El rompecabezas de nuestros servicios sociales

rubik

En las labores de diseño de nuestros sistemas de servicios sociales (cuando redactamos una nueva Ley, elaboramos un plan estratégico o reorganizamos un Departamento) tomamos conciencia de que las diferentes componentes, aspectos, elementos o dimensiones en juego están complejamente relacionadas entre sí, de modo que, cuando creemos haber resuelto un problema, podemos haber agravado otro, sin darnos cuenta.

Así, nos sentimos satisfechas con una definición del objeto de los servicios sociales que ayuda a delimitar su perímetro, diferenciándolo del abordado por otras ramas de actividad sectorial, pero ese paso parece alejarnos de la demanda reconocida que hoy tira de gran parte de los servicios sociales realmente existentes. Identificamos la masa crítica poblacional necesaria para sostener una oferta de valor y unos itinerarios significativos, mas esa decisión amenaza con desconectarnos de un buen número de anclajes profesionales, organizativos y políticos desperdigados por el territorio. Apostamos por las intervenciones basadas en evidencias y por la investigación e innovación en las áreas de conocimiento relacionadas con los servicios sociales y, entonces, parece escurrirse entre nuestras manos la posibilidad de construir un catálogo y una cartera con un contenido prestacional que pueda exigirse como derecho subjetivo.

Afirmamos querer avanzar en la universalidad, como otros pilares del bienestar, pero tememos perder eficacia y eficiencia en nuestro importante papel contra determinados focos preocupantes de exclusión social. Buscamos posicionarnos ante agentes sociales y segmentos poblacionales para los que no resultamos atractivos o significativos, sin poner en riesgo el compromiso de colectivos u organizaciones implicadas en el sistema. Deseamos ir mucho más allá de la asistencia y el control, mas no sabemos cómo reconocernos y ser reconocidas en la prevención comunitaria, el empoderamiento de la ciudadanía o las relaciones intersectoriales. Queremos digitalizar y aumentar la escala de nuestros servicios sociales, pero amamos su artesana flexibilidad relacional. Deseamos clarificar el papel y contribución de cada una de las grandes profesiones presentes en los servicios sociales, pero parece imposible hacerlo sin afectar a contenidos que cada una de ellas considera irrenunciables.

Se trata de dilemas (Martínez Virto) o tradeoffs (Aguilar Hendrickson) que desafían nuestra inteligencia, información, conocimientos, capacidad deliberativa, alianzas estratégicas y peso político. Sin embargo, entendemos que no podemos dejar que nos paralicen, pues la necesidad de cambio en los servicios sociales, para que puedan hacer frente a los desafíos que tienen ante sí, es mayor y más apremiante cada día que pasa.

(Reflexiones en el contexto de los trabajos preparatorios de la nueva ley asturiana de servicios sociales.)

Prescripción profesional de cuidados y sistemas públicos de servicios sociales

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Obviamente una persona puede comprar cuidados profesionales –sin más– en el mercado, del mismo modo que puede automedicarse con determinados fármacos o adquirir un libro de contabilidad para aprender dicha materia, si no se ve la necesidad y el valor del diagnóstico, prescripción e intervención profesionales sobre la base del conocimiento (compatibles –por cierto– con el ejercicio de la autonomía moral y consiguiente capacidad de decisión, elección o consentimiento informado por parte de las personas usuarias). Lo que se quiere decir aquí, en todo caso, es que la decisión sobre los cuidados profesionales que debe recibir una persona pertenece –como la decisión sobre si debe operarse de apendicitis o aprender la tabla del siete– al ámbito de su autonomía moral y capacidad de decisión (o la de quien le represente legítimamente), pero que dicha decisión –como las otras evocadas– puede y –bajo ciertas premisas y en determinados contextos– debe ser objeto de prescripción facultativa sobre la base de un diagnóstico profesional basado en el conocimiento que permita establecer los mejores ajustes entre cuidado profesional, autocuidado y cuidado primario y, en definitiva, alcanzar la mejor interacción y bienestar.

