Otros servicios sociales son posibles

hope

En una gran parte de nuestros servicios sociales está operando una conjunción perversa de poderosas fuerzas que tienden a configurarlos como quistes puramente administrativos, dedicados al racionamiento de ayudas económicas residuales, estigmatizantes y menguantes. Éstas pueden ir dirigidas a personas (frecuentemente sometidas a humillantes procesos de control) o a entidades (acentuando su burocratización, fragmentación y autorreferencialidad). A la vez, los servicios sociales públicos, en esos lugares, dejan, sin especial conciencia de hacerlo, un enorme campo a la oferta privada, bien de servicios sociales (frecuentemente residenciales), bien de otro tipo de servicios (domésticos, por ejemplo) o a otros servicios públicos más proactivos y demandados (como los policiales, los educativos o los sanitarios).

¿Cuáles serían esas poderosas fuerzas que nos van arrinconando? ¿Qué factores desencadenan esa indeseable dinámica? Fundamentalmente, las crecientes olas de demanda cada vez más desorientada, compleja y acuciante de personas en proceso o situación de exclusión social. Demanda que, en la mayoría de los casos, los servicios sociales manejan de forma ineficiente, por su posicionamiento estratégico erróneo y confuso y por la fragilidad de sus capacidades técnicas, tecnológicas y de gestión. Sazónese lo anterior con la constante bajada de peso y visibilidad en las agendas políticas de los servicios sociales, frente a otros asuntos, impulsados por diversas alianzas estratégicas de distintos agentes.

En general, nuestros servicios sociales, atomizados institucional y profesionalmente e incapaces de alinearse en un relato creíble de futuro, están fracasando a la hora de comunicar a la sociedad que jamás podrán hacerse cargo solos de esa demanda compleja, generada por procesos estructurales de exclusión económica, residencial o laboral. También lo están haciendo en la tarea de expresar para qué sí pueden ser útiles en nuestras sociedades, es decir, por qué cuidados, apoyos e intervenciones quieren ser reconocidos. En ese contexto son y van a ser fácilmente presa de mutilaciones y recortes o de encargos envenenados, en función de las estrategias de otros sectores, sistemas, coaliciones o agentes.

Sin embargo hay islas en ese océano de aguas turbulentas. Hay instituciones, organizaciones y personas que nos muestran que otros servicios sociales son posibles: que mantienen y refuerzan la apuesta presupuestaria por la dignidad y la universalidad; que practican la interdisciplinariedad profesional y la integración organizativa centradas en las personas; que se desprenden responsablemente de encomiendas inadecuadas e innovan en programas que llenan de contenido sus funciones. Y que, en definitiva, nos ayudan a seguir realizando, construyendo y soñando unos servicios sociales preventivos y comunitarios, productivos y humanistas, determinantes para la sostenibilidad de la vida en el territorio.

(Al hilo de trabajos en curso con el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Bilbao, Servicios Sociales Integrados, la Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, Aubixa, Podemos, la Red Española de Política Social, Esquerra Republicana de Catalunya o la Comunitat Valenciana y como preparación de la primera reunión del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de España.)

Los servicios sociales como nudo gordiano para la transformación del Estado de bienestar

nudo

Los consensos de la comunidad científica y las preferencias de la ciudadanía expresadas en diversas encuestas apuntarían (como recuerda Pilar Rodríguez) a que, sin desconocer la importancia de otras herramientas del Estado de bienestar, el instrumento clave para dar respuesta a la crisis de los cuidados, a la soledad no deseada, al maltrato en el seno de las relaciones primarias o a la gestión de las diversidades en la convivencia vecinal (algunos de nuestros principales retos sociales) es el desarrollo de los servicios sociales y, específicamente, de los servicios sociales que se prestan en el domicilio, en el territorio o en el entorno digital, en la medida en que son aquellos que permiten actuar de forma más preventiva y personalizada, fortaleciendo la capacidad de las personas de desenvolverse autónomamente en su vida cotidiana y los vínculos familiares y comunitarios en todos los momentos del ciclo vital.

Hay que ser conscientes, en todo caso, de que, para responder a esos retos, no basta con una apuesta presupuestaria pública por los servicios sociales, sino que ésta debe concebirse como una gran misión (en expresión de Mariana Mazzucatto) para una transformación de lo que ahora son unos servicios sociales en buena medida residuales, subsidiarios, fragmentados y asistencialistas en un sistema universal, integrado, preventivo y comunitario, que sólo puede lograrse mediante una apuesta colectiva por el conocimiento y la innovación tecnológica y social, que, por cierto, afectará especialmente a las interfaces entre los servicios sociales y las políticas de salud y de vivienda.

