Caminos difíciles para nuestros servicios sociales

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Nuestros servicios sociales, tanto en la red de gestión pública directa que se extiende por el territorio como en el mundo de la iniciativa social y la economía solidaria que ha ido surgiendo desde diferentes experiencias compartidas de vulnerabilidad, viven momentos de tensión, saturación y preocupación, como tantos otros agentes o sectores de nuestra sociedad. Viejas y nuevas fragilidades y riesgos sociales, económicos y políticos golpean las puertas nuestras organizaciones cada vez con más fuerza.

Para una parte de nuestro sector, la zona de confort cognitivo y estratégico es la de pensar que se trata de un problema de recursos económicos y que, si los logramos (o, cuando los logremos), nuestros servicios sociales, públicos o concertados, seguirán la senda de universalización, fortalecimiento y reconocimiento que en su día pudieron transitar otros ámbitos de actividad como, por ejemplo, el educativo o el sanitario. Como la famosa rana que se va adormeciendo en el agua cuya temperatura va subiendo, no pocos líderes de próxima jubilación tienen importantes incentivos para, contra toda evidencia, seguir alentando esta visión.

Sin embargo, en el horizonte económico, laboral, demográfico, social y político hay suficientes síntomas para para afirmar que es altamente improbable que los recursos para la eclosión que no hemos logrado en los últimos diez años los vayamos a lograr en los próximos. Cuando, además, tampoco podemos demostrar que los incrementos de recursos que se han dado en determinados momentos y lugares hayan tenido un impacto significativo en términos de eficiencia organizacional, calidad personalizada, universalización de la atención o aprecio por parte de la ciudadanía.

Los malestares sociales que, a nuestro alrededor, están llevando a sectores de la población o agentes políticos a reclamar un aumento de las pensiones, una verdadera política social de vivienda, una profunda reforma de la administración de justicia, una renta básica de ciudadanía, un salto cualitativo de la inversión infancia o una respuesta eficaz a la violencia de género, por poner algunos ejemplos, no están llevando, en ningún caso prácticamente, a una reivindicación de los servicios sociales. Y, lamentablemente, los agentes implicados en los servicios sociales no estamos siendo capaces de tejer ninguna alianza significativa ni dentro ni fuera de nuestro sector.

El discurso de la mejora técnica y tecnológica en los procesos de diagnóstico, intervención y evaluación en los servicios sociales; el discurso del fortalecimiento y accesibilidad de la red pública de servicios sociales de proximidad; el discurso del aporte de las organizaciones solidarias al dinamismo, alcance e innovación del sistema público de servicios sociales; el discurso de la atención integrada comunitaria intersectorial; y otros discursos acertados y necesarios sólo pueden tener alguna probabilidad de éxito y repercusión práctica si se confrontan, se pulen y se integran entre sí. No es nada fácil y cada vez queda menos tiempo. Pero lo seguiremos intentando.

(A partir de la jornada por el aniversario de la ley vasca de servicios sociales del pasado lunes y de la sesión de ayer en dincat.)

La ley vasca de servicios sociales: un fracaso colectivo

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La aprobación de nuestra Ley de servicios sociales, el 5 de diciembre de 2008, está inseparablemente unida a un nombre propio, el de Fernando Consuegra, viceconsejero de asuntos sociales con el consejero Javier Madrazo y el lehendakari Juan José Ibarretxe, sin cuyo tesón, inteligencia política y capacidad para construir consensos, esta ley nunca hubiera llegado a puerto. Precisamente por eso, sin embargo, es una gran obra colectiva cuyo contenido ilusionó a un buen número de personas en nuestra comunidad.

El objetivo principal de esta ley, sin lugar a dudas, era la universalización del sistema público de servicios sociales en el País Vasco. La norma se aprobó con la finalidad de que, pasados ocho años, el conjunto de la ciudadanía vasca percibiera en sus servicios sociales similar grado de seguridad en la protección pública al que ya aprecia en los servicios sanitarios, en los educativos y en las pensiones y otras prestaciones de garantía de ingresos para la subsistencia. Es evidente que dicho objetivo está muy lejos de haberse alcanzado y, por ello, tenemos que reconocer nuestro fracaso colectivo.

