Partamos de que los cuidados pueden constituir un foco de interés creciente e importante en los próximos años en nuestro contexto, que pueden ser vistos como uno de los grandes problemas sociales no resueltos por parte de capas cada vez más amplias de la población.

Y asumamos que, hoy en día, ningún agente o sector tiene el liderazgo al respecto, es decir, que no hay ninguna organización o sistema social al que mire de forma clara y mayoritaria la ciudadanía cuando siente que necesita o puede necesitar cuidados o apoyos para cuidarse o cuidar.

Las instituciones públicas con responsabilidades en materia de servicios sociales tienen aquí una responsabilidad y una oportunidad pero solas no pueden hacer frente a este desafío y, sin duda, es imprescindible la colaboración del sistema de salud, del tercer sector de acción social, de las políticas de vivienda, de los servicios de empleo, de los movimientos sociales, de la acción comunitaria, de los centros escolares, de diferentes empresas tecnológicas, de las industrias del ocio y así sucesivamente.

En materia de cuidados (especialmente de cuidados de larga duración) y apoyos (más o menos) conexos son fundamentales el territorio, la convivencia y la proximidad. Por fundamental e insoslayable que resulte la digitalización de los cuidados, éstos se siguen produciendo en gran medida en el cuerpo a cuerpo y en un contexto de relación y compromiso familiar y comunitario. Contexto en el que, junto a los cuidados, se producen y disfrutan otros apoyos e intervenciones propias de los servicios sociales, la acción comunitaria o la atención integrada para el bienestar.

Necesitamos, por tanto, estructurar, desarrollar, visualizar y visibilizar ecosistemas de cuidados (y otros apoyos de proximidad) a escala humana, de enfoque familiar y comunitario. En cada lugar, con los agentes, activos, demandas y oportunidades realmente existentes y disponibles. Comprometiéndonos siempre a la fundamentación, trazabilidad y sistematización de las prácticas en conversaciones, colaboraciones y redes políticas y de conocimiento. Tan conscientes de la urgencia y envergadura del reto como de la necesidad de afrontarlo, con orden y concierto, desde marcos reconocibles y con visos de continuidad.

(Notas iniciales para el diseño de la segunda edición del Aula de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. En la foto, la inauguración de la primera.)

Hablar de comunidad es hablar de proximidad. Es hablar de vínculos, de afinidad, de vecindad. Hablar de comunidad es hablar de convivencia en diversidad(es). Es hablar de espacios, equipamientos y servicios públicos. Es hablar de autoorganización, de autogestión, de autodeterminación. También es hablar de calle, de encuentro, de fiesta. Es hablar de pertenencia elegida, de reconocimiento recíproco, de proyecto compartido. Hablar de comunidad ha de ser hablar de calidad de vida, de bienestar, de inclusión.

Podemos definir la acción comunitaria como el conjunto de actuaciones de la sociedad civil y los poderes y administraciones públicas que, con independencia de otras finalidades (principales o secundarias) que puedan perseguir, pretenden (de manera intencional, explicita y sistemática) construir, fortalecer, mejorar o potenciar la vida en comunidad, es decir, las comunidades como uno de los dispositivos o entornos fundamentales para la vida de las personas.

Los servicios sociales son, sin duda, un ámbito de actividad económica y una rama de la política pública en y desde los que se realiza (la) acción comunitaria, tanto en la atención primaria como en la especializada, tanto en los servicios públicos como en los concertados. Aunque somos conscientes de que nuestros servicios sociales y sus profesionales no son ajenas a dinámicas sociales de destrucción de lazos comunitarios, de desvinculación, de perversión de las dinámicas comunitarias, de estigmatización, de manipulación, de segregación, de exclusión. No pocas veces practicamos en los servicios sociales un asistencialismo punitivo que desempodera, aísla y aliena a las personas.

En cualquier caso, antes y después de la acción comunitaria sectorial que pueda hacerse en y desde los servicios sociales (u otros, como los de salud, urbanismo, empleo, seguridad, vivienda, promoción económica o cultura), la acción comunitaria ha de ser integrada e intersectorial. Y es vertebrada y compuesta en gran medida por agentes con encargos transversales en clave interseccional de igualdad y diversidad de género, generacional, funcional o cultural. Siendo sin duda imprescindibles los agentes con encargo propia y específicamente comunitario, frecuentemente con contenidos de prevención y promoción.

En la pandemia hemos tenido ocasión de (volver a) comprobar con fuerza la necesidad de la comunidad y de la acción comunitaria, así como de avizorar las oportunidades que se abren ante nuestros servicios sociales y otros servicios públicos y agentes de proximidad para involucrarse en procesos innovadores de acción comunitaria. Para incorporar una mirada más comunitaria, para construir comunidad, para ser comunidad.