Por otra parte, si miramos la evolución de otros sectores de actividad cabe suponer que es grande el recorrido que podrían tener los servicios sociales en la incorporación de productos de apoyo (ayudas técnicas) y nuevas aplicaciones, plataformas y, en general, tecnologías, lo cual, en principio, podría aportar novedades en términos de empoderamiento individual y diversificación de formas y formatos de relación entre las personas (Carretero, 2015). Sólo, sin embargo, en el marco de un sector de actividad y de un sistema público robusto, tanto desde el punto de vista ético como técnico, cabe esperar que ese imprescindible desarrollo tecnológico se oriente a la sostenibilidad relacional y la humanización de la vida y no a “asegurar y monitorizar el aislamiento, a través de la producción de una socialidad mínima y latente” (Sánchez Criado, 2012: 408).

El reto es considerable, pues se trata de salir del actual círculo vicioso entre agravamiento de la situación de las personas, fragmentación de la atención, burocratización de las organizaciones e insatisfacción del personal e impulsar el círculo virtuoso entre comunidad de conocimiento, integración de la atención, empoderamiento de las personas y sostenibilidad social. Ello requiere tanto de una más orientada investigación básica y aplicada, desde diversas áreas de conocimiento, que permita mejorar el instrumental de evaluación de los fenómenos y cambios de los que se ocuparían los servicios sociales como de experiencias piloto (prototipos) que vayan construyendo formatos e itinerarios de atención y calibrando su utilidad, viabilidad, legitimidad, transferibilidad, escalabilidad y sostenibilidad. Lo cual, seguramente, sólo será posible desde un fuerte liderazgo político e innovación pública, como ha sucedido o está sucediendo en muy diversos sectores de actividad (Mazzucatto, 2016).

(Fragmentos finales de un artículo de próxima publicación en Documentación Social, base para el trabajo de una jornada el 22 de junio de 2018 en La Garrotxa.)

¿El País Vasco, perdiendo el tren de los servicios sociales?

Eusko Ikaskuntza

La Comunidad Autónoma del País Vasco ha alcanzado en 2017, según datos del INE, un nuevo máximo histórico de envejecimiento de su población, con 145 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, lo que supone dos puntos porcentuales más con respecto al año anterior y es superior a la media española (118,4) o al dato de Navarra (116,5). Este proceso se acelerará en la próxima década, cuando van llegando a la edad de 65 años las cohortes del llamado baby boom. La dependencia funcional (respecto a los cuidados de otras personas o apoyos equivalentes) se concentra en las personas mayores: de cada diez personas en situación de dependencia funcional, siete tienen 65 años o más.

Por otro lado, según datos, también, del INE, mientras la tasa de fecundidad (personas nacidas por cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años) baja cuatro puntos del 2009 al 2016 en el conjunto de España (de 42,60 a 38,53), en la Comunidad Autónoma del País Vasco prácticamente se mantiene (pasa de 40,77 a 40,22). En el País Vasco, en 2016, la fecundidad de las mujeres de nacionalidad española es de 36,54 y la de las mujeres de nacionalidad extranjera es de 79,39.

Además, la participación de las mujeres en edad laboral en el mercado de trabajo se ha situado, en 2015, en el 52,2%, dos décimas por encima de la registrada en 2014, lo que sitúa esta tasa en la senda de evolución positiva iniciada décadas atrás, cuando la actividad laboral de las mujeres era minoritaria (38,5% en 1991). Datos reveladores de la manera en que se ve relegada al pasado la expectativa o norma social de que las mujeres renunciaran al empleo remunerado y se dedicaran a los cuidados. Sin embargo, según datos del EUSTAT de 2015, las mujeres que trabajaban fuera de casa destinaban 4,9 horas diarias al cuidado de los hijos e hijas menores de 15 años, mientras que los hombres empleaban 3,1 horas diarias. Estas diferencias se mantenían en el caso del cuidado de otras personas funcionalmente dependientes, actividad a la que los hombres le dedicaban 1,5 horas diarias y las mujeres 2,3 horas. Parece claro que, con el movimiento de las mujeres de ceder parte de su trabajo de cuidados, no se ha producido un proceso equivalente de los hombres de asumirlo. Por otra parte, según la encuesta de hogares y familias del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, además de no haber más de un 25% de hogares con niñas, niños o adolescentes, hay un 25% de hogares en los que sólo vive una persona.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, sin embargo, a pesar de ser, según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la que más gasta por persona en servicios sociales, tiene una cobertura de servicios sociales domiciliarios (1,4% para mayores) que es menos de la mitad que la (ya baja) media española o un 44,5% de acogimientos familiares de niñas, niños y adolescentes (sobre el total de acogimientos) frente al 60,9% de la media española. Ello puede ser revelador de un modelo de servicios sociales todavía muy apoyado en centros de carácter residencial, diurno o ambulatorio que no está innovando y girando con suficiente fuerza en la línea de cuidar y apoyar a las personas en su vida cotidiana en la comunidad.