A la vez, en el actual momento desarrollo de las políticas sociales en nuestro entorno, no parece aconsejable la profusión, improvisación, desorden, confusión e, incluso, saturación que existe en lo tocante a las iniciativas de carácter intersectorial. Se impone que una autoridad central dirija unas estructuras de gobernanza intersectorial con partícipes claros y dinámicas establecidas. Una estructura que pueda replicarse hacia arriba (en territorios más extensos) y hacia abajo, en territorios más pequeños. En esta gobernanza intersectorial del bienestar es fundamental trabajar la intersectorialidad entre diferentes ramas las políticas sociales, pero también, de igual modo, la que se produce entre éstas y otras ramas de política pública identificadas como laborales y económicas o urbanísticas y ecológicas. Una sociedad de cuidados y unos territorios sostenibles requieren estrategias científicas, económicas, educativas y laborales de país que contribuyan a relocalizar la economía para generar territorios vivibles y competitivos en la globalización digitalizada (como señala Cathy Baldwin).

Por otro lado, es fundamental sacar de los servicios sociales cualquier tipo de prestación económica para hacer frente a las necesidades de subsistencia. En realidad, se trataría (al modo de Miguel Laparra) de explorar las oportunidades de simplificar y unificar la gestión de un conjunto amplio de prestaciones y ayudas económicas (contributivas y no contributivas) y, a la vez, coordinar e integrar estas políticas con la política fiscal (y, especialmente, tributaria). Se trataría de superar la fragmentación, opacidad, costes de gestión y efectos no deseados presentes en el manejo público de las entregas dinerarias que la Administración proporciona a las personas, visualizándolas conjuntamente con las bonificaciones, deducciones, desgravaciones o exenciones que se dan en el marco de la política fiscal.

A la vez, una fiscalidad suficiente y justa, capaz de contribuir a la sostenibilidad y equidad intergeneracional, aparte de ser más efectivamente progresiva en general, debe afectar, posiblemente, de forma especial, a impuestos que, como los de patrimonio, sucesiones o transacciones financieras (como señala Ignacio Zubiri), resultan crecientemente disfuncionales, en la medida en que favorecen la acumulación y transmisión intrafamiliar de los recursos económicos en un contexto en el que las funciones, por ejemplo de cuidados, que realizaban las familias, se están transfiriendo (y en buena medida así ha de ser, aunque de otro modo) a otras instancias sociales y, singularmente, a los servicios sociales.

(Al hilo de trabajos con Servicios Sociales Integrados, el Gobierno de Navarra, Aubixa, Podemos o Dincat.)

La interacción como objeto de la intervención social y de los servicios sociales

Interacción

Cuando se propone la interacción como objeto de los servicios sociales, no se está haciendo referencia, exactamente, a ninguna conceptualización preexistente de ese término, sino que se está proponiendo, en cierta medida, una nueva acepción o una versión precisa de la palabra “interacción”, para plantearla como denominación breve de la situación o necesidad de la que, según se dice, se ocupan o debieran ocuparse (en la que desencadenan cambios, a la que afectan, en la que obtienen efectos) la intervención social y los servicios sociales. Solemos decir que la interacción tiene dos facetas o dimensiones inseparables: la de la autonomía funcional y la de la integración relacional. Veamos.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), de la OMS, aprobada en 2001, se refiere a estados de salud (o relacionados con la salud) de las personas y para ello se fija en las diferentes estructuras corporales, que son las partes anatómicas del cuerpo humano, y funciones corporales (que incluyen las que denomina funciones psicológicas, que podemos denominar también mentales o cognitivas), que permitirán realizar unas determinadas actividades mediante las cuales las personas tendrán una participación social (teniendo en cuenta, lógicamente, los factores contextuales). Así, por ejemplo, las funciones visuales estarán relacionadas con el ojo y estructuras conexas y permitirán, por ejemplo, la actividad de mirar y la participación de la persona, por ejemplo, en un baile. Dentro de este marco conceptual se entiende que las capacidades de las personas (definidas por la CIF como aptitudes de un individuo para realizar una tarea o acción) dependen, en buena medida, del estado de sus estructuras y funciones corporales, pero también de los procesos de aprendizaje social.

La autonomía funcional es, por tanto, la capacidad relativa de funcionar sin depender, sabiendo que siempre existe algún grado de dependencia o interdependencia. Nótese que, si bien el concepto de autonomía, originariamente, remitía más bien a la capacidad de darse normas (autonomía moral), su uso se ha ido extendiendo también a otras capacidades más operativas, es decir, a la capacidad de ejecutar las decisiones (se llega a hablar incluso de la autonomía de un coche, para referirnos a su capacidad de funcionar sin repostar). La autonomía funcional se refiere a las capacidades del cuerpo (que en el lenguaje de la CIF incluyen, por ejemplo, las cognitivas, y emocionales, para el autogobierno), pero no a otras dimensiones de la autonomía como, por ejemplo, la autonomía económica.

