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Si proponemos la interacción (es decir, la autonomía e interdependencia de las personas en la vida diaria y en las relaciones primarias) como el objeto de la intervención social (se realice ésta dentro o fuera de la rama de actividad de los servicios sociales), cabe entender que las de soledad son situaciones que conciernen a la intervención social y que su estudio interesa a las disciplinas de la intervención social (tales como el trabajo social, la educación social o la psicología de la intervención social).

Decimos que una persona está en una situación de soledad en la medida en que mantiene menor cantidad o calidad de relaciones con otras personas que las que le gustaría (por lo tanto hay que considerar el proyecto de vida y las preferencias de cada persona). Se suele hablar de tres tipos de soledad: la soledad social, que haría más bien referencia al número de relaciones; la soledad emocional, que haría más bien referencia a la calidad de las relaciones; y la soledad existencial, a la que nos referiríamos cuando la soledad ha calado más profundamente, afectando a la identidad e identificación de la persona como parte de la comunidad.

Las situaciones de soledad son motivo de preocupación en tanto en cuanto entendemos que la pertenencia a la comunidad, el apoyo mutuo y las relaciones interpersonales son bienes valiosos, bienes de primera necesidad con sentido en sí mismos. Además, como los grandes bienes de primera necesidad tienen sinergias entre sí, las situaciones de soledad pueden contribuir a agravar otros males que podemos padecer, tales como enfermedades, fragilidad funcional, pobreza económica, precariedad laboral, vulnerabilidad residencial, inseguridad física u otros.

Nuestra sociedad ha evolucionado (en lo demográfico, en lo laboral, en lo residencial, en lo familiar y en lo moral) en un sentido que hace que se hayan ido incrementando y se sigan incrementando las situaciones de soledad. Por eso estamos construyendo estrategias para hacer frente a este reto, estrategias que pueden ser de:

• Prevención primaria o universal, con toda la población, con cualquier persona, con la comunidad.
• Prevención secundaria o selectiva, con segmentos de población que pueden presentar mayor riesgo de llegar a una situación de soledad.
• Prevención terciaria o indicada, con personas que hemos detectado que se encuentran en situación de soledad.

En estos momentos nuestra intervención social suele activarse cuando las situaciones de soledad son bastante acentuadas y, además, se presentan enlazadas con otras preocupantes que se han comentado más arriba. Muy tarde. Por ello es necesario innovar e intentar aumentar nuestra capacidad de prevención selectiva y, sobre todo, universal, impulsando procesos de participación comunitaria y comunidades amigables, en las que todas las personas desarrollemos una mirada activa hacia las otras personas y hacia nosotras mismas, construyendo nuevas relaciones en la diversidad, que nos ayuden a dar respuesta a nuestras necesidades y las de las otras personas, especialmente en las transiciones individuales y colectivas, fortaleciéndonos personal y comunitariamente ante los riesgos que conllevan las situaciones de soledad.

(Notas para una intervención hoy en Muskiz, con el grupo cooperativo de la economía solidaria Servicios Sociales Integrados y profesionales de servicios de bienestar de la localidad.)

Para que podamos decir cabalmente que un bien que da satisfacción a una necesidad humana (siempre individual) es un bien público (es decir, que hoy y aquí lo estamos produciendo, promoviendo, protegiendo y distribuyendo como tal), nuestras autoridades han de estar, razonablemente, en condiciones de garantizarlo como un derecho universal, para toda la ciudadanía. Eso significa que todas y cada una de las personas que formamos parte de una determinada comunidad podamos, razonablemente, exigir disfrutar de ese bien. Normalmente son las políticas llamadas sectoriales las que se ocupan de esos bienes: la salud, la justicia, el territorio y así sucesivamente.

Obviamente, sabemos que nuestra sociedad está muy lejos de la perfección en cuanto al ejercicio universal de esos derechos prestacionales pero también hemos aprendido que su articulación normativa no es un acto baladí. Del mismo modo que no es baladí la regulación jurídica de nuestras obligaciones como miembros de la comunidad en sus diversas manifestaciones, por ejemplo, en el seno de estructuras familiares, vecinales, mercantiles, laborales, asociativas o de otra índole.

