En el artículo 33 de la Instrucción General de Sanidad Pública aprobada por el Ministerio de Gobernación mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado del 22 de enero de 1904 se detallan cuatro tipos de establecimientos asistenciales que deberán ser objeto de inspección: sanatorios, manicomios, inclusas y asilos. Es una lista que puede resultar ilustrativa de opciones existentes en la época para la atención (entonces denominada benéfica) a diferentes necesidades o situaciones.

La mera evocación de esas palabras resulta ilustrativa de cómo la historia de los servicios educativos, sanitarios o sociales es, en buena medida, la historia de la superación de modelos de atención integral o total para amplios colectivos homogéneos (en términos de género, edad, capacidad u otras características o circunstancias de las personas) en régimen de internamiento (frecuentemente involuntario e indefinido) en instalaciones especiales en tanto que alejadas o diferenciadas de las fórmulas mayoritarias del habitar comunitario en el territorio.

Los avances y consensos de las ciencias y las tecnologías de la salud, de la educación o, en sentido amplio, sociales y el impulso intelectual, ético y político de muchas personas, organizaciones y movimientos han ido enviando al baúl de los recuerdos muchas de estas y otras denominaciones, formatos y dispositivos. Es posible que el hecho de que las personas ingresadas en residencias de mayores constituyan aproximadamente la mitad de las que han muerto por la pandemia de la covid-19 en nuestro entorno impulse el proceso conducente a la progresiva desaparición, también, de este tipo de centros, todavía tan habituales en nuestro panorama asistencial.

Sin embargo, no podemos desconocer que la prevención y reversión del ingreso o internamiento de personas en establecimientos colectivos ha requerido y va a requerir de decisiones y estrategias potentes, inteligentes y concertadas, especialmente, para construir, validar, visibilizar y escalar alternativas comunitarias atractivas, eficientes y sostenibles. Las tendencias innovadoras en los campos de la intervención social, la tecnología digital, la acción comunitaria, la arquitectura y el urbanismo u otros campos son prometedoras, pero las exigencias derivadas de la crisis de los cuidados y de la soledad no deseada son importantes y crecen rápidamente. Y también son poderosos y numerosos los agentes que apuestan por reforzar y prolongar (para cada persona y para la sociedad) la alternativa asilar.

Habrá que redoblar los esfuerzos, porque nos va mucha vida en ello.

(Adaptado de la revista Barcelona Societat.)

Nuestros sistemas públicos de servicios sociales, en estos últimos meses, han demostrado, en general, no merecer tal nombre. Además, nuestros pretendidos sistemas públicos de servicios sociales, en general, han mostrado un importante talón de Aquiles en sus prácticas de ingreso residencial (que, en todo caso, hubieran debido ser excepcionales desde hace mucho) y, muy posiblemente, van a mostrar otro crítico punto débil, terrible también, en su cada vez más insostenible e indeseable papel en la tramitación de algunos recursos económicos o materiales para necesidades de subsistencia (alimentación, vestido, suministros del hogar u otras).

Sin embargo, seguramente, nuestra sociedad no actuaría inteligentemente dejando a los servicios sociales terminar de desmembrarse, debilitarse y enquistarse, porque también es cierto que, en dicho ámbito, llevamos tiempo desarrollando prácticas y conocimientos que nos pueden hacer creíbles como proveedoras de cuidados, apoyos e intervenciones dirigidas a proteger y promover, a cuidar y complementar ,las capacidades individuales y comunitarias para la vida autónoma e interdependiente en los domicilios y vecindarios. Y necesitamos y podemos crear, fortalecer, articular y dinamizar una gama de programas que llene de contenido universal todo el agujero negro que hoy tenemos, por decirlo en pocas palabras, entre el hogar individual o familiar autosuficiente y la residencia colectiva al uso.

