Entender la gestión en los servicios sociales

Gestión

Si, en un determinado territorio, comparamos, por ejemplo, el sistema de transporte, el sistema de servicios sociales, el sistema de abastecimiento alimentario y el sistema educativo, comprobaremos que sus procesos operativos, las cadenas (de actividades) básicas de valor son muy diferentes entre sí. Poco se parecen, siguiendo los mismos ejemplos, lo que hacen la conductora de autobús, el psicólogo de la intervención social, la enóloga y el profesor de secundaria. Sin embargo, las labores de gestión que se realizan en estos y otros sistemas sí son bastante similares.

Obviamente, funciones de gestión, como la transmisión de información, la asignación de recursos o el diseño organizativo, deben contribuir al flujo de los procesos técnicos característicos de cada sistema, al servicio de la ciudadanía y comunidad destinataria. Hablamos de burocratización y desprofesionalización, precisamente, cuando las actividades de gestión más rutinarias se hacen preponderantes y el saber técnico del personal inmerso en la aportación directa de valor al entorno se va degradando y perdiendo, en lugar de fortalecerse y crecer.

En el caso de los servicios sociales, algunos procesos de desprofesionalización y burocratización han llegado incluso a desfigurar puestos de trabajo que hubieran debido ser netamente técnicos y de apoyo y ayuda personalizada y comunitaria para inundarlos de trámites administrativos de asignación de prestaciones, contratación de proveedoras, gestión de subvenciones o entrega de información. Esto ha sucedido, en ocasiones, con la anuencia de las propias personas profesionales, por diferentes razones, que no cabe detallar aquí.

Las grandes áreas de conocimiento presentes en nuestros servicios sociales (el trabajo social, la educación y pedagogía social y la psicología comunitaria y de la intervención social) tienen ante sí el reto de fortalecer y posicionar un conjunto de saberes que permita diferenciar cada vez con más nitidez la médula de la intervención social respecto de los procesos de gestión que la acompañan. Por otra parte, a su vez, la gestión, como disciplina profesionalizada, tiene importantes retos en los servicios sociales, especialmente en el rediseño de sus estructuras en el marco de los procesos de diferenciación e integración vertical y horizontal en curso, asociados a la superación del modelo de asistencia social residual y a la correspondiente universalización sectorial de los servicios sociales.

(Sobre éstas cuestiones reflexionaremos el jueves, 5 de julio, en Barcelona, en la clausura del Postgrado en Gestión de los Servicios Sociales Locales de la Universidad Autónoma de Barcelona.)

Sociedad del conocimiento, políticas sectoriales e intervenciones basadas en evidencias

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Posiblemente, en la llamada sociedad del conocimiento se refuerza la importancia estratégica de la incardinación en los ámbitos sectoriales de la economía, la política pública y la gestión del conocimiento (nacionales e internacionales) no sólo de las empresas privadas, sino también de las organizaciones públicas y las entidades de iniciativa social. La creciente importancia del conocimiento y la tecnología en la creación de valor obligaría a la Administración pública, trascendiendo su función social de redistribución de recursos económicos para la compra de bienes y servicios en el mercado, a coproducir más y mejor conocimiento para poder ser, en cada uno de los ámbitos sectoriales (por ejemplo, en los servicios sociales) tan determinante como le exija, entre otras, la legislación, su programa político y la expectativa del electorado (que, entre otras cosas, también es consumidor de servicios públicos o portador de derechos sociales). Por su parte, posiblemente, las entidades solidarias encuentran crecientes dificultades para operar simultáneamente en varios sectores de actividad, por la creciente especialización que exige mantenerse en cada uno de ellos.

Así, frente a un imaginario de una institucionalidad pública y una iniciativa solidaria más bien transversales y con agentes generalistas y un mundo mercantil más estructurado por sectores de actividad y con agentes más especializados (con más conocimiento sectorial), emergería con más fuerza el reto, para los agentes públicos y solidarios, de actuar estratégicamente en esos ecosistemas sectoriales (y después intersectoriales) de producción y aprendizaje antes descritos, en los que deben ejercer colaboración y tracción entre sí múltiples agentes, deseablemente en el marco de estrategias públicas, sectoriales e intersectoriales, de investigación, tecnología e innovación, favorecedoras de dinámicas sinérgicas de desarrollo territorial y creación de empleo en las que, por ejemplo, los servicios sociales se configuren como tractores de otros y generadores de valiosos retornos económicos, laborales, ambientales y relacionales (Powell y otras, 2017).

