Por una industria (4.0) de los servicios sociales

Industria

Las ciencias de la gestión estudian el fenómeno de difuminación de las fronteras que distinguían los sectores de actividad industrial de los sectores económicos de servicios. Así, por una parte, empresas industriales han ido incorporando actividades de prestación de servicios, como comprobamos, por ejemplo, cuando compramos una impresora (producto industrial) y se nos ofrece el servicio de traernos a casa, incluso antes de que advirtamos su necesidad, los cartuchos de tinta.

En sentido contrario, nos encontramos con organizaciones prestadoras de servicios en las que se industrializan determinados procesos, es decir, en las que actividades relacionales realizadas por personas (incluso de contacto con usuarias) son reemplazadas por productos fabricados que utilizamos. Así, por ejemplo, frecuentemente, más que solicitar y recibir los servicios de una agencia de viajes, utilizamos aparatos informáticos y plataformas digitales para organizar y hacer posibles nuestros desplazamientos.

El reto que tienen ante sí nuestros servicios sociales en el contexto del incremento de la diversidad funcional y de otros tipos de diversidad en la población y de la disminución y cambio de la capacidad familiar y comunitaria para brindar cuidados y apoyos primarios es de tal envergadura que parece imposible hacerle frente sin una mucha mayor industrialización de la intervención social, fundamentalmente gracias a las tecnologías digitales de captación, procesamiento y transmisión de datos y de complementación (robótica o no) de otras funciones humanas utilizadas en actividades de la vida diaria.

Parece difícil construir una oferta de cuidados y apoyos que logre hacer posibles y sostenibles nuestras vidas autónomas, diversas e interactivas en la convivencia comunitaria si no somos capaces de entreverar dinámicamente actividades profesionales de alto contenido relacional con procesos automatizados de control de situaciones y respuesta a necesidades. Superando unos servicios sociales tendentes a dosificarnos el sucedáneo del dinero o a terminar llevándonos a centros residenciales, diurnos o de otro formato, se trata de potenciar su capacidad de prevenir, revertir y compensar el deterioro de nuestra autonomía funcional y red primaria mediante apoyos tecnológicos o profesionales en los itinerarios cotidianos en el domicilio, el vecindario, la calle o el territorio.

Ahora necesitamos más maquetas, ensayos, experimentos o pilotos que nos ayuden a identificar y evaluar mejor las capacidades individuales para las decisiones y actividades de la vida diaria y las potencialidades efectivas de las relaciones familiares y los activos comunitarios, de modo que sean perfeccionables y escalables los diseños de entramados de productos tecnológicos y servicios profesionales que vayamos necesitando las diversas personas en nuestras situaciones y transiciones vitales, para cuya facilitación se debe estructurar la industria de los servicios sociales, con un abordaje preventivo de la limitación funcional, un empoderamiento de las personas, una humanización de las comunidades y una densificación de las relaciones primarias y solidarias.

El reto estratégico de nuestros servicios sociales

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Al ubicarse de forma cada vez más clara las diferentes políticas públicas en (y en referencia a) sectores de actividad económica (seguridad, salud, agricultura, finanzas, vivienda, energía, educación, cultura u otros), los sistemas u organismos públicos de cada uno de esos sectores se ven obligados a fortalecer su capacidad competitiva para crear valor (público) relacionándose de formas cada vez más diversas y complejas con el resto de agentes operantes en cada sector. Por otra parte, existe abundante evidencia acerca de la fuerza de la “dependencia de la senda” (path dependence) en el ámbito de las políticas sociales sectoriales, por diferentes razones, como su funcionamiento como estabilizadoras automáticas, el apoyo por parte de sectores de la población afectados en necesidades sensibles o su grado de institucionalización. Ello favorece a los sistemas y agentes más consolidados y mejor posicionados, dificultando la innovación y adaptación de las políticas sociales a los cambios sociales que ellas mismas han contribuido a desencadenar.

Cambios no menores, dado que en el contexto de la crisis de los cuidados y los vínculos de las últimas décadas (relacionada con el incremento de la longevidad y el cambio familiar y comunitario), el modelo de bienestar tradicional (más cuanto más patriarcal, monetizado y burocratizado) entra en una crisis sistémica, debida también a la expansión universalizante y compleja individualización de las expectativas, demandas y conciencia de derechos frente al Estado por parte de la ciudadanía. Todo ello en un entorno de digitalización y reconfiguración radical de las relaciones financieras, económicas y laborales a escala global y de fragmentación y reconstitución de los sujetos sociales que, de diferentes maneras, son base de las mayorías electorales que dan soporte (o no) a las políticas públicas. En un marco en el que el contrato social clásico entre clase trabajadora y élites económicas debe reformularse también como contrato entre generaciones, entre mujeres y hombres, entre comunidades culturales o, incluso, entre humanidad y entorno ecológico, nido de futuras generaciones.