Sin embargo, esa transformación estratégica es posible en el marco del imprescindible incremento de la inversión pública en servicios sociales en los próximos años, corrigiendo la descompensación que supone que nuestro gasto público en servicios sociales sea de 1.000 millones de euros anuales, aproximadamente, frente a los 3.700 de sanidad, los 2.700 de educación y los 8.800 de pensiones (por referirnos en números redondos a los cuatro grandes pilares del Estado de bienestar).

Fragmento adaptado de una aportación para el “Libro verde del (de los) Territorio(s) de Vasconia” de Eusko Ikaskuntza. La aportación completa (4 páginas) puede descargarse aquí. El libro verde completo (en el que la parte de servicios sociales comienza en la página 110, con una pequeña errata en la cita de la ley navarra) se puede descargar aquí. Sobre servicios sociales hablaremos esta semana en reuniones estratégicas del Gobierno de Navarra y en jornadas en Madrid, en el centro comunitario de servicios sociales de Colonias Históricas (Chamartín), el día 14, y en el Consejo de Colegios de Psicología (el 16).

Beveridge y el bienestar: ¿Hay un sexto gran mal? ¿Hay un sexto gran bien?

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En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se publica en Inglaterra el Informe Beveridge, sin duda uno de los textos mayores en la historia de los Estados de bienestar, en el que se identifican los grandes males (giant evils) contra los que ha de luchar el sistema de protección social: la pobreza o necesidad (want), la enfermedad (disease), el analfabetismo o ignorancia (ignorance), la miseria o insalubridad en el alojamiento (squalor) y la inactividad u ociosidad (idleness). No parece forzado emparejar estos grandes males con los grandes bienes que protegerían y promoverían las siguientes grandes políticas sociales sectoriales: de garantía de ingresos (subsistencia), sanitaria (salud), educativa (conocimiento), de vivienda (alojamiento) y laboral (empleo).

En 1976, Alfred Kahn y Sheila Kamerman hablan de los servicios sociales como un “sexto sistema” a agregar a los anteriores. Según su visión, este sexto sistema, estos servicios sociales “procuran facilitar o mejorar la vida diaria, capacitar a individuos, familias y otros grupos primarios para desarrollarse, competir, funcionar o contribuir”. Y dirán que, en la medida en que los sistemas de bienestar han ido progresando, los servicios sociales “parecen haberse dedicado más a las tareas de desarrollo y socialización, lo que los americanos, frecuentemente, llaman ‘prevención’”. Y concluirán que “son creaciones sociales que encajan en nuestra era y no (…) sustitutos ‘menos malos’ y provisionales”.

En España se ha hecho referencia a los servicios sociales como “cuarto pilar del sistema de bienestar”, tal como se recoge, por ejemplo, en el preámbulo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Una campaña de la Generalitat Valenciana y ayuntamientos (ver imagen) los identifica como la “cuarta pata” universal del Estado de bienestar, junto a las de la educación, la sanidad y las pensiones.

Cabe definir los servicios sociales como cuidados y apoyos para mejorar y complementar la autonomía de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones familiares y comunitarias. Si se acepta esta definición, quizá el gran mal al que se enfrentan sea la dependencia funcional en una vida diaria de aislamiento relacional (es una pena no tener a mano a William Beveridge para que lo diga en una sola palabra). Y para denominar al gran bien correspondiente, el término menos malo que hemos encontrado es “interacción”.

Sea como fuere, y pese a loables esfuerzos como el de la Generalitat Valenciana y a las visionarias palabras de Kahn y Kamerman, nuestros servicios sociales deben seguir todavía esforzándose por verse y ser vistos como una de las grandes ramas universales del árbol del bienestar (en metáfora de Demetrio Casado). Ojalá encuentren su William Beveridge (posiblemente, colectivo) que sepa darles el impulso conceptual, técnico y político que necesitan.

(Sobre estas cuestiones conversamos ayer en Agintzari y Servicios Sociales Integrados y lo haremos hoy con el Consell Comarcal de la Noguera y la asociación Alba (de Tárrega), en Lleida.)

