El objeto de los servicios sociales: intentando afinar

dardos

A la hora de conceptualizar la finalidad, misión u objeto de los servicios sociales, entendidos como una de las ramas, pilares o ámbitos sectoriales universales dentro del conjunto de la acción pro bienestar (o política social), cabría empezar identificando la autonomía personal y la inclusión social como objeto o finalidad del conjunto de la política social (que comprendería sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos). Si se admite este punto de partida, la atención integrada e integral (en la que todos estos ámbitos participan por igual) es la que permite alcanzar esa finalidad u objeto general del sistema de protección social que sería la autonomía personal y la inclusión social de toda la población: en una palabra, su bienestar.

Dentro de ese conjunto, por ejemplo, el pilar de los servicios de empleo se encargaría de:

  • Una parte o dimensión de la autonomía personal, que sería la cualificación profesional (o, si se quiere, en un concepto más amplio, la empleabilidad).
  • Una parte o dimensión de la inclusión social, que sería la inclusión laboral.

En cambio, los servicios sociales se encargarían de:

  • Una parte o dimensión de la autonomía personal, que sería la autonomía funcional (incluyendo autodeterminación, cognitiva) para las Actividades de la Vida Diaria.
  • Una parte o dimensión de la inclusión social, que sería la inclusión relacional (es decir, familiar y comunitaria: de vínculos primarios).

Siguiendo con estos dos últimos ámbitos, si al bien que obtenemos cuando encajan las cualificaciones profesionales de las personas con las oportunidades de inclusión laboral lo llamamos empleo, al bien que obtenemos cuando ajustan autonomía funcional e integración relacional lo podemos llamar interacción. Los servicios sociales ofrecerían, entonces, intervenciones, cuidados, productos y otros apoyos para proteger, mejorar y potenciar la interacción de todas las personas y para prevenir, paliar o compensar desajustes en esa área de necesidad que tenemos todas las personas a lo largo de nuestro ciclo vital.

Sigamos. La autonomía e inclusión económicas (es decir, la cobertura de las necesidades de subsistencia, como la alimentación y el vestido) no serían objeto o misión de los servicios sociales. Esto podría afirmarse incluso en los lugares y en los casos en los que, temporalmente, los servicios sociales se siguieran haciendo cargo de una parte de las prestaciones económicas de garantía de ingresos, como las rentas mínimas o las ayudas de emergencia social (del mismo modo que los servicios de empleo se hacen cargo de otras prestaciones económicas de garantía de ingresos, como las de desempleo).

(Temporalmente, se dice, ya que las tendencias de referencia parecen apuntar a la configuración de un gran pilar unificado encargado de la seguridad económica para las necesidades de subsistencia de todas las personas, que integrara, tendencialmente, la determinación y gestión de todos los flujos monetarios entre Administración y ciudadanía, como impuestos, deducciones, cotizaciones, pensiones y otras prestaciones económicas para la subsistencia material.)

Los servicios sociales no se encargarían (por poner dos nuevos ejemplos) de las necesidades de alojamiento o de las atinentes a la salud de las personas, salvo excepcionalmente y en el marco de servicios que exigieran la respuesta a dichas necesidades como complemento a la respuesta a las necesidades que sí correspondiera abordar a los servicios sociales. En la mayor parte de los casos, sin embargo, la atención a las necesidades o situaciones complejas se realizaría mediante procesos de atención integrada intersectorial en los que cada sector de actividad se haría cargo de las necesidades que le corresponden.

Cabe pensar que este giro es factible y estratégico hoy en los servicios sociales en España (de hecho, es un giro ya iniciado en diversos lugares en mayor o menor medida) y que es, seguramente, imprescindible para avanzar en la universalización de los servicios sociales, abandonando progresiva y decididamente su condición residual.

(Notas preparadas de cara a una jornada organizada por la Generalitat Valenciana, los días 28 y 29 de noviembre de 2017, en el proceso de preparación de su nueva ley de servicios sociales. Se nutre, entre otros, de trabajos recientes con la cooperativa Agintzari, la Fundación Ramón Rubial, la Fundación FOESSA o los servicios sociales municipales de Ermua.)