El que trabajemos en pos de la garantía legal de un derecho subjetivo, operativizado en forma de prestación que permite disfrutar de un determinado bien, no significa que no comprendamos, a la luz de los hallazgos de las ciencias sociales, que todos esos bienes que vamos construyendo como públicos, tienen un carácter relacional, es decir, que la posibilidad individual de disfrutar del bien garantizado por el Estado se ve afectada (potenciada o dificultada) por la propia comunidad de la que forma parte el individuo. El ejemplo que tenemos más a mano es, lógicamente, el de nuestra salud en estos años pandémicos: aunque sintamos que nuestras instituciones públicas están garantizando razonablemente nuestro derecho a la salud, nos sabemos vulnerables ante el vecino del sexto derecha que se ha colado en el ultimo momento en el ascensor y que no para de toser mientras, en un tiempo que se antoja eterno, subimos hasta nuestra casa.

La aplicación del enfoque comunitario (o intencionalidad comunitaria, marges.coop dixit) en las políticas públicas de servicios sociales, de movilidad, de participación ciudadana, de cultura, de vivienda u otras significa invertir recursos y realizar procesos que vayan generando estructuras de (o para la) relación interpersonal que, a su vez, contribuyan a que las personas puedan dar respuesta a sus necesidades. No se trata (sino todo lo contrario) de que las políticas públicas renuncien a garantizar derechos y endosen a las redes (familiares y) comunitarias la responsabilidad de proveer o proteger bienes de primera necesidad (como el medio ambiente, la educación, los cuidados o la alimentación). No, se trata de que los poderes públicos, considerando la actual fragilidad de las comunidades, apuesten por el fortalecimiento de viejas y nuevas  maneras de autoorganización solidaria y ciudadana y de relación familiar y convivencial.

Nuestros proyectos comunitarios (y sus redes, mesas, reuniones y talleres) están, seguramente, ante el reto de mostrar y demostrar (ante los agentes y, sobre todo, ante la población) de qué manera y en qué medida acaban teniendo un impacto en el ejercicio de los derechos y la satisfacción de determinadas necesidades de un espectro cada vez más amplio y diverso de personas. Deben, seguramente, innovar en aspiraciones, lenguajes, formatos y tecnologías, si quieren conectar de manera pertinente y fértil con una parte significativa de esta sociedad ilusionante, dinámica, riesgosa, fragmentada y convulsa en la que vivimos y buscamos la felicidad.

(Arriba, uno de los encuentros de la pasada semana con personas de los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.)

La relación entre poder y territorio debe basarse en el cuidado, la escucha, el servicio y la colaboración y no en la violencia, la conquista, la ocupación y la dominación. Son legítimos, fértiles y duraderos los poderes públicos en la medida en que son democráticamente permeables a las necesidades y demandas, a la voz y a la participación de las personas presentes en el territorio. En ese marco, las políticas locales llevan la marca de la proximidad y tienen importantes encargos en la producción, promoción, protección y distribución de bienes de primera necesidad, como la seguridad, el alojamiento, la interacción, la participación o la cultura.

Los cambios sociales que venimos viviendo en las últimas décadas (y singularmente en los últimos años) pueden leerse en buena medida en clave de individualización, desigualdad, diversificación, fragilidad, desvinculación y exclusión. También de incremento vertiginoso de las oportunidades y de los riesgos y, consiguientemente, de la complejidad de las exigencias hacia los poderes y administraciones locales. Funciones que no hace mucho parecían reservadas a instancias como las familias, las profesiones liberales, las comunidades, las religiones o las empresas pueden ser fácilmente esperadas, hoy y aquí, de las instituciones públicas.

Esas instituciones y sus profesionales y agentes colaboradores reciben encargos y demandas muchas veces contradictorias. ¿Quién llama a la puerta? ¿La víctima que pide socorro? ¿El cliente que siempre tiene la razón? ¿La voluntaria que quiere arrimar el hombro? ¿Alguien que reclama lo que, por derecho, le corresponde? ¿O quien pide un ejercicio de autoridad? ¿O quien hace una propuesta de mejora de la política pública? ¿Quién desea un puesto de trabajo? ¿Quién más?

Posiblemente, además, los tiempos pandémicos han sido desencadenantes y contexto para las mejores y las peores versiones de nuestras instituciones y políticas públicas. Hemos visto o practicado flexibilidad, empatía y compromiso pero también la otra cara de la moneda: un repliegue en las zonas más frías, rígidas y asimétricas de la distancia. El tiempo de las catástrofes nos pone a prueba. Nuestro arco se tensa entre, por una parte, la necesidad de operativizar con precisión garantista los derechos y beneficios exigibles por parte de cada ciudadana y ciudadano, y, por otra, el imprescindible carácter comunitario, universal, preventivo, interseccional, intersectorial y transversal de nuestras actuaciones. Debemos lograr simultáneamente vecinas y vecinos que sientan satisfacción y orgullo por sus servicios públicos y ciudadanas y ciudadanos colaborando y comprometiéndose con su comunidad y territorio.