Como manifestación, por ejemplo, de los cambios y retos en estas dinámicas de relación entre agentes, cabe referirse a la aplicación de las ciencias del comportamiento, con la creación de unidades o equipos gubernamentales sobre enfoques comportamentales (behavioural insights), a políticas públicas cada vez más basadas en evidencias. Así, podría pensarse, por ejemplo, que los conocimientos de las ciencias del comportamiento forman parte de la caja de herramientas del personal operativo que hace intervención social o, en todo caso, de las personas con responsabilidades de gestión, por ejemplo, de los recursos humanos. Sin embargo, cada vez más, se presentan como útiles para el diseño de las políticas (OECD, 2017). A la vez, esta conexión más directa entre unas determinadas comunidades científicas y las personas que toman las decisiones políticas tiende a impulsar la realización de ensayos controlados aleatorizados (Randomized Controlled Trials), tratándose de “imitar los ensayos aleatorios que se utilizan en medicina para evaluar la efectividad de los nuevos medicamentos” (Banerjee y Duflo, 2011: 25). Aunque, posiblemente “el movimiento de la política basada en evidencias ha abrazado el potencial social de una mayor aplicación de la ciencia, pero se ha arriesgado a hacerlo con una comprensión insuficiente de la naturaleza del proceso de política y las preocupaciones normativas inherentes a la toma de decisiones políticas” (Parkhurst, 2017: 32).

(Fragmento adaptado de un artículo de próxima publicación en Cuadernos de Trabajo Social, como eco de reflexiones compartidas en el Consorcio de Acción Social de la Garrotxa.)

Prescripción profesional de cuidados y sistemas públicos de servicios sociales

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Obviamente una persona puede comprar cuidados profesionales –sin más– en el mercado, del mismo modo que puede automedicarse con determinados fármacos o adquirir un libro de contabilidad para aprender dicha materia, si no se ve la necesidad y el valor del diagnóstico, prescripción e intervención profesionales sobre la base del conocimiento (compatibles –por cierto– con el ejercicio de la autonomía moral y consiguiente capacidad de decisión, elección o consentimiento informado por parte de las personas usuarias). Lo que se quiere decir aquí, en todo caso, es que la decisión sobre los cuidados profesionales que debe recibir una persona pertenece –como la decisión sobre si debe operarse de apendicitis o aprender la tabla del siete– al ámbito de su autonomía moral y capacidad de decisión (o la de quien le represente legítimamente), pero que dicha decisión –como las otras evocadas– puede y –bajo ciertas premisas y en determinados contextos– debe ser objeto de prescripción facultativa sobre la base de un diagnóstico profesional basado en el conocimiento que permita establecer los mejores ajustes entre cuidado profesional, autocuidado y cuidado primario y, en definitiva, alcanzar la mejor interacción y bienestar.

Por otra parte, si miramos la evolución de otros sectores de actividad cabe suponer que es grande el recorrido que podrían tener los servicios sociales en la incorporación de productos de apoyo (ayudas técnicas) y nuevas aplicaciones, plataformas y, en general, tecnologías, lo cual, en principio, podría aportar novedades en términos de empoderamiento individual y diversificación de formas y formatos de relación entre las personas (Carretero, 2015). Sólo, sin embargo, en el marco de un sector de actividad y de un sistema público robusto, tanto desde el punto de vista ético como técnico, cabe esperar que ese imprescindible desarrollo tecnológico se oriente a la sostenibilidad relacional y la humanización de la vida y no a “asegurar y monitorizar el aislamiento, a través de la producción de una socialidad mínima y latente” (Sánchez Criado, 2012: 408).