(Notas tras el III Congreso de la Acción Social inclusio.cat.)

No es fácil acotar el concepto de barrio pero, al menos, cabe identificar algunos elementos que podrían aparecer en dicha definición, tales como: un territorio o espacio delimitado o delimitable; unas relaciones (fuertes y débiles) con cierto carácter primario, gratuito, de reconocimiento o afecto; una identidad y memoria, un capital simbólico relativamente compartido; unos movimientos asociativos, una capacidad de agencia colectiva; y una economía e institucionalidad de proximidad.

Puede decirse que, cuando nos referimos a los barrios, desde el análisis de las ciencias sociales y la voluntad transformadora de las políticas públicas, quizá haya una gama de miradas que podríamos situar entre dos extremos arquetípicos: la de quienes ven, fundamentalmente, relaciones sociales (dejando el espacio físico en un segundo plano, como un fondo, un subproducto o una construcción social) y la de quienes ven, principalmente, un espacio físico (una trama urbana, un territorio, una geografía) que determina en buena medida el comportamiento o la acción humana.

Sea como fuere, la pregunta sobre si tiene sentido seguir hablando del barrio surge probablemente por la pujanza e influencia de procesos que suceden a una escala mayor, que afectan a nuestra vida condicionando, superando o diluyendo preexistentes dinámicas barriales. Nos referimos a una economía crecientemente digitalizada, globalizada y deslocalizada, o a un patrón de consumo cultural que hace que estemos viendo la misma serie de televisión en todo el mundo, o a las migraciones que llevan a que nos comuniquemos con nuestra familia a través de Internet, o a fenómenos de segregación territorial de urbanizaciones exclusivas frente a zonas de alta vulnerabilidad social.

Sin embargo, la época que estamos viviendo también puede ser vista como un tiempo de oportunidad para los barrios, al menos, por cuatro razones. Primera, la pandemia que nos está recordando que somos cuerpos vulnerables e interdependientes que necesitan cuidados y contactos físicos de proximidad. Segunda, nuevas formas de presencia cotidiana en las comunidades (por ejemplo, por el aumento del número de personas pensionistas o que trabajan en los domicilios). Tercera, la necesidad imperiosa de relocalizar procesos productivos y comerciales por razones medioambientales y estratégicas. Y cuarta, los desarrollos técnicos en la acción pro bienestar (sanidad, educación, servicios sociales y otros) hacia enfoques de atención integrada comunitaria.

No podemos dar por supuesto que nuestros barrios serán necesariamente activos y solidarios, desde un comunitarismo ingenuo o banal. Tampoco debemos aceptar identidades y dinámicas excluyentes que construyen barrio reproduciendo e intensificando las desigualdades y discriminaciones y fomentando la percepción de determinadas (otras) personas como enemigas de las que desconfiar. Sin embargo, hoy y aquí, parece difícil imaginar una construcción de sujetos y procesos de transformación y justicia social que no pase, de una u otra manera, por los barrios. Por el compromiso compartido de hacer posible en ellos la calidad de vida y la convivencia en diversidad. En consecuencia, afirmamos que tiene todo el sentido seguir hablando del barrio y seguir haciendo barrio.

(Ideas compartidas en la jornada organizada en Bilbao el 18 de junio de 2021 bajo el mismo título por Civersity y Kultura Abierta, a la que corresponde la fotografía. Algunas de esas ideas fueron inspiradas por la lectura del último número de la revista Encrucijadas.)

¿Son las residencias “el problema”? ¿Son los domicilios “la solución”? ¿Qué hacer?

Veamos. Claro que los centros residenciales públicos y concertados de nuestros sistemas autonómicos de servicios sociales deben activar su agenda de transformación. Y por supuesto que la atención social a domicilio (que normalmente depende de los servicios sociales de los entes locales) y otras prestaciones domiciliarias han de mejorarse y ampliarse. Pero parece difícil imaginar una respuesta suficiente al reto de los cuidados de larga duración sin modificaciones más importantes en el llamado mundo de la vida.

Fenómenos como el intenso sufrimiento vivido en y en torno a las residencias de mayores, el nuevo descenso de la natalidad, el aumento de la preocupación por las soledades (social, emocional y existencial), el retraso de la edad de emancipación juvenil o el incremento y la agudización de situaciones de vulnerabilidad y desesperación son experiencias pandémicas del mundo de la vida que interactúan con importantes desajustes del funcionamiento de nuestros sistemas e instituciones económicas y políticas.

Las dinámicas de cuidado y apoyo mutuo que conocimos en la sociedad patriarcal tradicional, incluso, hasta cierto punto, en su versión salarial y urbana no pueden ser, en ningún caso, clave de futuro. Es demográficamente y sociológicamente imposible pero, sobre todo, es inaceptable desde la perspectiva política y ética. La división sexual y la racialización, precarización e informalización del trabajo de cuidados deben ser superadas. Sin embargo, los proyectos de profesionalización e institucionalización de cuidados y apoyos en el marco de los servicios sociales llevan décadas topándose con restricciones (aparentemente) estructurales para su escalabilidad.