Lógicamente, la autonomía funcional de las personas es relevante en varios ámbitos de su vida. Por ejemplo, en el ámbito laboral es relevante la capacidad funcional que se configura como cualificación profesional. Así, podríamos referirnos al repertorio de capacidades o competencias que posee una ebanista, un flautista o una taxista. Pues bien, la parcela o dimensión de la autonomía funcional que, según proponemos, nos interesa como objeto de la intervención social y los servicios sociales es la que tiene que ver con las denominadas Actividades de la Vida Diaria (sobre las que no cabe extenderse aquí). Entendiendo que, a la hora de decir si una persona es capaz de realizar las AVD (incluyendo, obviamente, el autocuidado), aparte de la capacidad para su pura ejecución física, se toma en cuenta la capacidad cognitiva de tomar adecuadamente las iniciativas y decisiones (a corto, medio o largo plazo) correspondientes o el ejercicio de la vigilancia o supervisión del propio cuerpo y del entorno que permite tomar dichas iniciativas o decisiones. La autodeterminación se ve, así, como una parte o dimensión de la autonomía funcional.

Posiblemente, disciplinas como la medicina o la pedagogía nos ayudan, a través de las estructuras corporales y las capacidades funcionales, a mirar las cosas del lado de la autonomía funcional y disciplinas como la psicología comunitaria o la microsociología nos colocan, más bien, del lado de la integración relacional, con conceptos como apoyos naturales o apoyo social. Así, volviendo al ejemplo del ámbito laboral, para que nuestra ebanista, nuestro flautista o nuestra taxista lo sean, no basta con que tengan las capacidades funcionales correspondientes, sino que su entorno laboral debe incorporarlos en empleos, es decir, se debe dar un ajuste entre capacidad profesional e integración laboral. Pues bien, en el objeto que proponemos para la intervención social y los servicios sociales, la otra cara de la moneda de la autonomía funcional para las actividades de la vida diaria es la integración (la convivencia, la inclusión, la relación) familiar y, en general, comunitaria (dicho de otra manera, la socialización primaria). Se asume, por tanto, que hay un marco de vida cotidiana en el que se busca un ajuste entre esas dos caras de la moneda y que para un adecuado estado de interacción, lo relevante es el ajuste. Así, por ejemplo, todas las criaturas recién nacidas disponen de una limitada autonomía funcional para las actividades de la vida diaria, pero pueden estar en un perfecto estado de interacción si disponen de una adecuada red familiar y comunitaria. Del mismo modo, podremos decir que una persona sin familia ni amistades que llega a vivir a un nuevo lugar, si es capaz de desenvolverse cotidianamente, no tiene especiales necesidades de apoyo en lo tocante a su interacción.

Con las contribuciones de estas y otras áreas de conocimiento es posible identificar la interacción humana como un bien para cualquier persona, un bien que es diferente de (y sinérgico con) la salud, el conocimiento, la subsistencia, el alojamiento o el empleo,  por ejemplo, objetos de otros sectores de actividad. Un bien del que disfrutamos en la medida en que disponemos de esas dos caras de la moneda de las que hemos hablado: de la autonomía funcional en la convivencia comunitaria, que al ser autonomía es interdependencia; y de la integración relacional en las redes primarias, que, al ser integración, es activa por todas las partes participantes.

(Adaptado de un libro colectivo de próxima publicación.)

Caminos difíciles para nuestros servicios sociales

nublado-mil

Nuestros servicios sociales, tanto en la red de gestión pública directa que se extiende por el territorio como en el mundo de la iniciativa social y la economía solidaria que ha ido surgiendo desde diferentes experiencias compartidas de vulnerabilidad, viven momentos de tensión, saturación y preocupación, como tantos otros agentes o sectores de nuestra sociedad. Viejas y nuevas fragilidades y riesgos sociales, económicos y políticos golpean las puertas nuestras organizaciones cada vez con más fuerza.

Para una parte de nuestro sector, la zona de confort cognitivo y estratégico es la de pensar que se trata de un problema de recursos económicos y que, si los logramos (o, cuando los logremos), nuestros servicios sociales, públicos o concertados, seguirán la senda de universalización, fortalecimiento y reconocimiento que en su día pudieron transitar otros ámbitos de actividad como, por ejemplo, el educativo o el sanitario. Como la famosa rana que se va adormeciendo en el agua cuya temperatura va subiendo, no pocos líderes de próxima jubilación tienen importantes incentivos para, contra toda evidencia, seguir alentando esta visión.