En ese contexto la inclusión social no puede ser vista y construida más como compensación a posteriori de las consecuencias excluyentes de nuestras relaciones humanas hipermercantilizadas sino como ejercicio compartido de formas fraternas de ciudadanía activa. La vulnerabilidad y exclusión social no puede ser vista más como el estigma de unas minorías reconocibles sino como la condición y amenaza que nos concierne y afecta a todas. Las instituciones locales son hoy y aquí un terreno de juego (o un campo de batalla) fundamental entre élites (u otras capas sociales) extractivas que quieren valerse del derecho y la autoridad para rematar la faena de la polarización social, la segregación urbana y la privatización de los recursos y activos comunes, por una parte, y, por otra, movimientos y agentes muy diversos (muchas veces desarticulados) que, dentro y fuera de las estructuras administrativas, cooperan en la construcción de capacidades compartidas, relato emancipatorio y estructuras de la comunidad.

(Sobre estas cuestiones conversaremos el viernes en Santa Coloma de Gramenet.)

Posiblemente nuestra sociedad y sus agentes políticos, de la información y del conocimiento tienen apreciables razones e incentivos para preocuparse por el problema de la soledad, para hablar de él, para construirlo como problema social. Ahora bien, que lo estén (estemos) construyendo en este momento, en alguna medida, como problema social no necesariamente quiere decir que saben (sabemos) cómo resolverlo, que son (somos) capaces de resolverlo, que han (hemos) decidido (con todas sus consecuencias) resolverlo. Veamos.

Seguramente, las razones e incentivos de estos agentes para conversar e intervenir públicamente sobre la soledad tienen que ver, en buena medida, con el aumento de las situaciones de soledad y de sus interacciones con otras generadoras o potenciadoras de vulnerabilidad. Cabe pensar, por otro lado, que, como asunto emergente, tiene el atractivo de ser relativamente nuevo en la arena política, mediática e incluso académica (llegándose en algunos países a iniciativas como la de un “Ministerio de la Soledad”). Y los asuntos nuevos ofrecen oportunidades por aquello de que quien da primero da dos veces, quien se adelanta toma la posición. Además, una vez se considera plausible como problema social objeto de la agenda política, la soledad tendría la ventaja de que cualquier persona puede sentirse concernida por ella, cualquiera la ha sentido o puede imaginarse en una situación de soledad. Aparentemente, de entrada, a nadie molesta o incomoda que se hable y se actúe al respecto: en un mundo complejo de reivindicaciones controvertidas y polarizadoras, la soledad parece un desafío que nos une, un caballito blanco.

En este contexto con frecuencia nos encontramos, gratuitamente, con visiones apocalípticas del asunto, identificándose la soledad, por ejemplo, como (la) enfermedad, epidemia o pandemia del siglo XXI y como causante, a su vez, de una larga lista de males de muy diferente índole y, en su caso, gravedad y dramatismo (resultando arquetípica la imagen de la persona que fallece en su domicilio y es descubierta pasado un tiempo). A la vez, se tiende a estereotipar y estigmatizar a determinados perfiles de personas, individualizando el problema y adobándolo con dosis de sentimentalismo, moralismo y paternalismo. El alarmismo catastrofista, paradójicamente, invisibiliza en gran medida las maneras en que sistemáticamente venimos generando las condiciones para ese aumento de la soledad: pareciera que la soledad ha venido y nadie sabe cómo ha sido.

Al ser más fácil identificar las manifestaciones y causas inmediatas del problema que los factores estructurales que pueden estar en su base, también son más reconocibles las actuaciones paliativas y más difíciles de visualizar las preventivas: tanto los comportamientos individuales a lo largo de la vida que resultarían protectores frente a la soledad propia y ajena como las actuaciones preventivas de la soledad que pueden realizarse desde las políticas públicas. Sólo nos faltaba la pandemia de la covid y las medidas de confinamiento, distanciamiento y otras como la mascarilla para aumentar la confusión. A la visión descontextualizada del problema corresponde la propuesta de respuestas voluntaristas por parte de la persona que está en situación de soledad o de su entorno: si nos esforzamos lo suficiente superaremos las soledades propias y próximas, al parecer.