Quizá esta pandemia nos esté regalando algunas pistas para nuestra reinvención como servicios sociales, para la construcción de unos nuevos servicios sociales, una mezcla de viejas y nuevas ideas y herramientas que quizá empezamos a distinguir con alguna claridad en el torbellino en el que estamos inmersas. Como que lo que seamos algo habrá de tener que ver con nuestros cuerpos limitados y vulnerables que necesitan de otros cuerpos próximos. Como que esa proximidad entre los cuerpos habrá de ser razonablemente distribuida en el territorio. Como que necesitamos derechos individuales y también lazos primarios, vínculos familiares y comunitarios con personas comprometidas con nosotras. Como que necesitamos formar parte de comunidades de sentido con normas legítimas y asumidas. Como que necesitamos la protección de una capa digital de manejo inteligente y ético de nuestra información a nuestro favor. Como que precisamos territorios resilientes y sostenibles en los que vivir vidas económica, relacional y ambientalmente sostenibles. Como que necesitamos economías solidarias, públicas y privadas más equilibradas en sus pesos específicos y en sus capacidades instaladas, también en el sector de los servicios sociales. Como que la perspectiva de género e interseccional debe ser reivindicada y reforzada tras comprobar en la pandemia la acentuación de las inequidades de género (y otras) y el sacrificio de tantas mujeres sosteniendo la vida en los cuidados, en la limpieza, en los supermercados o en la sanidad.

Tendremos que evaluar la magnitud del daño reputacional con el que nuestros servicios sociales van a salir de esta emergencia. Tendremos que construir y comunicar cuál queremos que sea nuestro papel en las estrategias generales que los diferentes niveles de gobierno van a tener que articular. Tendremos, seguramente, que arriesgar, innovar, apostar. Necesitaremos, posiblemente, nuevas complicidades y liderazgos. Nadie lo va a tener fácil en los próximos tiempos. Los servicios sociales tampoco.

(De los párrafos finales de un artículo recientemente publicado en, cuya versión completa en castellano puede descargarse aquí y cuya versión en catalán está aquí.)

El impacto de las tecnologías, del cambio tecnológico, en la vida social y, específicamente, en las organizaciones y sistemas de actividades profesionales no es privativo de la tecnología digital pero ésta, posiblemente, esté desencadenando y vaya a desencadenar cambios estructurales en el funcionamiento social de una velocidad e intensidad desconocidas. En la actualidad cabe presentar la hipótesis de que el cambio tecnológico ligado al procesamiento inteligente de grandes cantidades de datos contribuiría a una creciente desintegración, diferenciación o separación de dos actividades que encontramos notablemente mezcladas en los servicios sociales realmente existentes, como son:

• La asignación de recursos económicos (o incluso en especie) para necesidades de subsistencia material (también, en su caso, habitacionales), en función de información administrativa sobre carencia de dichos recursos (cuestión en la que los servicios sociales son cada vez menos competitivos).
• La oferta de cuidados, apoyos e intervenciones para desarrollar y complementar la autonomía para proyectos, decisiones y actividades de la vida diaria en relaciones primarias familiares y comunitarias, en función de valoración propositiva desde las disciplinas de la intervención social (que podría quedar como cometido de los servicios sociales).

Además, en el actual contexto, la ciudadanía aprende cada vez más a distinguir para qué necesidades admite o desea, en buena medida, una prescripción facultativa y una autoridad pública (claramente, por ejemplo, las de salud) y para cuáles prefiere, más bien, ejercer su autonomía moral y capacidad de elección (por ejemplo, las de vestido). Hoy por hoy, para muchas necesidades a las que pretendían dar respuesta los tradicionales servicios sociales, gran parte de la población prefiere dinero en función de criterios fácilmente objetivables (para pagar, por ejemplo, por alimento o suministros del hogar) en lugar de intervención profesional en función de un diagnóstico y una planificación basadas en conocimiento científico y técnico. Y, desde luego, lo que no tiene mucho sentido es que personal formado para la intervención técnica se dedique a la tramitación administrativa.

Sin embargo, por otro lado, por ejemplo, en la medida en que se va incrementando la capacidad de dispositivos móviles o llevables por la persona (que reciben, procesan y entregan datos en tiempo real), estos dispositivos pueden tener más peso como parte del proceso de diagnóstico, prescripción y aplicación de la prescripción y para la integración entre la acción de la persona usuaria y de la organización prestadora del servicio, de modo que se puede ir ampliando y enriqueciendo la gama de servicios sociales de prevención, cuidado y apoyo en un continuo de carácter altamente personalizado y comunitario.