En esa situación paradójica de crisis de desarrollo de las políticas sociales, se impone rediseñar el “perímetro” y desarrollar el contenido operativo (universal, preventivo, personalizado, tecnológico y comunitario) del sector de los servicios sociales, que debe abandonar el nicho residual que ocupaba como asistencia social y apostar por un objeto propio, resultando precisas nuevas formas de diferenciación e integración intrasectorial (vertical: entre plataformas y servicios que no obliguen a la persona a salir de su entorno domiciliario y territorial y los que, excepcional y puntualmente, lo requieran) e intersectorial (horizontal) con el resto de ramas sectoriales (como salud, vivienda y otras).

Se sostiene que la que se denomina interacción es un estado o situación deseable y valiosa, dinámica y cambiante, importante y compleja, como lo son los estados o situaciones de salud, aprendizaje, empleo, alojamiento y subsistencia (objeto de las otras ramas de la política social). Prevenir el deterioro de tal situación o estado deseable de (relativa) autonomía funcional y autodeterminación para la vida diaria e integración relacional (familiar y comunitaria), ayudar a las personas a alcanzarlo y paliar las consecuencias de su pérdida total o parcial sería, según esta propuesta, la responsabilidad de los servicios sociales.

El reto es considerable y requiere, como condición necesaria aunque no suficiente, de una más orientada investigación básica y aplicada, desde diversas áreas de conocimiento, que permita mejorar el instrumental de evaluación de los fenómenos y cambios de los que se ocuparían los servicios sociales, así como de experiencias piloto (prototipos) que vayan construyendo formatos e itinerarios de atención más comunitarios y calibrando su utilidad, viabilidad, legitimidad, transferibilidad, escalabilidad y sostenibilidad, permitiendo a las entidades del tercer sector vinculadas a colectivos poblacionales (con alto riesgo de quedarse enquistadas en una atención secundaria crecientemente asistencialista, estigmatizada, precaria y privatizada) implicarse, impulsadas por el sector público, en la construcción de conocimiento y tecnología útil para todas las personas en la comunidad.

(Fragmento adaptado de un artículo de próxima publicación en la Revista Española del Tercer Sector, para sesiones de trabajo organizadas por el Gobierno de Cantabria. En la foto, integrantes del grupo Manifestaos por los Servicios Sociales.)

Servicios sociales: siempre personalizados, siempre comunitarios

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En nuestra sociedad, los servicios sociales, definidos como cuidados y apoyos para mejorar y complementar la autonomía de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones familiares y comunitarias, constituyen uno de los sectores de actividad cuya necesidad se está incrementando de manera más intensa en la población, debido fundamentalmente al gran aumento de la esperanza de vida (también entre las personas con limitaciones funcionales) y a importantes cambios en las relaciones conyugales, familiares, convivenciales y comunitarias.

Este aumento de las necesidades, unido a transformaciones en los estilos de vida y expectativas de la ciudadanía, así como al reconocimiento legal del derecho universal, subjetivo y exigible a los servicios sociales, va configurando un nuevo perfil de demanda por parte de las personas ante los servicios profesionales, las organizaciones proveedoras y las Administraciones responsables. Un nuevo perfil, en buena medida, coincidente con las propuestas que surgen de los avances y consensos de las redes de conocimiento ético, científico, tecnológico y práctico sobre la materia, que apuntan hacia unos servicios sociales cada vez más, simultáneamente, personalizados y comunitarios.

La preferencia por formatos domiciliarios, de medio abierto y digitales supone que la intervención social deberá suceder, cada vez más, en la comunidad y el territorio y, cada vez menos, en los centros ambulatorios, diurnos o residenciales de servicios sociales. La identificación más precisa del objeto de la intervención social y el aumento de la capacidad de diagnóstico y evaluación profesional deberá darse la mano con la oferta de cuidados y apoyos tecnológicos y profesionales cada vez más capaces de potenciar la autonomía funcional y autodeterminación y las relaciones primarias de todas las personas en su diversidad sexual, generacional, funcional y cultural. Esta atención centrada en la persona vendrá facilitada, especialmente, por los avances tecnológicos de los macrodatos, el Internet de las cosas, las plataformas colaborativas o la inteligencia artificial distribuida.

