Bienes de primera necesidad a cargo de los servicios sociales y de otros ámbitos de actividad

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El ámbito sectorial de los servicios sociales podría diferenciarse de otros (como el del transporte, el de los servicios sanitarios o el de la alimentación) por la parcela o parte de las necesidades de las personas a la que busca dar respuesta. Las áreas de conocimiento o disciplinas de referencia sobre las necesidades de las personas que se abordan en dicho ámbito (o, en todo caso, mediante la actividad denominada intervención social) podrían ser el trabajo social, la educación (y pedagogía) social y la psicología de la intervención social, con contribuciones de otras.

Cabe definir necesidad como la dependencia de las personas respecto de determinado aporte procedente del entorno. Las necesidades son identificadas por la comunidad de conocimiento o la comunidad política (aparte de que sean sentidas y expresadas por las personas). Más que como carencias, pueden verse como potencialidades y, para ellas, hemos de identificar un recurso, producto, actividad o servicio disfrutable individualmente que permita su satisfacción. Una denominación general y un tanto abstracta (tomada del lenguaje jurídico) para identificar la respuesta a una necesidad sería la de bien. Así, diremos que a toda gran necesidad (a todo gran ámbito, área o conjunto de necesidades) le corresponde un gran bien.

¿Cuál es la parcela de las necesidades humanas de la que se ocuparían los servicios sociales? ¿Cuál es ese bien que deberían proteger y promover los servicios sociales? Proponemos llamarlo interacción, definida como la autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria en el seno de relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. En esta definición se presentan la capacidad funcional cotidiana y la inclusión relacional primaria como dos caras de la misma moneda, como dos dimensiones de ese bien que se propone llamar interacción (aunque este concepto de interacción no goce de consenso en la comunidad de conocimiento de los servicios sociales).

Diremos que una persona tiene satisfecha su necesidad de interacción o que disfruta del bien de la interacción en tanto en cuanto exista un ajuste sostenible en su funcionamiento cotidiano de interdependencia relacional, es decir, un acoplamiento entre su capacidad y proyección de desenvolvimiento autónomo en la vida diaria y los apoyos disponibles y previsibles en su convivencia familiar y comunitaria de carácter primario. Consideramos que se trata de un bien de primera necesidad, como lo son otros bienes que corresponden a otros importantes ámbitos sectoriales de la actividad económica y las políticas públicas: bienes como la salud, la alimentación, la cultura, las competencias (profesionales), el empleo, el alojamiento, el territorio (o espacio público), el (medio) ambiente o la participación (ciudadana).

Lógicamente, la intervención social tiene impacto (efecto indirecto) en otras necesidades o bienes. Del mismo modo que el funcionamiento de políticas o servicios policiales, urbanísticos, sanitarios u otros, que desencadenan sus propios resultados esperados, impactan en la interacción de las personas. Y, lógicamente, se han de prever itinerarios personales posibilitados por diferentes grados y modos de integración intersectorial entre unos u otros ámbitos. Dado que, si bien es racional y eficiente la especialización de las ramas o ámbitos por grandes necesidades o bienes, es fundamental, también, articular las conexiones y relaciones intersectoriales.

En estos momentos de emergencia global, posiblemente, se van a abrir profundos debates acerca de los modos de dar respuesta a las necesidades de las personas y del papel del Estado protector, del mercado monetizado o de la comunidad autoorganizada. Pero, seguramente, dichos debates se plantearán después (y a partir) de la identificación y priorización de las necesidades de las personas y de la selección (en un contexto de importantes restricciones) de las actividades y las profesiones que aporten más valor en la protección y promoción de los bienes que se consideren más relevantes y sinérgicos.

(Contenidos trabajados con la cooperativa de iniciativa solidaria Servicios Sociales Integrados, en procesos de construcción de marcos conceptuales.)

Entender “lo de las residencias”

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La Orden SND/322/2020, de 3 de abril, del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, considera a las “personas residentes en centros de servicios sociales de carácter residencial (centros residenciales de personas mayores, personas con discapacidad u otros centros de servicios sociales de análoga naturaleza)” como “uno de los colectivos más vulnerables y que más severamente está siendo castigado en esta crisis sanitaria”.

Diferentes aportaciones han señalado estos días factores relevantes para comprender cómo y por qué parece producirse en estos centros (o entre las atendidas por ellos) un significativamente mayor porcentaje de personas infectadas por el virus y de fallecidas con él (en comparación, se asume, con personas de perfil similar en salud no usuarias de residencias). Así, se habla, frecuentemente, de sus infraestructuras y recursos; de las proporciones (o ratios) entre asistentes y residentes; del modelo de atención y organización; de la disponibilidad de personal con la cualificación necesaria; de la regulación, dirección, control e inspección por parte de las autoridades; de la posibilidad de que las usuarias se trasladen temporalmente a un domicilio particular; del carácter público, privado o solidario de la titularidad de los servicios; o de las formas de coordinación o integración entre estos centros y otros servicios sociales o los del sistema de salud. Sin duda, todas estas cuestiones son relevantes y tenemos y tendremos que identificarlas, analizarlas y valorarlas con el mayor rigor posible.