El reto es considerable, pues se trata de salir del actual círculo vicioso entre agravamiento de la situación de las personas, fragmentación de la atención, burocratización de las organizaciones e insatisfacción del personal e impulsar el círculo virtuoso entre comunidad de conocimiento, integración de la atención, empoderamiento de las personas y sostenibilidad social. Ello requiere tanto de una más orientada investigación básica y aplicada, desde diversas áreas de conocimiento, que permita mejorar el instrumental de evaluación de los fenómenos y cambios de los que se ocuparían los servicios sociales como de experiencias piloto (prototipos) que vayan construyendo formatos e itinerarios de atención y calibrando su utilidad, viabilidad, legitimidad, transferibilidad, escalabilidad y sostenibilidad. Lo cual, seguramente, sólo será posible desde un fuerte liderazgo político e innovación pública, como ha sucedido o está sucediendo en muy diversos sectores de actividad (Mazzucatto, 2016).

(Fragmentos finales de un artículo de próxima publicación en Documentación Social, base para el trabajo de una jornada el 22 de junio de 2018 en La Garrotxa.)

Gizarte-zerbitzuak, etorkizunera begira

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Gizarte-zerbitzuek pertsona guztiei bizitza osoan zehar euren eguneroko autonomia eta harreman primarioak hobetzeko eta osatzeko behar dituzten zainketak eta laguntzak eskaintzen dizkien jarduera ekonomikoen sektorea osatzen dute. Horri esker, pertsonak autonomoak dira eguneroko bizitzako erabaki eta jardueretan, eta familiako eta komunitateko harremanetan. Oro har, aipatutako arloa funtsezkoa da pertsona guztien ongizatearentzat, eta, beraz, gizarte-zerbitzuen politika publikoa ongizatearen estatuko gizarte-politikatzat jotzen da.

Hala eta guztiz ere, azpimarratu behar da, gure gizartean, gizarte-zerbitzuen sektore ekonomikoak edo, horren barruan, gizarte-zerbitzuen sistema publikoak ez dutela lortu ongizatearentzat funtsezkoak diren beste batzuek (esate baterako, osasun zerbitzuen sektore ekonomikoa edo osasun-sistema publikoa) duten garapen maila. Esate baterako, garapen-maila txikiagoa dutenez, lurralde eta administrazio bakoitzak modu batean izendatzen ditu gizarte-zerbitzuak edo haien atalak, eta, askotan, ez daude elkartuta, antolamenduaren aldetik, zatikatuta baizik, eta, aldi berean, beste jarduera batzuekin nahasita.

Gaur egungo gizartean, ordea, zainketen krisia, zalantzarik gabe, gizarte-zerbitzuen garapena areagotu egin behar dela azaleratzen duen gizarte-fenomeno handia da. Zenbait faktorek eragin dute zainketen krisia. Hona hemen adibide bat: ezgaitasunak dituzten pertsonen bizi-itxaropena luzatu izanaren ondorioz, belaunaldi- eta funtzionaltasun-aniztasuna handitu egin da, eta, aldi berean, egitura eta balio patriarkal jakin batzuk zalantzan jartzeko eta gainditze erlatibo eta disfuntzionalerako prozesuak sortu dira. Egitura eta balio patriarkal horiek honako uste honetan daude oinarrituta: emakumeek merkatuaren esparruan, gizarte zibil antolatuan edo Estatuan parte hartzeari uko egin eta lehen mailako harremanetan, batik bat zainketa-harremanetan, jardungo zutelako ustean. Erlatiboa da, oraindik ere emakumeak arduratzen direlako gehienbat lehen mailako zainketez, eta disfuntzionalagoa, oso urrun jarraitzen dugulako lehen mailako zainketen eta zainketa profesionalen arteko oreka egokitik.

Zorionez, berrikuntza teknologikoak (makrodatuekin, gauzen Internetekin, lankidetza-plataformekin, adimen artifizial banatuarekin eta abarrekin lotuak) eta berrikuntza sozialak (Euskadiko hirugarren sektoreko sare solidarioaren indarrean oinarrituak) gure gizarte-zerbitzuen garapena bizkortu dezakete. Garapen horretan, bide batez, askotariko irakaspenak lor ditzakegu hurbileko esperientzietatik. Nafarroan, esate baterako, zenbait prestazio ekonomiko gizarte-zerbitzuetan izapidetzeari utzi eta kenkari itzulgarritzat edo zerga negatibotzat hartzen dituzte, zerga-politikaren esparruan. Era berean, mugaz beste aldean, Ipar Euskal Herrian, lehen haurtzaroaren zainketa komunitarioak jorratzeko edo ezkutuko ekonomian zeuden zainketa-zerbitzuak azaleratzeko (eta erabiltzaileak ahaldunduz) bideak kontuan hartzeko modukoak dira.