Desde los servicios sociales debemos expresar con claridad a la sociedad y a las autoridades políticas que la necesaria reconfiguración de los mundos vitales cotidianos de amplias capas de la población que reclama la crisis de cuidados no puede encomendarse sin más a estructuras y recursos (los de los servicios sociales, sean residenciales, domiciliarios, ambulatorios o de otro tipo) que se pensaron para hacerse cargo de determinados colectivos poblacionales minoritarios excluidos, además en contextos muy diferentes a los actuales.

La reconstrucción pospandémica, por tanto, debe ser reestructuración económica ambientalmente sostenible (incluyendo esquemas universales de garantía de ingresos) y, a la vez, experimentación e impulso de nuevas maneras de vivir, habitar y convivir en el territorio. El urbanismo feminista, la medicina familiar y comunitaria en la atención primaria de salud, la arquitectura amigable con las personas mayores o con la infancia, las tenencias intermedias en materia de vivienda, la teleasistencia avanzada de los servicios sociales, la acción comunitaria intersectorial, los sistemas alimentarios locales, las economías solidarias de proximidad, los laboratorios ciudadanos, las iniciativas de regeneración de barrios y otras tantas deben llevarnos a formas de vida comunitaria con mucha mayor capacidad de sostenernos mutuamente en nuestras interdependencias para, a su vez, incrementar la libertad efectiva de todas las personas (no sólo de unas pocas) para concebir y llevar adelante sus proyectos de vida.

La actual disyuntiva entre “permanencia en el domicilio” e “ingreso en una residencia” debe ser superada.

La comunidad debe marcar la diferencia.

(Reflexiones en el proceso de elaboración del Plan Estratégico de Servicios Sociales de La Rioja. La ilustración pertenece a la campaña Social Care Future, cuyo lema es: “Queremos vivir en el lugar que llamemos casa, con las personas y las cosas que amemos, en comunidades donde nos cuidemos mutuamente, haciendo las cosas que nos importen”.)

Acotando el concepto de soledad, para poder construir políticas públicas al respecto, cabe identificarla como un sentimiento subjetivo, como una emoción particular por la que algunas personas perciben un desajuste entre sus expectativas y la realidad en lo referente a relaciones, apoyos, vínculos, identidades compartidas, sentimientos de pertenencia o entornos motivadores. De ahí la oportuna decisión de hablar, más bien, de “soledades” como hace el reciente trabajo coordinado para la Fundación Adinberri por Mayte Sancho, con quien hemos conversado, por ejemplo, entre otras, sobre la posible soledad de quien vive en una residencia llena de gente o de personas monitorizadas por sofisticados robots.

Quizás, como dice Maribel Pizarro, convenga huir de frases catastrofistas e imágenes estigmatizantes y comprender que la soledad va a ser, seguramente, una compañera de viaje en diferentes momentos y épocas de la vida de todas las personas. Podemos llevarnos mejor o peor con ella y es legítimo que queramos darle esquinazo, pero seguramente no nos conviene cargar las tintas acerca de lo molesto de su compañía.

Como recuerda Mabel Cenizo, en todo caso, junto a consecuencias de acciones u omisiones de cada persona, hay determinantes estructurales de la soledad. En las exclusiones y desigualdades y, más inmediata y precisamente, en realidades demográficas, de movilidad, familiares, habitacionales o culturales. Y la manera en la que la soledad convoca a una comunidad cuidadora hace que los servicios sociales hayan de sentirse especialmente concernidos en una estrategia ante la soledad.

Como sugería acertadamente Javier Yanguas en una conversación, si una persona tiene una importante insuficiencia cardíaca mal gestionada, 350 euros al mes de ingresos, vive sin ascensor en un quinto piso en malas condiciones y sólo se relaciona con tres personas (y con baja intensidad), no podemos pensar que algo llamado “soledad” es lo fundamental que le sucede. Y no vamos a responder adecuadamente a esa vulnerabilidad general con un programa para la soledad.

Sara Marsillas apuntaba que la evidencia existente en cuanto a qué funciona en materia de intervenciones frente a la soledad es limitada. Nos da pistas pero no nos permite hacer afirmaciones contundentes acerca de la eficacia que podrán tener estrategias a gran escala, que es lo que estamos empezando a intentar construir por varios lados.

De la mano de Isabel Massa hemos podido explorar la variedad de programas que se están poniendo o se pueden poner en marcha para la prevención y abordaje de la soledad. Desde bancos de tiempo hasta la dinamización de La Escalera. Desde plataformas digitales para la participación en un barrio hasta rediseños colaborativos del espacio público. Desde procesos de reinvención de asociaciones o centros existentes hasta proyectos de sensibilización de personal público de proximidad.