En todo caso, si revisamos diferentes encuestas realizadas en nuestro entorno por décadas, reiteradamente, el porcentaje de personas que, por ejemplo, pensando en un horizonte de envejecimiento (y posible limitación funcional y de sus relaciones primarias), expresaba la preferencia por continuar su vida en el domicilio particular superaba, normalmente, el 80% y no sería extraño que, después de los acontecimientos de estas semanas, este porcentaje aumentara. Sea como fuere, en nuestro entorno, es, seguramente, muy reducido el número de personas que están en una residencia por preferencia y voluntad propias.

Sin embargo, las condiciones que podrían permitir el cumplimiento de ese deseo tan extendido de vivir, envejecer y, finalmente, morir “en casa” exigen y van a exigir cada vez más, posiblemente, modificaciones importantes en nuestros hábitos de vida, desarrollos tecnológicos, nuevos servicios sociales y de otros tipos, innovaciones urbanísticas y habitacionales, cambios en nuestras relaciones familiares y comunitarias y, en definitiva, una transformación importante de nuestro modelo de vida y modelo de sociedad. Parece que para entender “lo de las residencias” hay que entender algunas cosas más.

La emergencia que estamos viviendo, seguramente, pone de manifiesto la necesidad de optar, políticamente, estratégicamente. No parece posible una mayor inversión simultánea en todos los dispositivos o mecanismos existentes que sentimos tensionados en esta situación (como los sistemas públicos de salud, la investigación científica, la provisión de tecnología sanitaria y fármacos, los servicios sociales, las políticas de conciliación entre la vida familiar y laboral, el empleo de calidad, los mecanismos de gobernanza de la sociedad, las prestaciones de garantía de ingresos, las viviendas adecuadas, las tecnologías digitales, el voluntariado o las redes comunitarias), sin olvidar, lógicamente, otros que ahora tenemos al ralentí (la educación, la cultura, el comercio, la industria, el transporte y más). Normalmente, al parecer, solemos ver como más importante o estratégico el ámbito o el sector al que pertenecemos o que representamos.

No cabe duda de que se han de mejorar las residencias, los sistemas públicos de servicios sociales y los sistemas de bienestar en general. Pero cabe decir que, en cierta medida, las limitaciones en los recursos disponibles, en la capacidad de reacción, en la resiliencia compartida, en la flexibilidad adaptativa, en la diversidad creativa, en la vitalidad sostenible o en la conectividad con el entorno que han experimentado muchas residencias, posiblemente, no son más que un caso extremo y extremadamente notorio de esas mismas limitaciones en nuestro modelo social en general, en nuestra forma de vida.

Quizá las residencias eran un lugar al que no queríamos mirar porque veíamos en él nuestro reflejo.

(Una propuesta de mejora, impulsada por Mayte Sancho y Teresa Martínez, a la que es posible adherirse, puede consultarse aquí. En la fotografía, militares desinfectando una residencia.)

La comunidad, de nuevo

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Hace casi cuarenta años que me vine a vivir a estos barrios altos, de mala fama en la ciudad.

Toda una vida.

Convivencia con vecinas y vecinos, vivir el espacio público, utilizar el comercio de proximidad, militar en los movimientos vecinales, hacer uso de los servicios públicos presentes en el territorio, como el centro de salud, la escuela, el centro de distrito, el servicio social de base, la oficina de rehabilitación…

Y ahora la emergencia general.

Y, en ella, sentir que ese organismo vivo, que es la comunidad, reacciona.

A través de los viejos roqueros de toda la vida, de todas las batallas. Y de diferentes generaciones de activistas, cada una con sus peculiaridades.

Y por mor del confinamiento (y de las ciencias y las tecnologías, que avanzan una barbaridad) te encuentras de pronto en una reunión telemática con una docena de personas.

A unas las conoces y las reconoces desde hace décadas, te fías de ellas a muerte: nunca, ni en los peores momentos, te han dejado en la estacada.

Otras las ido encontrando en el camino. Has aprendido a quererlas tanto por aquello en lo que se parecen a ti como por aquello que las hace diferentes.

Otras son un sobre-sorpresa, una atractiva incógnita que abordas con curiosidad y, a la vez, intuyendo que volverá a funcionar.

¿Qué volverá a funcionar?

Pues la magia.