Diez años después de la aprobación de la ley, seguimos sin contar con el sistema de información sobre servicios sociales que la misma ley preveía tener en funcionamiento en 2010 y una rápida visita a la web del Gobierno Vasco da cuenta del deficiente estado de la información disponible sobre la materia. Precisamente por eso no tenemos los datos completos y actualizados en los que apoyarnos si se quisiera discutir la afirmación realizada en el párrafo anterior. Sin embargo, hay pocas dudas acerca de que las expectativas de la población vasca sobre la respuesta de sus administraciones públicas en lo tocante a las necesidades de cuidados y otros apoyos para su vida autónoma en familia y comunidad no han variado significativamente en estos diez años y no alcanzan, ni de lejos, a las que esa misma población tiene cuando piensa en sus problemas de salud, en la escolarización de sus criaturas o en su pensión de jubilación, por mucho que estas tres áreas puedan ser objeto de preocupaciones y reivindicaciones diversas.

Apenas se ha desarrollado la arquitectura normativa que la ley preveía, en general, tener lista para 2009 o para 2010. Si bien, con seis años de retraso, se ha aprobado un decreto que establece una cartera de prestaciones y servicios, seguimos sin contar con una regulación de la participación económica de las personas usuarias en la financiación de los servicios, sin un decreto sobre la concertación con la iniciativa social o privada, sin un símbolo distintivo que identifique a todos los centros del sistema, sin una regulación jurídica de la dotación mínima de recursos y sin una definición normativa de la mayoría de los servicios previstos en la cartera. La Alta Inspección de Servicios Sociales, que sí fue regulada, está inactiva y la dinámica de gobernanza del sistema y de integración intersectorial con otros sistemas prevista en la ley está prácticamente inédita.

Curiosamente, el texto jurídico que más ha afectado a sistema público de servicios sociales en estos años no se inscribe en el desarrollo de la Ley de servicios sociales sino que es la modificación de la Ley de garantía de ingresos de 2011, que saca de los servicios sociales la gestión de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda. Lamentablemente, carecemos de evidencia relevante acerca del impacto que la liberación del equivalente a varios cientos de puestos de trabajo a jornada completa en los servicios sociales, por labores que han pasado a Lanbide, haya tenido en el impulso del modelo de servicios sociales de atención continuada, de proximidad, planificados y evaluados, de base tecnológica y centrados en la persona que pretende impulsar nuestra legislación, tanto en 2008 como en 2011.

Seguramente las razones de este fracaso colectivo son una mezcla de la debilidad de la demanda social, las limitaciones del liderazgo político, la insuficiente apuesta presupuestaria, la fragilidad de la comunidad profesional y de conocimiento, la desorientación estratégica de muchos agentes, las ineficiencias de la estructura institucional y otras razones. Seguro que, también, la propia ley de 2008 tiene defectos en su diseño que, en su momento, no supimos ver. Sea como fuere, este décimo aniversario debe servir como un revulsivo para que los agentes implicados en los servicios sociales vascos reorientemos y redoblemos nuestros esfuerzos para lograr un giro y un impulso estratégico que conduzca más pronto que tarde a esos servicios sociales universales, personalizados, basados en el conocimiento, integrados y comunitarios que tan acertadamente dibuja nuestra ley.

(Artículo publicado en El Correo y El Diario Vasco el 5 de diciembre de 2018. En PDF aquí. Sobre la Ley vasca de servicios sociales debatiremos hoy, 10 de diciembre, en la jornada organizada por la Diputación Foral de Bizkaia.)

Servicios sociales y economía solidaria: cuidar(nos en) el territorio

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El capitalismo informacional tiene gran capacidad para deslocalizar, desterritorializar y desmaterializar procesos y activos pero los seres humanos de carne y hueso seguimos necesitando respirar, alimentarnos, desplazarnos, cuidarnos, abrazarnos y reconocernos físicamente, ubicados en determinados entornos geográficos. Mientras segmentos sociales acomodados (más allá del famoso 1%) están cada día más desapegados del suelo, los procesos de precarización y exclusión laboral, residencial y económica generan desplazamientos forzados, hacinamiento urbano, contaminación ambiental o despoblación rural.