Ciertamente, la sociedad digital del conocimiento representa un desafío imponente para nuestros servicios sociales. Puede ser la puntilla que acabe por mandarlos al basurero de la historia, contribuyendo a fragmentarlos y recombinarlos con otras actividades hasta no dejar rastro de ellos. O puede ser una poderosa palanca de transformación hacia los servicios sociales que muchas hemos soñado, un revulsivo para alinear esfuerzos desde fortalezas como la capacidad investigadora de la academia, la fuerza movilizadora de los colegios profesionales y las sociedades científicas, la capacidad de gestión de las entidades solidarias, la autoridad pública de las Administraciones y el impulso innovador de las políticas para esos nuevos servicios sociales que este minuto reclama y posibilita.

(Adaptación de fragmentos del artículo “Los servicios sociales ante la inteligencia de grandes cantidades de datos”, publicado por la Fundació iSocial, que puede descargarse completo aquí.)

La Orden SND/322/2020, de 3 de abril, del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, considera a las “personas residentes en centros de servicios sociales de carácter residencial (centros residenciales de personas mayores, personas con discapacidad u otros centros de servicios sociales de análoga naturaleza)” como “uno de los colectivos más vulnerables y que más severamente está siendo castigado en esta crisis sanitaria”.

Diferentes aportaciones han señalado estos días factores relevantes para comprender cómo y por qué parece producirse en estos centros (o entre las atendidas por ellos) un significativamente mayor porcentaje de personas infectadas por el virus y de fallecidas con él (en comparación, se asume, con personas de perfil similar en salud no usuarias de residencias). Así, se habla, frecuentemente, de sus infraestructuras y recursos; de las proporciones (o ratios) entre asistentes y residentes; del modelo de atención y organización; de la disponibilidad de personal con la cualificación necesaria; de la regulación, dirección, control e inspección por parte de las autoridades; de la posibilidad de que las usuarias se trasladen temporalmente a un domicilio particular; del carácter público, privado o solidario de la titularidad de los servicios; o de las formas de coordinación o integración entre estos centros y otros servicios sociales o los del sistema de salud. Sin duda, todas estas cuestiones son relevantes y tenemos y tendremos que identificarlas, analizarlas y valorarlas con el mayor rigor posible.

En todo caso, si revisamos diferentes encuestas realizadas en nuestro entorno por décadas, reiteradamente, el porcentaje de personas que, por ejemplo, pensando en un horizonte de envejecimiento (y posible limitación funcional y de sus relaciones primarias), expresaba la preferencia por continuar su vida en el domicilio particular superaba, normalmente, el 80% y no sería extraño que, después de los acontecimientos de estas semanas, este porcentaje aumentara. Sea como fuere, en nuestro entorno, es, seguramente, muy reducido el número de personas que están en una residencia por preferencia y voluntad propias.

Sin embargo, las condiciones que podrían permitir el cumplimiento de ese deseo tan extendido de vivir, envejecer y, finalmente, morir “en casa” exigen y van a exigir cada vez más, posiblemente, modificaciones importantes en nuestros hábitos de vida, desarrollos tecnológicos, nuevos servicios sociales y de otros tipos, innovaciones urbanísticas y habitacionales, cambios en nuestras relaciones familiares y comunitarias y, en definitiva, una transformación importante de nuestro modelo de vida y modelo de sociedad. Parece que para entender “lo de las residencias” hay que entender algunas cosas más.

La emergencia que estamos viviendo, seguramente, pone de manifiesto la necesidad de optar, políticamente, estratégicamente. No parece posible una mayor inversión simultánea en todos los dispositivos o mecanismos existentes que sentimos tensionados en esta situación (como los sistemas públicos de salud, la investigación científica, la provisión de tecnología sanitaria y fármacos, los servicios sociales, las políticas de conciliación entre la vida familiar y laboral, el empleo de calidad, los mecanismos de gobernanza de la sociedad, las prestaciones de garantía de ingresos, las viviendas adecuadas, las tecnologías digitales, el voluntariado o las redes comunitarias), sin olvidar, lógicamente, otros que ahora tenemos al ralentí (la educación, la cultura, el comercio, la industria, el transporte y más). Normalmente, al parecer, solemos ver como más importante o estratégico el ámbito o el sector al que pertenecemos o que representamos.