La magia de la proximidad, la magia de la motivación, la magia de las ganas.

No sabes cómo, pero te entiendes. No sabes cómo, pero siempre hay alguien que se ofrece para cada tarea que surge. No sabes cómo, pero siempre hay alguien que sabe hacer lo que hay que hacer. O que conoce a alguien que sabe hacer lo que hay que hacer. O que…

Nadie nos paga por hacer esto, ni lo aceptaríamos. No tenemos obligación de hacerlo, ni nadie tiene derecho a exigirnos que lo hagamos. Tampoco somos voluntarias o voluntarios. Aunque lo seamos en diversas entidades para otros proyectos, esta vez no actuamos como tales. No. Sencillamente somos vecinas y vecinos con orgullo de barrio. De esos y esas que se reconocen por la calle y se dicen “iepa” y no hace falta mucho más. Somos quienes no queremos o, sencillamente, no podemos marcharnos de aquí. Orgullo de barrio.

Porque la agresión de este virus no es la primera que reciben las calles y las gentes de este barrio. Y de otros barrios, a veces olvidados.

Y, de nuevo, ante esta amenaza, se activan resortes de cuidado mutuo, de ayuda mutua, de apoyo mutuo. Y las ganas de colaborar y construir van llenando una tras otra las líneas del Excel. Decenas y decenas de personas dispuestas a llevar la compra a las casas, a cuidar a criaturas, a cocinar o a resolver muy diversos imprevistos.

Y sorprende y encanta la capilaridad de estas redes, cómo llegan con naturalidad a cada portal, a cada casa, a cada persona.

Y, a la vez, cómo se complementan y conectan con otras redes de otros barrios y con otras respuestas de otros agentes.

Y su capacidad resolutiva, la manera de encontrar recursos, o de generarlos, o de inventarlos.

Hace unos días nos manifestábamos para defender nuestro centro público de salud. Cuando termine el confinamiento cenaremos a gusto en un restaurante del barrio a la salida de nuestra reunión asociativa de cualquiera de las entidades a las que pertenecemos. Pero ahora, en la emergencia de lo nuevo, parece que recurrimos a lo más primordial, a la emoción de sentirnos vulnerables e interdependientes, pero, en red, invencibles. A nuestra capacidad creativa conjunta, a nuestra energía para cuidarnos y para cuidar, especialmente a las vecinas y vecinos más indefensos, que más dependen de la comunidad.

Conocemos nuestro lugar. Hay muchas tareas que no nos corresponden. Pero también sabemos que nuestro eslabón vecinal y comunitario es imprescindible e insustituible. En la emergencia y después.

Esto me han pedido que explique.

No lo cambio por nada.

(Entrada publicada en el blog de Bolunta.)

Servicios sociales hoy y aquí: seis afirmaciones tentativas y provisionales para seguir dialogando

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Los servicios sociales, como todo el mundo, están en estado de shock, haciendo lo que pueden. Lógicamente, ahora, su ocupación, casi única seguramente, es salvar el mayor número de vidas. Sin embargo, parece conveniente ir elaborando constataciones, hipótesis, valoraciones o conclusiones para el futuro, necesariamente revisables. A continuación, algunas (con sus correspondientes preguntas):

1. Los servicios sociales se ocupan de algo importante, muy valioso. Los servicios sociales son útiles, son fundamentales para la vida de las personas, en muchas circunstancias. Los servicios sociales constituyen un dispositivo esencial en sociedades como la nuestra. (Respondería a la pregunta: ¿somos servicios esenciales?)

2. Ese valor añadido que aportan los servicios sociales no reside en su capacidad administrativa o informática de asignar o racionar recursos económicos para las personas ante situaciones masivas, causadas estructuralmente, de pérdida de ingresos, empleo o vivienda. (Respondería a la pregunta: ¿valemos como última red de seguridad económica o general?)

3. Es problemático que eso importante de lo que se ocupan los servicios sociales (sea lo que sea), ese valor añadido que aportamos, esté en manos de una red tan fragmentada, tan desintegrada, tan difícil de coordinar, tan difícil de gobernar. (Respondería a la pregunta: ¿en qué medida estamos vertebrados por el conocimiento, la gobernanza u otros elementos?)

4. Los servicios sociales, en relación con eso de lo que se ocupan (sea lo que sea), se hacen cargo de los casos más graves, pero apenas tienen en sus manos los casos y las respuestas correspondientes a estadios o situaciones menos graves y, por ello, apenas tienen control sobre los procesos o itinerarios que conducen a las personas (a cualquier persona) a dichas situaciones de gravedad. (Respondería a la pregunta: ¿cuánta capacidad preventiva y resolutiva tenemos?)