En este contexto, la dimensión territorial y ambiental adquiere centralidad en la lucha de clases y el conflicto social. Y cada persona, cada grupo, cada organización y cada institución se ve confrontada ante la pregunta sobre su contribución para hacer materialmente posible o imposible la vida diaria y cotidiana de las personas que están en cada barrio y en cada pueblo o que llegan a establecerse en ellos. Especialmente la de las mayorías sociales con menor capacidad de despegarse de la tierra, con mayor dificultad de cambiar de territorio, por limitaciones funcionales, económicas o de otros tipos.

Sin embargo, quizá en la conciencia acerca de esa fragilidad compartida por más y más personas podamos encontrar, justamente, una oportunidad para el encuentro transformador. Es lo que nos enseña la economía solidaria que nos habla del kilómetro cero, que promueve el fortalecimiento de transacciones de proximidad para que nuestras vidas y territorios sean más sostenibles, menos dependientes, más eficientes y menos vulnerables. También, ciertamente, ante la eventualidad de un colapso financiero, económico, ambiental, militar, sanitario, político o de otra índole, a menor o mayor escala.

Por todo ello, nuestros servicios sociales se ven invitados a superar sus tendencias excluyentes y punitivas y sus prácticas de clasificación de personas para segregarlas de sus comunidades y, más bien, se les pide desarrollar y extender modelos de política, organización e intervención social que favorezcan la autonomía funcional y las relaciones comunitarias de todas las personas (diversas sexualmente, generacionalmente, funcionalmente y culturalmente) en unos territorios rurales y urbanos a cuya sostenibilidad relacional, laboral y material deben contribuir mucho más significativamente.

(Sobre estas cuestiones debatiremos el lunes, 19 de noviembre, con Servicios Sociales Integrados, en Bilbao; el miércoles 21 en Hospitalet de Llobregat, en el congreso de la Taula del Tercer Sector; el jueves 22 en el Congreso de las Diputadas, en una jornada de Podemos; y el viernes 23, en Hernani, en una jornada de HZ. La fotografía corresponde al mercado de la calle Dos de Mayo, en el barrio de San Francisco, en Bilbao.)

¿La intervención social como ingeniería relacional?

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Si nuestro modelo de funcionamiento social, en general, y, dentro de él, el conjunto de mecanismos públicos de bienestar están en una crisis sistémica, ninguno de los artefactos técnicos u organizativos existentes en la actualidad para regular e impulsar los procesos productivos y la inclusión social puede percibirse y proyectarse a sí mismo como una realidad estable de futuro asegurado.

La intervención social que, en nuestro entorno, se practica, fundamentalmente, en los servicios sociales y, también, en otros ámbitos sectoriales de actividad y que se apoya en el conocimiento disciplinar y las tecnologías del trabajo social, la educación social o la psicología de la intervención social, entre otras, se encuentra, posiblemente, ante una disyuntiva determinante de su futuro: replegarse a funciones de control administrativo de colectivos de riesgo y de recursos racionados y condicionados para su supervivencia o reinventarse como saber y tecnología de promoción de la autonomía funcional, el empoderamiento personal, la autodeterminación vital, las relaciones primarias, la convivencia familiar y la vida comunitaria de todas las personas en el territorio.

La primera de las opciones dispone de fuertes elementos tractores, tales como: la alarma ciudadana y política ante situaciones que se presentan como de emergencia social, crecientes y de creciente gravedad; los intereses e inercias laborales o cognitivas de determinadas capas de profesionales y directivas de los servicios sociales; o interesadas percepciones, análisis y visiones estigmatizantes y simplificadoras acerca de ciertos perfiles de personas, en un contexto de incremento de la diversidad sexual, generacional, funcional y cultural.

Sin embargo, la apuesta por una intervención social y unos servicios sociales de carácter universal, preventivo, digitalizado, personalizado, relacional y comunitario tiene todos los atractivos y todas las pegas de cualquier operación de creación de un nuevo dispositivo de ingeniería social, dado que, si bien este modelo de intervención social y de servicios sociales hunde sus raíces en numerosas y valiosas experiencias y conocimientos de nuestras comunidades de práctica y aprendizaje, cuando lo proponemos, debemos, honestamente, reconocer ante la sociedad que le estamos hablando de un dispositivo, en parte, nuevo, de un cierto viaje a lo desconocido.