Sin embargo, en el horizonte económico, laboral, demográfico, social y político hay suficientes síntomas para para afirmar que es altamente improbable que los recursos para la eclosión que no hemos logrado en los últimos diez años los vayamos a lograr en los próximos. Cuando, además, tampoco podemos demostrar que los incrementos de recursos que se han dado en determinados momentos y lugares hayan tenido un impacto significativo en términos de eficiencia organizacional, calidad personalizada, universalización de la atención o aprecio por parte de la ciudadanía.

Los malestares sociales que, a nuestro alrededor, están llevando a sectores de la población o agentes políticos a reclamar un aumento de las pensiones, una verdadera política social de vivienda, una profunda reforma de la administración de justicia, una renta básica de ciudadanía, un salto cualitativo de la inversión infancia o una respuesta eficaz a la violencia de género, por poner algunos ejemplos, no están llevando, en ningún caso prácticamente, a una reivindicación de los servicios sociales. Y, lamentablemente, los agentes implicados en los servicios sociales no estamos siendo capaces de tejer ninguna alianza significativa ni dentro ni fuera de nuestro sector.

El discurso de la mejora técnica y tecnológica en los procesos de diagnóstico, intervención y evaluación en los servicios sociales; el discurso del fortalecimiento y accesibilidad de la red pública de servicios sociales de proximidad; el discurso del aporte de las organizaciones solidarias al dinamismo, alcance e innovación del sistema público de servicios sociales; el discurso de la atención integrada comunitaria intersectorial; y otros discursos acertados y necesarios sólo pueden tener alguna probabilidad de éxito y repercusión práctica si se confrontan, se pulen y se integran entre sí. No es nada fácil y cada vez queda menos tiempo. Pero lo seguiremos intentando.

(A partir de la jornada por el aniversario de la ley vasca de servicios sociales del pasado lunes y de la sesión de ayer en dincat.)

La ley vasca de servicios sociales: un fracaso colectivo

ECDV (2)

La aprobación de nuestra Ley de servicios sociales, el 5 de diciembre de 2008, está inseparablemente unida a un nombre propio, el de Fernando Consuegra, viceconsejero de asuntos sociales con el consejero Javier Madrazo y el lehendakari Juan José Ibarretxe, sin cuyo tesón, inteligencia política y capacidad para construir consensos, esta ley nunca hubiera llegado a puerto. Precisamente por eso, sin embargo, es una gran obra colectiva cuyo contenido ilusionó a un buen número de personas en nuestra comunidad.

El objetivo principal de esta ley, sin lugar a dudas, era la universalización del sistema público de servicios sociales en el País Vasco. La norma se aprobó con la finalidad de que, pasados ocho años, el conjunto de la ciudadanía vasca percibiera en sus servicios sociales similar grado de seguridad en la protección pública al que ya aprecia en los servicios sanitarios, en los educativos y en las pensiones y otras prestaciones de garantía de ingresos para la subsistencia. Es evidente que dicho objetivo está muy lejos de haberse alcanzado y, por ello, tenemos que reconocer nuestro fracaso colectivo.

Diez años después de la aprobación de la ley, seguimos sin contar con el sistema de información sobre servicios sociales que la misma ley preveía tener en funcionamiento en 2010 y una rápida visita a la web del Gobierno Vasco da cuenta del deficiente estado de la información disponible sobre la materia. Precisamente por eso no tenemos los datos completos y actualizados en los que apoyarnos si se quisiera discutir la afirmación realizada en el párrafo anterior. Sin embargo, hay pocas dudas acerca de que las expectativas de la población vasca sobre la respuesta de sus administraciones públicas en lo tocante a las necesidades de cuidados y otros apoyos para su vida autónoma en familia y comunidad no han variado significativamente en estos diez años y no alcanzan, ni de lejos, a las que esa misma población tiene cuando piensa en sus problemas de salud, en la escolarización de sus criaturas o en su pensión de jubilación, por mucho que estas tres áreas puedan ser objeto de preocupaciones y reivindicaciones diversas.