Puede resultar frustrante y contraproducente tal desequilibrio entre la magnificación del problema y lo magro de las respuestas disponibles. Y, en todo caso, facilitador de que las estrategias y políticas ante la soledad pasen como otra moda más de esas que acostumbran a venir y marcharse en el campo de las políticas públicas. Sin embargo, la responsabilidad del conocimiento al respecto nos obliga a alertar de que no contamos con un modelo contrastado de abordaje a gran escala del problema de la soledad. Las estrategias y programas que conocemos (procedentes muchas veces de contextos culturales e institucionales sensiblemente diferentes al nuestro) no parecen encontrar el punto justo entre el riesgo de escorarse a intervenciones muy focalizadas sobre personas que ya se encuentran en situaciones severas y difícilmente reversibles de soledad (frecuentemente acompañadas de otras condiciones problemáticas) y el de ser contenedores casi para cualquier tipo de actividad o intervención (urbanísticas o turísticas, educativas o sanitarias y así sucesivamente).

Nuestra conversación y políticas públicas basadas en el conocimiento sobre la soledad como problema social están, seguramente, por hacer, en buena medida. Ser conscientes de ello es un primer paso necesario para diseñar y aportar respuestas a este importante desafío de nuestra sociedad.

(Sobre estas cuestiones y otras conexas conversamos el pasado sábado en Cáritas Gipuzkoa y conversaremos el próximo jueves con Hartu Emanak en la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco, a la vez que estamos trabajando en procesos al respecto en Servicios Sociales Integrados, Adinberri y el Gobierno de Cantabria.)

Partamos de que los cuidados pueden constituir un foco de interés creciente e importante en los próximos años en nuestro contexto, que pueden ser vistos como uno de los grandes problemas sociales no resueltos por parte de capas cada vez más amplias de la población.

Y asumamos que, hoy en día, ningún agente o sector tiene el liderazgo al respecto, es decir, que no hay ninguna organización o sistema social al que mire de forma clara y mayoritaria la ciudadanía cuando siente que necesita o puede necesitar cuidados o apoyos para cuidarse o cuidar.

Las instituciones públicas con responsabilidades en materia de servicios sociales tienen aquí una responsabilidad y una oportunidad pero solas no pueden hacer frente a este desafío y, sin duda, es imprescindible la colaboración del sistema de salud, del tercer sector de acción social, de las políticas de vivienda, de los servicios de empleo, de los movimientos sociales, de la acción comunitaria, de los centros escolares, de diferentes empresas tecnológicas, de las industrias del ocio y así sucesivamente.

En materia de cuidados (especialmente de cuidados de larga duración) y apoyos (más o menos) conexos son fundamentales el territorio, la convivencia y la proximidad. Por fundamental e insoslayable que resulte la digitalización de los cuidados, éstos se siguen produciendo en gran medida en el cuerpo a cuerpo y en un contexto de relación y compromiso familiar y comunitario. Contexto en el que, junto a los cuidados, se producen y disfrutan otros apoyos e intervenciones propias de los servicios sociales, la acción comunitaria o la atención integrada para el bienestar.

Necesitamos, por tanto, estructurar, desarrollar, visualizar y visibilizar ecosistemas de cuidados (y otros apoyos de proximidad) a escala humana, de enfoque familiar y comunitario. En cada lugar, con los agentes, activos, demandas y oportunidades realmente existentes y disponibles. Comprometiéndonos siempre a la fundamentación, trazabilidad y sistematización de las prácticas en conversaciones, colaboraciones y redes políticas y de conocimiento. Tan conscientes de la urgencia y envergadura del reto como de la necesidad de afrontarlo, con orden y concierto, desde marcos reconocibles y con visos de continuidad.

(Notas iniciales para el diseño de la segunda edición del Aula de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. En la foto, la inauguración de la primera.)

Hablar de comunidad es hablar de proximidad. Es hablar de vínculos, de afinidad, de vecindad. Hablar de comunidad es hablar de convivencia en diversidad(es). Es hablar de espacios, equipamientos y servicios públicos. Es hablar de autoorganización, de autogestión, de autodeterminación. También es hablar de calle, de encuentro, de fiesta. Es hablar de pertenencia elegida, de reconocimiento recíproco, de proyecto compartido. Hablar de comunidad ha de ser hablar de calidad de vida, de bienestar, de inclusión.

Podemos definir la acción comunitaria como el conjunto de actuaciones de la sociedad civil y los poderes y administraciones públicas que, con independencia de otras finalidades (principales o secundarias) que puedan perseguir, pretenden (de manera intencional, explicita y sistemática) construir, fortalecer, mejorar o potenciar la vida en comunidad, es decir, las comunidades como uno de los dispositivos o entornos fundamentales para la vida de las personas.