(Eusko Ikaskuntzak bultzatutako liburu berderako ekarpenaren zatia.)

¿El País Vasco, perdiendo el tren de los servicios sociales?

Eusko Ikaskuntza

La Comunidad Autónoma del País Vasco ha alcanzado en 2017, según datos del INE, un nuevo máximo histórico de envejecimiento de su población, con 145 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, lo que supone dos puntos porcentuales más con respecto al año anterior y es superior a la media española (118,4) o al dato de Navarra (116,5). Este proceso se acelerará en la próxima década, cuando van llegando a la edad de 65 años las cohortes del llamado baby boom. La dependencia funcional (respecto a los cuidados de otras personas o apoyos equivalentes) se concentra en las personas mayores: de cada diez personas en situación de dependencia funcional, siete tienen 65 años o más.

Por otro lado, según datos, también, del INE, mientras la tasa de fecundidad (personas nacidas por cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años) baja cuatro puntos del 2009 al 2016 en el conjunto de España (de 42,60 a 38,53), en la Comunidad Autónoma del País Vasco prácticamente se mantiene (pasa de 40,77 a 40,22). En el País Vasco, en 2016, la fecundidad de las mujeres de nacionalidad española es de 36,54 y la de las mujeres de nacionalidad extranjera es de 79,39.

Además, la participación de las mujeres en edad laboral en el mercado de trabajo se ha situado, en 2015, en el 52,2%, dos décimas por encima de la registrada en 2014, lo que sitúa esta tasa en la senda de evolución positiva iniciada décadas atrás, cuando la actividad laboral de las mujeres era minoritaria (38,5% en 1991). Datos reveladores de la manera en que se ve relegada al pasado la expectativa o norma social de que las mujeres renunciaran al empleo remunerado y se dedicaran a los cuidados. Sin embargo, según datos del EUSTAT de 2015, las mujeres que trabajaban fuera de casa destinaban 4,9 horas diarias al cuidado de los hijos e hijas menores de 15 años, mientras que los hombres empleaban 3,1 horas diarias. Estas diferencias se mantenían en el caso del cuidado de otras personas funcionalmente dependientes, actividad a la que los hombres le dedicaban 1,5 horas diarias y las mujeres 2,3 horas. Parece claro que, con el movimiento de las mujeres de ceder parte de su trabajo de cuidados, no se ha producido un proceso equivalente de los hombres de asumirlo. Por otra parte, según la encuesta de hogares y familias del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, además de no haber más de un 25% de hogares con niñas, niños o adolescentes, hay un 25% de hogares en los que sólo vive una persona.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, sin embargo, a pesar de ser, según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la que más gasta por persona en servicios sociales, tiene una cobertura de servicios sociales domiciliarios (1,4% para mayores) que es menos de la mitad que la (ya baja) media española o un 44,5% de acogimientos familiares de niñas, niños y adolescentes (sobre el total de acogimientos) frente al 60,9% de la media española. Ello puede ser revelador de un modelo de servicios sociales todavía muy apoyado en centros de carácter residencial, diurno o ambulatorio que no está innovando y girando con suficiente fuerza en la línea de cuidar y apoyar a las personas en su vida cotidiana en la comunidad.

Sin embargo, esa transformación estratégica es posible en el marco del imprescindible incremento de la inversión pública en servicios sociales en los próximos años, corrigiendo la descompensación que supone que nuestro gasto público en servicios sociales sea de 1.000 millones de euros anuales, aproximadamente, frente a los 3.700 de sanidad, los 2.700 de educación y los 8.800 de pensiones (por referirnos en números redondos a los cuatro grandes pilares del Estado de bienestar).

Fragmento adaptado de una aportación para el “Libro verde del (de los) Territorio(s) de Vasconia” de Eusko Ikaskuntza. La aportación completa (4 páginas) puede descargarse aquí. El libro verde completo (en el que la parte de servicios sociales comienza en la página 110, con una pequeña errata en la cita de la ley navarra) se puede descargar aquí. Sobre servicios sociales hablaremos esta semana en reuniones estratégicas del Gobierno de Navarra y en jornadas en Madrid, en el centro comunitario de servicios sociales de Colonias Históricas (Chamartín), el día 14, y en el Consejo de Colegios de Psicología (el 16).