Por otra parte, estos servicios sociales universales, personalizados, digitalizados y comunitarios, por su flexibilidad, no sólo serán más sinérgicos con las capacidades y activos individuales, familiares y comunitarios, sino más fácilmente interoperables e integrables horizontal e intersectorialmente con los procesos de satisfacción de necesidades de las personas en otros sectores de actividad profesional y garantía de derechos, como los relacionados con la seguridad, la salud, el transporte, la educación, la financiación, la recreación, el alojamiento o la alimentación. La digitalización, en este caso, favorecerá la integración de la intervención operativa en los itinerarios de las personas, la gestión multiagente de los servicios y programas y la gobernanza participativa de las políticas de bienestar y desarrollo territorial a diferentes escalas.

Es, sin duda, un reto ilusionante el representado por la oportunidad y la necesidad de reinventar y remezclar nuestros servicios sociales para poder ofrecer a todas las personas, en las diferentes etapas y situaciones de su ciclo de vida, una acción preventiva y unos servicios de atención altamente personalizados y altamente comunitarios. Siempre personalizados y siempre comunitarios.

(Reflexiones a partir de procesos de consultoría en curso con la cooperativa Agintzari y los servicios sociales del Ayuntamiento de Ermua y de la elaboración de artículos para la Papeles del Psicólogo y la Revista Española del Tercer Sector.)

Hacia un lenguaje común en los servicios sociales

No sos vos

Se propone una definición según la cual los servicios sociales consisten en cuidados y apoyos para mejorar y complementar la autonomía de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones familiares y comunitarias.

Cabe aproximarse a los servicios sociales en tanto que sector de actividad, regulado por una política pública social sectorial conceptualmente universal, es decir, capaz de dar respuesta a una necesidad o conjunto de necesidades que todas las personas poseamos. Dentro del ámbito sectorial de los servicios sociales encontramos el sistema público de servicios sociales, entendido como la parte del sector que es de responsabilidad pública.

Cabe denominar intervención social al conjunto de actividades o procesos operativos que caracterizan y diferencian a los servicios sociales y que desembocan finalmente (de forma más o menos directa) en las personas destinatarias, permitiéndoles dar satisfacción a determinadas necesidades y obtener determinados resultados valiosos. El concepto de interacción puede servir para identificar el tipo o conjunto de necesidades de las que se ocupan los servicios sociales (o, dicho de otro modo, el conjunto o tipo de resultados que desencadena la intervención social), es decir, el objeto de los servicios sociales (y de la intervención social). Los procesos de intervención social son centrales y fundamentales en los servicios sociales, aunque también se producen (de forma secundaria y complementaria) en otras ramas de la política social (como sanidad, educación, empleo o vivienda) y, en general, en otros ámbitos sectoriales (como seguridad o justicia).

Los procesos de intervención social, como tantos otros procesos en diversos ámbitos de actividad económica, política pública y vida social tienen una dinámica cíclica en la que se encabalgan tres tipos de momentos o subprocesos: de evaluación (que incluyen actividades de diagnóstico o valoración), de planificación (que incluyen actividades de prescripción y de ejercicio de la autonomía moral, consentimiento informado y toma de decisiones de la persona destinataria) y de ejecución o implementación.

Los procesos de intervención social contienen ingredientes (actividades, apoyos, prestaciones) propios o característicos de los servicios sociales (como, por ejemplo, los cuidados de la vida diaria, el acompañamiento social o la dinamización comunitaria) y también otros típicos de otros ámbitos sectoriales (como alojamiento, trabajo doméstico o atención médica) o presentes en todos los ámbitos sectoriales (como determinadas actividades de gestión). El conocimiento y métodos utilizados en los procesos de intervención social es aportado, hoy y aquí, fundamentalmente (no únicamente) por tres áreas de conocimiento (disciplinas y profesiones): el trabajo social, la educación (y pedagogía) social y la psicología de la intervención social.

La regulación de los itinerarios de la población en el disfrute de los servicios sociales obliga a hacer opciones organizativas en el terreno de la configuración de servicios o programas estables (conjuntos de actividades disponibles en forma recurrente) y rutas de acceso y egreso para cada uno de esos servicios o programas, produciéndose una mayor o menor (y un tipo u otro de) especialización o integración en y entre dichos servicios. A esa integración entre eslabones de las cadenas de valor que se produce en el interior de cada sector de actividad (en este caso dentro del ámbito de los servicios sociales) la llamamos integración vertical, a diferencia de la integración horizontal o intersectorial, que incorpora actividades o servicios propios de diferentes ámbitos sectoriales.