Apenas se ha desarrollado la arquitectura normativa que la ley preveía, en general, tener lista para 2009 o para 2010. Si bien, con seis años de retraso, se ha aprobado un decreto que establece una cartera de prestaciones y servicios, seguimos sin contar con una regulación de la participación económica de las personas usuarias en la financiación de los servicios, sin un decreto sobre la concertación con la iniciativa social o privada, sin un símbolo distintivo que identifique a todos los centros del sistema, sin una regulación jurídica de la dotación mínima de recursos y sin una definición normativa de la mayoría de los servicios previstos en la cartera. La Alta Inspección de Servicios Sociales, que sí fue regulada, está inactiva y la dinámica de gobernanza del sistema y de integración intersectorial con otros sistemas prevista en la ley está prácticamente inédita.

Curiosamente, el texto jurídico que más ha afectado a sistema público de servicios sociales en estos años no se inscribe en el desarrollo de la Ley de servicios sociales sino que es la modificación de la Ley de garantía de ingresos de 2011, que saca de los servicios sociales la gestión de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda. Lamentablemente, carecemos de evidencia relevante acerca del impacto que la liberación del equivalente a varios cientos de puestos de trabajo a jornada completa en los servicios sociales, por labores que han pasado a Lanbide, haya tenido en el impulso del modelo de servicios sociales de atención continuada, de proximidad, planificados y evaluados, de base tecnológica y centrados en la persona que pretende impulsar nuestra legislación, tanto en 2008 como en 2011.

Seguramente las razones de este fracaso colectivo son una mezcla de la debilidad de la demanda social, las limitaciones del liderazgo político, la insuficiente apuesta presupuestaria, la fragilidad de la comunidad profesional y de conocimiento, la desorientación estratégica de muchos agentes, las ineficiencias de la estructura institucional y otras razones. Seguro que, también, la propia ley de 2008 tiene defectos en su diseño que, en su momento, no supimos ver. Sea como fuere, este décimo aniversario debe servir como un revulsivo para que los agentes implicados en los servicios sociales vascos reorientemos y redoblemos nuestros esfuerzos para lograr un giro y un impulso estratégico que conduzca más pronto que tarde a esos servicios sociales universales, personalizados, basados en el conocimiento, integrados y comunitarios que tan acertadamente dibuja nuestra ley.

(Artículo publicado en El Correo y El Diario Vasco el 5 de diciembre de 2018. En PDF aquí. Sobre la Ley vasca de servicios sociales debatiremos hoy, 10 de diciembre, en la jornada organizada por la Diputación Foral de Bizkaia.)

Servicios sociales y economía solidaria: cuidar(nos en) el territorio

dos de mayo 5

El capitalismo informacional tiene gran capacidad para deslocalizar, desterritorializar y desmaterializar procesos y activos pero los seres humanos de carne y hueso seguimos necesitando respirar, alimentarnos, desplazarnos, cuidarnos, abrazarnos y reconocernos físicamente, ubicados en determinados entornos geográficos. Mientras segmentos sociales acomodados (más allá del famoso 1%) están cada día más desapegados del suelo, los procesos de precarización y exclusión laboral, residencial y económica generan desplazamientos forzados, hacinamiento urbano, contaminación ambiental o despoblación rural.

En este contexto, la dimensión territorial y ambiental adquiere centralidad en la lucha de clases y el conflicto social. Y cada persona, cada grupo, cada organización y cada institución se ve confrontada ante la pregunta sobre su contribución para hacer materialmente posible o imposible la vida diaria y cotidiana de las personas que están en cada barrio y en cada pueblo o que llegan a establecerse en ellos. Especialmente la de las mayorías sociales con menor capacidad de despegarse de la tierra, con mayor dificultad de cambiar de territorio, por limitaciones funcionales, económicas o de otros tipos.

Sin embargo, quizá en la conciencia acerca de esa fragilidad compartida por más y más personas podamos encontrar, justamente, una oportunidad para el encuentro transformador. Es lo que nos enseña la economía solidaria que nos habla del kilómetro cero, que promueve el fortalecimiento de transacciones de proximidad para que nuestras vidas y territorios sean más sostenibles, menos dependientes, más eficientes y menos vulnerables. También, ciertamente, ante la eventualidad de un colapso financiero, económico, ambiental, militar, sanitario, político o de otra índole, a menor o mayor escala.

Por todo ello, nuestros servicios sociales se ven invitados a superar sus tendencias excluyentes y punitivas y sus prácticas de clasificación de personas para segregarlas de sus comunidades y, más bien, se les pide desarrollar y extender modelos de política, organización e intervención social que favorezcan la autonomía funcional y las relaciones comunitarias de todas las personas (diversas sexualmente, generacionalmente, funcionalmente y culturalmente) en unos territorios rurales y urbanos a cuya sostenibilidad relacional, laboral y material deben contribuir mucho más significativamente.