Una mirada técnica y una mirada ética sobre nuestros servicios sociales

Rubial Vitoria

Desde una mirada técnica, Sara Buesa reconoce las importantes aportaciones y avances que representa la Ley vasca de servicios sociales y el notable esfuerzo que se está realizando en el día a día de éste que deseamos como cuarto pilar del sistema de bienestar para, dando respuesta a una creciente complejidad social (respuesta que debe ser más compartida por los otros pilares), dejar atrás el asistencialismo residual y avanzar en las claves de universalidad, calidad, continuidad, personalización y enfoque comunitario que marca nuestra normativa y planificación.

Sara Buesa identifica siete ejes de futuro para los servicios sociales: dar más peso a su dimensión relacional, enfocar las intervenciones a las competencias y capacidades de las personas, actuar éticamente, orientarnos a un modelo de atención centrada en la persona, apostar por la prevención y la promoción, poner el foco en la construcción de comunidad y trabajar en clave de innovación.

Desde una mirada ética, Marije Goikoetxea nos recuerda que la autoinsuficiencia, vulnerabilidad e interdependencia de todos los seres humanos, en su enorme diversidad de características personales y códigos morales, impone a la sociedad (a la polis), a cada uno de sus miembros y, específicamente, a la intervención social, tanto un deber ético de justicia (iguales derechos e inclusión universal en el seno de la comunidad sostenible) como un compromiso con la felicidad de cada persona, de modo que la igualdad de trato no se convierta, como tantas veces sucede, en maltrato para algunas personas.

Marije Goikoetxea identifica también siete transformaciones necesarias para nuestros servicios sociales: más prevención de la dependencia y promoción de la autonomía, evitar la segregación y fomentar la integración en la comunidad, integrar el respeto a la dignidad de las personas con las prácticas basadas en la evidencia, superar la actual organización de la atención para generar más calidad de vida, modificar prácticas y procedimientos que constituyen formas de maltrato, abordar urgentemente algunas interfaces entre ámbitos sectoriales especialmente problemáticas y educar a la ciudadanía en la compasión y el respeto.

Junto a estas dos miradas se abren muchas otras: la de la mujer inmigrante que cuida como interna y reclama oportunidades reales de formación y promoción profesional, la de personas en situación de exclusión o emergencia social (tras un desahucio o un  alta hospitalaria) que quedan fuera de los ámbitos de derecho subjetivo reconocidos, la del tercer sector que reclama reconocimiento y visibilidad para nuestros servicios sociales coproducidos, la de otros sistemas (como el de vivienda) que nos piden mayor fiabilidad y validez en las valoraciones realizadas en los servicios sociales para facilitar la interoperabilidad de la información y los itinerarios intersectoriales, la del estamento profesional que pide más margen para la prescripción facultativa (basada en el diagnóstico y evaluación) en servicios sociales o la de las personas que padecen la inequidad o desincentivos que se derivan de la territorialización o el copago establecidos en nuestros servicios sociales.

(Notas a partir del encuentro organizado el 22 de noviembre de 2017 por la Fundación Ramón Rubial. Clicando en su nombre se puede descargar la documentación aportada por sus ponentes, Sara Buesa y Marije Goikoetxea, con las intervenciones que realizaron.)

Exigencia, intensidad, cronificación y reducción de daños en servicios sociales

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En la comunidad de conocimiento sobre servicios sociales aparecen recurrentemente dudas y debates en torno a algunos conceptos (como exigencia, intensidad, cronificación o reducción de daños) que han de abordarse, en todo caso, a partir de la identificación de los resultados valiosos que se espera que desencadene la intervención social en sus destinatarias y destinatarios.

Desde esa perspectiva, cabe entender la exigencia (baja o alta) como el establecimiento (legítimo e imprescindible), por parte de un servicio, de resultados previamente alcanzados por la persona (por ejemplo, en términos de motivación para el cambio, no uso de la violencia u otros hábitos, capacidades o conexiones), en función de los cuales el servicio se compromete (razonablemente) de cara a la consecución de nuevos objetivos, dentro de procesos o itinerarios razonablemente diseñados (no lineales) y suficientemente flexibles (no rígidos).

Ahora bien, el hecho de que, en un determinado momento, un servicio (y una profesional) pueda (y deba) establecer una determinada exigencia previa para la realización de una intervención y prestación de un servicio no quiere decir que el sistema no disponga de otros servicios o alternativas de atención cuando la persona no alcanza (en ese momento) el umbral exigido. Se habla, por ello, de “baja exigencia” o “bajo umbral”, que puede asociarse, aunque no necesariamente tenga que ser así, a una relativa modestia o limitación de los resultados esperados. Entendiendo, lógicamente, que, en el campo de los servicios sociales (como en el sanitario), el mayor éxito posible, en ocasiones, es la cronificación de una situación y que habrá personas que necesitarán apoyos de larga duración y cuya situación de interacción no se aspira tanto a mejorar como a que empeore o se deteriore lo menos posible (reducción de daños).