Trabajo social, educación social y psicología de la intervención social: ¿de morros, de espaldas o de la mano?

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En nuestro entorno son tres las profesiones con rango universitario que tienen claramente más presencia en los servicios sociales y las que en mayor medida ponen a lo que hacen el nombre de intervención social: el trabajo social, la educación social (con la pedagogía social) y la psicología de la intervención social (entendida como una de las especializaciones aplicadas de la psicología). Se proponen aquí como las tres disciplinas llamadas en mayor medida a construir y constituir el cuerpo de conocimientos científicos y técnicos de la intervención social.

Ciertamente, interacción es un término que se utiliza en el mundo del trabajo social, cuando se afirma, por ejemplo, que “el objeto de intervención del trabajo social es la interacción entre el sujeto en situación de necesidad y/o en situación-problema y su entorno social” (María José Aguilar). Mary Richmond, pionera del trabajo social, decía que “el diagnóstico social, entonces, puede ser descrito como el intento de hacer una definición, lo más exacta posible, de la situación y personalidad de un ser humano con alguna necesidad social; de su situación y personalidad, esto es, en relación con otros seres humanos de los que de alguna manera depende, o los que de alguna manera dependen de él, y en relación también con las instituciones sociales de su comunidad”.

Se ha dicho, por otro lado, que “la Psicología de la Intervención Social es un conjunto de saberes y prácticas fundamentadas en la ciencia del comportamiento humano que se aplican a las interacciones entre personas, grupos, organizaciones, comunidades, poblaciones específicas o la sociedad en general, con la finalidad de conseguir su empoderamiento, la mejora de su calidad de vida, una sociedad inclusiva, la reducción de las desigualdades y el cambio social. Todo esto mediante estrategias proactivas y preventivas que dinamizan y favorecen la participación de personas y comunidades y tienen en cuenta la diversidad humana” (López-Cabanas y otras).

Por último, cabe recordar que, en la bibliografía sobre pedagogía y educación social se hace referencia a la dimensión “relacional, convivencial, comunitaria” de la “vida cotidiana” como “escenario” de la intervención (Caride) y a la “acción sistemática que moviliza los recursos del entorno para favorecer el desarrollo de la sociabilidad del sujeto, promoviendo su autonomía y participación crítica en la sociedad” (Melendro), recordando que las personas son “seres de necesidades, que deben satisfacerse en la interacción con otros” (Caride) en un “marco sociocultural determinado” (Melendro).

Sea como fuere, si bien cabe constatar la presencia y predominancia de estas tres áreas de conocimiento en la intervención social y en los servicios sociales realmente existentes y establecer conexiones entre ellas y la definición de la interacción (entre autonomía funcional cotidiana y relaciones familiares y comunitarias) como objeto de la intervención social y de los servicios sociales, seguramente está en gran medida por hacer la conversación en y, especialmente, entre estas tres disciplinas y profesiones (y otras) para la construcción de un conocimiento compartido, una actividad profesional colaborativa y un sector económico y de política pública atractivo y de futuro.

(Adaptado de un fragmento del artículo “Construyendo la intervención social”, descargable pinchando en su título. Sobre estas cuestiones hablaremos esta semana en actividades organizadas por Servicios Sociales Integrados, la Diputación Foral de Bizkaia y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales con la Universidad de Zaragoza.)

La incidencia política desde el tercer sector de acción social

Incidencia

Las organizaciones y redes del tercer sector de acción social, en términos generales, asumen que una de sus tareas inexcusables es la de lograr tener influencia en las políticas públicas. Para ello, posiblemente, el primer paso es analizar sus condicionantes y expectativas externas e internas y tomar conciencia de que, frecuentemente, ellas mismas son parte integrante del sistema establecido, singularmente en el ámbito de los servicios sociales y, frecuentemente, en otros como los del empleo o la vivienda. Por ello, transformar las políticas públicas empieza por transformarse a sí mismas (por ejemplo, despatriarcalizar las políticas públicas empieza por despatriarcalizarse a sí mismas).