5. Las respuestas comunitarias son necesarias y (frecuentemente, con innovaciones tecnológicas) son posibles, aunque normalmente son de pequeño alcance y emergen al margen de los servicios sociales. En cambio, una de las tradicionales y principales respuestas de los servicios sociales, sus centros residenciales, parece presentar, al menos en algunas ocasiones y para algunos fines, importantes limitaciones y contraindicaciones (junto a fortalezas y capacidades, demostradas en estos días). (Respondería a la pregunta: ¿contiene nuestro modelo de atención suficiente y adecuada intervención (de base) comunitaria?)

6. Los servicios sociales compiten, en la práctica, con otros dispositivos y sistemas, como el sanitario, el hostelero, el del trabajo doméstico, el policial o el militar, de modo que eso importante de lo que se ocupan los servicios sociales (sea lo que sea) tiene, al parecer, partes de las que pueden ocuparse otros dispositivos y sistemas. (Respondería a la pregunta: ¿tenemos un reconocimiento y aprecio positivo, suficiente y duradero por parte de la población y de otros agentes?)

Estas seis consideraciones o reflexiones (y las correspondientes preguntas) recogen un momento, unos intentos, dentro de una conversación abierta, con reconocimiento y agradecimiento a tantas personas y organizaciones que participan en ella y, sobre todo, que, día a día, trabajan y hacen parte importante de su vida en los servicios sociales, afrontando comprometida y eficazmente situaciones tan difíciles como la actual. Gracias, de todo corazón.

(Esta entrada se ha nutrido de aportaciones recibidas en el marco de trabajos y conversaciones con personas de los servicios sociales, especialmente, estos últimos días, del País Vasco, Madrid, La Rioja, Cantabria, Cataluña y Aragón.)

Trasladarse temporalmente desde el centro residencial a un domicilio particular, una alternativa ante el Covid-19

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Posiblemente, una característica de la emergencia que estamos viviendo en el mundo en las últimas semanas es su carácter novedoso y vertiginoso. La experiencia nos resulta enormemente nueva, los acontecimientos se suceden con gran rapidez y, frecuentemente, pensamos en una solución cuando ya es tarde para implementarla.

En España, por ejemplo, el decreto aprobado por el Gobierno el 14 de marzo, mediante el cual declara el estado de alarma contiene una relación de los servicios que deben seguir funcionando abiertos al público, mencionando inicialmente, por ejemplo, las peluquerías. En cambio, no hace, sorprendentemente, ninguna referencia, en ningún sentido, a los servicios sociales.

Sin embargo, seis días después, cuando las residencias para personas mayores ocupan todas las primeras planas de los periódicos debido a la cantidad de personas que enferman y mueren en ellas, el Gobierno acuerda declarar los servicios sociales como “servicios esenciales” y, en general, los servicios sociales de carácter residencial son rápidamente puestos bajo los focos para diferentes estrategias de intervención. Por ejemplo, en la prensa del 24 de marzo se informa de que el ejército ha entrado en más de 300 residencias de personas mayores para labores de desinfección.

Para enfocar adecuadamente esta situación, hay que entender que la atención social de carácter residencial (es decir, los servicios sociales que, además de los cuidados y apoyos característicos de los servicios sociales, proporcionan, también, alojamiento a las personas) debe ser vista como una más de las modalidades de atención que ofrecen los servicios sociales, junto a otras como la telemática, la domiciliaria, la ambulatoria, la diurna o la que se realiza en el espacio público.

En función del diagnóstico profesional y de las preferencias de la persona, puede estar indicado para una persona un servicio de carácter residencial, pero ello no quiere decir que esta persona no pueda, en otro momento, volver a su casa o trasladarse a otro domicilio particular y recibir cuidados y apoyos en cualquiera de las otras modalidades mencionadas.

La experiencia que estamos viviendo en España hace pensar que no resulta particularmente fácil manejar una situación de emergencia sanitaria, distancia social y confinamiento domiciliario en los centros residenciales, especialmente si un número importante de personas en situación de dependencia funcional vive en ellos.

En ese contexto, una de las medidas que ha de considerarse y potenciarse es que las personas usuarias de los servicios sociales residenciales se trasladen temporalmente a sus domicilios particulares o a domicilios de familiares u otras personas que tengan capacidad y disponibilidad para acogerlas. Ello puede ser coyunturalmente más fácil en la medida en que muchas personas pasan muchas más horas en sus domicilios mientras dure el confinamiento y la emergencia y pueden tener, coyunturalmente, mayor disposición para acompañar y atender a las personas que salen temporalmente de las residencias.

Lógicamente, para que esta medida funcione, la persona debe poder contar con los necesarios apoyos por parte del sistema público de servicios sociales y con un entorno amigable que garanticen en el domicilio particular una calidad de vida igual o mejor que la que tenía cuando estaba ingresada en el centro residencial. Obviamente, es necesario comprobar que ni la persona que sale de la residencia ni aquellas que la acogen están infectadas.