(Sobre estas cuestiones debatiremos el lunes, 19 de noviembre, con Servicios Sociales Integrados, en Bilbao; el miércoles 21 en Hospitalet de Llobregat, en el congreso de la Taula del Tercer Sector; el jueves 22 en el Congreso de las Diputadas, en una jornada de Podemos; y el viernes 23, en Hernani, en una jornada de HZ. La fotografía corresponde al mercado de la calle Dos de Mayo, en el barrio de San Francisco, en Bilbao.)

¿La intervención social como ingeniería relacional?

gau irekia 17

Si nuestro modelo de funcionamiento social, en general, y, dentro de él, el conjunto de mecanismos públicos de bienestar están en una crisis sistémica, ninguno de los artefactos técnicos u organizativos existentes en la actualidad para regular e impulsar los procesos productivos y la inclusión social puede percibirse y proyectarse a sí mismo como una realidad estable de futuro asegurado.

La intervención social que, en nuestro entorno, se practica, fundamentalmente, en los servicios sociales y, también, en otros ámbitos sectoriales de actividad y que se apoya en el conocimiento disciplinar y las tecnologías del trabajo social, la educación social o la psicología de la intervención social, entre otras, se encuentra, posiblemente, ante una disyuntiva determinante de su futuro: replegarse a funciones de control administrativo de colectivos de riesgo y de recursos racionados y condicionados para su supervivencia o reinventarse como saber y tecnología de promoción de la autonomía funcional, el empoderamiento personal, la autodeterminación vital, las relaciones primarias, la convivencia familiar y la vida comunitaria de todas las personas en el territorio.

La primera de las opciones dispone de fuertes elementos tractores, tales como: la alarma ciudadana y política ante situaciones que se presentan como de emergencia social, crecientes y de creciente gravedad; los intereses e inercias laborales o cognitivas de determinadas capas de profesionales y directivas de los servicios sociales; o interesadas percepciones, análisis y visiones estigmatizantes y simplificadoras acerca de ciertos perfiles de personas, en un contexto de incremento de la diversidad sexual, generacional, funcional y cultural.

Sin embargo, la apuesta por una intervención social y unos servicios sociales de carácter universal, preventivo, digitalizado, personalizado, relacional y comunitario tiene todos los atractivos y todas las pegas de cualquier operación de creación de un nuevo dispositivo de ingeniería social, dado que, si bien este modelo de intervención social y de servicios sociales hunde sus raíces en numerosas y valiosas experiencias y conocimientos de nuestras comunidades de práctica y aprendizaje, cuando lo proponemos, debemos, honestamente, reconocer ante la sociedad que le estamos hablando de un dispositivo, en parte, nuevo, de un cierto viaje a lo desconocido.

Una sociedad no puede afrontar simultáneamente muchos experimentos de este estilo. No podemos, a la vez, experimentar una nueva fiscalidad, instalar una renta básica, universalizar la educación infantil, cambiar el modelo de ciencia e innovación, hacer una revolución en la Administración, garantizar la sostenibilidad de las pensiones, modernizar la Justicia, darle la vuelta la política de vivienda, reindustrializar el país, repoblar los territorios vacíos, construir una nueva intervención social y unos nuevos servicios sociales y así sucesivamente. Si las gentes de la intervención social y los servicios sociales queremos oportunidades, alianzas, recursos y apoyos para esta aventurada apuesta, vamos a tener que ser muy convincentes ante muchas personas. Ese es nuestro reto.

(Sobre estas cuestiones hablaremos los días 12 y 13 de noviembre en un curso en Castellón, el día 14 en Dincat en Barcelona y el día 15 con personas de los servicios sociales y de Osakidetza en el Hospital de Basurto y en una conferencia, a las 19 horas en Arrupe Etxea, en Bilbao, organizada por la asociación Fe y Justicia. La imagen pertenece a la iniciativa Gau Irekia/Noche Abierta del barrio San Francisco, en Bilbao, de 2017. Pronto será la siguiente.)

Cinco claves para una oferta de valor desde los servicios sociales

cinco claves

Las personas con responsabilidades técnicas y directivas en nuestros servicios sociales son cada vez más conscientes, seguramente, de la creciente competencia (por el aprecio de la ciudadanía en la respuesta a determinadas necesidades) que han de mantener con otros sectores de actividad cómo, por ejemplo, el sanitario, el del trabajo doméstico, el de la seguridad o el educativo. A la vez, parece ir creciendo la conciencia de qué la base para el éxito en dicha dinámica competitiva residirá, fundamentalmente, en qué los apoyos (cuidados, productos, aplicaciones, intervenciones, prestaciones, experiencias) qué ofrezcan los servicios sociales aporten un mayor valor a las personas y sean percibidos cómo más valiosos por parte de la población. Para ello, posiblemente, dichos apoyos habrán de ser cada vez más:

  1. Elegibles. Es decir, identificables, diferenciables y reconocibles para las personas. Seguramente, la oferta de los servicios sociales ha de huir cada vez más del lenguaje técnico o administrativo para ser presentada de forma más comprensible para las personas a las que se dirige. Porque, cada vez más, deberemos ser las personas las que decidamos, con mayor libertad, los cuidados personales que deseamos recibir, las actividades comunitarias en las que deseamos participar o las aplicaciones para la interacción que deseamos instalar.
  2. Personalizables. El acompañamiento social para reconfiguración de unas relaciones familiares, la ayuda personal para la realización de las actividades de la vida diaria o la prescripción de un producto de apoyo qué facilite el desenvolvimiento cotidiano se habrán de realizar, cada vez más, sobre la base de una valoración o diagnóstico individual y compartido qué permita el ajuste flexible a las características y deseos de cada una de las personas. Resulta cada vez más intolerable la homogeneidad, la imposición tecnocrática, la ausencia de asunción y cuidado de la diversidad y la falta de respeto por las preferencias individuales existentes en no pocos de nuestros servicios sociales.
  3. Integrables. La creciente complejidad de las demandas y procesos sociales obliga a diseñar apoyos capaces de integrarse intra e intersectorialmente con otros muchos y diversos, de modo que se facilité la proximidad y continuidad en la intervención. Así, por ejemplo, hemos de ser capaces de diseñar los cuidados personales (presenciales o virtuales) de tal modo que, excepcionalmente, puedan ofrecerse dentro de un paquete integrado intrasectorialmente con alojamiento (en un servicio social de carácter residencial) o intersectorialmente con la oferta de alojamiento que se haga desde el sector de la vivienda (como modelo más habitual).
  4. Evaluables. La evaluación, incorporada de forma cada vez más esbelta y automática en los procesos de intervención, aumentará nuestra capacidad de determinar y mostrar la evidencia de los efectos que tienen los apoyos en la interacción de las personas, es decir, en su autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones familiares y comunitarias, sin olvidar el impacto o efecto indirecto en otras áreas de la vida de la persona, como puede ser su situación de salud, laboral, económica o habitacional.
  5. Prescindibles. Sí bien la cronicidad de determinadas situaciones aconsejará el mantenimiento a largo plazo de determinados productos, cuidados, actuaciones o, en general, apoyos, dentro de los servicios sociales, la norma general deberá ser que dichos apoyos se retiren en la medida en qué el desarrollo de la autonomía y autodeterminación o de los soportes relacionales primarios de las personas en su vida cotidiana lo permita.

Desde cada lugar concreto de nuestros servicios sociales podemos preguntarnos en qué medida los estamos pensando y produciendo como apoyos elegibles, personalizables, integrables, evaluables y prescindibles (o elegidos, personalizados, integrados, evaluados y, finalmente, retirados) y, si o es así, en qué medida constituyen una oferta atractiva para las personas de nuestras comunidades y una herramienta eficiente para contribuir significativamente a la sostenibilidad de la vida en nuestros territorios.

(Este esquema de cinco claves está entre los preparatorios del curso “Gestión de cambios estratégicos en los servicios sociales de proximidad” que realizaremos en Castellón los días 5, 6, 12 y 13 de noviembre de 2018.)

El rompecabezas de nuestros servicios sociales

rubik

En las labores de diseño de nuestros sistemas de servicios sociales (cuando redactamos una nueva Ley, elaboramos un plan estratégico o reorganizamos un Departamento) tomamos conciencia de que las diferentes componentes, aspectos, elementos o dimensiones en juego están complejamente relacionadas entre sí, de modo que, cuando creemos haber resuelto un problema, podemos haber agravado otro, sin darnos cuenta.

Así, nos sentimos satisfechas con una definición del objeto de los servicios sociales que ayuda a delimitar su perímetro, diferenciándolo del abordado por otras ramas de actividad sectorial, pero ese paso parece alejarnos de la demanda reconocida que hoy tira de gran parte de los servicios sociales realmente existentes. Identificamos la masa crítica poblacional necesaria para sostener una oferta de valor y unos itinerarios significativos, mas esa decisión amenaza con desconectarnos de un buen número de anclajes profesionales, organizativos y políticos desperdigados por el territorio. Apostamos por las intervenciones basadas en evidencias y por la investigación e innovación en las áreas de conocimiento relacionadas con los servicios sociales y, entonces, parece escurrirse entre nuestras manos la posibilidad de construir un catálogo y una cartera con un contenido prestacional que pueda exigirse como derecho subjetivo.