Con Sacramento Pinazo podemos clasificar los programas de prevención de la soledad en programas de prevención primaria, secundaria y terciaria. En los primeros, cabe decir, actuamos con personas que no se encuentran en situación de soledad. En los segundos, con personas en situación de riesgo de soledad. Y en los terceros, con personas en situación de soledad.

Y Elisa Sala nos recuerda que, posiblemente, uno de los caminos más prometedores a medio plazo para la prevención de la soledad venga de la mano de procesos de ingeniería social, desarrollo tecnológico y, en definitiva, política pública que exploren las oportunidades y caminos para el fortalecimiento y regulación de nuevas relaciones comunitarias (más ligeras o más intensas) de reconocimiento, convivencia y ayuda mutua.

(Esta entrada pretende recoger en varios trazos algunos aprendizajes adquiridos en el trabajo de elaboración del Documento de Bases de la estrategia de Gipuzkoa ante la soledad, en el que estoy involucrado gracias a Adinberri Fundazioa. Me he tomado la libertad de atribuir a algunas personas ideas, sin poder asegurar que reflejo fielmente su pensamiento, como forma de agradecerles a ellas y a otras lo que estoy aprendiendo en este proceso. Sobre estas y otras cuestiones conversaremos mañana martes en un encuentro telemático organizado por el grupo cooperativo Servicios Sociales Integrados en el marco de la iniciativa Bizkaia Saretu.)

Sólo podemos ser humanos en comunidad. Tras nacer, los seres humanos sólo podemos (sobre)vivir como humanos si otras personas nos cuidan, cuerpo a cuerpo, en la máxima proximidad. Es tal nuestra fragilidad, vulnerabilidad y dependencia constitutivas que, sólo tras largos años recibiendo cuidados proporcionados por otras personas, adquirimos la autonomía que nos permite autocuidarnos, es decir, decidir realizar y realizar efectivamente sin ayuda externa las actividades de la vida diaria. Ahora bien, es tal el legado de capacidades, lenguajes, conocimientos, tecnologías e instituciones que recibimos de otros humanos que, en pocos años más, podemos llegar a disponer de gran poder.

Es comprensible que las comunidades humanas y sus miembros se hayan dado unas normas éticas según las cuales existe una obligación moral de cuidar a otros seres humanos, en clave de reciprocidad. Pero eso no basta. Por eso las pequeñas comunidades y, finalmente, las sociedades (aplicando esta denominación a colectividades de mayor tamaño) se dotan de instituciones públicas para intentar garantizar los cuidados y las relaciones comunitarias, así como otros bienes, a todas las personas. Esto significan los derechos humanos.

Así, las que en un primer momento veíamos como obligaciones morales (de las personas proveedoras, por ejemplo, de cuidados) en el seno de relaciones de interdependencia constitutivas de comunidades humanas, pueden ser consideradas (desde el punto de vista de la persona que necesita recibir, por ejemplo, cuidados) como derechos subjetivos y exigibles. Así hablamos del derecho a los cuidados. Y también del derecho a la salud, a la educación, al empleo, al alojamiento y otros. Son derechos a la promoción y protección de bienes de primera necesidad, a su disfrute. Son derechos humanos y debieran estar recogidos en las constituciones y las leyes.

Ahora bien, por mucho que las instituciones públicas se conviertan en (y articulen) mediaciones eficaces para garantizar la protección y promoción de esos bienes, en puridad el Estado no puede garantizarnos totalmente su disfrute. No puedo quejarme a los poderes públicos si no tengo buena salud o educación, por ejemplo, pero sí puedo y debo reclamar que el Estado arbitre los mejores medios existentes para la promoción y protección de dichos bienes. El derecho a la salud (por seguir con ese ejemplo) se operativiza como derecho a la protección y promoción de la salud, como derecho a recibir atención por parte de un sistema sanitario de responsabilidad pública. Dicho de otra manera, esos bienes a los que tenemos derecho siempre tienen un cierto carácter relacional, de coproducción en nuestra autonomía y relaciones de interdependencia con otras personas.

El Estado, por poner otro ejemplo, no puede garantizar a todas las personas una comunidad cuidadora a la que pertenecer y en la que participar. Sin embargo, tiene sentido defender e intentar garantizar el derecho a disponer de (de pertenecer a) una comunidad de cuidados si lo entendemos como el derecho a que el Estado arbitre los mejores medios disponibles para que yo reciba los cuidados que necesite por parte de personas que siento cercanas.