No cabe duda de que se han de mejorar las residencias, los sistemas públicos de servicios sociales y los sistemas de bienestar en general. Pero cabe decir que, en cierta medida, las limitaciones en los recursos disponibles, en la capacidad de reacción, en la resiliencia compartida, en la flexibilidad adaptativa, en la diversidad creativa, en la vitalidad sostenible o en la conectividad con el entorno que han experimentado muchas residencias, posiblemente, no son más que un caso extremo y extremadamente notorio de esas mismas limitaciones en nuestro modelo social en general, en nuestra forma de vida.

Quizá las residencias eran un lugar al que no queríamos mirar porque veíamos en él nuestro reflejo.

(Una propuesta de mejora, impulsada por Mayte Sancho y Teresa Martínez, a la que es posible adherirse, puede consultarse aquí. En la fotografía, militares desinfectando una residencia.)

Los servicios sociales, como todo el mundo, están en estado de shock, haciendo lo que pueden. Lógicamente, ahora, su ocupación, casi única seguramente, es salvar el mayor número de vidas. Sin embargo, parece conveniente ir elaborando constataciones, hipótesis, valoraciones o conclusiones para el futuro, necesariamente revisables. A continuación, algunas (con sus correspondientes preguntas):

1. Los servicios sociales se ocupan de algo importante, muy valioso. Los servicios sociales son útiles, son fundamentales para la vida de las personas, en muchas circunstancias. Los servicios sociales constituyen un dispositivo esencial en sociedades como la nuestra. (Respondería a la pregunta: ¿somos servicios esenciales?)

2. Ese valor añadido que aportan los servicios sociales no reside en su capacidad administrativa o informática de asignar o racionar recursos económicos para las personas ante situaciones masivas, causadas estructuralmente, de pérdida de ingresos, empleo o vivienda. (Respondería a la pregunta: ¿valemos como última red de seguridad económica o general?)

3. Es problemático que eso importante de lo que se ocupan los servicios sociales (sea lo que sea), ese valor añadido que aportamos, esté en manos de una red tan fragmentada, tan desintegrada, tan difícil de coordinar, tan difícil de gobernar. (Respondería a la pregunta: ¿en qué medida estamos vertebrados por el conocimiento, la gobernanza u otros elementos?)

4. Los servicios sociales, en relación con eso de lo que se ocupan (sea lo que sea), se hacen cargo de los casos más graves, pero apenas tienen en sus manos los casos y las respuestas correspondientes a estadios o situaciones menos graves y, por ello, apenas tienen control sobre los procesos o itinerarios que conducen a las personas (a cualquier persona) a dichas situaciones de gravedad. (Respondería a la pregunta: ¿cuánta capacidad preventiva y resolutiva tenemos?)

5. Las respuestas comunitarias son necesarias y (frecuentemente, con innovaciones tecnológicas) son posibles, aunque normalmente son de pequeño alcance y emergen al margen de los servicios sociales. En cambio, una de las tradicionales y principales respuestas de los servicios sociales, sus centros residenciales, parece presentar, al menos en algunas ocasiones y para algunos fines, importantes limitaciones y contraindicaciones (junto a fortalezas y capacidades, demostradas en estos días). (Respondería a la pregunta: ¿contiene nuestro modelo de atención suficiente y adecuada intervención (de base) comunitaria?)

6. Los servicios sociales compiten, en la práctica, con otros dispositivos y sistemas, como el sanitario, el hostelero, el del trabajo doméstico, el policial o el militar, de modo que eso importante de lo que se ocupan los servicios sociales (sea lo que sea) tiene, al parecer, partes de las que pueden ocuparse otros dispositivos y sistemas. (Respondería a la pregunta: ¿tenemos un reconocimiento y aprecio positivo, suficiente y duradero por parte de la población y de otros agentes?)

Estas seis consideraciones o reflexiones (y las correspondientes preguntas) recogen un momento, unos intentos, dentro de una conversación abierta, con reconocimiento y agradecimiento a tantas personas y organizaciones que participan en ella y, sobre todo, que, día a día, trabajan y hacen parte importante de su vida en los servicios sociales, afrontando comprometida y eficazmente situaciones tan difíciles como la actual. Gracias, de todo corazón.