Esta medida, a la vez, contribuye a descongestionar los servicios residenciales y facilita una mejor atención para las personas que no pueden o, sencillamente, no quieren abandonar temporalmente la residencia, ya que dejan más espacio físico y personal profesional a disposición de estas personas que permanecen en el centro residencial.

Posiblemente, en este momento, en España, muchas personas se están arrepintiendo de no haber tomado esta medida (entre otras) cuando todavía estaban a tiempo. Otras, afortunadamente, lo están haciendo en estos días.

(Versión en castellano de la entrada en inglés, preparada para la web LTC responses to Covid-19 de la International Long Term Care Policy Network, que contiene enlaces a artículos de prensa en castellano.)

Cartografiando la ayuda en la emergencia

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En la emergencia muchas personas (servidoras públicas, vecinas, familiares, voluntarias, profesionales, ciudadanas) queremos ayudar y conversamos sobre cómo hacerlo, a quién ayudar, con quién hacerlo, en qué ayudar, cuánto hacerlo.

Podríamos decir que la emergencia tensiona, muestra y, a veces, destruye los mecanismos y procesos mediante los cuales solemos dar respuesta a nuestras necesidades. Mecanismos y procesos que, muchas veces, habíamos naturalizado, que dábamos por supuestos y de los que no éramos conscientes. Mecanismos y procesos como comprar ropa con dinero sacado de un cajero, como ejercer el derecho a recibir cuidados de enfermería públicos y gratuitos, como sentirse bien tras abrazar a alguien que encontramos por la calle, como que una compañera del banco del tiempo del barrio nos eche una mano con un programa informático.

En la emergencia estamos organizando comunitariamente procesos y mecanismos de ayuda mutua en los barrios. Nos basamos en el conocimiento recíproco y en la confianza que nace de la proximidad física y moral. Nos valemos de saberes construidos en el activismo y nos beneficia la diversidad de hornadas generacionales a las que pertenecemos (desde el ácrata sesentón a la maker veinteañera). Y hacemos el esfuerzo de delimitar en qué podemos ayudar: en actividades sencillas de la vida diaria en las que algunas personas, familias o unidades de convivencia no pueden arreglarse en este momento especial.

Los servicios públicos y las actividades profesionales se preguntan en qué medida son imprescindibles o no, en qué medida pueden parar o deben seguir. Y, en todo caso, cómo se deben adaptar o reconfigurar. Descubrimos más interdependencia y complejidad en las cadenas de valor de las que veíamos al principio. De aplaudir al personal sanitario pasamos a vitorear al del supermercado. De no mencionar los servicios sociales al decretar la alarma, a declararlos como esenciales. Comprendemos mejor la necesidad de la especialización para cada fin (se contrata más personal sanitario cualificado) y la contribución de otros ramos de actividad para fines diferentes a los suyos propios (la policía de tráfico que impide pasar a la persona que se quiere ir de puente a su segunda residencia).

En la emergencia miramos con nueva luz las ayudas económicas (sean públicas o no). En la medida en que siga habiendo provisión de bienes y capacidad funcional de acceder a ellos, la ayuda económica puede ser muy interesante y eficiente. Sin embargo, en otras ocasiones, se nos hace más evidente algo que ya sabíamos: que contar con recursos económicos no es suficiente (y que a veces no es necesario e incluso puede ser contraproducente). Y pensamos sobre el tiempo dedicado a racionar ayudas públicas en dinero, como si el dinero fuera una simple y firme representación del valor, cuando las autoridades políticas y agentes con poder económico parecen poder estirarlo y encogerlo de formas inéditas, cuando interesa.

En fin, hablando de ayuda, en todo caso, quizá sea sano acabar con un poco de irónica autocrítica de nuestras ganas, medida, capacidad y legitimidad de ayudar, recordando a Facundo Cabral, que contaba que, en una ocasión, presentó a su madre a un presidente de su país, que, más o menos, le dijo: “qué gusto conocerla, Sara, ¿en qué la puedo ayudar?” A lo que ella respondió: “con que no me joda es suficiente”.

(En la fotografía, un comercio del barrio de San Francisco, Bilbao, con carteles ofreciendo cauces de ayuda vecinal.)

Los servicios sociales ante la emergencia general

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Cabe hablar de emergencia general cuando, con independencia de la naturaleza del problema identificado como origen o causa de la situación excepcional (sanitario, por ejemplo), la disrupción del curso normal de la vida (a menor o mayor escala, más local o más global) llega a afectar al resto de esferas o ámbitos de satisfacción de las necesidades de las personas (como transporte, alimentación, alojamiento, actividad cultural, seguridad, uso del espacio público, administración de justicia, ambiente, telecomunicaciones u otras).