Afirmamos querer avanzar en la universalidad, como otros pilares del bienestar, pero tememos perder eficacia y eficiencia en nuestro importante papel contra determinados focos preocupantes de exclusión social. Buscamos posicionarnos ante agentes sociales y segmentos poblacionales para los que no resultamos atractivos o significativos, sin poner en riesgo el compromiso de colectivos u organizaciones implicadas en el sistema. Deseamos ir mucho más allá de la asistencia y el control, mas no sabemos cómo reconocernos y ser reconocidas en la prevención comunitaria, el empoderamiento de la ciudadanía o las relaciones intersectoriales. Queremos digitalizar y aumentar la escala de nuestros servicios sociales, pero amamos su artesana flexibilidad relacional. Deseamos clarificar el papel y contribución de cada una de las grandes profesiones presentes en los servicios sociales, pero parece imposible hacerlo sin afectar a contenidos que cada una de ellas considera irrenunciables.

Se trata de dilemas (Martínez Virto) o tradeoffs (Aguilar Hendrickson) que desafían nuestra inteligencia, información, conocimientos, capacidad deliberativa, alianzas estratégicas y peso político. Sin embargo, entendemos que no podemos dejar que nos paralicen, pues la necesidad de cambio en los servicios sociales, para que puedan hacer frente a los desafíos que tienen ante sí, es mayor y más apremiante cada día que pasa.

(Reflexiones en el contexto de los trabajos preparatorios de la nueva ley asturiana de servicios sociales.)

Prescripción profesional de cuidados y sistemas públicos de servicios sociales

net

Obviamente una persona puede comprar cuidados profesionales –sin más– en el mercado, del mismo modo que puede automedicarse con determinados fármacos o adquirir un libro de contabilidad para aprender dicha materia, si no se ve la necesidad y el valor del diagnóstico, prescripción e intervención profesionales sobre la base del conocimiento (compatibles –por cierto– con el ejercicio de la autonomía moral y consiguiente capacidad de decisión, elección o consentimiento informado por parte de las personas usuarias). Lo que se quiere decir aquí, en todo caso, es que la decisión sobre los cuidados profesionales que debe recibir una persona pertenece –como la decisión sobre si debe operarse de apendicitis o aprender la tabla del siete– al ámbito de su autonomía moral y capacidad de decisión (o la de quien le represente legítimamente), pero que dicha decisión –como las otras evocadas– puede y –bajo ciertas premisas y en determinados contextos– debe ser objeto de prescripción facultativa sobre la base de un diagnóstico profesional basado en el conocimiento que permita establecer los mejores ajustes entre cuidado profesional, autocuidado y cuidado primario y, en definitiva, alcanzar la mejor interacción y bienestar.

Por otra parte, si miramos la evolución de otros sectores de actividad cabe suponer que es grande el recorrido que podrían tener los servicios sociales en la incorporación de productos de apoyo (ayudas técnicas) y nuevas aplicaciones, plataformas y, en general, tecnologías, lo cual, en principio, podría aportar novedades en términos de empoderamiento individual y diversificación de formas y formatos de relación entre las personas (Carretero, 2015). Sólo, sin embargo, en el marco de un sector de actividad y de un sistema público robusto, tanto desde el punto de vista ético como técnico, cabe esperar que ese imprescindible desarrollo tecnológico se oriente a la sostenibilidad relacional y la humanización de la vida y no a “asegurar y monitorizar el aislamiento, a través de la producción de una socialidad mínima y latente” (Sánchez Criado, 2012: 408).

El reto es considerable, pues se trata de salir del actual círculo vicioso entre agravamiento de la situación de las personas, fragmentación de la atención, burocratización de las organizaciones e insatisfacción del personal e impulsar el círculo virtuoso entre comunidad de conocimiento, integración de la atención, empoderamiento de las personas y sostenibilidad social. Ello requiere tanto de una más orientada investigación básica y aplicada, desde diversas áreas de conocimiento, que permita mejorar el instrumental de evaluación de los fenómenos y cambios de los que se ocuparían los servicios sociales como de experiencias piloto (prototipos) que vayan construyendo formatos e itinerarios de atención y calibrando su utilidad, viabilidad, legitimidad, transferibilidad, escalabilidad y sostenibilidad. Lo cual, seguramente, sólo será posible desde un fuerte liderazgo político e innovación pública, como ha sucedido o está sucediendo en muy diversos sectores de actividad (Mazzucatto, 2016).

(Fragmentos finales de un artículo de próxima publicación en Documentación Social, base para el trabajo de una jornada el 22 de junio de 2018 en La Garrotxa.)