Una sociedad no puede afrontar simultáneamente muchos experimentos de este estilo. No podemos, a la vez, experimentar una nueva fiscalidad, instalar una renta básica, universalizar la educación infantil, cambiar el modelo de ciencia e innovación, hacer una revolución en la Administración, garantizar la sostenibilidad de las pensiones, modernizar la Justicia, darle la vuelta la política de vivienda, reindustrializar el país, repoblar los territorios vacíos, construir una nueva intervención social y unos nuevos servicios sociales y así sucesivamente. Si las gentes de la intervención social y los servicios sociales queremos oportunidades, alianzas, recursos y apoyos para esta aventurada apuesta, vamos a tener que ser muy convincentes ante muchas personas. Ese es nuestro reto.

(Sobre estas cuestiones hablaremos los días 12 y 13 de noviembre en un curso en Castellón, el día 14 en Dincat en Barcelona y el día 15 con personas de los servicios sociales y de Osakidetza en el Hospital de Basurto y en una conferencia, a las 19 horas en Arrupe Etxea, en Bilbao, organizada por la asociación Fe y Justicia. La imagen pertenece a la iniciativa Gau Irekia/Noche Abierta del barrio San Francisco, en Bilbao, de 2017. Pronto será la siguiente.)

Cinco claves para una oferta de valor desde los servicios sociales

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Las personas con responsabilidades técnicas y directivas en nuestros servicios sociales son cada vez más conscientes, seguramente, de la creciente competencia (por el aprecio de la ciudadanía en la respuesta a determinadas necesidades) que han de mantener con otros sectores de actividad cómo, por ejemplo, el sanitario, el del trabajo doméstico, el de la seguridad o el educativo. A la vez, parece ir creciendo la conciencia de qué la base para el éxito en dicha dinámica competitiva residirá, fundamentalmente, en qué los apoyos (cuidados, productos, aplicaciones, intervenciones, prestaciones, experiencias) qué ofrezcan los servicios sociales aporten un mayor valor a las personas y sean percibidos cómo más valiosos por parte de la población. Para ello, posiblemente, dichos apoyos habrán de ser cada vez más:

  1. Elegibles. Es decir, identificables, diferenciables y reconocibles para las personas. Seguramente, la oferta de los servicios sociales ha de huir cada vez más del lenguaje técnico o administrativo para ser presentada de forma más comprensible para las personas a las que se dirige. Porque, cada vez más, deberemos ser las personas las que decidamos, con mayor libertad, los cuidados personales que deseamos recibir, las actividades comunitarias en las que deseamos participar o las aplicaciones para la interacción que deseamos instalar.
  2. Personalizables. El acompañamiento social para reconfiguración de unas relaciones familiares, la ayuda personal para la realización de las actividades de la vida diaria o la prescripción de un producto de apoyo qué facilite el desenvolvimiento cotidiano se habrán de realizar, cada vez más, sobre la base de una valoración o diagnóstico individual y compartido qué permita el ajuste flexible a las características y deseos de cada una de las personas. Resulta cada vez más intolerable la homogeneidad, la imposición tecnocrática, la ausencia de asunción y cuidado de la diversidad y la falta de respeto por las preferencias individuales existentes en no pocos de nuestros servicios sociales.
  3. Integrables. La creciente complejidad de las demandas y procesos sociales obliga a diseñar apoyos capaces de integrarse intra e intersectorialmente con otros muchos y diversos, de modo que se facilité la proximidad y continuidad en la intervención. Así, por ejemplo, hemos de ser capaces de diseñar los cuidados personales (presenciales o virtuales) de tal modo que, excepcionalmente, puedan ofrecerse dentro de un paquete integrado intrasectorialmente con alojamiento (en un servicio social de carácter residencial) o intersectorialmente con la oferta de alojamiento que se haga desde el sector de la vivienda (como modelo más habitual).
  4. Evaluables. La evaluación, incorporada de forma cada vez más esbelta y automática en los procesos de intervención, aumentará nuestra capacidad de determinar y mostrar la evidencia de los efectos que tienen los apoyos en la interacción de las personas, es decir, en su autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones familiares y comunitarias, sin olvidar el impacto o efecto indirecto en otras áreas de la vida de la persona, como puede ser su situación de salud, laboral, económica o habitacional.
  5. Prescindibles. Sí bien la cronicidad de determinadas situaciones aconsejará el mantenimiento a largo plazo de determinados productos, cuidados, actuaciones o, en general, apoyos, dentro de los servicios sociales, la norma general deberá ser que dichos apoyos se retiren en la medida en qué el desarrollo de la autonomía y autodeterminación o de los soportes relacionales primarios de las personas en su vida cotidiana lo permita.