Por otra parte, del mismo modo que no cabe asociar necesariamente baja exigencia con modestia de los resultados esperados (de los objetivos) en términos de cambios en la situación de la persona (pues partiendo de una baja exigencia se pueden obtener cambios importantes), tampoco se ha de asociar baja exigencia o reducción de daños con baja intensidad de la intervención social. Puede haber intervenciones de baja exigencia y alta intensidad y también, lógicamente, intervenciones de alta exigencia y baja intensidad, y todas ellas, lógicamente, pueden ser más breves o de más larga duración.

Esta comprensión de la exigencia en términos de resultados previamente alcanzados, necesarios en un momento del proceso, y la concepción del proceso de intervención social como un itinerario individual, personalizado y flexible, con diversas alternativas y ritmos posibles (y también tiempos de permanencia en la misma situación o de regreso a situaciones anteriores) al que la persona tiene derecho, contrasta con la interpretación de la exigencia en términos de contraprestación o condicionalidad, en modelos de atención en los que se entiende que la persona ha de hacer merecimientos para recibir determinada atención (no tiene derecho a ella, por tanto) y la intervención social (como otras) se entiende y practica (y se desvaloriza) en términos de control obligatorio al que se somete la persona bajo la amenaza punitiva de retirarle determinadas prestaciones.

Por el contrario, programas y propuestas como Vivienda Primero (Housing First) o enfoques de “activación inclusiva” en clave de “doble derecho” a la garantía de ingresos y a servicios de apoyo para la inclusión laboral y en otras dimensiones están contribuyendo a cuestionar esas visiones de la exigencia en términos de condicionalidad o contraprestación.

Hay que entender, en cualquier caso, que es la persona (el individuo) la destinataria de los servicios sociales de la que estamos hablando. Es la situación de interacción del individuo (su autonomía funcional e integración relacional) la que nos dará la medida de la intervención social y sobre cuya intensidad, exigencia o duración estamos haciendo consideraciones. A partir de ahí nos encontraremos con tres tipos de intervenciones:

  • Intervenciones necesariamente individuales.
  • Intervenciones que pueden hacerse de forma individual o colectiva en función de consideraciones organizativas o económicas, pero que no se resienten por ello en términos de proceso y resultados.
  • Intervenciones necesariamente colectivas.

Por lo mismo, evidentemente, no puede recibir la misma consideración aquella intervención colectiva en la que la colectividad es de carácter comunitario (es decir, es una colectividad que existe o se puede mantener mediante relaciones primarias entre las personas) que aquella colectividad generada por el propio servicio a los efectos de realizar la intervención.

De otro lado, en los casos en los que la dinámica de prestación de un servicio genera colectividad o agrupa a personas, no hay, de entrada, por qué suponer que todas las personas usuarias de un servicio coincidirán en cuanto, por ejemplo, la exigencia o la intensidad de la atención que reciben. Puede haber servicios que, como tales, estén caracterizados por un determinado nivel de exigencia o intensidad, pero puede haber otros en los que diferentes usuarias reciban atención con diferentes grados de exigencia o intensidad, lo cual parece más coherente con la personalización y flexibilidad que se busca y, sin embargo, contradice la previsión de nuestro marco normativo en el País Vasco de clasificar los servicios en función de su intensidad y de colocarlos, por ello, en diferentes niveles asistenciales (y manos institucionales).

En función de sus capacidades técnicas y profesionales instaladas en el sistema y los servicios y en función de los recursos y activos presentes en las personas y comunidades, los servicios sociales han de ir jugando sus bazas. Históricamente hemos jugado más la baza de la intensidad (horas) de prestación profesional de menor valor añadido (llegando frecuentemente a atención directa de personal menos cualificado de 24 horas al día siete días a la semana en internamiento asilar) sacrificando la personalización cualificada, la digitalización virtual y la proximidad comunitaria. Pero esto está cambiando en algunos lugares y puede cambiar en muchos más.

(Tomado y adaptado de un artículo de próxima publicación en Zerbitzuan.)