Por otra parte, para lograr incidencia política, el tercer sector de acción social debe avanzar en su configuración como intelectual colectivo, compatible con la emergencia de intelectuales orgánicas, personas que puedan encarnar, en determinados momentos, el pensamiento, el conocimiento y la voz colectivas. Se trata de ir a la interlocución política con los poderes públicos (y otros agentes) más y mejor pertrechadas de análisis y propuestas comprehensivas sobre las políticas sectoriales y la atención integrada y no únicamente del “qué hay de lo mío”.

Seguramente, en ese terreno, hoy y aquí, es fundamental tener claro lo que supone la aplicación de un enfoque de derechos en la universalización de los servicios sociales y de otras ramas de la política social y ejercer  la resistencia crítica ante los intentos de restaurar ultimas redes asistencialistas que, con la bandera de conveniencia de una pretendida atención integral, precarizan estructuralmente las vidas de muchas personas y, también, dicho sea de paso, el propio tercer sector de acción social. Sabiendo que el reparto de papeles entre el sector público, el tercer sector y otros agentes será diferente en cada sector de actividad (servicios sociales, garantía de subsistencia, vivienda, empleo u otros).

Por otra parte, ese enfoque de derechos universales y el impulso de unos servicios sociales personalizados y comunitarios obliga a no pocas organizaciones del tercer sector de acción social a iniciar, más pronto que tarde, una travesía que, mediante la gestión del conocimiento y las alianzas estratégicas, les lleve a abandonar su nicho tradicional de atención segregada a un determinado colectivo poblacional para irse abriendo al conjunto de la ciudadanía diversa en el territorio (desde el hacinado al despoblado) en clave, cada vez más, de prevención y promoción.

Cada organización y cada red del tercer sector de acción social deberá definir y conquistar su posicionamiento específico, con la proporción deseada, en cada fase de su desarrollo, de ingredientes como: ser red de relaciones solidarias, dinamización comunitaria, intervención profesional, construcción de conocimiento, innovación social, construcción del diálogo civil (a la altura del diálogo social), colaboración con el sector público, sensibilización, cabildeo, fortalecimiento del propio tercer sector de acción social, denuncia, construcción de alianzas con o en movimientos sociales, movilización y así sucesivamente.

Posiblemente, la prueba del algodón de las estrategias de incidencia política del tercer sector de acción social sea la verificación en su seno de procesos de participación y empoderamiento de personas en situación, por ejemplo, de dependencia funcional, aislamiento relacional, exclusión comunitaria o fragilidad vital. Ser menos organizaciones que compiten por subvenciones para sostener empleos (en buena parte dedicados a solicitar y justificar subvenciones) y más instrumentos de autoorganización comunitaria y transformación social.

(Reflexiones compartidas en Cáritas de Castilla y León.)

Cuatro encuadres para el desafío de los cuidados

cuatro encuadres

El reto de los cuidados en nuestra sociedad puede describirse como el de un incremento de la demanda agregada de cuidados, es decir, como un aumento del número de personas que piden (o para las que se piden) cuidados: como un crecimiento del número de horas de cuidado demandado, en función de las limitaciones para el autocuidado que las criaturas, las personas mayores u otras personas presentamos. Desde ese encuadre, se suelen plantear disyuntivas más prácticas (por ejemplo, entre servicio doméstico y servicios sociales) o más políticas (entre aseguramiento público o régimen de mercado, por ejemplo).

Un segundo marco, sin desconocer el aumento cuantitativo de la demanda de cuidados, pone el énfasis, desde una perspectiva cualitativa, en el incremento de su complejidad. Desde esta perspectiva, se subrayará que los cuidados serían una materia en la que, además o por encima del juego de la oferta y la demanda, debe haber un análisis técnico y profesional y una política pública que permitan identificar y atender las necesidades. En este plano se movería, por ejemplo, buena parte del discurso, las prácticas y el debate “sociosanitarios”.

En un tercer encuadre, sin desconocer la creciente cantidad y complejidad (singularmente, intersectorial) de los cuidados demandados o necesarios, se mira a los cuidados, en primera instancia, como bienes relacionales, es decir, como parte de las relaciones primarias de reciprocidad en las que participamos todas las personas. Más y antes que cuidados profesionales sustitutivos o sucedáneos, se reclamarían apoyos para el ejercicio pertinente del autocuidado y los cuidados primarios. Aquí encajaría, por ejemplo, la agenda de transformación innovadora de los servicios sociales en clave preventiva, personalizada, digital y comunitaria.