(Esta entrada se ha nutrido de aportaciones recibidas en el marco de trabajos y conversaciones con personas de los servicios sociales, especialmente, estos últimos días, del País Vasco, Madrid, La Rioja, Cantabria, Cataluña y Aragón.)

Posiblemente, una característica de la emergencia que estamos viviendo en el mundo en las últimas semanas es su carácter novedoso y vertiginoso. La experiencia nos resulta enormemente nueva, los acontecimientos se suceden con gran rapidez y, frecuentemente, pensamos en una solución cuando ya es tarde para implementarla.

En España, por ejemplo, el decreto aprobado por el Gobierno el 14 de marzo, mediante el cual declara el estado de alarma contiene una relación de los servicios que deben seguir funcionando abiertos al público, mencionando inicialmente, por ejemplo, las peluquerías. En cambio, no hace, sorprendentemente, ninguna referencia, en ningún sentido, a los servicios sociales.

Sin embargo, seis días después, cuando las residencias para personas mayores ocupan todas las primeras planas de los periódicos debido a la cantidad de personas que enferman y mueren en ellas, el Gobierno acuerda declarar los servicios sociales como “servicios esenciales” y, en general, los servicios sociales de carácter residencial son rápidamente puestos bajo los focos para diferentes estrategias de intervención. Por ejemplo, en la prensa del 24 de marzo se informa de que el ejército ha entrado en más de 300 residencias de personas mayores para labores de desinfección.

Para enfocar adecuadamente esta situación, hay que entender que la atención social de carácter residencial (es decir, los servicios sociales que, además de los cuidados y apoyos característicos de los servicios sociales, proporcionan, también, alojamiento a las personas) debe ser vista como una más de las modalidades de atención que ofrecen los servicios sociales, junto a otras como la telemática, la domiciliaria, la ambulatoria, la diurna o la que se realiza en el espacio público.

En función del diagnóstico profesional y de las preferencias de la persona, puede estar indicado para una persona un servicio de carácter residencial, pero ello no quiere decir que esta persona no pueda, en otro momento, volver a su casa o trasladarse a otro domicilio particular y recibir cuidados y apoyos en cualquiera de las otras modalidades mencionadas.

La experiencia que estamos viviendo en España hace pensar que no resulta particularmente fácil manejar una situación de emergencia sanitaria, distancia social y confinamiento domiciliario en los centros residenciales, especialmente si un número importante de personas en situación de dependencia funcional vive en ellos.

En ese contexto, una de las medidas que ha de considerarse y potenciarse es que las personas usuarias de los servicios sociales residenciales se trasladen temporalmente a sus domicilios particulares o a domicilios de familiares u otras personas que tengan capacidad y disponibilidad para acogerlas. Ello puede ser coyunturalmente más fácil en la medida en que muchas personas pasan muchas más horas en sus domicilios mientras dure el confinamiento y la emergencia y pueden tener, coyunturalmente, mayor disposición para acompañar y atender a las personas que salen temporalmente de las residencias.

Lógicamente, para que esta medida funcione, la persona debe poder contar con los necesarios apoyos por parte del sistema público de servicios sociales y con un entorno amigable que garanticen en el domicilio particular una calidad de vida igual o mejor que la que tenía cuando estaba ingresada en el centro residencial. Obviamente, es necesario comprobar que ni la persona que sale de la residencia ni aquellas que la acogen están infectadas.

Esta medida, a la vez, contribuye a descongestionar los servicios residenciales y facilita una mejor atención para las personas que no pueden o, sencillamente, no quieren abandonar temporalmente la residencia, ya que dejan más espacio físico y personal profesional a disposición de estas personas que permanecen en el centro residencial.

Posiblemente, en este momento, en España, muchas personas se están arrepintiendo de no haber tomado esta medida (entre otras) cuando todavía estaban a tiempo. Otras, afortunadamente, lo están haciendo en estos días.

(Versión en castellano de la entrada en inglés, preparada para la web LTC responses to Covid-19 de la International Long Term Care Policy Network, que contiene enlaces a artículos de prensa en castellano.)