Aquí hay que anotar que es cierto que las mediaciones tecnológicas, de conocimiento, organizativas, institucionales o jurídicas son cada vez más poderosas y dificultan que nos demos cuenta de que, cuando ejercemos un derecho, “al otro lado” siempre hay alguna persona o algunas personas con una obligación. Claro que la sanidad pública, con la cualificación de sus profesionales y la tecnología y organización y las leyes correspondientes son fundamentales en la garantía de mi derecho a la salud, pero “al otro lado” siempre hay una médica, un enfermero, una auxiliar o un celador que tiene una obligación y que mantiene una relación de interdependencia conmigo.

De esta manera se imbrican las obligaciones de reciprocidad en las relaciones comunitarias y los derechos prestacionales que nos garantizan las instituciones públicas. De esta forma entendemos que, lejos de entender el ejercicio de las responsabilidades que tenemos en las relaciones comunitarias de reciprocidad como una oportunidad para que el Estado deje de garantizar derechos, la construcción de la comunidad es considerada, por el contrario, como una función fundamental del Estado, a través de sus políticas públicas. Un Estado, por otra parte, que, con independencia de cuánta comunidad cuidadora contribuya a desarrollar, debe ocuparse eficazmente de que todas las personas recibamos en todo momento los cuidados que necesitamos. Los cuidados y todos los otros bienes de primera necesidad identificados por las declaraciones de derechos humanos.

(Entrada escrita a petición de María José Aguilar en el congreso, finalizado ayer, de la Red Española de Política Social, en el marco de una conversación en la que participaron también, entre otras, Lucía Martínez Virto, Raquel Martínez Buján, Sara Moreno, Begoña Elizalde, Magdalena Díaz Gorfinkel, Roser Girós, Kristina Soares, Christel Keller, Martín Zuñiga, Patricia Celi, María Antonia Carbonero y Xabier Ballesteros, quien continuó después la conversación a través de telegram.)

Las diversas tradiciones comunitarias (desarrollo comunitario, atención social comunitaria, organización de la comunidad, salud comunitaria u otras) siempre han apostado por la dinamización y articulación de la acción voluntaria, la organización vecinal, la colaboración mutualista y el activismo cívico como cauce e instrumento para los procesos de empoderamiento personal, cohesión relacional y participación ciudadana. Podría decirse, además, que, junto al componente transversal y de incidencia estructural en los más diversos ámbitos, sistemas, entornos o agentes de la sociedad y junto a su alianza y colaboración con el voluntariado y asociacionismo, las trabajadoras comunitarias y sus procesos de trabajo se caracterizan por una orientación preventiva y poblacional, es decir, suelen trabajar con la generalidad de la población para anticiparse lo más posible a la emergencia del problemas o disfunciones en el bienestar y la inclusión de las personas o en algunas de sus facetas (salud, interacción, empleo, residencia u otras).

La acción comunitaria se entiende, por tanto, como una actuación que busca la implicación de la población, el tercer sector y el entramado institucional del territorio próximo en la construcción de una comunidad activa, inclusiva y solidaria, potenciadora del ejercicio de las libertades y derechos individuales. La acción comunitaria, por tanto, sería:

• Participativa, en la medida en que es una acción que convoca a las personas y busca influir en ellas, potenciando su empoderamiento activo.
• Colaborativa, en la medida en que busca una sinergia entre la acción pública y la autoorganización de la sociedad civil.
• Transformadora, en la medida en que busca desencadenar cambios estructurales en los entornos de las personas o en las estructuras sociales y normas jurídicas que les afectan.

La acción comunitaria, entonces, podría desplegarse en tres vectores:

• La prevención y promoción comunitaria, que incluye acciones o actividades de difusión, formación, sensibilización o similares dirigidas al conjunto de la ciudadanía o a colectivos amplios que cabe encontrar en diversos entornos físicos o institucionales. Por sus contenidos, metodologías, destinatarias o colaboradoras podrán ser más inespecíficas (instalando capacidades, conocimientos o valores generales en clave de empoderamiento, amigabilidad, buen trato, conciliación de la vida personal y laboral, interculturalidad, intergeneracionalidad o similares) o más específicamente orientadas a la prevención de adicciones, maltratos, violencias, discriminaciones, dependencias, aislamientos u otros fenómenos.
• El apoyo a la participación y la solidaridad, que incluye toda la acción de aporte de infraestructuras, subvenciones, convenios, reconocimientos y, en general, apoyos para fomentar el asociacionismo, el voluntariado y la participación en iniciativas solidarias, desde las que benefician a las personas que residen en el territorio hasta las de cooperación internacional para el desarrollo (o el codesarrollo), con la enorme variedad que estas entidades mutualistas o altruistas pueden presentar en términos de contenidos o finalidades, incluyendo dimensiones culturales, deportivas, artísticas, medioambientales, comerciales, educativas u otras.
• La incidencia transversal en las diversas áreas, sistemas e instituciones en aras de la igualdad y atención a la diversidad de género, cultural, generacional y funcional, que se puede materializar mediante mecanismos, mesas, foros o redes de gobernanza; mediante la formulación y aplicación de protocolos (como los relacionados con la violencia de género); mediante iniciativas emblemáticas (como las ciudades o comunidades amigables, acogedoras, inteligentes, cuidadoras, habitables, educadoras, saludables, compasivas o solidarias) o de otras maneras. La interseccionalidad y la intersectorialidad permiten combinar o seleccionar diferentes ejes de diversidad y ámbitos de actividad en estas iniciativas.