¿Cuál sería, en ese contexto, el papel de los servicios sociales?

Es sabido que nuestros servicios sociales públicos tienen encomendados algunos trámites administrativos de ayudas económicas para necesidades de subsistencia que constituyen, en todo caso, una pequeña parte del monto total que aportan las instituciones públicas para ese fin. Sin embargo, obviamente, en una emergencia general, no es principalmente para esos trámites para los que se necesita a los servicios sociales (trámites para los que resultan más eficientes, de cualquier modo, la Seguridad Social, las haciendas u otras estructuras), sino fundamentalmente para sus cometidos específicos, propios e intransferibles, es decir, para los cuidados, apoyos e intervenciones que tienen que ver con el riesgo o situación de afectación o limitación de la autonomía funcional o decisional de las personas o de los vínculos o apoyos familiares o comunitarios con los que cuentan en su vida diaria o cotidiana.

Lógicamente, en la emergencia general, la primera y principal responsabilidad de los servicios sociales la constituyen ese pequeño porcentaje de personas que, en el momento de la emergencia, estén ingresadas (estén viviendo) en sus servicios residenciales (con independencia de que deban o puedan seguir en ellos), dado que son las usuarias de los servicios sociales que en mayor medida dependen de éstos. También tendrían prioridad otras personas en condiciones de especial vulnerabilidad (como algunas que viven en la calle) que tengan como referencia principal el sistema de servicios sociales para su atención y seguimiento (o cuya protección o atención les esté encomendada legal, judicial o administrativamente).

Sin embargo, parece fundamental que esa atención prioritaria a los mencionados colectivos y en los citados servicios, no conlleve una significativa pérdida de tensión hacia el resto de perfiles y de modalidades de apoyo. Los servicios sociales telemáticos, domiciliarios, de medio abierto, ambulatorios y diurnos forman una red esencial para la sostenibilidad y la calidad de la vida de muchas personas en sus casas, vecindarios, barrios y pueblos. Personas con diferentes grados de fragilidad, afectación o limitación funcional o relacional que, si no están en el radar de la prevención, seguimiento, atención y acompañamiento de los servicios sociales, pueden ver rápidamente agravada su situación. Los servicios sociales están llamados a estar a disposición de toda la población y esto debe seguir siendo así, sin desdoro de la lógica prioridad hacia la mayor vulnerabilidad, también en las situaciones de emergencia. En ocasiones, una breve llamada telefónica (“¿cómo se encuentra?”) puede marcar la diferencia.

Además, si algo se pone a prueba en una emergencia general es la conectividad y capacidad de funcionamiento en red de los dispositivos y sistemas de cualquier tipo. En el caso de los servicios sociales, posiblemente, sea fundamental su integración horizontal en el territorio con otros servicios de bienestar (como los de salud) y su capacidad de identificación, activación y sostenimiento de capacidades familiares, vecinales, comunitarias y solidarias de proximidad, de modo que se produzca un efecto multiplicador de la protección entre la intervención social profesional y esas dinámicas naturales o espontaneas de ayuda mutua y autoorganización cívica que surgen en la población.

Necesidad, limitaciones, potencialidades, riesgos y condiciones de las respuestas comunitarias

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Ante situaciones de disrupción, emergencia o colapso, que alteran de forma importante el curso normal de nuestra vida a menor o mayor escala, lógicamente, buscamos y apreciamos respuestas a nuestras necesidades, especialmente si son urgentes, de maneras nuevas o desde lógicas diferentes a las habituales. Así, sucede, por ejemplo, que ciertos recursos o apoyos que obteníamos pagando dinero o determinados bienes y servicios de carácter público y gratuito, en un momento dado, nos planteemos coproducirlos o compartirlos comunitariamente con lógicas, más bien, de ayuda mutua y reciprocidad microsocial.

Por ejemplo, puede considerarse una decisión razonable y un funcionamiento loable que, en una situación en la que pueda verse limitada la labor de entrega de la compra en casa por parte de los supermercados o la de los servicios públicos de ayuda a domicilio, en los vecindarios nos organicemos para llevar suministros de primera necesidad a hogares y personas con dificultades para hacerlo por sí mismas.

La capacidad comunitaria de respuesta es, sin duda, un “músculo social” valioso y que conviene tener en forma: por lo idóneo que resulta, siempre, para la respuesta a una parte de nuestras necesidades; por las externalidades positivas que conlleva en términos, dicho coloquialmente, de “buen rollo” en la moral individual y clima social; y por las sinergias que puede tener con otros “músculos sociales”, como la protección social pública, el asociacionismo cívico o el comercio de proximidad.