Desde una cuarta mirada, por último, se vería nuestra actual crisis de cuidados como una expresión de un problema sistémico de insostenibilidad relacional de la vida. La pregunta sería cuánta destrucción o carencia de relaciones primarias (familiares y comunitarias) podemos soportar sin arriesgarnos gravemente a mutaciones sociales y humanas incontrolables. Desde esta mirada, se plantearía el reto de una nueva integración vertical y horizontal de los servicios de bienestar y las políticas públicas, en un proceso de construcción de un nuevo modelo social para el buen vivir corporal y digital, territorial y globalizado.

(Entrada elaborada para Marije Goikoetxea, resumiendo, precisando y conectando una intervención en el congreso de Zahartzaroa. De estas y parecidas cosas hablaremos el 23 de mayo, en Valladolid, con Cáritas de Castilla y León y el 25 de mayo, en Murcia, con los colegios profesionales de psicología y educación social.)

Diez claves para la integración intersectorial en servicios de bienestar

Arpillera

Si intentamos sintetizar las propuestas de referencia de organismos internacionales como la OCDE, la OMS, la UE o la CEPAL en relación con la manera en la que las diferentes políticas públicas y sectores de actividad (como salud, servicios sociales, educación, vivienda u otros) responden conjuntamente a las necesidades de la población, cabe identificar las siguientes diez claves:

  1. Es crítica una distinción clara y posicionada en la mente de toda la ciudadanía acerca del tipo de necesidades a las que se da respuesta desde cada sector de actividad, de modo que las personas sepan a qué subsistema dirigirse en los diferentes momentos y situaciones de su ciclo vital.
  2. Se asume que, con la actual complejidad social, no puede existir un subsistema residual o última red que se hace cargo de personas globalmente excluidas del resto de ámbitos de respuesta a necesidades y que la suposición de que tal subsistema residual existe es crecientemente disfuncional.
  3. Se debe avanzar hacia una arquitectura más clara y amigable en lo tocante a los accesos a cada uno de los sectores o subsistemas y en lo referido a las interfaces o puntos en los que los itinerarios de las personas les llevan de un sector a otro.
  4. Los diferentes subsistemas han de mejorar su capacidad de identificación proactiva de las situaciones y casos de fragilidad o vulnerabilidad mediante sistemas preventivos de diagnóstico, valoración, evaluación y cribado en función de criterios de segmentación o estratificación.
  5. Resulta fundamental el cuidado profesional en la continuidad de la intervención y los itinerarios intersectoriales, especialmente en momentos delicados de transición entre ámbitos, facilitados mediante la interoperabilidad digital entre los sistemas de atención e información sectoriales.
  6. Es fundamental la protocolización de itinerarios tipo (o el establecimiento de estrategias compartidas) para determinados segmentos o perfiles poblacionales de cierta complejidad, flexibles para adaptarse personalizadamente a las características y preferencias individuales en los itinerarios intersectoriales.
  7. Procede la instalación, cuando sean necesarios, de procesos intersectoriales de gestión de caso, asumiendo el liderazgo del caso el sector cuya necesidad de referencia sea predominante en cada momento.
  8. Se ha de prever, en su caso, la generación de servicios integrados (con prestaciones y profesionales propios de diferentes ámbitos sectoriales), de modo que, excepcionalmente, pueda darse, desde un subsistema, una atención integral.
  9. Es preceptivo, en cualquier modo, trabajar la integración intersectorial en el nivel macro (con expresión presupuestaria y sinergias con las políticas económicas), en el nivel meso (con gestión resolutiva en el marco de una arquitectura ordenada) y en el nivel micro (de modo que la persona no note las “costuras” y se facilite su empoderamiento en su comunidad y territorio elegidos).
  10. La integración intersectorial u horizontal, en todo caso, es complementaria de la integración vertical en el seno de cada uno de los subsistemas, pues si la continuidad, proximidad, personalización y eficiencia de la atención no se logra al interior de cada sector, difícilmente se alcanzará en el conjunto del sistema.