Si entendemos estos tres vectores como cauces o líneas de fuerza para la acción comunitaria, cada una de las diferentes actuaciones y proyectos que realicemos podrían situarse en un punto del espacio tridimensional que configuran, en función del menor o mayor contenido de cada uno de los tres vectores que incorpore.

En anteriores entradas de este blog se ha abordado esta materia. Algunas lecturas o relecturas recientes que han inspirado esta nueva entrada son:

AGUILAR, Manuel (2020): “Els serveis socials en un sistema comunitari de polítiques socials” (lleiengel.cat).

AGUILAR, María José (2020): “La comunidad como sujeto” (mariajoseaguilaridanez.wordpress.com).

ARRIETA, Félix y otras (2019): “Regreso al futuro: construyendo relaciones comunitarias para el cuidado desde el trabajo social” en SOBREMONTE, Emma y RODRÍGUEZ, Arantxa (edición): El trabajo social en un mundo en transformación. Valencia, Tirant Humanidades, páginas 417-440.

BALLESTER, Marta (2015): Intervenció comunitària i rol dels professionals als serveis socials a Barcelona (Catalunya) i Mont-real (Quebec): una anàlisi comparada. Barcelona, Universitat de Barcelona.

BARBIERI, Nicolás y otras (2020): Nuevas políticas y acción comunitaria. ¿Qué impacto tienen en la salud de la población? Valencia, Tirant Humanidades.

FANTOVA, Fernando (2021, en prensa): “Construir fraternidad: los cuidados y la agenda comunitaria del bienestar” en UBASART, Gemma y GOMÁ, Ricard (coordinación): Vidas en transición. (Re)construir la ciudadanía social. Madrid, Tecnos, páginas 295-313.

GENERALITAT DE CATALUNYA (2020): Pla estratègic de serveis socials 2020-2024. Barcelona.

LLORENS, Teresa y otras (2020): Marc conceptual i línes estratègiques de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona. Barcelona.

PASTOR, Enrique (2020): “Retos y dilemas en la intensificación de la participación ciudadana en las políticas de servicios sociales municipales” en BORREGO, Yolanda y otras (edición): Tendencias de investigación en intervención social. Madrid, Dykinson, páginas 71-88.

RUIZ BALZOLA, Andrea (2019): Área de cohesión social. Unidad de Inmigración e interculturalidad. Proceso de sistematización 2004-2019. Getxo, Ayuntamiento de Getxo.

SEGURA, Javier (2020): “El movimiento de los centros de salud comunitaria de EE. UU. (1): El experimento de la Unidad Social” (saludpublicayotrasdudas.wordpress.com).

TRONTO, Joan Claire (2013): Caring democracy. Markets, equality and justice. New York, New York University Press.

VALLS, Bernat (2020): “L’acció comunitària: una opció valenta, una necessitat urgent (lleiengel.cat).

VEGA, Cristina y otras (2018): “Experiencias, ámbitos y vínculos cooperativos para el sostenimiento de la vida” en VEGA, Cristina y otras (edición): Cuidado, comunidad y común. Extracciones, apropiaciones y sostenimiento de la vida. Madrid, Traficantes de Sueños, páginas 15-50.

VIÑAS, Anna y otras (2018): Valor humà: el model relacional-vincular en el Treball socioeducatiu a Castell-Plaja d’Aro. Barcelona, Generalitat de Catalunya.

En nuestras sociedades complejas cobra mucha fuerza la dinámica de diferenciación funcional y especialización de estructuras organizativas, traccionada y vertebrada por el conocimiento científico, técnico y tecnológico. Las grandes necesidades (o áreas de necesidad) humanas son la referencia de los grandes bienes que protegen y promueven las políticas sectoriales y sus sistemas públicos (correspondientes a ramas de actividad). Así, por ejemplo, la salud, la movilidad, el alojamiento, la seguridad, el alimento, el territorio, la participación o el conocimiento.