Los servicios sociales son, sin duda, un ámbito de actividad económica y una rama de la política pública en y desde los que se realiza (la) acción comunitaria, tanto en la atención primaria como en la especializada, tanto en los servicios públicos como en los concertados. Aunque somos conscientes de que nuestros servicios sociales y sus profesionales no son ajenas a dinámicas sociales de destrucción de lazos comunitarios, de desvinculación, de perversión de las dinámicas comunitarias, de estigmatización, de manipulación, de segregación, de exclusión. No pocas veces practicamos en los servicios sociales un asistencialismo punitivo que desempodera, aísla y aliena a las personas.

En cualquier caso, antes y después de la acción comunitaria sectorial que pueda hacerse en y desde los servicios sociales (u otros, como los de salud, urbanismo, empleo, seguridad, vivienda, promoción económica o cultura), la acción comunitaria ha de ser integrada e intersectorial. Y es vertebrada y compuesta en gran medida por agentes con encargos transversales en clave interseccional de igualdad y diversidad de género, generacional, funcional o cultural. Siendo sin duda imprescindibles los agentes con encargo propia y específicamente comunitario, frecuentemente con contenidos de prevención y promoción.

En la pandemia hemos tenido ocasión de (volver a) comprobar con fuerza la necesidad de la comunidad y de la acción comunitaria, así como de avizorar las oportunidades que se abren ante nuestros servicios sociales y otros servicios públicos y agentes de proximidad para involucrarse en procesos innovadores de acción comunitaria. Para incorporar una mirada más comunitaria, para construir comunidad, para ser comunidad.

(Notas tras el III Congreso de la Acción Social inclusio.cat.)

No es fácil acotar el concepto de barrio pero, al menos, cabe identificar algunos elementos que podrían aparecer en dicha definición, tales como: un territorio o espacio delimitado o delimitable; unas relaciones (fuertes y débiles) con cierto carácter primario, gratuito, de reconocimiento o afecto; una identidad y memoria, un capital simbólico relativamente compartido; unos movimientos asociativos, una capacidad de agencia colectiva; y una economía e institucionalidad de proximidad.

Puede decirse que, cuando nos referimos a los barrios, desde el análisis de las ciencias sociales y la voluntad transformadora de las políticas públicas, quizá haya una gama de miradas que podríamos situar entre dos extremos arquetípicos: la de quienes ven, fundamentalmente, relaciones sociales (dejando el espacio físico en un segundo plano, como un fondo, un subproducto o una construcción social) y la de quienes ven, principalmente, un espacio físico (una trama urbana, un territorio, una geografía) que determina en buena medida el comportamiento o la acción humana.

Sea como fuere, la pregunta sobre si tiene sentido seguir hablando del barrio surge probablemente por la pujanza e influencia de procesos que suceden a una escala mayor, que afectan a nuestra vida condicionando, superando o diluyendo preexistentes dinámicas barriales. Nos referimos a una economía crecientemente digitalizada, globalizada y deslocalizada, o a un patrón de consumo cultural que hace que estemos viendo la misma serie de televisión en todo el mundo, o a las migraciones que llevan a que nos comuniquemos con nuestra familia a través de Internet, o a fenómenos de segregación territorial de urbanizaciones exclusivas frente a zonas de alta vulnerabilidad social.

Sin embargo, la época que estamos viviendo también puede ser vista como un tiempo de oportunidad para los barrios, al menos, por cuatro razones. Primera, la pandemia que nos está recordando que somos cuerpos vulnerables e interdependientes que necesitan cuidados y contactos físicos de proximidad. Segunda, nuevas formas de presencia cotidiana en las comunidades (por ejemplo, por el aumento del número de personas pensionistas o que trabajan en los domicilios). Tercera, la necesidad imperiosa de relocalizar procesos productivos y comerciales por razones medioambientales y estratégicas. Y cuarta, los desarrollos técnicos en la acción pro bienestar (sanidad, educación, servicios sociales y otros) hacia enfoques de atención integrada comunitaria.