Desde cada lugar concreto de nuestros servicios sociales podemos preguntarnos en qué medida los estamos pensando y produciendo como apoyos elegibles, personalizables, integrables, evaluables y prescindibles (o elegidos, personalizados, integrados, evaluados y, finalmente, retirados) y, si o es así, en qué medida constituyen una oferta atractiva para las personas de nuestras comunidades y una herramienta eficiente para contribuir significativamente a la sostenibilidad de la vida en nuestros territorios.

(Este esquema de cinco claves está entre los preparatorios del curso “Gestión de cambios estratégicos en los servicios sociales de proximidad” que realizaremos en Castellón los días 5, 6, 12 y 13 de noviembre de 2018.)

El rompecabezas de nuestros servicios sociales

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En las labores de diseño de nuestros sistemas de servicios sociales (cuando redactamos una nueva Ley, elaboramos un plan estratégico o reorganizamos un Departamento) tomamos conciencia de que las diferentes componentes, aspectos, elementos o dimensiones en juego están complejamente relacionadas entre sí, de modo que, cuando creemos haber resuelto un problema, podemos haber agravado otro, sin darnos cuenta.

Así, nos sentimos satisfechas con una definición del objeto de los servicios sociales que ayuda a delimitar su perímetro, diferenciándolo del abordado por otras ramas de actividad sectorial, pero ese paso parece alejarnos de la demanda reconocida que hoy tira de gran parte de los servicios sociales realmente existentes. Identificamos la masa crítica poblacional necesaria para sostener una oferta de valor y unos itinerarios significativos, mas esa decisión amenaza con desconectarnos de un buen número de anclajes profesionales, organizativos y políticos desperdigados por el territorio. Apostamos por las intervenciones basadas en evidencias y por la investigación e innovación en las áreas de conocimiento relacionadas con los servicios sociales y, entonces, parece escurrirse entre nuestras manos la posibilidad de construir un catálogo y una cartera con un contenido prestacional que pueda exigirse como derecho subjetivo.

Afirmamos querer avanzar en la universalidad, como otros pilares del bienestar, pero tememos perder eficacia y eficiencia en nuestro importante papel contra determinados focos preocupantes de exclusión social. Buscamos posicionarnos ante agentes sociales y segmentos poblacionales para los que no resultamos atractivos o significativos, sin poner en riesgo el compromiso de colectivos u organizaciones implicadas en el sistema. Deseamos ir mucho más allá de la asistencia y el control, mas no sabemos cómo reconocernos y ser reconocidas en la prevención comunitaria, el empoderamiento de la ciudadanía o las relaciones intersectoriales. Queremos digitalizar y aumentar la escala de nuestros servicios sociales, pero amamos su artesana flexibilidad relacional. Deseamos clarificar el papel y contribución de cada una de las grandes profesiones presentes en los servicios sociales, pero parece imposible hacerlo sin afectar a contenidos que cada una de ellas considera irrenunciables.

Se trata de dilemas (Martínez Virto) o tradeoffs (Aguilar Hendrickson) que desafían nuestra inteligencia, información, conocimientos, capacidad deliberativa, alianzas estratégicas y peso político. Sin embargo, entendemos que no podemos dejar que nos paralicen, pues la necesidad de cambio en los servicios sociales, para que puedan hacer frente a los desafíos que tienen ante sí, es mayor y más apremiante cada día que pasa.

(Reflexiones en el contexto de los trabajos preparatorios de la nueva ley asturiana de servicios sociales.)