Los servicios sanitarios, educativos o sociales, entre otros, han aprendido hace tiempo (aunque no siempre lleven ese aprendizaje a la práctica) que, salvo excepciones, es preferible la vida comunitaria a, por ejemplo, la atención agrupada de las personas en hospitales, internados o asilos, precisamente, entre otras razones, por la potencia de apoyo que ofrece la diversidad distribuida de agentes, recursos y activos comunitarios que podemos encontrar en la vida diaria del kilómetro cero de nuestros domicilios, vecindarios, barrios y pueblos.

Sin embargo, podríamos decir que tanto la potencialidad como la limitación de las dinámicas comunitarias reside en su carácter especialmente reticular. Si bien un aula escolar o una sala de cine tienen un aforo limitado, una red primaria de apoyo mutuo puede crecer, en principio, indefinidamente. Es cierto, pero también lo es que ese crecimiento (siempre hay sitio para una persona más, para un nodo más) sólo puede hacerse con los ritmos y las reglas propias de la red comunitaria: al fuego, relativamente lento, de la construcción de relaciones cálidas de confianza en los tiempos y espacios de la vida cotidiana.

Por otro lado, las relaciones comunitarias no entregan recursos y apoyos con equidad y en ellas parece cumplirse especialmente ese “efecto Mateo” según el cual “a quien tiene se le dará y a quien no tiene se le quitará”. Normalmente las zonas del tejido social con mayor capital relacional no suelen ser aquellas en las que anida la vulnerabilidad, la precariedad y la exclusión laboral, residencial, económica o social en general.

Además, no se ha de olvidar que las redes familiares y comunitarias, junto a bienes relacionales, también son portadoras y promotoras de males relacionales, como el dominio patriarcal, la violencia de género o la transmisión de patrones comportamentales y culturales contrarios a la evidencia y el conocimiento científico o a la construcción de sociedades abiertas, pluralistas e igualitarias.

Por otra parte, en nuestra sociedad, no son pocos los ámbitos de actividad que están ya reservados para la actividad profesional especializada basada en el conocimiento científico y estrictamente regulada por la autoridad pública. Podemos coproducir y compartir comunitariamente los cuidados de criaturas que venía realizando una familia pero no, normalmente, los cuidados de enfermería que requieren una cualificación y ejercicio reglados.

Hoy en día, posiblemente, las tecnologías digitales se presentan como la gran herramienta para el impulso, escalabilidad y sostenibilidad de las relaciones comunitarias pero, a la vez, quizá, como la principal amenaza para nuestros derechos si esa conectividad social ampliada se utiliza para el control social represivo en lugar de para el empoderamiento participativo y democrático. Nuestra geolocalización y trazabilidad nos facilita el encuentro comunitario pero también nos hace más vulnerables ante poderes económicos o políticos con intereses u objetivos que podemos no compartir.

Posiblemente se trate de avanzar en fórmulas y dinámicas que combinen y ensamblen acertadamente: las respuestas familiares y comunitarias de carácter primario; la autoorganización solidaria del asociacionismo cívico, el voluntariado organizado y los movimientos sociales; las capacidades ampliadas de la inteligencia digital; y la autoridad pública y capacidad técnica de los servicios sociales, educativos, sanitarios y, en general, de las administraciones y poderes públicos que conecten el territorio local con otras escalas en una gobernanza global.

(Precede al texto “Luz de luna”, de Paul Klee, 1919.)

Una hipótesis sobre el tercer sector de acción social en el País Vasco

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El reciente barómetro sobre la realidad del tercer sector de acción social del País Vasco pone de manifiesto la envergadura de este fenómeno, del que forman parte 3.938 organizaciones, en las que trabajan de forma remunerada 38.525 personas, mientras que 158.599 lo hacen de manera voluntaria. Este conjunto de entidades gestiona 1.736 millones de euros, lo que viene a representar un 2,3% del Producto Interior Bruto vasco.

Son muchos los aspectos que se pueden comentar sobre las tendencias que se observan en nuestro tercer sector de acción social, pero aquí interesa hoy esbozar una hipótesis a partir de datos como el de que el 20 % de las organizaciones tiene menos de 5 años y, entre estas organizaciones nuevas, predominan las pequeñas de carácter cívico, transversal y comunitario de defensa de derechos, mientras que baja el porcentaje de las incardinadas en la prestación de servicios sociales, entre otras.

La hipótesis que esbozaríamos sería la de puede existir un núcleo duro de organizaciones maduras prestadoras de servicios sociales de responsabilidad (o, al menos, financiación) pública no especialmente permeables o sensibles a problemas emergentes (lo cual provocaría el surgimiento de nuevas y pequeñas entidades preocupadas por ellos) y protegido y encerrado por importantes barreras de entrada a los mecanismos de financiación y, en general, de relación con las Administraciones públicas, que dificultarían el acceso de nuevas organizaciones (y preocupaciones) a ese núcleo de entidades más fuertes, percibiéndose lógicas más competitivas que colaborativas.