Por una industria (4.0) de los servicios sociales

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Las ciencias de la gestión estudian el fenómeno de difuminación de las fronteras que distinguían los sectores de actividad industrial de los sectores económicos de servicios. Así, por una parte, empresas industriales han ido incorporando actividades de prestación de servicios, como comprobamos, por ejemplo, cuando compramos una impresora (producto industrial) y se nos ofrece el servicio de traernos a casa, incluso antes de que advirtamos su necesidad, los cartuchos de tinta.

En sentido contrario, nos encontramos con organizaciones prestadoras de servicios en las que se industrializan determinados procesos, es decir, en las que actividades relacionales realizadas por personas (incluso de contacto con usuarias) son reemplazadas por productos fabricados que utilizamos. Así, por ejemplo, frecuentemente, más que solicitar y recibir los servicios de una agencia de viajes, utilizamos aparatos informáticos y plataformas digitales para organizar y hacer posibles nuestros desplazamientos.

El reto que tienen ante sí nuestros servicios sociales en el contexto del incremento de la diversidad funcional y de otros tipos de diversidad en la población y de la disminución y cambio de la capacidad familiar y comunitaria para brindar cuidados y apoyos primarios es de tal envergadura que parece imposible hacerle frente sin una mucha mayor industrialización de la intervención social, fundamentalmente gracias a las tecnologías digitales de captación, procesamiento y transmisión de datos y de complementación (robótica o no) de otras funciones humanas utilizadas en actividades de la vida diaria.

Parece difícil construir una oferta de cuidados y apoyos que logre hacer posibles y sostenibles nuestras vidas autónomas, diversas e interactivas en la convivencia comunitaria si no somos capaces de entreverar dinámicamente actividades profesionales de alto contenido relacional con procesos automatizados de control de situaciones y respuesta a necesidades. Superando unos servicios sociales tendentes a dosificarnos el sucedáneo del dinero o a terminar llevándonos a centros residenciales, diurnos o de otro formato, se trata de potenciar su capacidad de prevenir, revertir y compensar el deterioro de nuestra autonomía funcional y red primaria mediante apoyos tecnológicos o profesionales en los itinerarios cotidianos en el domicilio, el vecindario, la calle o el territorio.

Ahora necesitamos más maquetas, ensayos, experimentos o pilotos que nos ayuden a identificar y evaluar mejor las capacidades individuales para las decisiones y actividades de la vida diaria y las potencialidades efectivas de las relaciones familiares y los activos comunitarios, de modo que sean perfeccionables y escalables los diseños de entramados de productos tecnológicos y servicios profesionales que vayamos necesitando las diversas personas en nuestras situaciones y transiciones vitales, para cuya facilitación se debe estructurar la industria de los servicios sociales, con un abordaje preventivo de la limitación funcional, un empoderamiento de las personas, una humanización de las comunidades y una densificación de las relaciones primarias y solidarias.

El reto estratégico de nuestros servicios sociales

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Al ubicarse de forma cada vez más clara las diferentes políticas públicas en (y en referencia a) sectores de actividad económica (seguridad, salud, agricultura, finanzas, vivienda, energía, educación, cultura u otros), los sistemas u organismos públicos de cada uno de esos sectores se ven obligados a fortalecer su capacidad competitiva para crear valor (público) relacionándose de formas cada vez más diversas y complejas con el resto de agentes operantes en cada sector. Por otra parte, existe abundante evidencia acerca de la fuerza de la “dependencia de la senda” (path dependence) en el ámbito de las políticas sociales sectoriales, por diferentes razones, como su funcionamiento como estabilizadoras automáticas, el apoyo por parte de sectores de la población afectados en necesidades sensibles o su grado de institucionalización. Ello favorece a los sistemas y agentes más consolidados y mejor posicionados, dificultando la innovación y adaptación de las políticas sociales a los cambios sociales que ellas mismas han contribuido a desencadenar.