Prescripción profesional de cuidados y sistemas públicos de servicios sociales

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Obviamente una persona puede comprar cuidados profesionales –sin más– en el mercado, del mismo modo que puede automedicarse con determinados fármacos o adquirir un libro de contabilidad para aprender dicha materia, si no se ve la necesidad y el valor del diagnóstico, prescripción e intervención profesionales sobre la base del conocimiento (compatibles –por cierto– con el ejercicio de la autonomía moral y consiguiente capacidad de decisión, elección o consentimiento informado por parte de las personas usuarias). Lo que se quiere decir aquí, en todo caso, es que la decisión sobre los cuidados profesionales que debe recibir una persona pertenece –como la decisión sobre si debe operarse de apendicitis o aprender la tabla del siete– al ámbito de su autonomía moral y capacidad de decisión (o la de quien le represente legítimamente), pero que dicha decisión –como las otras evocadas– puede y –bajo ciertas premisas y en determinados contextos– debe ser objeto de prescripción facultativa sobre la base de un diagnóstico profesional basado en el conocimiento que permita establecer los mejores ajustes entre cuidado profesional, autocuidado y cuidado primario y, en definitiva, alcanzar la mejor interacción y bienestar.

Por otra parte, si miramos la evolución de otros sectores de actividad cabe suponer que es grande el recorrido que podrían tener los servicios sociales en la incorporación de productos de apoyo (ayudas técnicas) y nuevas aplicaciones, plataformas y, en general, tecnologías, lo cual, en principio, podría aportar novedades en términos de empoderamiento individual y diversificación de formas y formatos de relación entre las personas (Carretero, 2015). Sólo, sin embargo, en el marco de un sector de actividad y de un sistema público robusto, tanto desde el punto de vista ético como técnico, cabe esperar que ese imprescindible desarrollo tecnológico se oriente a la sostenibilidad relacional y la humanización de la vida y no a “asegurar y monitorizar el aislamiento, a través de la producción de una socialidad mínima y latente” (Sánchez Criado, 2012: 408).

El reto es considerable, pues se trata de salir del actual círculo vicioso entre agravamiento de la situación de las personas, fragmentación de la atención, burocratización de las organizaciones e insatisfacción del personal e impulsar el círculo virtuoso entre comunidad de conocimiento, integración de la atención, empoderamiento de las personas y sostenibilidad social. Ello requiere tanto de una más orientada investigación básica y aplicada, desde diversas áreas de conocimiento, que permita mejorar el instrumental de evaluación de los fenómenos y cambios de los que se ocuparían los servicios sociales como de experiencias piloto (prototipos) que vayan construyendo formatos e itinerarios de atención y calibrando su utilidad, viabilidad, legitimidad, transferibilidad, escalabilidad y sostenibilidad. Lo cual, seguramente, sólo será posible desde un fuerte liderazgo político e innovación pública, como ha sucedido o está sucediendo en muy diversos sectores de actividad (Mazzucatto, 2016).

(Fragmentos finales de un artículo de próxima publicación en Documentación Social, base para el trabajo de una jornada el 22 de junio de 2018 en La Garrotxa.)

¿El País Vasco, perdiendo el tren de los servicios sociales?

Eusko Ikaskuntza

La Comunidad Autónoma del País Vasco ha alcanzado en 2017, según datos del INE, un nuevo máximo histórico de envejecimiento de su población, con 145 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, lo que supone dos puntos porcentuales más con respecto al año anterior y es superior a la media española (118,4) o al dato de Navarra (116,5). Este proceso se acelerará en la próxima década, cuando van llegando a la edad de 65 años las cohortes del llamado baby boom. La dependencia funcional (respecto a los cuidados de otras personas o apoyos equivalentes) se concentra en las personas mayores: de cada diez personas en situación de dependencia funcional, siete tienen 65 años o más.

Por otro lado, según datos, también, del INE, mientras la tasa de fecundidad (personas nacidas por cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años) baja cuatro puntos del 2009 al 2016 en el conjunto de España (de 42,60 a 38,53), en la Comunidad Autónoma del País Vasco prácticamente se mantiene (pasa de 40,77 a 40,22). En el País Vasco, en 2016, la fecundidad de las mujeres de nacionalidad española es de 36,54 y la de las mujeres de nacionalidad extranjera es de 79,39.