En la medida en que suceden los procesos de intervención social y se va organizando la prestación de servicios sociales a las personas (integrándose vertical y horizontalmente), diferentes tipos de agentes (públicos, privados, solidarios y comunitarios) van participando en dichos procesos con diferentes funciones (como garantía de derechos, ejecución de la intervención, representación de intereses, construcción de conocimiento u otras).

(Adaptado de un fragmento del artículo “Servicios sociales e inclusión social: análisis y perspectivas en el País Vasco” que puede descargarse clicando aquí.)

El objeto de los servicios sociales: intentando afinar

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A la hora de conceptualizar la finalidad, misión u objeto de los servicios sociales, entendidos como una de las ramas, pilares o ámbitos sectoriales universales dentro del conjunto de la acción pro bienestar (o política social), cabría empezar identificando la autonomía personal y la inclusión social como objeto o finalidad del conjunto de la política social (que comprendería sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos). Si se admite este punto de partida, la atención integrada e integral (en la que todos estos ámbitos participan por igual) es la que permite alcanzar esa finalidad u objeto general del sistema de protección social que sería la autonomía personal y la inclusión social de toda la población: en una palabra, su bienestar.

Dentro de ese conjunto, por ejemplo, el pilar de los servicios de empleo se encargaría de:

  • Una parte o dimensión de la autonomía personal, que sería la cualificación profesional (o, si se quiere, en un concepto más amplio, la empleabilidad).
  • Una parte o dimensión de la inclusión social, que sería la inclusión laboral.

En cambio, los servicios sociales se encargarían de:

  • Una parte o dimensión de la autonomía personal, que sería la autonomía funcional (incluyendo autodeterminación, cognitiva) para las Actividades de la Vida Diaria.
  • Una parte o dimensión de la inclusión social, que sería la inclusión relacional (es decir, familiar y comunitaria: de vínculos primarios).

Siguiendo con estos dos últimos ámbitos, si al bien que obtenemos cuando encajan las cualificaciones profesionales de las personas con las oportunidades de inclusión laboral lo llamamos empleo, al bien que obtenemos cuando ajustan autonomía funcional e integración relacional lo podemos llamar interacción. Los servicios sociales ofrecerían, entonces, intervenciones, cuidados, productos y otros apoyos para proteger, mejorar y potenciar la interacción de todas las personas y para prevenir, paliar o compensar desajustes en esa área de necesidad que tenemos todas las personas a lo largo de nuestro ciclo vital.

Sigamos. La autonomía e inclusión económicas (es decir, la cobertura de las necesidades de subsistencia, como la alimentación y el vestido) no serían objeto o misión de los servicios sociales. Esto podría afirmarse incluso en los lugares y en los casos en los que, temporalmente, los servicios sociales se siguieran haciendo cargo de una parte de las prestaciones económicas de garantía de ingresos, como las rentas mínimas o las ayudas de emergencia social (del mismo modo que los servicios de empleo se hacen cargo de otras prestaciones económicas de garantía de ingresos, como las de desempleo).

(Temporalmente, se dice, ya que las tendencias de referencia parecen apuntar a la configuración de un gran pilar unificado encargado de la seguridad económica para las necesidades de subsistencia de todas las personas, que integrara, tendencialmente, la determinación y gestión de todos los flujos monetarios entre Administración y ciudadanía, como impuestos, deducciones, cotizaciones, pensiones y otras prestaciones económicas para la subsistencia material.)

Los servicios sociales no se encargarían (por poner dos nuevos ejemplos) de las necesidades de alojamiento o de las atinentes a la salud de las personas, salvo excepcionalmente y en el marco de servicios que exigieran la respuesta a dichas necesidades como complemento a la respuesta a las necesidades que sí correspondiera abordar a los servicios sociales. En la mayor parte de los casos, sin embargo, la atención a las necesidades o situaciones complejas se realizaría mediante procesos de atención integrada intersectorial en los que cada sector de actividad se haría cargo de las necesidades que le corresponden.

Cabe pensar que este giro es factible y estratégico hoy en los servicios sociales en España (de hecho, es un giro ya iniciado en diversos lugares en mayor o menor medida) y que es, seguramente, imprescindible para avanzar en la universalización de los servicios sociales, abandonando progresiva y decididamente su condición residual.

(Notas preparadas de cara a una jornada organizada por la Generalitat Valenciana, los días 28 y 29 de noviembre de 2017, en el proceso de preparación de su nueva ley de servicios sociales. Se nutre, entre otros, de trabajos recientes con la cooperativa Agintzari, la Fundación Ramón Rubial, la Fundación FOESSA o los servicios sociales municipales de Ermua.)