No podemos dar por supuesto que nuestros barrios serán necesariamente activos y solidarios, desde un comunitarismo ingenuo o banal. Tampoco debemos aceptar identidades y dinámicas excluyentes que construyen barrio reproduciendo e intensificando las desigualdades y discriminaciones y fomentando la percepción de determinadas (otras) personas como enemigas de las que desconfiar. Sin embargo, hoy y aquí, parece difícil imaginar una construcción de sujetos y procesos de transformación y justicia social que no pase, de una u otra manera, por los barrios. Por el compromiso compartido de hacer posible en ellos la calidad de vida y la convivencia en diversidad. En consecuencia, afirmamos que tiene todo el sentido seguir hablando del barrio y seguir haciendo barrio.

(Ideas compartidas en la jornada organizada en Bilbao el 18 de junio de 2021 bajo el mismo título por Civersity y Kultura Abierta, a la que corresponde la fotografía. Algunas de esas ideas fueron inspiradas por la lectura del último número de la revista Encrucijadas.)

¿Son las residencias “el problema”? ¿Son los domicilios “la solución”? ¿Qué hacer?

Veamos. Claro que los centros residenciales públicos y concertados de nuestros sistemas autonómicos de servicios sociales deben activar su agenda de transformación. Y por supuesto que la atención social a domicilio (que normalmente depende de los servicios sociales de los entes locales) y otras prestaciones domiciliarias han de mejorarse y ampliarse. Pero parece difícil imaginar una respuesta suficiente al reto de los cuidados de larga duración sin modificaciones más importantes en el llamado mundo de la vida.

Fenómenos como el intenso sufrimiento vivido en y en torno a las residencias de mayores, el nuevo descenso de la natalidad, el aumento de la preocupación por las soledades (social, emocional y existencial), el retraso de la edad de emancipación juvenil o el incremento y la agudización de situaciones de vulnerabilidad y desesperación son experiencias pandémicas del mundo de la vida que interactúan con importantes desajustes del funcionamiento de nuestros sistemas e instituciones económicas y políticas.

Las dinámicas de cuidado y apoyo mutuo que conocimos en la sociedad patriarcal tradicional, incluso, hasta cierto punto, en su versión salarial y urbana no pueden ser, en ningún caso, clave de futuro. Es demográficamente y sociológicamente imposible pero, sobre todo, es inaceptable desde la perspectiva política y ética. La división sexual y la racialización, precarización e informalización del trabajo de cuidados deben ser superadas. Sin embargo, los proyectos de profesionalización e institucionalización de cuidados y apoyos en el marco de los servicios sociales llevan décadas topándose con restricciones (aparentemente) estructurales para su escalabilidad.

Desde los servicios sociales debemos expresar con claridad a la sociedad y a las autoridades políticas que la necesaria reconfiguración de los mundos vitales cotidianos de amplias capas de la población que reclama la crisis de cuidados no puede encomendarse sin más a estructuras y recursos (los de los servicios sociales, sean residenciales, domiciliarios, ambulatorios o de otro tipo) que se pensaron para hacerse cargo de determinados colectivos poblacionales minoritarios excluidos, además en contextos muy diferentes a los actuales.

La reconstrucción pospandémica, por tanto, debe ser reestructuración económica ambientalmente sostenible (incluyendo esquemas universales de garantía de ingresos) y, a la vez, experimentación e impulso de nuevas maneras de vivir, habitar y convivir en el territorio. El urbanismo feminista, la medicina familiar y comunitaria en la atención primaria de salud, la arquitectura amigable con las personas mayores o con la infancia, las tenencias intermedias en materia de vivienda, la teleasistencia avanzada de los servicios sociales, la acción comunitaria intersectorial, los sistemas alimentarios locales, las economías solidarias de proximidad, los laboratorios ciudadanos, las iniciativas de regeneración de barrios y otras tantas deben llevarnos a formas de vida comunitaria con mucha mayor capacidad de sostenernos mutuamente en nuestras interdependencias para, a su vez, incrementar la libertad efectiva de todas las personas (no sólo de unas pocas) para concebir y llevar adelante sus proyectos de vida.

La actual disyuntiva entre “permanencia en el domicilio” e “ingreso en una residencia” debe ser superada.

La comunidad debe marcar la diferencia.

(Reflexiones en el proceso de elaboración del Plan Estratégico de Servicios Sociales de La Rioja. La ilustración pertenece a la campaña Social Care Future, cuyo lema es: “Queremos vivir en el lugar que llamemos casa, con las personas y las cosas que amemos, en comunidades donde nos cuidemos mutuamente, haciendo las cosas que nos importen”.)