¿Cuál sería la necesidad satisfecha o el bien protegible opuesto a ese sentimiento insatisfactorio de soledad en una situación de aislamiento social y en un contexto de desvinculación relacional? Cabe proponer que pudiera ser la interacción, definida como la interdependencia (más intensa o más ligera, más directa o más indirecta) entre personas que mantienen entre sí relaciones primarias (o semejantes), entendidas como vinculaciones interpersonales gratuitas de afecto y reciprocidad en las que se da un cierto compromiso de cuidado de la otra persona en equidad, de responsabilidad compartida por la sostenibilidad de su vida.

Este bien de la interacción debe ser visto como un fin en sí mismo, como un universal antropológico en el terreno de los valores. Un bien no menos ni más valioso, en principio, que los otros bienes que hemos citado, como la salud o la seguridad (el hecho de que unos bienes sean también medio para otros no les resta valor como fines). Un bien, por otra parte, tan disfrutable individualmente como esencialmente colectivo, comunitario, social, desde el momento que sólo podemos desarrollarnos como seres humanos mediante relaciones con otros seres humanos.

Los servicios sociales, y particularmente los sistemas públicos de servicios sociales, podrían ir encargándose de la prevención y abordaje del malestar de la soledad, del aislamiento social, de la exclusión relacional y de la protección y promoción de la interacción de todas las personas (universal). Sí, pero, seguramente, para ello, debieran ir dejando en manos de otros subsistemas y agentes la parte residual que todavía retienen del encargo de la subsistencia material o la garantía de ingresos. Y debieran integrarse horizontalmente (no subsidiariamente) con los sistemas y políticas de salud y de vivienda y urbanismo. Y debieran, en todo caso, desarrollar y perfeccionar actuaciones eficaces para cumplir tal encargo.

(Notas a partir de un artículo, de próxima publicación, elaborado para el Ayuntamiento de Barcelona, dentro del trabajo de su Consejo Asesor Científico contra la Soledad, al que corresponde la ilustración.)

Formular el derecho a los servicios sociales como derecho a una plaza en una residencia sería lo mismo qué formular el derecho a la atención sanitaria como derecho a vivir ingresado en un hospital o formular el derecho a la educación como derecho a estudiar en un internado. Del mismo modo que en el ámbito sanitario o educativo el ingreso en un establecimiento propio del sistema es excepcional, así tendríamos que verlo también en el ámbito de los servicios sociales. Sólo en los casos, circunstancias y momentos específicos en los que la intervención educativa, sanitaria o social lo requiera, estaría justificado que la persona destinataria de dicha intervención se aloje temporalmente en un equipamiento educativo, sanitario o social.

Esperamos del sistema sanitario, justamente, lo contrario, es decir, que sea tan eficiente en la protección y promoción de nuestra salud que haga más improbable el ingreso hospitalario. De igual modo, en el ámbito educativo, cada vez nos importan más los aprendizajes útiles que obtenemos y tornamos más flexibles y menos presenciales los medios y recursos qué hay que utilizar para obtener dichos aprendizajes. A los servicios sociales, entonces, habremos de pedirles que hagan lo posible por proteger y promover nuestra autonomía y autodeterminación en la vida diaria de nuestras familias, domicilios, vecindarios y comunidades en todo el ciclo vital.

Diversos cambios sociales a largo plazo, como el aumento de la longevidad y los años de vida con limitaciones funcionales o las transformaciones en el tamaño, estructura y dinámica de las familias, unidos a acontecimientos disruptivos como la pandemia y las emergencias que estamos viviendo, pueden ser un buen caldo de cultivo para que cobremos mayor conciencia de los apoyos e iniciativas que necesitamos para hacer más posible y probable, con la ayuda de los servicios sociales, de las políticas de vivienda y de otras, el objetivo de cuidarnos en comunidad.

Las redes vecinales configuradas al calor de la pandemia y su colaboración con diversas organizaciones solidarias, servicios públicos y empresas de proximidad, con claves de innovación tecnológica y social, nos dan la pauta de las posibilidades que ofrecen el territorio y la comunidad para mutualizar los cuidados, es decir, para explorar las potencialidades de que las personas que necesitamos y proporcionamos cuidados compartamos recursos, espacios, apoyos, plataformas, procesos y estrategias.

Lamentablemente, muchas veces, hoy en día, el pretendido derecho a los servicios sociales se traduce en el “derecho” a trámites ineficientes y humillantes, el “derecho” a plazas que preferiríamos no ocupar ni en caso de necesidad o el “derecho” a copagos disuasorios y discriminatorios. Sin embargo, nuestras carteras de servicios sociales y los avances de la comunidad de conocimiento en intervención social posibilitan programas personalizados y comunitarios de apoyo a los proyectos de vida autónoma en la comunidad. De igual modo, las políticas de vivienda deben dejar de potenciar el uso patrimonial de este bien y diversificar toda una serie de posibilidades intermedias entre la vivienda particular autosuficiente y el establecimiento colectivo al uso.