Una teoría del cambio para nuestros servicios sociales

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Cuando los diferentes agentes interesados en desencadenar transformaciones estratégicas en un determinado ámbito de la vida social expresan sus propuestas o toman decisiones, de forma más o menos elaborada, consciente, compartida o explícita, dan pistas acerca de su “teoría del cambio” (Carol Weiss), es decir, de la manera en que construyen cognitivamente las relaciones causa-efecto entre los factores o aspectos que está en su mano modificar o alterar mediante sus actuaciones y las posibles o previsibles cadenas de efectos de dichas actuaciones, en un marco dado de supuestos y restricciones.

En el sector de los servicios sociales en España, hace diez años, posiblemente, muchos agentes entendimos que la garantía legal del derecho subjetivo (exigible y justiciable), asociada a catálogos y carteras de prestaciones y servicios de responsabilidad pública y a un incremento sostenido de la inversión social en estas actividades y estructuras conduciría (en una década, más o menos) a nuestros servicios sociales a un grado de universalización efectiva y a un tipo de posicionamiento ante la ciudadanía similar al que tenían en ese momento la sanidad, la educación o las pensiones (y por eso hablábamos del cuarto pilar).

Posiblemente no son pocos los agentes que, en este minuto, mantienen básicamente intacta esa teoría del cambio, entendiendo que ha sido la pinza entre el agravamiento de las necesidades y las limitaciones presupuestarias derivadas de la crisis económica vivida en la última década (o, en todo caso, establecidas políticamente) la que ha impedido o retrasado la prevista eclosión de nuestros servicios sociales.

Una visión alternativa a esta, sin embargo, sostendría que inyectar recursos y garantizar prestaciones sin imprimir un giro estratégico a los servicios sociales realmente existentes podría más bien, en una suerte de más de lo mismo, estar acentuando (o hacerlo en el futuro) las ineficiencias y disfunciones del sistema y, paradójicamente, alejarlo de las deseadas metas de impacto, universalidad y reconocimiento.

Desde este punto de vista, el factor clave de éxito podría tener que ver, más bien, con la capacidad de las nuevas regulaciones jurídicas y las nuevas líneas de inversión social para desarrollar (e ir incrementando la escala de) una nueva generación y un nuevo ecosistema de productos, cuidados, aplicaciones, apoyos y plataformas (fundamentalmente virtuales, domiciliarias y de medio abierto), basadas en el conocimiento, al servicio del desenvolvimiento autónomo y autodeterminado de todas las personas en su vida diaria y cotidiana, en el seno de relaciones familiares y comunitarias diversas y deseadas.

En esta teoría de cambio alternativa, el elemento más posibilitador del cambio deseado sería más bien la innovación en unos procesos operativos de intervención social de creciente valor añadido, unida, seguramente, al ensayo y despliegue de modelos de gestión capaces de crear más valor público articulando a diversos agentes y de procesos de gobernanza integrada intersectorial de ámbito territorial adecuado que hagan posibles los itinerarios vitales de todas las personas.

(Sobre estas cuestiones hablaremos en Santander, los días 6 y 7 de noviembre, con profesionales de la atención primaria de servicios sociales; en Toledo, el 9 de noviembre, en las jornadas organizadas por el Gobierno y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla la Mancha; y los días 14 y 15 de noviembre, en Oviedo, con directivas de la Consejería responsable en materia de servicios sociales. Como complemento, puede descargarse aquí una guía breve para la elaboración de planes estratégicos locales de servicios sociales.)

La dimensión territorial de los servicios sociales

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Si nuestros servicios sociales quieren alejarse de un posible (y no especialmente improbable) futuro de fragmentación, enquistamiento, subordinación, asistencialismo e irrelevancia deben encarar mejor, entre otros, el reto de pensar, evaluar, diseñar, articular y multiplicar su contribución a la planeación, desarrollo, ocupación, ordenación, rentabilización, humanización y sostenibilidad de los territorios, más urbanos o más rurales, en los que sucede la vida de (todas las) personas (en una determinada escala, deseablemente humana, pero no sólo humana, pues el ser humano no es el único ser).

Las personas, aunque tantas veces parezcamos olvidarlo, somos cuerpos. Cuerpos embebidos ecodependientemente en entornos físicos (para respirar, para alimentarse, para vivir a una temperatura adecuada y para muchos más procesos). Cuerpos geolocalizables que necesitan tiempo y medios para desplazarse por el espacio. Cuerpos que, sin desconocer el creciente valor y cambiante significado de las relaciones virtuales, están llamados, interdependientemente, al abrazo, al cuidado físico recíproco y a la común gestión de la materia física y el medio ambiente.