Cambios no menores, dado que en el contexto de la crisis de los cuidados y los vínculos de las últimas décadas (relacionada con el incremento de la longevidad y el cambio familiar y comunitario), el modelo de bienestar tradicional (más cuanto más patriarcal, monetizado y burocratizado) entra en una crisis sistémica, debida también a la expansión universalizante y compleja individualización de las expectativas, demandas y conciencia de derechos frente al Estado por parte de la ciudadanía. Todo ello en un entorno de digitalización y reconfiguración radical de las relaciones financieras, económicas y laborales a escala global y de fragmentación y reconstitución de los sujetos sociales que, de diferentes maneras, son base de las mayorías electorales que dan soporte (o no) a las políticas públicas. En un marco en el que el contrato social clásico entre clase trabajadora y élites económicas debe reformularse también como contrato entre generaciones, entre mujeres y hombres, entre comunidades culturales o, incluso, entre humanidad y entorno ecológico, nido de futuras generaciones.

En esa situación paradójica de crisis de desarrollo de las políticas sociales, se impone rediseñar el “perímetro” y desarrollar el contenido operativo (universal, preventivo, personalizado, tecnológico y comunitario) del sector de los servicios sociales, que debe abandonar el nicho residual que ocupaba como asistencia social y apostar por un objeto propio, resultando precisas nuevas formas de diferenciación e integración intrasectorial (vertical: entre plataformas y servicios que no obliguen a la persona a salir de su entorno domiciliario y territorial y los que, excepcional y puntualmente, lo requieran) e intersectorial (horizontal) con el resto de ramas sectoriales (como salud, vivienda y otras).

Se sostiene que la que se denomina interacción es un estado o situación deseable y valiosa, dinámica y cambiante, importante y compleja, como lo son los estados o situaciones de salud, aprendizaje, empleo, alojamiento y subsistencia (objeto de las otras ramas de la política social). Prevenir el deterioro de tal situación o estado deseable de (relativa) autonomía funcional y autodeterminación para la vida diaria e integración relacional (familiar y comunitaria), ayudar a las personas a alcanzarlo y paliar las consecuencias de su pérdida total o parcial sería, según esta propuesta, la responsabilidad de los servicios sociales.

El reto es considerable y requiere, como condición necesaria aunque no suficiente, de una más orientada investigación básica y aplicada, desde diversas áreas de conocimiento, que permita mejorar el instrumental de evaluación de los fenómenos y cambios de los que se ocuparían los servicios sociales, así como de experiencias piloto (prototipos) que vayan construyendo formatos e itinerarios de atención más comunitarios y calibrando su utilidad, viabilidad, legitimidad, transferibilidad, escalabilidad y sostenibilidad, permitiendo a las entidades del tercer sector vinculadas a colectivos poblacionales (con alto riesgo de quedarse enquistadas en una atención secundaria crecientemente asistencialista, estigmatizada, precaria y privatizada) implicarse, impulsadas por el sector público, en la construcción de conocimiento y tecnología útil para todas las personas en la comunidad.

(Fragmento adaptado de un artículo de próxima publicación en la Revista Española del Tercer Sector, para sesiones de trabajo organizadas por el Gobierno de Cantabria. En la foto, integrantes del grupo Manifestaos por los Servicios Sociales.)

Servicios sociales: siempre personalizados, siempre comunitarios

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En nuestra sociedad, los servicios sociales, definidos como cuidados y apoyos para mejorar y complementar la autonomía de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones familiares y comunitarias, constituyen uno de los sectores de actividad cuya necesidad se está incrementando de manera más intensa en la población, debido fundamentalmente al gran aumento de la esperanza de vida (también entre las personas con limitaciones funcionales) y a importantes cambios en las relaciones conyugales, familiares, convivenciales y comunitarias.

Este aumento de las necesidades, unido a transformaciones en los estilos de vida y expectativas de la ciudadanía, así como al reconocimiento legal del derecho universal, subjetivo y exigible a los servicios sociales, va configurando un nuevo perfil de demanda por parte de las personas ante los servicios profesionales, las organizaciones proveedoras y las Administraciones responsables. Un nuevo perfil, en buena medida, coincidente con las propuestas que surgen de los avances y consensos de las redes de conocimiento ético, científico, tecnológico y práctico sobre la materia, que apuntan hacia unos servicios sociales cada vez más, simultáneamente, personalizados y comunitarios.