Los derechos sociales no pueden ser vistos como derechos a respuestas del pasado o a meras compensaciones en dinero (bajo el supuesto de que en los mercados están los bienes necesarios). Ejercer los derechos sociales supone exigir de las políticas y poderes públicos la inteligencia estratégica y la organización ágil para lograr producir y aplicar el mejor conocimiento disponible de cara a una garantía de la coproducción de los bienes públicos y comunes qué hacen posible una vida digna, libre y con sentido.

(Entrada elaborada para Sareak Josten.)

Javier Segura del Pozo es, posiblemente, en España, el principal conocedor y sistematizador de la acción comunitaria, campo de práctica y conocimiento que acaba de sufrir la pérdida de Marco Marchioni, uno de sus grandes promotores. A raíz de la publicación del último libro de este experto, médico, se produce la ocasión y la invitación para seguir dialogando sobre los conceptos y esquemas que nos permiten orientarnos en la materia. Se da la circunstancia, además, de que la trabajadora social Marta Ballester Frago (poseedora de una trayectoria y autora de una tesis doctoral de referencia, ambas, sobre trabajo comunitario) y sus compañeras de la cooperativa Marges acaban de publicar también un nuevo libro sobre el asunto.

Javier Segura del Pozo (como Maribel Pasarín o Rafa Cofiño) se ubica, fundamentalmente, en el ámbito sectorial de los servicios de salud, servicios, que, mediante su atención primaria, han sido pioneros y referentes en su proceso de territorialización, es decir, en su aproximación accesible a todas las personas en la cotidianeidad de su vida diaria. No parece casual, en todo caso, que se nos hable de comunidad y de acción comunitaria desde uno de los grandes pilares o ramas sectoriales de las políticas públicas, pues, hoy y aquí, pese a sus limitaciones y contradicciones, las terminales de proximidad de esas políticas públicas (sanitaria, urbanística, educativa, de servicios sociales, de seguridad, cultural, de vivienda, de movilidad, de empleo u otras) constituyen, habitualmente, los principales puntales de la acción comunitaria en nuestro entorno.

Del mismo modo que la atención, acción o intervención sanitaria apostó por hacerse más comunitaria (por realizarse, en mayor medida, en y con la comunidad) lo mismo ha sucedido (en mayor o menor medida y con avances y retrocesos) con la atención, acción o intervención cultural, social, policial, educativa, urbanística u otras. De modo que, en cada una de esas ramas sectoriales de la política pública, se puede hablar de una atención, acción o intervención comunitaria de carácter sectorial. Sin embargo, como nos recuerdan en sus escritos María José Aguilar o Ricard Gomà, también existen experiencias, procesos, estructuras y dinámicas de acción comunitaria de carácter intersectorial o transversal. Se trata de iniciativas o proyectos incardinados en las comunidades e impulsados por éstas, que potencian las relaciones comunitarias (primarias y secundarias) sin encuadrarse dentro de esos ámbitos sectoriales. Buscan, más bien, contribuir a la integración y gobernanza intersectorial y ser cauce para la gestión de la diversidad, típica de las políticas públicas transversales, que buscan la igualdad y la convivencia entre personas de diferentes sexos, edades, capacidades u orígenes, por ejemplo.

Javier Segura del Pozo señala que la perspectiva, mirada u orientación comunitaria (el enfoque comunitario, podría decirse también) debe permear toda la atención sanitaria y esa afirmación es válida para todos los ámbitos sectoriales. Por ejemplo, en el campo de los servicios sociales, es de aplicación el enfoque comunitario cuando un profesional de la intervención social está atendiendo a una persona en su despacho y cuando está participando, como tal profesional, en una fiesta multitudinaria en la plaza del barrio. Usando la propuesta conceptual del autor, por ejemplo, esa atención en el despacho sería una atención de encuadre individual (no se atiende a la persona encuadrada dentro de un grupo como sí lo hace, por ejemplo, una profesional de la educación que da clase en un aula) e intramural (pues la intervención se produce dentro del ámbito físico o espacial constituido por las instalaciones del propio servicio).

Si la obra de Javier Segura del Pozo nos ofrece una sugerente “cartografía comunitaria”, la de Marta Ballester, Anna Lite y Mònica Salas constituye una valiosa “brújula comunitaria”, en este caso, específicamente diseñada para organizaciones solidarias de intervención social. Entidades que, muchas veces, originariamente, fueron fruto, cauce y expresión de dinámicas comunitarias, pero que, frecuentemente, han ido perdiendo esa referencia e identidad relacional y territorial (y muchas son conscientes de ello). Sería una brújula para ayudarles a orientarse en la trazada de regreso a la comunidad, en su proceso de ser más (o de volver a ser) comunitarias.

(Los libros citados pueden descargarse gratuitamente aquí y aquí.)