Cabe hablar de emergencia general cuando, con independencia de la naturaleza del problema identificado como origen o causa de la situación excepcional (sanitario, por ejemplo), la disrupción del curso normal de la vida (a menor o mayor escala, más local o más global) llega a afectar al resto de esferas o ámbitos de satisfacción de las necesidades de las personas (como transporte, alimentación, alojamiento, actividad cultural, seguridad, uso del espacio público, administración de justicia, ambiente, telecomunicaciones u otras).

¿Cuál sería, en ese contexto, el papel de los servicios sociales?

Es sabido que nuestros servicios sociales públicos tienen encomendados algunos trámites administrativos de ayudas económicas para necesidades de subsistencia que constituyen, en todo caso, una pequeña parte del monto total que aportan las instituciones públicas para ese fin. Sin embargo, obviamente, en una emergencia general, no es principalmente para esos trámites para los que se necesita a los servicios sociales (trámites para los que resultan más eficientes, de cualquier modo, la Seguridad Social, las haciendas u otras estructuras), sino fundamentalmente para sus cometidos específicos, propios e intransferibles, es decir, para los cuidados, apoyos e intervenciones que tienen que ver con el riesgo o situación de afectación o limitación de la autonomía funcional o decisional de las personas o de los vínculos o apoyos familiares o comunitarios con los que cuentan en su vida diaria o cotidiana.

Lógicamente, en la emergencia general, la primera y principal responsabilidad de los servicios sociales la constituyen ese pequeño porcentaje de personas que, en el momento de la emergencia, estén ingresadas (estén viviendo) en sus servicios residenciales (con independencia de que deban o puedan seguir en ellos), dado que son las usuarias de los servicios sociales que en mayor medida dependen de éstos. También tendrían prioridad otras personas en condiciones de especial vulnerabilidad (como algunas que viven en la calle) que tengan como referencia principal el sistema de servicios sociales para su atención y seguimiento (o cuya protección o atención les esté encomendada legal, judicial o administrativamente).

Sin embargo, parece fundamental que esa atención prioritaria a los mencionados colectivos y en los citados servicios, no conlleve una significativa pérdida de tensión hacia el resto de perfiles y de modalidades de apoyo. Los servicios sociales telemáticos, domiciliarios, de medio abierto, ambulatorios y diurnos forman una red esencial para la sostenibilidad y la calidad de la vida de muchas personas en sus casas, vecindarios, barrios y pueblos. Personas con diferentes grados de fragilidad, afectación o limitación funcional o relacional que, si no están en el radar de la prevención, seguimiento, atención y acompañamiento de los servicios sociales, pueden ver rápidamente agravada su situación. Los servicios sociales están llamados a estar a disposición de toda la población y esto debe seguir siendo así, sin desdoro de la lógica prioridad hacia la mayor vulnerabilidad, también en las situaciones de emergencia. En ocasiones, una breve llamada telefónica (“¿cómo se encuentra?”) puede marcar la diferencia.

Además, si algo se pone a prueba en una emergencia general es la conectividad y capacidad de funcionamiento en red de los dispositivos y sistemas de cualquier tipo. En el caso de los servicios sociales, posiblemente, sea fundamental su integración horizontal en el territorio con otros servicios de bienestar (como los de salud) y su capacidad de identificación, activación y sostenimiento de capacidades familiares, vecinales, comunitarias y solidarias de proximidad, de modo que se produzca un efecto multiplicador de la protección entre la intervención social profesional y esas dinámicas naturales o espontaneas de ayuda mutua y autoorganización cívica que surgen en la población.

Se propone definir los servicios sociales como cuidados, apoyos e intervenciones para mejorar y complementar la interacción de las personas, es decir, su autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria en relaciones primarias familiares y comunitarias.

Hablamos, en primer lugar de “cuidados”, entendidos como la realización, en lugar de la persona, de una parte de las actividades de la vida diaria, en la medida en la que la persona no sea capaz de realizarlas por y para sí misma. Parece fundamental visibilizar el hecho de que cuando, por insuficiente capacidad de autocuidado o de cuidado primario (familiar y comunitario), se necesitan cuidados profesionales, la rama de los servicios sociales sería la competente, en principio, para proponerlos, proporcionarlos y evaluarlos.