La preferencia por formatos domiciliarios, de medio abierto y digitales supone que la intervención social deberá suceder, cada vez más, en la comunidad y el territorio y, cada vez menos, en los centros ambulatorios, diurnos o residenciales de servicios sociales. La identificación más precisa del objeto de la intervención social y el aumento de la capacidad de diagnóstico y evaluación profesional deberá darse la mano con la oferta de cuidados y apoyos tecnológicos y profesionales cada vez más capaces de potenciar la autonomía funcional y autodeterminación y las relaciones primarias de todas las personas en su diversidad sexual, generacional, funcional y cultural. Esta atención centrada en la persona vendrá facilitada, especialmente, por los avances tecnológicos de los macrodatos, el Internet de las cosas, las plataformas colaborativas o la inteligencia artificial distribuida.

Por otra parte, estos servicios sociales universales, personalizados, digitalizados y comunitarios, por su flexibilidad, no sólo serán más sinérgicos con las capacidades y activos individuales, familiares y comunitarios, sino más fácilmente interoperables e integrables horizontal e intersectorialmente con los procesos de satisfacción de necesidades de las personas en otros sectores de actividad profesional y garantía de derechos, como los relacionados con la seguridad, la salud, el transporte, la educación, la financiación, la recreación, el alojamiento o la alimentación. La digitalización, en este caso, favorecerá la integración de la intervención operativa en los itinerarios de las personas, la gestión multiagente de los servicios y programas y la gobernanza participativa de las políticas de bienestar y desarrollo territorial a diferentes escalas.

Es, sin duda, un reto ilusionante el representado por la oportunidad y la necesidad de reinventar y remezclar nuestros servicios sociales para poder ofrecer a todas las personas, en las diferentes etapas y situaciones de su ciclo de vida, una acción preventiva y unos servicios de atención altamente personalizados y altamente comunitarios. Siempre personalizados y siempre comunitarios.

(Reflexiones a partir de procesos de consultoría en curso con la cooperativa Agintzari y los servicios sociales del Ayuntamiento de Ermua y de la elaboración de artículos para la Papeles del Psicólogo y la Revista Española del Tercer Sector.)

Hacia un lenguaje común en los servicios sociales

No sos vos

Se propone una definición según la cual los servicios sociales consisten en cuidados y apoyos para mejorar y complementar la autonomía de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones familiares y comunitarias.

Cabe aproximarse a los servicios sociales en tanto que sector de actividad, regulado por una política pública social sectorial conceptualmente universal, es decir, capaz de dar respuesta a una necesidad o conjunto de necesidades que todas las personas poseamos. Dentro del ámbito sectorial de los servicios sociales encontramos el sistema público de servicios sociales, entendido como la parte del sector que es de responsabilidad pública.

Cabe denominar intervención social al conjunto de actividades o procesos operativos que caracterizan y diferencian a los servicios sociales y que desembocan finalmente (de forma más o menos directa) en las personas destinatarias, permitiéndoles dar satisfacción a determinadas necesidades y obtener determinados resultados valiosos. El concepto de interacción puede servir para identificar el tipo o conjunto de necesidades de las que se ocupan los servicios sociales (o, dicho de otro modo, el conjunto o tipo de resultados que desencadena la intervención social), es decir, el objeto de los servicios sociales (y de la intervención social). Los procesos de intervención social son centrales y fundamentales en los servicios sociales, aunque también se producen (de forma secundaria y complementaria) en otras ramas de la política social (como sanidad, educación, empleo o vivienda) y, en general, en otros ámbitos sectoriales (como seguridad o justicia).

Los procesos de intervención social, como tantos otros procesos en diversos ámbitos de actividad económica, política pública y vida social tienen una dinámica cíclica en la que se encabalgan tres tipos de momentos o subprocesos: de evaluación (que incluyen actividades de diagnóstico o valoración), de planificación (que incluyen actividades de prescripción y de ejercicio de la autonomía moral, consentimiento informado y toma de decisiones de la persona destinataria) y de ejecución o implementación.

Los procesos de intervención social contienen ingredientes (actividades, apoyos, prestaciones) propios o característicos de los servicios sociales (como, por ejemplo, los cuidados de la vida diaria, el acompañamiento social o la dinamización comunitaria) y también otros típicos de otros ámbitos sectoriales (como alojamiento, trabajo doméstico o atención médica) o presentes en todos los ámbitos sectoriales (como determinadas actividades de gestión). El conocimiento y métodos utilizados en los procesos de intervención social es aportado, hoy y aquí, fundamentalmente (no únicamente) por tres áreas de conocimiento (disciplinas y profesiones): el trabajo social, la educación (y pedagogía) social y la psicología de la intervención social.