Una mirada técnica y una mirada ética sobre nuestros servicios sociales

Rubial Vitoria

Desde una mirada técnica, Sara Buesa reconoce las importantes aportaciones y avances que representa la Ley vasca de servicios sociales y el notable esfuerzo que se está realizando en el día a día de éste que deseamos como cuarto pilar del sistema de bienestar para, dando respuesta a una creciente complejidad social (respuesta que debe ser más compartida por los otros pilares), dejar atrás el asistencialismo residual y avanzar en las claves de universalidad, calidad, continuidad, personalización y enfoque comunitario que marca nuestra normativa y planificación.

Sara Buesa identifica siete ejes de futuro para los servicios sociales: dar más peso a su dimensión relacional, enfocar las intervenciones a las competencias y capacidades de las personas, actuar éticamente, orientarnos a un modelo de atención centrada en la persona, apostar por la prevención y la promoción, poner el foco en la construcción de comunidad y trabajar en clave de innovación.

Desde una mirada ética, Marije Goikoetxea nos recuerda que la autoinsuficiencia, vulnerabilidad e interdependencia de todos los seres humanos, en su enorme diversidad de características personales y códigos morales, impone a la sociedad (a la polis), a cada uno de sus miembros y, específicamente, a la intervención social, tanto un deber ético de justicia (iguales derechos e inclusión universal en el seno de la comunidad sostenible) como un compromiso con la felicidad de cada persona, de modo que la igualdad de trato no se convierta, como tantas veces sucede, en maltrato para algunas personas.

Marije Goikoetxea identifica también siete transformaciones necesarias para nuestros servicios sociales: más prevención de la dependencia y promoción de la autonomía, evitar la segregación y fomentar la integración en la comunidad, integrar el respeto a la dignidad de las personas con las prácticas basadas en la evidencia, superar la actual organización de la atención para generar más calidad de vida, modificar prácticas y procedimientos que constituyen formas de maltrato, abordar urgentemente algunas interfaces entre ámbitos sectoriales especialmente problemáticas y educar a la ciudadanía en la compasión y el respeto.

Junto a estas dos miradas se abren muchas otras: la de la mujer inmigrante que cuida como interna y reclama oportunidades reales de formación y promoción profesional, la de personas en situación de exclusión o emergencia social (tras un desahucio o un  alta hospitalaria) que quedan fuera de los ámbitos de derecho subjetivo reconocidos, la del tercer sector que reclama reconocimiento y visibilidad para nuestros servicios sociales coproducidos, la de otros sistemas (como el de vivienda) que nos piden mayor fiabilidad y validez en las valoraciones realizadas en los servicios sociales para facilitar la interoperabilidad de la información y los itinerarios intersectoriales, la del estamento profesional que pide más margen para la prescripción facultativa (basada en el diagnóstico y evaluación) en servicios sociales o la de las personas que padecen la inequidad o desincentivos que se derivan de la territorialización o el copago establecidos en nuestros servicios sociales.

(Notas a partir del encuentro organizado el 22 de noviembre de 2017 por la Fundación Ramón Rubial. Clicando en su nombre se puede descargar la documentación aportada por sus ponentes, Sara Buesa y Marije Goikoetxea, con las intervenciones que realizaron.)

Exigencia, intensidad, cronificación y reducción de daños en servicios sociales

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En la comunidad de conocimiento sobre servicios sociales aparecen recurrentemente dudas y debates en torno a algunos conceptos (como exigencia, intensidad, cronificación o reducción de daños) que han de abordarse, en todo caso, a partir de la identificación de los resultados valiosos que se espera que desencadene la intervención social en sus destinatarias y destinatarios.

Desde esa perspectiva, cabe entender la exigencia (baja o alta) como el establecimiento (legítimo e imprescindible), por parte de un servicio, de resultados previamente alcanzados por la persona (por ejemplo, en términos de motivación para el cambio, no uso de la violencia u otros hábitos, capacidades o conexiones), en función de los cuales el servicio se compromete (razonablemente) de cara a la consecución de nuevos objetivos, dentro de procesos o itinerarios razonablemente diseñados (no lineales) y suficientemente flexibles (no rígidos).

Ahora bien, el hecho de que, en un determinado momento, un servicio (y una profesional) pueda (y deba) establecer una determinada exigencia previa para la realización de una intervención y prestación de un servicio no quiere decir que el sistema no disponga de otros servicios o alternativas de atención cuando la persona no alcanza (en ese momento) el umbral exigido. Se habla, por ello, de “baja exigencia” o “bajo umbral”, que puede asociarse, aunque no necesariamente tenga que ser así, a una relativa modestia o limitación de los resultados esperados. Entendiendo, lógicamente, que, en el campo de los servicios sociales (como en el sanitario), el mayor éxito posible, en ocasiones, es la cronificación de una situación y que habrá personas que necesitarán apoyos de larga duración y cuya situación de interacción no se aspira tanto a mejorar como a que empeore o se deteriore lo menos posible (reducción de daños).