¿Qué servicios sociales serán significativos, relevantes y determinantes para la configuración de territorios competitivos, amigables y sostenibles? Probablemente, aquellos que adopten estrategias inteligentes para la drástica reducción del peso y la centralidad de las tareas administrativas y de los servicios que extraen a las personas de su entorno y se orienten decididamente a la producción y aplicación del conocimiento para la (re)generación de recursos y activos personales y relacionales (individuales y comunitarios) para la sostenibilidad de la vida en el territorio. Probablemente, aquellos que apuesten decididamente por una integración vertical y horizontal de la prevención y la atención que permita diversificar y densificar capas de cuidados y apoyos virtuales, domiciliarios y callejeros disponibles para toda la población en clave de proximidad y digitalidad. Probablemente, aquellos que acierten con fórmulas de maridaje innovador y colaborativo entre las administraciones públicas y las iniciativas comunitarias, solidarias y emprendedoras que, enraizadas en el territorio, emergen o pueden llegar a emerger.

La vida humana sólo es posible en el territorio y sólo es posible si funciona y evoluciona una compleja trama de flujos y transacciones entre el ambiente y la población y en el seno de ésta. Para contribuir significativamente a la configuración de esa trama de la vida, los servicios sociales han de construir una oferta creíble de aportación de valor en la conversación y en la gobernanza de los territorios, a la altura (en términos de conocimiento y tecnología) de la que se presenta, por ejemplo, desde el discurso ecológico, urbanístico o económico.

En algunos lugares esto se está haciendo: está sucediendo, lo estamos contando.

(A propósito de trabajos llevados adelante por equipos de la Universitat Jaume I y servicios sociales de atención primaria de Castellón y de servicios sociales comarcales y entidades de la economía solidaria de Lleida, como la Associació Alba, la cooperativa L’Olivera y la Fundació Casa Dalmases. Con referencias a Manfred Max-Neef, Yayo Herrero, Francesca Bria y Fritjof Capra. Como prólogo para un trabajo, entre otros, con los servicios sociales del Ayuntamiento de Ermua.)

Fortalecer la intervención social en los servicios sociales

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No hay mucho miedo a equivocarse al afirmar que los últimos diez años de evolución de los servicios sociales en España han supuesto, por diferentes razones y en términos generales, una intensa vuelta de tuerca (una más) en el proceso de burocratización de la actividad profesional de intervención social, entendiendo por burocratización el incremento relativo del tiempo dedicado a tareas administrativas de recepción, registro, procesamiento, tramitación y entrega de información y documentación, en detrimento de las actividades de valor propias de las disciplinas científicas y tecnologías del área (como trabajo social, educación social o psicología de la intervención social).

Posiblemente hay profesionales y organizaciones que han rebasado un punto de no retorno en dicho proceso, pero cabe pensar que hay reservas de saber en el sector que pueden servir de “masa madre” para una estrategia de recuperación de terreno de los cuidados y apoyos que desencadenan resultados en términos de autonomía funcional e integración relacional, por los que debieran ser reconocidos los servicios sociales. Saberes relacionales, basados en la resiliencia personal y el manejo de las emociones para contribuir al empoderamiento personal. Saberes metodológicos, en permanente actualización innovadora basada en el conocimiento científico. Saberes comunitarios, dinamizadores de grupos, constructores de comunidad, capaces de comprender su dimensión ética y política. Saberes creativos, generadores de cambio individual y social.

Con todo, ese valioso acervo de conocimiento resulta manifiestamente insuficiente para hacer frente al reto que tienen ante sí los servicios sociales a consecuencia de la crisis de los cuidados, la fragilización de los sujetos, la epidemia de aislamiento social o las dificultades de conciliar la vida familiar y otras dimensiones de la vida. Retos ante los cuales, posiblemente, la intervención social necesita una ruptura epistemológica, un salto cualitativo en rigor científico, una decidida digitalización y una expansión de la innovación social, desde apuestas audaces de los poderes públicos con responsabilidad sectorial y otros agentes relevantes.

En definitiva, se impone la necesidad de una nueva gobernanza territorial del bienestar social, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, con un papel fundamental para unos nuevos servicios sociales de alta proximidad personalizada y penetración comunitaria, de fuerte contenido tecnológico, de elevados estándares éticos, tractores y factores de cambio e impulso en otros sectores de actividad económica, imprescindibles para la configuración de comunidades amigables y proactivas y de territorios poblados y sostenibles.