La regulación de los itinerarios de la población en el disfrute de los servicios sociales obliga a hacer opciones organizativas en el terreno de la configuración de servicios o programas estables (conjuntos de actividades disponibles en forma recurrente) y rutas de acceso y egreso para cada uno de esos servicios o programas, produciéndose una mayor o menor (y un tipo u otro de) especialización o integración en y entre dichos servicios. A esa integración entre eslabones de las cadenas de valor que se produce en el interior de cada sector de actividad (en este caso dentro del ámbito de los servicios sociales) la llamamos integración vertical, a diferencia de la integración horizontal o intersectorial, que incorpora actividades o servicios propios de diferentes ámbitos sectoriales.

En la medida en que suceden los procesos de intervención social y se va organizando la prestación de servicios sociales a las personas (integrándose vertical y horizontalmente), diferentes tipos de agentes (públicos, privados, solidarios y comunitarios) van participando en dichos procesos con diferentes funciones (como garantía de derechos, ejecución de la intervención, representación de intereses, construcción de conocimiento u otras).

(Adaptado de un fragmento del artículo “Servicios sociales e inclusión social: análisis y perspectivas en el País Vasco” que puede descargarse clicando aquí.)

El objeto de los servicios sociales: intentando afinar

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A la hora de conceptualizar la finalidad, misión u objeto de los servicios sociales, entendidos como una de las ramas, pilares o ámbitos sectoriales universales dentro del conjunto de la acción pro bienestar (o política social), cabría empezar identificando la autonomía personal y la inclusión social como objeto o finalidad del conjunto de la política social (que comprendería sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos). Si se admite este punto de partida, la atención integrada e integral (en la que todos estos ámbitos participan por igual) es la que permite alcanzar esa finalidad u objeto general del sistema de protección social que sería la autonomía personal y la inclusión social de toda la población: en una palabra, su bienestar.

Dentro de ese conjunto, por ejemplo, el pilar de los servicios de empleo se encargaría de:

  • Una parte o dimensión de la autonomía personal, que sería la cualificación profesional (o, si se quiere, en un concepto más amplio, la empleabilidad).
  • Una parte o dimensión de la inclusión social, que sería la inclusión laboral.

En cambio, los servicios sociales se encargarían de:

  • Una parte o dimensión de la autonomía personal, que sería la autonomía funcional (incluyendo autodeterminación, cognitiva) para las Actividades de la Vida Diaria.
  • Una parte o dimensión de la inclusión social, que sería la inclusión relacional (es decir, familiar y comunitaria: de vínculos primarios).

Siguiendo con estos dos últimos ámbitos, si al bien que obtenemos cuando encajan las cualificaciones profesionales de las personas con las oportunidades de inclusión laboral lo llamamos empleo, al bien que obtenemos cuando ajustan autonomía funcional e integración relacional lo podemos llamar interacción. Los servicios sociales ofrecerían, entonces, intervenciones, cuidados, productos y otros apoyos para proteger, mejorar y potenciar la interacción de todas las personas y para prevenir, paliar o compensar desajustes en esa área de necesidad que tenemos todas las personas a lo largo de nuestro ciclo vital.

Sigamos. La autonomía e inclusión económicas (es decir, la cobertura de las necesidades de subsistencia, como la alimentación y el vestido) no serían objeto o misión de los servicios sociales. Esto podría afirmarse incluso en los lugares y en los casos en los que, temporalmente, los servicios sociales se siguieran haciendo cargo de una parte de las prestaciones económicas de garantía de ingresos, como las rentas mínimas o las ayudas de emergencia social (del mismo modo que los servicios de empleo se hacen cargo de otras prestaciones económicas de garantía de ingresos, como las de desempleo).

(Temporalmente, se dice, ya que las tendencias de referencia parecen apuntar a la configuración de un gran pilar unificado encargado de la seguridad económica para las necesidades de subsistencia de todas las personas, que integrara, tendencialmente, la determinación y gestión de todos los flujos monetarios entre Administración y ciudadanía, como impuestos, deducciones, cotizaciones, pensiones y otras prestaciones económicas para la subsistencia material.)