Acotando el concepto de soledad, para poder construir políticas públicas al respecto, cabe identificarla como un sentimiento subjetivo, como una emoción particular por la que algunas personas perciben un desajuste entre sus expectativas y la realidad en lo referente a relaciones, apoyos, vínculos, identidades compartidas, sentimientos de pertenencia o entornos motivadores. De ahí la oportuna decisión de hablar, más bien, de “soledades” como hace el reciente trabajo coordinado para la Fundación Adinberri por Mayte Sancho, con quien hemos conversado, por ejemplo, entre otras, sobre la posible soledad de quien vive en una residencia llena de gente o de personas monitorizadas por sofisticados robots.

Quizás, como dice Maribel Pizarro, convenga huir de frases catastrofistas e imágenes estigmatizantes y comprender que la soledad va a ser, seguramente, una compañera de viaje en diferentes momentos y épocas de la vida de todas las personas. Podemos llevarnos mejor o peor con ella y es legítimo que queramos darle esquinazo, pero seguramente no nos conviene cargar las tintas acerca de lo molesto de su compañía.

Como recuerda Mabel Cenizo, en todo caso, junto a consecuencias de acciones u omisiones de cada persona, hay determinantes estructurales de la soledad. En las exclusiones y desigualdades y, más inmediata y precisamente, en realidades demográficas, de movilidad, familiares, habitacionales o culturales. Y la manera en la que la soledad convoca a una comunidad cuidadora hace que los servicios sociales hayan de sentirse especialmente concernidos en una estrategia ante la soledad.

Como sugería acertadamente Javier Yanguas en una conversación, si una persona tiene una importante insuficiencia cardíaca mal gestionada, 350 euros al mes de ingresos, vive sin ascensor en un quinto piso en malas condiciones y sólo se relaciona con tres personas (y con baja intensidad), no podemos pensar que algo llamado “soledad” es lo fundamental que le sucede. Y no vamos a responder adecuadamente a esa vulnerabilidad general con un programa para la soledad.

Sara Marsillas apuntaba que la evidencia existente en cuanto a qué funciona en materia de intervenciones frente a la soledad es limitada. Nos da pistas pero no nos permite hacer afirmaciones contundentes acerca de la eficacia que podrán tener estrategias a gran escala, que es lo que estamos empezando a intentar construir por varios lados.

De la mano de Isabel Massa hemos podido explorar la variedad de programas que se están poniendo o se pueden poner en marcha para la prevención y abordaje de la soledad. Desde bancos de tiempo hasta la dinamización de La Escalera. Desde plataformas digitales para la participación en un barrio hasta rediseños colaborativos del espacio público. Desde procesos de reinvención de asociaciones o centros existentes hasta proyectos de sensibilización de personal público de proximidad.

Con Sacramento Pinazo podemos clasificar los programas de prevención de la soledad en programas de prevención primaria, secundaria y terciaria. En los primeros, cabe decir, actuamos con personas que no se encuentran en situación de soledad. En los segundos, con personas en situación de riesgo de soledad. Y en los terceros, con personas en situación de soledad.

Y Elisa Sala nos recuerda que, posiblemente, uno de los caminos más prometedores a medio plazo para la prevención de la soledad venga de la mano de procesos de ingeniería social, desarrollo tecnológico y, en definitiva, política pública que exploren las oportunidades y caminos para el fortalecimiento y regulación de nuevas relaciones comunitarias (más ligeras o más intensas) de reconocimiento, convivencia y ayuda mutua.

(Esta entrada pretende recoger en varios trazos algunos aprendizajes adquiridos en el trabajo de elaboración del Documento de Bases de la estrategia de Gipuzkoa ante la soledad, en el que estoy involucrado gracias a Adinberri Fundazioa. Me he tomado la libertad de atribuir a algunas personas ideas, sin poder asegurar que reflejo fielmente su pensamiento, como forma de agradecerles a ellas y a otras lo que estoy aprendiendo en este proceso. Sobre estas y otras cuestiones conversaremos mañana martes en un encuentro telemático organizado por el grupo cooperativo Servicios Sociales Integrados en el marco de la iniciativa Bizkaia Saretu.)

Sólo podemos ser humanos en comunidad. Tras nacer, los seres humanos sólo podemos (sobre)vivir como humanos si otras personas nos cuidan, cuerpo a cuerpo, en la máxima proximidad. Es tal nuestra fragilidad, vulnerabilidad y dependencia constitutivas que, sólo tras largos años recibiendo cuidados proporcionados por otras personas, adquirimos la autonomía que nos permite autocuidarnos, es decir, decidir realizar y realizar efectivamente sin ayuda externa las actividades de la vida diaria. Ahora bien, es tal el legado de capacidades, lenguajes, conocimientos, tecnologías e instituciones que recibimos de otros humanos que, en pocos años más, podemos llegar a disponer de gran poder.