Nos referimos, en segundo lugar, a “apoyos”, porque, con ser importantes, los cuidados sólo constituyen una parte de las prestaciones que brindan los servicios sociales a las personas. Actividades tan características de los servicios sociales como, por ejemplo, el acompañamiento social, no pueden considerarse, estrictamente hablando, como cuidados. Por otra parte, al par “cuidado y apoyo” (care and support), le añadimos “intervenciones” para recoger, por ejemplo, actuaciones de carácter poblacional y preventivo, que no necesariamente se estructuran como servicios con destinatarias individuales.

Se dice, a continuación, que los cuidados, apoyos e intervenciones que constituyen los servicios sociales son para mejorar y complementar la interacción de las personas. En primer lugar, mejorarla y, si no o también, complementarla. En esta definición de los servicios sociales el término “interacción” se utiliza en un sentido particular (no general), y ello se hace porque se aspira a que dicho término pueda ser utilizado para referirse, con una sola palabra, al bien que protegen y promueven los servicios sociales.

La interacción, en este contexto, se define, en primera instancia, como autonomía funcional para las actividades de la vida diaria (básicas, instrumentales y avanzadas). Se dice “decisiones y actividades” para subrayar que no nos referimos únicamente a la capacidad de ejecutar unos actos cotidianos sino a la de decidir hacerlo, a la autodeterminación para el proyecto de vida y su realización. Así pues, según esta definición, los servicios sociales aspirarían a ayudar a las personas a mejorar o, en su caso, a complementar sus capacidades para realizar (y decidir realizar) actividades de la vida diaria, para desenvolverse en la esfera de la vida cotidiana (diferenciada de la esfera de la vida laboral, por ejemplo).

Ahora bien, la autonomía es, por definición, interdependencia, y, en la definición que proponemos, interdependencia en el seno o en el marco de relaciones primarias de carácter familiar o, en general, comunitario. Aquí usamos el par acuñado “familiar y comunitario” y se entiende que las limitaciones en la autonomía funcional para la vida diaria suelen llamar, en primera instancia, a la actuación de familiares o personas con algún otro tipo de vínculo comunitario, específicamente de carácter primario (de amistad, de convivencia, de vecindad o similar, regido por la reciprocidad).

Por tanto, los servicios sociales, según esta definición, serían aquellos servicios que tienen como misión prevenir o abordar situaciones de desajuste o desacoplamiento entre la capacidad de las personas de cualquier edad para desenvolverse y proyectarse en la vida diaria y los apoyos naturales de los que disponen gracias a sus relaciones primarias.

(A partir de diálogos en el Aula de Formación Permanente “Repensar los Servicios Sociales” de Cantabria. La ilustración corresponde a la campaña Social Care Future.)

La actual ola (en todos los campos de la economía, la Administración y la vida social) de innovación, transición o revolución digital es una poderosa corriente de destrucción creativa (eso es la innovación) que desintegra e integra vertical y horizontalmente, de sorprendentes maneras, las actividades y organizaciones humanas. Que se lo expliquen, si no, a las empresas que gestionaban cines y que creyeron que las compañías de telefonía eran sus proveedoras (como las fabricantes de muebles que les vendían las butacas), cuando lo que finalmente ha sucedido es que ahora vemos las películas en ese aparato que seguimos llamando teléfono.

Esa ola atrapa a los servicios sociales en un momento peculiar, no particularmente fácil de comprender para las personas con conocimientos sobre gestión y consultoría o con responsabilidades políticas que se acercan a nosotras para ayudarnos a innovar. Es un momento de mudanza en el que los servicios sociales, en buena parte de la legislación vigente y consensos de la comunidad de conocimiento, habían apostado por un proceso de universalización, es decir, por superar su posicionamiento residual como última red sin objeto o bien protegible propio y específico de interés general. Un momento, sin embargo, en el que ese proceso de universalización (y consiguientemente, de configuración como un pilar del bienestar similar al educativo o al sanitario) dista de haberse logrado.