(Entrada escrita a partir de las conversaciones mantenidas con profesionales de la atención primaria de servicios sociales de la Comunidad Valenciana y como incitación al diálogo a mantener el 26 de octubre en la jornada organizada por el Consell Comarcal de la Noguera.)

Antes o después le llega el turno al relato

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La toma de decisiones (y su puesta en práctica) en el ámbito de las políticas públicas tiene la complejidad propia de los procesos que afectan de manera notable a la vida de muchas personas y en los que son numerosos y diversos los agentes que concurren, portador cada uno de ellos de sus intereses, de su lógica, de su legitimidad y de sus estrategias.

Ello hace que, paradójicamente, muchas personas que tienen la responsabilidad (y la posibilidad formal) de tomar decisiones políticas sientan una gran impotencia ante la innegable dificultad que reviste la alineación ente diversos “planetas” con sus respectivas “órbitas”, como pueden ser el legislativo, el de los partidos políticos, el administrativo, el del conocimiento, el profesional, el presupuestario, el de los empresas proveedoras, el de las personas afectadas y sus movimientos, el de la opinión pública y así sucesivamente.

Sin embargo, tan cierto como que hay momentos y períodos de bloqueo o atasco en los que resulta prácticamente imposible desencadenar cambios estratégicos es que, en determinadas circunstancias, frecuentemente imprevistas, se abren ventanas de oportunidad o, sencillamente, las amenazas obligan a tomar decisiones de calado, cueste lo que cueste.

En ese tipo de momentos, seguramente, no es suficiente contar con un relato, pero, ciertamente, es muy difícil salir con bien sin tenerlo. En ese tipo de momentos, quizá, aquel relato que haya ido cayendo como lluvia fina, aquel relato que haya ido ganando plausibilidad, aquel relato en el que se hayan ido sintiendo reflejados diversos agentes, aquel relato que haya ido filtrándose como un cierto sentido común tomará cuerpo, ordenará la acción, articulará a los actores y sabremos que ha llegado su momento.

Hace ya cinco años que Joaquín Santos, en su libro sobre el cuarto pilar, nos hablaba de la necesidad de tejer un nuevo relato para los servicios sociales. Para que éstos no sean, puede decirse, como el coronel que no tiene quien le escriba de la novela de Gabriel García Márquez. No vaya a resultar que la siguiente ventana de oportunidad nos pille sin discurso. O con narrativas fragmentarias que se hacen ruido mutuamente. O repitiendo mantras obsoletos. O contando historias que sólo funcionan puertas adentro de nuestro sector. O enunciando planteamientos de dudosa trazabilidad y conexión con los servicios sociales realmente existentes.

Sí, porque, antes o después le llega el turno al relato.

(Inspirado, además de en Joaquín Santos, en Georges Lakoff, Michael Ignatieff y Vivien Lowndes.)

Diez preguntas y respuestas exprés para definir un modelo de servicios sociales

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1. ¿Los servicios sociales serían un sector de actividad (económica) o algún tipo de sistema público (política pública)?

Sector de actividad económica con una política pública (sistema público) en su seno que garantice derechos universales.

2. ¿Cuál sería el objeto de los servicios sociales? ¿De qué parcela de necesidades sociales se ocuparían?

Interacción (autonomía funcional para la vida cotidiana en integración relacional: familiar y comunitaria).

3. ¿Qué constructos científicamente establecidos y medibles nos permitirían identificar y evaluar los resultados de los servicios sociales?

Autonomía funcional para las actividades de la vida diaria, autocuidado, autodeterminación personal, habilidades sociales para la convivencia cotidiana, apoyo social, relaciones primarias, cuidados familiares y comunitarios, estructuras familiares, vínculos comunitarios, activos comunitarios.

4. ¿Qué estrategias utilizarían los servicios sociales (como rama de la acción pro bienestar)?

(1) Prevención, (2) atención personalizada (atención centrada en la persona), (3) transformación de estructuras relacionales (enfoque comunitario, perspectiva poblacional, abordaje de los determinantes sociales de la interacción).

5. ¿Qué áreas de conocimiento, disciplinas o profesiones serían centrales en los servicios sociales?

Trabajo social, educación y pedagogía social, psicología de la intervención social.