Además, la participación de las mujeres en edad laboral en el mercado de trabajo se ha situado, en 2015, en el 52,2%, dos décimas por encima de la registrada en 2014, lo que sitúa esta tasa en la senda de evolución positiva iniciada décadas atrás, cuando la actividad laboral de las mujeres era minoritaria (38,5% en 1991). Datos reveladores de la manera en que se ve relegada al pasado la expectativa o norma social de que las mujeres renunciaran al empleo remunerado y se dedicaran a los cuidados. Sin embargo, según datos del EUSTAT de 2015, las mujeres que trabajaban fuera de casa destinaban 4,9 horas diarias al cuidado de los hijos e hijas menores de 15 años, mientras que los hombres empleaban 3,1 horas diarias. Estas diferencias se mantenían en el caso del cuidado de otras personas funcionalmente dependientes, actividad a la que los hombres le dedicaban 1,5 horas diarias y las mujeres 2,3 horas. Parece claro que, con el movimiento de las mujeres de ceder parte de su trabajo de cuidados, no se ha producido un proceso equivalente de los hombres de asumirlo. Por otra parte, según la encuesta de hogares y familias del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, además de no haber más de un 25% de hogares con niñas, niños o adolescentes, hay un 25% de hogares en los que sólo vive una persona.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, sin embargo, a pesar de ser, según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la que más gasta por persona en servicios sociales, tiene una cobertura de servicios sociales domiciliarios (1,4% para mayores) que es menos de la mitad que la (ya baja) media española o un 44,5% de acogimientos familiares de niñas, niños y adolescentes (sobre el total de acogimientos) frente al 60,9% de la media española. Ello puede ser revelador de un modelo de servicios sociales todavía muy apoyado en centros de carácter residencial, diurno o ambulatorio que no está innovando y girando con suficiente fuerza en la línea de cuidar y apoyar a las personas en su vida cotidiana en la comunidad.

Sin embargo, esa transformación estratégica es posible en el marco del imprescindible incremento de la inversión pública en servicios sociales en los próximos años, corrigiendo la descompensación que supone que nuestro gasto público en servicios sociales sea de 1.000 millones de euros anuales, aproximadamente, frente a los 3.700 de sanidad, los 2.700 de educación y los 8.800 de pensiones (por referirnos en números redondos a los cuatro grandes pilares del Estado de bienestar).

Fragmento adaptado de una aportación para el “Libro verde del (de los) Territorio(s) de Vasconia” de Eusko Ikaskuntza. La aportación completa (4 páginas) puede descargarse aquí. El libro verde completo (en el que la parte de servicios sociales comienza en la página 110, con una pequeña errata en la cita de la ley navarra) se puede descargar aquí. Sobre servicios sociales hablaremos esta semana en reuniones estratégicas del Gobierno de Navarra y en jornadas en Madrid, en el centro comunitario de servicios sociales de Colonias Históricas (Chamartín), el día 14, y en el Consejo de Colegios de Psicología (el 16).

Beveridge y el bienestar: ¿Hay un sexto gran mal? ¿Hay un sexto gran bien?

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En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se publica en Inglaterra el Informe Beveridge, sin duda uno de los textos mayores en la historia de los Estados de bienestar, en el que se identifican los grandes males (giant evils) contra los que ha de luchar el sistema de protección social: la pobreza o necesidad (want), la enfermedad (disease), el analfabetismo o ignorancia (ignorance), la miseria o insalubridad en el alojamiento (squalor) y la inactividad u ociosidad (idleness). No parece forzado emparejar estos grandes males con los grandes bienes que protegerían y promoverían las siguientes grandes políticas sociales sectoriales: de garantía de ingresos (subsistencia), sanitaria (salud), educativa (conocimiento), de vivienda (alojamiento) y laboral (empleo).

En 1976, Alfred Kahn y Sheila Kamerman hablan de los servicios sociales como un “sexto sistema” a agregar a los anteriores. Según su visión, este sexto sistema, estos servicios sociales “procuran facilitar o mejorar la vida diaria, capacitar a individuos, familias y otros grupos primarios para desarrollarse, competir, funcionar o contribuir”. Y dirán que, en la medida en que los sistemas de bienestar han ido progresando, los servicios sociales “parecen haberse dedicado más a las tareas de desarrollo y socialización, lo que los americanos, frecuentemente, llaman ‘prevención’”. Y concluirán que “son creaciones sociales que encajan en nuestra era y no (…) sustitutos ‘menos malos’ y provisionales”.