Por otra parte, del mismo modo que no cabe asociar necesariamente baja exigencia con modestia de los resultados esperados (de los objetivos) en términos de cambios en la situación de la persona (pues partiendo de una baja exigencia se pueden obtener cambios importantes), tampoco se ha de asociar baja exigencia o reducción de daños con baja intensidad de la intervención social. Puede haber intervenciones de baja exigencia y alta intensidad y también, lógicamente, intervenciones de alta exigencia y baja intensidad, y todas ellas, lógicamente, pueden ser más breves o de más larga duración.

Esta comprensión de la exigencia en términos de resultados previamente alcanzados, necesarios en un momento del proceso, y la concepción del proceso de intervención social como un itinerario individual, personalizado y flexible, con diversas alternativas y ritmos posibles (y también tiempos de permanencia en la misma situación o de regreso a situaciones anteriores) al que la persona tiene derecho, contrasta con la interpretación de la exigencia en términos de contraprestación o condicionalidad, en modelos de atención en los que se entiende que la persona ha de hacer merecimientos para recibir determinada atención (no tiene derecho a ella, por tanto) y la intervención social (como otras) se entiende y practica (y se desvaloriza) en términos de control obligatorio al que se somete la persona bajo la amenaza punitiva de retirarle determinadas prestaciones.

Por el contrario, programas y propuestas como Vivienda Primero (Housing First) o enfoques de “activación inclusiva” en clave de “doble derecho” a la garantía de ingresos y a servicios de apoyo para la inclusión laboral y en otras dimensiones están contribuyendo a cuestionar esas visiones de la exigencia en términos de condicionalidad o contraprestación.

Hay que entender, en cualquier caso, que es la persona (el individuo) la destinataria de los servicios sociales de la que estamos hablando. Es la situación de interacción del individuo (su autonomía funcional e integración relacional) la que nos dará la medida de la intervención social y sobre cuya intensidad, exigencia o duración estamos haciendo consideraciones. A partir de ahí nos encontraremos con tres tipos de intervenciones:

  • Intervenciones necesariamente individuales.
  • Intervenciones que pueden hacerse de forma individual o colectiva en función de consideraciones organizativas o económicas, pero que no se resienten por ello en términos de proceso y resultados.
  • Intervenciones necesariamente colectivas.

Por lo mismo, evidentemente, no puede recibir la misma consideración aquella intervención colectiva en la que la colectividad es de carácter comunitario (es decir, es una colectividad que existe o se puede mantener mediante relaciones primarias entre las personas) que aquella colectividad generada por el propio servicio a los efectos de realizar la intervención.

De otro lado, en los casos en los que la dinámica de prestación de un servicio genera colectividad o agrupa a personas, no hay, de entrada, por qué suponer que todas las personas usuarias de un servicio coincidirán en cuanto, por ejemplo, la exigencia o la intensidad de la atención que reciben. Puede haber servicios que, como tales, estén caracterizados por un determinado nivel de exigencia o intensidad, pero puede haber otros en los que diferentes usuarias reciban atención con diferentes grados de exigencia o intensidad, lo cual parece más coherente con la personalización y flexibilidad que se busca y, sin embargo, contradice la previsión de nuestro marco normativo en el País Vasco de clasificar los servicios en función de su intensidad y de colocarlos, por ello, en diferentes niveles asistenciales (y manos institucionales).

En función de sus capacidades técnicas y profesionales instaladas en el sistema y los servicios y en función de los recursos y activos presentes en las personas y comunidades, los servicios sociales han de ir jugando sus bazas. Históricamente hemos jugado más la baza de la intensidad (horas) de prestación profesional de menor valor añadido (llegando frecuentemente a atención directa de personal menos cualificado de 24 horas al día siete días a la semana en internamiento asilar) sacrificando la personalización cualificada, la digitalización virtual y la proximidad comunitaria. Pero esto está cambiando en algunos lugares y puede cambiar en muchos más.

(Tomado y adaptado de un artículo de próxima publicación en Zerbitzuan.)