6. ¿Cuáles serían los principales productos y actividades de valor (apoyos) que ofrecerían los servicios sociales?

Diagnóstico social, planificación personal, cuidados profesionales (asistencia personal), acompañamiento social (presencial o virtual), mediación familiar, dinamización de ciertos grupos, acción comunitaria, determinados productos de apoyo (ayudas técnicas), aplicaciones informáticas para la interacción, plataformas digitales para la interacción, incentivos económicos para la interacción.

7. ¿Cómo se estructurarían los itinerarios de las personas usuarias de los servicios sociales?

Los niveles de atención (primaria y secundaria) harían referencia a la ubicación (más o menos próxima a los domicilios de las personas) de aquellos servicios (conjuntos integrados de actividades profesionalizadas) con sede física. Las especializaciones profesionales se ubicarían en la primaria o en la secundaria en función de su masa crítica de destinatarias potenciales, potenciándose una triple dinámica:

  • El desarrollo de los servicios virtuales, domiciliarios y callejeros, en detrimento de aquellos que cuentan con sede física (ambulatorios, diurnos, nocturnos y residenciales).
  • La integración vertical, en función de la cual las especialistas ubicadas en secundaria van actuando más como consultoras de las de primaria que como profesionales a las que derivar a las personas usuarias.
  • La generación de nuevas especializaciones que vayan reemplazando a las tradicionales, usualmente vinculadas a grandes colectivos poblacionales, frecuentemente segregados en o por los propios servicios sociales.

8. ¿Cómo se estructurarían los itinerarios de las personas usuarias con necesidades complejas?

Según el modelo de atención integrada (horizontal o intersectorial) propugnado por la OCDE, UE y OMS, que obligaría a un proceso de reordenación y reposicionamiento en virtud del cual los servicios sociales irían entregando áreas a otros sectores (como la comprobación y asignación de medios para la subsistencia o el alojamiento de determinados perfiles de personas) y entrarían más en otras (como la atención a criaturas entre los 0 y 3 años o la intervención en el tiempo libre infantil y juvenil).

9. ¿Cómo se gestionaría el conocimiento para los servicios sociales?

Mediante la colaboración y la tracción entre las universidades, centros de investigación, instituciones reguladoras, prestadoras de servicio, institutos de evaluación, organizaciones profesionales y científicas, defensorías de derechos, agencias de difusión, consultoras, entidades asociativas ciudadanas, industrias auxiliares u otros agentes, en el marco de estrategias públicas, sectoriales e intersectoriales, de investigación, tecnología e innovación.

10. ¿Cómo se articularían los diversos tipos de agentes?

Mediante el liderazgo estratégicamente determinante de los poderes públicos, garantes de derechos, generadores de valor público y reguladores del ecosistema de los servicios sociales, se lograría la sinergia, en un modelo de innovación social, entre las diversas esferas implicadas en los procesos de intervención social (pública, privada, solidaria y comunitaria), de modo que cada una de ellas aportara al máximo según sus ventajas comparativas.

(Sobre estas cuestiones trataremos en el curso sobre planificación estratégica de servicios sociales organizado por la Diputación de Castellón los días 16, 17, 23 y 24 de octubre de 2017 y en la mesa sobre el modelo de servicios sociales del Congreso Estatal e Iberoamericano de Trabajo Social a realizar en Mérida los días 19, 20 y 21 de octubre de 2017.)

Futuros imposibles para los servicios sociales

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El futuro de nuestros servicios sociales no está en absoluto garantizado ni mucho menos es necesariamente prometedor. Es perfectamente posible que, más pronto que tarde, entren claramente en una dinámica de pérdida de terreno frente a otros sectores de actividad, sistemas públicos de servicios o agentes; de fragmentación en partes cada vez más desvinculadas entre sí y de mutación y enquistamiento que los vaya haciendo cada vez menos reconocibles y útiles para la ciudadanía.

De ahí el valor estratégico que adquiere que más y más personas y grupos vayamos estando cada vez más de acuerdo en los caminos reales por los que podemos avanzar (y en aquellos por los que no avanzaremos) en el proceso de construcción de esos servicios sociales universales, garantizados como derecho por los poderes públicos, basados en el conocimiento, personalizados, de enfoque comunitario e integrados que propugnan de forma prácticamente unánime nuestras leyes y políticas públicas o nuestras comunidades científicas y técnicas.

