado que se asume que las niñas, niños y adolescentes no disponen todavía de suficiente autonomía funcional para el desenvolvimiento cotidiano y la toma de decisiones sobre su proyecto de vida, se espera la complementación natural por parte de sus progenitoras y, en su caso, otros miembros de la red familiar o comunitaria, complementación que no siempre se produce adecuadamente (pudiendo llegarse al desamparo).
• Situaciones de violencia de género, en la medida en que ésta constituye una perversión radical de relaciones de pareja u otras familiares y comunitarias, que, en lugar de representar fuentes de cuidado y apoyo primario, se convierten en amenaza o causa de daño.
• Situaciones de exclusión, entendiendo por exclusión la falta de acceso de la persona a bienes materiales o inmateriales de primera necesidad por razones administrativas, laborales, económicas, habitacionales u otras y que dicha exclusión puede tener una dimensión relacional que representa una afectación en la situación de interacción.

Ahora bien, el hecho de que, en virtud de las políticas y la normativa referida a estas y otras situaciones análogas, se categorice a determinadas personas ni habilita ni obliga a los servicios sociales a utilizar dichas categorías para segmentar a la población que atienden, no siendo en ningún caso aceptable ningún tipo de discriminación en las oportunidades, el trato o los resultados de las personas en función de dichas categorías, asociadas, como vemos, a sus diferencias de sexo, edad, capacidad, origen u otras similares, sea en el sentido que sea.

Las políticas transversales de igualdad y atención a la diversidad, que buscan la incorporación de todas las personas a la corriente general de ejercicio de derechos y de utilización de servicios universales, pueden aconsejar, en su caso, la generación de estructuras especializadas en tipos de diversidad o en categorías de personas en los sistemas de servicios sociales (como en otros). En aras de principios como la intergeneracionalidad, la interculturalidad y, en general, la interseccionalidad, dichas estructuras especializadas debieran ser, preferentemente, estructuras de gestión y gobierno y sólo excepcional, justificada y temporalmente estructuras de atención específicas para una u otra de dichas categorías de personas.

Los sistemas públicos de servicios sociales deberán contribuir, junto con otras políticas públicas, a adelantarse a la aparición de situaciones de vulnerabilidad, riesgo o fragilidad que, a su vez, puedan transformarse en las situaciones citadas arriba. Con más motivo será necesario el concurso de diversas ramas de actividad (como salud, educación, empleo u otras) si la persona ya se encuentra en alguna de esas situaciones (como las mencionadas de discapacidad, desamparo, violencia de género o exclusión).

En todo caso, cuando los servicios sociales se hubieran hecho cargo de dichas situaciones de determinadas personas o conjuntos de personas, del modo que sea (incluso de manera integral), el replanteamiento de la atención en busca del compromiso de otras ramas de actividad (como garantía de ingresos, vivienda u otras) no deberá desencadenar, en ningún caso, un deterioro o disminución del disfrute de apoyos y ejercicio de derechos por parte de ninguna persona.

(Adaptado del artículo 9 del borrador de Ley de servicios sociales preparado para el Gobierno de Cantabria.)