Si, tomando como indicador el escaso desarrollo y aplicación de la Ley de Servicios Sociales del País Vasco, pudiéramos describir el estado de las Administraciones públicas vascas en materia de servicios sociales como de crisis y parálisis y de falta de aliento estratégico, nos encontraríamos con dos actores (el sector público y el tercer sector de acción social) que se retroalimentan entre sí pero que, posiblemente, llevarían tiempo perdiendo sensibilidad y apertura hacia cambios sociales y tendencias emergentes. A esa situación, se uniría, la baja capacidad del sector para acceder a financiación para investigación, desarrollo e innovación, de la que puede ser expresión el hecho de que menos de un 5% de las entidades (y descendiendo) accede a fondos europeos.

Aunque intenta apoyarse en datos, este análisis no pasa, en todo caso, de ser una conjetura que se somete a contraste y debate y que, de todos modos, sólo se refiere a unos determinados aspectos parciales de la situación del tercer sector de acción social vasco, entre los muchos, muchos de ellos positivos, sin duda, que podrían merecer atención.

Hacia una definición de los servicios sociales

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Se propone definir los servicios sociales como cuidados, apoyos e intervenciones para mejorar y complementar la interacción de las personas, es decir, su autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria en relaciones primarias familiares y comunitarias.

Hablamos, en primer lugar de “cuidados”, entendidos como la realización, en lugar de la persona, de una parte de las actividades de la vida diaria, en la medida en la que la persona no sea capaz de realizarlas por y para sí misma. Parece fundamental visibilizar el hecho de que cuando, por insuficiente capacidad de autocuidado o de cuidado primario (familiar y comunitario), se necesitan cuidados profesionales, la rama de los servicios sociales sería la competente, en principio, para proponerlos, proporcionarlos y evaluarlos.

Nos referimos, en segundo lugar, a “apoyos”, porque, con ser importantes, los cuidados sólo constituyen una parte de las prestaciones que brindan los servicios sociales a las personas. Actividades tan características de los servicios sociales como, por ejemplo, el acompañamiento social, no pueden considerarse, estrictamente hablando, como cuidados. Por otra parte, al par “cuidado y apoyo” (care and support), le añadimos “intervenciones” para recoger, por ejemplo, actuaciones de carácter poblacional y preventivo, que no necesariamente se estructuran como servicios con destinatarias individuales.

Se dice, a continuación, que los cuidados, apoyos e intervenciones que constituyen los servicios sociales son para mejorar y complementar la interacción de las personas. En primer lugar, mejorarla y, si no o también, complementarla. En esta definición de los servicios sociales el término “interacción” se utiliza en un sentido particular (no general), y ello se hace porque se aspira a que dicho término pueda ser utilizado para referirse, con una sola palabra, al bien que protegen y promueven los servicios sociales.

La interacción, en este contexto, se define, en primera instancia, como autonomía funcional para las actividades de la vida diaria (básicas, instrumentales y avanzadas). Se dice “decisiones y actividades” para subrayar que no nos referimos únicamente a la capacidad de ejecutar unos actos cotidianos sino a la de decidir hacerlo, a la autodeterminación para el proyecto de vida y su realización. Así pues, según esta definición, los servicios sociales aspirarían a ayudar a las personas a mejorar o, en su caso, a complementar sus capacidades para realizar (y decidir realizar) actividades de la vida diaria, para desenvolverse en la esfera de la vida cotidiana (diferenciada de la esfera de la vida laboral, por ejemplo).

Ahora bien, la autonomía es, por definición, interdependencia, y, en la definición que proponemos, interdependencia en el seno o en el marco de relaciones primarias de carácter familiar o, en general, comunitario. Aquí usamos el par acuñado “familiar y comunitario” y se entiende que las limitaciones en la autonomía funcional para la vida diaria suelen llamar, en primera instancia, a la actuación de familiares o personas con algún otro tipo de vínculo comunitario, específicamente de carácter primario (de amistad, de convivencia, de vecindad o similar, regido por la reciprocidad).

Por tanto, los servicios sociales, según esta definición, serían aquellos servicios que tienen como misión prevenir o abordar situaciones de desajuste o desacoplamiento entre la capacidad de las personas de cualquier edad para desenvolverse y proyectarse en la vida diaria y los apoyos naturales de los que disponen gracias a sus relaciones primarias.

(A partir de diálogos en el Aula de Formación Permanente “Repensar los Servicios Sociales” de Cantabria. La ilustración corresponde a la campaña Social Care Future.)