(Sobre estas y otras cuestiones hablaremos el miércoles, 16 de mayo, en una jornada en el Ayuntamiento de Madrid; el jueves, 17, en el congreso de Zahartzaroa, y el viernes, 18, en un curso del Colegio de Trabajo Social en Vitoria-Gasteiz. La imagen pertenece al grupo Dones i Barri, de Badalona, en el que se tejen arpilleras para contar historias.)

Garantizar la subsistencia en la sociedad digital

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Cuando los países como el nuestro se preguntan cómo garantizar el ejercicio de los derechos humanos tras la Segunda Guerra Mundial, los sistemas públicos de protección social se convierten en una de las respuestas fundamentales. Durante décadas, nuestra economía se industrializa, apoyándose en el pleno empleo masculino, suficientemente remunerado como para construir una sociedad de consumo; y se asume, en general, que, en las familias patriarcales y las comunidades homogéneas, las mujeres ofrecerán gratuitamente una gran cantidad de cuidados y apoyos, de suerte que la política social se estructura como el aseguramiento, en buena medida contributivo, frente a contingencias (como enfermedad, desempleo, jubilación o viudedad) que puedan acontecer a esos varones sustentadores o a sus familiares dependientes.

Sin embargo, la sociedad que estamos construyendo en estos momentos poco tiene que ver con la que acabamos de describir. La fuerza de trabajo humana aplicada a procesos industriales localizados se ha visto sustituida por el conocimiento intangible utilizado en la capa digital globalizada como principal factor productivo con valor de mercado. A la vez, la individualización y diversificación de trayectorias y expectativas vitales, en un contexto de justificado cuestionamiento de la división sexual del trabajo, está disminuyendo la capacidad agregada de soporte de las relaciones primarias. Todo ello hace que sea crecientemente disfuncional el sistema de protección social que se construyó en el siglo pasado y, por ello, las comunidades de conocimiento y pensamiento sobre política social se aplican a diseñar propuestas innovadoras o líneas de avance, intentando conservar los mejores logros alcanzados y, a la vez, realizar las transformaciones necesarias.

En ese contexto, si nuestros poderes públicos están siendo capaces de ofrecer una garantía razonable de promoción y protección universal de un bien tan complejo y costoso como es la salud, parece tener sentido que intenten avanzar en un sentido parecido con un bien más sencillo y asequible como es la subsistencia material (en relación con bienes tan mercantilizados como la alimentación o la energía necesarias para la vida). Las oportunidades que la inminente desaparición del dinero en metálico y digitalización de todos los flujos financieros ofrecen para ordenar la maraña de impuestos, cotizaciones, deducciones o prestaciones en un sistema integrado, esbelto, universal e inteligente que garantice a todas las personas un mínimo de medios económicos para la subsistencia son innegables. La sociedad vasca, pionera con su Renta de Garantía de Ingresos, tiene un importante camino andado y dispone, además, de las Haciendas Forales como instrumento precioso para avanzar en esta integración de la política fiscal y de garantía de ingresos, siendo la interoperabilidad con la Seguridad Social fundamental en esta operación.

La decisión es política. Podemos aferrarnos a insostenibles dinámicas de producción y consumo. Podemos pensar que seremos cuidadas por mujeres discriminadas o protegidas en comunidades cerradas con policía comunitaria. Podemos votar a partidos que propongan reducir el perímetro y la intensidad de la protección social hasta que salgan determinadas las cuentas, mientras quedemos dentro, con nuestros seres queridos. O podemos apostar por una sociedad sostenible. Si lo hacemos, parece difícil que uno de sus ingredientes no sea que todas las personas tengamos garantizados unos medios para la subsistencia, del mismo modo que podamos ejercer el derecho a la atención sanitaria, la educación, los servicios sociales o la vivienda. En el camino que nos lleva del contrato social por el que pelearon nuestras abuelas y padres al que posibilitará el buen vivir de nuestras hijas y nietos, la Renta de Garantía de Ingresos y sus posibilidades de universalización, simplificación e integración con otros flujos financieros en un pilar de seguridad económica representan un activo e instrumento a cuidar, mejorar, transformar y potenciar.

(Este artículo se ha escrito para Begirada.)