Lógicamente, los procesos de intervención, gestión y gobierno son muy diferentes en unos servicios sociales-última red (que se ocupa prácticamente de cualquier necesidad para determinados colectivos minoritarios) y en unos servicios sociales-pilar (que se ocuparían de unas determinadas necesidades para cualquier persona, para todas las personas). Por eso, en ocasiones los intentos de mejora, desarrollo o innovación en los sistemas públicos de servicios sociales realmente existentes están potenciando dimensiones contradictorias:

• En la medida en que el control social punitivo de personas en situación de vulnerabilidad general (económica, laboral, habitacional y otras) es una labor que nunca se ha dejado de realizar en los servicios sociales, determinadas innovaciones acentúan la asimetría de poder y la vulneración de los derechos humanos de estas personas. Por ello surgen frecuentemente alertas éticas y políticas respecto de medidas que están tornando más crueles y humillantes, si cabe, determinados tratamientos proporcionados por los servicios sociales,
• En el otro extremo, quienes apuestan por unos servicios sociales más relacionales, personalizados, participativos, preventivos, colaborativos y comunitarios están encontrando nuevas fórmulas, formatos o procesos para transformar los servicios sociales y, específicamente, para la escalabilidad de nuevos modelos de cuidados, apoyos e intervenciones en los domicilios, los vecindarios y los territorios.

Esta situación puede ser el principio del fin y acabar por mandar los servicios sociales al basurero de la historia, contribuyendo a fragmentarlos y recombinarlos con otras actividades hasta no dejar rastro de ellos. O puede ser un revulsivo para alinear esfuerzos desde fortalezas como la capacidad investigadora de la academia, la fuerza movilizadora de los colegios profesionales y las sociedades científicas, la capacidad de gestión de las entidades solidarias, la autoridad pública de las Administraciones y el impulso innovador de las políticas para esos nuevos servicios sociales que este minuto reclama y posibilita.

(Entrada de arranque para el Aula de Formación Permanente “Repensar los Servicios Sociales” que comienza hoy en Cantabria. Fotografía del Salón Vizcaya, mítico cine del barrio de San Francisco, en Bilbao.)

En los sistemas públicos de servicios sociales españoles, en términos generales, se ha seguido la técnica de los sanitarios de elaborar catálogos (y carteras) para una presentación ordenada de su oferta a la ciudadanía. A continuación, una propuesta, basada en la consideración de la interacción (autonomía funcional e integración relacional) como objeto de los servicios sociales:

1. Servicios de dinamización comunitaria e intervención en medio abierto (también en equipamientos comunitarios). Incluyendo:
   1. Servicios de animación en el tiempo libre.
   2. Servicios de promoción de la integración familiar y comunitaria y de la convivencia en los vecindarios y el espacio público (y prevención de la soledad no deseada y otras afectaciones en la interacción).
2. Centros (ambulatorios y de atención telemática) de valoración diagnóstica de la interacción, orientación, acompañamiento y seguimiento (primarios o generales) para personas y familias.
3. Centros (ambulatorios y de atención telemática) de valoración diagnóstica, orientación, acompañamiento y seguimiento (secundarios o especializados). Incluyendo:
   1. Servicios de atención temprana del riesgo para el desarrollo.
   2. Servicios de apoyo a la parentalidad, el acogimiento, la adopción y la tutela.
   3. Servicios de promoción de la autonomía y apoyo a cuidadoras y cuidadores primarios de personas con limitaciones funcionales.
   4. Servicios de apoyo a la planificación y a las transiciones del ciclo vital.
   5. Servicios de atención a personas en riesgo o situación de discriminación, maltrato o violencia en función de la diversidad (sexual, generacional, funcional o cultural).
4. Productos (incluye aplicaciones digitales) de apoyo para la interacción.
5. Servicios de atención telemática o presencial (con amplia diversidad de cuidados y apoyos para la facilitación, complementación, desarrollo y promoción de la interacción de las personas en sus entornos domiciliarios y comunitarios).
6. Centros de atención (a los que las personas acuden cotidianamente, en diferentes horarios, o, eventualmente, en los que viven).
7. Prestaciones económicas para incentivar la interacción (por ejemplo, de cuidados de familiares en situación de dependencia o de acogimiento familiar o presupuestos personales).
8. Servicios de urgencia social (Entendida como situación de afectación súbita de la interacción de la persona. No procede si la afectación es principalmente a su situación económica, de salud, de seguridad o habitacional).

(A partir de trabajos recientes en Castilla y León, Navarra, Asturias, Comunidad Valenciana y Murcia.)