Una teoría del cambio para nuestros servicios sociales

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Cuando los diferentes agentes interesados en desencadenar transformaciones estratégicas en un determinado ámbito de la vida social expresan sus propuestas o toman decisiones, de forma más o menos elaborada, consciente, compartida o explícita, dan pistas acerca de su “teoría del cambio” (Carol Weiss), es decir, de la manera en que construyen cognitivamente las relaciones causa-efecto entre los factores o aspectos que está en su mano modificar o alterar mediante sus actuaciones y las posibles o previsibles cadenas de efectos de dichas actuaciones, en un marco dado de supuestos y restricciones.

En el sector de los servicios sociales en España, hace diez años, posiblemente, muchos agentes entendimos que la garantía legal del derecho subjetivo (exigible y justiciable), asociada a catálogos y carteras de prestaciones y servicios de responsabilidad pública y a un incremento sostenido de la inversión social en estas actividades y estructuras conduciría (en una década, más o menos) a nuestros servicios sociales a un grado de universalización efectiva y a un tipo de posicionamiento ante la ciudadanía similar al que tenían en ese momento la sanidad, la educación o las pensiones (y por eso hablábamos del cuarto pilar).

Posiblemente no son pocos los agentes que, en este minuto, mantienen básicamente intacta esa teoría del cambio, entendiendo que ha sido la pinza entre el agravamiento de las necesidades y las limitaciones presupuestarias derivadas de la crisis económica vivida en la última década (o, en todo caso, establecidas políticamente) la que ha impedido o retrasado la prevista eclosión de nuestros servicios sociales.

Una visión alternativa a esta, sin embargo, sostendría que inyectar recursos y garantizar prestaciones sin imprimir un giro estratégico a los servicios sociales realmente existentes podría más bien, en una suerte de más de lo mismo, estar acentuando (o hacerlo en el futuro) las ineficiencias y disfunciones del sistema y, paradójicamente, alejarlo de las deseadas metas de impacto, universalidad y reconocimiento.

Desde este punto de vista, el factor clave de éxito podría tener que ver, más bien, con la capacidad de las nuevas regulaciones jurídicas y las nuevas líneas de inversión social para desarrollar (e ir incrementando la escala de) una nueva generación y un nuevo ecosistema de productos, cuidados, aplicaciones, apoyos y plataformas (fundamentalmente virtuales, domiciliarias y de medio abierto), basadas en el conocimiento, al servicio del desenvolvimiento autónomo y autodeterminado de todas las personas en su vida diaria y cotidiana, en el seno de relaciones familiares y comunitarias diversas y deseadas.

En esta teoría de cambio alternativa, el elemento más posibilitador del cambio deseado sería más bien la innovación en unos procesos operativos de intervención social de creciente valor añadido, unida, seguramente, al ensayo y despliegue de modelos de gestión capaces de crear más valor público articulando a diversos agentes y de procesos de gobernanza integrada intersectorial de ámbito territorial adecuado que hagan posibles los itinerarios vitales de todas las personas.

(Sobre estas cuestiones hablaremos en Santander, los días 6 y 7 de noviembre, con profesionales de la atención primaria de servicios sociales; en Toledo, el 9 de noviembre, en las jornadas organizadas por el Gobierno y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla la Mancha; y los días 14 y 15 de noviembre, en Oviedo, con directivas de la Consejería responsable en materia de servicios sociales. Como complemento, puede descargarse aquí una guía breve para la elaboración de planes estratégicos locales de servicios sociales.)

La dimensión territorial de los servicios sociales

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Si nuestros servicios sociales quieren alejarse de un posible (y no especialmente improbable) futuro de fragmentación, enquistamiento, subordinación, asistencialismo e irrelevancia deben encarar mejor, entre otros, el reto de pensar, evaluar, diseñar, articular y multiplicar su contribución a la planeación, desarrollo, ocupación, ordenación, rentabilización, humanización y sostenibilidad de los territorios, más urbanos o más rurales, en los que sucede la vida de (todas las) personas (en una determinada escala, deseablemente humana, pero no sólo humana, pues el ser humano no es el único ser).

Las personas, aunque tantas veces parezcamos olvidarlo, somos cuerpos. Cuerpos embebidos ecodependientemente en entornos físicos (para respirar, para alimentarse, para vivir a una temperatura adecuada y para muchos más procesos). Cuerpos geolocalizables que necesitan tiempo y medios para desplazarse por el espacio. Cuerpos que, sin desconocer el creciente valor y cambiante significado de las relaciones virtuales, están llamados, interdependientemente, al abrazo, al cuidado físico recíproco y a la común gestión de la materia física y el medio ambiente.