Es comprensible que las comunidades humanas y sus miembros se hayan dado unas normas éticas según las cuales existe una obligación moral de cuidar a otros seres humanos, en clave de reciprocidad. Pero eso no basta. Por eso las pequeñas comunidades y, finalmente, las sociedades (aplicando esta denominación a colectividades de mayor tamaño) se dotan de instituciones públicas para intentar garantizar los cuidados y las relaciones comunitarias, así como otros bienes, a todas las personas. Esto significan los derechos humanos.

Así, las que en un primer momento veíamos como obligaciones morales (de las personas proveedoras, por ejemplo, de cuidados) en el seno de relaciones de interdependencia constitutivas de comunidades humanas, pueden ser consideradas (desde el punto de vista de la persona que necesita recibir, por ejemplo, cuidados) como derechos subjetivos y exigibles. Así hablamos del derecho a los cuidados. Y también del derecho a la salud, a la educación, al empleo, al alojamiento y otros. Son derechos a la promoción y protección de bienes de primera necesidad, a su disfrute. Son derechos humanos y debieran estar recogidos en las constituciones y las leyes.

Ahora bien, por mucho que las instituciones públicas se conviertan en (y articulen) mediaciones eficaces para garantizar la protección y promoción de esos bienes, en puridad el Estado no puede garantizarnos totalmente su disfrute. No puedo quejarme a los poderes públicos si no tengo buena salud o educación, por ejemplo, pero sí puedo y debo reclamar que el Estado arbitre los mejores medios existentes para la promoción y protección de dichos bienes. El derecho a la salud (por seguir con ese ejemplo) se operativiza como derecho a la protección y promoción de la salud, como derecho a recibir atención por parte de un sistema sanitario de responsabilidad pública. Dicho de otra manera, esos bienes a los que tenemos derecho siempre tienen un cierto carácter relacional, de coproducción en nuestra autonomía y relaciones de interdependencia con otras personas.

El Estado, por poner otro ejemplo, no puede garantizar a todas las personas una comunidad cuidadora a la que pertenecer y en la que participar. Sin embargo, tiene sentido defender e intentar garantizar el derecho a disponer de (de pertenecer a) una comunidad de cuidados si lo entendemos como el derecho a que el Estado arbitre los mejores medios disponibles para que yo reciba los cuidados que necesite por parte de personas que siento cercanas.

Aquí hay que anotar que es cierto que las mediaciones tecnológicas, de conocimiento, organizativas, institucionales o jurídicas son cada vez más poderosas y dificultan que nos demos cuenta de que, cuando ejercemos un derecho, “al otro lado” siempre hay alguna persona o algunas personas con una obligación. Claro que la sanidad pública, con la cualificación de sus profesionales y la tecnología y organización y las leyes correspondientes son fundamentales en la garantía de mi derecho a la salud, pero “al otro lado” siempre hay una médica, un enfermero, una auxiliar o un celador que tiene una obligación y que mantiene una relación de interdependencia conmigo.

De esta manera se imbrican las obligaciones de reciprocidad en las relaciones comunitarias y los derechos prestacionales que nos garantizan las instituciones públicas. De esta forma entendemos que, lejos de entender el ejercicio de las responsabilidades que tenemos en las relaciones comunitarias de reciprocidad como una oportunidad para que el Estado deje de garantizar derechos, la construcción de la comunidad es considerada, por el contrario, como una función fundamental del Estado, a través de sus políticas públicas. Un Estado, por otra parte, que, con independencia de cuánta comunidad cuidadora contribuya a desarrollar, debe ocuparse eficazmente de que todas las personas recibamos en todo momento los cuidados que necesitamos. Los cuidados y todos los otros bienes de primera necesidad identificados por las declaraciones de derechos humanos.

(Entrada escrita a petición de María José Aguilar en el congreso, finalizado ayer, de la Red Española de Política Social, en el marco de una conversación en la que participaron también, entre otras, Lucía Martínez Virto, Raquel Martínez Buján, Sara Moreno, Begoña Elizalde, Magdalena Díaz Gorfinkel, Roser Girós, Kristina Soares, Christel Keller, Martín Zuñiga, Patricia Celi, María Antonia Carbonero y Xabier Ballesteros, quien continuó después la conversación a través de telegram.)