Por ejemplo, parece claro que cada vez tenemos menos futuro en el trabajo de comprobación y asignación de medios económicos a las personas. Los rápidos avances en el proceso tendente a la desaparición del dinero en metálico y a la digitalización del control de los flujos financieros conducirían a la centralización de dichas funciones en menos órganos administrativos, a su informatización y automatización y, por descontado, a sacarlos de las manos de personal técnico de formación universitaria para la intervención social.

Tampoco parece tener recorrido la (también tradicional) labor de clasificar a personas en categorías (como tramos de edad, discapacidades, dependencias o exclusiones) y después alojarlas en establecimientos colectivos específicos en función de dichas categorías. No sólo no tiene recorrido por las críticas que recibe la segregación grupal y desvinculación comunitaria por parte de las personas eventualmente destinatarias o de la comunidad de conocimiento, sino también por el incremento del número, diversidad y complejidad de situaciones que requieren apoyo de los servicios sociales y el carácter cada vez más obsoleto y disfuncional de las mencionadas categorías clasificatorias.

El análisis compartido acerca de estos y otros futuros imposibles de los servicios sociales (como el del control social, el de la activación laboral, el de la última red de inclusión social u otros) representan un baño de agua fría de realismo que hemos de combinar con el ejercicio ilusionante de construir futuros posibles, inéditos viables, modelos realizables de aportación de valor a toda la ciudadanía, seguramente centrados en aspectos de autonomía funcional para la vida diaria, autodeterminación y autoorganización personal, relaciones familiares positivas y vínculos y activos comunitarios. Porque otros servicios sociales son posibles.

(Reflexiones en un encuentro formativo con profesionales de los servicios sociales de Cantabria, con la propuesta de algunas lecturas complementarias sobre servicios sociales, en este blog, a escoger.)

La colonización digital de los servicios sociales por parte de la sanidad

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Recientemente se ha anunciado la noticia de que se ha logrado que, en la práctica totalidad de los servicios sociales de carácter residencial para personas mayores del País Vasco previstos (unos 300), se tenga acceso a la historia clínica sanitaria de las personas que viven en ellos y al sistema de receta electrónica para fármacos u otros productos. Y se han destacado, con razón, los diversos beneficios que este logro acarrea en términos, por ejemplo, de calidad de atención, ahorro de costes o seguridad para las 20.000 personas usuarias de estos servicios.

Lo chocante, sin embargo, es que esos servicios sociales residenciales que están ya conectados digitalmente a la red sanitaria pública no lo están en el seno del sistema público de servicios sociales del que forman parte. Y que sus personas usuarias, cuya historia clínica sanitaria digital está disponible para profesionales de los servicios sociales, no tienen una historia digital del sistema público de servicios sociales en la que se reflejen las correspondientes prescripciones, intervenciones y evolución.

Nos encontraríamos, por tanto, si se permite la expresión, deliberadamente provocadora, en una suerte de colonización digital de una parte del sector de los servicios sociales por parte del sector sanitario, en un contexto de ausencia de desarrollo reglamentario y consiguiente implementación del Sistema Vasco de Información de Servicios Sociales digitalizado y con volcado permanente de datos (también individuales) que prevé el artículo 79 de nuestra Ley de Servicios Sociales de 2008 y de imposibilidad de realizar la interoperabilidad e interconexión informática a la que se refiere el artículo 4 del Decreto 353/2013, de Ficha Social del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del instrumento de diagnóstico social del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

No se trata, aquí, de hacer una crítica al sistema sanitario, sino de plantear una autocrítica de quienes somos corresponsables de un retraso en la transformación digital de nuestros servicios sociales, retraso que acaba por justificar, quizá como mal menor o medida provisional, que el sistema sanitario coloque sus terminales informáticas en algunos servicios sociales, probablemente por cansancio de esperar a que nuestro proceso de normalización de los sistemas de diagnóstico, intervención y seguimiento y de construcción de una gestión integrada e informatizada de nuestros datos haga posible la deseable interoperabilidad y el consiguiente acceso desde cada sistema a la información del otro.

En el mundo en el que vivimos, perder el tren de la digitalización, de la gestión basada en datos, de la incorporación inteligente a las redes informatizadas es condenarse a la vía muerta de la ineficiencia, de la irrelevancia y, finalmente, del ostracismo o la desaparición como sector, sistema, organizaciones o profesionales. Estamos hablando, posiblemente, de uno de los desafíos más importantes y urgentes que tienen ante sí nuestros servicios sociales.