En España se ha hecho referencia a los servicios sociales como “cuarto pilar del sistema de bienestar”, tal como se recoge, por ejemplo, en el preámbulo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Una campaña de la Generalitat Valenciana y ayuntamientos (ver imagen) los identifica como la “cuarta pata” universal del Estado de bienestar, junto a las de la educación, la sanidad y las pensiones.

Cabe definir los servicios sociales como cuidados y apoyos para mejorar y complementar la autonomía de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones familiares y comunitarias. Si se acepta esta definición, quizá el gran mal al que se enfrentan sea la dependencia funcional en una vida diaria de aislamiento relacional (es una pena no tener a mano a William Beveridge para que lo diga en una sola palabra). Y para denominar al gran bien correspondiente, el término menos malo que hemos encontrado es “interacción”.

Sea como fuere, y pese a loables esfuerzos como el de la Generalitat Valenciana y a las visionarias palabras de Kahn y Kamerman, nuestros servicios sociales deben seguir todavía esforzándose por verse y ser vistos como una de las grandes ramas universales del árbol del bienestar (en metáfora de Demetrio Casado). Ojalá encuentren su William Beveridge (posiblemente, colectivo) que sepa darles el impulso conceptual, técnico y político que necesitan.

(Sobre estas cuestiones conversamos ayer en Agintzari y Servicios Sociales Integrados y lo haremos hoy con el Consell Comarcal de la Noguera y la asociación Alba (de Tárrega), en Lleida.)

Por una industria (4.0) de los servicios sociales

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Las ciencias de la gestión estudian el fenómeno de difuminación de las fronteras que distinguían los sectores de actividad industrial de los sectores económicos de servicios. Así, por una parte, empresas industriales han ido incorporando actividades de prestación de servicios, como comprobamos, por ejemplo, cuando compramos una impresora (producto industrial) y se nos ofrece el servicio de traernos a casa, incluso antes de que advirtamos su necesidad, los cartuchos de tinta.

En sentido contrario, nos encontramos con organizaciones prestadoras de servicios en las que se industrializan determinados procesos, es decir, en las que actividades relacionales realizadas por personas (incluso de contacto con usuarias) son reemplazadas por productos fabricados que utilizamos. Así, por ejemplo, frecuentemente, más que solicitar y recibir los servicios de una agencia de viajes, utilizamos aparatos informáticos y plataformas digitales para organizar y hacer posibles nuestros desplazamientos.

El reto que tienen ante sí nuestros servicios sociales en el contexto del incremento de la diversidad funcional y de otros tipos de diversidad en la población y de la disminución y cambio de la capacidad familiar y comunitaria para brindar cuidados y apoyos primarios es de tal envergadura que parece imposible hacerle frente sin una mucha mayor industrialización de la intervención social, fundamentalmente gracias a las tecnologías digitales de captación, procesamiento y transmisión de datos y de complementación (robótica o no) de otras funciones humanas utilizadas en actividades de la vida diaria.

Parece difícil construir una oferta de cuidados y apoyos que logre hacer posibles y sostenibles nuestras vidas autónomas, diversas e interactivas en la convivencia comunitaria si no somos capaces de entreverar dinámicamente actividades profesionales de alto contenido relacional con procesos automatizados de control de situaciones y respuesta a necesidades. Superando unos servicios sociales tendentes a dosificarnos el sucedáneo del dinero o a terminar llevándonos a centros residenciales, diurnos o de otro formato, se trata de potenciar su capacidad de prevenir, revertir y compensar el deterioro de nuestra autonomía funcional y red primaria mediante apoyos tecnológicos o profesionales en los itinerarios cotidianos en el domicilio, el vecindario, la calle o el territorio.

Ahora necesitamos más maquetas, ensayos, experimentos o pilotos que nos ayuden a identificar y evaluar mejor las capacidades individuales para las decisiones y actividades de la vida diaria y las potencialidades efectivas de las relaciones familiares y los activos comunitarios, de modo que sean perfeccionables y escalables los diseños de entramados de productos tecnológicos y servicios profesionales que vayamos necesitando las diversas personas en nuestras situaciones y transiciones vitales, para cuya facilitación se debe estructurar la industria de los servicios sociales, con un abordaje preventivo de la limitación funcional, un empoderamiento de las personas, una humanización de las comunidades y una densificación de las relaciones primarias y solidarias.