Los servicios sociales no se encargarían (por poner dos nuevos ejemplos) de las necesidades de alojamiento o de las atinentes a la salud de las personas, salvo excepcionalmente y en el marco de servicios que exigieran la respuesta a dichas necesidades como complemento a la respuesta a las necesidades que sí correspondiera abordar a los servicios sociales. En la mayor parte de los casos, sin embargo, la atención a las necesidades o situaciones complejas se realizaría mediante procesos de atención integrada intersectorial en los que cada sector de actividad se haría cargo de las necesidades que le corresponden.

Cabe pensar que este giro es factible y estratégico hoy en los servicios sociales en España (de hecho, es un giro ya iniciado en diversos lugares en mayor o menor medida) y que es, seguramente, imprescindible para avanzar en la universalización de los servicios sociales, abandonando progresiva y decididamente su condición residual.

(Notas preparadas de cara a una jornada organizada por la Generalitat Valenciana, los días 28 y 29 de noviembre de 2017, en el proceso de preparación de su nueva ley de servicios sociales. Se nutre, entre otros, de trabajos recientes con la cooperativa Agintzari, la Fundación Ramón Rubial, la Fundación FOESSA o los servicios sociales municipales de Ermua.)

Una mirada técnica y una mirada ética sobre nuestros servicios sociales

Rubial Vitoria

Desde una mirada técnica, Sara Buesa reconoce las importantes aportaciones y avances que representa la Ley vasca de servicios sociales y el notable esfuerzo que se está realizando en el día a día de éste que deseamos como cuarto pilar del sistema de bienestar para, dando respuesta a una creciente complejidad social (respuesta que debe ser más compartida por los otros pilares), dejar atrás el asistencialismo residual y avanzar en las claves de universalidad, calidad, continuidad, personalización y enfoque comunitario que marca nuestra normativa y planificación.

Sara Buesa identifica siete ejes de futuro para los servicios sociales: dar más peso a su dimensión relacional, enfocar las intervenciones a las competencias y capacidades de las personas, actuar éticamente, orientarnos a un modelo de atención centrada en la persona, apostar por la prevención y la promoción, poner el foco en la construcción de comunidad y trabajar en clave de innovación.

Desde una mirada ética, Marije Goikoetxea nos recuerda que la autoinsuficiencia, vulnerabilidad e interdependencia de todos los seres humanos, en su enorme diversidad de características personales y códigos morales, impone a la sociedad (a la polis), a cada uno de sus miembros y, específicamente, a la intervención social, tanto un deber ético de justicia (iguales derechos e inclusión universal en el seno de la comunidad sostenible) como un compromiso con la felicidad de cada persona, de modo que la igualdad de trato no se convierta, como tantas veces sucede, en maltrato para algunas personas.

Marije Goikoetxea identifica también siete transformaciones necesarias para nuestros servicios sociales: más prevención de la dependencia y promoción de la autonomía, evitar la segregación y fomentar la integración en la comunidad, integrar el respeto a la dignidad de las personas con las prácticas basadas en la evidencia, superar la actual organización de la atención para generar más calidad de vida, modificar prácticas y procedimientos que constituyen formas de maltrato, abordar urgentemente algunas interfaces entre ámbitos sectoriales especialmente problemáticas y educar a la ciudadanía en la compasión y el respeto.

Junto a estas dos miradas se abren muchas otras: la de la mujer inmigrante que cuida como interna y reclama oportunidades reales de formación y promoción profesional, la de personas en situación de exclusión o emergencia social (tras un desahucio o un  alta hospitalaria) que quedan fuera de los ámbitos de derecho subjetivo reconocidos, la del tercer sector que reclama reconocimiento y visibilidad para nuestros servicios sociales coproducidos, la de otros sistemas (como el de vivienda) que nos piden mayor fiabilidad y validez en las valoraciones realizadas en los servicios sociales para facilitar la interoperabilidad de la información y los itinerarios intersectoriales, la del estamento profesional que pide más margen para la prescripción facultativa (basada en el diagnóstico y evaluación) en servicios sociales o la de las personas que padecen la inequidad o desincentivos que se derivan de la territorialización o el copago establecidos en nuestros servicios sociales.

(Notas a partir del encuentro organizado el 22 de noviembre de 2017 por la Fundación Ramón Rubial. Clicando en su nombre se puede descargar la documentación aportada por sus ponentes, Sara Buesa y Marije Goikoetxea, con las intervenciones que realizaron.)