¿Qué servicios sociales serán significativos, relevantes y determinantes para la configuración de territorios competitivos, amigables y sostenibles? Probablemente, aquellos que adopten estrategias inteligentes para la drástica reducción del peso y la centralidad de las tareas administrativas y de los servicios que extraen a las personas de su entorno y se orienten decididamente a la producción y aplicación del conocimiento para la (re)generación de recursos y activos personales y relacionales (individuales y comunitarios) para la sostenibilidad de la vida en el territorio. Probablemente, aquellos que apuesten decididamente por una integración vertical y horizontal de la prevención y la atención que permita diversificar y densificar capas de cuidados y apoyos virtuales, domiciliarios y callejeros disponibles para toda la población en clave de proximidad y digitalidad. Probablemente, aquellos que acierten con fórmulas de maridaje innovador y colaborativo entre las administraciones públicas y las iniciativas comunitarias, solidarias y emprendedoras que, enraizadas en el territorio, emergen o pueden llegar a emerger.

La vida humana sólo es posible en el territorio y sólo es posible si funciona y evoluciona una compleja trama de flujos y transacciones entre el ambiente y la población y en el seno de ésta. Para contribuir significativamente a la configuración de esa trama de la vida, los servicios sociales han de construir una oferta creíble de aportación de valor en la conversación y en la gobernanza de los territorios, a la altura (en términos de conocimiento y tecnología) de la que se presenta, por ejemplo, desde el discurso ecológico, urbanístico o económico.

En algunos lugares esto se está haciendo: está sucediendo, lo estamos contando.

(A propósito de trabajos llevados adelante por equipos de la Universitat Jaume I y servicios sociales de atención primaria de Castellón y de servicios sociales comarcales y entidades de la economía solidaria de Lleida, como la Associació Alba, la cooperativa L’Olivera y la Fundació Casa Dalmases. Con referencias a Manfred Max-Neef, Yayo Herrero, Francesca Bria y Fritjof Capra. Como prólogo para un trabajo, entre otros, con los servicios sociales del Ayuntamiento de Ermua.)

Fortalecer la intervención social en los servicios sociales

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No hay mucho miedo a equivocarse al afirmar que los últimos diez años de evolución de los servicios sociales en España han supuesto, por diferentes razones y en términos generales, una intensa vuelta de tuerca (una más) en el proceso de burocratización de la actividad profesional de intervención social, entendiendo por burocratización el incremento relativo del tiempo dedicado a tareas administrativas de recepción, registro, procesamiento, tramitación y entrega de información y documentación, en detrimento de las actividades de valor propias de las disciplinas científicas y tecnologías del área (como trabajo social, educación social o psicología de la intervención social).

Posiblemente hay profesionales y organizaciones que han rebasado un punto de no retorno en dicho proceso, pero cabe pensar que hay reservas de saber en el sector que pueden servir de “masa madre” para una estrategia de recuperación de terreno de los cuidados y apoyos que desencadenan resultados en términos de autonomía funcional e integración relacional, por los que debieran ser reconocidos los servicios sociales. Saberes relacionales, basados en la resiliencia personal y el manejo de las emociones para contribuir al empoderamiento personal. Saberes metodológicos, en permanente actualización innovadora basada en el conocimiento científico. Saberes comunitarios, dinamizadores de grupos, constructores de comunidad, capaces de comprender su dimensión ética y política. Saberes creativos, generadores de cambio individual y social.

Con todo, ese valioso acervo de conocimiento resulta manifiestamente insuficiente para hacer frente al reto que tienen ante sí los servicios sociales a consecuencia de la crisis de los cuidados, la fragilización de los sujetos, la epidemia de aislamiento social o las dificultades de conciliar la vida familiar y otras dimensiones de la vida. Retos ante los cuales, posiblemente, la intervención social necesita una ruptura epistemológica, un salto cualitativo en rigor científico, una decidida digitalización y una expansión de la innovación social, desde apuestas audaces de los poderes públicos con responsabilidad sectorial y otros agentes relevantes.

En definitiva, se impone la necesidad de una nueva gobernanza territorial del bienestar social, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, con un papel fundamental para unos nuevos servicios sociales de alta proximidad personalizada y penetración comunitaria, de fuerte contenido tecnológico, de elevados estándares éticos, tractores y factores de cambio e impulso en otros sectores de actividad económica, imprescindibles para la configuración de comunidades amigables y proactivas y de territorios poblados y sostenibles.

(Entrada escrita a partir de las conversaciones mantenidas con profesionales de la atención primaria de servicios sociales de la Comunidad Valenciana y como incitación al diálogo a mantener el 26 de octubre en la jornada organizada por el Consell Comarcal de la Noguera.)